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martes, 8 de mayo de 2012

La Corte negó excarcelación al “Tigre” Acosta

La Justicia revocó el fallo que disponía la excarcelación del represor que operaba en la ESMA, condenado a prisión perpetua por el TOF n°5 en octubre del 2011.


El Tigre Acosta
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo que disponía la excarcelación por el paso prolongado del tiempo de Jorge “El Tigre” Acosta, uno de los más principales represores que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había considerado “inadecuada la prolongación de la prisión preventiva”, tanto de Acosta cuanto de sus consortes de causa Jorge Acosta y Luis Perea. La decisión fue adoptada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

Beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, Acosta fue detenido posteriormente y puesto en arresto preventivo por su participación en el robo de niños nacidos en cautiverio. En 2003, se reabrieron las causas en las que estaba imputado y, en 2006, fue enjuiciado junto a Alfredo Astiz y Adolfo Miguel Donda.

El 26 de octubre de 2011, en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA -uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes montados durante la última dictadura militar-, Jorge "el Tigre" Acosta fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta por el Tribunal Oral Federal nº5 después de 22 meses de debate y testimonios de más de 250 testigos.

La ESMA es uno de los pocos campos de concentración con supervivientes que pasaron uno, dos y hasta cuatro años secuestrados.

viernes, 6 de mayo de 2011

Alegato de una las querellas

Astiz reclamó “matarlos a todos”

El abogado Martín Rico centró su acusación contra la patota de la Marina por el secuestro y la desaparición de las Madres y familiares que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. El grupo en el que se infiltró Astiz como Gustavo Niño.
Por Alejandra Dandan

En un momento Nora Cortiñas salió de la sala con el pañuelo en la cabeza. Ana María Careaga la abrazó por atrás. Las dos estaban profundamente conmovidas porque en los Tribunales de Comodoro Py se estaba reconstruyendo qué sucedió con el grupo de la Santa Cruz. “¡Había que hacer mucha inteligencia ¿no?, para saber lo que querían las madres!”, exclamó Martín Rico encargado del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos. Estaba hablando del rol de Alfredo Astiz. Y recordó uno de los testimonios oídos durante el juicio, aquel en el que una sobreviviente contó que uno de los días Astiz volvió de una reunión de la iglesia de la Santa Cruz con un volante en la mano: “Volvió a la ESMA como loco ––explicó– y le dijo a Acosta: ‘¡Hay que secuestrar a este grupo de familiares, y hay que matarlos a todos!’”.

Así empezó finalmente y después de muchos reclamos por las demoras, el tramo final del juicio oral por los crímenes de la ESMA. A las diez de la mañana, el Tribunal Oral Federal 5 dio paso a la primera jornada de alegatos que estuvo en manos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Rico se circunscribió a las doce víctimas de la Santa Cruz, con un homenaje a los 30 mil desaparecidos. Y anclando la recolección de pruebas en las políticas de Estado generadas a partir de 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Rico reconstruyó la identidad de cada uno de las víctimas, entre las que está el grupo de tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Rescató como sólo el juicio pudo hacerlo el rol y la figura del grupo de los integrantes más jóvenes, de los que habló particularmente el periodista Uki Goñi durante su declaración. La infiltración de Astiz y las pruebas del secuestro fueron parte de la trama rearmada que le permitirá pedir para los 19 acusados la condena a prisión y reclusión perpetua en carácter de coautores directos. El pedido incluirá la condición de “funcionales”, y eso hace que todos y cada uno sean funcionales por haber intervenido en el centro de detención, tortura y exterminio. La audiencia pasó a cuarto intermedio a la tarde.

Astiz estuvo durante toda la audiencia abocado a la lectura de papeles que nunca nadie entendió qué eran. El Tigre Jorge Acosta llegó con las bolsas llenas de carpetas con las que suele aparecer en las audiencias en las que se decide a hablar. Ricardo Cavallo siguió frente a su computadora. Y Adolfo Miguel Donda nunca se sacó los anteojos Ray-Ban negros esfumados iguales a los que usaba en los operativos de los años setenta.

Como viene sucediendo en cada alegato, la Secretaría de Derechos Humanos encabezó la lectura de pruebas con posiciones políticas. Rico retrucó la idea del “odio” como motor de los juicios. Dijo que “se dice que nosotros somos quienes humillamos a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad quienes las humillaron fueron los que los condenaron a ser simples encapuchados en lugar de ser hombres al servicio de la soberanía nacional”. O, “no hubo dos demonios: qué clase de demonio era un grupo de familiares que querían saber o dos religiosas que lo único que hacían eran ofrecer sosiego a los familiares”. En el piso de arriba, como suele suceder cada vez, entre las mujeres y viejos camaradas de los vetustos acusados, las intervenciones del abogado se respondían acaloradamente con cuchicheos, algunas risas o a lo señora bien con algún “¡qué caradura!”.

Los hechos

Quedó probado para la secretaría que el 8 y 10 de diciembre de 1977 operativos del GT 332 secuestraron a Alice Domon, Angela Auad, Horacio Aníbal Helbert, María Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit, María Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Remo Carlos Berardo, Reneé Léonie Duquet y Azucena Villaflor. El secuestro finalizó con los homicidios probados de cinco de las víctimas, cuyos cuerpos aparecieron en diciembre de ese año en las costas de Santa Teresita y permanecieron enterrados como NN hasta 2005. El resto de las víctimas están desaparecidas.

El Juicio a las Juntas juzgó a los máximos responsables, recordó Rico: “Pero la Cámara Federal dijo en su fallo que la investigación debía continuar sobre los responsables directos, lo cual está ocurriendo ahora después de 27 años”.

Rico intentó demostrar durante su alegato una de las singularidades del grupo de la Santa Cruz: puso en primer plano la condición de haber perdido a uno de sus familiares directos, hijos o hermanos. Y explicó que se reunían en la iglesia para juntar el dinero de la solicitada para publicar el 10 de diciembre con la primera lista de los desaparecidos. No mencionó las características políticas de sus integrantes o la condición de militantes de muchos de ellos, incluso de las madres. Un dato curioso que alguno de los sobrevivientes leyó, sin embargo, como un modo de explicar la peculiaridad de este grupo, de familiares y de buscadores de sus víctimas entre el grupo de las víctimas de la ESMA.

Las identidades

El caso de las monjas francesas será reconstruido la semana próxima durante el alegado de Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora. La secretaría, sin embargo, adelantó algunos de los datos que permitieron trazar sus identidades a partir del juicio oral. Alice Domon –recordó Rico a partir del testimonio de Nora Cortiñas– era una persona que se vestía con ropita sencilla, no de monja, con una cruz, “que vino a ver si nosotras necesitábamos dinero u otra cosa”. O recordó aquello que había dicho su hermana Grabriele en la declaración del 15 de abril de 2010, en la que leyó cartas y correos de Alice. Dijo que entró a la orden en 1957, que estuvo diez años en Francia, que en 1967 llegó a la Argentina, que primero estuvo en Morón, donde cuidó al hijo discapacitado de Jorge Rafael Videla. Trabajó en los barrios humildes compartiendo la vida con los pobres, se trasladó a Corrientes a trabajar al servicio de las Ligas Agrarias. “A través de las cartas dice que para 1975 la vida era más terrible todavía, que había amenazas pero que valía la pena estar entre los pobres, con los que estaban castigados.” En 1977, conoció a las Madres de Plaza de Mayo. “Su hermana dice que tenía miedo de lo que podía pasar con las madres.”

Durante el correr de las audiencias, aparecieron voces que permitieron conocer de cerca a muchos de los integrantes de la Santa Cruz, cuyas imágenes están aún desdibujadas. Rico rescató en ese contexto el rol del grupo de los más jóvenes, narrado en las audiencias por Uki Goñi que los conoció durante su trabajo en la redacción del Buenos Aires Herald. Goñi contó cómo ellos mismos lo invitaban a ir algunas de las reuniones en la Santa Cruz, pero que él no quiso ir porque tenía miedo. Decía que las madres estaban protegidas por ser madres, pero los más jóvenes, no. Rico también mencionó el testimonio de la hija de Eduardo Gabriel Horane y de Raquel Bulit, que para el día del secuestro tenía ocho años de edad y que durante años escribió cartas y cartas a sus padres convencida de que seguirían con vida.

