Segunda jornada: continúa la lectura de los casos

Otro represor "se descompensa"

 El juez Garzón, quien estuvo ayer en la sala de audiencias, manifestó : "Muchos de los que están aquí fueron procesados por mí (a la distancia) y verlos sometidos a juicio es a lo que cualquier juez aspira, sobre todo por hechos tan graves como éstos y que se esté haciendo en Argentina es un triunfo para todos y sobre todo para las víctimas.”

Como un gigante que va encontrando las formas de moverse, el “megajuicio” entró en la segunda jornada. Cuatro ambulancias permanecieron en el exterior. Trasladan detenidos, pero además tienen un equipo de médicos para examinar eventuales descompensados y desactivar las simulaciones cuando se usan para dilatar el juicio, en estas primeras jornadas, de presencia obligatoria para los acusados. Ayer se descompuso Víctor Roberto Olivera (Lindoro) y salió de la sala. El primer día, Carlos Orlando Generoso (Fragote), que ayer no estuvo.

Alfredo Astiz se sacó la escarapela del primer día. El piloto de los “vuelos de la muerte” Julio Poch mostró un cartel; decía que las acusaciones en su contra son mentiras, en una escena pensada en términos televisivos: en castellano y holandés (trabajó en Tran-savia, una aerolínea holandesa). En medio de la audiencia, durante la tarde, Carlos Galian (Pedro Bolita) se puso hablar por teléfono celular como si nada. Galian es el ex jefe de guardia de la ESMA, operativo de Héctor Febres y encargado de llevarse a los niños recién nacidos del centro clandestino. A pedido del fiscal Guillermo Friele, el presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, convocó a los defensores para decirles que era una falta de respeto para las víctimas.

Uno de los efectos de lo que significa haber llegado al juicio de esta manera, sumando causas que hasta ahora habían estado divididas durante años, empezó a verse en la sala. Los 789 nombres de las víctimas reunidas en una enorme lista, leída como parte de la acusación, enumerados uno tras otro, actualizaron una dimensión hasta ahora no oída de la ESMA. El primer día se escucharon los “casos” de 1976, ayer buena parte de 1977. Entre ellos empiezan a verse singularidades, pero también coincidencias. La violencia sexual, los casos de quienes fueron sometidos a trabajo esclavo con funciones en dependencias como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; algunos circuitos de traslados; niños torturados frente a sus padres. También se escucharon caídas de familias enteras, como los Tarnopolsky, del primer día, y ayer los Lennie. En un momento, el secretario del TOF leyó el nombre de Mirta Zuccarino de Lennie, secuestrada en enero de 1977 y llevada a la ESMA, donde estaban su esposo, su hija de 17 años y su nuera embarazada “bajo las mismas deplorables condiciones”. El grupo de tareas buscaba a su otra hija, María Cristina, perseguida desde hacía tiempo. En la ESMA, obligaron a Mirta, a su esposo y a su nuera a presenciar el interrogatorio y las torturas de Sandra, la niña de 17 años.

Las políticas para acelerar los juicios hacen que las historias en esta etapa estén reducidas a unas pocas líneas, en sus tramos más duros y descarnados, pero que muestran lo sistemático. “Cada caso es único y singular, pero a la vez forma parte del plan sistemático. Es decir, por un lado es único, pero en la repetición hay un hilo que muestra finalmente lo que fue el genocidio”, dijo Ana María Careaga, sobreviviente de otro centro.

Nombres más conocidos, y otros que se hacen re-conocer en la sala. Norma Arrostito, Alicia Eguren de Cooke, Dagmar Hagelin o Enrique Raab fueron algunos de estos “casos” leídos. Las listas trajeron a la sala el nombre de Ricardo Héctor Coquet y el momento en el que lo obligaron a pintar el nombre de Montoneros en la bandera de esa foto legendaria que les tomaron a las monjas francesas durante el cautiverio en la ESMA.

La lectura también dejó ver algunas de las hipótesis de trabajo de los investigadores: el ensañamiento que tuvieron con algunas víctimas, comprometidas en ciertas acciones armadas. Norma Arrostito es el único caso cuyo homicidio está agravado por la aplicación de envenenamiento, a través de una inyección. Juan Julio Roqué, de la conducción de Montoneros, “habría sido quemado en la caldera u horno de la cocina del casino de oficiales de la ESMA, de modo que nunca apareció”, dice la elevación. A Marcelo Daniel Kurlat le dispararon con un FAL en los riñones cuando salió de su casa, murió camino al Hospital Naval y su cuerpo está desaparecido. El cuerpo de José María Salgado, ligado al caso de la Superintendencia, “fue entregado a su familia consumido, desfigurado, con marcas de que había sido sometido a descargas eléctricas y le faltaban los ojos”, indica la elevación.

La lista de nombres también incluyó a María Hilda Pérez de Donda, la madre de Victoria –las dos son “casos” de este juicio– y a Carlos Maguid, secuestrado en Lima por el Servicio de Inteligencia Naval. Se oyeron los nombres de Sara Solarz de Osatinsky, Juan Gasparini, Martín Grass, Lila Pastoriza y tantos otros.

En esa topografía que empieza a recuperar la lógica de lo sistemático, pero que ahora va con la carga de acusación para los imputados, buena parte de los nombres exhiben sus procedencias políticas. Identidades que están allí porque “agravan” el delito de tormento, pero que hablan de una recuperación en términos de memoria. Otro de los territorios que empiezan a mostrar los nombres es el de los trabajadores de prensa, en cuya reconstrucción empezó a pensar la querella encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse. Los primeros nombres fueron mencionados el miércoles en la lista de 1976. Ayer, además de Enrique Raab, se escuchó el nombre de Francisco Eduardo Marín, secuestrado el 15 de mayo de 1977; José María Ascone, secuestrado el 18 de mayo de 1977, que trabajó en Primera Plana, La Opinión y El Descamisado, de la organización Montoneros. Y el de Adolfo Infante Allende, caído el 13 de junio, de 1977, a la noche, con su esposa Gloria Kehoe, que era colaborador de la Agencia de Noticias Clandestinas Ancla.

Elevan a juicio oral la causa contra el ex funcionario de la dictadura Juan Alemann

El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral el tramo de la "megacausa ESMA", en la que está procesado el ex secretario de Hacienda durante la última dictadura militar, Juan Alemann, quien presenció los tormentos a un detenido en el centro clandestino de detención y torturas que funcionaba en ese instituto naval.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que el magistrado también elevó a juicio oral y público, por su intervención en los denominados "vuelos de la muerte" a los aviadores navales Enrique José de Saint George y Julio Alberto Poch y al abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa.

En una resolución de 726 carillas, dictada con la intervención del secretario Pablo Yadarola y a la que Télam tuvo acceso, el magistrado "declaró parcialmente clausurada la instrucción" respeto de los imputados y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Federal 5.

En su extenso fallo, Torres recordó que al ex funcionario "se le imputa el suceso ocurrido a mediados de 1980, cuando en ocasión en que se desempeñaba como secretario de Hacienda, ingresara a la Escuela de Mecánica de la Armada a fin de tomar contacto, en la sala de torturas y partos conocida como `Huevera´, con Orlando Ruiz, quien se hallaba allí privado ilegítimamente de su libertad".

Torres señaló que el prisionero se encontraba "encapuchado, esposado y engrillado" y que Alemann le exigía "que le efectuara una descripción y le suministrara la totalidad de los datos que pudiera tener respecto del atentado del que habría sido víctima el compareciente en su domicilio, en noviembre de 1979 y que habría sido llevado a cabo por un `comando montonero’".

En esa ocasión, el ex funcionario del Ministerio de Economía, que encabezaba José Alfredo Martínez de Hoz, "habría tomado conocimiento en forma directa de los hechos que ocurrían de modo sistemático" en la ESMA, pudiendo constatar de manera fehaciente, al menos en el caso concreto de Ruiz, que era mantenido en condiciones inhumanas de vida".

El magistrado recordó que Ruiz, quien aún permanece desaparecido, "fue privado ilegítimamente de su libertad entre mayo y julio de 1980, junto a su esposa embarazada -Silvia Beatriz María Dameri- y dos hijos menores -María de las Victorias y Marcelo Mariano" y trasladado a la ESMA "donde permaneció clandestinamente detenido bajo condiciones inhumanas de vida y se lo sometió a tortura".

