jueves, 30 de junio de 2011

Alegato de la Fiscalia por el asesinato de los Villaflor

“Los imputados mantienen silencio”

Los fiscales Mirna Goransky y Pablo Ouviña reconstruyeron los secuestros y las detenciones ilegales de Raimundo, Josefina y los demás integrantes del grupo Villaflor. También plantearon las hipótesis sobre qué sucedió con sus cuerpos.

 Por Alejandra Dandan

Los Villaflor. Las pruebas del asesinato de Raimundo en la Escuela de Mecánica de la Armada, los meses en los que su mujer y su hermana parecían seguras de que iban a salir con vida de la ESMA. Las cartas, las muñecas de trapo. Las hipótesis sobre qué sucedió con sus cuerpos integraron el tramo del alegato que la fiscalía leyó ayer en la audiencia del juicio oral de la causa ESMA. El ya retrasado tiempo del debate volvió a suspenderse después de dos horas de audiencia. Esta vez, el Tribunal Oral Federal 5 anunció un cuarto intermedio porque el represor Juan Carlos Azic estaba con problemas de presión, como viene sucediendo con sus colegas dos días a la semana. La audiencia se interrumpió hasta mañana.

“Hemos escuchado a muchos testigos referirse a ellos como grupo”, dijo la fiscal Mirna Goransky al empezar el caso. “Pero el apellido ya resonaba en el ámbito social y político mucho antes de que trascendiera el nombre de Azucena, a raíz de la infiltración del Grupo de Tareas en la (iglesia de la) Santa Cruz”, explicó. Azucena era sobrina de Aníbal Clemente Villaflor, dijo, obrero anarquista que por orden de Juan Perón y Domingo Mercante fue intendente de Avellaneda entre el ’46 y ’47 y fue padre de Raimundo y Josefina Villaflor.

Con el origen del parentesco anclado así en lo político, un universo en el que también situó a Azucena, la fiscal reconstruyó más tarde la línea de caídas del grupo atadas a las identidades políticas de las víctimas. Nombró a Josefina como dirigente de la Federación Gráfica bonaerense, donde conoció a su marido, José Hazan, que cayó con ella y con Celeste, la hija de ambos, el 3 de agosto de 1979. Ambos del Peronismo de Base. Luego, nombró a Raimundo y a su mujer, Elsa Martínez. Recordó que Laura, la hija de ambos, explicó en una audiencia que su madre nació en España, vivió en Uruguay donde se integró a los Tupamaros, se exilió en Argentina y se sumó al Peronismo de Base. De Raimundo dijo que era referente para los trabajadores de la zona sur bonaerense, delegado sindical, perseguido, y la figura que inspiró a Rodolfo Walsh para ¿Quién mató a Rosendo?

Pero el grupo no eran sólo ellos. Goransky y el fiscal Pablo Ouviña mencionaron a todos los que cayeron –militantes, amigos, compañeros de los amigos–, pese a que muchos no son “caso” en este tramo de la causa por el modo en el que se instruyen los expedientes. Entre ellos están Juan Carlos Anzorena, Juan Carlos Chiaravalle, Fernando Brodsky, Enrique Ardetti, Pablo Lepiscopo, Hugo Palmeiro, Juan Carlos Schiaravague. Todos estuvieron secuestrados en la ESMA, excepto Raimundo. Pasaron demasiados meses con vida, hasta marzo de 1980. Varios estaban enrolados en el programa de recuperación de los marinos. Además de trabajo esclavo en pecera, con los archivos de prensa, hacían visitas a las familias escoltados por Ricardo Cavallo que se quedaba en casa de los padres, con el arma arriba de la mesa. Otros hablaban dos o tres veces a la semana por teléfono. Y luego desaparecieron, en un momento que coincide con el cambio de mandos en la dirección del GT, a partir de entonces a cargo de Horacio Estrada y una lógica interna que requeriría que el nuevo jefe se manchara las manos.
Raimundo

El asesinato de Raimundo todavía no está probado en la causa. Pese a eso, con los datos que surgieron las querellas vienen pidiendo que se condene a Miguel Donda –el único imputado en este tramo por el caso– a prisión perpetua por “homicidio”. La fiscalía ayer presentó su caso con el mismo planteo.

