Causa ESMA

La cita falsa que llevó a Walsh a una trampa y a morir acribillado

2012-01-16T23:06:00.000-08:00

Rodolfo Jorge Walsh, escritor, periodista, oficial de Inteligencia de Montoneros, fue asesinado la tarde del 25 de marzo de 1977, en el tramo de la avenida San Juan que va desde la calle Combate de los Pozos hasta Entre Ríos. Entre 25 y 30 agentes del Grupo de Tareas 3.2.2 que operaba en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) concluyó así un plan letal organizado con astucia y paciencia. Varios días atrás, otro montonero, detenido por la Marina, había dado la información que ayudó a los militares a emboscar a Walsh. El objetivo era atraparlo vivo. Por eso uno de los integrantes del operativo fue un francotirador entrenado para herir sin matar. No actuó. “¡Pepa! ¡Pepa!”, gritaron sus perseguidores cuando creyeron que Walsh metía la mano en una bolsa de plástico para hacer explotar una granada. Lo balearon.

Walsh vestía una guayabera beige de tres bolsillos, sombrero de paja, zapatos marrones, llevaba anteojos y un reloj Omega. En un portafolio cargaba con su “Carta abierta a la Junta Militar” y el boleto de compra-venta de su casa de San Vicente. Tenía en sus manos, además, la bolsa que tocó antes de recibir la balacera. Estaba armado con un revolver marca Walther, modelo PPK, calibre 22.

Sabía que lo buscaban.

Usaba un cédula con nombre falso. Por aquellos días, Rodolfo Walsh era a la vez Noberto Pedro Freyre. Y viceversa.
Dos detenidos de la ESMA que habían sido llevados por sus captores al operativo de la avenida San Juan lo vieron todo. Muchos más testigos aseguraron haber visto en la ESMA al cuerpo de Walsh, que hoy está desaparecido.

Un sobreviviente de ese centro clandestino de detención, Héctor Coquet, contó que durante su cautiverio un policía le dijo esto: “Hoy bajamos a Walsh en una cita. Se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía, el hijo de puta.”

En la madrugada del 26 de marzo de 1977, con Walsh ya muerto, los hombres de la ESMA salpicaron con ráfagas de balas el frente de su casa de San Vicente. Entraron. No había nadie. Robaron. Se llevaron, entre otras cosas materiales, literatura de Walsh, inédita. Se conocen algunos de los títulos de esos escritos: “Juan se iba por el río”, “El aviador y la bomba”, una carpeta llamada “Las memorias” y otra “Los caballos” (ver recuadro).

La reconstrucción de estos hechos está copiada de manera casi literal de la sentencia del Tribunal Oral Federal N°5 de la Capital que llevó adelante uno de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura.

Por el asesinato y el robo de bienes de Walsh, solo uno de los muchos casos investigados en ese juicio, fueron condenados a prisión perpetua los represores Jorge Acosta, Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Simón Weber. Juan Carlos Fotea recibió una condena de 25 años de cárcel. Fueron absueltos Pablo García Velazco, Juan Carlos Rolón y Julio César Coronel. Hay dos prófugos: Roberto González y Pedro Salvia.
Patricia Walsh, hija de Rodolfo, dijo a Clarín que apelará las tres absoluciones. Y que presentará un escrito para que se investigue el predio conocido como el campo de deportes de la ESMA, donde ella cree que está enterrado el cuerpo de su padre.

Los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli determinaron que quedó “legalmente acreditado” que Walsh fue asesinado y despojado de sus bienes por el GT 3.3.2 de la ESMA del modo en que se cuenta en esta nota.

Para la Justicia, uno de los testimonios “relevantes” del caso Walsh fue el de Miguel Ángel Launetta, un sobreviviente de la ESMA. Contó que el 25 de marzo de 1977 fue llevado por sus captores al operativo iniciado para capturar a Walsh junto a otro cautivo de los represores, Oscar Paz. Fue Launetta quien reveló los detalles de ese ataque. Coincidió con otros testigos en que fue otro detenido en la ESMA, llamado José María Salgado, alias “Pepe”, quien habría confesado, bajo tortura, los datos con los que los represores engañaron a Walsh armándole una cita falsa.

Salgado había sido capturado por los militares el 12 de marzo de 1977. Se presume entonces que estaba en libertad cuando acordó un encuentro con Walsh. En el medio cayó preso. No pudo ir. Fueron otros. Lilia Ferreyra, pareja de Walsh, estaba con él cuando el 25 de marzo al mediodía, desde la estación Constitución, confirmó por teléfono que se vería con “Pepe”. Vio por última vez a Walsh en la calle Brasil. Desde allí él siguió solo hasta San Juan y Entre Ríos. El 26 de marzo, la hija de Walsh, Patricia, su marido de entonces, Jorge Pinedo, y sus dos hijos, fueron a la casa de San Vicente porque iban a comer un asado con el escritor. Ella vio de lejos que la parrilla no echaba humo. Pensó que algo había pasado.

El plan secreto de Astiz para secuestrar a las monjas

2012-01-12T23:36:00.000-08:00

Por un panfleto, metió a Domon y Duquet en una “conspiración marxista” mundial.

“Como loco”, en diciembre de 1977, Alfredo Astiz entró al centro clandestino que funcionaba en la ESMA con un volante en la mano del Partido Comunista Marxista Leninista .

Con ese panfleto que le habían dado en un atelier de la Boca y otras “pruebas” que había obtenido durante los más de cinco meses que -con el nombre de Gustavo Niño- estuvo infiltrado en un grupo de familiares de desaparecidos, convenció a sus jefes del grupo de tareas que debían actuar rápidamente. Creía que había “probado” que “el marxismo internacional” estaba detrás del incipiente movimiento por los derechos humanos que funcionaba alrededor de la iglesia de Santa Cruz, con apoyo de los monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, para “destruir la imagen” de la dictadura en el exterior. Un total disparate.

El panfleto desencadenó la masacre de la Iglesia de Santa Cruz, según el testimonio de la ex detenida Silvia Labayrú y otras pruebas que destacó el tribunal oral federal 5 que condenó a Astiz y otros 11 represores a cadena perpetua por esos crímenes de lesa humanidad. Esta semana, por primera vez, ese fallo pudo leerse completo.

Labayrú, cuyo hijo había quedado como rehén en la ESMA, fue obligada a acompañar a Astiz a las reuniones con los familiares y a las rondas en las Plaza de Mayo, fingiendo ambos ser hermanos de un desaparecido. Paradójicamente, mientras Astiz activaba el terror, la monja Domon escribió una poesía para cada uno de los familiares.

Un par de días después d el 8 de diciembre, el grupo de tareas 3.3/2 lanzó cinco operativos coordinados en la Capital y el Gran Buenos Aires en lugares que habían sido designados zona liberada. Era el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

A primera hora de ese día, tres camionetas con infantes de marina en ropa de fajina y fuertemente armados se apostaron alrededor del taller del artista Remo Berardo en Magallanes 889, donde Astiz había recibido el panfleto. Luego, Berardo y Labayrú fueron sacados del lugar, atados y arrojados en un auto.

Horas más tarde, represores vestidos de civil y armados con escopetas entraron brutalmente al bar “Comet”, ubicado en Paseo Colón y Belgrano, y secuestraron a Horacio Elbert y Julio Fondovila, quien intentaban llevar una solicitada al diario “Buenos Aires Herald”.

Entre las 20 y 20.30 del mismo día, luego de una comunión, medio centenar de represores -que había bajado de diez autos sin patentes- hicieron un procedimiento de pinzas sobre la iglesia de Santa Cruz, en Urquiza y Estados Unidos. Minutos antes Astiz (Gustavo Niño) le había dado un efusivo beso a Domon, puso 20 pesos moneda nacional para difundir las denuncias de violaciones a los derechos humanos (el resto, 1.000.000, en promedio) y se había ido con una excusa. Ahora uno de los represores vestido con una guayabera y con una radio portátil en la mano identificaba a quien detener y a quien no de los familiares que salían de una reunión donde había recaudado dinero para publicar una solicitada en La Nación dirigida al dictador Videla.

Mientras María Carballeda de Cerutti se aferró a las rejas de entrada de la iglesia, y otras madres gritaban “nos llevan, nos llevan”, Domon fue esposada y empujada dentro de un auto . Otra madre, Angela Auad, fue llevada arrastrada de los pelos. Al tesorero del grupo lo golpearon y le sacaron la plata que habían recaudado por la solicitada y la lista de los firmantes. Todo duró minutos.

Pese al terror imperante, los familiares lograron reunir nuevamente la plata y publicar la solicitada. Dos días después, en otro procedimiento, un grupo de represores secuestraron a Azucena Villaflor -la primera presidenta de las Madres- de su casa en Cramer 117, Sarandí. Había salido a buscar un ejemplar de La Nación . Trató de resistirse y un colectivero quiso ayudarla pero fue reducido. Simultáneamente, dos hombres armados se llevaron sin violencia a la monja Leonnie Duquet de la parroquia San Pablo, en Ramos Mejía.

La desaparición de las monjas francesas provocó la protesta del gobierno de Francia en el marco de una repercusión internacional enorme . Oficiales del Ejército llamaron a la ESMA para saber si allí estaban detenidas pero lo negaron. Incluso, siempre según sobrevivientes, Massera se hizo presente e increpó al grupo de tareas

La respuesta fue inventar que las monjas había sido secuestradas por los Montoneros. En el sótano de la ESMA (ver foto) las obligaron a sacarse una fotografía con la bandera de ese grupo guerrillero por detrás y escribir una carta al jefe de la orden de las Hermanas de las Misiones Extranjeras, obispo Bernard Pierre Guyot, en la que pedían ser intercambiadas por 20 presos políticos. Ana María Martín, otra sobreviviente, encontró a Domon en el baño. Tenía los brazos morados de los golpes y caminaba con dificultad por la tortura . Sin embargo, preguntaba con preocupación que le había pasado a Gustavo Niño (Astiz), a quien protegía como a un hijo y no llegó a darse cuenta que era un infiltrado. Entre el 14 y 20 de diciembre el GT 3.3/2 se decidió “el traslado” -el asesinato y desaparición de los cuerpos- de todo el grupo Santa Cruz. Aunque no hubo testigos, según declaró el ex teniente Adolfo Scilingo, se les aplicaba el tranquilizante pentotal, se los subía dormidos a aviones de la Armada y se los arrojaba en el Río de Plata. En ese intervalo de fechas, aparecieron cuerpos en la playa de Santa Teresita y se los sepultó como NN en el cementerio de General Lavalle.

Recién en el 2005 fueron identificados los cuerpos de Duquet y Villaflor, entre otros. Durante el juicio oral de este año, el ex capitán Antonio Pernías -otro de los condenados- reveló (muy tarde) que el operativo “fue una equivocación ”.

Por Daniel Santoro

El día que Astiz mató a un músico de Vinicius

2012-01-12T23:27:00.000-08:00

Tenorinho. Era pianista, tenía 33 años y estaba de visita en el país.

A Francisco Tenorio Cerqueira lo confundieron con un militante y lo secuestraron 6 días antes del golpe del ’76. Lo asesinaron en la ESMA.

Voy a comprar cigarrillos y regreso”, fueron las últimas palabras que Vinicius de Moraes, Toquinho y el resto de los músicos cariocas, que por esos días actuaban en el teatro Gran Rex, le escucharon pronunciar a Francisco Tenorio Cerqueira en la noche del 18 de marzo de 1976 mientras bajaba las escaleras del hotel Normandie donde la delegación se hospedaba. Una patota integrada por cuatro hombres vestidos de civil que se movilizaban en un Ford Falcon lo secuestraron mientras circulaba por la avenida Corrientes con su aire de intelectual con pelo y barba largos. El estereotipo de su imagen bastó para que lo confundieran con un militante de izquierda y se lo llevaran para perderse en la noche de los parapoliciales que en los días previos al golpe dominaban la ciudad.

Francisco Tenorio o Tenorinho, como era conocido en el ambiente musical brasileño, era pianista y tenía 33 años. Vinicius de Moraes lo había seleccionado entre más de veinte músicos para acompañarlo en sus giras. Nacido en Río de Janeiro, desde adolescente se inclinó por la música y realizó estudios de piano. En 1964, pleno auge de la renovación musical en su país con Vinicius y la bossa nova, Tenorinho grabó su único disco solista, el intrumental Embalo, que lo hizo ser considerado una promesa en la renovación artística carioca y elegido por Vinicius para sus espectáculos de poesía. A comienzos de los años setenta, entre actuaciones y grabaciones, Tenorinho empezó a cursar estudios en la facultad de Medicina de Río de Janeiro.

A comienzos de 1976 Vinicius inició una serie de conciertos con los que recorrió Brasil y algunos países de América latina. A Buenos Aires llegó en marzo, cuando el golpe militar era un secreto a voces y el Operativo Cóndor aún no había mostrado completamente sus garras.
“Tenía ocho años cuando nos avisaron a mi madres y a mis hermanos lo que había ocurrido con mi padre en Buenos Aires. Mi único recuerdo nítido es verlo tocar el piano en casa”, dijo a Miradas al Sur Elisa Cerqueira, su hija mayor, en conversación telefónica desde Río de Janeiro. “Mucho tiempo después aquí en Brasil apareció un represor argentino huyendo de su país y reveló que vio a mi padre en la Esma muy torturado y que el 25 de marzo fue asesinado con un disparo en la cabeza por el oficial Alfredo Astiz”, señala Elisa.

La revelación corrió por cuenta de Claudio Vallejos, suboficial de la Esma, integrante del Servicio de Información Naval y torturador, quien además se jactaba de haber participado del secuestro del diplomático argentino Héctor Hidalgo Solá. En una entrevista publicada en 1986 en Brasil, Vallejos señaló tácitamente haber participado del secuestro del músico brasileño o al menos de haber estado al tanto desde el primer momento. “Él (Tenorinho) caminaba por la avenida Corrientes y lo confundimos con otra persona, un subversivo”. También sostuvo que participó en la detención y asesinato de los brasileños Sidney Fix Marques dos Santos, Luiz Renato do Lago Faria, Maria Regina Marcondes Pinto de Espinosa, Norma Espíndola y Roberto Rascardo Rodrigues, vistos en diferentes centros clandestinos de detención en la capital y el Gran Buenos Aires.
“El 20 de marzo de 1976, el oficial Rubén Chamorro –jefe de la Esma– pidió autorización para establecer contacto con un agente brasileño, cuyo código de guerra era 003, letra C y pertenecía al Servicio de Información Naval de Brasil, para que le informase qué grupo de tareas estaba interesado en brindar informaciones sobre la identidad y vínculos políticos de Francisco Tenorio Cerqueira Jr”, agregó Vallejos en la entrevista. “Astiz lo mató en el sótano de la construcción vieja de la Esma pero no sé donde lo enterraron”, finalizó el represor.

Silencio oficial. Pese a los intentos de Vinicius, que esa misma noche se movilizó en busca de Tenorinho, ni el gobierno argentino ni la embajada brasileña se hicieron eco de los reclamos. El 25 de marzo la Armada envió un comunicado a la representación brasileña en Buenos Aires donde reconoce responsabilidades oficiales. “Lamentamos informar el fallecimiento del ciudadano brasileño Francisco Tenório Júnior, pasaporte n° 197803, de 35 años, músico de profesión, residente en la ciudad de Río de Janeiro. El mismo se encontraba detenido a disposición del PEN, lo cual fue oportunamente informado a esa embajada. El cadáver se encuentra a disposición de la embajada en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, donde fue remitido para la debida autopsia”.

“Viajé varias veces a Buenos Aires en representación de mi madre para hacer los trámites judiciales de rigor”, señaló su hija. “Sólo el Estado argentino hace un par de años se hizo responsable del crimen de padre y nos indemnizó. En Brasil las investigaciones nunca se hicieron y ningún gobierno está dispuesto a investigar el Operativo Cóndor ni a hacerse cargo de los muertos y desaparecidos como mi padre. Sólo nos queda la memoria”.
En noviembre pasado se colocó una placa recordatoria sobre el número 320 de la calle Rodríguez Peña, la vereda del hotel Normandie donde Tenorio se hospedó junto al resto de los músicos brasileños y fue visto por última vez con vida. La iniciativa fue del legislador porteño por el socialismo Raúl Puy. Dice el texto: “Aquí se hospedó este brillante músico brasileño, víctima de la dictadura militar argentina”.

Por Fabián Kovacic

Indagatoria a dos imputados por la apropiación de Victoria Donda

2011-12-18T23:29:00.000-08:00

"Cori" Perez de Donda

El juez Rafecas citó a indagatoria a dos imputados en la causa por la apropiación de Victoria Donda
Se trata de Jorge Luis Magnacco y Adolfo Donda Tigel. Deberán presentarse esta semana ante el magistrado. Se investiga su participación en la sustracción y ocultamiento de la actual diputada nacional. En este expediente ya declararon otros tres acusados

En la causa en la que se investiga el delito de sustracción de menor ocurrida durante la dictadura y que tiene como víctima a la actual Diputada Nacional Victoria Donda, el juez federal Daniel Rafecas amplió las imputaciones ya existentes, al ordenar la citación a prestar declaración indagatoria los días 15 y 17 de noviembre del Oficial Médico Jorge Luis Magnacco y el represor Adolfo Miguel Donda Tigel, en calidad de imputados por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento de la -por aquel entonces- menor Victoria Donda Pérez, hija biológica de María Hilda Pérez y de José María Donda (este último, hermano de quien será indagado el día 17 de noviembre) quienes permanecen desaparecidos.

En ese expediente judicial ya prestaron declaración otros marinos, a los que también se les imputó su participación en ese hecho, a saber, Carlos Octavio Capdevila y Carlos Galián –conocido como “Pedro Bolita”-, a los que se suma un civil, Horacio Pessino –médico que firmó la partida de nacimiento apócrifa de la actual diputada nacional Victoria Donda-.

En el primer tramo de la causa, el juez Daniel Rafecas procesó y elevó a juicio el expediente en relación a Juan Antonio Azic, quien fuera imputado por la apropiación y ocultamiento de la menor, anotándola como su hija legítima bajo el nombre de Claudia Analía Azic.

La CIDH entregará al Juez Torres, parte de sus legados desclasificados

2011-12-14T22:54:00.000-08:00

Imágenes que prueban los vuelos de la muerte

El expediente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace público por primera vez incluye más de 130 imágenes e informes de las fuerzas de Uruguay sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por el mar durante la dictadura.

Por Alejandra Dandan

El informe es un texto mecanografiado, fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció, según la misma referencia, en la Laguna de Rocha, de Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente “presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”. No encontró el perito “ningún posible elemento identificatorio”: “El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas”.