En noviembre de 2011, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Torres de Tolosa, De Saint Georges y de Poch quien debió ser extraditado dese España donde llegó tripulando una aeronave desde Holanda donde vivía con su esposa y donde habría reconocido que "arrojaba al mar a quienes él consideraba como terroristas de izquierda"

El segundo megajuicio de la ESMA

El nuevo proceso oral abarcará a 61 acusados y 781 víctimas.

La audiencia preliminar inicial se hará en mayo y el juicio comenzará en agosto. La unificación de varias causas coincide con la postura de organismos de derechos humanos. Se analiza cómo organizar las audiencias y evitar los debates interminables.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 21 de mayo se hará la primera audiencia preliminar por el segundo tramo del juicio oral por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal Oral Federal Número 5 le puso fecha al comienzo de esa segunda instancia, prevista para el 9 de agosto. Será un juicio sin antecedentes y podría cambiar los parámetros de lo que hasta ahora se conoció como una “megacausa”: se juzgará a 61 imputados por delitos cometidos sobre 781 víctimas. El recuerdo más inmediato es el Juicio a las Juntas. Pese a la objeción de la fiscalía, que prefiere tramos de juicios más cortos, la decisión de unificar las causas coincide con las posturas de varios organismos de derechos humanos integrantes de las querellas. Las nuevas reglamentaciones de la Cámara de Casación Penal serán uno de los ejes de la sesión preliminar para pensar cómo acelerar la dinámica del juicio y evitar el fantasma de los debates eternos. Se fijarán días de audiencia y cómo se incorporarán los testimonios de las víctimas que declararon en otras ocasiones. El juicio se hará finalmente en el Auditorio de los Tribunales Federales de Comodoro Py.

De acuerdo con la resolución de la semana pasada, el juicio a los marinos va a unificar varias causas que hasta ahora estaban separadas. Se trata de los casos comprendidos en los períodos de 1976 a 1979 y de 1979 a 1981. A partir de ahí, un criterio propone avanzar según la jerarquía de los imputados y otro, recomendado por la querella del CELS, sugiere un orden cronológico y fragmentar los períodos en dos: 1976 a 1979 y 1979 a 1981, en función del cambio de jefaturas dentro del centro clandestino.

En el primer tramo, ingresarán la mayor parte de las víctimas. Entre ellas, los casos emblemáticos como las caídas de las llamadas “citas nacionales”, el caso Walsh, el de Norma Arrostito y en el segundo período está por ejemplo el grupo Villaflor. Pese a que algunos fueron tratados el año pasado, ingresan por otros imputados. Un ejemplo es María Cristina Lennie: el año pasado se condenó al vicealmirante Oscar Montes como autor mediato de su secuestro y homicidio, pero ahora se juzgará a quienes integraron la patota que fue a buscarla.

Entre los acusados volverán a sentarse los sobrevivientes de la línea de mando de la ESMA, los represores más simbólicos y otros nuevos acusados. Estarán Jorge “El Tigre” Acosta, el ex director de la ESMA Edgardo Otero. También Alfredo Astiz, por unos 700 casos, el mellizo Miguel Angel García Velazco, cuyo hermano fue juzgado el año pasado. Una de las características que lo distingue del Juicio a las Juntas es el rol de los imputados. En 1984 se juzgó la responsabilidad de los comandantes como autores mediatos, pero ahora se avanzará con la responsabilidad mediata o directa de 61 imputados que actuaron dentro del centro clandestino.

El Tribunal que integra Daniel Obligado incorporó a Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, que viene de la causa Vesubio, en reemplazo de Germán Castelli y Ricardo Farías. Ellos se reunirán en la audiencia preliminar con querellas y defensores. Evaluarán si las audiencias se harán en cinco o cuatro días de la semana, como pidieron el CELS y la organización Kaos, respectivamente, o se harán tres días, como quiere alguna de las defensas particulares.

Otra discusión será sobre la lectura de las 61 acusaciones: un derecho de los imputados, que deben saber de qué se los acusa, pero a la vez un hecho que en el juicio anterior llevó meses de lectura. Las nuevas reglas de Casación habilitan la opción de leer una síntesis y entregar una copia de la acusación completa a cada uno. Sobre los testigos, se analiza que aquellos que ya declararon en otras causas o en otras etapas no deban volver a hacerlo. El Tribunal puede incorporar las declaraciones y habilitar una instancia eventual de preguntas de la defensa. Con esas características los jueces creen que el juicio podría extenderse durante no más de dos años, pese al piso de 1500 testigos previstos.

Un eje que dejó afuera la unificación son otros tramos de la megacausa. Algunos porque aún están en instrucción, como “Vuelos de la muerte”, y otros, como “Robo de bienes” y “Chacras de Coria”, por decisión de los jueces. Según fuentes del juzgado, “Robo de bienes” no entró porque necesita una comprensión global sobre los robos para entenderlos como “plan sistemático” y no como “rapiña de algunos”. Para las querellas, en cambio, esa separación es un error: no es posible separar el daño hecho a una familia como los Tarnopolsky, a la que le desaparecieron cuatro personas, y reiniciar luego una causa sólo por el robo de un auto. Consideran que el robo de bienes debe leerse como práctica sistemática en el contexto de la evaluación penal por los crímenes.

Fuera de esto, las discusiones previas se concentraron en la validez o no de unificar las causas. Para la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña, “un juicio respetuoso de los principios que rigen el debate oral no puede superar en demasía el máximo de un año, pues si es más largo no sólo presentaría demasiados obstáculos prácticos, sino que pondría en jaque esos principios”. Propusieron juzgar a no más de 25 imputados por vez; señalaron que deberían ser aquellos que hace más tiempo que están en prisión sin condena y que se deberían priorizar las víctimas que no fueron tratadas en casos anteriores.

Los querellantes optaron en su mayor parte por la unificación. Fue el criterio de Rodolfo Yanzón, Luis Zamora, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Secretaria de Derechos Humanos: el juicio parcial “no sólo conspirará contra el esquema de responsabilidad de los imputados, sino que es una forma más de perpetuar el riesgo al que están sometidos los testigos, ya que cuantos más casos abarque el debate menor será la exposición de los mismos”. El CELS acompañó la postura del resto de las querellas, sugirió organizar cronológicamente los casos y crear una Secretaría de Juicio que garantice la continuidad de los trámites para el tercer tramo.

A 35 años de la muerte de Rodolfo Walsh

El día en que cerraron la trampa
El juicio de la ESMA estableció los hechos: el escritor y militante era centro de una vasta operación, el 25 de marzo de 1977 acudió a una cita “entregada” bajo tortura, lo esperaban entre 25 y 30 hombres, murió baleado en la calle.

 Por Alejandra Dandan
La muerte de Rodolfo Walsh tiene una verdad jurídica: en diciembre, la Justicia dijo que lo asesinaron el 25 de marzo de 1977, hoy hace 35 años. “Ha quedado legalmente demostrado”, dice el fallo del juicio a la ESMA, que el 25 de marzo de 1977, entre las 13.30 y las 16.00, cuando él intentó sacar su pistola, “un grupo de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, integrado por entre 25 y 30 personas, comenzó a dispararle hasta que la víctima se desplomó en la avenida San Juan entre Combate de los Pozos y Entre Ríos”. Pese a las versiones previas y distintas, dice que la muerte se produjo inmediatamente, que lo cargaron ya muerto en un auto para trasladarlo a la ESMA “sin poderse precisar, al día de la fecha, el destino dado a sus restos”.

En el juicio, Walsh apareció en sus dimensiones múltiples: como militante, oficial primero en la organización Montoneros; como periodista a cargo de la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla); como escritor, esposo, padre, abuelo. Como amante de los pájaros en las charlas ocasionales con los vecinos de San Vicente. Los relatos y documentos demostraron la prueba que estaba pendiente desde el Juicio a las Juntas de Comandantes, cuando se excluyó el caso de Walsh porque “la falta de prueba precisa sobre el hecho, sea de la captura o de su cautiverio, impiden tenerlo por probado”.