Goransky dijo que después de recibir dos o tres días de picana, una de las testigos sintió en el sótano sus alaridos de dolor. A causa de tanto maltrato físico no pudo mantenerse en pie, tenía un brazo roto. En una de las visitas que su hermana Josefina hizo a la casa de su familia, contó que uno de los miembros del Grupo de Tareas lo llevaba y lo arrastraba del sótano a Capucha. Thelma Jara contó lo mismo en su primera declaración, dijo la fiscal. Dijo que los tormentos se prolongaron por dos días y que vio cómo se lo llevaban de Capucha al sótano para continuar con las torturas. Dicen que en ese momento mordió el brazo de un guardia, que eso desencadenó la furia, que le pegaron y lo patearon. Que después de esta golpiza y dos días de padecimiento de golpes y patadas, Raimundo falleció.

Los sobrevivientes también hablaron de la muerte. Thelma Jara vio en el tercer piso mucho movimiento de guardias y dijeron que había muerto de un paro cardíaco como consecuencia de los golpes en el sótano. Otro sobreviviente dijo que vio cuando lo pasaron colgado de pies y manos con la cabeza hacia atrás, absolutamente inerte, y que al día siguiente en una camilla al lado de la huevera había un cuerpo descalzo, del que no se veía la cara. Ese sobreviviente también dijo en la audiencia que estaba seguro de que era Raimundo. Además, la fiscalía planteó que están convencidos de que el dato quedó “debidamente registrado” por el GT porque un testigo llegó a ver en la ESMA una carpeta que decía que había muerto el 7 de agosto. “Los imputados, mientras tanto –dijo Goransky–, siguen guardando silencio sobre el destino de su cuerpo.”

viernes, 24 de junio de 2011

Ex director ESMA, Edgardo Otero, aunque no quiere, sigue preso

Denegaron la excarcelación del ex director de la ESMA procesado por delitos de lesa humanidad

El ex director de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada Edgardo Otero, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en ese instituto, seguirá detenido luego que la Cámara Federal confirmó el rechazo a su excarcelación dictado por la jueza María Servini de Cubría.

La jueza se opuso a liberar a Otero en esta causa en la que está procesado como "autor de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años", en referencia a la hija biológica de Orlando Ruiz y Silvia Dameris que fue entregada por Otero al represor Juan Antonio Azic, quien la inscribió con su apellido y con el nombre de Carla Silvina Valeria.

En las seis carillas de su resolución, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah explicaron el "carácter de delito permanente que registra el ilícito en cuestión, en sus modalidades de retención y ocultamiento -que junto a la sustracción se configuran en autos- la acción típica desarrollada”.

Los magistrados recordaron que el 26 de mayo de 2008 "cuando se incorporó a la causa el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos que estableció que ella es hija biológica de Orlando Ruiz y Silvia Dameris" recién "pudo descubrirse la verdadera identidad de la menor sustraída".

Los camaristas también recordaron que "el hecho que se le reprocha formó parte de un plan integral en la secuencia fáctica desarrollada en la ESMA y culminó con la sustracción, y posteriormente con la retención/ocultación de la menor".

En abril el mismo tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Otero y sostuvo que "a esta altura de los acontecimientos se encuentra debidamente acreditada la existencia de un plan sistemático llevado a cabo en la ESMA" donde "se perpetraron sustracciones de menores acaecidas en un marco fáctico de privación ilegal de la libertad de sus padres, donde fueron sometidos a torturas y tratos degradantes".

Los magistrados concluyeron, entonces, que "han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad" y, en ese sentido, Otero "no ha sido ajeno" a que la hija de la detenida desaparecida Silvia Dameri "fue fraudulentamente inscripta como Azic".

jueves, 23 de junio de 2011

Detuvieron a Victor Olivera, represor prófugo que habría disparado a su propia casa

Un peligro para su familia

Fue localizado días después del disparo que recibió su hija en la casa de Pilar. El mismo es el principal sospechoso de ese hecho. Había estado preso y fue excarcelado por la Cámara de Casación.

 Por Alejandra Dandan

Víctor Roberto Olivera era uno de los “Pedros” de la ESMA, custodia del grupo de tareas del centro clandestino, mencionado como “Lindoro” entre los sobrevivientes del campo de exterminio que en los últimos meses –al compás de las declaraciones del juicio oral– lo situaron como uno de los responsables del asesinato de Raimundo Villaflor. Después de una decisión de la Cámara de Casación y de la confirmación del Tribunal Oral Federal 5, fue excarcelado en noviembre del año pasado, en un proceso intrincado de órdenes y contraórdenes rechazadas por los fiscales del juicio y luego por la Corte Suprema, que en abril ordenó detenerlo de nuevo. La Justicia no lo localizó, Lindoro fue declarado rebelde. El miércoles a la noche quedó detenido de nuevo, sólo días después del disparo que recibió su hija en la casa de Pilar. En este momento la Justicia Federal de Campana investiga ese hecho: Lindoro aparece como uno de los principales sospechosos del disparo, una situación que de confirmarse amplía la argumentación por la que los represores no podrían salir de la cárcel: no sólo la libertad pondría en peligro a los testigos sino, y a la luz de este caso, hasta a sus propias familias.