El informe conservado hasta ahora entre los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve la luz por primera vez en 32 años. Es parte de un legajo con más de 130 imágenes y partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, durante los años de la dictadura argentina. Los informes más viejos datan de 1975. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos. Entre los papeles, un mapa muestra los ciclos de las corrientes y ubica las costas de Buenos Aires como punto de partida. Los documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de los vuelos de la muerte: las imágenes muestran los cuerpos atados con ligaduras en las manos y las piernas, sogas armadas con tiras de persianas y marcas de torturas. Los documentos llegaron al país en manos del secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que hoy los entregará en nombre de la Comisión al juez Sergio Torres, encargado de la megacausa ESMA.

Para la CIDH la entrega de los documentos representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus archivos confidenciales para un proceso de justicia. El valor de los documentos todavía es materia de análisis, pero el juzgado los considera clave no sólo por los vuelos sino porque podrían habilitar una solicitud para que el Estado uruguayo desclasifique todos los documentos relacionados con el hallazgo de cuerpos en la misma época.

La carpeta de documentos tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. Las imágenes son impactantes porque, además del estado de los cuerpos, intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, sogas y trozos de sogas de persianas sujetando las manos de las víctimas, que para el juzgado podrían ser pruebas del modo en que eran “trasladados” los desaparecidos durante los vuelos de la muerte. “Las imágenes están diciendo que esas personas eran tiradas con ligaduras, muestran cómo los sacaban, tienen el valor de tener además datos de los antecedentes o los pasos previos porque muestran que esos cuerpos están marcados con picana, que fueron entonces arrojados al mar en determinadas condiciones”, dicen en el juzgado.

La primera prueba categórica sobre la existencia de los vuelos apareció en 2005 con la identificación de tres cuerpos de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos el de Azucena Villaflor, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos presentaban “múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.
La carpeta

El origen de la carpeta 37 con los archivos de la CIDH todavía es un misterio. Incluso para Cantón. En una de las solapas, de todos modos, se lee “Argentina observation in loco”. Es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para precisar su procedencia es que le falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años –dice Cantón–. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula.”

Con el paso del tiempo, hoy puede entenderse que esa documentación que ahora se judicializa por primera vez no contiene las únicas imágenes o los únicos informes que se conocieron de los aparecidos argentinos en la costa uruguaya. El mismo Cantón quiso dejar a salvo ese punto. Porque ni para la CIDH ni para el juzgado importa mucho hoy cuánta difusión hayan tenido estas imágenes en otros espacios, sino que estaban archivadas donde estaban archivadas y que por primera vez una causa que investiga los vuelos de la muerte las incorpora como prueba.

Las fotos, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de los ’80 y luego con un libro, Un marino acusa. Publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.

Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje: “FA”. Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.

“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial –dice Cantón–. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial.”
Los datos

El legajo tiene tres grandes grupos de documentos: informes mecanografiados de tipo pericial, fotos y mapas. Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que la persona podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede ser un indicador para pensar el momento de los “traslados”. También hay descripciones de marcas de pantalones, en ocasiones ropa que sólo se fabricaba en Argentina.

Otro de los informes a los que accedió Página/12, del 22 de abril de 1976, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: “posiblemente fuera de raza blanca o amarilla”. De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello “imposible de determinar”, una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto “raza blanca o amarilla” porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del EAAF no les cierra, porque consideran posible la confusión.

Además de las imágenes, hay mapas. Uno señala con referencias las zonas con cuerpos encontrados (Montevideo y Colonia) y las zonas en las que se encontraron restos humanos (entre Carmelo y Colonia, Colonia y Montevideo, y La Paloma y Castillos). Otro mapa es de corrientes marítimas y señala a Buenos Aires como la zona donde fueron arrojados los cuerpos.

Las 65 cajas con archivos

Por Alejandra Dandan

Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, es una de las personas que promovieron que ese organismo de la OEA abriera los archivos confidenciales recogidos para el histórico informe prohibido de 1980. El acceso a documentos para las causas argentinas empezó a concretarse el mes pasado, durante una visita a la sede de Washington del juez Sergio Torres, quien fue a buscar documentos para la megacausa ESMA. Torres encontró 65 cajas de archivos y copió una selección, pero cuando se topó con imágenes que podrían probar los vuelos de la muerte pidió a la CIDH el material original. Eso es lo que hoy aportará Cantón.

–¿Por qué este legajo demoró tanto en conocerse?

–Para los organismos de este tipo, las denuncias son confidenciales por motivos obvios y no hay un mecanismo para hacer pública esa información. Esto fue parte de la discusión que tuvimos para ver de qué manera entregar esta información a ciertas causas judiciales.

–¿Hay más información?

–Creo que no hay más datos, pero no sabemos porque están guardados como se archivaban hace años. No hay nadie además en la comisión de aquella época. Tendremos que ir sabiéndolo con el tiempo.

Informe CIDH : valor probatorio

2011-11-28T22:55:00.000-08:00

El argentino Santiado Canton, secretario ejecutivo de la CIDH
“Esto tiene valor probatorio”

Cantón explica cómo la CIDH analizó el pedido del juez Torres para ceder documentos que habían sido abiertos con la promesa de la confidencialidad. Las dificultades para establecer un protocolo general para estas situaciones.

Por Alejandra Dandan

Santiago Canton es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es argentino y parte de quienes desde hace unos cinco años están pensando cómo desclasificar los documentos que desde los ’60 recibió el organismo de la OEA sobre los procesos de violación a los derecho humanos en la región. En diálogo con Página/12, Canton explica en qué consiste la decisión de apertura de documentos que se tomó en el caso argentino, sus límites y alcances, los efectos en otros estados y el cambio de paradigma hacia adentro de la organización.
–¿En qué consiste la decisión sobre Argentina y por qué se la tomó?

–Desde hace cinco o seis años se está discutiendo en la comisión el tema de los archivos históricos que tiene la CIDH y sobre el interés de muchos sectores de América latina para que se abran. Sin tener un conocimiento muy preciso sobre cuál era la información que pueden contener porque estamos hablando de archivos de los años ’60 en adelante. La discusión era cómo abrir los archivos, porque no existen protocolos en la OEA o en otros organismos de esta naturaleza, porque el principio básico siempre ha sido la absoluta confidencialidad. Cuando uno vuelve a ver las cartas de las personas que denuncian durante la dictadura en Argentina, muchas dicen que “por favor no digan nada porque temo por nuestras vidas”. Entonces, la pregunta era si se podía cambiar este principio de confidencialidad. Pasados veinte años o treinta años de retornada la democracia, ¿cuáles son las características que tiene que haber para hacerlo?
–¿Y qué decisión tomaron?

–En algunos casos se entregaron los documentos a familiares que los pedían porque tenían interés. Veíamos que no había problemas, casos, por ejemplo, de hijos que pedían por sus padres. Un material que para ellos tiene valor emocional. Pero todavía está pendiente qué criterio usar con los archivos en el resto de los casos. De alguna manera, el caso de Julio López en Argentina planteó nuevamente esa pregunta, puso una luz de alerta. Si bien no era un caso que se hubiera presentado ante la CIDH en su momento, indica que a pesar de los enormes avances todavía ha habido problemas. La comisión debe aplicar un criterio que tiene que ser igual para todos los países. Finalmente se decidió avanzar en un protocolo general para todos los casos. Es un protocolo que no está aprobado en su forma definitiva. pero sin perjuicio de eso la comisión entendió que había que ir adelante, estudiando caso por caso.
–¿Van a analizar cada caso?

–Como la solicitud que había planteado el juez Sergio Torres llevaba muchos años, hablé varias veces con él para ver cómo hacerlo. Finalmente, se envió una carta invitando a que vinieran, informando sobre los casos que tenían interés. Encontramos unos 200 archivos aproximadamente. Torres vino con todo su equipo, se vieron con la CIDH, explicaron qué estaban haciendo. Ahí surgió un montón de información que posiblemente tenga un alto valor probatorio y al mismo tiempo se planteó un protocolo para ver si se mantenía la confidencialidad. Entendimos que solamente se iba a poder ir abriendo de acuerdo con lo que pida el juez.
–¿Por qué, entonces, a pesar de la desaparición de Julio López la CIDH entiende que es tiempo de abrir esos documentos?

–Se discutió mucho, por eso los archivos no se han abierto al público. En otras condiciones, uno se puede preguntar cómo procedemos y entender que trascurridos 25 o 30 años pueden abrirse. Podríamos decir: los países son democráticos, abramos porque es importante para su historia. Pero se consideró que no estamos en una situación en la que se puedan abrir ni a todos los estados ni a todas las personas. Por eso se establecieron distintos niveles de confidencialidad según los casos.
–¿Trabajarán sobre pedidos que les lleguen de acá en adelante o también con los que ya les hicieron?

–Ya hemos recibido varios pedidos, tanto de Argentina como de otros sitios. La situación de los países de la región no es la misma. Hace un tiempo tuvimos un golpe de Estado en Honduras, en un escenario que no se puede distinguir completamente de la situacion que se vivió en los ’80.
–En 1980, la CIDH publicó el informe final cuya circulación fue prohibida en Buenos Aires. El informe tiene relatos en tiempo presente y con una inmediatez que es difícil encontrar hoy en los juicios orales, a más de 30 años. ¿Puede compararse el valor documental con los archivos que fueron desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos?

–El tema es qué tipo de información hay alrededor de esa visita. Hay denuncias recibidas por la CIDH a partir del golpe, personas que empiezan a enviar denuncias sobre la ejecución o desaparición de sus familiares. Si uno ve las cartas, hay padres, hermanos, diciendo “ayer” o “hace tres meses que a las 3 de la mañana golpearon la puerta de mi casa, entraron diez personas encapuchadas, se llevaron a mi hijo o mi hija, nunca más lo vi, ayúdennos”. O: “Estoy pidiendo un hábeas corpus ante tal juzgado y no pasa nada”. Y a partir del golpe se produce esa avalancha de denuncias que casi con seguridad fue un factor fundamental para que la comisión viera que estaba pasando algo en Argentina. Que la dictadura no era la cara linda que querían mostrar. También están las denuncias que se recibieron durante la visita. La CIDH se entrevistó con militares en el poder, con quienes estaban en las cárceles, detenidos, visitó la ESMA. Todo eso está en los archivos desde hace décadas. De esa información hay muchos aspectos que son de un valor probatorio, no sólo histórico.
–¿Existen las minutas transcriptas de las entrevistas que fueron manteniendo? El Informe final habla de dos encuentros con el dictador Jorge Rafael Videla, sus ministros y los responsables de las zonas.

–Hay archivos de generales de la dictadura, pero tampoco hay tanto como hubiese esperado. No sé si hay algo más porque un expediente, cuando está terminado su proceso, va al archivo central de la OEA, donde están los archivos de la CIDH y de otras entidades del organismo.
–¿Argentina como prueba piloto abre la posibilidad de empezar a abrir esos archivos que se guardan en la OEA?

–Completamente. Es un proceso único que permitirá establecer un protocolo teniendo en cuenta la información que tiene la CIDH y sirve para el fortalecimiento del estado de derecho en los países de la región. Hoy los están pidiendo la Comisión de la Verdad de Ecuador, de Panamá, está a punto de crearse la de Brasil y por eso tiene mucho valor actual, no es un valor meramente académico o histórico.

La CIDH desaclasificará documentos de su informe sobre la dictadura

2011-11-28T22:46:00.000-08:00

Lo que encontró la CIDH, 32 años después

Por iniciativa del juez Sergio Torres, que investiga la megacausa ESMA, la CIDH cederá documentos del informe elaborado a partir de su visita de 1979. Los funcionarios judiciales fueron a Washington donde encontraron 65 cajas con documentación.

Por Alejandra Dandan

Las cajas de documentos que durante la dictadura dieron sustento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezaron a volver al país. Se trata de una medida inédita en este organismo de la OEA que durante años recibió e, invariablemente, rechazó pedidos de acceso a los documentos, tanto de jueces argentinos como del resto de la región. Una misión a Washington encabezada por el juez federal Sergio Torres, en el marco de las investigaciones por la megacausa de la ESMA, terminó de habilitar la desclasificación de documentos, en una decisión que la CIDH la considera histórica y consigna como un reconocimiento a los procesos de verdad, justicia y memoria desarrollados en el país. Durante la estadía, Torres digitalizó sólo una parte de las 65 cajas de archivos con informes ligados al centro clandestino de los marinos. Los documentos servirán como prueba para reforzar tramos de la megacausa, pero en las cajas hay además archivos de valor histórico. Ahora todo está guardado en el juzgado, reservado, aunque a disposición de las partes. La discusión ahora hacia el interior de la OEA es si se trata de una excepción o es un antecedente para otros países de la región (ver nota aparte).

“Es una foto de la época que nadie puedo tomar, no hay otros registros”, dice Pablo Yadarola, secretario del juzgado, uno de los que integró la misión. “Mi sensación es que cuando uno vuelve a mirar esos papeles a la luz de la historia lo que ve es, entre las cartas de los familiares, un último pedido de auxilio, porque dentro del país todo estaba prohibido.”

Los relatos de quienes se aproximaron a dar testimonio durante la inspección de la CIDH al país en diciembre de 1979 contienen el tempo del tiempo presente con detalles y enorme cantidad de datos, que cobran mayor fuerza cuando se los compara con los que se escuchan más de 30 años después en los juicios de lesa humanidad.

Uno de los ejemplos es el caso de la mujer de Alberto Samuel Falicoff, médico que realizaba prácticas en el hospital de niños de Córdoba. Los dos fueron trasladados a la ESMA. Su mujer salió al cabo de un mes aproximadamente y denunció el caso ante la CIDH, antes de la visita del organismo al país. Ese testimonio reúne dos características. Es el único de aquel caso, porque su mujer no volvió a declarar y el relato lo usó por lo menos una de las querellas en el juicio como prueba de ese secuestro. Pero su potencial radica en la fuerza de la inmediatez, un dato que podría reencontrarse en los documentos que quedaron de lado.

“En el baño el guarda me saca la capucha, me pregunta cuántos años tengo, si soy casada y si tengo hijos”, dice la mujer. “El es un pibe de aproximadamente 17 años. Se porta muy atento y me pide que lea lo que dice en mi capucha y veo escrito con fibra sobre la tela ‘posible franco’. Le digo qué significa y me dice que me van a largar. Su única misión es cuidar que los prisioneros no hablen, no levanten la capucha y a los que lo hacen pueden pegarles a gusto hasta matarlos.” Le contó que el día anterior le tocó ir a una casa que alguien había denunciado. Que como los dueños trataron de escapar “tuvieron que disparar y mataron a la mujer joven con un niño. Que después pudieron comprobar que no tenían nada que ver, que a él le había hecho mal pero que toda la culpa la tiene quien denuncia a gente inocente”.
El viaje

Torres decidió pedir los documentos por dos razones. Para ampliar la base de pruebas de las víctimas ya identificadas y, además, para buscar nombres de víctimas hasta ahora no identificadas. Antes de iniciar el viaje, el juzgado mandó un listado con las algo más de 900 víctimas que pasaron por la ex ESMA, con nombres de los acusados. La CIDH hizo una primera clasificación de archivos que arrojó más de 200 coincidencias.

En Washington, el juzgado encontró 65 cajas con unos cien legajos cada una. De la primera clasificación, hecha en una semana, entendieron que de las 65 cajas, unas 55 tienen legajos de la víctimas, una parte de las cuales sigue “reservadas” porque los denunciantes le pidieron a la CIDH mantenerla en esos términos. Y 10 cajas son documentos cuyo valor no sólo es judicial sino histórico porque, entre otros elementos, guardarían las entrevistas que mantuvieron los seis funcionarios del organismo. Entrevistas con jerarcas de la dictadura como Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Albano Harguindeguy o Adolfo Gabrielli, entonces presidente de la Corte Suprema. También Luciano Benjamín Menéndez y con ex presidentes como Héctor Cámpora o Arturo Frondizi. Con la Iglesia Católica, integrantes de organismos de derechos humanos, asociaciones empresarias y gremiales. También, se sabe, hay encuentros con asociaciones de “víctimas del terrorismo”, que se acercaban a hacer lobby a favor del país del “somos derechos y humanos”.

El modo en el que usará la información y su circulación de momento está limitada a los que intervienen en el juicio: fiscales, defensores y querellas. Desde el juzgado subrayan su carácter reservado y secreto dado el futuro que puede tener esta decisión en el marco de la OEA parece sujeta a las lides diplomáticas.
La comisión

En la historia de la ESMA el paso de la comisión marcó un antes y un después distinguible en su edificio. Mientras los marinos se preparaban para la visita, trasladaron a los detenidos a la isla El Silencio, del Tigre, propiedad de la Iglesia Católica, actividad operativa que estuvo a cargo del represor Ricardo Cavallo. En el edificio tapiaron una de las puertas de acceso y modificaron la planta principal.

La comisión recibía denuncias desde 1975, pero después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 las denuncias se convirtieron en avalanchas de reclamos. Sus integrantes empezaron a expresarle al gobierno argentino su “preocupación por el número cada vez más grande de denuncias y por las informaciones de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos y libertades fundamentales”, como recordaron Emilio Mignone y Agusto Conte en la introducción de lo que años después iba a ser el Informe Prohibido, informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.

“Como las respuestas de la dictadura fueron insuficientes –cuando contestaba– o carentes de verosimilitud sugirieron el envío de una misión.” El 18 de diciembre de 1978 la dictadura aceptó la inspección, pero como consecuencia de las presiones y esfuerzos dilatorios terminó realizándose un año más tarde: entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.

La visita se boicoteó internamente con la campaña “destinada a desprestigiar al organismo presentando su actuación como intromisión en asuntos internos”, recuerda ese libro. Algo que puede verse en las páginas de los diarios de la época, que reproducen solicitadas de empresas y títulos con la lógica del boicot. Decíamos ayer, de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta compiló algunas imágenes: la tapa de la revista Somos del 7 de septiembre de 1979, que caricaturiza a un funcionario de la CIDH que aparece con una lupa apuntando a las narices de un militar: “Comisión de Derechos Humanos ¿Qué buscan?”, decía el título. Pocos días antes, el Banco Provincia publicó una solicitada en La Prensa: “Los argentinos somos derechos y humanos”. El 13 de septiembre, el diario La Razón presentó un textual del cardenal Primatesta en el que decía que la Iglesia “ratificó su posición respecto de la realidad nacional”. Realidad que había sido reseñada el 9 de septiembre, en Clarín. Monseñor Guillermo Bolati, arzobispo de Rosario, decía: “Cada país debe regular los derechos humanos. No deben ser los extranjeros los que nos vengan a indicar qué tenemos que hacer”. El 22 de septiembre, cuando la comisión dejó el país, La Nación difundió la posición oficial ante la visita: “La Argentina solo se confiesa ante Dios”. El mismo día, La Prensa reprodujo una frase de Harguindeguy: “La Argentina no tiene nada que ocultar”. Y luego: “Mentiras infames sepultadas por la verdad incontrastable y comprobada”.