Pese a los avances, sin embargo, la escena final de la muerte no termina de armarse. El Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a seis de los integrantes del operativo, que serían 25 o 30 y de los que falta identificar a la mayoría. Condenó a Jorge “El Tigre” Acosta y a Alfredo Astiz, a Juan Carlos Fotea alias “Lobo”, que se ocupó de uno de los autos, y al autor de parte de los disparos, Ernesto “220” Weber, entre otros. Recogió voces de sobrevivientes y de un testigo directo. Pero los jueces y los fiscales aceptan que si tuviesen que pasar los datos para armar una película no podrían hacerlo. Hay otras seis personas identificadas: tres quedaron absueltas en un fallo apelado por las querellas, uno está muerto y dos prófugos.

La imposibilidad de reconstruir plenamente ese momento parece a esta altura casi un hecho maldito. “Lo ‘maldito’ es el pacto de silencio de los represores”, dice Lilia Ferreyra, su viuda y compañera. “Y es que es en ese sentido que Rodolfo es realmente un desaparecido. Cuando él investigó la Operación Masacre tenía un testigo directo y habían pasado tres meses desde los fusilamientos. En ¿Quién mató a Rosendo? yo lo ayudé en la investigación y él estuvo apenas ocurrió. Pudo hacerse la reconstrucción, estaban el bar, los testigos. Pero acá, esto es lo que en realidad sucede con una cantidad enorme de desaparecidos de los que no hay un solo dato, no se sabe por dónde pasaron, ni exactamente qué día se los llevaron. Muchos estaban en condiciones de clandestinidad y el vínculo con sus familias era esporádico. Yo misma supe qué pasó con Rodolfo muchos meses después, incluso hasta junio de 1977 pensé que seguía vivo. A mí me parece que lo importante ahora es la sentencia: hasta acá había muchas voces de lo que le había pasado. Testigos que habían visto esto o aquello, ahora hay una verdad en el plano de la verdad judicial: el valor es que prueba que el Grupo de Tareas intervino en la muerte de Rodolfo y en el robo de los escritos inéditos, de todo lo que teníamos. Me parece que en este tipo de juicios, a 35 años, con una desaparición y un secuestro, la validez está en la condena de la Justicia que probó el modus operandi y escuchó los testimonios irrefutables de testigos y sobrevivientes.”
La Operación Walsh

“Ha quedado legalmente acreditado que el 25 de marzo de 1977, a las 12.00, Rodolfo Jorge Walsh, quien se sabía buscado por las Fuerzas Armadas –y a raíz de ello utilizaba el nombre ‘Norberto Pedro Freyre’– partió junto a su mujer, Lilia Beatriz Ferreyra, de su domicilio, sito en Triunvirato e Ituzaingó, de la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires.” Así arranca uno de los párrafos relevantes de la sentencia. Walsh y Ferreyra se dirigían a la estación del Roca para abordar el tren a Constitución cuando Walsh encontró por casualidad a Victoriano Matute, que le entregó una copia del boleto de compraventa correspondiente a su domicilio, el que guardó, junto con las copias de la “Carta Abierta a la Junta Militar”, que había terminado de escribir el día anterior, en el portafolio que llevaba consigo.

En Constitución, Walsh confirmó telefónicamente una cita con José María Salgado, “Pepe”, que se iba a llevar a cabo entre las 13.30 y las 16.00 en San Juan y Entre Ríos. Tenía por objeto, al igual que otras dos previstas para ese día, difundir la carta que había escrito por el primer año de la dictadura militar. Además de Salgado, se vería con René Haidar, sobreviviente de Trelew, y con otra persona. Cuando caminaba por la vereda de San Juan, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos, vestido con una guayabera beige de tres bolsillos, pantalón marrón, un sombrero de paja, zapatos marrones y anteojos, y portando consigo un portafolio y una pistola marca Walther PPK 22, fue abordado por un grupo operativo perteneciente a la UT 3.3.2. La UT estaba compuesta por entre 25 y 30 hombres que se desplazaban en más de seis vehículos: entre ellos un Peugeot 504, un Ford Falcon, una Ford F 100, una Renoleta y una camioneta a la que denominaban Swat.

“Walsh introdujo una de sus manos dentro de una bolsa y ante la sospecha de que opusiera resistencia, uno de los intervinientes dio aviso de una emergencia y al grito de ‘Pepa, pepa’ –término usado para denominar a las granadas– una gran cantidad de oficiales comenzó a dispararle hasta que la víctima se desplomó. Walsh sufrió varios impactos de bala en el tórax que le provocaron la muerte. Con posterioridad, fue introducido en uno de los rodados y conducido a la ESMA, donde arribó sin vida. Una vez allí, fue descendido raudamente por la escalera que unía el hall de la planta baja con el ‘Sótano’ del edificio, sin poderse precisar, al día de la fecha, el destino dado a sus restos.”
La reconstrucción

“La información relativa a la cita fue obtenida por medio del interrogatorio mediante torturas practicadas a José María Salgado, en algún momento posterior a su secuestro del 12 de marzo de 1977 –dice la sentencia–, con la suficiente antelación para diseñar y planificar minuciosamente el operativo.” El propósito era “capturar a Walsh con vida y tal circunstancia se debía a la condición de oficial primero que ocupaba en la organización Montoneros y toda vez que estaba a cargo de la Agencia Clandestina de Noticias (Ancla), y así someterlo a crueles sufrimientos destinados a obtener información. Precisamente por ello, era intensamente buscado desde hacía tiempo”. Para lograrlo, organizaron un operativo de “gran envergadura”, dato que se desprende del “importante despliegue” y de la inclusión de “un francotirador” (aún no identificado). Pese a eso, hay un señalamiento importante: para los jueces quedó probado que “más allá de la idea inicial, el plan criminal incluyó que, ante el menor atisbo de (resistencia) (...) el proceso concluiría con su muerte”. Los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli llegan a esa conclusión al indicar que si no hubiesen querido matarlo, el francotirador que era un experto podría haber disparado a órganos que no comprometieran la vida.

Lo “desapoderaron” de los objetos que llevaba: el portafolios, la pistola, un reloj Omega, la cédula de identidad a nombre de Norberto Pedro Freyre, que había usado en la investigación de los fusilamientos de José León Suárez, el boleto de compraventa y las copias de la Carta Abierta.

Un día después, un grupo de unas 50 personas se constituyeron en el domicilio de Victoriano Matute para que los condujera a la casa de Walsh. Llegaron a San Vicente “entre las 3.30 y las 4.00” de la mañana y luego de disparar en forma continua contra la finca, entraron y sustrajeron una importante cantidad de objetos. Entre ellos, cuentos, cartas y piezas literarias como “Juan se iba por el río”, un cuento inédito, “Carta al Coronel Roualdes”, textos de su diario con recopilación de notas periodísticas, una agenda, la libreta de enrolamiento, fotos familiares y la carta que escribió a sus amigos por el fusilamiento de su hija María Victoria. Los bienes fueron llevados a la ESMA y fueron vistos por diversos secuestrados.
Los testigos

La sentencia retoma fragmentos de varios testigos clave: Lilia Ferreyra, Patricia Walsh, Miguel Angel Lauletta y Martín Gras.

Ferreyra contó que esa mañana abordaron el tren que salió a las 12.00 de San Vicente a Constitución porque su Fiat 600 no había arrancado. En Constitución, Walsh habló por teléfono para confirmar la primera cita de San Juan y Entre Ríos. Y ella se acordaba que días antes lo había llevado muy cerca de ahí, a la esquina de Humberto 1º y Entre Ríos, donde Walsh arrojó (en las raíces de un árbol) un atado de cigarrillos a modo de contraseña. Lo vio por última vez cuando Walsh cruzó la calle Brasil: “El sabía de las torturas sin límites y que, por tanto, no quería ser capturado con vida”, dijo.

Walsh no llegó a las cinco de la tarde a un departamento de Malabia y Juan María Gutiérrez como habían acordado. Ferreyra no se preocupó porque lo habían previsto y al día siguiente volvió a San Vicente con Patricia Walsh, su marido Jorge Pinedo y los dos hijos porque habían organizado un asado. Cuando llegaron, no vio el Fiat ni el humo del asado. Las paredes de la casa tenían disparos, faltaban puertas y ventanas. Patricia Walsh dijo que cuando Ferreyra volvió al auto estaba “muy alterada, gritando que la casa estaba destruida y que había un gran desorden. En el exterior había diversos objetos tirados”. Se fueron rápidamente.