El caso Lindoro es paradigmático: refleja la situación de muchos de los represores acusados. Lindoro es uno de los marinos que reconoció en la etapa de instrucción su participación en la ESMA e imputó con sus relatos a varios de sus antiguos camaradas de armas. Negó, sin embargo, su alias, y entonces el modo con el que los sobrevivientes mencionan su participación en el caso Villaflor.

Lloró durante toda la declaración. Y estaba emocionalmente debilitado. El informe del Cuerpo Médico Forense elaborado cuando se discutía su excarcelación explicó que presenta una “afección” que “reviste la forma clínica de trastorno del humor”. Que, para el caso de recuperar la libertad, se recomendaba continuar con un tratamiento psiquiátrico que podía “llevarse a cabo bajo la forma ambulatoria toda vez que permanezca estable y que contara con la compañía y supervisión de una persona responsable para garantizar el tratamiento”, teniendo en cuenta el criterio de los médicos. “Su peligrosidad se encuentra supeditada –insistía el informe– a la continuidad del tratamiento psiquiátrico que no debe abandonar.”

Lindoro quedó libre en noviembre de 2010 por una decisión del Tribunal Oral, el mismo que tuvo fallidamente a cargo el control en la cárcel del represor Héctor Febres, que terminó suicidándose antes de conocer la condena. La fiscalía de Pablo Ouviña y Mirna Goransky tomaron conocimiento de la libertad cuando todo estaba hecho, una decisión sobre la que ya se había pronunciado en contra el juez de primera instancia Sergio Torres, pero que contaba con el aval de Casación. Torres primero se negó. Casación lo rechazó. Torres apeló a la Corte Suprema, la Corte confirmó la denegatoria que volvió a Casación. Casación, así, tuvo que negarse en esa instancia, pero el Tribunal Oral 5, basándose en la primera resolución de Casación, ordenó liberarlo. Cuando la fiscalía lo supo interpuso un recurso; el Tribunal 5 lo rechazó, luego presentó otro en queja ante la Cámara, que también lo rechazó. Finalmente, en abril –y tal como lo venían diciendo los fiscales–, la Corte Suprema de Justicia volvió a ordenar la detención de Lindoro, pero esta vez ya era tarde.

Como todos los excarcelados, Lindoro cumplió con las presentaciones semanales de control hasta una semana antes de la decisión de la Corte. Para cuando el tribunal ordenó detenerlo, ya no lo encontraron. Lo declararon prófugo y en rebeldía.
Los disparos

Claudia es la ex mujer de Lindoro. Era una de sus garantes de la condición de libertad, fue quien dijo que estaba “prófugo” en el juzgado de Torres. También había pedido custodia para ella, para su hija y en la escuela: “El era su padre –dijo ayer a Página/12–, yo no podía saber si un día aparecía en la escuela para sacar a la nena, y si pasaba eso, ¿qué hacia yo?”.

El lunes, pasadas las 21.30, la casa recibió un disparo desde la calle. Los datos reunidos hasta aquí en la causa indican que el disparo se produjo desde un Fiat. La custodia, en ese momento, estaba en el fondo de la casa. El tiro le dio a la niña de 9 años que fue internada en estado grave e intervenida pero que se recupera favorablemente.

Las primeras sospechas recayeron sobre Lindoro. El juzgado además había recibido otras informaciones. La ausencia del represor no parecía deberse a una gran fuga orquestada: Lindoro seguía aparentemente en la zona. Lo habían visto entrar a pedir un auto en una remisería. Lo vieron pasar con unas bolsas. Con estos datos trabajó en las primeras horas la fiscalía de Pilar, que empezó a cerrar el cerco sobre el marino. Por conexidad con la causa ESMA, la causa pasó ayer al Juzgado Federal de Campana, donde deberán evaluar si finalmente Lindoro es víctima o imputado.

