martes, 23 de marzo de 2010

ESMA: detuvieron a un ex marino acusado de participar en los vuelos de la muerte

El presunto ex represor de la ESMA Carlos Galián, un ex suboficial conocido en ese campo de concentración como el "Pedro Bolita", fue detenido luego de pasar varios años prófugo. El juez Sergio Torres le imputó su presunta participación en 600 delitos, entre ellos, los "vuelos de la muerte".

Según informaron fuentes judiciales, el marino retirado fue localizado ayer en una casa de la en la Ciudadela, en la calle Magallanes al 700.

Algunos sobrevivientes dijeron que era el encargado de llevar a los prisioneros a "El Dorado", la antesala del traslado a los aviones navales de los "vuelos de la muerte". Además, explicaron que era quien atendía a las parturientas a quienes después se les robaban sus bebés.

En el centro clandestino que funcionó en la ESMA, los oficiales del grupo de tareas 3.3.2 llamaban a todos los suboficiales por el apodo de "Pedro" y en el caso de Galián le sumaron "Bolita" por sus rasgos aborígenes del altiplano.

La identificación de Galián, que en el expediente sólo figuraba como "Pedro Bolita", fue posible por el reconocimiento de varios sobrevivientes mediante el cotejo de fotografías del plantel de personal destinado en la ESMA.

El juez federal Sergio Torres, con intervención del secretario Pablo Yadarola, le imputó su presunta participación en 600 hechos de torturas, privación ilegal de la libertad, y apropiación de menores.

viernes, 19 de marzo de 2010

El Tigre Acosta continúa en las amenazas : “La guerra revolucionaria podría reactivarse”

El marino reveló que en la Armada, tras el retorno a la democracia, consideraban que uno de los grandes problemas había sido “dejar gente viva”. Al igual que Adolfo Donda, se quejó por la actitud de los jefes que no se hicieron cargo de las órdenes.
   
Por Diego Martínez

El capitán Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, se definió ayer como “un combatiente”. No precisó en qué batallas intervino. Aseguró con voz pausada que “jamás buscó la muerte”, aunque admitió “algunas causadas por mi accionar militar”. No especificó si con fusil o picana. Tampoco el destino de los cuerpos de sus enemigos. Criticó a sus superiores por no haberse responsabilizado de los trabajos sucios encomendados y aseguró que “uno de los grandes problemas” de la conducción naval tras el retorno democrático fue “haber dejado gente viva”. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse en tono gramsciano”, alertó, y para conocer “la verdad” aconsejó no leer Página/12, sugerencia que incumplieron los camaradas de la bandeja superior. Luego declaró el capitán Raúl Scheller, quien leyó antiguas declaraciones en las que admitió su actuación como interrogador en la ESMA. El juicio en Comodoro Py continuará hoy a las nueve y media.

Acosta sobreactuó desde el comienzo. Cuando le preguntaron si tenía apodos contó que de niño le decían Gales y se explayó sobre una nota de Miguel Bonasso en Página/12. “Gales no les pinchaba los ojos a los pajaritos. Gales tenía dos palomas a las que quería mucho, un pato y un gato a los que quería mucho. Hoy tengo una perra a la que quiero mucho”, dijo. En referencia a una periodista que se permitió dudar de la capacidad para “amar terriblemente a los chicos” de quien se ufanaba de decidir vidas y muertes, explicó que la expresión se basa en “una concepción cristiana: amar hasta que duela”. Agregó que en la Escuela Naval le decían Chupete (no explicó el motivo) y “no tengo ningún otro apodo”, aseguró, contrariando a los sobrevivientes y a su amigo abogado Mariano Gradín, que al verlo ingresar a la sala durante la audiencia inicial levantó los brazos y con voz de ultratumba gritó: “¡Tigre!”.

–¿Va a prestar declaración? –le preguntó el juez Daniel Obligado.

–Afirmativo.

Acosta admitió su “actividad antiterrorista” entre mediados de 1976 y principios de 1979, y agradeció al tribunal la decisión, rechazada por el fiscal Pablo Ouviña, de no incorporar como pruebas las declaraciones ante jueces militares. Es comprensible: en 1986 se explayó sobre la importancia de obtener información en tiempo record, admitió que los detenidos llegaban vendados y “acostados en el asiento de atrás”, y explicó que “actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.

La declaración comenzó con un “absoluto homenaje” a las víctimas de “los desencuentros violentos que tuvimos los argentinos”. Acosta admitió que “algunas” muertes fueron “causadas por mi accionar militar”, pese a que “la Unidad de Tareas 3.3.2 jamás buscó la muerte”. Sin escalas saltó al presente. Dijo que hasta hace tres meses “estaba convencido de que esta guerra había terminado” pero que comenzó a dudar a partir de declaraciones de la diputada Victoria Donda (“la lucha no terminó”), del músico Andrés Calamaro (“los represores de la ESMA tendrían que estar muertos”, dice que dijo) y de la sobreviviente Graciela Daleo, sobre la importancia de que los procesados excarcelados no circulen impunes por las calles.

“¿Qué odio hay todavía? ¿Qué pretenden? ¿Un nuevo enfrentamiento? ¿Serán estos juicios que lo están desatando?”, planteó con humos de filósofo. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse, ya no en sentido trotskista, sino en tono gramsciano. Esto es un alerta”, advirtió.