Para entonces, los periodistas que habían estado cubriendo la inspección de la comisión a la cárcel de Devoto dejaron constancia de que habían sido fotografiados individualmente. Y que frente las oficina de la OEA, en Avenida de Mayo, se “ha advertido la presencia en las reuniones de prensa de personas que no es posible identificar como prensa de ninguno de los medios conocidos”. Carmen Lapacó era una de las mujeres que hicieron la fila en la sede la OEA de Avenida de Mayo.

La comisión aprobó el informe el 11 de abril de 1980, pero el ingreso de ese documento al país estuvo prohibido. Mignone y Conte lo explicaron en la edición que se logró hacer en 1984: “Pese a su interés e importancia es prácticamente desconocido en nuestro país. Cuando apareció, los diarios y revistas argentinas –por sugerencia del gobierno militar– se limitaron a transcribir sus conclusiones seguidas de una refutación elaborada por el régimen (...). Las organizaciones de derechos humanos no encontraron entonces una sola imprenta dispuesta a correr el riesgo de imprimirlo”. Unos 500 ejemplares lograron ser traídos desde Washington y se reprodujeron clandestinamente.

“El CELS todavía estaba en su sede d Viamonte –explica Carmen Lapacó–. Emilio Mignone trajo el informe de allá y entonces me acuerdo de que Noemí Labrune y yo sacábamos de ese informe hojas, no seguidas sino de lugares distintos, de a dos o de a tres, del medio. Había pocos lugares con fotocopiadora, íbamos a una y después a otra: nos recorrimos medio Buenos Aires para que no se dieran cuenta qué era. Una vez, a Noemí le pasó que el hombre que le iba a sacar las fotocopias le dijo: ‘Usted es una subversiva’, y le tiró los papeles en la cara. Dado ese antecedente, otra vez yo llevé otras a un lugar en Caballito. Voy a buscarlas. Dos muchachos jóvenes de una imprenta dicen: ‘¿Por qué están así cortados? Nosotros tenemos interés en tener todo’. Pero con lo que había pasado, les dije que trabajaba en un estudio jurídico, del miedo que tenía. Me dicen: ‘Dígales a los abogados que nos den todo que les hacemos un precio especial’. Salí y me tomé un taxi, vivíamos con miedo.”

Cuando estuvieron listas todas las fotocopias, cuenta, se reunieron con Luis Zamora y empezaron a armar los juegos. Zamora hacía los agujeros en las hojas. “Pero cuando hubo que armarlos no teníamos nada porque había en ese momento ganchos como los de ahora, yo tenía de casualidad en mi cartera unos anillos para colocar la cortina del baño y vimos que servían. Entonces, se compraron ganchos de cortina del baño, lástima que ahora yo no tengo mi ejemplar, que quedó en el CELS.”

Como también revelaba Mignone, esas copias se entregaron en mano a jueces, obispos, periodistas y personalidades relevantes. Obviamente, también entre las organizaciones de derechos humanos y familiares, que fueron quienes costearon la precaria y clandestina edición. En 1980, el Informe Prohibido tiene la estructura y la potencia de lo que años más tarde sería el Nunca Más. Dejó constancia de los desaparecidos, de los centros clandestinos, de los mecanismos de secuestros y torturas

Los archivos de la dictadura brasileña: una ayuda para Astiz

2011-11-18T00:03:00.000-08:00

Por Darío Pignotti - Desde Brasilia

La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. “Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires”, por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.

Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.

Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.

Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una “fase nueva del Cóndor”, que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia”, y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.

La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la “subversión”. Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el “telegrama confidencial urgente” del 27 de julio de 1977.

Allí se habla de un supuesto viaje de Ma- ssera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.

La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, “esto me consta, estoy seguro de que fue así”, afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.

El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge “Tigre” Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.

Confirmados los procesamientos de 4 aviadores y 1 abogado por los vuelos de la muerte

2011-11-14T00:23:00.000-08:00

Pilotos, cada vez más cerca del juicio oral

La medida abarca a tres ex prefectos identificados como pilotos del vuelo en el que se asesinó a las monjas francesas y las fundadoras de Madres. El abogado Gonzalo Torres de Tolosa y el suboficial naval Rubén Ormello completan la nómina.

Por Diego Martínez

Tres ex pilotos de los Skyvan desde los que se arrojaron secuestrados vivos al mar durante la última dictadura podrían compartir con Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón & Cía. el banquillo del próximo juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los ex prefectos Enrique De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro D’Agostino, identificados en una investigación del Ministerio Público Fiscal como pilotos del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977 en el que habrían sido ejecutadas las monjas francesas, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y los familiares secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. Sigue libre e impune en Necochea el superior de los aviadores, prefecto general Hilario Ramón Fariña, ex jefe de la División Aviación de Prefectura durante la dictadura, denunciado desde 1984 ante la Conadep como responsable de “tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”.

La resolución de la Cámara Federal que confirma los procesamientos ordenados por el juez federal Sergio Torres lleva las firmas de Martín Irurzun y Eduardo Farah e incluye a otros dos acusados: el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, ex defensor de sus compañeros de la ESMA, denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojar al vacío, y el suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, quien relató su actuación en los vuelos en los años ’80 ante sus compañeros de trabajo. El ex mecánico de la Armada trabajó hasta el día de su detención en Aerolíneas Argentinas, igual que Arru y De Saint George, que eran comandantes de vuelos internacionales.

El capitán Emir Sisul Hess, quien confesó sus crímenes en privado en los ’90, es por el momento el único imputado por su participación directa en los vuelos que ya está en manos del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que condenó al primer grupo de 16 represores de la ESMA y que a mediados de 2012 comenzaría el segundo proceso oral y público. A fines de septiembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Julio Alberto Poch, el ex piloto que confesó sus crímenes ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia. De los tiempos que demore la elevación a juicio y del criterio de acumulación de causas que adopte el tribunal que preside el juez Daniel Obligado dependerá que Poch y los cinco acusados que desde esta semana tienen procesamiento firme sean juzgados a partir del próximo año o recién en un tercer proceso, que al ritmo actual no arrancaría antes de 2015.

De Saint George, Arru y D’Agostino fueron imputados a partir del estudio de 2800 planillas de vuelo de los Skyvan de Prefectura, realizadas por la Unidad Especial sobre delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, y de testimonios de ex suboficiales y civiles que prestaban servicios para Prefectura obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio. Entre quienes tenían “la sartén por el mango” con los vuelos de la muerte, según un ex prefecto que declaró en la causa, también estaban los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, que está radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA.

La impunidad de Fariña es difícil de explicar. Su nombre completo figura desde enero de 1984 en una carta enviada al presidente Raúl Alfonsín por la “oficialidad joven y no corrupta de Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”. Se lo sindica con todas las letras como “quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. Fariña conducía la División Aviación (DAV), que integraban apenas catorce pilotos y una docena de mecánicos. Entrevistado por Página/12, primero negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”. Su imputación está en manos del juez Torres, que instruye la megacausa ESMA, y del fiscal federal Eduardo Taiano, quien consultado para esta nota no recordó haber pedido su citación para prestar declaración indagatoria.

De Saint George, Arru y D’Agostino eran en 1977 oficiales principales. Sus superiores inmediatos eran Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. El bahiense D’Agostino era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en el aeroparque Jorge Newbery. Diecisiete días después del vuelo que lo distingue de los pilotos de los Skyvan que continúan en libertad fue elogiado por Zaldúa por el “dominio de sus reacciones emotivas” y porque “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En 2003 murió el mecánico que participó del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.

La Corte Suprema revocó la excarcelación de dos imputados por crímenes cometidos en la ESMA

2011-11-04T06:34:00.000-07:00

Se trata de Juan de Dios Daer y Edgardo Aroldo Otero. El Máximo Tribunal dejó sin efecto un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió -expedientes D.l74.xLVI y ü83.XLVI-, por mayoría, hacer lugar a las quejas deducidas por el fiscal, declaró procedentes los recursos extraordinarios y revocó las decisiones apeladas. En el planteo realizado se había cuestionado los pronunciamientos por los cuáles la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal concedió las excarcelaciones de Juan de Dios Daer y Edgardo Aroldo Otero, bajo caución personal, en el marco de una de las causas conocidas como "ESMA”

La camiseta

2011-11-01T00:37:00.000-07:00

Por Marcelo Brodsky *

La fotografía no tiene fin. La imagen que había conseguido reconstruir, el retrato de mi hermano de los hombros para arriba detenido en la ESMA, resultó estar incompleta. Durante la visita que realicé con Víctor Basterra al Juzgado Número 12, donde se tramita la causa ESMA, Víctor reclamó su derecho a revisar el expediente para ver las pruebas que él mismo había aportado. El primer expediente que vimos mostraba sólo fotocopias. Pedimos los originales. Aparecieron.

Y la foto estaba allí, pero completa. De los hombros continuaba hacia abajo, hacia la cintura. Y se veía la camiseta. Una prenda desgarrada, irregular, básica. Una camiseta mínima, arrugada, envolviendo un cuerpo púber después de una sesión de tortura.

Los hombros se ven jóvenes, cruzados por las tiras de la prenda. (Los tiempos en la fotografía se superponen, continúan.) La indefensión y al mismo tiempo la belleza de la juventud, asomando entre los trozos de tela tras la paliza. El rostro un poco desencajado, pero aún íntegro. La fotografía amplía, agrega información. Tiene pequeños detalles tan irrelevantes como reales. Permite vislumbrar los pasadizos oscuros que llevan a la pared contra la que se hizo, los ruidos de las cadenas arrastradas al caminar, los grilletes...(otra foto muestra las marcas en las muñecas de las cuerdas de amarrar, en una mujer joven, hermana de otro).

El ligero abrigo que da la camiseta viste al cuerpo en su dolor, lo marca. No es un cuerpo desnudo. Recuerda el taparrabos de otro torturado, en la cruz. Y los pañuelos. Géneros blancos en lugares distintos, retazos.

Me cuentan que hacía gimnasia en la celda, un espacio similar a un chiquero para criar chanchos –convinimos en la charla con Basterra–, con paredes de apenas un metro de alto. Un lugar rectangular, pequeño, del tamaño de una colchoneta, por el que apenas se podía asomar la cabeza. Allí mismo hacían lo posible por charlar. Una colchoneta que sólo tenía gomaespuma y frazadas: ni forro ni sábanas. Lo mínimo, lo que se da a un esclavo, lo básico para subsistir y no morirse de frío, porque las sesiones debían continuar.

Siempre me gustaron las camisetas. Cuando duermo me pongo una, más bien una remera. Esta es distinta, es la clásica, la del barrio, la del carnicero tomando mate. Encima –es de suponer– bastante sucia, con su olor pegado, y sus pliegues, sus sombras y sombritas en la fotografía, pegadas al cuerpo de mi hermano todavía vivo.

Y una cosa le dijeron los nueve a Basterra, un día que consiguieron reunirse con él con la complicidad de un guardia “bueno”, asomando sus cabezas por el hueco de esos cuartuchos. Le preguntaron “qué será de nosotros”. Silencio. Víctor no sabía, no podía ni quería imaginar lo que sería. El había conseguido cambiar de escalafón: ahora era fotógrafo: lo necesitaban para algo más que para darle máquina. “Que no se la lleven de arriba, Víctor.” Eso le dijeron, los nueve, a oscuras. Que no se la lleven de arriba.

La abogada de las familias de las monjas francesas celebró el fallo

2011-10-28T00:48:00.000-07:00

La abogada de las familias de las monjas francesas secuestradas por el grupo de tareas de la ESMA, Sophie Tonon, celebró el fallo de la justicia que condenó a prisión perpetua a 16 represores por crímenes de lesa humanidad en ese centro clandestino de detención.

"Tanto las familias de Alice Domon y Leoni Duquet y yo como abogada nos alegramos mucho que 35 años después, la justicia argentina haya entregado una decisión igual a la que Francia entregó hace más de 20 años", dijo en declaraciones formuladas a Télam la letrada francesa al referirse a la condena que aplicó ese país a Alfredo Astiz -en ausencia- por el crimen de las monjas.

El miércoles, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a 12 ex marinos, entre ellos Astiz, responsable de "marcar" a las religiosas galas que fueron secuestradas junto a familiares que se reunían en la iglesia Santa Cruz, luego torturadas en el centro clandestino de la ESMA y, finalmente, arrojadas vivas al mar.

Tonon recordó que el fallo "es el primero que se produce en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en la ESMA y por primera vez sobre desaparición de personas arrojadas vivas al mar".
Consultada por la omisión acerca del cumplimiento de la sentencia en cárcel común, como lo solicitaron las querellas, la abogada precisó que "la exigencia de las familias fue cárcel sin ningún privilegio" y consideró que "si no se explicita, se debe aplicar lo que es corriente y no la excepción".

"La cárcel `dorada` es una excepción, no se aplica si no se menciona", declaró la representante legal aunque aclaró que "será materia de consulta con el cuerpo de abogados" de las monjas.

ESMA: “Este juicio es producto de la lucha de años”

2011-10-28T00:36:00.000-07:00

Entrevistamos Myriam Bregman, miembro del CeProDH y Justicia Ya y militante del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), quien junto a Luis Bonomi es abogada de la querella por el asesinato de Rodolfo Walsh.

¿Qué significa para vos este veredicto?

Este juicio llega después de muchos años de lucha, sufrió todos los avatares de lo que fueron las leyes de impunidad. Muchos de los hechos que aquí se juzgan son hechos que incluso fueron juzgados y analizados en el Juicio a la Juntas y después de 20 años se vuelven a reiterar. Es una causa que se había iniciado en 2007 contra el prefecto Febrés y antes de que termine éste fue envenenado con cianuro en su lugar de detención, así que llegar a esta instancia y conseguir cadenas perpetuas para estos represores, muchos de ellos simbólicos como Astiz, el Tigre Acosta, Pernías es para nosotros muy importante. Por supuesto que las absoluciones nos dejan un sabor amargo, tres en el caso específico de Rodolfo Walsh y hace que veamos que es importante que redoblemos la pelea por demostrar que en la dictadura participaron todos. Como los mismos represores lo dijeron aquí, fue una participación institucional. Las absoluciones las apelaremos, lo mismo condenas a 18 años como la de Azic, quien torturó al bebe de meses de Carlos Lorskipanidse.

Luego del veredicto, el tribunal de un modo nombra y reconoce la figura de genocidio gravitando en el este juicio, ¿cómo lo tomaron ustedes?

Todavía tenemos que esperar a lo que resuelva el tribunal pero por el adelanto de hoy ya podemos decir que el tribunal hace un reconocimiento de que los delitos cometidos en la Argentina fueron parte de un genocidio y que este genocidio se cometió por motivos políticos. Esto es muy importante porque es parte de lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace muchos años, con algunos logros parciales como los que hemos obtenido en los fallos de La Plata como otros a partir de aquel primer planteo casi en solitario que hicimos en el juicio contra Etchecolatz. Y ahora que este tribunal hable de genocidio, más allá de que no haya encuadrado cada hecho en particular, demuestra que hemos instalado un debate, que para nosotros no es un debate sólo jurídico porque lo que queremos discutir es cuál fue el proceso político que se dio en la Argentina entre el ´76 y el ´83.

Decías antes que hubo también absoluciones

Las absoluciones eran esperables e increíbles. Absolver a Rolón, miembro clave de la patota de la ESMA, que todo el tiempo reivindicó lo actuado, y que incluso en mi caso particular me “aconsejó” que abandone mi discurso trotskista, que le hace rememorar a 1917, y que encima dijo que con eso se conseguían pocos votos! También Astiz me aconsejó que no siga defendiendo el derecho al aborto, insólito!

Es decir, gente que reivindica absolutamente lo que hizo, que tiene conocimiento profundo de los hechos, que calla, que no dice el destino de los desaparecidos y que hoy resulta absuelta. La verdad que cada vez que el tribunal nombró la palabra absuelto era como que un silencio recorría la sala, porque nadie podía creer que se trate de Rolón, de García Velazco, de Coronel, ¡los tres asesinos de Rodolfo Walsh absueltos! Coronel (que fue condenado por el resto de los casos) que es un caso extremo, era miembro del Ejército y se fue a prestar para actuar como patota en la ESMA y para que no se lo incrimine en el caso Walsh dice que estaba “persiguiendo subversivos en la fábrica Fate de San Fernando”. Tiene una naturalidad en reconocer cómo actuaban en la dictadura y a quiénes perseguían, que aunque en este caso sea mentira (ya que efectivamente participó del asesinato de Walsh) es asombroso el argumento que utiliza. El caso de García Velazco tiene una connotación especial para Patricia Walsh, para los familiares y amigos porque es nada más ni nada menos que el que comandó el operativo de persecución y secuestro de Walsh.

Resulta llamativo que del centro clandestino más grande del país, donde pasaron 5.000 detenidos desaparecidos, sean nada más que 18 los militares acusados

Es que este juicio tuvo la particularidad de ser por 18 represores, fue sufriendo cada vez más fragmentaciones y no se juzga a todos los genocidas que pasaron por la ESMA, como en la mayoría de estos juicios que se dan de forma absolutamente fragmentada. En este momento no son mucho más de 60 los que están procesados en total por la causa ESMA; uno habla de “Mega causa” pero eso no quiere decir “mega imputados”, porque son bastante pocos, porque muchos de esos imputados están en libertad, incluso los que hoy recibieron condena, muchos de ellos hoy se fueron a su casa. Esto es notorio. Y también, como demostramos en nuestro alegato, la Armada participó en forma institucional, y de todos ellos, la mayor parte está impune, imagínense que sólo 60 están procesados. Y muchos, 4.000 todavía hoy, a punto de empezar el tercer gobierno kirchnerista, están en funciones. Así que tenemos que seguir movilizados para que no sean sólo 18 los juzgados, sino que se juzgue al conjunto de la institución la que participó en la dictadura para lograr la total y definitiva condena a todos por lo que son, genocidas.

No será el último juicio.Volveremos a acusar por Genocidio

2011-10-26T22:34:00.000-07:00

Una vez que concluya el segundo tramo de la Megacausa ESMA, otros 70 procesados por casi 800 desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el mismo centro clandestino, seguirán esperando aún un juicio oral. Se trata de los acusados en ocho causas, por el despojo sistemático de bienes a los prisioneros, los "vuelos de la muerte", el asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin y la “maternidad” de la misma Escuela de Mecánica.