“Quiero hacer una reflexión en este punto”, dijo el abogado después de presentar a todos. “Hace unos días Acosta habló del rol de Inteligencia que cumplió y lo escuchamos hablar de los enemigos: ¿la Inteligencia de Marina se dedicaba a seguir a estas personas?”
La infiltración

Entre las pruebas de la infiltración de Astiz, Rico mencionó numerosos relatos de testigos. Entre ellos, Aída Sarti o Cecilia Vázquez que se mostró sorprendida, entonces como ahora, de las personas con las que llegaba Astiz a las reuniones, a quienes presentaba como hermanos y a las que se veía muy callados. Recordó además el relato de Cecilia, la hija de Azucena, el momento en el que Astiz en su rol de Gustavo Niño le pidió quedarse a dormir en su casa y su marido no lo dejó. El caso de Graciela Daleo, cuando contó que Silvia Labairú fue obligada a acompañar a Astiz en esas infiltraciones para que “pasara con más naturalidad entre los familiares”. O el testimonio de Lauletta, que explicó que desde mitad de agosto de 1977 la ESMA le hizo la documentación a Astiz como Gustavo Niño para que se infiltrara con los grupos de derechos humanos, y que eso iba desembocar en la caída del grupo de la Santa Cruz.

Sobre el operativo, otro de los puntos del alegato, explicó que era complicado. Que la ESMA debía pedir autorización al Ejército. Y cuando el Ejército solicitó la información para saber qué es lo que estaba sucediendo, la ESMA lo negó.

Algo de ese operativo es lo que conmovía todavía a Nora Cortiñas y a Ana María Careaga en uno de los intervalos. Y, entre ellos, el nombre de Alfredo Astiz que todavía las estremece. Ese relato de la sala les volvió a hacer sentir cómo es que compartió tanto tiempo con sus víctimas, cómo las llevaba y las traía en coche, cómo es –decían por fin– que a algunas de ellas llegó a conocerlas mejor que nadie.

jueves, 28 de abril de 2011

Etapa final en juicio por los crímenes de la ESMA


La validez de los testimonios

Después de la extensa ampliación de declaración de Jorge “El Tigre” Acosta sobre el secuestro de las monjas francesas, del grupo de Madres y de Rodolfo Walsh, el tribunal incorporó los videos de los testigos en el Juicio a las Juntas.
Por Alejandra Dandan

A dieciséis meses del comienzo, el juicio por los crímenes de la ESMA entró en la etapa final. Después de la última ampliación de la declaración de Jorge “El Tigre” Acosta –que se extendió el lunes pasado hasta las once y media de la noche–, el Tribunal Oral Federal 5 dio lugar a la incorporación de las declaraciones de testigos que están muertos o no están en condiciones de declarar. En una medida celebrada por los querellantes, en las audiencias se están viendo las declaraciones filmadas que esos mismos testigos realizaron en el juicio a la junta de comandantes. Entre ellos hubo testimonios fundamentales como el de Emilio Mignone, uno de los fundadores del CELS, y el ex capitán Jorge Félix Roberto Búsico, uno de los integrantes de la ESMA que reconoció las operaciones ilegales contra los militantes políticos.

La semana comenzó el lunes con la declaración de El Tigre Acosta, que viene hablando desde hace tiempo. Habló mucho, largo, y pronunciando mentiras sobre verdades, como lo explicaron las querellas. Como había sucedido días previos con Miguel Donda, durante su relato Acosta rozó por momentos la autoincriminación. En una línea en la que terminó describiendo la ESMA como centro de reclutamiento y de torturas, hizo subrayados importantes sobre tres puntos: volvió al operativo a Rodolfo Walsh descripto por él mismo en una carta que había entregado al tribunal; se refirió al secuestro del grupo de Madres y familiares de desaparecidos en la Iglesia de Santa Cruz y describió cómo se organizaban los operativos en las calles.

Sobre Walsh, volvió a decir lo que dijo en la carta. Que estaba dispuesto a morir sí o sí. Repitió la idea del suicidio, habló de un solo tiro y describió el traslado del cuerpo a una comisaría de la zona para sacarlo de la ESMA. Fuera de eso, las querellas tomaron nota del nombre de un capitán a quien mencionó como a cargo del operativo, hombre que, por supuesto, está muerto.

Del grupo de la Santa Cruz, mencionó por la negativa un dato que podría certificar la fecha de los traslados de las víctimas. Acosta dijo que entre el 7 y el 15 de diciembre la ESMA prácticamente no funcionó. Que se suspendieron las tareas del GT 3.3.2, que nadie trabajó y que por los feriados quedaron todos abocados a firmar papeles de las licencias y diplomas. “Lo dijo así, con ese descaro”, señaló a Página/12 Ana María Careaga, hija de una de las integrantes de la Santa Cruz. Para los acusadores el tema de las fechas es importante. Algunos creen que, de alguna manera, con esos datos Acosta marcó los límites de la permanencia del grupo en la ESMA, y ubicó el día 14 como el momento del vuelo final de los cuerpos, un dato que está en investigación porque algunas versiones indican que podría haber sido días más tarde.

Por otra parte, admitió que desde agosto o septiembre de 1977 todos los agentes de inteligencia estuvieron abocados a infiltrarse en el Movimiento de Solidaridad de Derechos Humanos para cambiar la imagen de Argentina en el exterior. “Incluso yo mismo participé para visitar periodistas y medios extranjeros porque sabía bien inglés”, dijo. Explicó que hizo la tarea con una de las secuestradas que tenía esas mismas condiciones. Pese a que no dijo claramente dónde estuvo, quienes lo escucharon entendieron que uno de los lugares pudo haber sido la Plaza de Mayo. Y que la idea era toparse ahí con periodistas para darles una versión distinta de lo que estaba pasando.

Sobre los operativos, evocó las estrategias del grupo de tarea 3.3.2 ante el uso de las pastillas de cianuro durante los secuestros. Explicó que al comienzo daban la voz de alto, pero eso producía un enfrentamiento y los militantes solían usar las pastillas de cianuro que impedían capturarlos con vida. “Todo el mundo conoce el famoso tacle de Astiz –dijo–, pero eso lo hicieron varios.” Con ese tacle, lo que hacían era acercarse a las víctimas y agarrarlos para evitar que tomen las pastillas. A esa altura, en la ESMA, explicó también, había un médico que encontró el modo de contrarrestar los efectos del veneno.

Días después, comenzaron a verse los videos de las declaraciones en el juicio a la junta de comandantes. Uno de los testimonios clave fueron dos tramos del testimonio de Mignone, sobre el que las querellas tomaron nota. Uno de ellos son las tres entrevistas que mantuvo con el represor y jefe de la Armada Emilio Massera, en las que le dijo que las monjas francesas estaban muertas. Mignone le respondió: “Si están muertas es porque ustedes las mataron”. Y Massera no contestó. Otro de los tramos es cuando da cuenta de una entrevista en 1977 con Oscar Antonio Montes, uno de los represores acusados en el juicio. Durante un exabrupto Montes reconoció que los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics habían sido víctimas de grupos de tarea de la Armada.

Otro de los testigos reescuchados fue Búsico. Durante el Juicio a las Juntas, declaró que en 1976 era capitán de Fragata y era uno de los operativos dentro de la ESMA. Pese a que no estaba afectado a la “lucha contra la subversión”, un día lo convocaron para un operativo. Durante el procedimiento, él dio su nombre y por eso lo reprocharon sus compañeros de arma. Detrás de él llegó Néstor Omar Sabio, que no dio su nombre, sino uno falso, una característica que le permitió empezar a entender cuál era la metodología. Aseguró que por esa situación se quejó ante Chamorro para decirle que no estaba de acuerdo con el uso de nombres falsos, con los operativos de noche y el hacerlos de modo encubierto. Que por esa razón lo separaron de la “lucha antisubversiva”, pero que de todos modos en las guardias que le tocaban veía entrada y salida de personas que claramente no eran personal de la ESMA. Que la gente entraba capturada, llegaba encapuchada y nunca los vio salir”. Los veía pasar de un lado a otro, en algunos casos los llevaban con frazadas, y que desde uno de los puestos se les daba órdenes a la Policía Federal para no intervenir en las zonas.

Una vez, dijo, le pidió a un mayordomo de la ESMA sus cosas para llevárselas. El hombre no las encontró y entonces lo autorizaron a subir a buscarlas al altillo. Dijo que en ese momento se quedó impactado. “Para mi sorpresa estaba repleto de muebles y de cosas que sin duda eran resultado de la lucha contra la subversión.”

Ayer fue el turno de Thelma Jara de Cabezas, que no está en condiciones físicas de declarar en las audiencias. Esta serie de testimonios permitió a las querellas empezar a pensar que todas las declaraciones de estos juicios, que también están siendo registradas, podrían usarse en los próximos debates.

viernes, 15 de abril de 2011

Todos los medios dan profusa difusión de las declaraciones de los represores

Acusaciones y difamaciones de corte político, un probado genocida como Acosta tiene el tiempo y el espacio para vomitar las "justificaciones" al plan sistemático de exterminio. Pero no todos los sobrevivientes tienen la posibilidad de hablar de genocidio.