Igual que Astiz el día anterior, historió los años previos al golpe con especial énfasis en la amnistía de 1973. “Terroristas que hoy están en el gobierno como Eduardo Luis Duhalde o el procurador (Esteban) Ri-ghi abrieron las puertas de la cárcel”, liberando a “jóvenes ávidos de venganza, porque no eran profesionales de la guerra”, dijo. Agregó que “se aglutinaron en la patria socialista”, admitió a pie de página sus lecturas dominicales de José Pablo Feinmann y se detuvo en “la patria peronista, que comenzó a sembrar la muerte en la Argentina”. Desatada “la guerra interna, había subrepticiamente cuadros de las fuerzas armadas de uno y otro lado, tal vez más en la patria peronista”, admitió. “Estalló la guerra”, dijo, y para justificar el golpe invocó “la imperiosa necesidad de las Fuerzas Armadas, por haber sido superadas las fuerzas policiales y de seguridad”.

Hizo una pausa y saltó sin escalas a 1983. “Fin de la guerra, restauración de la paz, con muchas víctimas”, resumió en tono de estadista, y retomó a Adolfo Donda para criticar a la conducción que les soltó la mano. Centró la responsabilidad en los vicealmirantes Barry Melbourne Hussey, Argimiro Luis Fernández (jefe del Servicio de Inteligencia Naval) y Adolfo Arduino, su comandante en 1976. “Uno de los grandes problemas” que se planteó la Armada en democracia fue “haber dejado gente viva”, admitió, y negó su colaboración en proyectos de Emilio Eduardo Ma-ssera. “No me quise ir, me retiró la Armada. No tengo aspiraciones políticas, soy un militarcito”, dijo. Renegó porque la justicia militar encubrió a sus superiores y con un organigrama repasó la línea de comando de la que dependía.

“Me niego a aceptar los hechos”, dijo en referencia a los secuestros, torturas y asesinatos que se le imputan en las causas conocidas como Testimonios A y B. Dedicó un párrafo especial a Rodolfo Walsh. “Analicé su desempeño, su capacidad intelectual, su trabajo al servicio del terrorismo, y tengo la certeza de que no quería ser detenido con vida. Esa era su convicción”, afirmó como quien devela un secreto de Estado.

Por último denunció “una persecución política-jurídica desde hace tiempo” y aclaró que no ratificaba sus declaraciones anteriores. “Entre la guerra y la paz, propongo la paz”, dijo. Y “si esta guerra no terminó, yo estaré del lado de la racionalidad y la proporcionalidad”, el mismo término que con citas de Juan Pablo II usó en 1986 para justificar sus crímenes: “La ESMA actuó con proporcionalidad. Actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.

A las cuatro de la tarde pasó al frente Scheller. A diferencia de Acosta, lejos de renegar de sus antiguas declaraciones las leyó en voz alta. Comenzó por las de 1985, cuando integraba el Estado Mayor General de la Armada. El juez militar le tiraba nombres sobre la mesa, Scheller decía una y otra vez no conocerlos, hasta que se detenía en algunos, siempre sobrevivientes, “terroristas que pretenden ensuciar a la Armada”, y detallaba antecedentes lejanos e informaciones aportadas en interrogatorios.

–¿Incluían torturas? –preguntaba el juez.

–Negativo, señor.

jueves, 18 de marzo de 2010

El "Tigre" Acosta reconoció que hubo prisioneros en la ESMA

Por primera vez, el ex jefe del grupo de represores de la Marina admitió que mantuvo a personas detenidas. Rindió homenaje a sus víctimas pero dijo que se trató de una “guerra civil”.El represor se declaró responsable de las órdenes que dio. "Las violaciones a los derechos humanos no se pueden evitar".



Por primera vez, el ex jefe de represores de la ESMA y ex capitán Jorge "Tigre" Acosta asumió hoy que "hubo personas detenidas" en ese centro naval en la dictadura pero no reveló detalles sobre cómo fueron eliminadas en los "vuelos de la muerte", rindió "homenaje" a las "víctimas fatales" de su "accionar militar" y admitió que "hubo daño injusto como en toda guerra injusta".
El marino retirado, de 68 años, mencionó entre quienes estuvieron prisioneros allí a Martín Gras, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, y a la profesora universitaria Graciela Daleo, ambos por entonces militantes del ala izquierda del peronismo.

Además, admitió que "por supuesto que hubo daño injusto, como en toda guerra injusta".

Acosta también manifestó que "quiero rendir homenaje a todas las víctimas fatales que se produjeron en nuestro país" durante lo que llamó "una guerra civil" y reconoció que "algunas de esas víctimas fueron causadas por mi accionar militar en la unidad de tareas 3.3.2" que, asombró, "jamás buscó la muerte".

En la declaración indagatoria que prestó ante el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF5), que lo enjuicia junto a otros 18 ex represores en el llamado "juicio de la ESMA" por los crímenes de lesa humanidad perpetrados allí, Acosta por momentos se perdía en una exposición desordenada e incoherente.

El ex capitán asumió que de 1976 a 1978 se desempeñó como "jefe de inteligencia" de la unidad de tareas 3.3.2 de la ESMA y detalló que las órdenes para luchar contra "la guerra civil revolucionaria terrorista en entorno trotskista" provenían "de la Junta Militar" y se plasmaron en el "Placintara (Plan de Capacidades Internas de la Armada).