Una parte del caso Lindoro ayer quedó cerrada: el marino fue detenido nuevamente en la zona de Campana, a partir de averiguaciones que se estaban haciendo en el marco de la causa ESMA. Eso indica que la detención no estuvo vinculada en principio con el ataque a su casa, aunque un funcionario judicial aclaró que muy posiblemente seguiría prófugo si no se hubieran producido los disparos.
La Casación

La Cámara de Casación comenzó a dejar libre a los represores de las causas de lesa humanidad primero en cuentagotas y luego sistemáticamente durante todo el año pasado. La Corte terminó con esa tendencia a comienzos de este año con una resolución que tomó como argumento uno de los planteos presentados por Torres sobre la vulnerabilidad de los testigos.

¿Pero cuál es la legitimidad de estos reclamos? Cuando un imputado pasa dos años preso sin condena tiene derecho a la excarcelación. La Justicia se la puede dar o puede extenderle la prisión preventiva hasta el momento de la condena, una decisión que los fiscales y querellas reclaman para los acusados de los delitos de lesa humanidad porque consideran que no son causas comunes, entre otras cosas por los años de impunidad que tuvieron los represores y por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Esos fueron los argumentos por los que la fiscalía intentó impedir la salida de Lindoro. Pero, además, este represor estaba preso desde hacía poco tiempo y tenía problemas psicológicos, sin contar que había un fallo previo de la Corte Suprema que limitaba las excarcelaciones.

El cuadro psicológico terminó ahora siendo importante. Y al haber sido excarcelado quedó sin control. Cuando un acusado se convierte en prófugo, deja además el tratamiento, y reaparece la peligrosidad.

domingo, 19 de junio de 2011

Piden investigar por falso testimonio al cura Bossini que declaró en el juicio de la ESMA

La Fiscalía pidió que se investigue por falso testimonio al sacerdote Gabriel Bossini, quien al declarar en el juicio por los crímenes de la ESMA dijo que no recordaba detalles del secuestro de otros dos religiosos de la Compañía de Jesús, que en 1976 trabajaban en una villa del Bajo Flores.

El pedido fue formulado durante la tercera jornada del alegato a cargo de los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky, en una accidentada semana en la que dos represores acusados sufrieron descompensaciones que obligaron a la postergación de las audiencias.

Bossini declaró el pasado 16 de octubre como testigo y dijo que no recordaba haber enviado la comunión a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes habían sido secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA el 23 de mayo de 1976, durante un importante procedimiento del que participaron tropas de Infantería de Marina.

En aquella ocasión, Bossini se encontraba oficiando misa en la capilla de la villa, luego de que el por entonces provincial o jefe de la Compañía de Jesús, el cardenal primado de la Argentina Jorge Bergoglio, les quitara la autorización para oficiar misa a Jalics y Yorio.

Por este caso, Bergoglio declaró como testigo en su despacho del Episcopado -adonde se trasladó el tribunal- y allí habría dado cuenta de una gestión suya ante el ex dictador Jorge Videla por ambos sacerdotes.

Bossini no fue detenido y los militares que actuaron lo autorizaron a terminar con el oficio religioso.

Con posterioridad, el cura le aseguro al fallecido dirigente de derechos humanos Emilio Fermín Mignone, que no había actuado el Ejército sino un grupo de la ESMA.

La hija de Mignone fue secuestrada en ese procedimiento, junto a los dos religiosos y un grupo de catequistas y seminaristas, y estos últimos siguen desaparecidos.

Al declarar en el juicio, Bossini dijo no recordar las circunstancias del procedimiento y sus posteriores afirmaciones, en las que dijo conocer a varios de los represores que intervinieron, con los cuales había escalado el Aconcagua.

Tampoco recordó haberle enviado los sacramentos a los sacerdotes a través de un militar cuando Yorio y Jalics estaban secuestrados.

Ouviña sostuvo que Bossini, al declarar en el juicio, "tuvo una actitud de llamativa falta de memoria de las circunstancias que le tocó vivir" y fue "abiertamente reticente a las preguntas del tribunal".

El fiscal dijo que la conducta de Bossini fue "mendaz" cuando negó todos estos hechos, por lo que pidió que se investigue penalmente al sacerdote por presunto falso testimonio que, de acuerdo a su gravedad prevé penas de hasta diez años de prisión.