Acosta: "el objetivo era aniquilar la subversión terrorista"

El ex represor de la ESMA Jorge "El Tigre" Acosta confirmó hoy que el objetivo de la represión "fue el de aniquilar la subversión terrorista y sus ideólogos" cumpliendo "órdenes de superiores" con "la obediencia debida".
Acosta, quien dirigió el área de Inteligencia del Grupo de Tareas GT 3.3.2 de la ESMA, aseguró que el accionar "no estaba dirigido contra los ciudadanos", a la vez que exhibió un "organigrama" confeccionado por él, a la manera de un "collage", con la estructura de mandos de ese centro durante la dictadura.

"Pareciera que quienes cumplimos las órdenes fuimos los que inventamos todo y los locos de ese proceso", se quejó y recalcó que "las órdenes son para cumplirlas en tiempo de paz y en tiempos de guerra". A su vez, justificó los métodos utilizados por los represores al sostener que "había que quebrar la voluntad de lucha" del "enemigo marxista" y calificó de "sustantivo" el aporte de "los agentes de inteligencia navales".

Así definió durante todo su discurso de defensa a los ex detenidos desaparecidos que lo acusaron durante el juicio por los crímenes cometidos en la ESMA.

Al ampliar su declaración indagatoria, que continuará el próximo lunes 25 de abril, Acosta negó que el alias de "Tigre" haya sido su apodo en la ESMA, pero aclaró que se trataba de un "nombre indicativo" que se utilizaba siguiendo instrucciones superiores.

También se remitió al denominado PLACINTARA, un manual de instrucciones elaborado por los mandos militares con los lineamientos de la represión antisubversiva, pero en ningún momento hizo referencia al destino de los detenidos ni a los métodos utilizados para obtener información de ellos. Solo hizo alusión a "reglamentos" y "manuales" que hablaban de los "interrogatorios a los prisioneros", cuyo fin apuntaba a "aniquilar a la subversión en todas sus formas", con "eficacia" y "agresividad".

Respecto de esos hechos, aseguró que se trató de "guerra civil revolucionaria" y en ese marco existió un "plan de recolección de información" que había que hacer "permanentemente", para conocer aspectos como el "espíritu de combate o la logística del enemigo".

Por otra parte, negó la existencia de "un plan sistemático para el robo de bebés" por cuya responsabilidad está siendo sometido en otro juicio oral.

Acosta justificó tácitamente los métodos de tortura utilizados en la ESMA, al recordar que ellos mismos, durante su instrucción en la Escuela Naval, eran sometidos al "submarino" por el cual le "metían la cabeza dentro del inodoro y tiraban la cadena". Justificó esa metodología al señalar que "el adiestramiento tiene que ser más duro que la realidad".

Además de Acosta están siendo juzgado por crímenes cometidos en la ESMA los capitanes Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.

jueves, 10 de marzo de 2011

Un sobreviviente que declara por primera vez

Miguel Angel Calobozo: Un relato desde las entrañas del terror

Lo secuestraron en noviembre de 1978. Mataron a su compañera. Lo torturaron. Pasó por el staff y la Pecera. Declaró ayer por primera vez. Contó que a la ESMA también iban con frecuencia militares uruguayos.

 Por Alejandra Dandan

Nuevamente la Escuela de Mecánica de la Armada en sus dimensiones más siniestras. A Miguel Angel Calabozo lo secuestraron el 18 de noviembre de 1978, a la espera de un compañero en una pizzería de Pompeya. Militaba en Montoneros, le habían secuestrado un año antes a su compañera, embarazada de cuatro meses, a la que ejecutaron antes del parto, pasó dos Navidades en la ESMA, a una de las cuales la describió como una escena del “neorrealismo italiano”, y a poco de llegar lo sometieron a trabajo esclavo en el staff. Ante el Tribunal Oral Federal 5, durante la audiencia de ayer, contó por primera vez el relato de ese infierno. Entre el público, no sólo estaban aquellos sobrevivientes que todavía no lograran escucharlo con tranquilidad, sino su hijo, a quien intentó hacerlo partícipe de lo que hasta ahora no había podido terminar de decirle.

Miguel Angel no habló de corrido; no hizo gala de nada. Enumeró momentos, situaciones desordenadas, como puede hacerlo un detenido sobre lo que sucede en los tiempos monocordes de una prisión. Pese a las escenas delirantes, sus tonos no cambiaban. Habló de las visitas con un carcelero a un autocine; de un partido en la cancha de River; de las vueltas a su casa en colectivo, en salideras planeadas por los represores para extender –como dijo alguna vez uno de los fiscales– el sistema del terror fuera de las fronteras del centro clandestino. Y mencionó los nombres de aquellos que “cayeron” por él, al cantar una cita.

En su declaración, hubo datos novedosos para la causa pese al paso del tiempo y la extensa revisión de la ESMA. Mencionó a dos militares uruguayos en el centro clandestino y la idea de una cremación de Rodolfo Walsh. Hasta ahora no había hablado porque cuando lo intentó durante el Juicio a la Juntas se había desatado una revuelta y el fiscal Julio Strassera, dijo, le dijo que no hacía falta que declarase.
 
El comienzo

Miguel Angel se sentó alrededor de las diez de la mañana en la pi-zzería de Pompeya. En una mesa aparte, un grupo de marinos de civil lo vigilaba. Tenían unos walkie talkie, y Miguel Angel los imaginó como un grupo de amigos que se organizaban para el fútbol. Con esa memoria entrenada por los prisioneros, ayer mencionó uno a uno los nombres de cada uno de los ocupantes de esa mesa: Alfredo Astiz, que poco después manejó el Fiat 128 naranja con el que se lo llevaron a la ESMA; Gerónimo (Adolfo Miguel Donda Tigel); Gerardo; Fafa (Claudio Orlando Pittana), que tiempo después se confesaba como parte de la Triple A, y Claudio, un suboficial de Prefectura (Juan Antonio Azic).

En el sótano de la ESMA recibió la primera paliza grave, dijo. Lo torturaron. “Se presentó el capitán Acosta llamándome por mi nombre de guerra, diciéndome que él era Dios, que tenía que cantar, que ellos tenían todo el tiempo del mundo y que yo era un pedazo de carne con dos ojos y que estaba a su disposición, cosa que evidentemente después se demostró que era cierto.” El Tigre Acosta lo enfrentó con otro secuestrado. Escuchó además a Jorgelina Ramos, que había caído un año antes con su mujer, Mariel Silvia Ferrari, en la Iglesia de Pompeya. Mariel estaba embarazada. Tiempo después, él supo que no había sobrevivido: uno de sus compañeros le dijo que aparecía como “trasladada” en ciertos archivos y que alguien le había dicho que habían cometido un error, porque no se le notaba la panza.
El staff

Después de los interrogatorios y picanas, entró al “staff”. “Eso implicaba que el régimen fuera menos riguroso con relación a otros detenidos”, explicó. Para el otoño, lo mandaron a la Pecera, un lugar de oficinas vidriadas que al fondo tenía un comedor en el cual comían y se reunían a hacer lo que llamó “informes políticos”. Durante ese período, conoció a dos militares uruguayos, vestidos usualmente de civil que ingresaban periódicamente a la ESMA. No se acordó de los nombres, pero dijo que tanta era la familiaridad que en una ocasión le apostó a uno de ellos un paquete de cigarrillos: Miguel Angel aseguraba que Somoza iba a perder en Nicaragua, el otro que iba a ganar. “Ellos venían a la ESMA y hablaban conmigo, me describieron con lujo de detalles métodos de tortura de ellos, hacían alarde de cómo torturaban a una madre arriba de su hija o a la hija arriba de la madre para torturar a las dos a la vez.”

Adentro de la ESMA elevaba los informes con un alias, un número de identificación alusivo al GT 3.3.2. En el primer tiempo escribía a mano; para los informes de los diarios usaba una Olivetti eléctrica: la suya, la misma que usaba en su casa.
Las salidas

Los militares pensaban que él y otros secuestrados estaban “en un proceso de recuperación entrecomillas”, explicó. “No sé cómo surge eso, pero algunos nos dicen: ‘Ustedes son recuperables, van a realizar tareas’.” A mediados del ’79, uno de sus compañeros se iba a Venezuela. En la ESMA se hizo una despedida en la que estuvo Emilio Massera: “Hizo un discurso diciendo que vamos a estar en el mismo lugar, juntos, y que podíamos compartir otras cosas, que eso que estábamos viviendo era nada más que una circunstancia”.

En el alegato de la fiscalía de Alejandro Alagia, en el circuito integrado por los centros clandestinos del Banco-Atlético-Olimpo se encuadraron las visitas que muchos prisioneros hicieron a sus familiares como otra de las dimensiones del terror. Un modo de paralizar a las familias, alentar la falsa posibilidad del regreso, evitar las denuncias, someter a esos grupos de familiares al encierro.