En los días siguientes, Lilia presentó un hábeas corpus. Patricia fue a ver a su tío el capitán de navío retirado Carlos Washington Walsh y a su mujer Elba Ostengo de Walsh. Les pidió que presenten un hábeas corpus, pero se negaron porque decían que no eran de utilidad. También visitó al hijo de un dirigente sindical que había estado en la ESMA y a la hermana de su padre, la religiosa Catalina Walsh, que hizo diversas gestiones. Patricia presentó un hábeas corpus en junio.
El operativo

La sentencia se valió también del testimonios de Miguel Angel Lauletta, entonces detenido-desaparecido y testigo directo porque lo llevaron al operativo en auto, como a Salgado. “Lauletta refirió que lo llevaron en un vehículo junto a un compañero de nombre Oscar Paz, por la avenida San Juan, desde Entre Ríos hacia el oeste”, en un operativo en el que intervinieron “entre 25 y 30 integrantes del grupo de tareas, que se conducían en más de 6 vehículos”. Mientras circulaban por San Juan, Lauletta escuchó por la radio del auto “emergencia, emergencia”. El conductor dio una vuelta en U por la avenida San Juan, que por entonces era doble mano. Al cruzar Combate de los Pozos, media cuadra antes de Entre Ríos, vio parado en medio de la calle a “Cobra”, Enrique Yon, y vio que tiraba con un “arma de puño”, como haciendo puntería, a un cuerpo en la vereda de enfrente. Al mismo tiempo gritaban “¡Pepa, pepa!”, que era como llamaban a las granadas. Lauletta miró para otro lado y vio que venía un Ford Falcon: “Manejaba Tiburón, un policía federal que estaba en la ESMA. Al lado iba Roberto González y atrás, ‘Lobo’ y ‘Angosto’: Fotea era Lobo y el Angosto no recuerdo”.

De ese y otros datos surge que Lauletta vio disparar a Yon, que dirigía el operativo. Walsh ya estaba tirado en el piso. Cuando al día siguiente se encontró adentro de la ESMA con 220 Weber, conoció qué había pasado del otro lado: “Entró 220 y me dijo ‘yo iba por atrás, para tratar de agarrarlo, y un boludo grita desde un coche: ¡alto policía! y Walsh en ese momento mete la mano en una bolsa de plástico que tenía, entonces le tuve que tirar’”. Otros “boludos”, siguió Weber, tiraron en paralelo a la pared, en vez de tirar perpendicular, y al parecer hirieron a una persona que pasaba. “Lo que yo vi –resumió Lauletta– es a Yon tirando, un Peugeot 504 de la vereda de enfrente yendo para el oeste con las puertas abiertas, que lo tengo como un coche dentro del operativo de la ESMA, y el Falcon verde.”

Los del Falcon eran: Tiburón, aún no identificado; Roberto Oscar “Federico” González, alias Fede o Gonzalito, según los datos del CELS subcomisario de la Policía Federal, integrante del GT332, principal de operaciones y prófugo desde 2006; Juan Carlos Fotea, “Lobo”, sargento de la policía, condenado en el juicio; Pedro Osvaldo Salvia, “Angosto”, prófugo desde 2005. Yon estuvo después en el Centro Piloto de París y ya está muerto. El fallo señala que Ernesto Frimón Weber intervino en el operativo y que fue uno de los que disparó. Ubica también ahí a Fotea, Ricardo Cavallo y Astiz. La sentencia absolvió a Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velazco y Julio César Coronel. Las querellas acaban de apelar.

El represor que se ufanó de capturar a un pianista

Argentina pidió a Interpol la captura de Claudio Vallejos

 Por Darío Pignotti. Desde Brasilia

Con los días contados. Argentina solicitó a Interpol la captura de Claudio Vallejos, un represor de la ESMA que, según su propio relato, participó en el secuestro del brasileño Francisco Tenorio Cerqueira, el pianista que acompañaba a Vinicius de Moraes durante su gira porteña en 1976, a seis días del golpe.

“Desde que nos llegó la noticia del paradero de Vallejos hasta que se pidió su captura internacional pasaron dos días hábiles, los trámites ante Interpol se hicieron rapidísimo, si uno analiza la actitud de nuestro gobierno ve que hay una fuerte decisión de extraditarlo, esto quedó muy claro”, evaluó un diplomático argentino en Brasilia. Vallejos, radicado en Brasil hace casi tres décadas, estuvo detenido por estafa en la cárcel de Xanxeré, interior de Santa Catarina, desde el 4 de enero hasta el lunes pasado, cuando las autoridades concluyeron que el argentino debía estar en una cárcel para delincuentes peligrosos.

“Después de tomar conocimiento de que Vallejos no era sólo un estafador, que contra él hay acusaciones de participar en el terrorismo de Estado decidimos enviarlo al presidio de Lages, hay mucha más seguridad que acá, lo llevamos en dos móviles policiales, custodiado por efectivos fuertemente armados” declaró Luiz Brandielli, director del presidio de Xanxeré. El traslado de cárcel fue entendido por la diplomacia argentina como una señal de que Brasil resolvió cerrar las vías de escape al represor-estafador.

“Nosotros temíamos que algún juez del interior pudiera darle la libertad condicional a Vallejos por el proceso por estafas, corríamos el serio riesgo de que se nos escapara de las manos, pero ahora mi impresión es que no sale más”, se tranquiliza el diplomático argentino que, como es de práctica, pide que su identidad no trascienda.

Vallejos ganó fama, y algunos miles de dólares, en 1986, cuando declaró a revistas brasileñas que mató a decenas de prisioneros y torturó a otros tantos, además de haber participado en el secuestro del pianista Cerqueira en marzo del ’76.

Al parecer, Vallejos reiteró, durante una conversación informal ocurrida en la cárcel del sur brasileño hace diez días, que participó en el rapto del pianista y fue testigo de su ejecución. Esa historia, la del tecladista de Vinicius, es un caso emblemático del Cóndor, en el eje Brasil-Argentina, y acaso abra camino para esclarecer otros secuestros “binacionales” como el del brasileño Sidney Fix dos Santos Marques, también raptado por elementos de la ESMA.

La orden de captura internacional contra Vallejos cae como un guante a los organismos de derechos humanos brasileños en vísperas de la creación de la Comisión de la Verdad, promulgada en noviembre pasado por la presidenta y ex presa política Dilma Rousseff, quien según su propio testimonio fue torturada durante 22 días consecutivos en 1970.

En una entrevista divulgada ampliamente por el canal de cable y el diario del grupo Globo, el general retirado Luiz Eduardo Rocha, que ocupó la Secretaría General del Ejército hasta 2007, desafió a la presidenta con términos que rayan en la insubordinación.

“(Usted) dice que ella (Dilma) fue sometida a torturas, pero existen certezas de eso?...no lo sé”, ironizó Rocha Paiva en el reportaje.

Seguidamente, el general retirado, que en varios pasajes de la entrevista enrojeció de rabia al ser cuestionado por violaciones de los derechos humanos, aseguró que los generales en actividad son, al igual que él, defensores de la Ley de Amnistía, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979 y deploró la Comisión de la Verdad.

Entidades castrenses han lanzado un sinfín de zancadillas contra la Comisión que sólo entrará en funciones cuando Dilma designe a sus siete miembros, decisión que se ha demorado más de lo necesario, opina la mayoría de los organismos de derechos humanos.

Uno de los libelos firmado por cerca de 400 militares en retiro asegura ver por detrás de la Comisión un supuesto “revanchismo” del gobierno y glorifica a la Amnistía o “Autoamnistía” según la definió, en diálogo con este diario, Rose Nogueira, ex compañera de celda de Dilma y actual miembro de Tortura Nunca Más.

A estar por este cacareo de los militares jubilados y el gesto indignado de los jefes de las fuerzas armadas el día que Dilma anunció la Comisión en el Palacio del Planalto, hace cuatro meses, se deduce que en los cuarteles comprendieron que éste es el primer intento serio, en 27 años de democracia, por averiguar lo sucedido durante el régimen.

Azic : se sigue haciendo el loco y no va a la cárcel

El represor Juan Antonio Azic, acusado de haber robado bebés durante la última dictadura militar, seguiár detenido en una clínica psiquiátrica. La Cámara Federal confirmó el rechazo al pedido de prisión domiciliaria. Los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiler citaron antecedentes del tribunal en los que afirmaron que “aun cuando pudiera admitirse que haber alcanzado la edad bastaba para la concesión del beneficio, dicha decisión de todos modos resultaba protestativa y no imperativa para el magistrado de grado y, por ello, no era de aplicación automática”, en coincidencia con el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Los magistrados citaron informes médicos que “aconsejarían que Azic continúe bajo el régimen asistencial instituido hasta la fecha” y consideraron “la gravedad y complejidad de los hechos que se le atribuyen”.