Investigarán a Ramón Arosa que comandó la Marina desde 1983

La nota que firmó un jefe de la Armada

En la causa ESMA, Arosa declaró que, con Astiz, la Marina sólo se equivocó al no apartarlo para evitar que se descubrieran sus tareas durante el terrorismo de Estado. Lo compromete una lista de militantes que había enviado a la Justicia en 1986.

 Por Alejandra Dandan

La última declaración pública de Ramón Arosa en los Tribunales de Retiro aún es memorable. Arrinconado por las preguntas de los fiscales, el primer jefe de la Armada de la democracia recordó lo que alguna vez escribió en un libro: que la operación de infiltración de Alfredo Astiz en el grupo de la Iglesia Santa Cruz resultó “exitosa” pero que el “error” de la Marina fue no haberlo “apartado” y, en cambio, haberlo enviado inmediatamente a otra operación en Francia, donde lo reconocieron los ex secuestrados. La declaración de Arosa como testigo generó ya sus primeros efectos: el grupo Kaos, integrado por Rodolfo Yanzón y otros abogados, pidió al Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio por la ESMA que separe la declaración para impulsar una investigación sobre el ex jefe de la Armada.

Pero eso no es lo único que sucedió. Un día después de la declaración, una sobreviviente de la ESMA revisó archivos convencida de que había algo más sobre el marino. Encontró una nota firmada por Arosa de diciembre de 1986, y enviada a la Justicia Federal de San Isidro, con una lista de 30 nombres de militantes políticos de la organización Montoneros que supuestamente habían participado del secuestro de un empresario de la Mercedes Benz. Los nombres recogidos en base a datos de “agentes competentes” –según la nota– llegaron al despacho del entonces juez Daniel Alberto Piotti y desencadenaron pedidos masivos de indagatorias para los ex militantes, pocos de los cuales sin embargo aún estaban vivos. Para los sobrevivientes, el dato no es poco importante. Graciela Daleo estuvo secuestrada en la ESMA, es querellante del juicio oral que se lleva adelante en Comodoro Py y fue una de las imputadas en el marco de aquel expediente. Para ella, la nota firmada por Arosa parece hecha en base a información que los servicios de inteligencia arrancaron bajo tortura a los prisioneros. O con algún tipo de archivo que la Marina siempre negó tener.
El expediente

Después de la ley de punto final, en 1986, el Congreso dio un plazo de 60 días para terminar de encausar a militares y militantes políticos. En San Isidro, el hombre que más adelante se transformaría en jefe de seguridad de Eduardo Duhalde, llevaba la causa de Heinrich Metz, de la Mercedes Benz, secuestrado en octubre de 1975, por el cual Montoneros reclamó un rescate y mejores condiciones para los trabajadores. Arosa mandó la lista con los nombres como respuesta a un oficio. La nota de carácter reservado llevaba la identificación número 243/86/AJAR, AZ3, del día 18 de diciembre de 1986, con la firma y el sello de Arosa como vicealmirante, jefe del Estado Mayor General de la Armada.

“De acuerdo con la información suministrada por los organismos competentes –dice la nota–, informo que como integrantes de la Columna Oeste de la organización Montoneros pudo detectarse, en su oportunidad, a...”. Y a continuación Arosa transcribió una lista de 30 nombres y apellidos y luego una enumeración de 27 apodos de quienes no se pudo “precisar su identidad”.

“Recorrer esos nombres da cuenta de cuáles son los ‘organismos competentes’ a los que se refirió Arosa”, dice ahora Daleo. “Y cómo es que pudieron ‘detectarse en su oportunidad’ a esas personas”, porque para que se entienda –aclara– los nombres de las listas son, entre otros, los de Graciela Alberti, Ricardo Soria, Gustavo Grigera, Jorge Mendé y Alejo Mallea, por ejemplo. Todos ellos son víctimas de quienes actuaron en la ESMA. “De Gustavo Grigera sólo entregaron el cadáver; los demás permanecen desaparecidos. Otros, como Roberto Ahumada y Raúl Cubas, fueron liberados después de las torturas y de permanecer desaparecidos en la ESMA más de dos años.”