“Al principio eran conversaciones telefónicas”, explicó Miguel sobre sus propias visitas. “Primero cada quince días, después me llevaban una o dos horas; el primer día me lleva Ricardo Miguel Cavallo, que evidentemente queda a mi cargo”, dijo pronunciando la doble elle con “y” como si buscara acentuar la idea del “cabayo”.

En el ’79 se enteró de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Estábamos informados porque leíamos todos los diarios y revistas; fue un momento de gran conmoción porque no sabíamos cuál iba a ser la decisión sobre nosotros: una de las variables era que nos mataran.”

Los marinos llevaron a un grupo de prisioneros a la isla El Silencio de el Tigre, que había sido de la Curia. En marzo de 1980 fue liberado. Ricardo Cavallo se lo dijo poco antes: “Mirá, mañana te vas de alta”. Pero, dijo, “tuve que seguir teniendo llamadas y teniendo reuniones incluso una vez. Hasta que en un momento, al año y medio, me fui a vivir a Salta”, dijo.
 
Walsh
Alguna vez dentro de la ESMA escuchó en el sótano un comentario como al paso: “Walsh, el escritor que tiramos a la parrilla”. Evidentemente, explicó, querían decir que lo habían cremado, aunque nunca tuvo más datos. ¿Cavallo?, preguntó en un momento, ante una pregunta de uno de los integrantes del Tribunal. “Físicamente estaba mucho más flaco”, dijo y cabeceó con la cabeza hacia delante. Ahí enfrente, estaba ese mismo hombre frió y duro, al que había descripto una y otra vez. “¿A quién se refiere con el gesto?”, insistieron en el Tribunal. “Al señor que está entre los dos abogados, usaba bigotes y de vez en cuando también usaba anteojos”.

sábado, 15 de enero de 2011

Represores : ni van a las audiencias y entorpecen con escritos dilatorios

El caso Hagelin

A casi 34 años del secuestro de Dagmar Hagelin, la joven sueca baleada por la espalda por el ex capitán Alfredo Astiz durante su secuestro, un grupo de represores de la ESMA presentará en los próximos días un escrito ante la Cámara de Casación Penal para intentar impugnar la investigación y evitar que el caso se trate en un futuro juicio oral. La Cámara Federal, con firmas de Eduardo Farah y Martín Irurzun, rechazó el 28 de diciembre las pretensiones de los abogados de Jorge Acosta, Antonio Pernías y otros nueve marinos, y días después declaró inadmisibles los recursos para que el máximo tribunal penal analice el caso. Los defensores oficiales Gustavo Kollman y Natalia Ferrari apelarán ahora por medio de un “recurso de queja”, con el argumento de que una sentencia condenatoria podría provocar “un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior”.

En 2006, el crimen de Dagmar se declaró imprescriptible por ser de lesa humanidad, y Astiz fue procesado junto con Acosta y otros, el 24 de abril de 2009 por el juez Sergio Torres....

Ragnar Hagelin, escribió en un libro dedicado a su hija que Dagmar era "una chica llena de vida y de ilusiones; no estababa lejos de la edad de las muñecas; ella creía en la vida, en el amor, en la magia de las cosas cotidianas."

viernes, 10 de septiembre de 2010

Aguantadero

 Por Martín Granovsky

Entre finales del gobierno de Isabel Perón y comienzos de la dictadura, una de las bases operativas de las patotas argentinas fue Roma, controlada por el jefe de la P Due Licio Gelli. A principios de la dictadura se sumó Venezuela, de donde Emilio Massera hasta hizo traer al embajador Héctor Hidalgo Solá, un radical designado por la junta, para matarlo. Y ahora, a medida que avanzan las investigaciones y los juicios, cada vez cobra mayor importancia el papel de Sudáfrica.

Adriana Marcus, testigo en el juicio por la Escuela de Mecánica de la Armada, relató que Jorge “El Tigre” Acosta le dijo que a él no lo iban a encontrar, que iba a estar en Sudáfrica.

“Ustedes van a ser tan hijas de puta que me van a acusar”, dijo también Acosta según Marcus. Se refería a otras cautivas en la ESMA. La frase revela algo que entonces asombró a la secuestrada. Acosta tenía más noción que ellas sobre el final de la etapa de plomo. “Nosotras, en ese estado, pensábamos que iba a ser para siempre”, dijo la sobreviviente de la represión al testimoniar en el juicio.

A comienzos de la dictadura, Massera fantaseaba con la formación de una OTAS. Así como existía la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, la alianza atlántica comandada por los Estados Unidos), Massera soñaba con una alianza atlántica meridional integrada por la Argentina, Uruguay, Brasil y Sudáfrica. Los primeros tres países estaban gobernados por dictaduras desde 1976, 1973 y 1964. Sudáfrica vivía bajo el régimen del apartheid, cuyo gobierno no dudaba en defender el proyecto racista con la masacre. En junio de 1976 mató en Soweto a 600 personas que se levantaron contra la enseñanza en idioma afrikaaner, el de los ocupantes blancos. Soweto, próxima a Johannesburgo, había sido creada para albergar sólo a negros.

En esa época quien le prestó atención al tema fue Rodolfo Terragno, que editó la revista Cuestionario y luego la publicación Breviario hasta que se exilió en Londres.

Para el grupo naval de Massera, Sudáfrica era un destino frecuente. Servía como punto de apoyo para hacer negocios y, evidentemente, por el relato de Adriana Marcus, como un aguantadero confiable.

Por esa época, Sudáfrica era una de las claves del tráfico de diamantes.

A través de Sudáfrica circulaban los “diamantes de sangre”, un nombre técnico para designar al tráfico de diamantes como motor de la guerra, tal como sucedió en Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo. Sudáfrica debía blanquearlos. El sistema ya funcionaba antes de los tres conflictos y los diamantes funcionaban como moneda de la economía negra a mediados de los ’70.

En 1998 el represor Alfredo Astiz prestó declaración ante el entonces juez federal Adolfo Bagnasco. Cuando fue interrogado por una cuenta en Suiza, admitió su existencia pero dijo que sólo la utilizaba para cobrar su sueldo como agregado en la embajada argentina en Sudáfrica.

jueves, 9 de septiembre de 2010

Testimonió Adriana Marcus, sobreviviente de la ESMA

Surrealismo y perversión
El trabajo esclavo en la ESMA. Las salidas a comer. Un viaje a México con dos represores. Los pequeños gestos de resistencia, como hacer menos audibles o modificar escuchas telefónicas que les hacían desgrabar.
    
 Por Alejandra Dandan

“Surrealismo”, “condiciones fuera de lo normal”, pronunció en la audiencia. Todo estaba ahí dentro, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Eran surrealistas, dijo, las rosas negras que el Tigre Acosta mandó una madrugada a la casa de su madre. Fue surrealista subirse en un avión y hospedarse en un hotel pituco de México con dos represores. Fue extraño ver la cara del portero de Mau Mau cuando saludó a Jorge “Tigre” Acosta como al dueño de casa, o pensar que así como otras secuestradas pintaban con lápiz labial las puertas de un baño del Globo para rebelarse, ella pedía calamaretis fritos porque era el plato más caro. Seguir siendo secuestrada a pesar de la falta de grilletes. O seguir sintiendo la presencia de Ricardo Cavallo cuando su tiempo en la ESMA terminó.

Adriana Marcus habló casi tres horas en la audiencia de ayer del juicio por los crímenes de la ESMA. Frente a ella, a unos cinco metros, estaba sentado Ricardo Cavallo con su computadora personal y sus dos abogados. Cavallo, “Marcelo” en el centro clandestino, parecía un joven profesional que podría haber pasado por estudiante de cualquier carrera. Cavallo fue su último guardia personal.

A Adriana la secuestraron el 26 de agosto de 1978; tenía 22 años, hacía el quinto año de Medicina, trabajaba de enfermera en el Hospital Finochietto por la tarde y por la mañana en el Castex. Cuando iba a poner la llave en la cerradura de su departamento, la puerta se abrió. “Adentro estaba oscuro, sentí un grito –dijo–. Después me di cuenta de que había sido yo.” Le pusieron esposas, una venda, y la tiraron en la parte de atrás de un auto. En la ESMA, sobre un camastro de metal, con el cuerpo desnudo, brazos y piernas abiertas, “me revisaron todos los orificios posibles en busca de una presunta pastilla de cianuro”. La manosearon, la toquetearon, le pellizcaron los pezones amenazándola, preguntándole por personas que supuestamente conocía.

Pasó dos meses en el suelo de gomaespuma de Capuchita. La hicieron bajar varias veces. Verónica Freier, su compañera de celda, estaba segura de que la iban a matar. Le dijo que si a ella le daban alguna tarea, había que aceptarla porque tenía que salvarse para poder contar lo que estaba pasando: “A mí me parecía un horror –dijo Adriana–. Pero me decía que ella era del Partido Obrero y entonces no tenía posibilidad de sobrevivir y que nosotros hiciéramos todo lo posible para sobrevivir”.