Azic operó como torturador en la ESMA. Era oficial de Inteligencia del GT 3.3.2. Entre los crímenes que se le imputan están el de torturar a un bebé de 20 días, el hijo de Carlos Lordkipanidse. Primero, Azic amenazó de estrellarlo contra el piso si el padre no hablaba y luego lo puso en el pecho de su padre, mientras lo torturaban. También torturó a Víctor Fatala y Lázaro Gladstein.

En el año 2003, al ser imputado por crímenes contra la humanidad en España, trató de suicidarse poníendose un revolver en la boca. No lo consiguió. Fue detenido en la megacausa de la ESMA y está en un hospital psiquiátrico. En Mayo de 2007 fue procesado junto a su esposa, Esther Abrego, por el robo y sustracción de la identidad de una bebé, la hija de Silvia Daneri.
Sus apodos eran "Piraña", "Claudio" y "Fredy".

El represor que no aparecía por "motivos de salud"

Néstor Omar Savio, también conocido como "Halcón", fue integrante del sector Logística del GT 3.3.2 de la ESMA. Capitán de fragata retirado, se encuentra detenido en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo, hoy bajo la órbita del SPF. Por razones de salud, se suspendió el proceso para este imputado.

Es necesario aclarar que este represor fue identificado en numerosas ocasiones por los sobrevivientes, y está imputado en diferentes procedimientos judiciales, como en la causa denominada "ESMA",  había logrado eludir hasta el momento el procesamiento por los crimenes comentidos en la ESMA.

La apropiación de bienes en la ESMA

Tramo judicial por el robo de los bienes de los desaparecidos

Estarán a su lado en el banquillo otros cinco marinos de la ESMA, entre ellos Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo. Serán juzgados no sólo por la tortura y la desaparición de sus víctimas, sino también por la apropiación de sus bienes. El dictador Emilio Massera, jefe de la banda que se apropiaba de los bienes de sus víctimas.

Las partes de la desmembrada causa ESMA van llegando poco a poco a juicio oral y público. El juez federal Sergio Torres elevó el expediente por la tortura, desaparición y apropiación de los bienes de Victorio Cerutti, Horacio Palma y Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini. Los acusados son seis oficiales de la marina, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo.

El magistrado consideró concluida la etapa sumarial y mandó a juicio oral y público a Acosta, Cavallo, Jorge Radice, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González y Juan Carlos Rolón. Estos ex oficiales de la Armada ya están sometidos a juicio por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh. Torres sostuvo que los procesados actuaron “con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley” y que cometieron los ilícitos “agravados” por “violencia o amenazas”. También tuvo en cuenta el juez que estos marinos represores deben responder por haber sometido a “condiciones inhumanas de vida” a sus víctimas y por la “posterior desaparición” de esas personas, quienes fueron secuestradas por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.

Este tramo de la “megacausa” ESMA, reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se vincula con los hechos que tuvieron como víctima a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977, para apropiarse de sus bienes. A lo largo de 40 carillas, Torres efectuó un análisis del modo en que se produjeron los hechos que culminaron con el desapoderamiento de la empresa Cerro Largo S.A., que tenía como principales autoridades a Palma, Cerutti y a Omar Masera Pincolini. Ambos fueron secuestrados en sus respectivos domicilios de Luján de Cuyo, en Mendoza, el 12 de enero 1977, un día después de que Palma corriera igual suerte. En todos los casos, efectivos armados, algunos encapuchados, pertenecientes al Grupo de Tareas 3.3.2, irrumpieron en las viviendas y, bajo amenazas, secuestraron a los tres socios, y también a la esposa e hijos de Masera Pincolini, a quienes luego habrían trasladado a la ESMA. Masera Pincolini intentó proteger a su familia y fue “salvajemente golpeado”, al igual que sus hijos cuando trataron de impedir los vejámenes de los que fue objeto su madre y esposa del desaparecido.

Torres indicó que a los procesados se les atribuyó “haber desapoderado el paquete accionario y los bienes que formaban parte del patrimonio de la sociedad Cerro Largo S.A. a través de diversas maniobras” ilícitas, como la extorsión. Señaló el magistrado que “la sociedad Cerro Largo S.A., de las que fueron despojadas las víctimas, pasó a denominarse Hill Ri S.A., cuyos integrantes eran oficiales de la Armada Argentina que utilizaron nombres falsos” para ocultar su verdadera identidad. Torres agregó que “posteriormente el paquete accionario de Hill Ri S.A. fue traspasado a la sociedad Misa Chico S.A., cuyos accionistas eran, entre otros, Eduardo Enrique y Carlos Massera (hijos de Emilio Eduardo Massera)”, ex integrante de la Junta Militar, junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti. Para dar por cerrada la investigación, el magistrado evaluó documentación y decenas de testimonios de sobrevivientes de la ESMA y familiares o amigos de las víctimas, obtenidos durante la tramitación del sumario.

Federico Gómez, hijo del secuestrado Conrado Gómez, bregó desde hace años por esta causa, declaró en Argentina y el exterior para denunciar “el segundo despojo”, como lo denominó, y también la responsabilidad civil en el caso. Así fue como hace un año Torres ya había enviado a juicio oral a la ex jueza Emilia García, acusada de haber participado en maniobras para despojar de sus bienes a los secuestrados de la ESMA

El cinismo desmemoriado

El vicealmirante retirado Antonio Montes, ex canciller de la dictadura, se negó a ampliar su declaración indagatoria y a refrendar sus anteriores declaraciones ante la Justicia Militar, lo que provocó un áspero debate entre el fiscal Pablo Ouviñas y el defensor oficial del militar, Victor Valle.

"No voy a declarar porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales", enfatizó Montes, quien desde el principio del proceso es trasladado en silla de ruedas.

La defensa de Montes objetó que se leyeran las declaraciones del militar de 86 años ante el juez militar y ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que la audiencia se encontraba trabada por cuestiones procesales. No voy a declarar”, dijo, y escuchó sus relatos anteriores, cuando admitió que “desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó” de la guerra sucia.

A su turno el ex médico de la Armada Carlos Capdevilla, quien también dijo estar enfermo y bajo tratamiento psiquiátrico, negó haber asistido en la ESMA a personas que habían sido sometidas a sesiones de tortura y en ese sentido aseguró que "querían tener a un médico (entre los acusados) para hacernos aparecer como los nazis" .

Capdevilla, negó las acusaciones de ex detenidas desaparecidas que los denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respecto de una de ellas sostuvo que "la hice pasar al consultorio porque me dijo que se había mareado" y que "estaba descompuesta". Carlos Capdevila no aceptó responder preguntas, pero se explayó sobre los testimonios que lo incriminan. De paso lento, voz suave y mirada extraviada, dijo que estaba medicado, aseguró no recordar su número de documento, pero no tuvo problema para memorizar a qué días de la semana correspondían ciertas fechas de 1979. Admitió que trabajó en la enfermería de la ESMA, pero aseguró que “no he sentido nunca gritos de tortura”. Sugirió que las declaraciones en su contra fueron “inventadas” y que según los testigos “todos estábamos torturando en todos lado

Azic negó las acusaciones en su contra y se negó a responder preguntas por lo que se dio lectura a declaraciones anteriores en las que admitió haber prestado "actos de servicio en la ESMA", pero no brindó nombres de los oficiales que formaban parte del Grupo de Tareas. El prefecto Juan Antonio Azic, quien en 2003 intentó suicidarse, tampoco recordó su documento. “Niego todo lo que se me acusa, me niego a declarar y a responder preguntas”, fueron sus únicas palabras en público. Comenzó entonces otro debate, sobre si esa frase se podía considerar como una declaración indagatoria. La mera hipótesis “ofende al sentido común”, dijo el fiscal Pablo Ouviña. El tribunal ordenó leer sus testimonios anteriores y difirió para el futuro la decisión sobre la cuestión procesal.

Por último, el contralmirante retirado Manuel García Tallada, a quien se acusa por 26 hechos de tormentos cuya autoria se le atribuye también se negó a declarar.