El dilema que enfrenta la Justicia es si estos juicios se realizan uno a uno, lo que insumiría unos diez años hasta que el TOF5 complete su tarea, o si se unifican en un único juicio que se iniciaría el año próximo, como pidió la Unidad Fiscal de seguimiento de estos procesos, dependiente de la Procuración General de la Nación. Todos los casos integran la “Megacausa ESMA”, que centraliza el juez federal Sergio Torres, a cargo de sistematizar las denuncias e investigar la multitud de delitos contra las más de 4500 personas que habrían pasado por este centro clandestino, uno de los mayores del país, con la sola excepción de Campo de Mayo.

Los primeros 18 integrantes del grupo de tareas 3.3.2. fueron juzgados apenas por una parte de los delitos, como el secuestro, torturas y homicidios de 85 víctimas ("casos", en la jerga judicial), entre ellos las Madres fundadoras: Mary Bianco, Esther de Careaga y Azucena Villaflor Devicenti; las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Rodolfo Walsh.

“Los nombres de los imputados se repiten en todas las causas y los casos se entremezclan, por lo que unificar lo que resta en un único juicio es un tema de economía procesal”, afirmó a la agencia oficial Télam el fiscal general Pablo Parenti. Alfredo Astiz, su jefe el "Tigre" Acosta y el resto del staff de la ESMA son figuras centrales en la mayoría de las causas, como la desaparición de Hagelin, una adolescente sueca de 17 años, baleada por Astiz en la calle y llevada a la ESMA, donde desapareció en febrero de 1977. El caso generó un escándalo internacional por el reclamo del Estado sueco, que casi llega a una ruptura de relaciones, en una actitud similar a la de Francia con las monjas Domon y Duquet.

Otras dos causas, la 1415 y la 1349, que ya fueron elevadas a juicio oral en 2010 y 2009, y reúnen a 500 y 381 víctimas, respectivamente, que en su mayoría permanecen desaparecidos, y en la que además de los integrantes del grupo de tareas están acusados dos almirantes, Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, así como el médico militar Jorge Luis Magnacco, quien atendía los partos de las cautivas en la ESMA y quien fraguó las actas de nacimiento para cambiar la identidad de los recién nacidos y entregarlos a represores, como surge también del juicio en curso por el plan sistemático de robo de bebés.

Otras tres causas están referidas al despojo sistemático de bienes a prisioneros, y en una de ellas está imputado Eduardo Enrique Massera, hijo del entonces jefe de la Armada, lo que habla de la centralidad de estos delitos en los que además de represores hubo escribanos, inmobiliarias y un circuito del dinero robado. Una de esas causas investigó el traspaso fraguado de una finca en Chacras de Coria, Mendoza, a varios marinos, y otra la denuncia del prisionero Víctor Basterra, cuya madre vendió una vivienda en Valentín Alsina ante promesas de mantener con vida a su hijo; ambas han sido ya elevadas a juicio oral.

El represor Juan Lorenzo "Jeringa" Barrionuevo, encargado de inyectarles pentotal a los cautivos que iban a ser arrojados vivos al mar, tendrá en este esquema de juicios por goteo su propio juicio, a menos que la causa finamente se acumule con la de los aviadores ya identificados de los “vuelos de la muerte”.

Un juicio producto de la lucha. Condenas dispares, dos absoluciones deplorables

2011-10-26T21:45:00.000-07:00

Inmutable. Así se mostró Alfredo Astiz, uno de los emblemas del horror provocado por la última dictadura militar, al recibir la pena de prisión perpetua en el marco de la causa ESMA, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en el mayor centro de tortura y exterminio que tuvo Argentina. .

En el marco de la megacausa de la ESMA, que demandó más de 22 meses de debate y los testimonios de más de 200 testigos, el tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli había decidido sentar en el banquillo de los acusados a 18 represores.
La expectativa, entonces, era enorme. Desde temprano el frente del Tribunal de Comodoro Py se fue poblando por familiares y miembros de movimientos de derechos humanos, políticos, sociales y sindicales. Se dispuso allí un palco, con equipos de sonido y la pantalla televisiva, donde se siguió la lectura del veredicto y donde cada condena fue festejada a puro grito y emoción.

Visiblemente conmovida lucía Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien destacó que la lectura de la sentencia que condenó a 16 represores de la ESMA constituyó "otro día histórico, uno de esos días que jamás las Madres pensamos que íbamos a vivir".

Pero para muchos este es sólo el primer paso. "En términos jurídicos, la lectura de la sentencia es la culminación de una lucha de dos años", dijo Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, quien subrayó que este juicio abarcó sólo a una parte menor de los casos denunciados y "a una miserable cantidad de represores", además de deplorar las dos absoluciones.

Otro sobreviviente, Enrique Fukman, también dijo tener "sensaciones contradictorias: la alegría de llegar a este momento, después de tantos años de lucha, y la convicción de que esta causa es una parcialidad" que deberá seguir con más procesamientos.

El momento de mayor emoción se vivió cuando llegó la condena para Astiz. Acusado -entre otros delitos- del asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, Astiz fue quien se infiltró en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para organizar el secuestro de Azucena Villaflor, una de las primeras referentes de las Madres. Por ese motivo, en 1990, Astiz había sido condenado en rebeldía por el Tribunal de lo Penal de París a la pena de reclusión criminal a perpetuidad y desde entonces no pudo salir de Argentina debido a la demanda de arresto por parte de Francia.

Pero hasta hoy, Astiz nunca había sido condenado en el país porque fue beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), que eximieron de responsabilidad penal a los militares de menor rango.
Sin embargo, en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las causas contra Astiz se reabrieron, le fue aplicada la prisión preventiva.

El represor volvió a ser noticia en 2004, cuando le detectaron un cáncer de páncreas y debieron operarlo casi en secreto en el Hospital Naval.
Mucho antes, a fines de los 90, y cuando Astiz estaba convencido de que la impunidad lo protegía, en diversas entrevistas periodísticas se definió como "un oficial que obedecía órdenes sin cuestionarlas ni cuestionarse".

En 2001, el gobierno de Italia pidió su extradición para juzgarlo por la desaparición de ciudadanos de ese país, y cuando una jueza federal ordenó a Interpol que lo buscara para arrestarlo, el ex marino se presentó detenido.

Quienes son y cuáles fueron los crímenes de los condenados

2011-10-26T21:37:00.000-07:00

La lista de los represores, su cargos y los delitos que cometieron.

Estos son los acusados que llegaron a juicio oral por los crímenes ocurridos en la ESMA durante la última dictadura:

*Jorge Eduardo "Tigre" Acosta "El Tigre" Acosta, como era conocido por los detenidos de la ESMA, fue el jefe de Inteligencia, y como tal, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. Capitán de Fragata retirado era conocido y recordado por los sobrevivientes por su sadismo en el trato con los detenidos-desaparecidos, a quienes esclavizaba y maltrataba y luego invitaba a cenar o a bailar a restoranes o discos de moda de la época. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

*Alfredo Ignacio "Rubio" Astiz. Agente de inteligencia del GT 3.3.2, también conocido como "Gustavo Niño", es mundialmente conocido por ser aquel quien se infiltró en la organización Madres de Plaza de Mayo, entre otros lugares, durante la dictadura, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. Logró la confianza de las Madres y sus allegados, y fue quien instrumentó el operativo en la Iglesia Santa Cruz que es parte de este juicio. Teniente de Fragata dado de baja de la fuerza, está detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, también dependiente del SPF.

*Juan Antonio "Piraña" Azic, Ayudante mayor de la Prefectura Naval Argentina, fue miembro del sector Operaciones del GT 3.3.2. Conocido dentro de la ESMA también como "Claudio" o "Fredy", apropió a dos niñas nacidas en cautiverio en dicho centro clandestino. Contemporáneamente con la reapertura de las causas, y luego de que el Juez Baltasar Garzón solicitara su detención con fines de extradición, intentó suicidarse infructuosamente. Pasó varios años detenido pero alojado en la Clínica San Jorge a causa de las heridas que el mismo se infringiera. Cumple arresto domiciliario.

*Carlos Antonio "Tomy" Capdevilla. Capitán de Corbeta retirado, fue médico de la ESMA, y cumplió la función de asistir los partos en la maternidad clandestina que funcionó en ese centro. Como Azic, también está involucrado en casos de apropiación de menores. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.

*Ricardo Miguel "Sérpico" Cavallo. También conocido como "Marcelo" o "Miguel Angel", fue integrante del sector Operaciones del GT 3.3.2. Fue detenido en el mes de agosto del año 2000 en México, y a partir de allí comenzó un lento proceso de extradición para que pudiera ser juzgado en nuestro país, que finalmente se concretó con su llegada a la Argentina en marzo de 2008. Capitán de Corbeta retirado, se encuentra cumpliendo su detención en el Complejo II de Marcos Paz. *Julio César "Maco" Coronel Teniente Coronel del Ejército, es uno de los miembros del grupo de tareas que demuestra la convergencia de oficiales de distintas armas en la ESMA. Se encuentra detenido en su domicilio.

*Adolfo Miguel "Gerónimo" Donda Tiguel. También conocido como "Palito", "Chiche" o "Rubén Pellegrino", perteneció al sector de Inteligencia del GT 3.3.2. Capitán de Fragata retirado, debió llegar a juicio en el fallido proceso contra Héctor Febres en 2007, pero por demoras en una resolución de la CNCP su juzgamiento fue postergado hasta este juicio. Se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza.

*Juan Carlos "Lobo" Fotea Dineri. Sargento de la Policía Federal, es otro ejemplo de cooperación internacional entre estados para el juzgamiento de los responsables. Se encontraba prófugo hasta noviembre del año 2006, cuando fue detenido en España. Fue extraditado en enero de 2007 y detenido por la causa ESMA. Está detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz.

*Manuel Jacinto García Tallada. Contraalmirante retirado de la Armada, ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales al momento de los hechos. Se encuentra detenido con arresto domiciliario.

*Pablo Eduardo "Dante" García Velasco Junto a su hermano Miguel Angel –quien también es imputado en la causa pero no fue juzgado en este juicio– integró el GT 3.3.2. Capitán de Corbeta retirado, cumple su arresto en el Complejo II de Marcos Paz.

*Carlos Orlando 'Fragote' Generoso. También conocido por los sobrevivientes como "Garrido" o "Agustín", fue parte del GT 3.3.2 como suboficial del Servicio Penitenciario Federal. Se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza. Por razones de salud, se suspendió el proceso para este imputado.
*Alberto Eduardo "Gato" González Capitán de Corbeta retirado, también integrante del GT 3.3.2, fue conocido a su vez con el sosías de "Oscar Paz Alara". Alojado en el Complejo II de Marcos Paz.

*Oscar Antonio Montes. Vicealmirante de la Armada, llegó a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Se encuentra detenido en su domicilio.

*Antonio "Trueno" Pernías. Otro de los miembros del GT 3.3.2, también conocido como "Rata" o "Martín". Su padre, un oficial superior de la Fuerza Aérea, facilitaba su casa-quinta ubicada en la localidad de Del Viso, provincia de Buenos Aires, como "casa operativa" del GT. Capitán de Fragata retirado, se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza.

*Jorge Carlos "Ruger" Radice. En calidad de agente de inteligencia, Radice integró el sector Logística de GT 3.3.2. Se retiró alcanzando el grado de Teniente de Fragata, y se encuentra detenido en el Complejo II de Marcos Paz.

*Juan Carlos "Juan" Rolón. Capitán de Fragata de la Armada, desde febrero de 1977 a marzo de 1978 cumplió funciones en la Base Naval Puerto Belgrano, en la localidad de Bahía Blanca, luego pasó a integrar el GT 3.3.2 de la ESMA. Actualmente se encuentra detenido en el Complejo II de Marcos Paz.

*Néstor Omar "Norberto" Savio. También conocido como "Halcón", fue integrante del sector Logística del GT 3.3.2 de la ESMA. Capitán de fragata retirado, se encuentra detenido en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo, hoy bajo la órbita del SPF.

*Raúl Enrique "Mariano" Scheller. Otro de los miembros del GT 3.3.2 de la ESMA, se retiró con el rango de Capitán de Navío. Se encuentra detenido en el Complejo penitenciario II de Marcos Paz.

*Ernesto Frimón "220" Weber. Ex comisario de la Policía Federal Argentina, fue miembro del sector operaciones del GT 3.3.2. Se encuentra bajo arresto domiciliario.

Perpetua para Astiz, el "Tigre" Acosta, Cavallo, Donda, Pernías, Rádice y otros seis genocidas

2011-10-26T21:13:00.000-07:00

Ante la claridad de los crimenes perpretados, es inaudito que no se haya aplicado la figura del delito de genocidio, como fuera solicitado por una de las querellas, y sin el cuál sólo fueron juzgados por un número limitado de hechos, por lo que fueron absueltos criminales que participaron en el plan sistemático de exterminio.

Primera sentencia por los crímenes de la ESMA

Al cabo de 22 meses de debate y el testimonio de más de 250 testigos, y luego de desestimar distintos planteos de nulidad y/o prescripción presentados por la defensa de los acusados, el tribunal que integran los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli juzgó a 18 represores, acusados de secuestro, tortura y homicidio contra 86 víctimas, entre las cuales se encuentran el escritor y periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. El TOF5 dictó prisión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, José Montes, Raúl Scheller, Jorge Rádice, Adolfo Donda, Alberto González, Néstor Savio, Julio César Coronel, Ernesto Weber. Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. Carlos Capdevilla deberá cumplir 20 años de prisión, y Juan Antonio Azic 18 años. Por último, Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco fueron absueltos aunque no recuperarán la libertad por estar imputados en otras causas por delitos de lesa humanidad.

El juicio que empezó el 11 de diciembre de 2009 es uno de los tramos en que se dividió la llamada megacausa ESMA. El proceso resultó más largo de lo previsto, entre otras razones por una de las características que distinguieron este centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar bajo la órbita de la Marina: es uno de los pocos campos de concentración con supervivientes que pasaron uno, dos y hasta cuatro años secuestrados.

La densidad de los relatos le dieron al juicio otra singularidad. La sala tuvo múltiples querellas, integradas por organismos de derechos humanos que multiplicaron las voces de la acusación pero también las perspectivas.

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE – 17.30HS - TRIBUNALES DE COMODORO PY

2011-10-23T13:20:00.000-07:00

Compañeros y compañeras:

                                            El miércoles 26 de octubre, por la tarde, se conocerá finalmente el veredicto en el mini juicio contra 17 represores de la ESMA que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal (TOF) 5.

                                             Se repite en este juicio, como en la mayoría de los anteriores, que cada uno de estos genocidas son acusados por algunos pocos crímenes de todos los que cometieron A pesar de que en la etapa de Instrucción pudimos reconstruir la identidad de más de 900 compañeros que estuvieron secuestrados en la Esma, la inmensa mayoría hoy continúan desaparecidos, y denunciamos a cerca de 200 represores, de los cuales unos 60 están imputados, este juicio que está por terminar es solo contra 17 represores por los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos contra 85 compañeros

                                            Los acusados son algunos de los represores que se transformaron en símbolo del genocidio llevado adelante por la última dictadura: Astiz, Pernías, el “Tigre”Acosta, Azic, Cavallo, Capdevila ,Coronel, Donda, Fotea, García Velasco, García Tallada, Generoso, Gonzáles, Radice, Rolón, Scheller, Weber.

                                          Todos estos genocidas, están hoy sentados en el banquillo de los acusados, gracias a quienes no bajamos los brazos en la lucha contra la impunidad. Creemos que para todas las organizaciones sociales políticas y de derechos humanos es un derecho y un deber estar presentes el miércoles 26 en Comodoro Py para demostrar que seguiremos luchando por justicia para todos los compañeros y el castigo en cárcel común y efectiva para todos los genocidas.
                                           Con el ejemplo de nuestra Compañera Adriana Calvo y las banderas de los 30000 Compañeros Detenidos Desaparecidos

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE – 17.30HS - TRIBUNALES DE COMODORO PY

Por los 30000 Compañeros Detenidos Desaparecidos

Por Jorge Julio López
Por Silvia Suppo
Por todos los que dieron su vida luchando por los derechos del Pueblo y contra la opresión.

ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

Revelan que Brasil ayudó a traer a Astiz al país luego de Malvinas

2011-10-18T05:41:00.000-07:00

La dictadura de ese país colaboró para evitar la extradición del represor a Francia.

Por Eleonora Gosman. San Pablo. Corresponsal

La dictadura militar de Brasil medió en 1982 para que Inglaterra repatriara a la Argentina al ex marino y represor Alfredo Astiz, quien fue detenido y conducido a Londres luego de haberse rendido en Malvinas ante las tropas británicas. El entonces embajador brasileño ante el Reino Unido Roberto Campos intercedió en forma directa para impedir que fuera extraditado a Francia o a Suecia , donde se lo requería por el asesinato de las dos religiosas Léonie Duquet y Alice Domon y por la desaparición de la joven sueco-argentina Dalma Hagelin.

Entre los 110 cables sobre la guerra de Malvinas, que fueron liberados muy recientemente por el Palacio de Itamaraty (sede de la diplomacia brasileña) y publicados por el diario Folha de Sao Paulo en un sitio abierto al publico: www.transparencia.folha.com.br queda claro el papel cumplido por el entonces presidente brasileño, el general Joao Batista de Oliveira Figueiredo. Para garantizar que el ex marino llegara a Buenos Aires, el jefe de Estado brasileño ordenó que una delegación de diplomáticos y militares de su país lo escoltaran hasta la ciudad de Río de Janeiro y, desde allí a la República Argentina.

El entonces embajador Roberto Campos, quien murió en 2001, había sido también ministro de Planificación en el gobierno de facto que surgió en Brasil, encabezado por Humberto Castelo Brando, después del golpe militar de 1964 contra el ex presidente Joao Goulart. Brasil se mantuvo neutral durante el conflicto por las islas, pero en realidad terminó por favorecer a los militares argentinos. De hecho a pedido del entonces jefe de Estado Leopoldo Fortunato Galtieri, su colega Figueiredo instruyó a sus diplomáticos para que actuaran como representantes de los intereses argentinos en Londres, luego de la ruptura de relaciones diplomáticas entre nuestro país y el Reino Unido.

El pedido de Galtieri a Figueiredo para lograr la repatriación de Astiz, tuvo que ver con el reclamo de extradición que se aprestaba a solicitar Francia por el asesinato de las religiosas.

París se apresuró a pedir a Londres que le entregaran al capitán de fragata (el “ángel de la muerte”). El Reino Unido vaciló; de allí los temores de la dictadura militar argentina de que el marino terminara en Francia o en Suecia. La entrega del ex militar ocurrió finalmente en junio de 1982.