El 15 de septiembre la dejaron hablar con su familia. La pasaron a Capucha y luego a un “camarote”, un cuarto con tres camas, una arriba de la otra. Un día llegó la tarea: la llamaron para preguntarle si podía traducir al alemán un dossier sobre la formación de las distintas organizaciones políticas y militares en la Argentina. Les dijo que sí, pidió un diccionario, no tenían, y ella les pidió permiso para consultar las dudas por teléfono con su padre.

La traducción la hacía en el Dorado, donde había una fotocopiadora y compartía una mesa de trabajo con Cristina, otra detenida. Además desgrababan escuchas telefónicas “poco audibles, a las que hacíamos menos audibles todavía”. Omitieron datos o transcribieron fragmentos insignificantes. Un día la llevaron a la “huevera”, una habitación tapizada de envases de huevo para disminuir el ruido. Hicieron que se vistiera bien, que se diera vuelta y mirara a un punto fijo. Los represores Emilio Massera y Armando Lambruschini estaban haciendo el cambio de mando, dijo ella, y probablemente reconociendo lo que había.

“Ocurrían cosas extrañas”, dijo Adriana cuando la idea de lo surrealista se apoderó de la declaración. Los llevaron a una quinta en Del Viso, en una suerte de paseo de amigos, donde convivían represores y víctimas.

“A ver, subversivas –les dijeron una vez–. ¡Vístanse de mujeres!” Y ellas no sabían si tenían que vestirse para un vuelo de la muerte. La llevaron a cenar al Globo con un algunos compañeros, varones y mujeres. “Era muy difícil sostener esa situación –explicó– porque se armaban debates en los que sentías que nos estaban probando para ver si pisábamos el palito, que San Agustín, que Ortega y Gasset, que el rol de las mujeres, que el feminismo.” “Nosotras –añadió– tratábamos de intervenir lo menos posible; tampoco quedarnos calladas: era estar en el filo de la navaja entre no traicionarnos y tampoco abrir un debate para quedarnos en inferioridad y que nos volviesen a meter en Capuchita.”

Otra noche la llevaron a Mau Mau. “Sé que estaba Astiz y era muy desagradable porque, si bien no teníamos las capuchas, estábamos presas, y había que estar.”

“Acosta nos dijo que se habían equivocado con nosotras –contó–, que nos tenían que haber matado porque íbamos a ser tan hijas de puta de acusarlos en alguno de los Nüremberg, pero nos aseguró que para entonces, él iba a estar muy lejos, que se iba a ir Sudáfrica.” Lenta. Calmada. Después de pedir un vaso de agua al tribunal, Adriana continuaba hablando, incluso sobre la posibilidad de ese juicio que les parecía tan lejano. “Teníamos la sensación de que ese estado de cosas eran para siempre, que no iban a terminar.”

El 24 de abril de 1979 entró en un período de trabajo forzado en un departamento de Jaramillo y Zapiola en el que funcionaba una oficina de prensa al servicio del proyecto político de Massera, donde clasificaban información. En el garaje había una biblioteca donde habían puesto, “evidentemente”, los libros que se habían robado de la casa de los secuestrados. Ellos poco a poco los fueron “recuperando”.

Adriana hizo un viaje a México con Adolfo Miguel Donda y Alberto Eduardo “el Gato” González. Le dieron un pasaporte falso. “No sé qué iban a hacer; tal vez el ser tres les era más creíble que ser dos hombres solos.” Una primera idea era que iban porque estaba Jaime Dri. Con alguna de sus compañeras, Adriana pensó que quizás iban a ir a buscarlo para mostrarlo como trofeo en la ESMA. Una noche entró en su cuarto el Gato con un intento de empezar un manoseo. “Se ligó un rodillazo y se fue a las puteadas; evidentemente no había conciencia del costo que podría tener, pero no lo tuvo.”

En el DF fueron a la iglesia, a comer, vieron El huevo de la serpiente en el cine, anduvieron en el metro y, por el parque de la Universidad Autónoma, Donda le dijo que tenía un hermano que era “subversivo” como ellos, que no había podido hacer nada por él, pero que había “salvado” a su sobrina. (Donda se quedó con la hija mayor de su hermano. La menor, Victoria Donda, nació en la ESMA y fue apropiada luego de la desaparición de sus padres.)

El padre de Adriana pidió por ella en el Ministerio del Interior, en la Embajada de Israel y, como son alemanes, en la Embajada de Alemania. El cónsul o embajador lo puso en contacto con alguien que tiempo después reconocieron como Carlos Españadero, del Servicio de Inteligencia del Ejército. Lejos de ser alguien dispuesto a ayudar, a su padre le pareció que buscaba información. Tiempo después, la embajada aseguró ante el colectivo de exiliados y familiares que le habían salvado la vida. Adriana le dijo al responsable de ese momento que no era así, que más bien había habido complicidad.

viernes, 6 de agosto de 2010

“Hay microfilms de 4700 secuestrados”


 HECTOR COQUET, SOBREVIVIENTE DE LA ESMA, ASEGURO QUE EL TIGRE ACOSTA TENDRIA GUARDADO UN ARCHIVO

El ex detenido-desaparecido aseguró que hubo tres copias de un archivo con legajos de los secuestrados que pasaron por ese centro clandestino que se entregaron a los jerarcas de la Armada. Coquet enfrentó al represor Cavallo y lo calificó de “cerdo torturador”.
    
El represor Jorge “Tigre” Acosta, quien fuera jefe de inteligencia de la ESMA, tendría guardado un archivo completo de microfilms con los legajos de alrededor de 4700 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención durante la dictadura. Así lo aseguró ayer Ricardo Héctor Coquet, uno de los sobrevivientes de la ESMA, en el juicio oral en el que están acusados dieciocho represores. El ex detenido-desaparecido declaró que hubo tres copias de esos archivos que fueron repartidas entre las máximas autoridades de la Armada, antes de que fueran destruidos los originales. En otro tramo de su testimonio, Coquet enfrentó al represor Ricardo Miguel Cavallo, a quien le exigió que levantara la vista de la laptop. “Lo veo a este cerdo de Cavallo y recuerdo a las embarazadas llegando encapuchadas, engrilladas, que pasaban desnudas hacia los vuelos de la muerte y no es fácil verlo tan prolijito, porque también es un torturador”, exclamó cuando el presidente del Tribunal, Daniel Obligado, lo llamó al orden.

La declaración de cinco horas de Coquet ante el Tribunal Oral Federal 5 fue contundente: presenció cómo las carpetas con los legajos y las fotos de los más de 4700 detenidos que eran trasladados en los vuelos de la muerte fueron microfilmadas, luego destruidas y las copias de los films repartidas entre el ex jefe de la ESMA, el fallecido almirante Rubén Chamorro y el ex dictador Emilio Eduardo Massera, hoy inimputable. La tercera copia fue entregada a uno de los principales acusados por los crímenes cometidos en ese centro de detención, el capitán Jorge “Tigre” Acosta.

El testigo estuvo alojado en la ESMA hasta diciembre de 1978, luego de que el 10 de marzo de 1977 fuera detenido y secuestrado en la calle Medrano y el pasaje Lezica, en el barrio de Almagro. Militante de la JP en la Facultad de Medicina y carpintero de oficio, logró sobrevivir durante su cautiverio falsificando originales de cédulas de identidad, títulos de propiedad, pasaportes y documentos de la Policía Federal y carnets, por orden de los represores. Ante Página/12, Coquet recordó cómo sus captores le preguntaron si podía confeccionar “organigramas”, para ordenar la actividad de los grupos de tareas. “Luego la tarea se empezó a sofisticar”, señaló en referencia al momento en el que Massera compró una máquina de última generación para poder imprimir a color los documentos que falsificaban, y que estaba en el edificio Libertad perteneciente a la Armada. También aseguró haber falsificado un carnet del Jockey Club con el cual fueron retirados de un haras de Chacras de Coria en Mendoza los caballos de carrera que pertenecían a los empresarios Gutheim, por cuyo secuestro está hoy detenido el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.

Coquet sorprendió al Tribunal al presentar también pruebas concretas de su pasaje por la ESMA. Llevó una carterita de cuero que era fabricada por los detenidos, que contenía un compartimiento oculto que posibilitaba transportar la documentación falsificada que les permitía a los represores adulterar su identidad en el exterior, en caso de que fueran identificados por algunas de sus víctimas en el exilio. De ese compartimiento Coquet extrajo dos cédulas de identidad de aquella época falsificadas en la ESMA. Ante este diario, Coquet rememoró cuando a fines de 1978, junto con otro de los detenidos, Miguel Angel Lauletta (también del área de documentación), recibió la orden de microfilmar “los casos mil”, que supuestamente eran de sobrevivientes que habían sido liberados. Más tarde se enterarían de que las carpetas celestes en las que se guardaban las fotos y las planillas de ingreso de los detenidos pertenecían a los que fueron asesinados en los vuelos de la muerte. “El Tigre Acosta trajo una máquina destructora de documentos y le hizo microfilmar a Miguel Angel. Yo luego tenía que destruir las carpetas”, recordó. “Si Acosta se enteraba de que yo también presencié cómo se filmaban, me hubiera matado”, aseguró.