García Tallada, de 85 años, declaró en el Juicio a los Comandantes ya que en el período investigado se desempeñó como Jefe del Estado Mayor de la Armada y Jefe del Estado Mayor de Operaciones Navales, por lo que fue el máximo responsable del G-3.3.2 que actuó en la ESMA.

En esa declaración que data de 1985 aseguró que "nunca presencié ningún interrogatorio" de detenidos en la ESMA, ni tuvo conocimiento de "torturas o vejámenes" , pero escuchó sus relatos anteriores, cuando admitió que “desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó” de la guerra sucia.

Acosta: torturador, asesino... y ladrón!!!

Causa ESMA: confirman que Jorge "Tigre" Acosta va a juicio por apropiación de bienes
 
La Sala I de la Cámara Federal rechazó un recurso de casación presentado por la defensa del ex marino. Se investiga el apoderamiento de activos de prisioneros alojados en la Escuela Mecánica de la Armada. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de Jorge “El Tigre” Acosta, contra la resolución de ese mismo tribunal que confirmó el inicio del juicio oral contra el ex marino por  apropiación de bienes en el marco de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
 Así, los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah ratificaron que Acosta irá a juicio oral. En el fallo, el tribunal aseguró que “la decisión contra la que se dirige la vía casatoria intentada por la defensa de Jorge Acosta no integra el elenco de aquellas decisiones que enumera el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación entre las susceptibles de ser conmovidas por el citado medio impugnativo, que sólo lo admite respecto de las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o a la pena”.

 Asimismo, afirmaron que “el criterio de la defensa en el sentido de que la resolución atacada sería asimilable a una sentencia definitiva, no encuentra asidero en argumentos normativos y no alcanza para conmover la jurisprudencia de esta Cámara en un sentido contrario”.Cabe recordar que actualmente el Tribunal Oral Federal Nº5 juzga a Acosta y a otros 16 acusados por otro tramo de la causa ESMA, en el que se investigan, entre otros delitos, las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.

Astiz : recurso indadmisible

La Cámara Federal declaró “inadmisible” un recurso presentado por el destituido capitán de la Armada contra el fallo que sobreseyó al magistrado que lo procesó y el fiscal que lo investigó por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, en una causa que el “el ángel de la muerte” les había iniciado por “prevaricato”

El destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz sufrió un nuevo revés luego de que la Justicia rechazara un recurso que presentó en la causa que había iniciado contra el magistrado que lo procesó y el fiscal que lo investigó por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

En una resolución dictada poco antes de la feria judicial y conocida ayer, la Cámara Federal declaró "inadmisible” el recurso de Casación planteado contra el fallo que sobreseyó al juez federal Sergio Torres y al fiscal Eduardo Taiano.

Por intermedio de su entonces defensor particular Juan María Aberg Cobo, el ex marino actualmente juzgado por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) pretendía que se dejasen sin efecto los sobreseimientos.

Astiz había denunciado por presunto "prevaricato” (dictar fallos contra el Derecho) al fiscal que le había imputado cientos de violaciones a los derechos humanos y al juez que lo procesó por esos delitos de lesa humanidad por los que hoy está sentado en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral en lo Federal 5.

En una resolución de sólo dos carillas, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Jorge Luis Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah –con la intervención del secretario Sebastián Casanello- rechazaron el recurso intentado contra el sobreseimiento dictado en primera y segunda instancia.

Los camaristas explicaron los motivos en los que basaban su negativa y afirmaron que, en el recurso, "tampoco se señala la norma procesal o sustancial erróneamente aplicada, ni cuál sería a criterio del recurrente la correcta interpretación pretendida”, por lo que consideraron que "no se encuentran completos los requisitos de admisibilidad exigidos” para su procedencia.

Juicio por ESMA pasa a cuarto intermedio hasta 14 de enero

El juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) pasó hoy a un cuarto intermedio hasta el 14 de enero próximo y durante la feria judicial sólo se llevarán a cabo dos audiencias.

De ese modo, la siguiente audiencia será el 27 de enero, un trámite de rigor ya que la legislación vigente para este tipo de juicios obligar a no interrumpir las audiencias por más de 15 días. En febrero, las audiencias volverán a desarrollarse "con normalidad", es decir alternando la ultilización de la sala con el Tribunal que lleva adelante el juicio "Atletico-Banco-Olimpo". Así lo hizo saber el presidente del Tribunal Oral Federal 5 (TOF-5), Ricardo Farías, quien rechazó un pedido del abogado de la querella para que los militares que cumplen arresto domiciliario sean trasladados por personal de las fuerzas de seguridad.

La decisión provocó un entredicho con el abogado Rodolfo Yansón quien reclamó que se revoque la decisión ya que los ex marinos Jacinto García Tallada, Oscar Montes y Julio Coronel, no gozan de salidas transitorias ni de libertad condicional.

Los nombrados están bajo la responsabilidad de sus familiares directos y llegan a los Tribunales de Retiro, donde son juzgados por crímenes de lesa humanidad, trasladados por sus esposas.

El TOF5 también rechazó un pedido de impugnación e investigación de los médicos del Hospital Naval acusados de favorecer a los reos de la ESMA.

Sin embargo, los jueces aceptaron la intervención de médicos del Cuerpo Médico Forense para certificar las dolencias de los ex marinos.

                    Prohibieron a las Madres entrar al juicio  con las fotos de sus hijos desaparecidos en la ESMA

Las Madres de Plaza de Mayo no pudieron exhibir hoy las fotografías de sus hijos durante la audiencia en la que se leyeron graves cargos contra el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz por el secuestro, tortura y desaparición en 1977 de las fundadoras de la entidad y dos monjas francesas en la Iglesia de la Santa Cruz de Capital Federal.

Si bien pudieron llevar sobre sus cabezas los pañuelos blancos, el personal policial que custodia el juicio les impidió que mostraran las fotos de sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar.

La última audiencia del año del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) fue dedicada por completo a la lectura de los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la calle Estados Unidos entre Urquiza y Carlos Calvo.

Allí se habían reunido familiares de personas desparecidas durante la dictadura iniciada casi un año y medio antes.La Iglesia había cedido un aula para las reuniones de los familiares que planeaban la publicación un día después, de una solicitada en el diario La Nación.

En el grupo de lo que se considera la primera formación de las Madres de Plaza de Mayo, se había infiltrado Astiz haciéndose pasar como hermano de un desaparecido, bajo el seudónimo de Gustavo Niño.

Hoy Astiz revivió aquellos hechos pero -ante una sala colmada de público- prefirió dedicarse a la lectura de un libro de Franz Kafka.

Entre las 20.00 y las 20.30 de aquel día, y a la salida de la reunión que se llevó a cabo en los jardines del templo, fueron secuestradas 12 personas quienes luego fueron vistas en la ESMA donde las torturaron.

Aproximadamente 15 días después las arrojaron vivas desde aviones en los llamados "vuelos de la muerte".

En ese grupo de encontraban las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, integrantes de una congregación que respaldó al Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre, que organizaba a las personas que reclamaban por los desaparecidos en la Argentina.

Mientras Domon fue secuestrada en la Iglesia de la Santa Cruz, Duquet fue raptada por el mismo grupo de tareas de la ESMA a la salida de la parroquia San Pablo en Ramos Mejía dos días después.

Además, y en el mismo operativo también fue secuestrada la fundadora de las Madres, Azucena Villaflor, en su domicilio de Avellaneda.

Las personas secuestradas en la Santa Cruz fueron señaladas por Astiz durante el operativo del que participaron entre ocho y diez automóviles sin identificación.

En ese procedimiento intervinieron, según los testimonios de sobrevivientes, el capitán Antonio Pernías, Raúl Scheller, Ernesto González, el policía Ernesto Weber y Juan Carlos Rolón.

Los secuestrados en la Santa Cruz, además de Villaflor y las monjas fueron Eduardo Orane, María Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Oviedo, Raquel Bulit, Susana Ángela Auad, Remo Carlos Berardo, Horacio Aníbal Elbert y Julio Fondevilla.

Todos ellos fueron llevados a la ESMA y alojados en los lugares conocidos como Capucha y Capuchita, mientras que los testimonios aportados a la causa indican que las monjas francesas fueron las más torturadas y a la vez se las sometió a una simulación para distraer la atención ante los reclamos internacionales por su paradero.