"Yo soy un combatiente, no soy una víctima", enarboló Acosta y asumió en un intento de desincriminar a sus compañeros del banquillo de los acusados que "soy absolutamente responsable de todas las órdenes militares que he impartido" menos, puso a salvo, "de los oficiales que se llevaron cosas de las casas de los extremistas, que fueron sometidos al Código de Justicia Militar".

El ex oficial se quejó de que en la Armada "me retiraron" y también protestó porque sus superiores en la fuerza le enrostraban que "el gran problema (para ellos) fue dejar gente viva porque la estábamos recuperando, según ellos, pare el proyecto político del almirante Massera".

"Yo no sé qué quiere decir eso del proyecto político (...) soy militarcito desde la Escuela Naval", ironizó.

Acosta advirtió sobre lo que para él son "terroristas que hoy están en el Gobierno" y mencionó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el Procurador General de la Nación, Eduardo Righi, y agregó: "Alerto que la guerra revolucionaria total que vivimos hasta 1983 hoy puede reactivarse en un entorno gramsciano".

A partir de la deshilvanada declaración de Acosta y su negativa a responder preguntas, la Fiscalía pidió la palabra para señalar algunas contradicciones en su exposición y reclamar la posibilidad de hacerle preguntas, ante lo cual el TOF5 dispuso un cuarto intermedio hasta media tarde.

Astiz : “Actuamos en defensa del Estado y la nación”

ALFREDO ASTIZ REIVINDICO EL TERRORISMO DE ESTADO EN EL JUICIO POR LOS CRIMENES EN LA ESMA

El ex marino justificó la represión ilegal con discursos de Perón sobre la necesidad de “exterminar terroristas”. Dijo que la Justicia responde al Ejecutivo y que hay “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió al terrorismo”.
Por Diego Martínez

Alfredo Astiz declaró ayer durante setenta y ocho minutos ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad en la ESMA. No negó los crímenes que le imputan. No mostró arrepentimiento. No pidió perdón. Admitió los hechos a su manera. Con discursos de Perón sobre la necesidad de “exterminar terroristas”. Con los decretos de aniquilamiento de Luder, Cafiero & Ruckauf. Con un supuesto “apoyo de la sociedad, reflejado en el periodismo de la época”. Afirmó con esmerado rostro adusto que Néstor Kirchner dio en 2003 “un golpe de Estado” al designar “una nueva mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el Poder Judicial responde “a las órdenes del Ejecutivo”, que existe “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió al terrorismo” y advirtió que “los responsables e implicados en esta persecución deberán responder en el futuro”, frase significativa para quien se ufanó de ser “el hombre mejor preparado para matar políticos o periodistas”. Hoy a las once tendrá la palabra Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.

La jornada comenzó con forcejeos en la vereda de Comodoro Py, donde agentes de la Federal se avalanzaron sobre un camarógrafo de la agencia Reuters para impedirle tomar imágenes del dictador Jorge Videla. El papelón continuó a la tarde, con malabarismos de los penitenciarios que trasladan a los represores para impedir que los reporteros hicieran su trabajo. El fotógrafo de Página/12 tuvo que disparar su cámara con una Itaka pegada al pecho. Los camarógrafos presentes, de canales que curiosamente no cubrieron la declaración de Astiz, aseguran que Videla y los imputados de la ESMA partieron rumbo a Campo de Mayo y Marcos Paz, respectivamente, en el mismo camión del Servicio Penitenciario.

Menos formal que sus camaradas, con jean y pulóver, Astiz caminó hasta la silla reservada a los testigos con el vaso de agua en una mano y una carpeta celeste en la otra. Se sentó, miró hacia la bandeja superior en busca de cariño y se dispuso a dar sus datos.

–¿Apodos? –preguntó el juez Daniel Obligado.

–Alfredo –respondió el hombre, que infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo se hacía llamar Gustavo Niño.

–¿Grado militar?

–Capitán de fragata –mintió, pues lo perdió tras ostentar ante una periodista sus dotes como asesino.

Luego leyó en castellano borrascoso un discurso de catorce carillas, que más tarde distribuyó un camarada. Astiz se definió como “democrático y profundamente republicano” y dijo no compartir ideales con ningún totalitarismo, incluido el nacional-socialismo, al que considera “de izquierda (sic)”. Luego intentó dar cátedra sobre terrorismo. Recordó la Tricontinental de 1966, la Organización Latinoamericana de Solidaridad y la Junta Coordinadora Revolucionaria en 1974, con la que consideró instituida “una organización terrorista continental dirigida por la Unión Soviética y Cuba”. Enumeró acciones militares durante el gobierno peronista anterior al golpe de Estado y reforzó su argumento con citas de Luis Mattini, ex dirigente del PRT, quien admitió que “nunca pensamos en democracia”, y de Martín Caparrós, cuando escribió que “creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder”.

Dedicó el segundo capítulo a la obediencia debida. Aseguró que fue justificada por San Martín y Belgrano, explicó que como subordinado tenía vedado inspeccionar “lo bueno o malo de una orden” y consideró “ridículo” pretender semejante actitud de un militar “durante el fragor del combate y bajo fuego enemigo”. Prefirió no dar ejemplos. En línea con el capitán Adolfo Donda, dijo que “no delinque el militar que cumple órdenes, sino el superior que no se hace responsable de las órdenes que ha dado”.