El testimonio de Coquet fue de extrema relevancia, ya que además reveló que, por órdenes del entonces prefecto Héctor Febres, fue el encargado de confeccionar la bandera de tela de Montoneros, que apareció por detrás en la foto con las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, con la que los represores intentaron simular que las religiosas habían sido secuestradas por esa organización. También contó que el ex oficial Ernesto Weber, durante una de sus guardias, le confesó: “Lo bajamos a Walsh”, en alusión al asesinato del periodista por un grupo de tareas.

En la misma jornada, también declaró el ex guardiamarina de la Infantería de Marina Julio César Urien, quien fuera compañero de camada de los represores Ricardo Cavallo, Adolfo Scilingo y Alfredo Astiz.

Urien permaneció ocho años detenido en una unidad del Ejército en La Plata y en la cárcel de Olmos y estuvo varias veces al borde de ser fusilado. Urien participó de un alzamiento de una unidad de la Armada (el batallón 2 de Infantería de Marina) que funcionó en la ESMA, ocurrido el 16 de noviembre de 1972, en oportunidad del fallido regreso de Juan Domingo Perón al país.

Informe: Gabriel Morini.

viernes, 23 de abril de 2010

Patricia Walsh declaró en el juicio por la ESMA

“Que Acosta diga qué hizo con Walsh”

“Yo le pido al Tigre Acosta que nos digan qué hicieron con su cuerpo, qué hizo con los restos mortales de Rodolfo Walsh”, dijo Patricia Walsh al reclamar sobre el destino de su padre, el desaparecido periodista y escritor, durante una nueva jornada del juicio oral y público contra sus captores de la ESMA. También declaró Nélida Fiordeliza de Chidichino, de 84 años, una de las madres que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, y afirmó que el represor Alfredo Astiz fue “marcando” a los familiares que se reunían allí y que luego serían secuestrados el 8 de diciembre de 1977 por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada.

“Van a pasar mil años, pero su cara la tengo siempre acá”, dijo la mujer, señalándose el entrecejo. La mujer recordó que Astiz se había presentado como Gustavo Niño Vega, argumentando que tenía un hermano desaparecido para lograr “infiltrarse” en el grupo y ganarse la simpatía de los familiares. “Todos pensábamos ‘pobre pibe’, con esa carita y esos moditos quién iba a pensar que era un traidor, como Judas”, expresó. La testigo señaló que Astiz había logrado “conquistar la simpatía” de la “madre de Plaza de Mayo” Azucena Villaflor, quien “inclusive lo llevaba a la casa, pese a que el marido desconfiaba”, de quien finalmente terminó secuestrándola a ella y a todo el grupo.

En su testimonio, Patricia Walsh pidió a los represores sentados en el banquillo la devolución del original del último cuento escrito por su padre, Juan que iba por el río, robado por los militares que allanaron la quinta donde vivía en San Vicente luego de abatirlo. La ex diputada pidió en otro tramo que se preserve el campo de deportes de la ESMA, donde presume fue “quemado” el cuerpo de su padre y el de muchos otros detenidos-desaparecidos que no eran arrojados al río en los “vuelos de la muerte”. Walsh destacó que en su Carta Abierta el escritor no sólo consideraba violaciones a los derechos humanos la tortura y el secuestro, sino también la deuda externa, el hambre y la desocupación. Y expresó su voluntad de que estos genocidas paguen con el máximo de la condena.

Según diferentes constancias, Walsh fue baleado por un grupo operativo de la ESMA el 25 de marzo de 1977 en San Juan y Entre Ríos, en el barrio porteño de San Cristóbal, adonde había concurrido a una cita “cantada”. Al verse emboscado, Walsh respondió con una pistola calibre 22, y su cuerpo fue retirado aún con vida para ser llevado a la ESMA, donde varios testigos aseguran haber visto su cadáver y pertenencias.
La hija de un escritor argentino desaparecido reclama conocer el destino del cadáver de su padre
Patricia Walsh pidió en otro tramo de su extensa declaración que se preserve el campo de deportes de la ESMA, situada en el norte de la capital argentina, donde se presume que fue "quemado" el cuerpo de su padre, Rodolfo Walsh. EFE/Archivo

"Yo le pido a (Jorge el 'Tigre') Acosta que me diga qué hizo con su cuerpo, qué hizo con los restos mortales de Rodolfo Walsh", dijo la ex diputada Patricia Walsh en alusión al ex marino considerado "el dueño de la vida y de la muerte" en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la principal cárcel clandestina de la dictadura.

La ex legisladora pidió también la devolución del original del último cuento escrito por su padre, "Juan que iba por el río", robado por los militares que allanaron la residencia donde vivía luego de enfrentarse a tiros con Walsh.

Jorge Acosta es uno de los 19 acusados en este juicio que, entre otras causas, ventila las desapariciones de Walsh y de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

Otro de los acusados es el ex marino Alfredo Astiz, quien hoy escuchó la declaración de la ex diputada en una sala contigua al recinto donde se llevó a cabo la audiencia.

Patricia Walsh pidió en otro tramo de su extensa declaración que se preserve el campo de deportes de la ESMA, situada en el norte de la capital argentina, donde se presume que fue "quemado" el cuerpo de su padre.

Al declarar por escrito en este proceso, a finales de febrero pasado, el "Tigre" Acosta aseguró que el autor de "Operación Masacre", miembro de la organización guerrillera Montoneros, se suicidó en 1977.
El ex marino dijo que no tiene dudas de que Walsh "no estaba dispuesto a permitir su detención con vida" cuando fue atacado en marzo de 1977 por agentes de la dictadura, en momentos en que había comenzado a distribuir una "carta abierta" al entonces presidente de facto, Jorge Videla, con motivo del primer aniversario del golpe de Estado de 1976.

La historia oficial indica que Walsh se enfrentó a tiros con agentes de la dictadura en el barrio de San Nicolás, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y fue herido de muerte.
Sobrevivientes de la ESMA han declarado que el escritor fue asesinado ese día y su cuerpo fue exhibido posteriormente a quienes estaban en cautiverio en dicho centro clandestino de detención

jueves, 18 de marzo de 2010

El "Tigre" Acosta reconoció que hubo prisioneros en la ESMA

Por primera vez, el ex jefe del grupo de represores de la Marina admitió que mantuvo a personas detenidas. Rindió homenaje a sus víctimas pero dijo que se trató de una “guerra civil”.El represor se declaró responsable de las órdenes que dio. "Las violaciones a los derechos humanos no se pueden evitar".



Por primera vez, el ex jefe de represores de la ESMA y ex capitán Jorge "Tigre" Acosta asumió hoy que "hubo personas detenidas" en ese centro naval en la dictadura pero no reveló detalles sobre cómo fueron eliminadas en los "vuelos de la muerte", rindió "homenaje" a las "víctimas fatales" de su "accionar militar" y admitió que "hubo daño injusto como en toda guerra injusta".
El marino retirado, de 68 años, mencionó entre quienes estuvieron prisioneros allí a Martín Gras, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, y a la profesora universitaria Graciela Daleo, ambos por entonces militantes del ala izquierda del peronismo.

Además, admitió que "por supuesto que hubo daño injusto, como en toda guerra injusta".

Acosta también manifestó que "quiero rendir homenaje a todas las víctimas fatales que se produjeron en nuestro país" durante lo que llamó "una guerra civil" y reconoció que "algunas de esas víctimas fueron causadas por mi accionar militar en la unidad de tareas 3.3.2" que, asombró, "jamás buscó la muerte".

En la declaración indagatoria que prestó ante el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF5), que lo enjuicia junto a otros 18 ex represores en el llamado "juicio de la ESMA" por los crímenes de lesa humanidad perpetrados allí, Acosta por momentos se perdía en una exposición desordenada e incoherente.

El ex capitán asumió que de 1976 a 1978 se desempeñó como "jefe de inteligencia" de la unidad de tareas 3.3.2 de la ESMA y detalló que las órdenes para luchar contra "la guerra civil revolucionaria terrorista en entorno trotskista" provenían "de la Junta Militar" y se plasmaron en el "Placintara (Plan de Capacidades Internas de la Armada).

"Yo soy un combatiente, no soy una víctima", enarboló Acosta y asumió en un intento de desincriminar a sus compañeros del banquillo de los acusados que "soy absolutamente responsable de todas las órdenes militares que he impartido" menos, puso a salvo, "de los oficiales que se llevaron cosas de las casas de los extremistas, que fueron sometidos al Código de Justicia Militar".