Ambas fueron fotografiadas en el subsuelo de la ESMA junto a una bandera de la organización Montoneros y a Domon le hicieron escribir una carta de puño y letra denunciando que había sido secuestrada por la guerrilla.

Las Fuerzas Armadas en el poder difundieron a través de los diarios la versión que Montoneros reclamaba a cambio de las monjas el canje por detenidos de sus filas, cuando en realidad y a los quince días de su detención fueron "trasladadas" con una inyección de Pentotal y arrojadas al Río de la Plata. En la lectura de la elevación a juicio se dio por probado que Astiz se infiltró y ganó la confianza de los familiares, en especial de Villaflor, ya que asistía a las reuniones y a las marchas en la Plaza de Mayo.

A esos lugares solía ir con quien decía ser su hermana, Silvia Labaiyru una ex detenida de la ESMA, quien declaró por exhorto desde Europa y ratificó que a las monjas "decidieron trasladarlas por la enorme repercusión del caso".

Uno de los testimonios más sobresalientes fue el de François Cheron, enviado del gobierno francés que en 1978 se entrevistó en Montevideo con el almirante Emilio Massera para averiguar el paradero de las dos monjas. Según testificó Cheron, Massera le aseguró que “no había desaparecidos”, y sugirió que en los operativos “a veces caía gente inocente, lo que podía haber sido el caso de las monjas”. El francés relató que los militares argentinos “intentaban justificar la aplicación de tormentos aludiendo a la guerra francesa en Argelia y se presentaban como los últimos defensores del cristianismo, al aludir que luchaban contra la conspiración judía comunista internacional”.

 

ESMA: Juan Alberto Poch a embarque

El juez de La Haya rechazó el planteo de la defensa del piloto de la ESMA que había relatado ante sus compañeros cómo arrojaba personas vivas al mar y pretendía ser juzgado en Holanda. Julio Alberto Poch, preso en España, seguramente será trasladado a Buenos Aires.

Por Diego Martínez

El ex piloto naval Julio Alberto Poch, preso en España por haber confesado ante sus compañeros de trabajo que arrojó personas vivas al mar desde aviones en vuelo durante la última dictadura, será extraditado a la Argentina. Un juez de La Haya rechazó ayer la pretensión del abogado Gerard Spong para que el oficial retirado de la Armada sea juzgado en su patria adoptiva: el Reino de los Países Bajos. Se trata de una buena noticia para el ex funcionario de la dictadura Jorge Zorreguieta y su hija, la princesa Máxima de Holanda, pero pésima para la Armada Argentina, que según el ex capitán Adolfo Scilingo obligó a participar a todos sus miembros en los vuelos de la muerte.

La confesión de Poch ante sus compañeros de la aerolínea Transavia ocurrió durante una cena con buen vino en el restaurante Gado Gado de la isla de Bali, en Indonesia, luego de que los holandeses calificaran de “régimen criminal” a la dictadura argentina. “Poch dijo que teníamos una imagen errónea de la época, que hubo una guerra y en la guerra muere gente”, relató el piloto Tim Weert. Luego contó “cuando a bordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida con el fin de ejecutarlas”, agregó. “No hay problema, estaban drogados”, les aclaró.

“Su comportamiento era impresionante. Defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, destacó Edwin Brouwer, impresionado “por su gesto, el movimiento que hizo con la mano, como si dejara voltear un avión para dejar escapar la carga”. A diferencia de lo que ocurre en las aerolíneas argentinas, donde no han faltado relatos de pilotos y mecánicos que en los ’80 tomaron distancia de las Fuerzas Armadas, cuando los testigos holandeses informaron sobre la confesión, su jefe Geert Geroen Engelkes no dudó en denunciar a Poch ante la Policía Nacional. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó.

A diferencia también de lo que ocurre en la Justicia argentina, donde una confesión idéntica del capitán Hemir Sisul Hess hibernó durante cuatro años en un despacho de Comodoro Py, el Ministerio Público holandés realizó una investigación exhaustiva, les tomó declaración a testigos directos e indirectos, y envió a tres personas a la Argentina para interiorizarse sobre el estado de los procesos. Aquí confirmaron que desde la confesión pública de Scilingo, en 1995, no hubo un solo detenido por los vuelos (ni siquiera el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que según Scilingo lo ayudó a arrojar personas al vacío) pero lograron que el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, aceptara viajar a Holanda para escuchar a los testigos, y solicitara la captura con fines de extradición.

Poch fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia, durante una escala de su último vuelo antes de jubilarse como comandante de Transavia. El ex marino de 57 años, que había comprado un departamento frente a la playa de Xeraco, quedó alojado en el centro penitenciario Picassent. El 6 de octubre negó haber confesado los crímenes ante un juez de la Audiencia Nacional. Un día después la embajada argentina en Madrid entregó el exhorto diplomático que ratificó el pedido de extradición. El 30 de octubre el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la continuidad del proceso.

Con el argumento de la doble ciudadanía, sumado a que los testigos de la confesión y quienes investigaron a Poch son holandeses, Spong solicitó la extradición de su cliente al Reino de los Países Bajos y montó una campaña mediática en la que incluyó a la familia del imputado. El Estado holandés se pronunció en contra: sostuvo que el juicio debe realizarse en la Argentina, donde ocurrieron los vuelos, con el fin de que “los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso”. Ayer un juez civil de La Haya falló en la misma línea. Admitió que Holanda está facultada para juzgar a Poch y no descartó la posibilidad de que pueda retornar allí para cumplir su eventual condena, pero ante la falta de interés del Ministerio Público local y las garantías de las que gozan los represores en la Argentina, rechazó el pedido de extradición.

Segunda sesión del juicio: objeciones y evidencias

"Interrogador, torturador y cazador de hombres", fueron las acusaciones de sobrevivientes contra Jorge 'el Tigre' Acosta, jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la segunda jornada del juicio por los crímenes cometidos en el mayor campo de exterminio de la dictadura argentina (1976-83).

Los testimonios leídos de una decena de sobrevivientes inculparon a Acosta de haber sido el jefe del grupo de secuestros de la ESMA, que tomaba parte en las sesiones de torturas a detenidos encapuchados y engrillados, de mantenerlos en condiciones inhumanas y también de decidir sobre la vida y la muerte de muchos de ellos.

Acosta, el emblemático ex capitán de corbeta Alfredo Astiz, imputado por la desaparición de dos monjas francesas, entre otros delitos de lesa humanidad, y otros 15 acusados por los crímenes en la ESMA escucharon sin inmutarse los cargos que leía el tribunal en la primera etapa del juicio que se prolongará entre 6 y 8 meses.

Astiz, de 58 años, lucía serio y esta vez no llevaba el libro "Volver a matar" que provocativamente mostró el viernes pasado en la primera sesión del juicio, sino una carpeta y un block de hojas donde hacía anotaciones mientras se sucedían la lectura de los testimonios.

Astiz fue el primero en ingresar a la sala, esposado junto a otro acusado y luego uno a uno fueron entrando a la sede del tribunal, donde en la bandeja superior sus familiares los saludaban sin mostrar preocupación alguna por los cargos que afrontan los inculpados. La querella denunció que el marino retirado Ricardo Cavallo, extraditado por México y España y uno de los acusados, evita con engaños cumplir la prisión preventiva."Hace un mes que Cavallo está fuera de la cárcel y este Tribunal no tiene conocimiento. Fue por una consulta y se quedó por un mes en el Hospital Naval por un aparente dolor cervical, que no lo justifica", dijo el abogado Rodolfo Yanzón al iniciarse la segunda jornada del juicio. Cavallo “pidió un turno de atención médica y nunca volvió al penal (de Marcos Paz, en la periferia noroeste)”, dijo el abogado. Tras la denuncia, el Servicio Penitenciario Federal aclaró que Cavallo salió del penal "con orden judicial" debido a que requirió asistencia médica por una lumbalgia, pese a la cual camina sin dificultad, según se vio estos días en tribunales.

Asimismo Astiz recusó a dos de los tres miembros del Tribunal Oral Federal nº 5 que los juzga por 85 crímenes comentidos con el Grupo de tareas de la ESMA durante la dictadura militar. El planteo lo centró contra los camaristas Ricardo Farías y Marcelo Hergott, lo presentó el defensor oficial Carlos López Camelo, quien a sólo una semana de iniciado el juicio, los acusó de falta de parcialidad.