El gobierno de Figueiredo fue uno de los que avanzó en la aproximación con Argentina luego de un largo interregno de desconfianza generada por la represa de Itaipú. De hecho, en 1979 los dos países en conjunto con Paraguay firmaron el acuerdo internacional que permitió la construcción de esa represa.

Ese “acercamiento”, que se materializó con la visita de Figueiredo a Buenos Aires en 1980, con Videla todavía en el gobierno, habría sido devuelto en 1982 en favores diplomáticos como la repatriación de Astiz.

Ante las amenazas de los genocidas, contraponemos testimonios

2011-10-15T00:05:00.000-07:00

Secuestro, tortura y cautiverio de Carlos Lordkipanidse

Torturaron a un bebé

"Fui secuestrado en la mañana del 18 de noviembre de 1978 en la vía pública, en las calles Muñiz y Carlos Calvo de la Capital Federal, por un grupo de cuatro individuos armados y vestidos de civil, que dijeron ser de la División Toxicomanía de la Policía Federal, quienes me introdujeron en un Peugeot 504 gris, atado y encapuchado. Luego supe que poco antes de mi captura, fue secuestrada mi esposa Liliana Marcela Pelegrino, Rodolfo, nuestro pequeño hijo de 20 días de edad, y un primo de mi señora, de nombre Cristian Colombo....

"Después de un breve trayecto, ingreso a lo que más adelante identifico como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); allí también identifico a una de las cuatro personas que me secuestraron, apodado "Giba" o "Gerardo", quien no es otro que el capitán de corbeta Fernando Enrique Peyón...

"estoy atado a una cama metálica y me sacan la capucha, por lo que puedo ver que en habitación hay una gran cantidad de personas: además del citado Peyón, está Alfredo Astiz, apodado "Gonzalo", el capitán Jorge Eduardo Acosta, apodado "Santiago", y otros...

"soy torturado mediante la aplicación de corriente eléctrica en el estómago, por Astiz, mientras el resto del grupo permanecía observando. Dicha sesión dura aproximadamente cinco minutos... Manuel ordena a un guardia que me desvista y me ate a la cama citada, encapuchado, tras lo cual ingresan a la habitación unas tres personas que no puedo identificar, soy nuevamente torturado con picana eléctrica... ésta sesión duró aproximadamente media hora y soy continuamente interrogado acerca del paradero de un compañero de militancia, Alejandro Firpo. En un intervalo me sacan la capucha y veo ingresar a un sujeto apodado "Piraña", miembro de la Prefectura, que trae sujeto de los pieas a mi hijo Rodolfo y me dice que si no colaboro estrellará la cabeza del niño contra la pared. Sigo negándome debido al hecho cierto de desconocer el paradero de Firpo y entonces "Piraña" somete a mi hijos de pasajes de corriente eléctrica hasta que ingresa a la habitación un desconocido que manifiesta "paren, paren que de verdad no sabe". Me dejan solo, atado a la cama, escuchando que en otros sitios lindantes se estaba torturando...

"Durante mi permanencia en "capuchita", que duró un mes, fui bajado en dos oportunidades, siendo nuevamente torturado con picana eléctrica y golpes... En diciembre de 1978 mi esposa y yo somos alojados en "capucha", en los boxes contiguos, donde permanecimos hasta aproximadamente marzo del año siguiente. Durante dicho lapso fui nuevamente torturado mediante los mismos mecanismos...

"En una oportunidad que estaba en la sala de tortura vinieron Acosta y Astiz, y en un momento determinado Astiz me dijo que él había sido el encargado de secuestrar a las monjas francesas, agregando Acosta que él había dado la orden de 'mandarlas para arriba", mencionándome también el secuestro de Arrostito, la que permaneció mucho tiempo en la ESMA y de la "suequita"...

"En abril de 1979 es liberada mi mujer y pocos meses después se me permite concurrir durante los fines de semana a mi domicilio, con la condición de regresar... A principio de 1981 soy liberado con la obligación de comunicarme telefónicamente con la ESMA... En setiembre de 1983 salgo del país, sin permiso de mis captores..."

“Vuelos de la muerte”: ratifican el rechazo a la excarcelación de Julio Poch

2011-10-04T00:13:00.000-07:00

Lo resolvió la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En la causa se investigan los vuelos desde los que se arrojaron al mar y al Río de la Plata a detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución, dictada por el juez federal Sergio Torres, que había denegado la excarcelación solicitada por Julio Poch, en la causa que se investigan los vuelos desde los que se arrojaron al mar y al Río de la Plata a detenidos en la ESMA.

En el fallo, dictado por los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzún, tuvieron en consideración otra resolución, en la misma causa y de la misma fecha, en la cual confirmaron el procesamiento del encausado por el delito de privación ilegal de la libertad agravada en 29 casos y, a su vez ratificaron “la resolución adoptada por el Sr. Juez de Grado en cuanto dispuso la detención de Julio Alberto Poch y, en consecuencia, mantenerlo en prisión preventiva”.

Los magistrados reprodujeron términos del pronunciamiento dictado por la Cámara Nacional de Casación en la causa “Videla” y sostuvieron que “en base a la objetiva y provisional característica de los hechos, calificados como delitos de lesa humanidad, encuentro razones fundadas para presumir que, en caso de recuperar su libertad podría sustraerse de la acción de la justicia.

Agregando que: "Ello es así, ni bien se atiende a las características fáctico-jurídicas de las graves imputaciones que pesan en su contra y la necesidad de asegurar la realización del debate para el esclarecimiento de la verdad", máxime cuando nuestro ordenamiento legal impide la realización del juicio en rebeldía.

Los genocidas se esconden en provocar la lentitud

2011-09-29T00:03:00.000-07:00

Comienzan las réplicas de la Fiscalía y de las querellas
Los represores apuestan a la dilación

La renuncia del abogado que defendía a seis represores ya demoró una semana el juicio, cuyo veredicto estaba previsto para mediados de octubre. Los fiscales y los abogados querellantes revisarán los casos de Rodolfo Walsh y de María Cristina Lennie, entre otros.

Por Alejandra Dandan

El juicio oral por los crímenes cometidos en la ESMA entró en la lógica de una partida de ajedrez. La renuncia del abogado Alfredo Solari, a cargo de la defensa de seis marinos, desató un efecto en cadena que suspendió una semana el proceso. Faltan pocos días para el veredicto previsto para mediados de octubre, pero a la luz de los dos años de juicio aún esas dimensiones parecen eternas. Hoy comienzan las réplicas de la fiscalía y las querellas. Revisarán el caso Walsh y el de María Cristina Lennie, entre otros. La semana próxima responderá la defensa de los marinos que, de acá en adelante, seguramente intentará buscar todas las formas posibles para seguir retrasando el veredicto.

Acaso la intención de demorar el final del juicio pudo empezar a verse en los últimos días. El abogado Alfredo Solari representaba a seis marinos, entre ellos al represor Ricardo Cavallo. Su renuncia generó un dislate en la sala de audiencias. El Tribunal Oral Federal 5 ese día le había encargado además la representación de Julio César Coronel, otro imputado cuyo abogado (que además es su hijo) no estaba en la ciudad. En los últimos días, los seis marinos que eran representados por Solari nombraron a un nuevo abogado: Olmedo Barrios, con domicilio en La Plata, quien pidió un plazo de diez días para ponerse al tanto de la causa. Un plazo que puede hacer demorar nuevamente todos los plazos y que alguno se ocupará de pedir que quede reducido al mínimo legal disponible: tres días en total.

Barrios lleva adelante la defensa de otros represores en varias causas por delitos de lesa humanidad y una firma con su nombre aparece entre los abogados de la Agrupación por la Justicia y la Concordia, que en una carta abierta al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se quejan por el avance de los juicios. Su nombre aparece como autor de un blog que recientemente publicó la carta en la que Francisco Solari se define como perseguido político porque un alumno suyo de la Facultad de Derecho denunció sus posturas pro dictadura.

En ese contexto, el juicio oral hoy debería empezar con la etapa de réplicas. Primero hablará la fiscalía de Pablo Ouviña y Mirna Goransky durante unas tres horas, aunque no “replicarán”, sino que responderán “planteos de las defensas”. La diferencia entre uno y otro criterio no parece sólo semántica porque permitiría ganar días, pero la fiscalía dice que es por otra razón: “No hay réplicas porque realmente en este caso no corresponden”, explicaron. El planteo no va a discutir hechos o pruebas, sino ejes como el de “cosa juzgada” o la prescripción de las causas.

Luego será el turno de las querellas integradas por los organismos de derechos humanos. Volverán sobre algunas claves de los alegatos, entre ellos algunos tramos con los que intentaron avanzar sobre criterios duros y ortodoxos de la Justicia, cuestionados más tarde por las defensas. Pero retomados aun así en otros ámbitos judiciales, como sucedió por ejemplo con el caso de la violencia sexual.

Entre esos puntos más críticos volverán al caso Rodolfo Walsh. La defensa objetó que el caso haya empezado por “privación ilegal de la libertad y tormentos” y termine con una imputación extra por homicidio. Eso que para la lógica penal es un problema de “derecho”, para las querellas en cambio es un hecho habilitado porque el juicio arrojó pruebas claras de la presencia del cuerpo asesinado de Walsh dentro de la ESMA. Algo similar ocurre con el caso de María Cristina Lennie, que tomó cianuro cuando iba a ser secuestrada por una patota de la ESMA en 1977. La ingesta, hasta aquí leída como “suicidio”, el CELS la enmarcó como “homicidio”, por “una situación que en forma dolosa crea el autor mediato, que deviene penalmente responsable”. El caso Lennie es importante no sólo en el juicio ESMA, sino como lógica para revisar el modo en el que se investigan las hasta ahora muertes de otros militantes políticos.

El abogado de 5 genocidas camino a juicio acádemico por defender el Terrorismo de Estado

2011-09-26T12:37:00.000-07:00

Terminaron los alegatos de la defensa y renunció el abogado de cinco acusados

El abogado Alfredo Solari, defensor de cinco de los acusados en el juicio por los crímenes cometidos en la ESMA, renunció hoy por "razones de salud", al culminar el último de los alegatos y tras afirmar que sus clientes eran "chivos espiatorios" juzgados por "tribunales revolucionarios".

La renuncia de Solari y tres de sus hijos a las defensas de los acusados Ricardo Cavallo, Juan Carlos Rolón, Pablo García Velazco, Raúl Scheller y Alberto González, fue vista como una maniobra dilatoria por parte del fiscal Pablo Ouviña, debido a que los ex represores pidieron, y les fue concedido, un plazo de una semana para designar nuevo defensor.

La renuncia de Solari, pese a la presentación de ese escrito, tomó "por sorpresa" a sus clientes, en una audiencia en la que estaba previsto que Ouviña iniciara la "réplica", penúltimo de los pasos previos a una resolución de los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) encargados del juicio más importante, por su trascendencia nacional e internacional, de los que se llevan a cabo en materia de crímenes de lesa humanidad.
De hecho, tras retirarse Solari el tribunal pasó a sucesivos cuartos entermedios, tras los cuales le aceptó la renuncia, designó una defensora oficial ad hoc, Daniela Mazza y fijó un plazo de cinco días para que los acusados designen un nuevo defensor particular o decidir si siguen con ella.
Aún así el más extenso de los intervalos se produjo cuando el presidente del Tribunal anunció que iban a tratar de localizar al abogado Julio Coronel, defensor de su padre homónimo, quien rechazó a la defensora oficial.

Solari, en su alegato esperpéntico se despachó contra el actual gobierno y esbozó que los juicios por violaciones de los derechos Humanos fueron impulsados por "Estados Unidos y Gran Bretaña para castigar a las Fuerzas Armadas argentinas por la guerra de Malvinas".

Ahora este abogado deberá enfrentarse al JUICIO ACADEMICO que le espera en la Facultad de Derecho por la permanente apología del Terrorismo de Estado que se cobró 30.000 personas en Argentina.

Sobre el represor Francisco Di Paola

2011-09-22T09:02:00.000-07:00

A este le cabe perpetua y no zafa. (Carlos Lordkipanidse, sobreviviente ESMA)

Francisco Armando Di Paola, alias "Chino", fue jefe de operaciones durante un período en que Adolfo Donda era Jefe de inteligencia.

El "Chino" era quien alquilaba una quinta en la zona norte.... En dicha quinta pude ver todos mis enseres hogareños robados de mi casa cuando fui secuestrado, incluida la cuna de mi hija María Victoria.
En esa misma quinta fue donde llevaron al matrimonio Dameri-Ruiz con sus dos pequeños hijos y ella embarazada.
Ella dio a luz en la ESMA, los dos chicos fueron tirados uno en la ciudad de Rosario y otro en la ciudad de Córdoba; la nena que nació fue apropiada por Azic y el matrimonio fue finalmente trasladado.
Una de las historias más trágicas del periodo que me toco vivir donde este genocida fue un protagonista principal.

Fue uno cuyos datos de afiliación presentamos al juzgado de Torres, para que fuese detenido y se le tomase indagatoria. Desde un primer momento se fugó... recién ahora -por fin- se lo detuvo.

Represor de la ESMA, prófugo desde 2008.... estaba en Neuquén

2011-09-21T23:07:00.000-07:00

Detuvieron al prófugo Di Paola

El capitán de fragata Francisco Armando Di Paola, que integró el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) bajo el seudónimo de “Chino” y estaba prófugo desde el 2008, fue detenido ayer en Neuquén. Di Paola era uno de los seis oficiales de la Armada imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad que eludieron la acción de la Justicia.

La orden de captura había sido librada por el juez federal Sergio Torres, quien lo declaró en rebeldía luego de que Di Paola no se presentara a prestar declaración indagatoria en diciembre de 2008, como sospechoso de crímenes imprescriptibles cometidos en ese centro clandestino de detención entre 1979 y 1981.

El juzgado federal 12 de la Capital Federal informó que la detención se concretó gracias a tareas de investigación realizadas por la División Operaciones de la Dirección General de Seguridad Interior de la Policía Federal Argentina, quienes desde hace meses seguían la pesquisa en varias provincias.

En el curso de esta semana, Torres le tomará declaración indagatoria en relación a su responsabilidad respecto de “hechos que damnificaron a decenas de víctimas” secuestradas en la ESMA, cuando Di Paola ostentaba el grado de capitán de fragata.

El juicio por los crímenes de la ESMA está llegando a la etapa final. Hay diecinueve procesados, entre ellos Jorge “El Tigre” Acosta, quien actuó como uno de los jefes de los grupos de tareas, y los emblemáticos oficiales del terror Alfredo Astiz y Ricardo Miguel Cavallo.

El dueño de la vida y la muerte del mayor centro clandestino de la Armada, Emilio Eduardo Massera, falleció al igual que gran parte de los máximos jefes de esa fuerza sin que el proceso por las atrocidades cometidas hubiera llegado a condena. El vicealmirante Rubén Chamorro, jefe directo de la ESMA, es otro de los dieciséis oficiales que murieron.

El asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, el secuestro y la desaparición de las monjas francesas, del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo, de la estudiante sueca Dagmar Hagelin, son algunos de los casos que están siendo juzgados y esperan sentencia para antes de fin de año.

Abren una causa para investigar los crímenes sexuales cometidos en la ESMA

2011-09-03T05:34:00.000-07:00

Violencia de género que no prescribe

El juez federal Sergio Torres consideró que los sometimientos sexuales en la ESMA fueron parte del plan de represión y exterminio del terrorismo de Estado. Resolvió abrir una investigación para juzgar estos crímenes por separado, algo hasta ahora inédito.
Por Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg

“Los sometimientos sexuales no fueron casos aislados, sino que se trataba de prácticas sistemáticas llevadas a cabo, dentro del plan clandestino de represión y exterminio, por el Estado.” Con esta declaración el juez federal Sergio Torres ordenó la apertura de una causa específica para investigar las violaciones y otros delitos de violencia de género cometidos en la ESMA durante la última dictadura, algo hasta el momento inédito. El magistrado citó jurisprudencia internacional para fundamentar la condición de crímenes contra la humanidad de estos hechos.

“Es importante que se investiguen las violaciones como delitos autónomos, las víctimas expresaron la necesidad de que se investiguen como algo distinto de los tormentos. Ahora que hemos avanzado en juzgar las desapariciones, los secuestros y las torturas, se empieza a ahondar en cuestiones más específicas acerca del sufrimiento de las víctimas”, señaló a Página/12 la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky. Fue en base al alegato de ese organismo de derechos humanos en el juicio oral sobre los crímenes de la ESMA que se está llevando a cabo en este momento que Torres decidió iniciar una investigación sobre este tema.

En tribunales hay opiniones divididas sobre si corresponde o es conveniente considerar los delitos de índole sexual como crímenes específicos o si deben ser subsumidos dentro de la categoría general de torturas. El mismo Torres procesó al represor Jorge Acosta por una violación y la Cámara Federal señaló que el hecho debía ser calificado como imposición de tormentos. Pero hay antecedentes en los que represores fueron procesados o condenados por delitos sexuales. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata consideró culpable al ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina por violaciones reiteradas en el centro clandestino La Cueva, a las que consideró crímenes de lesa humanidad. A su vez, el juez federal de Tucumán Daniel Bejas procesó a los jerarcas militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez como “partícipes necesarios” (no ya autores directos) de la violencia de género cometida contra todas las mujeres que estuvieron detenidas en el penal de Villa Urquiza. Lo que hasta ahora no había era una causa específica que agrupara sólo estos hechos. En este caso, Torres, que tiene a su cargo el expediente sobre los crímenes de la ESMA, decidió separar en una pesquisa diferenciada los delitos sexuales que se cometieron en ese centro clandestino de detención durante el terrorismo de Estado. Hasta el momento, hay dieciocho casos documentados.

La resolución

El juez explicó que “si bien en principio podrían interpretarse (los crímenes sexuales) como asociados o incluidos dentro del delito de tormentos, porque ambos implican en última instancia una lesión a la dignidad humana”, consideró que “a los fines de despejar y agotar todas y cada una de las hipótesis delictivas que se habían conformado a lo largo de la presente investigación, teniendo en especial consideración la particular cuestión de índole vivencial de los hechos que aquí se persiguieron, deberán investigarse en forma separada”.

“A mi juicio –explicó Torres–, la finalidad por la cual los delitos sexuales se habrían cometido podría estar emparentada a crear en las víctimas cierto estado de cosificación, que eran propiedad privada de sus captores, que estaban libradas a sus designios, en definitiva como una forma de reducción de la voluntad y método de dominación. Podría pensarse, como otra hipótesis, que estos ataques sexuales pudieron haber servido además a los captores para obtener información de parte de una persona cercana a esa víctima a quien hacían presenciar el ataque”.