Para justificar el terrorismo de Estado invocó “órdenes verbales” de Perón luego del copamiento del Regimiento de Azul, cuando pidió “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal”. También citó al diputado peronista Alberto Stecco, que propuso “perseguir a los subversivos y aniquilarlos como ratas”. Aseguró que “las Fuerzas Armadas cumplieron con el mandato constitucional, con leyes y decretos vigentes, en legítima defensa del Estado y la Nación”. Nada dijo sobre la legitimidad del golpe de Estado. Tampoco sobre las normas en las que se fundó el método cristiano de arrojar personas vivas al vacío desde aviones militares.

De los casos que le imputan, sólo se refirió al de las Madres y las monjas secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz. Puso en duda “la seriedad de los exámenes” que permitieron identificarlas y pidió que se reiteren. Es comprensible: no podrá ser condenado por homicidio por miles de desaparecidos, pero sí por las víctimas que el Equipo Argentino de Antropología Forense inhumó, identificó y entregó a sus seres queridos.

Producto del “golpe de Estado” kirchnerista existe una “permanente e ilegal presión” del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, sostuvo. Le consta por “editoriales del diario La Nación”. “¿Qué siento de la Justicia argentina?”, preguntó e hizo una pausa cual si fuera a emitir una reflexión profunda. “Que está permanentemente subordinada a las necesidades políticas”, respondió. Sugirió “oscuras manipulaciones”, advirtió sobre “la creciente inseguridad jurídica que azota a la Nación” y no se privó de amenazar al TOF5. Son “una comisión especial de facto”, dijo, y les advirtió que “deberán hacerse cargo de su incalificable accionar cuando vuelvan a imperar las instituciones de la República”.

El cierre fue digno de un canalla: “Si realmente quieren saber qué pasó”, advirtió en una sala repleta de padres e hijos de desaparecidos que esperan desde hace treinta años una confesión sobre el destino final de sus seres queridos, “deberían juzgarnos como legalmente corresponde, por nuestros jueces naturales, es decir la justicia militar”.

miércoles, 17 de marzo de 2010

Hoy podrían declarar Acosta y Astiz... pero ¿tendrán valentía para ello?

Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, Jorge Acosta y Alfredo Astiz, dos de los principales íconos del terrorismo de Estado, tendrán hoy finalmente la oportunidad de declarar en un juicio oral y público con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho. El ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y el entonces teniente que se infiltró entre familiares de los desaparecidos y más tarde se rindió en Malvinas sin disparar un tiro podrán optar entre guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes de una “guerra civil revolucionaria” o, menos probable, confesar frente a padres, hijos y hermanos de sus víctimas cuál fue el destino final de los miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia, abierta al público, comenzará a las diez en el subsuelo de Comodoro Py.

“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, recordó el viernes el capitán Adolfo Donda, el primer imputado que decidió hablar, aunque no responder preguntas, ante el Tribunal Oral Federal 5. El ex jefe de operaciones del GT 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del acuerdo entre el gobierno radical de Raúl Alfonsín y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ‘80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, recordó Donda.

Durante la misma audiencia, el capitán médico Carlos Capdevila tampoco aceptó responder preguntas pero se explayó sobre los testimonios que lo incriminan. Admitió que trabajó en la enfermería de la ESMA, que funcionó en el sótano del Casino de Oficiales, pero aseguró que “no he sentido nunca gritos de tortura”. También sugirió que las declaraciones en su contra fueron “inventadas” por sobrevivientes y que, según los testigos, “todos estábamos torturando en todos lados”. El prefecto Juan Antonio Azic, quien en 2003 intentó suicidarse, negó todas las acusaciones en su contra y se negó a declarar, igual que el contraalmirante Manuel García Tallada. Hoy será el turno de los imputados en la causa Testimonios A, la mayor de las cuatro acumuladas, que incluye los casos de 79 víctimas que pasaron por la ESMA, incluidos sólo un puñado de sobrevivientes.

domingo, 14 de marzo de 2010

La apropiación de bienes en la ESMA

Tramo judicial por el robo de los bienes de los desaparecidos
Estarán a su lado en el banquillo otros cinco marinos de la ESMA, entre ellos Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo. Serán juzgados no sólo por la tortura y la desaparición de sus víctimas, sino también por la apropiación de sus bienes. El dictador Emilio Massera, jefe de la banda que se apropiaba de los bienes de sus víctimas.

Las partes de la desmembrada causa ESMA van llegando poco a poco a juicio oral y público. El juez federal Sergio Torres elevó el expediente por la tortura, desaparición y apropiación de los bienes de Victorio Cerutti, Horacio Palma y Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini. Los acusados son seis oficiales de la marina, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo.

El magistrado consideró concluida la etapa sumarial y mandó a juicio oral y público a Acosta, Cavallo, Jorge Radice, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González y Juan Carlos Rolón. Estos ex oficiales de la Armada ya están sometidos a juicio por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh. Torres sostuvo que los procesados actuaron “con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley” y que cometieron los ilícitos “agravados” por “violencia o amenazas”. También tuvo en cuenta el juez que estos marinos represores deben responder por haber sometido a “condiciones inhumanas de vida” a sus víctimas y por la “posterior desaparición” de esas personas, quienes fueron secuestradas por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.