La lista no incluyó sólo a víctimas de ese centro clandestino. Estaba María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew, luego secuestrada y desaparecida. También Norberto Gómez, secuestrado y asesinado por las patotas de Azopardo-Atlético. El juez Piotti indagó a todos los que pudo. “Obscena decisión la de un juez –explica Daleo– que durante esos años decidió imputar a desaparecidos y asesinados.”
El presente

Arosa obtuvo el retiro voluntario de la Armada el 1º de febrero de 1990. En 1996 volvió a revistar como retirado en servicio, pero en 2007 la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, dio de baja el contrato. Durante la dictadura, llegó a tener la jerarquía de capitán de navío como Jorge Raúl Vildoza, imputado de ESMA, pero además llegó a ocupar la jefatura del Comando de Operaciones Navales, la segunda autoridad naval de la Armada. Según los datos de Defensa y del CELS, el 24 de septiembre de 1979 volvió al país desde los Estados Unidos para ingresar al Departamento de Operaciones del Comando de Operaciones Navales en Bahía Blanca. El 29 de enero de 1980 lo nombraron jefe del Estado Mayor del Comando Naval, se quedó en Bahía Blanca hasta el 19 de diciembre de 1980. Luego pasó a ser comandante de la División Corbetas; subsecretario general naval y jefe de la Casa Militar en Presidencia de la Nación, hasta que asumió Raúl Alfonsín, cuando pasó a ser jefe del Estado Mayor General de la Armada.

Más allá de los datos puntuales del ascenso, y posibles responsabilidades, uno de los puntos más importantes de su legajo para las causas de lesa humanidad es su presencia en el Comando de Operaciones Navales (CON). En este momento, los juicios avanzan sobre dos tipos de autores: directos y mediatos, altos mandos que son responsables por la cadena de mandos. Arosa no está imputado hasta el momento. Sin embargo, uno de los fiscales de Bahía Blanca indica que hombres de su misma jerarquía fueron imputados en esa ciudad por hechos de 1976 y 1977. Bahía Blanca no tiene hasta ahora víctimas denunciadas de los años en que estuvo Arosa, pero como el CON tenía jurisprudencia en todo el país podría ser responsable por otros casos –como en ESMA, por ejemplo– si se aplican los criterios con los que se juzgó hasta aquí.

miércoles, 15 de junio de 2011

Juicio por la megacausa ESMA ingresó en la etapa final

Se recordaron los testimonio de las aberraciones, y el genocidio diluido... y la Armada como tal no cuestionada
La ex ESMA.

La Fiscalía inició este miércoles la última de las acusaciones contra los 19 imputados por crímenes cometidos en la ESMA en el marco de lo que denominó "el juicio al horror" y denunció que la tortura ese centro clandestino era "la ceremonia iniciática de los detenidos" que en la mayoría de los casos culminaba con los "vuelos de la muerte".

El alegato, cuya parte introductoria estuvo a cargo de la fiscal adjunta Mirna Goransky, fue interrumpido en dos oportunidades debido a las descompensaciones del represor Ernesto Weber.

Conocido por el alias de "220" porque era un experto en la aplicación de picana eléctrica, Weber "tuvo un bajón de presión" y "se descompensó", pero tras la asistencia recibida por los médicos de tribunales se recuperó y fue trasladado nuevamente a la sala de audiencias, en el subsuelo de Comodoro Py 2.002. La descompensación obligó a que el presidente del tribunal, Daniel Obligado, ordenara un "cuarto intermedio" que se prolongó alrededor de media hora, hasta que, con la atención brindada en la enfermería de los tribunales federales de Retiro, se reanudó el debate.

"Este no es un juicio como cualquier otro; este es un juicio al horror. No se trata sólo del interés general de la sociedad argentina, ya que trasciende los límites de nuestro país", advirtió la letrada que acompaña al fiscal federal Pablo Ouviña, quien expondrá en las sucesivas jornadas en las que se completará el alegato acusatorio.

En su exposición, Goransky aseveró que los oficiales del Grupo de Tareas que actuó en la ESMA "estaban convencidos que estaban librando la Tercera Guerra Mundial, frente a un enemigo evanescente" y que la tortura era el único método para obtener la información que requerían de los detenidos.

En ese marco, indicó que "la picana eléctrica destruía la libertad y provocaba el quiebre de aquellos que habían dejado de ser personas", por lo que su aplicación se constituía en "la ceremonia iniciática, el rito de iniciación" de los detenidos y su sometimiento dependía "de cuanto aguantaban".

El alegato fiscal fue seguido con atención por los acusados y, en esta oportunidad, sólo una de las mujeres de los represores que habitualmente asisten a las audiencias se encontraba en la bandeja superior, casi completa por ex camaradas de armas.