El ex oficial se quejó de que en la Armada "me retiraron" y también protestó porque sus superiores en la fuerza le enrostraban que "el gran problema (para ellos) fue dejar gente viva porque la estábamos recuperando, según ellos, pare el proyecto político del almirante Massera".

"Yo no sé qué quiere decir eso del proyecto político (...) soy militarcito desde la Escuela Naval", ironizó.

Acosta advirtió sobre lo que para él son "terroristas que hoy están en el Gobierno" y mencionó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el Procurador General de la Nación, Eduardo Righi, y agregó: "Alerto que la guerra revolucionaria total que vivimos hasta 1983 hoy puede reactivarse en un entorno gramsciano".

A partir de la deshilvanada declaración de Acosta y su negativa a responder preguntas, la Fiscalía pidió la palabra para señalar algunas contradicciones en su exposición y reclamar la posibilidad de hacerle preguntas, ante lo cual el TOF5 dispuso un cuarto intermedio hasta media tarde.

miércoles, 17 de marzo de 2010

Hoy podrían declarar Acosta y Astiz... pero ¿tendrán valentía para ello?

Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, Jorge Acosta y Alfredo Astiz, dos de los principales íconos del terrorismo de Estado, tendrán hoy finalmente la oportunidad de declarar en un juicio oral y público con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho. El ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y el entonces teniente que se infiltró entre familiares de los desaparecidos y más tarde se rindió en Malvinas sin disparar un tiro podrán optar entre guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes de una “guerra civil revolucionaria” o, menos probable, confesar frente a padres, hijos y hermanos de sus víctimas cuál fue el destino final de los miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia, abierta al público, comenzará a las diez en el subsuelo de Comodoro Py.

“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, recordó el viernes el capitán Adolfo Donda, el primer imputado que decidió hablar, aunque no responder preguntas, ante el Tribunal Oral Federal 5. El ex jefe de operaciones del GT 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del acuerdo entre el gobierno radical de Raúl Alfonsín y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ‘80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, recordó Donda.

Durante la misma audiencia, el capitán médico Carlos Capdevila tampoco aceptó responder preguntas pero se explayó sobre los testimonios que lo incriminan. Admitió que trabajó en la enfermería de la ESMA, que funcionó en el sótano del Casino de Oficiales, pero aseguró que “no he sentido nunca gritos de tortura”. También sugirió que las declaraciones en su contra fueron “inventadas” por sobrevivientes y que, según los testigos, “todos estábamos torturando en todos lados”. El prefecto Juan Antonio Azic, quien en 2003 intentó suicidarse, negó todas las acusaciones en su contra y se negó a declarar, igual que el contraalmirante Manuel García Tallada. Hoy será el turno de los imputados en la causa Testimonios A, la mayor de las cuatro acumuladas, que incluye los casos de 79 víctimas que pasaron por la ESMA, incluidos sólo un puñado de sobrevivientes.

domingo, 14 de marzo de 2010

La apropiación de bienes en la ESMA

Tramo judicial por el robo de los bienes de los desaparecidos
Estarán a su lado en el banquillo otros cinco marinos de la ESMA, entre ellos Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo. Serán juzgados no sólo por la tortura y la desaparición de sus víctimas, sino también por la apropiación de sus bienes. El dictador Emilio Massera, jefe de la banda que se apropiaba de los bienes de sus víctimas.

Las partes de la desmembrada causa ESMA van llegando poco a poco a juicio oral y público. El juez federal Sergio Torres elevó el expediente por la tortura, desaparición y apropiación de los bienes de Victorio Cerutti, Horacio Palma y Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini. Los acusados son seis oficiales de la marina, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo.

El magistrado consideró concluida la etapa sumarial y mandó a juicio oral y público a Acosta, Cavallo, Jorge Radice, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González y Juan Carlos Rolón. Estos ex oficiales de la Armada ya están sometidos a juicio por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh. Torres sostuvo que los procesados actuaron “con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley” y que cometieron los ilícitos “agravados” por “violencia o amenazas”. También tuvo en cuenta el juez que estos marinos represores deben responder por haber sometido a “condiciones inhumanas de vida” a sus víctimas y por la “posterior desaparición” de esas personas, quienes fueron secuestradas por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.

Este tramo de la “megacausa” ESMA, reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se vincula con los hechos que tuvieron como víctima a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977, para apropiarse de sus bienes. A lo largo de 40 carillas, Torres efectuó un análisis del modo en que se produjeron los hechos que culminaron con el desapoderamiento de la empresa Cerro Largo S.A., que tenía como principales autoridades a Palma, Cerutti y a Omar Masera Pincolini. Ambos fueron secuestrados en sus respectivos domicilios de Luján de Cuyo, en Mendoza, el 12 de enero 1977, un día después de que Palma corriera igual suerte. En todos los casos, efectivos armados, algunos encapuchados, pertenecientes al Grupo de Tareas 3.3.2, irrumpieron en las viviendas y, bajo amenazas, secuestraron a los tres socios, y también a la esposa e hijos de Masera Pincolini, a quienes luego habrían trasladado a la ESMA. Masera Pincolini intentó proteger a su familia y fue “salvajemente golpeado”, al igual que sus hijos cuando trataron de impedir los vejámenes de los que fue objeto su madre y esposa del desaparecido.

Torres indicó que a los procesados se les atribuyó “haber desapoderado el paquete accionario y los bienes que formaban parte del patrimonio de la sociedad Cerro Largo S.A. a través de diversas maniobras” ilícitas, como la extorsión. Señaló el magistrado que “la sociedad Cerro Largo S.A., de las que fueron despojadas las víctimas, pasó a denominarse Hill Ri S.A., cuyos integrantes eran oficiales de la Armada Argentina que utilizaron nombres falsos” para ocultar su verdadera identidad. Torres agregó que “posteriormente el paquete accionario de Hill Ri S.A. fue traspasado a la sociedad Misa Chico S.A., cuyos accionistas eran, entre otros, Eduardo Enrique y Carlos Massera (hijos de Emilio Eduardo Massera)”, ex integrante de la Junta Militar, junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti. Para dar por cerrada la investigación, el magistrado evaluó documentación y decenas de testimonios de sobrevivientes de la ESMA y familiares o amigos de las víctimas, obtenidos durante la tramitación del sumario.

Federico Gómez, hijo del secuestrado Conrado Gómez, bregó desde hace años por esta causa, declaró en Argentina y el exterior para denunciar “el segundo despojo”, como lo denominó, y también la responsabilidad civil en el caso. Así fue como hace un año Torres ya había enviado a juicio oral a la ex jueza Emilia García, acusada de haber participado en maniobras para despojar de sus bienes a los secuestrados de la ESMA

viernes, 12 de marzo de 2010

Además. serán enjuiciados por ladrones

Estarán a su lado en el banquillo otros cinco marinos de la ESMA, entre ellos Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo. Serán juzgados no sólo por la tortura y la desaparición de sus víctimas, sino también por la apropiación de sus bienes.    

Las partes de la desmembrada causa ESMA van llegando poco a poco a juicio oral y público. El juez federal Sergio Torres elevó el expediente por la tortura, desaparición y apropiación de los bienes de Victorio Cerutti, Horacio Palma y Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini. Los acusados son seis oficiales de la marina, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo.

El magistrado consideró concluida la etapa sumarial y mandó a juicio oral y público a Acosta, Cavallo, Jorge Radice, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González y Juan Carlos Rolón. Estos ex oficiales de la Armada ya están sometidos a juicio por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh. Torres sostuvo que los procesados actuaron “con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley” y que cometieron los ilícitos “agravados” por “violencia o amenazas”. También tuvo en cuenta el juez que estos marinos represores deben responder por haber sometido a “condiciones inhumanas de vida” a sus víctimas y por la “posterior desaparición” de esas personas, quienes fueron secuestradas por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.

Este tramo de la “megacausa” ESMA, reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se vincula con los hechos que tuvieron como víctima a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977, para apropiarse de sus bienes. A lo largo de 40 carillas, Torres efectuó un análisis del modo en que se produjeron los hechos que culminaron con el desapoderamiento de la empresa Cerro Largo S.A., que tenía como principales autoridades a Palma, Cerutti y a Omar Masera Pincolini. Ambos fueron secuestrados en sus respectivos domicilios de Luján de Cuyo, en Mendoza, el 12 de enero 1977, un día después de que Palma corriera igual suerte. En todos los casos, efectivos armados, algunos encapuchados, pertenecientes al Grupo de Tareas 3.3.2, irrumpieron en las viviendas y, bajo amenazas, secuestraron a los tres socios, y también a la esposa e hijos de Masera Pincolini, a quienes luego habrían trasladado a la ESMA. Masera Pincolini intentó proteger a su familia y fue “salvajemente golpeado”, al igual que sus hijos cuando trataron de impedir los vejámenes de los que fue objeto su madre y esposa del desaparecido.