Este tramo de la “megacausa” ESMA, reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se vincula con los hechos que tuvieron como víctima a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977, para apropiarse de sus bienes. A lo largo de 40 carillas, Torres efectuó un análisis del modo en que se produjeron los hechos que culminaron con el desapoderamiento de la empresa Cerro Largo S.A., que tenía como principales autoridades a Palma, Cerutti y a Omar Masera Pincolini. Ambos fueron secuestrados en sus respectivos domicilios de Luján de Cuyo, en Mendoza, el 12 de enero 1977, un día después de que Palma corriera igual suerte. En todos los casos, efectivos armados, algunos encapuchados, pertenecientes al Grupo de Tareas 3.3.2, irrumpieron en las viviendas y, bajo amenazas, secuestraron a los tres socios, y también a la esposa e hijos de Masera Pincolini, a quienes luego habrían trasladado a la ESMA. Masera Pincolini intentó proteger a su familia y fue “salvajemente golpeado”, al igual que sus hijos cuando trataron de impedir los vejámenes de los que fue objeto su madre y esposa del desaparecido.

Torres indicó que a los procesados se les atribuyó “haber desapoderado el paquete accionario y los bienes que formaban parte del patrimonio de la sociedad Cerro Largo S.A. a través de diversas maniobras” ilícitas, como la extorsión. Señaló el magistrado que “la sociedad Cerro Largo S.A., de las que fueron despojadas las víctimas, pasó a denominarse Hill Ri S.A., cuyos integrantes eran oficiales de la Armada Argentina que utilizaron nombres falsos” para ocultar su verdadera identidad. Torres agregó que “posteriormente el paquete accionario de Hill Ri S.A. fue traspasado a la sociedad Misa Chico S.A., cuyos accionistas eran, entre otros, Eduardo Enrique y Carlos Massera (hijos de Emilio Eduardo Massera)”, ex integrante de la Junta Militar, junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti. Para dar por cerrada la investigación, el magistrado evaluó documentación y decenas de testimonios de sobrevivientes de la ESMA y familiares o amigos de las víctimas, obtenidos durante la tramitación del sumario.

Federico Gómez, hijo del secuestrado Conrado Gómez, bregó desde hace años por esta causa, declaró en Argentina y el exterior para denunciar “el segundo despojo”, como lo denominó, y también la responsabilidad civil en el caso. Así fue como hace un año Torres ya había enviado a juicio oral a la ex jueza Emilia García, acusada de haber participado en maniobras para despojar de sus bienes a los secuestrados de la ESMA

viernes, 12 de marzo de 2010

El cinismo desmemoriado

El vicealmirante retirado Antonio Montes, ex canciller de la dictadura, se negó a ampliar su declaración indagatoria y a refrendar sus anteriores declaraciones ante la Justicia Militar, lo que provocó un áspero debate entre el fiscal Pablo Ouviñas y el defensor oficial del militar, Victor Valle.

"No voy a declarar porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales", enfatizó Montes, quien desde el principio del proceso es trasladado en silla de ruedas.

La defensa de Montes objetó que se leyeran las declaraciones del militar de 86 años ante el juez militar y ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que la audiencia se encontraba trabada por cuestiones procesales. No voy a declarar”, dijo, y escuchó sus relatos anteriores, cuando admitió que “desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó” de la guerra sucia.

A su turno el ex médico de la Armada Carlos Capdevilla, quien también dijo estar enfermo y bajo tratamiento psiquiátrico, negó haber asistido en la ESMA a personas que habían sido sometidas a sesiones de tortura y en ese sentido aseguró que "querían tener a un médico (entre los acusados) para hacernos aparecer como los nazis" .

Capdevilla, negó las acusaciones de ex detenidas desaparecidas que los denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respecto de una de ellas sostuvo que "la hice pasar al consultorio porque me dijo que se había mareado" y que "estaba descompuesta". Carlos Capdevila no aceptó responder preguntas, pero se explayó sobre los testimonios que lo incriminan. De paso lento, voz suave y mirada extraviada, dijo que estaba medicado, aseguró no recordar su número de documento, pero no tuvo problema para memorizar a qué días de la semana correspondían ciertas fechas de 1979. Admitió que trabajó en la enfermería de la ESMA, pero aseguró que “no he sentido nunca gritos de tortura”. Sugirió que las declaraciones en su contra fueron “inventadas” y que según los testigos “todos estábamos torturando en todos lado

Azic negó las acusaciones en su contra y se negó a responder preguntas por lo que se dio lectura a declaraciones anteriores en las que admitió haber prestado "actos de servicio en la ESMA", pero no brindó nombres de los oficiales que formaban parte del Grupo de Tareas. El prefecto Juan Antonio Azic, quien en 2003 intentó suicidarse, tampoco recordó su documento. “Niego todo lo que se me acusa, me niego a declarar y a responder preguntas”, fueron sus únicas palabras en público. Comenzó entonces otro debate, sobre si esa frase se podía considerar como una declaración indagatoria. La mera hipótesis “ofende al sentido común”, dijo el fiscal Pablo Ouviña. El tribunal ordenó leer sus testimonios anteriores y difirió para el futuro la decisión sobre la cuestión procesal.