"No son criminales comunes. Todos estos hombres secuestraron sometieron a sus víctimas a violaciones sexuales, a condiciones de vida indignas, esclavizaron y asesinaron a miles de víctimas indefensas", enfatizó la representante del Ministerio Público ante los ojos de Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo, entre otros.

Además de la utilización de la picana, advirtió que existían otros tipos de tortura tales como mantenerles a los detenidos la "ilusión de vivir" y la incertidumbre de no saber cuándo podían ser trasladados, así como también hacerlos presenciar sesiones de torturas a familiares o amigos, haciéndolos responsables a ellos por no brindar información.

Reconoció, asimismo, que se trató de de un "instrumento efectivo para destruir las estructuras de las organizaciones armadas y políticas", a la vez que sembraban el terror en el resto de la sociedad.

La fiscal incorporó luego otra de las áreas del centro clandestino conocida como "Capucha" que funcionó en el tercer piso del Casino de Oficiales, por donde pasaron la mayoría de los detenidos desaparecidos de ese campo de concentración.

"La regla general en la ESMA era la Capucha, un depósito de transición entre la vida y la muerte, destinada a anular todos los rasgos de humanidad, antes de la solución final de los vuelos de la muerte", describió, al comparar los crímenes de la dictaduras con los cometidos por el nazismo en Alemania.

En ese contexto, recordó que los números que les asignaban a los detenidos en la ESMA "reemplazaban los nombres de los desaparecidos, muertos sin cadáveres y sin nombre".

Un capitulo aparte mereció el trato al que eran sometidas las mujeres y al respecto pidió al Tribunal que se extraigan testimonios para iniciar una nueva causa por el sometimiento sexual y las violaciones a las que fueron sometidas, de las que dieron cuenta las sobrevivientes que declararon durante las audiencias.

"Las condiciones siempre fueron peores para las mujeres. La violencia sexual y de género fue otro componente estructural del plan sistemático", remarcó al advertir que no fueron casos aislados y, entre otros, mencionó los de Susana Ramos que, según dijo, fue violada por los acusados Juan Carlos Rolón y Jorge Rádice, y el de Josefa Prada, violada mientras estaba embarazada.

Además, agregó que a las prisioneras que incluían en los planes de "recuperación" las despertaban "en medio de la noche para ir a comer y bailar", mientras "la violación era una práctica sistemática" en la ESMA.

A su vez, dio cuenta del lenguaje utilizado en la ESMA por los represores, para quienes "la tortura se convertía en interrogatorios reforzados, los cuerpos arrojados al mar eran bultos y el asesinato era mandarlos para arriba".

En ese sentido recordó la frase del ex capitán Acosta mencionada por algunos ex detenidos, quien amenazaba con mandarlos "para arriba". "La locura los llevó a creerse dioses, dueños de la vida de los detenidos", dijo y volvió a mencionar a Acosta, en este caso advirtiendo: "Al que se haga el loco le ponemos el pentonaval y se va para arriba". "Este era el lenguaje de la locura para ocultar la locura del lenguaje", sentenció.

viernes, 10 de junio de 2011

Poch, nuevamente procesado por los vuelos de la muerte

Como partícipe necesario
 
Luego de haber quedado en libertad tras el desprocesamiento dictado por la Sala II de la Cámara Federal, el ex teniente de la Armada Julio Poch volvió a ser procesado y detenido en el penal de Marcos Paz por participar en los vuelos de la muerte. El juez federal, Sergio Torres, sumó nuevas pruebas a la causa y ordenó un embargo de 41 millones de pesos sobre sus bienes.

El magistrado consideró a Poch “partícipe necesario” del delito de “privación ilegal de la libertad agravada” en 41 casos, entre ellas las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, un número inferior de víctimas por las que había sido procesado en la causa anterior. Poch había sido extraditado el año pasado desde España, donde se desempeñaba como empleado de la aerolínea holandesa Transavia. Había sido detenido el 22 de setiembre de 2009, luego que trascendiera que, ante amigos, se habría jactado de participar de esos "vuelos". En su momento, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun indicaron que esas manifestaciones, ante aquellos, testigos “no pueden considerarse una confesión en términos procesales, al no haber sido efectuadas en sede judicial”.

Para revertir la decisión, Torres dispuso una serie de medidas de pruebas tendientes a satisfacer el requerimiento de los camaristas que le habían ordenado profundizar la investigación. Vía exhorto diplomático, el magistrado cursó un interrogatorio con medio centenar de preguntas para una docena de testigos residentes en Holanda. También se agregaron declaraciones de peritos en ingeniería naval e informes de Aerolíneas Argentinas y de la Armada relacionados con las actividades de vuelo llevadas a cabo por Poch.