El juez también introdujo otra cuestión que será motivo de futuros análisis en tribunales. Las violaciones son delitos “de acción privada”, lo que significa que sólo pueden ser investigadas si la víctima denuncia e impulsa la investigación. Sin embargo, Torres manifestó que por la “particularidad” que revisten –es decir, que fueron cometidas desde el propio aparato del Estado en el marco de un plan sistemático de represión–, estos casos son “distintos dentro de su propia especie de otros de idénticas características” y que “independientemente de que no se haya expresamente declarado la intención de instar la acción penal contra el autor del hecho para que se pueda impulsar la investigación, se entiende que si allí (en las declaraciones testimoniales) fueron narradas, las víctimas tienen el deseo de que se conozcan, de que trasciendan, en definitiva de que se investiguen”. De todas formas, notificó a las víctimas o sus familiares para que, si lo desean, se presenten para impulsar la investigación.

Para tipificar las violaciones como crímenes de lesa humanidad, el juez citó la Convención de Ginebra, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales de Ruanda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. También mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García, analizó la violencia de género (categoría que amplía la pesquisa) contra mujeres detenidas clandestinamente en el marco de terrorismo de Estado y calificó tales ilícitos como delitos de lesa humanidad.

Los eternos tiempos de la Justicia

2011-08-27T05:59:00.000-07:00

A 22 meses del comienzo se acerca la sentencia histórica

El primer fallo que afectará en forma directa a la Marina llegará en octubre. Se abrirá el camino así a la segunda etapa de la megacausa ESMA. Si no se modifica la organización del proceso, podría demorar al menos cuatro años. El debate.
Por Alejandra Dandan

El caso Rodolfo Walsh. Las monjas francesas. El grupo de la Iglesia de Santa Cruz. Los Villaflor. Orlando Yorio y Francisco Jalics. Son algunas de las 86 víctimas del juicio oral por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada. A 22 meses del comienzo, el juicio finalmente se acerca a la sentencia histórica: la primera para los marinos desde la reapertura de las causas. Aun así son sólo 18 acusados. El Tribunal Oral Federal 5 que está a cargo del juicio (y de las demoras) acaba de recibir de la instrucción varios tramos más de la megacausa que ahora suma unas 900 víctimas, a la espera del debate. El universo de causas acumuladas es enorme. Al ritmo del juicio que está terminando, los tiempos de los próximos debates parecen infinitos: si tal como esperan las querellas, el próximo juicio incluye los secuestros del ’76-’77, la cantidad de víctimas y de imputados haría que el juicio se extendiera por lo menos cuatro años. Los problemas. El debate.

Primero el comienzo. En este momento, el TOF 5 concluye el juicio oral por un solo tramo de la megacausa ESMA: los llamados Testimonios A; los B, conocidos como causa Monjas Francesas o Iglesia de Santa Cruz y los C del caso Walsh. Un total de 18 imputados y 86 víctimas de las cuales 28 permanecen desaparecidas y existen cinco homicidios probados por los cuerpos recuperados del grupo de la Iglesia de Santa Cruz. El juicio que debía empezar en septiembre de 2009 comenzó el 11 de diciembre de ese año. Con un número semejante de acusados pero más del doble de víctimas, el juicio del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO) duró la mitad.

A ojos de los organismos de derechos humanos que integran las querellas, una de las grandes razones de la demora es el funcionamiento del Tribunal 5 encabezado por Daniel Obligado. Graciela Daleo es sobreviviente de la ESMA y querellante: “Que este juicio dure dos años tiene que ver con el ritmo del Tribunal y las trapisondas de las defensas”.

Ya en diciembre del año pasado el Centro de Estudios Legales y Sociales publicó un balance con algunas advertencias. “A un año del inicio del juicio oral, aún no hay certeza del dictado de sentencia a corto plazo. Ello resulta particularmente preocupante porque otros tramos de la causa ESMA, que se encuentran radicados en el mismo Tribunal desde el 2008, no podrán ser juzgados hasta tanto no finalice este juicio. Es oportuno destacar que los otros tramos de la causa ESMA cuentan con un número mucho mayor de víctimas e imputados.”

Esa es la situación que aún no cambió pese a que el debate está cerca de la sentencia. Además del retraso inicial hubo y sigue habiendo problemas. El TOF complicó, por ejemplo, el mecanismo para desistir testigos. En otros debates, suele suceder que la querella que presenta un testigo puede desistirlo durante el juicio, pero el TOF 5 no lo hacía hasta preguntar a todas las partes. Eso incluyó a las defensas, que encontraron en la negativa un mecanismo de dilatar el proceso. Hubo problemas menores que terminaron siendo grandes. Uno de ellos son los horarios, con audiencias retrasadas dos horas que se cortaban a las dos de la tarde. Hubo, en ocasiones, problemas por faltas de sala en Comodoro Py. Hubo mala organización del cronograma de testigos: días en los que el Tribunal citó para la misma jornada a sobrevivientes como Martín Grass y Lila Pastoriza, con más de cuatro horas de declaración cada uno y de esperas y días en los que citó a un vecino.

Lucía Tejera es abogada de las querellas. Ella habla por ejemplo de las largas horas en las que declararon los represores. Todo acusado tiene derecho a pronunciarse durante cualquier momento del debate, dice, pero con una restricción: debe hablar sólo del objeto de la causa. Pero en este juicio varios acusados se tomaron más de un día para hablar de lo que parecieron verdaderos alegatos. Jorge “El Tigre” Acosta habló un día hasta las once de la noche en un discurso en el que incluyó hasta la guerra prusiana. Ricardo Cavallo llegó en su diatriba hasta la Revolución Cubana e hizo debates sobre la filosofía marxista. “La fiscalía y las querellas le dijimos al Tribunal varias veces que les pida ceñirse al objeto del juicio, pero el Tribunal no lo hizo”, dice Tejera. Como otros querellantes, insiste en el problema a largo plazo. Señala que es necesario pensar cómo achicar los tiempos del debate, hacer los juicios lo más cortos posibles para evitar el desgaste de testigos, pero también de imputados y de jueces. “Este es el primer juicio a los marinos y va a ser la primera sentencia. Desde que se abrieron los juicios tenemos que acabar lo más rápido posible para poder continuar: están listos los tramos ‘76-’77 que ordenan toda la causa porque abarcan a muchos compañeros, están las caídas de las ‘Citas nacionales’, y no es que esos años fueron un momento negro porque toda la ESMA fue negra, pero es el período con más gente secuestrada en un período de tiempo, el momento en el que la ESMA reventó porque en 1978 empezaron algunas libertades”.

Lo que viene

Si todo sigue así, en los próximos días el debate va a suspenderse durante diez días. El Tribunal ordenó pararlo entre el final de los alegatos y el comienzo de las réplicas, pese a un planteo en contra de la fiscalía integrada por Pablo Ouviña y Mirna Goransky, que no quieren más demoras. No las quieren no sólo por el futuro, incluso porque el jurado tiene sólo tres de los cuatro jueces previstos para las causas de lesa humanidad. El número indispensable. Y porque uno de los imputados, el vicealmirante Oscar Montes, sobre el que pesan varios de los casos, está en pésimas condiciones de salud.

En su defensa, el TOF intenta algunas explicaciones. Dicen que están trabajando para tener la sentencia a mediados de octubre. También dicen que como el juicio fue largo se van a tomar dos meses para escribir los fundamentos que pueden estar listos a mediados de diciembre. Lo que no dicen, en cambio, es cómo avanzarán después. En diálogo con este diario, alguno de sus integrantes admitieron que si empieza un nuevo juicio no será antes del año próximo, pero no tienen ni siquiera decidida la causa con la que van a ir adelante.

El juzgado de Sergio Torres lleva adelante la primera parte de las investigaciones de la megacausa en instrucción. Acaba de elevar una serie de expedientes que ahora se acumularon en el TOF 5. Entre los viejos expedientes estaban: la causa 76-causa 77 con un número total de casi 30 imputados y 186 y 347 víctimas respectivamente, 93 por ciento de las cuales son las mismas. Y dos causas más chicas llamadas “Chacras de Coria” –con imputados ya condenados en otras causas– y “Robo de bienes”, una causa que por el volumen podría ser tratada rápidamente, pero para varios actores no tiene sentido porque sería casi un absurdo que muchas de esas víctimas obtengan una condena por robo primero antes que por haber sido víctimas. Entre las causas recién elevadas se agregan además: los tramos ’78/’79/’80 y ’81 y ’82. Entre unas y otras suman en total alrededor de 900 víctimas, 600 de las cuales lograron ser identificadas a partir de un trabajo de reconstrucción de los organismos de derechos humanos.

El TOF informalmente menciona dos problemas. Uno, que no logra avanzar porque entró nuevamente en “la ronda de sorteos”, es decir que dejó de dedicarse exclusivamente a la causa ESMA y ahora tienen que atender también otras causas. Y dos, que si manejar un juicio con 18 imputados les llevó dos años creen que se les volverá imposible manejar uno de 60 imputados, como tiene una de las últimas causas elevadas.

Pablo Ouviña es fiscal de la causa. También preocupado por lo que viene, recuerda que ya en 2009 tuvieron que moverse rápidamente para evitar que el TOF 5 unifique en ese momento el tramo de los Testimonios A, B y C con la causa 1976. Pese a que la fiscalía promueve la unificación de las causas, está convencida de que esa idea hubiese demorado aún más el ya demorado comienzo del primer juicio. Pero además no había ganancias netas porque gran parte de las víctimas del tramo 1976 están incluidas en realidad en el tramo 1977, y es ahí donde deberían sumarse. Eso es lo que esperan que suceda en este momento.

Otro aporte a la impunidad: Azic a la boda de la hija que se apropió!!

2011-08-04T23:45:00.000-07:00

Silvia Dameri y Orlando Ruiz

Un privilegio para el represor Azic

Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron el fallo del Tribunal Oral Federal 5 porteño, al frente del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura militar argentina, que otorgó un permiso de salida al represor Juan Antonio Azic. “Desde Abuelas manifestamos nuestra profunda indignación y malestar ante la decisión de los jueces que autorizaron a Azic a asistir al casamiento de Laura Ruiz Dameri, joven de la que se apropió durante 28 años, para oficiar de padrino de boda”, denunció el organismo de derechos humanos a través de un comunicado. La agrupación H.I.J.O.S. se unió al repudio. “Nos parece muy grave, porque en vez de condenar el terrible delito de lesa humanidad que significa la apropiación de una hija de desaparecidos, están contribuyendo a convalidar las consecuencias de un crimen cometido en el marco del terrorismo de Estado”, concluyeron.

Los jueces Daniel Obligado, Ricardo Luis Farías y Germán Castelli hicieron lugar al pedido de Azic, asistido por los defensores públicos Ricardo Antonio Richiello y María José Turano. Según la resolución, el Tribunal debía “preservar la relación paterno filial que en nada ha sido lesionada por la detención del nombrado a lo largo de los años” y que “las relaciones del interno con su familia convenientes para ambos deberán ser facilitadas y estimuladas.”

Abuelas consideró que “con estas vergonzosas expresiones, los integrantes del TOF 5 se han referido al represor Azic como si fuera el padre legítimo de la joven apropiada, cuando en realidad es el autor de un delito de lesa humanidad. Según informó el organismo, además de apropiarse de Laura, Azic intervino directamente en el secuestro y tortura de sus padres, Silvia Beatriz María Dameri y Orlando Antonio Ruiz, quienes estuvieron cautivos en la ESMA junto a sus dos hijos mayores, quienes también fueron apropiados. “A 31 años de la apropiación de Laura Ruiz Dameri, el represor Juan Antonio Azic aún no tiene condena y goza de privilegios”, denunciaron desde Abuelas.

Desde este espacio pensamos en Silvia y Orlando, desaparecidos y padres de tres hijos; nos duele el corazón por la actitud de Laura; nos duele Victoria, por tantos años de búzqueda, y por ello nos conmueve su humanidad y compromiso con los afectos. Repudiamos a Azic cada día más, como a todos los genocidas

Civil que piloteaba en vuelos de la muerte: ¡¡a su casa!!

2011-07-20T13:40:00.000-07:00

Vuelta a casa para el civil acusado por los vuelos de la muerte

El abogado Gonzalo Torres de Tolosa recibió el beneficio del arresto domiciliario de parte de la Cámara Federal, debido a su estado de salud. Se trata del único civil acusado de haber piloteado los "vuelos de la muerte" y fue uno de los supuestos tripulantes del avión del que fueron arrojadas al mar la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y la monja francesa Leonie Duquet.

La decisión de revocar el arresto en una cárcel común fue tomada por la sala II del tribunal de apelaciones por entender que es "prudente" en pos de su estado de salud con la orden de "extremarse los recaudos que hacen al cuidado de su estado", según el fallo. El abogado fue operado de un tumor cerebral, además de ser diabético, tener problemas de próstata y caminar ayudado por un bastón, enumeraron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.

Torres de Tolosa fue detenido el 10 de mayo y procesado el mes pasado por el juez federal Sergio Torres como el único civil acusado hasta el momento de haber tripulado los vuelos de la muerte que partían con secuestrados de la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar que frecuentaba el acusado, quien tiene lazos de parentesco con el también detenido represor Jorge "Tigre" Acosta.

Fue procesado junto a los pilotos Alejandro D`Agostino, Enrique De Saint Georges y Mario Arru y al ex suboficial Ricardo Ormello por haber sido los supuestos tripulantes del vuelo del que presuntamente fueron arrojadas la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y la religiosa francesa Leonie Duquet, entre otros.

Al procesarlo Torres le revocó el arresto domiciliario del que gozaba y lo envió a la cárcel de Ezeiza, luego de que un informe del Cuerpo Médico Forense dio cuenta de que no correspondía que permanezca en su casa. Pero esta decisión fue apelada y la Cámara entendió que "los antecedentes aportados por la defensa" sumado a que "no obra en autos un informe concreto sobre todos los tópicos de cumplimiento de cuidados exigidos o mencionados para que no se agrave el estado de salud de Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, llevan a entender prudente disponer el arresto domiciliario".

El abogado apareció mencionado por primera vez en relación a la ESMA hacia 1995, cuando el represor arrepentido y ex capitán de corbeta, Adolfo Scilingo, confesó públicamente su participación en dos "vuelos de la muerte", desde los que arrojó a 30 personas vivas al mar. En distintas entrevistas, Scilingo identificó a Torres de Tolosa como quien dentro de la ESMA se hacía llamar "Teniente Vaca" y agregó que éste convivía con ellos en el Grupo de Tareas represivas 3.3.2 y hasta había tripulado varios vuelos.

Causa ESMA: el juicio oral seguirá durante el receso invernal

2011-07-14T22:19:00.000-07:00

Las informaciones sobre los pedidos de condenas siempre son las que no sacan los pies del plato......

Así lo resolvió el TOF Nº 5 de la Capital Federal. Durante las audiencias, se desarrollarán los alegatos de las defensas. En el proceso son juzgados los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge "el Tigre" Acosta, junto a otros 15 imputados

El Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital dispuso que el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionara durante el último gobierno militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) continúe durante la feria de julio.

En este sentido, se realizarán audiencias el lunes 25 de julio, el martes 26, el jueves 28 y el viernes 29 de julio. Durante estos días se prevé que se desarrollen los alegatos de las defensas de los imputados.

Cabe recordar que algunas querellas (Justicia Ya) solicitaron que se aplicara el delito de genocidio y que cumplieran sus condenas en cárcel común, otros como el Ministerio Público Fiscal, durante su alegato, solicitó la pena de reclusión perpetua para los imputados Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Pablo García Velazco, Julio César Coronel, Adolfo Miguel Donda, Raúl Scheller, Juan Carlos Fotea, Néstor Savio y Alberto González.

En tanto, requirió 25 años de prisión para José Antonio Montes, Manuel García Tallada, Carlos Capdevilla y Juan Antonio Azic.

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¿Cómo y quién alteró los legajos?

2011-07-05T23:04:00.000-07:00

Se inician los alegatos por los crímenes en la ESMA
Legajos alterados para ocultar delitos

La fiscalía acusó al almirante Oscar Antonio Montes de 36 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Entre ellos, los secuestros de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics. La modificación de la foja de servicio de Chamorro.

Por Alejandra Dandan

No es tarea simple conseguir los primeros planos de los represores. Los camarógrafos del Incaa sólo pueden intentarlo si encuentran una habilitación adecuada. Pese a eso, algunas caras de los acusados de la ESMA son difíciles. Alfredo Astiz sabe que lo miran o que pueden hacerlo, y se la pasa pertrechado atrás de cuerpos más robustos que con sus espaldas fungen de grandes escudos. La imagen de Oscar Antonio Montes en la que lograron detenerse por algunos minutos las cámaras era la de un señor anciano de pelo blanco, con la cabeza irremediablemente inclinada hacia abajo, lejos de ese hombre todopoderoso que estuvo a cargo de los crímenes que se produjeron en el principal centro de exterminio de la Marina, el hombre que empezaba a ser descripto por el fiscal Pablo Ouviña en un nuevo día de alegatos.

“Como podemos apreciar, (Montes) bien podría haber permanecido ajeno, pero cuando visitó la ESMA se mostró investido de autoridad, al tiempo que inspeccionó las marchas de las modalidades de lo que llamaban la lucha a la subversión”, dijo el fiscal en un tramo. “Por eso resulta insostenible –aclaró– afirmar su desconocimiento acerca de las personas que se encontraban allí secuestradas.”

La fiscalía llevó adelante una nueva jornada de alegatos, y si todo sigue como hasta ahora terminará el viernes próximo. El fiscal Ouviña y Mirna Goransky empezaron a leer las acusaciones en orden jerárquico, por eso arrancaron con Montes, que era jefe del Grupo de Operaciones del Estado Mayor de la Armada y jefe de la Fuerza de Tarea que tuvo a cargo el Grupo de Tareas de la Esma. Continuaron con Jacinto García Tallada, su sucesor. Y más tarde describieron a Jorge “El Tigre” Acosta, el jefe ejecutivo de la ESMA. A media mañana, como sucede cada dos o tres audiencias, un nuevo contratiempo de salud desestabilizó a un represor y demoró el debate durante una hora. Esta vez, Juan Antonio “Piraña” Azic tuvo una complicación de presión como la semana pasada, un cuadro que su abogada definió como producto del “estrés que le provoca” este último tramo de la causa. La audiencia no se suspendió pero, a pedido de su abogada, Azic siguió el debate a través de un monitor en una sala contigua.

En esas condiciones, Ouviña empezó con Montes. Dijo que ahora tiene 87 años, que comenzó su carrera naval en 1943, tomó numerosos cursos, recibió las mejores calificaciones, fue ministro de Defensa y Relaciones Exteriores, obtuvo un título de diplomado en 1966. Para 1973, era jefe del Servicio de Inteligencia Naval como capitán de navío y luego como contraalmirante. Para 1976, era jefe de Operaciones Navales del Estado Mayor de la Armada y comandante de la Fuerza de Tarea 3, que estaba a cargo del GT 332 que tuvo en sus manos la ESMA. Los fiscales le atribuyeron 36 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, entre abril de 1976 y mayo de 1977. Entre ellos, lo acusaron por los secuestros de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics.