Por último, el contralmirante retirado Manuel García Tallada, a quien se acusa por 26 hechos de tormentos cuya autoria se le atribuye también se negó a declarar.

García Tallada, de 85 años, declaró en el Juicio a los Comandantes ya que en el período investigado se desempeñó como Jefe del Estado Mayor de la Armada y Jefe del Estado Mayor de Operaciones Navales, por lo que fue el máximo responsable del G-3.3.2 que actuó en la ESMA.

En esa declaración que data de 1985 aseguró que "nunca presencié ningún interrogatorio" de detenidos en la ESMA, ni tuvo conocimiento de "torturas o vejámenes" , pero escuchó sus relatos anteriores, cuando admitió que “desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó” de la guerra sucia.

Además. serán enjuiciados por ladrones

Estarán a su lado en el banquillo otros cinco marinos de la ESMA, entre ellos Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo. Serán juzgados no sólo por la tortura y la desaparición de sus víctimas, sino también por la apropiación de sus bienes.    

Las partes de la desmembrada causa ESMA van llegando poco a poco a juicio oral y público. El juez federal Sergio Torres elevó el expediente por la tortura, desaparición y apropiación de los bienes de Victorio Cerutti, Horacio Palma y Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini. Los acusados son seis oficiales de la marina, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo.

El magistrado consideró concluida la etapa sumarial y mandó a juicio oral y público a Acosta, Cavallo, Jorge Radice, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González y Juan Carlos Rolón. Estos ex oficiales de la Armada ya están sometidos a juicio por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh. Torres sostuvo que los procesados actuaron “con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley” y que cometieron los ilícitos “agravados” por “violencia o amenazas”. También tuvo en cuenta el juez que estos marinos represores deben responder por haber sometido a “condiciones inhumanas de vida” a sus víctimas y por la “posterior desaparición” de esas personas, quienes fueron secuestradas por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.

Este tramo de la “megacausa” ESMA, reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se vincula con los hechos que tuvieron como víctima a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977, para apropiarse de sus bienes. A lo largo de 40 carillas, Torres efectuó un análisis del modo en que se produjeron los hechos que culminaron con el desapoderamiento de la empresa Cerro Largo S.A., que tenía como principales autoridades a Palma, Cerutti y a Omar Masera Pincolini. Ambos fueron secuestrados en sus respectivos domicilios de Luján de Cuyo, en Mendoza, el 12 de enero 1977, un día después de que Palma corriera igual suerte. En todos los casos, efectivos armados, algunos encapuchados, pertenecientes al Grupo de Tareas 3.3.2, irrumpieron en las viviendas y, bajo amenazas, secuestraron a los tres socios, y también a la esposa e hijos de Masera Pincolini, a quienes luego habrían trasladado a la ESMA. Masera Pincolini intentó proteger a su familia y fue “salvajemente golpeado”, al igual que sus hijos cuando trataron de impedir los vejámenes de los que fue objeto su madre y esposa del desaparecido.

Torres indicó que a los procesados se les atribuyó “haber desapoderado el paquete accionario y los bienes que formaban parte del patrimonio de la sociedad Cerro Largo S.A. a través de diversas maniobras” ilícitas, como la extorsión. Señaló el magistrado que “la sociedad Cerro Largo S.A., de las que fueron despojadas las víctimas, pasó a denominarse Hill Ri S.A., cuyos integrantes eran oficiales de la Armada Argentina que utilizaron nombres falsos” para ocultar su verdadera identidad. Torres agregó que “posteriormente el paquete accionario de Hill Ri S.A. fue traspasado a la sociedad Misa Chico S.A., cuyos accionistas eran, entre otros, Eduardo Enrique y Carlos Massera (hijos de Emilio Eduardo Massera)”, ex integrante de la Junta Militar, junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti. Para dar por cerrada la investigación, el magistrado evaluó documentación y decenas de testimonios de sobrevivientes de la ESMA y familiares o amigos de las víctimas, obtenidos durante la tramitación del sumario.

Federico Gómez, hijo del secuestrado Conrado Gómez, bregó desde hace años por esta causa, declaró en Argentina y el exterior para denunciar “el segundo despojo”, como lo denominó, y también la responsabilidad civil en el caso. Así fue como hace un año Torres ya había enviado a juicio oral a la ex jueza Emilia García, acusada de haber participado en maniobras para despojar de sus bienes a los secuestrados de la ESMA.

“Fue una actuación de toda la Armada” (sic Donda)

De los diecisiete marinos, prefectos y policías que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, ayer sólo Donda aceptó explayarse en el uso de la palabra. Denunció un acuerdo en los ’80 de la Armada con los radicales para denunciar sólo a los identificados.
    
 Por Diego Martínez

“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, reiteró ayer el capitán Adolfo Donda, imputado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. El ex jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del “acuerdo” entre el gobierno radical y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ’80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, aseguró. Se decidió “sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, dijo, y contó que cuando Raúl Alfonsín y su canciller Dante Caputo visitaban la Agregaduría Naval en Brasil, donde él estaba destinado, “trataban de que no estuviera cerca para que no saliera en la foto”. También declaró el capitán médico Carlos Capdevila, una oración escueta el prefecto Juan Antonio Azic y se negó a declarar el octogenario Manuel García Tallada. La ronda de indagatorias continuará el miércoles con la palabra de Alfredo Astiz.