Ahora, Torres afirmó que existen “suficientes elementos de convicción como para tener por acreditado que el encausado es a primera vista responsable por los hechos por los cuales fue indagado”. Y expuso que el acusado “habría admitido haber sido parte del sistema de represión ilegal que existió en nuestro país durante los años 1976/1983, siendo su misión la de pilotear aviones que a bordo transladaban a los llamados 'subversivos' para, luego de un trayecto mar adentro, eliminarlos físicamente arrojándolos a la profundidad de las aguas”.

viernes, 3 de junio de 2011

Cinco pilotos atrapados entre rejas

Procesaron con prisión preventiva a los imputados por los vuelos de la muerte.
Cinco pilotos atrapados entre rejas

El abogado Gonzalo Alvarez de Tolosa, que visitaba la ESMA, y los pilotos de Aerolíneas Enrique de Saint Georges y Mario Arru –en funciones hasta su detención– están entre los procesados. Tres prefectos ahora en la mira judicial.

Por Diego Martínez
El juez Sergio Torres dictó el procesamiento y destacó la investigación de la Procuración.

El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de la muerte. Tres son ex pilotos de Prefectura que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El magistrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación sobre 2800 planillas de vuelo y un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas. Esa declaración incluye los nombres de otros tres prefectos que tenían “la sartén por el mango” y están en la mira de la Justicia. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y jefe de Prevención de Accidentes para la época de la tragedia de 1999 que acaba de prescribir.

El más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Amigo de Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas, el entonces profesor de la Universidad Católica Argentina admitió que visitaba la ESMA y relató “trabajos” que el Tigre le encomendaba en Cancillería. Torres de Tolosa fue denunciado por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, y por sobrevivientes como partícipe de torturas. En su declaración sugirió una confusión con su hermano Alvaro Diego, que según él era segundo comandante de Gendarmería y miembro de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo. “Sus tareas eran secretas”, dijo. El hermano no puede defenderse porque está muerto. El flamante procesado “alternaba su actividad legal con una actividad clandestina e ilegal, en los antípodas de su formación profesional y que era esencialmente voluntaria. No había deber legal ni norma que lo obligara a formar parte del GT 3.3. Solamente su conciencia y su convicción sociopolítica”, resumió Torres, que lo procesó como partícipe necesario de medio millar de secuestros y tormentos seguidos de muerte, embargó sus bienes por 618 millones de pesos y, pese al “colon irritable” que lo aqueja, ordenó su traslado al penal de Ezeiza.

El ex suboficial naval Rubén Ormello confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. “¿Qué cagada te mandaste, Colorado, que saliste en Página/12”, le escribió un compañero en 2009. Tal como se anticipó en aquel artículo, los testigos de su confesión en los hangares de Aerolíneas declararon ante la Justicia, que luego citó a los ex compañeros del mecánico. Cinco admitieron haber escuchado “constantes comentarios” de la confesión. Los testimonios fueron “consistentes, contundentes y concordantes”, evaluó el juez. Pese a que la Cámara Federal estableció que las confesiones en privado no lo son técnicamente, el juez las privilegió, teniendo en cuenta la deliberada destrucción de pruebas de la Armada, que aún niega la existencia del GT 3.3 pese a que se olvidó de borrar los sellos de los legajos de varios suboficiales.

El procesamiento de De Saint Georges, Arru y Alejandro D’Agostino se fundó en el trabajo de la PGN y en la declaración de un suboficial que admitió que los vuelos eran vox populi y nombró a cinco pilotos con “la sartén por el mango”. D’Agostino pidió el cese del servicio como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura cuando se enteró de la acusación por “la injuriosa e infundada publicación de Página/12”, que ahora validó la Justicia. A las pruebas ya informadas, el juez agregó 47 planillas de los Skyvan de 1977 entregadas por el Ministerio de Seguridad, de las cuales sólo dos carecen de datos distintos del horario de vuelo: una es la del 14 de diciembre y ambas tienen como comandante a De Saint Georges. El juez destacó que los once “vuelos anómalos” en tres años detectados por la PGN se condicen con el uso “eventual” de los Skyvan mencionado por Scilingo. Procesó a los pilotos como partícipes necesarios de 56 secuestros agravados y los procesó por 56 millones de pesos.