Esta denuncia busca entorpecer el juicio contra los 19 miembros del grupo de tareas de la ESMA y fue recibida por el TOF5 que preside Daniel Obligado como un mero trámite a resolver.
Astiz aparecióen esta segunda audiencia con otro libro, además de "Volver a Matar" de Juan Bautista "Tata" Yofre, cuya exhibición provocativa desató la semana pasada un incidente en la sala, y aunque lo sigue llevando consigo, ahora lo colocó dentro de un cartapacio de color rosa y porta a la vista, y ocasionalmente hojea "El Proceso", del escritor checo Frank Kafka.

Juan Carlos Rolón también se dedica a la lectura mientras se lee la acusación, otro represor, , quien lleva "Salvese quien pueda", una historia de la especulación financiera y las crisis económicas del inglés Edward Chancellor.

Del centenar que sobrevivieron de los 5.000 secuestrados alojados en la ESMA cuyos testimonios constituyen la base del juicio que ventila los horrores del mayor centro ilegal de concentración de la dictadura argentina, se ecnuentra Lisandro Cubas quien denunció que tras ser secuestrado el 20 de octubre de 1976 fue llevado a la ESMA donde fue sometido a reiteradas sesiones de tortura que obligaron a operarlo de un testículo.

"Acosta me torturaba con especial sadismo por haber sido un ex cadete militar y me trataba de traidor", según el testimonio incluido en la lectura de los fundamentos de la querella.

Al igual que el resto de los alojados en la ESMA, Cubas permaneció durante meses con los ojos vendados y engrillado, hasta que luego fue obligado a realizar tareas administrativas para el grupo represor.

"Fui secuestrado por un comando de ocho personas en 1976. Estaba encapuchado y engrillado con 21 eslabones. Comía un pan y mate cocido (infusión popular). Después de 40 días me dejaron duchar. Jorge Acosta fue uno de los que me torturó", denunció a su vez Ricardo Loquet, otro sobreviviente.

"Treinta mil compañeros desaparecidos, presente", gritaron los familiares de las víctimas al finalizar la sesión, que transcurrió sin incidentes.

ESMA: "Esto es el juicio de Auschwitz en la Argentina", afirmó uno de los sobrevivientes

Sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, familiares de víctimas y allegados a los imputados opinaron sobre el juicio que comenzó hoy por crímenes de lesa humanidad cometidos en la escuela de instrucción naval.

"Esto es el juicio de Auschwitz en la Argentina", afirmó el sobreviviente de ESMA Enrique Fukman, al comparar el proceso por los crímenes en el campo de exterminio de la segunda guerra mundial con el que hoy se inició en esta capital por delitos aberrantes en el instituto de formación naval.

Fukman, quien estuvo detenido en la ESMA y espera que los 19 primeros procesados que llegan a juicio "sean condenados a cadena perpetua", consideró que el debate oral y público que comenzó esta mañana "es muy importante" porque durante la última dictadura militar "hubo un plan genocida implementado en todo el país".

El Tribunal Oral Federal Cinco comenzó a juzgar, entre otros, a los represores Alfredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, acusados por 85 casos de violaciones a los derechos humanos, entre cuyas víctimas figuran las monjas frances Alice Domon y Leonie Duquet y el periodista Rodolfo Walsh.

Otra sobreviviente de la ESMA, Andrea Bello, si bien deseaba que hubiera llegado a juicio "toda la causa ESMA", porque, así segmentada, "vamos a tener que declarar varias veces como testigos, diciendo lo mismo", vio con beneplácito que, "por fin se haya iniciado el juicio" por hechos que la tuvieron como víctima.

"No hemos dejado de golpear las paredes de la impunidad para llegar a esto", expresó Bello con referencia al juicio.

La sala de audiencias tiene espacio para el público en dos plantas, en el subsuelo fueron ubicados los damnificados y parientes de las víctimas, mientras que en el primer piso 30 butacas estaban destinadas a familiares y amigos de los procesados y otras tantas a periodistas, algunos de ellos de países como España y Francia.

El ex capitán Alfredo Astiz con gesto duro y la mirada perdida encaró al desfile de los fotógrafos que disparaban sus cámaras delante suyo y tenía apoyado en sus piernas el libro "Volver a matar", escrito por el ex Jefe de la SIDE en el gobierno menemista, Juan Bautista "Tata" Yofre.
Entre los ubicados en el primer piso, miembros de la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia, como Gerardo Palacios Hardy y Mariano Gradín, manifestaron ante el periodismo acreditado su "identificación política con los imputados".

La postura contraria fue exhibida por manifestantes de organizaciones de derechos humanos que alrededor del mediodía se concentraron frente al acceso principal de los tribunales federales de Retiro para reclamar "castigo" a los genocidas y entonar consignas contra la represión durante la última dictadura militar.

Entre ellos, Ana María Careaga, hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo desparecida durante la dictadura, calificó hoy como "un momento histórico", el inicio del segundo juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Por su parte, Patricia Walsh, hija del escritor Rodolfo Walsh, también desaparecido durante la dictadura, coincidió en que se trata de un "juicio histórico" y sostuvo que "alguna gente no entendió que los crímenes de lesa humanidad no se pueden reivindicar y no han entendido que las dictaduras no se pueden comparar con la democracia".

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), conformado por los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías, y Oscar Hergott, dio inicio a las 11:10 a la audiencia inaugural del proceso en el que se ventilará la suerte corrida por 85 personas que en 1976 y 1977 fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en la ESMA.

Los 16 acusados arribaron esposados unos con otros y adentro de la sala de audiencias les liberaron las muñecas antes de que se sentaran en el banquillo. A continuación los reporteros gráficos pudieron ingresar en tandas para hacer fotografías a los ex represores, ante lo cual una parte del público irrumpió en aplausos.

Alfredo Astiz, alias “Cuervo” y “Rubio”, acaparó la mayoría de los flashes y era el único vestido con ropas sport -camisa de manga corta, vaquero, calcetines blancos de gimnasia y mocasines- mientras el resto de los imputados llevaba puesto traje y corbata o saco sport.

A los costados de Astiz se ubicaron los acusados Adolfo Miguel "Gerónimo" Donda Tiguel, Carlos Antonio "Tomy" Capdevilla, Jorge Eduardo "Tigre" Acosta, Ricardo Miguel "Sérpico" Cavallo, Raúl “Mariano” Scheller, Juan Carlos "Juan" Rolón, Pablo “Dante” García Velasco, (Astiz), Julio Coronel (ejército), Oscar Antonio Montes, en silla de ruedas y canciller de la dictadura en 1977 y 1978.

En una segunda fila, por detrás, se colocaron Jorge Carlos “Ruger” Radice, Antonio “Trueno” Pernias, Manuel García Tallada, Ernesto “220” Weber (policía), Juan Carlos “Lobo” Fotea (policía), Juan Antonio “Piraña” Azic (prefecto).

Por problemas de salud no comparecieron a la audiencia otros tres acusados: los marinos Néstor Omar "Norberto" Savio y Alberto Eduardo "Gato" González, más el penitenciario Carlos Orlando "Fragote" Generoso.

El TOF 5 dispuso con carácter urgente que una misión del Cuerpo Médico Forense se traslade al Hospital Naval y revise a González, mientras las querellas pidieron que se les permita designar para esos estudios a peritos médicos de parte.


La escuela del terror
Los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA son juzgados por 85 casos de delitos contra la humanidad –tormentos y privaciones ilegales de la libertad-, entre ellos, los secuestros y desapariciones de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Devicenzi, Maria Bianco, Esther de Careaga; el periodista y escritor Rodolfo Walsh; y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.

Por el campo de concentración que funcionó en la ESMA se calcula que pasaron alrededor de 5.000 prisioneros, los cuales en su mayoría terminaron siendo arrojados vivos y dopados al mar desde los “vuelos de la muerte”, que hacían los aviones Electra de la aviación naval.

Las audiencias de este juicio se realizarán jueves y viernes, más miércoles por medio, durante unos ocho meses y se prevé que en ese período unos 280 testigos, entre ellos varios sobrevivientes de la ESMA, desfilen ante el TOF5.

Se trata del segundo juicio por los crímenes perpetrados en la ESMA, pues el primero tuvo por acusado en 2007 al ex represor y prefecto Héctor Febres, que cuatro días antes de su último alegato en el proceso fue encontrado muerto en su celda, envenenado con cianuro.