“Nada podemos deducir de sus dichos porque se negó a declarar –dijo Ouviña–. El Tribunal tampoco permitió la incorporación por lectura de las declaraciones que hizo en la instrucción, pero sí vamos a usar referencias brindadas por otras personas y una variada documentación.”

Entre las pruebas, la fiscalía tomó los testimonios de algunos detenidos-desaparecidos, pero también pasó revista a los legajos oficiales, hojas proyectadas en una pared con líneas borradas, tachadas y sobreescritas. “Ya hemos denunciado las alteraciones, borrados, sobreescrituras y hasta la sustracción parcial de las hojas que se vieron escamoteadas –dijo el fiscal–. Está claro que esto no se hizo para perjudicar a los imputados, sino para favorecerlos a través de un delito que desde ya queremos que se investigue.”
Las pruebas

Uno de los legajos alterados fue el de Rubén Jacinto Chamorro. Los fiscales lo consideraban un documento clave de la defensa de Montes. Chamorro era uno de sus subordinados, y estaba claro que como jefe, Montes debía calificarlo. Las páginas del legajo, sin embargo, lo califican como responsable de la formación de los marinos, en su faz burocrática, pero no en su faz operativa. “Creemos que ya no se discute si la ESMA era una escuela de enseñanza o si funcionaba como sede del Grupo de Tareas, ni que Chamorro era el comandante –dijo Ouviña–, pero las faltantes de las hojas dan cuenta de Chamorro no como director de la escuela sino como director del Grupo de Tareas.” Si no están las hojas de quienes lo evaluaron desde ese rol, no fue para protegerlo a él, o sólo a él, sino y en esa lógica, a ellos mismos.

Pero ésos no fueron los únicos datos. Recordaron que en otro informe Luis María Mendía –superior de Montes– reconoció que “ha demostrado claras y positivas actitudes en la guerra antisubversiva”. O indicó, en otro momento, que uno de los problemas que tenía era que disponía de poco personal superior, un dato que a la luz del alegato de los fiscales y de las otras querellas, explica ahora cómo fue que diversos oficiales de menor jerarquía –como el Tigre Acosta– ocuparon cargos que no les correspondía porque “las actividades habían superado las previsiones originales de la Fuerza”. En el terreno de las pruebas, también se leyeron datos de sobrevivientes y familiares. Recordaron el testimonio de Alberto Girondo, en cuya declaración dijo que Montes estuvo en la ESMA con Massera y García Tallada, y que los altos mandos visitaban la escuela especialmente en épocas de cambios de conducción. Otro testimonio fue el de Elisa Tokar, una sobreviviente que trabajó como esclava en el sótano del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se hacían tareas de prensa y difusión para cuando Montes estaba a cargo de esa cartera. Tokar dijo que su jefe en el ministerio era quien la había torturado en la ESMA y que cuando terminaba el trabajo la llevaban nuevamente a Capucha donde, por supuesto, recordó el fiscal, conservaba su cucheta.

Emilio Mignone nombró a Montes en su declaración del Juicio a las Juntas. Esa declaración fue una de las que se reescucharon en el debate y otra prueba retomada en el alegato. Ouviña recordó cuando el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, en el afán de dar con su hija y otros catequistas secuestrados, consiguió una entrevista con Montes, en la que le habló del secuestro de Jalics y Yorio. Montes le dijo que sí, “que a esos capellanes del Tercer Mundo los tuvo la Infantería de Marina y sobre todo a uno de ellos, que ‘es muy peligroso’”.

Montes pasó al Ministerio de Defensa y Culto después de mayo de 1977. “Lejos de apartarlo de la lucha antisubversiva –dijo el fiscal– eso le dio la posibilidad de continuarla desde un punto de vista estratégico, para resguardar la imagen de Argentina y para dirigir el seguimiento de los secuestrados que iban fuera del país bajo la órbita del tristemente célebre Centro Piloto de París.”

La acusación a García Tallada tomó un eje distinto: la fiscalía analizó sus propias declaraciones. García Tallada fue el sucesor de Montes hasta mediados de diciembre de 1977. Pese a que en sus declaraciones asumió las responsabilidades, curiosamente no admitió los tormentos, uno de los dos cargos por los que está acusado. “Pretendió desvincularse diciendo que no tuvo conocimiento de que se produjeran tormentos, pero no tuvo inconvenientes en describir sus técnicas”, dijo el fiscal. Para Ouviña, eso “permite concluir sin demasiado esfuerzo que efectivamente sabía de las prácticas que se usaban en la ESMA, que por cierto contaban con su favor”. García Tallada está acusado por 26 casos, entre ellos los doce asesinados del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz.

Rechazaron excarcelar a un exprefecto acusado de haber tripulado los llamados "vuelos de la muerte"

2011-07-04T23:14:00.000-07:00

El exmiembro de la Prefectura Naval y expiloto de Aerolíneas Argentinas Mario Arrú, acusado de haber tripulado los llamados "vuelos de la muerte" durante la dictadura, seguirá detenido por orden de la Cámara Federal porteña, que confirmó el rechazo a su excarcelación.

Arrú fue imputado por el fiscal federal Eduardo Taiano como uno de los pilotos que tripuló el vuelo desde donde se arrojó a secuestrados del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, entre ellos la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y la monja francesa Leonie Duquet el 14 de diciembre de 1977.

Los camaristas de la sala II del tribunal de apelaciones ratificaron el rechazo a la excarcelación resuelto por el juez Sergio Torres al entender que el "delito se sigue cometiendo" porque se ignora la suerte de muchas víctimas desaparecidas".

"Se reprocha al encausado haber intervenido en los `traslados` de personas ilegalmente privadas de su libertad" desde el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada "a través de los denominados vuelos de la muerte mediante los cuales se procedía a la eliminación física de aquellos y de cualquier rastro o huella que permitiera conocer lo sucedido", enfatizaron los camaristas.

Concluyeron que "no se trata de una conducta pretérita sin referencias en el presente sino que ateniéndonos a los términos de la regulación internacional sobre la materia, el delito se sigue cometiendo".

Arrú quedó preso junto a otros dos aviadores, un abogado y un suboficial de la Armada por su supuesta participación en los vuelos de la muerte.

Arrú trabajaba hasta la acusación formulada por el fiscal Taiano como comandante de vuelo internacional de Aerolíneas Argentinas, al igual que Enrique José De Saint Georges, también detenido junto con él.

Alegato de la Fiscalia por el asesinato de los Villaflor

2011-06-30T14:31:00.000-07:00

“Los imputados mantienen silencio”

Los fiscales Mirna Goransky y Pablo Ouviña reconstruyeron los secuestros y las detenciones ilegales de Raimundo, Josefina y los demás integrantes del grupo Villaflor. También plantearon las hipótesis sobre qué sucedió con sus cuerpos.

Por Alejandra Dandan

Los Villaflor. Las pruebas del asesinato de Raimundo en la Escuela de Mecánica de la Armada, los meses en los que su mujer y su hermana parecían seguras de que iban a salir con vida de la ESMA. Las cartas, las muñecas de trapo. Las hipótesis sobre qué sucedió con sus cuerpos integraron el tramo del alegato que la fiscalía leyó ayer en la audiencia del juicio oral de la causa ESMA. El ya retrasado tiempo del debate volvió a suspenderse después de dos horas de audiencia. Esta vez, el Tribunal Oral Federal 5 anunció un cuarto intermedio porque el represor Juan Carlos Azic estaba con problemas de presión, como viene sucediendo con sus colegas dos días a la semana. La audiencia se interrumpió hasta mañana.

“Hemos escuchado a muchos testigos referirse a ellos como grupo”, dijo la fiscal Mirna Goransky al empezar el caso. “Pero el apellido ya resonaba en el ámbito social y político mucho antes de que trascendiera el nombre de Azucena, a raíz de la infiltración del Grupo de Tareas en la (iglesia de la) Santa Cruz”, explicó. Azucena era sobrina de Aníbal Clemente Villaflor, dijo, obrero anarquista que por orden de Juan Perón y Domingo Mercante fue intendente de Avellaneda entre el ’46 y ’47 y fue padre de Raimundo y Josefina Villaflor.

Con el origen del parentesco anclado así en lo político, un universo en el que también situó a Azucena, la fiscal reconstruyó más tarde la línea de caídas del grupo atadas a las identidades políticas de las víctimas. Nombró a Josefina como dirigente de la Federación Gráfica bonaerense, donde conoció a su marido, José Hazan, que cayó con ella y con Celeste, la hija de ambos, el 3 de agosto de 1979. Ambos del Peronismo de Base. Luego, nombró a Raimundo y a su mujer, Elsa Martínez. Recordó que Laura, la hija de ambos, explicó en una audiencia que su madre nació en España, vivió en Uruguay donde se integró a los Tupamaros, se exilió en Argentina y se sumó al Peronismo de Base. De Raimundo dijo que era referente para los trabajadores de la zona sur bonaerense, delegado sindical, perseguido, y la figura que inspiró a Rodolfo Walsh para ¿Quién mató a Rosendo?

Pero el grupo no eran sólo ellos. Goransky y el fiscal Pablo Ouviña mencionaron a todos los que cayeron –militantes, amigos, compañeros de los amigos–, pese a que muchos no son “caso” en este tramo de la causa por el modo en el que se instruyen los expedientes. Entre ellos están Juan Carlos Anzorena, Juan Carlos Chiaravalle, Fernando Brodsky, Enrique Ardetti, Pablo Lepiscopo, Hugo Palmeiro, Juan Carlos Schiaravague. Todos estuvieron secuestrados en la ESMA, excepto Raimundo. Pasaron demasiados meses con vida, hasta marzo de 1980. Varios estaban enrolados en el programa de recuperación de los marinos. Además de trabajo esclavo en pecera, con los archivos de prensa, hacían visitas a las familias escoltados por Ricardo Cavallo que se quedaba en casa de los padres, con el arma arriba de la mesa. Otros hablaban dos o tres veces a la semana por teléfono. Y luego desaparecieron, en un momento que coincide con el cambio de mandos en la dirección del GT, a partir de entonces a cargo de Horacio Estrada y una lógica interna que requeriría que el nuevo jefe se manchara las manos.
Raimundo

El asesinato de Raimundo todavía no está probado en la causa. Pese a eso, con los datos que surgieron las querellas vienen pidiendo que se condene a Miguel Donda –el único imputado en este tramo por el caso– a prisión perpetua por “homicidio”. La fiscalía ayer presentó su caso con el mismo planteo.

Goransky dijo que después de recibir dos o tres días de picana, una de las testigos sintió en el sótano sus alaridos de dolor. A causa de tanto maltrato físico no pudo mantenerse en pie, tenía un brazo roto. En una de las visitas que su hermana Josefina hizo a la casa de su familia, contó que uno de los miembros del Grupo de Tareas lo llevaba y lo arrastraba del sótano a Capucha. Thelma Jara contó lo mismo en su primera declaración, dijo la fiscal. Dijo que los tormentos se prolongaron por dos días y que vio cómo se lo llevaban de Capucha al sótano para continuar con las torturas. Dicen que en ese momento mordió el brazo de un guardia, que eso desencadenó la furia, que le pegaron y lo patearon. Que después de esta golpiza y dos días de padecimiento de golpes y patadas, Raimundo falleció.

Los sobrevivientes también hablaron de la muerte. Thelma Jara vio en el tercer piso mucho movimiento de guardias y dijeron que había muerto de un paro cardíaco como consecuencia de los golpes en el sótano. Otro sobreviviente dijo que vio cuando lo pasaron colgado de pies y manos con la cabeza hacia atrás, absolutamente inerte, y que al día siguiente en una camilla al lado de la huevera había un cuerpo descalzo, del que no se veía la cara. Ese sobreviviente también dijo en la audiencia que estaba seguro de que era Raimundo. Además, la fiscalía planteó que están convencidos de que el dato quedó “debidamente registrado” por el GT porque un testigo llegó a ver en la ESMA una carpeta que decía que había muerto el 7 de agosto. “Los imputados, mientras tanto –dijo Goransky–, siguen guardando silencio sobre el destino de su cuerpo.”

Ex director ESMA, Edgardo Otero, aunque no quiere, sigue preso

2011-06-24T23:12:00.000-07:00

Denegaron la excarcelación del ex director de la ESMA procesado por delitos de lesa humanidad

El ex director de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada Edgardo Otero, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en ese instituto, seguirá detenido luego que la Cámara Federal confirmó el rechazo a su excarcelación dictado por la jueza María Servini de Cubría.

La jueza se opuso a liberar a Otero en esta causa en la que está procesado como "autor de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años", en referencia a la hija biológica de Orlando Ruiz y Silvia Dameris que fue entregada por Otero al represor Juan Antonio Azic, quien la inscribió con su apellido y con el nombre de Carla Silvina Valeria.

En las seis carillas de su resolución, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah explicaron el "carácter de delito permanente que registra el ilícito en cuestión, en sus modalidades de retención y ocultamiento -que junto a la sustracción se configuran en autos- la acción típica desarrollada”.

Los magistrados recordaron que el 26 de mayo de 2008 "cuando se incorporó a la causa el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos que estableció que ella es hija biológica de Orlando Ruiz y Silvia Dameris" recién "pudo descubrirse la verdadera identidad de la menor sustraída".

Los camaristas también recordaron que "el hecho que se le reprocha formó parte de un plan integral en la secuencia fáctica desarrollada en la ESMA y culminó con la sustracción, y posteriormente con la retención/ocultación de la menor".

En abril el mismo tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Otero y sostuvo que "a esta altura de los acontecimientos se encuentra debidamente acreditada la existencia de un plan sistemático llevado a cabo en la ESMA" donde "se perpetraron sustracciones de menores acaecidas en un marco fáctico de privación ilegal de la libertad de sus padres, donde fueron sometidos a torturas y tratos degradantes".

Los magistrados concluyeron, entonces, que "han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad" y, en ese sentido, Otero "no ha sido ajeno" a que la hija de la detenida desaparecida Silvia Dameri "fue fraudulentamente inscripta como Azic".

Detuvieron a Victor Olivera, represor prófugo que habría disparado a su propia casa

2011-06-23T23:23:00.000-07:00

Un peligro para su familia

Fue localizado días después del disparo que recibió su hija en la casa de Pilar. El mismo es el principal sospechoso de ese hecho. Había estado preso y fue excarcelado por la Cámara de Casación.

Por Alejandra Dandan

Víctor Roberto Olivera era uno de los “Pedros” de la ESMA, custodia del grupo de tareas del centro clandestino, mencionado como “Lindoro” entre los sobrevivientes del campo de exterminio que en los últimos meses –al compás de las declaraciones del juicio oral– lo situaron como uno de los responsables del asesinato de Raimundo Villaflor. Después de una decisión de la Cámara de Casación y de la confirmación del Tribunal Oral Federal 5, fue excarcelado en noviembre del año pasado, en un proceso intrincado de órdenes y contraórdenes rechazadas por los fiscales del juicio y luego por la Corte Suprema, que en abril ordenó detenerlo de nuevo. La Justicia no lo localizó, Lindoro fue declarado rebelde. El miércoles a la noche quedó detenido de nuevo, sólo días después del disparo que recibió su hija en la casa de Pilar. En este momento la Justicia Federal de Campana investiga ese hecho: Lindoro aparece como uno de los principales sospechosos del disparo, una situación que de confirmarse amplía la argumentación por la que los represores no podrían salir de la cárcel: no sólo la libertad pondría en peligro a los testigos sino, y a la luz de este caso, hasta a sus propias familias.

El caso Lindoro es paradigmático: refleja la situación de muchos de los represores acusados. Lindoro es uno de los marinos que reconoció en la etapa de instrucción su participación en la ESMA e imputó con sus relatos a varios de sus antiguos camaradas de armas. Negó, sin embargo, su alias, y entonces el modo con el que los sobrevivientes mencionan su participación en el caso Villaflor.

Lloró durante toda la declaración. Y estaba emocionalmente debilitado. El informe del Cuerpo Médico Forense elaborado cuando se discutía su excarcelación explicó que presenta una “afección” que “reviste la forma clínica de trastorno del humor”. Que, para el caso de recuperar la libertad, se recomendaba continuar con un tratamiento psiquiátrico que podía “llevarse a cabo bajo la forma ambulatoria toda vez que permanezca estable y que contara con la compañía y supervisión de una persona responsable para garantizar el tratamiento”, teniendo en cuenta el criterio de los médicos. “Su peligrosidad se encuentra supeditada –insistía el informe– a la continuidad del tratamiento psiquiátrico que no debe abandonar.”

Lindoro quedó libre en noviembre de 2010 por una decisión del Tribunal Oral, el mismo que tuvo fallidamente a cargo el control en la cárcel del represor Héctor Febres, que terminó suicidándose antes de conocer la condena. La fiscalía de Pablo Ouviña y Mirna Goransky tomaron conocimiento de la libertad cuando todo estaba hecho, una decisión sobre la que ya se había pronunciado en contra el juez de primera instancia Sergio Torres, pero que contaba con el aval de Casación. Torres primero se negó. Casación lo rechazó. Torres apeló a la Corte Suprema, la Corte confirmó la denegatoria que volvió a Casación. Casación, así, tuvo que negarse en esa instancia, pero el Tribunal Oral 5, basándose en la primera resolución de Casación, ordenó liberarlo. Cuando la fiscalía lo supo interpuso un recurso; el Tribunal 5 lo rechazó, luego presentó otro en queja ante la Cámara, que también lo rechazó. Finalmente, en abril –y tal como lo venían diciendo los fiscales–, la Corte Suprema de Justicia volvió a ordenar la detención de Lindoro, pero esta vez ya era tarde.

Como todos los excarcelados, Lindoro cumplió con las presentaciones semanales de control hasta una semana antes de la decisión de la Corte. Para cuando el tribunal ordenó detenerlo, ya no lo encontraron. Lo declararon prófugo y en rebeldía.
Los disparos

Claudia es la ex mujer de Lindoro. Era una de sus garantes de la condición de libertad, fue quien dijo que estaba “prófugo” en el juzgado de Torres. También había pedido custodia para ella, para su hija y en la escuela: “El era su padre –dijo ayer a Página/12–, yo no podía saber si un día aparecía en la escuela para sacar a la nena, y si pasaba eso, ¿qué hacia yo?”.