La mayor parte de las siete horas que duró la audiencia se consumieron en debates sobre temas procesales. Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral 5, informó del rechazo de todos los planteos preliminares: nulidades y prescripciones de los defensores y revocatorias de arrestos domiciliarios de Justicia Ya. El ex canciller Oscar Montes fue el primer convocado a hablar, desde su silla de ruedas:

–No voy a declarar porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales. No ratifico mis dichos ante jueces militares. Niego todos los cargos y no respondo preguntas –recitó de un tirón.

Comenzó entonces una discusión eterna. Los defensores pidieron que no se consideraran indagatorias las declaraciones ante juzgados militares porque, si bien los marinos no juraban decir verdad, eran “exhortados” a hacerlo. El fiscal Pablo Ouviña argumentó que esos relatos deben validarse y recordó que los propios imputados los ratificaron en 1986 ante la Cámara Federal. El defensor oficial Víctor Valle puso más esmero que los particulares. “Para un militar el principio de disciplina es superior al principio de justicia”, destacó. El tribunal anunció un cuarto intermedio de diez minutos que fueron noventa, tomó una resolución que no conformó a nadie y ante nuevos planteos difirió su decisión para el futuro.

No me dejen solo

“Fue una actuación institucional, de toda la Armada”, arrancó Donda, de 64 años. “Sin embargo estoy solo, no hay nadie que haya combatido conmigo en el GT 3.3”, lamentó, en referencia a sus camaradas y jefes de la ESMA entre 1979 a 1981. El marino negó haber participado en sesiones de interrogatorios, que admitió en 1986. “La explicación es sencilla. En una estructura cada uno tiene una función, no varias. La mía era ser jefe de operaciones: la captura y entrega de terroristas”, dijo. “Todos los hechos que aquí se juzgan han sido cometidos en jurisdicción militar, una estructura institucional”, machacó.

Luego describió sus vivencias de las negociaciones entre Alfonsín y los militares tras el retorno de la democracia. En 1983, cuando su apellido ya figuraba en todos los listados de represores, fue enviado a la Agregaduría Naval en Brasil. “Cada vez que venía el canciller (Dante) Caputo trataban de que yo no estuviera cerca para que no saliera en la foto”, recordó, y agregó que “lo mismo (ocurrió) las dos veces que Alfonsín visitó Brasil”.

Citado por el juez Ciro de Martini por el asesinato de Elena Holmberg, declaró y retornó a la Agregaduría. Entonces recibió un ofrecimiento del vicealmirante Ramón Arosa, jefe de la fuerza, para profugarse junto con su familia. En sus palabras: “La Armada se iba a hacer cargo si yo decidía no regresar” a Brasil. Su respuesta, dijo, fue negativa.

Luego comenzó a recibir citaciones de los denominados “juzgados de instrucción militar”, a los que Alfonsín encomendó investigar los crímenes de sus propios miembros. Donda aclaró que el secretario era un oficial superior:

–Mirá, pibe, acá está lo que te vamos a preguntar –lo recibió.

–Señor capitán: ¿por qué yo solo? ¿Dónde están los mandos intermedios? –preguntó Donda.

–Son directivas, pibe. Firmá tranquilo, la Armada está en la precisa.

“La Armada decidió mantener silencio”, recordó, y citó una frase que los marinos adjudican al contraalmirante Barry Melbourne Hussey: “Los oficiales que han sido identificados por el enemigo deberán pasar por la Justicia”. “Los primeros prevaricadores fueron los juzgados militares, que nunca preguntaron por mis jefes”, concluyó el razonamiento. “La directiva era sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, recordó.

A fines de 1986, cuando las cámaras se abocaron a las causas, “la orden era sostener lo dicho en los tribunales militares y de alguna manera mantener silencio”, dijo. “Es difícil que un civil lo comprenda, pero las órdenes eran sagradas, no se concebía romper la lealtad al superior aunque notáramos que se equivocaran”, explicó. Luego lamentó que “la Armada negoció con el poder político” quiénes serían citados y recordó como un elemento central “el centimetraje de cada uno en la prensa”.

Sobre sus quince años de impunidad posteriores sólo emitió elogios involuntarios a Abuelas de Plaza de Mayo, en cuyas causas debió declarar, y a la prensa que recordó su pasado. Dijo que lleva siete años detenido y no conoce al juez Sergio Torres, a quien cuestionó porque “transcurrieron cinco años hasta que citó a declarar a mis superiores”. Sobre los testimonios que lo incriminan, dijo que “tienen muchas verdades pero también mentiras”. Prometió refutar las mentiras pero no aportar verdades.

El dilema

Donda dedicó varios párrafos a su hermano desaparecido, con quien “tenía una unión sentimental muy buena, aunque evidentemente cada uno tenía su propio camino y destino”, reflexionó. Contó que ya en 1972 el Servicio de Inteligencia Naval lo citó para cuestionarle la militancia de José María Donda, que estudiaba en el Liceo Naval. En 1975 volvieron a reprocharle “que no haya dado parte” de sus actividades. “No puedo hacerme responsable de mi hermano”, asegura que respondió.