Torres indicó que a los procesados se les atribuyó “haber desapoderado el paquete accionario y los bienes que formaban parte del patrimonio de la sociedad Cerro Largo S.A. a través de diversas maniobras” ilícitas, como la extorsión. Señaló el magistrado que “la sociedad Cerro Largo S.A., de las que fueron despojadas las víctimas, pasó a denominarse Hill Ri S.A., cuyos integrantes eran oficiales de la Armada Argentina que utilizaron nombres falsos” para ocultar su verdadera identidad. Torres agregó que “posteriormente el paquete accionario de Hill Ri S.A. fue traspasado a la sociedad Misa Chico S.A., cuyos accionistas eran, entre otros, Eduardo Enrique y Carlos Massera (hijos de Emilio Eduardo Massera)”, ex integrante de la Junta Militar, junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti. Para dar por cerrada la investigación, el magistrado evaluó documentación y decenas de testimonios de sobrevivientes de la ESMA y familiares o amigos de las víctimas, obtenidos durante la tramitación del sumario.

Federico Gómez, hijo del secuestrado Conrado Gómez, bregó desde hace años por esta causa, declaró en Argentina y el exterior para denunciar “el segundo despojo”, como lo denominó, y también la responsabilidad civil en el caso. Así fue como hace un año Torres ya había enviado a juicio oral a la ex jueza Emilia García, acusada de haber participado en maniobras para despojar de sus bienes a los secuestrados de la ESMA.

“Fue una actuación de toda la Armada” (sic Donda)

De los diecisiete marinos, prefectos y policías que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, ayer sólo Donda aceptó explayarse en el uso de la palabra. Denunció un acuerdo en los ’80 de la Armada con los radicales para denunciar sólo a los identificados.
    
 Por Diego Martínez

“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, reiteró ayer el capitán Adolfo Donda, imputado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. El ex jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del “acuerdo” entre el gobierno radical y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ’80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, aseguró. Se decidió “sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, dijo, y contó que cuando Raúl Alfonsín y su canciller Dante Caputo visitaban la Agregaduría Naval en Brasil, donde él estaba destinado, “trataban de que no estuviera cerca para que no saliera en la foto”. También declaró el capitán médico Carlos Capdevila, una oración escueta el prefecto Juan Antonio Azic y se negó a declarar el octogenario Manuel García Tallada. La ronda de indagatorias continuará el miércoles con la palabra de Alfredo Astiz.

La mayor parte de las siete horas que duró la audiencia se consumieron en debates sobre temas procesales. Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral 5, informó del rechazo de todos los planteos preliminares: nulidades y prescripciones de los defensores y revocatorias de arrestos domiciliarios de Justicia Ya. El ex canciller Oscar Montes fue el primer convocado a hablar, desde su silla de ruedas:

–No voy a declarar porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales. No ratifico mis dichos ante jueces militares. Niego todos los cargos y no respondo preguntas –recitó de un tirón.

Comenzó entonces una discusión eterna. Los defensores pidieron que no se consideraran indagatorias las declaraciones ante juzgados militares porque, si bien los marinos no juraban decir verdad, eran “exhortados” a hacerlo. El fiscal Pablo Ouviña argumentó que esos relatos deben validarse y recordó que los propios imputados los ratificaron en 1986 ante la Cámara Federal. El defensor oficial Víctor Valle puso más esmero que los particulares. “Para un militar el principio de disciplina es superior al principio de justicia”, destacó. El tribunal anunció un cuarto intermedio de diez minutos que fueron noventa, tomó una resolución que no conformó a nadie y ante nuevos planteos difirió su decisión para el futuro.

No me dejen solo

“Fue una actuación institucional, de toda la Armada”, arrancó Donda, de 64 años. “Sin embargo estoy solo, no hay nadie que haya combatido conmigo en el GT 3.3”, lamentó, en referencia a sus camaradas y jefes de la ESMA entre 1979 a 1981. El marino negó haber participado en sesiones de interrogatorios, que admitió en 1986. “La explicación es sencilla. En una estructura cada uno tiene una función, no varias. La mía era ser jefe de operaciones: la captura y entrega de terroristas”, dijo. “Todos los hechos que aquí se juzgan han sido cometidos en jurisdicción militar, una estructura institucional”, machacó.

Luego describió sus vivencias de las negociaciones entre Alfonsín y los militares tras el retorno de la democracia. En 1983, cuando su apellido ya figuraba en todos los listados de represores, fue enviado a la Agregaduría Naval en Brasil. “Cada vez que venía el canciller (Dante) Caputo trataban de que yo no estuviera cerca para que no saliera en la foto”, recordó, y agregó que “lo mismo (ocurrió) las dos veces que Alfonsín visitó Brasil”.

Citado por el juez Ciro de Martini por el asesinato de Elena Holmberg, declaró y retornó a la Agregaduría. Entonces recibió un ofrecimiento del vicealmirante Ramón Arosa, jefe de la fuerza, para profugarse junto con su familia. En sus palabras: “La Armada se iba a hacer cargo si yo decidía no regresar” a Brasil. Su respuesta, dijo, fue negativa.

Luego comenzó a recibir citaciones de los denominados “juzgados de instrucción militar”, a los que Alfonsín encomendó investigar los crímenes de sus propios miembros. Donda aclaró que el secretario era un oficial superior:

–Mirá, pibe, acá está lo que te vamos a preguntar –lo recibió.

–Señor capitán: ¿por qué yo solo? ¿Dónde están los mandos intermedios? –preguntó Donda.

–Son directivas, pibe. Firmá tranquilo, la Armada está en la precisa.

“La Armada decidió mantener silencio”, recordó, y citó una frase que los marinos adjudican al contraalmirante Barry Melbourne Hussey: “Los oficiales que han sido identificados por el enemigo deberán pasar por la Justicia”. “Los primeros prevaricadores fueron los juzgados militares, que nunca preguntaron por mis jefes”, concluyó el razonamiento. “La directiva era sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, recordó.

A fines de 1986, cuando las cámaras se abocaron a las causas, “la orden era sostener lo dicho en los tribunales militares y de alguna manera mantener silencio”, dijo. “Es difícil que un civil lo comprenda, pero las órdenes eran sagradas, no se concebía romper la lealtad al superior aunque notáramos que se equivocaran”, explicó. Luego lamentó que “la Armada negoció con el poder político” quiénes serían citados y recordó como un elemento central “el centimetraje de cada uno en la prensa”.

Sobre sus quince años de impunidad posteriores sólo emitió elogios involuntarios a Abuelas de Plaza de Mayo, en cuyas causas debió declarar, y a la prensa que recordó su pasado. Dijo que lleva siete años detenido y no conoce al juez Sergio Torres, a quien cuestionó porque “transcurrieron cinco años hasta que citó a declarar a mis superiores”. Sobre los testimonios que lo incriminan, dijo que “tienen muchas verdades pero también mentiras”. Prometió refutar las mentiras pero no aportar verdades.

El dilema

Donda dedicó varios párrafos a su hermano desaparecido, con quien “tenía una unión sentimental muy buena, aunque evidentemente cada uno tenía su propio camino y destino”, reflexionó. Contó que ya en 1972 el Servicio de Inteligencia Naval lo citó para cuestionarle la militancia de José María Donda, que estudiaba en el Liceo Naval. En 1975 volvieron a reprocharle “que no haya dado parte” de sus actividades. “No puedo hacerme responsable de mi hermano”, asegura que respondió.

En 1977, no especificó la fecha, “fuerzas conjuntas allanaron mi casa”. Dijo ignorar el motivo aunque supone que fue para “certificar mis actividades”, que luego de varios segundos con la lengua atragantada definió como “la defensa de la legalidad”. Ese año perdió contacto con José María, pero tuvo un indicio de su suerte: su sobrina fue entregada en guarda por una jueza de menores a la madre de los hermanos Donda, que compartió la guarda con el marino. “Presumí que podían estar presos o desaparecidos”, arriesgó.

En 1979, cuando Rubén Chamorro, director de la ESMA, lo convocó para sumarse al grupo de tareas, le pidió ayuda para resolver “mi dilema”, dijo: “El paradero definitivo de mis familiares”. Agregó que una secuestrada de la ESMA le contó que había militado con José María en la columna oeste de Montoneros y que “muy probablemente” había sido “detenido por la Aeronáutica”. Entabló contacto con dos oficiales de la Fuerza Aérea pero, aseguró, nunca le aportaron ninguna información. Sobre el paso por la ESMA de su cuñada María Hilda Pérez de Donda, que dio a luz en cautiverio a la actual diputada Victoria Donda, el marino no dijo una sola palabra.