El lunes, pasadas las 21.30, la casa recibió un disparo desde la calle. Los datos reunidos hasta aquí en la causa indican que el disparo se produjo desde un Fiat. La custodia, en ese momento, estaba en el fondo de la casa. El tiro le dio a la niña de 9 años que fue internada en estado grave e intervenida pero que se recupera favorablemente.

Las primeras sospechas recayeron sobre Lindoro. El juzgado además había recibido otras informaciones. La ausencia del represor no parecía deberse a una gran fuga orquestada: Lindoro seguía aparentemente en la zona. Lo habían visto entrar a pedir un auto en una remisería. Lo vieron pasar con unas bolsas. Con estos datos trabajó en las primeras horas la fiscalía de Pilar, que empezó a cerrar el cerco sobre el marino. Por conexidad con la causa ESMA, la causa pasó ayer al Juzgado Federal de Campana, donde deberán evaluar si finalmente Lindoro es víctima o imputado.

Una parte del caso Lindoro ayer quedó cerrada: el marino fue detenido nuevamente en la zona de Campana, a partir de averiguaciones que se estaban haciendo en el marco de la causa ESMA. Eso indica que la detención no estuvo vinculada en principio con el ataque a su casa, aunque un funcionario judicial aclaró que muy posiblemente seguiría prófugo si no se hubieran producido los disparos.
La Casación

La Cámara de Casación comenzó a dejar libre a los represores de las causas de lesa humanidad primero en cuentagotas y luego sistemáticamente durante todo el año pasado. La Corte terminó con esa tendencia a comienzos de este año con una resolución que tomó como argumento uno de los planteos presentados por Torres sobre la vulnerabilidad de los testigos.

¿Pero cuál es la legitimidad de estos reclamos? Cuando un imputado pasa dos años preso sin condena tiene derecho a la excarcelación. La Justicia se la puede dar o puede extenderle la prisión preventiva hasta el momento de la condena, una decisión que los fiscales y querellas reclaman para los acusados de los delitos de lesa humanidad porque consideran que no son causas comunes, entre otras cosas por los años de impunidad que tuvieron los represores y por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Esos fueron los argumentos por los que la fiscalía intentó impedir la salida de Lindoro. Pero, además, este represor estaba preso desde hacía poco tiempo y tenía problemas psicológicos, sin contar que había un fallo previo de la Corte Suprema que limitaba las excarcelaciones.

El cuadro psicológico terminó ahora siendo importante. Y al haber sido excarcelado quedó sin control. Cuando un acusado se convierte en prófugo, deja además el tratamiento, y reaparece la peligrosidad.

Piden investigar por falso testimonio al cura Bossini que declaró en el juicio de la ESMA

2011-06-19T23:21:00.000-07:00

La Fiscalía pidió que se investigue por falso testimonio al sacerdote Gabriel Bossini, quien al declarar en el juicio por los crímenes de la ESMA dijo que no recordaba detalles del secuestro de otros dos religiosos de la Compañía de Jesús, que en 1976 trabajaban en una villa del Bajo Flores.

El pedido fue formulado durante la tercera jornada del alegato a cargo de los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky, en una accidentada semana en la que dos represores acusados sufrieron descompensaciones que obligaron a la postergación de las audiencias.

Bossini declaró el pasado 16 de octubre como testigo y dijo que no recordaba haber enviado la comunión a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes habían sido secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA el 23 de mayo de 1976, durante un importante procedimiento del que participaron tropas de Infantería de Marina.

En aquella ocasión, Bossini se encontraba oficiando misa en la capilla de la villa, luego de que el por entonces provincial o jefe de la Compañía de Jesús, el cardenal primado de la Argentina Jorge Bergoglio, les quitara la autorización para oficiar misa a Jalics y Yorio.

Por este caso, Bergoglio declaró como testigo en su despacho del Episcopado -adonde se trasladó el tribunal- y allí habría dado cuenta de una gestión suya ante el ex dictador Jorge Videla por ambos sacerdotes.

Bossini no fue detenido y los militares que actuaron lo autorizaron a terminar con el oficio religioso.

Con posterioridad, el cura le aseguro al fallecido dirigente de derechos humanos Emilio Fermín Mignone, que no había actuado el Ejército sino un grupo de la ESMA.

La hija de Mignone fue secuestrada en ese procedimiento, junto a los dos religiosos y un grupo de catequistas y seminaristas, y estos últimos siguen desaparecidos.

Al declarar en el juicio, Bossini dijo no recordar las circunstancias del procedimiento y sus posteriores afirmaciones, en las que dijo conocer a varios de los represores que intervinieron, con los cuales había escalado el Aconcagua.

Tampoco recordó haberle enviado los sacramentos a los sacerdotes a través de un militar cuando Yorio y Jalics estaban secuestrados.

Ouviña sostuvo que Bossini, al declarar en el juicio, "tuvo una actitud de llamativa falta de memoria de las circunstancias que le tocó vivir" y fue "abiertamente reticente a las preguntas del tribunal".

El fiscal dijo que la conducta de Bossini fue "mendaz" cuando negó todos estos hechos, por lo que pidió que se investigue penalmente al sacerdote por presunto falso testimonio que, de acuerdo a su gravedad prevé penas de hasta diez años de prisión.

Investigarán a Ramón Arosa que comandó la Marina desde 1983

2011-06-19T23:12:00.000-07:00

La nota que firmó un jefe de la Armada

En la causa ESMA, Arosa declaró que, con Astiz, la Marina sólo se equivocó al no apartarlo para evitar que se descubrieran sus tareas durante el terrorismo de Estado. Lo compromete una lista de militantes que había enviado a la Justicia en 1986.

Por Alejandra Dandan

La última declaración pública de Ramón Arosa en los Tribunales de Retiro aún es memorable. Arrinconado por las preguntas de los fiscales, el primer jefe de la Armada de la democracia recordó lo que alguna vez escribió en un libro: que la operación de infiltración de Alfredo Astiz en el grupo de la Iglesia Santa Cruz resultó “exitosa” pero que el “error” de la Marina fue no haberlo “apartado” y, en cambio, haberlo enviado inmediatamente a otra operación en Francia, donde lo reconocieron los ex secuestrados. La declaración de Arosa como testigo generó ya sus primeros efectos: el grupo Kaos, integrado por Rodolfo Yanzón y otros abogados, pidió al Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio por la ESMA que separe la declaración para impulsar una investigación sobre el ex jefe de la Armada.

Pero eso no es lo único que sucedió. Un día después de la declaración, una sobreviviente de la ESMA revisó archivos convencida de que había algo más sobre el marino. Encontró una nota firmada por Arosa de diciembre de 1986, y enviada a la Justicia Federal de San Isidro, con una lista de 30 nombres de militantes políticos de la organización Montoneros que supuestamente habían participado del secuestro de un empresario de la Mercedes Benz. Los nombres recogidos en base a datos de “agentes competentes” –según la nota– llegaron al despacho del entonces juez Daniel Alberto Piotti y desencadenaron pedidos masivos de indagatorias para los ex militantes, pocos de los cuales sin embargo aún estaban vivos. Para los sobrevivientes, el dato no es poco importante. Graciela Daleo estuvo secuestrada en la ESMA, es querellante del juicio oral que se lleva adelante en Comodoro Py y fue una de las imputadas en el marco de aquel expediente. Para ella, la nota firmada por Arosa parece hecha en base a información que los servicios de inteligencia arrancaron bajo tortura a los prisioneros. O con algún tipo de archivo que la Marina siempre negó tener.
El expediente

Después de la ley de punto final, en 1986, el Congreso dio un plazo de 60 días para terminar de encausar a militares y militantes políticos. En San Isidro, el hombre que más adelante se transformaría en jefe de seguridad de Eduardo Duhalde, llevaba la causa de Heinrich Metz, de la Mercedes Benz, secuestrado en octubre de 1975, por el cual Montoneros reclamó un rescate y mejores condiciones para los trabajadores. Arosa mandó la lista con los nombres como respuesta a un oficio. La nota de carácter reservado llevaba la identificación número 243/86/AJAR, AZ3, del día 18 de diciembre de 1986, con la firma y el sello de Arosa como vicealmirante, jefe del Estado Mayor General de la Armada.

“De acuerdo con la información suministrada por los organismos competentes –dice la nota–, informo que como integrantes de la Columna Oeste de la organización Montoneros pudo detectarse, en su oportunidad, a...”. Y a continuación Arosa transcribió una lista de 30 nombres y apellidos y luego una enumeración de 27 apodos de quienes no se pudo “precisar su identidad”.

“Recorrer esos nombres da cuenta de cuáles son los ‘organismos competentes’ a los que se refirió Arosa”, dice ahora Daleo. “Y cómo es que pudieron ‘detectarse en su oportunidad’ a esas personas”, porque para que se entienda –aclara– los nombres de las listas son, entre otros, los de Graciela Alberti, Ricardo Soria, Gustavo Grigera, Jorge Mendé y Alejo Mallea, por ejemplo. Todos ellos son víctimas de quienes actuaron en la ESMA. “De Gustavo Grigera sólo entregaron el cadáver; los demás permanecen desaparecidos. Otros, como Roberto Ahumada y Raúl Cubas, fueron liberados después de las torturas y de permanecer desaparecidos en la ESMA más de dos años.”

La lista no incluyó sólo a víctimas de ese centro clandestino. Estaba María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew, luego secuestrada y desaparecida. También Norberto Gómez, secuestrado y asesinado por las patotas de Azopardo-Atlético. El juez Piotti indagó a todos los que pudo. “Obscena decisión la de un juez –explica Daleo– que durante esos años decidió imputar a desaparecidos y asesinados.”
El presente

Arosa obtuvo el retiro voluntario de la Armada el 1º de febrero de 1990. En 1996 volvió a revistar como retirado en servicio, pero en 2007 la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, dio de baja el contrato. Durante la dictadura, llegó a tener la jerarquía de capitán de navío como Jorge Raúl Vildoza, imputado de ESMA, pero además llegó a ocupar la jefatura del Comando de Operaciones Navales, la segunda autoridad naval de la Armada. Según los datos de Defensa y del CELS, el 24 de septiembre de 1979 volvió al país desde los Estados Unidos para ingresar al Departamento de Operaciones del Comando de Operaciones Navales en Bahía Blanca. El 29 de enero de 1980 lo nombraron jefe del Estado Mayor del Comando Naval, se quedó en Bahía Blanca hasta el 19 de diciembre de 1980. Luego pasó a ser comandante de la División Corbetas; subsecretario general naval y jefe de la Casa Militar en Presidencia de la Nación, hasta que asumió Raúl Alfonsín, cuando pasó a ser jefe del Estado Mayor General de la Armada.

Más allá de los datos puntuales del ascenso, y posibles responsabilidades, uno de los puntos más importantes de su legajo para las causas de lesa humanidad es su presencia en el Comando de Operaciones Navales (CON). En este momento, los juicios avanzan sobre dos tipos de autores: directos y mediatos, altos mandos que son responsables por la cadena de mandos. Arosa no está imputado hasta el momento. Sin embargo, uno de los fiscales de Bahía Blanca indica que hombres de su misma jerarquía fueron imputados en esa ciudad por hechos de 1976 y 1977. Bahía Blanca no tiene hasta ahora víctimas denunciadas de los años en que estuvo Arosa, pero como el CON tenía jurisprudencia en todo el país podría ser responsable por otros casos –como en ESMA, por ejemplo– si se aplican los criterios con los que se juzgó hasta aquí.

Juicio por la megacausa ESMA ingresó en la etapa final

2011-06-15T23:30:00.000-07:00

Se recordaron los testimonio de las aberraciones, y el genocidio diluido... y la Armada como tal no cuestionada
La ex ESMA.

La Fiscalía inició este miércoles la última de las acusaciones contra los 19 imputados por crímenes cometidos en la ESMA en el marco de lo que denominó "el juicio al horror" y denunció que la tortura ese centro clandestino era "la ceremonia iniciática de los detenidos" que en la mayoría de los casos culminaba con los "vuelos de la muerte".

El alegato, cuya parte introductoria estuvo a cargo de la fiscal adjunta Mirna Goransky, fue interrumpido en dos oportunidades debido a las descompensaciones del represor Ernesto Weber.

Conocido por el alias de "220" porque era un experto en la aplicación de picana eléctrica, Weber "tuvo un bajón de presión" y "se descompensó", pero tras la asistencia recibida por los médicos de tribunales se recuperó y fue trasladado nuevamente a la sala de audiencias, en el subsuelo de Comodoro Py 2.002. La descompensación obligó a que el presidente del tribunal, Daniel Obligado, ordenara un "cuarto intermedio" que se prolongó alrededor de media hora, hasta que, con la atención brindada en la enfermería de los tribunales federales de Retiro, se reanudó el debate.

"Este no es un juicio como cualquier otro; este es un juicio al horror. No se trata sólo del interés general de la sociedad argentina, ya que trasciende los límites de nuestro país", advirtió la letrada que acompaña al fiscal federal Pablo Ouviña, quien expondrá en las sucesivas jornadas en las que se completará el alegato acusatorio.

En su exposición, Goransky aseveró que los oficiales del Grupo de Tareas que actuó en la ESMA "estaban convencidos que estaban librando la Tercera Guerra Mundial, frente a un enemigo evanescente" y que la tortura era el único método para obtener la información que requerían de los detenidos.

En ese marco, indicó que "la picana eléctrica destruía la libertad y provocaba el quiebre de aquellos que habían dejado de ser personas", por lo que su aplicación se constituía en "la ceremonia iniciática, el rito de iniciación" de los detenidos y su sometimiento dependía "de cuanto aguantaban".

El alegato fiscal fue seguido con atención por los acusados y, en esta oportunidad, sólo una de las mujeres de los represores que habitualmente asisten a las audiencias se encontraba en la bandeja superior, casi completa por ex camaradas de armas.

"No son criminales comunes. Todos estos hombres secuestraron sometieron a sus víctimas a violaciones sexuales, a condiciones de vida indignas, esclavizaron y asesinaron a miles de víctimas indefensas", enfatizó la representante del Ministerio Público ante los ojos de Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo, entre otros.

Además de la utilización de la picana, advirtió que existían otros tipos de tortura tales como mantenerles a los detenidos la "ilusión de vivir" y la incertidumbre de no saber cuándo podían ser trasladados, así como también hacerlos presenciar sesiones de torturas a familiares o amigos, haciéndolos responsables a ellos por no brindar información.

Reconoció, asimismo, que se trató de de un "instrumento efectivo para destruir las estructuras de las organizaciones armadas y políticas", a la vez que sembraban el terror en el resto de la sociedad.

La fiscal incorporó luego otra de las áreas del centro clandestino conocida como "Capucha" que funcionó en el tercer piso del Casino de Oficiales, por donde pasaron la mayoría de los detenidos desaparecidos de ese campo de concentración.

"La regla general en la ESMA era la Capucha, un depósito de transición entre la vida y la muerte, destinada a anular todos los rasgos de humanidad, antes de la solución final de los vuelos de la muerte", describió, al comparar los crímenes de la dictaduras con los cometidos por el nazismo en Alemania.

En ese contexto, recordó que los números que les asignaban a los detenidos en la ESMA "reemplazaban los nombres de los desaparecidos, muertos sin cadáveres y sin nombre".

Un capitulo aparte mereció el trato al que eran sometidas las mujeres y al respecto pidió al Tribunal que se extraigan testimonios para iniciar una nueva causa por el sometimiento sexual y las violaciones a las que fueron sometidas, de las que dieron cuenta las sobrevivientes que declararon durante las audiencias.

"Las condiciones siempre fueron peores para las mujeres. La violencia sexual y de género fue otro componente estructural del plan sistemático", remarcó al advertir que no fueron casos aislados y, entre otros, mencionó los de Susana Ramos que, según dijo, fue violada por los acusados Juan Carlos Rolón y Jorge Rádice, y el de Josefa Prada, violada mientras estaba embarazada.

Además, agregó que a las prisioneras que incluían en los planes de "recuperación" las despertaban "en medio de la noche para ir a comer y bailar", mientras "la violación era una práctica sistemática" en la ESMA.

A su vez, dio cuenta del lenguaje utilizado en la ESMA por los represores, para quienes "la tortura se convertía en interrogatorios reforzados, los cuerpos arrojados al mar eran bultos y el asesinato era mandarlos para arriba".

En ese sentido recordó la frase del ex capitán Acosta mencionada por algunos ex detenidos, quien amenazaba con mandarlos "para arriba". "La locura los llevó a creerse dioses, dueños de la vida de los detenidos", dijo y volvió a mencionar a Acosta, en este caso advirtiendo: "Al que se haga el loco le ponemos el pentonaval y se va para arriba". "Este era el lenguaje de la locura para ocultar la locura del lenguaje", sentenció.

Poch, nuevamente procesado por los vuelos de la muerte

2011-06-10T23:14:00.000-07:00

Como partícipe necesario

Luego de haber quedado en libertad tras el desprocesamiento dictado por la Sala II de la Cámara Federal, el ex teniente de la Armada Julio Poch volvió a ser procesado y detenido en el penal de Marcos Paz por participar en los vuelos de la muerte. El juez federal, Sergio Torres, sumó nuevas pruebas a la causa y ordenó un embargo de 41 millones de pesos sobre sus bienes.

El magistrado consideró a Poch “partícipe necesario” del delito de “privación ilegal de la libertad agravada” en 41 casos, entre ellas las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, un número inferior de víctimas por las que había sido procesado en la causa anterior. Poch había sido extraditado el año pasado desde España, donde se desempeñaba como empleado de la aerolínea holandesa Transavia. Había sido detenido el 22 de setiembre de 2009, luego que trascendiera que, ante amigos, se habría jactado de participar de esos "vuelos". En su momento, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun indicaron que esas manifestaciones, ante aquellos, testigos “no pueden considerarse una confesión en términos procesales, al no haber sido efectuadas en sede judicial”.

Para revertir la decisión, Torres dispuso una serie de medidas de pruebas tendientes a satisfacer el requerimiento de los camaristas que le habían ordenado profundizar la investigación. Vía exhorto diplomático, el magistrado cursó un interrogatorio con medio centenar de preguntas para una docena de testigos residentes en Holanda. También se agregaron declaraciones de peritos en ingeniería naval e informes de Aerolíneas Argentinas y de la Armada relacionados con las actividades de vuelo llevadas a cabo por Poch.

Ahora, Torres afirmó que existen “suficientes elementos de convicción como para tener por acreditado que el encausado es a primera vista responsable por los hechos por los cuales fue indagado”. Y expuso que el acusado “habría admitido haber sido parte del sistema de represión ilegal que existió en nuestro país durante los años 1976/1983, siendo su misión la de pilotear aviones que a bordo transladaban a los llamados 'subversivos' para, luego de un trayecto mar adentro, eliminarlos físicamente arrojándolos a la profundidad de las aguas”.