En 1977, no especificó la fecha, “fuerzas conjuntas allanaron mi casa”. Dijo ignorar el motivo aunque supone que fue para “certificar mis actividades”, que luego de varios segundos con la lengua atragantada definió como “la defensa de la legalidad”. Ese año perdió contacto con José María, pero tuvo un indicio de su suerte: su sobrina fue entregada en guarda por una jueza de menores a la madre de los hermanos Donda, que compartió la guarda con el marino. “Presumí que podían estar presos o desaparecidos”, arriesgó.

En 1979, cuando Rubén Chamorro, director de la ESMA, lo convocó para sumarse al grupo de tareas, le pidió ayuda para resolver “mi dilema”, dijo: “El paradero definitivo de mis familiares”. Agregó que una secuestrada de la ESMA le contó que había militado con José María en la columna oeste de Montoneros y que “muy probablemente” había sido “detenido por la Aeronáutica”. Entabló contacto con dos oficiales de la Fuerza Aérea pero, aseguró, nunca le aportaron ninguna información. Sobre el paso por la ESMA de su cuñada María Hilda Pérez de Donda, que dio a luz en cautiverio a la actual diputada Victoria Donda, el marino no dijo una sola palabra.

jueves, 11 de marzo de 2010

A los represores les llegó la hora de hablar

Algunos de los acusados ya declararon en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el ex canciller Montes, el contraalmirante García y el capitán Pernías reconocieron que toda la Armada estaba implicada en la represión.
      
Por Diego Martínez

Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.

Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.

La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.

La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.

Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.
Honra de militar

Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.

–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?

–No tengo conocimiento.

Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.

También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.

–¿Traslado?

–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.

Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.

–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.

–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.

No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.

–Dé un ejemplo práctico.

–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.

–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?

–No recuerdo.

Cavallo seguirá preso: la Cámara Federal rechazó un planteo del represor

El tribunal desestimó un recurso del ex marino, por el que cuestionaba el tiempo que lleva detenido sin condena, lo que vulneraría la garantía del “plazo razonable”. Está procesado con prisión preventiva por imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad y tormentos seguidos de muerte en ese centro clandestino de detención.

El tribunal de apelaciones ratificó la decisión del juez de la causa, Sergio Torres, quien había rechazado la excarcelación del represor solicitada por su defensa en base al tiempo que ya lleva detenido sin sentencia firme y que sobrepasaría el "plazo razonable" previsto por ley, según la resolución difundida hoy.

Cavallo está procesado con prisión preventiva en la megacausa ESMA, y espera ir a juicio oral por imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad, tormentos seguidos de muerte y privación ilegal de la libertad con resultado de muerte.

En la resolución, se confirmó la decisión del juez de mantenerlo detenido ante el "peligro procesal" que implicaría su liberación, teniendo en cuenta que el ex marino Cavallo estuvo prófugo de la Justicia y fue extraditado.

"No se vislumbran circunstancias concretas que derriben el peligro procesal advertido sino por el contrario, existen múltiples indicadores que, lejos de aventar la presunción señalada, la robustecen", consideraron los camaristas.

Además entendieron que Cavallo será juzgado por "delitos particularmente graves" que prevén las "máximas penas del Código Penal".

Los camaristas Martin Irurzun y, Eduardo Farah entendieron también que hay "riesgo de entorpecimiento de la investigación" con Cavallo en libertad y recordaron su accionar en la ESMA bajo distintos seudónimos y sus intentos por eludir a la Justicia cuando fue descubierto viviendo en México.

El ex marino fue detenido el 24 de agosto del 2000 en ese país tras ser reconocido por el sobreviviente Víctor Basterra y en principio se lo extradito a España para ser juzgado por delitos de lesa humanidad.

Luego, el 13 de marzo de 2008, llego extraditado a la Argentina para quedar a disposición del juez de la megacausa ESMA Sergio Torres, quien entre otros hechos lo proceso por el secuestro y desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin.

lunes, 8 de marzo de 2010

Acosta: torturador, asesino... y ladrón!!!


Causa ESMA: confirman que Jorge "Tigre" Acosta va a juicio por apropiación de bienes
 
La Sala I de la Cámara Federal rechazó un recurso de casación presentado por la defensa del ex marino. Se investiga el apoderamiento de activos de prisioneros alojados en la Escuela Mecánica de la Armada. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de Jorge “El Tigre” Acosta, contra la resolución de ese mismo tribunal que confirmó el inicio del juicio oral contra el ex marino por  apropiación de bienes en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
 Así, los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah ratificaron que Acosta irá a juicio oral. En el fallo, el tribunal aseguró que “la decisión contra la que se dirige la vía casatoria intentada por la defensa de Jorge Acosta no integra el elenco de aquellas decisiones que enumera el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación entre las susceptibles de ser conmovidas por el citado medio impugnativo, que sólo lo admite respecto de las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena”.

 Asimismo, afirmaron que “el criterio de la defensa en el sentido de que la resolución atacada sería asimilable a una sentencia definitiva, no encuentra asidero en argumentos normativos y no alcanza para conmover la jurisprudencia de esta Cámara en un sentido contrario”.Cabe recordar que actualmente el Tribunal Oral Federal Nº5 juzga a Acosta y a otros 16 acusados por otro tramo de la causa ESMA, en el que se investigan, entre otros delitos, las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.