Basta de acciones que agravian la memoria de nuestro pueblo en el CCD y E ESMA

Basta de acciones que agravian  la memoria de nuestro pueblo en el Centro Clandestino de Detención ESMA
  
    Mientras se está desarrollando el mayor juicio de la historia por crímenes de genocidio, como es el juicio contra 68 genocidas de la ESMA, intrépidos y obsecuentes funcionarios se atreven a ofender la memoria de nuestros compañeros, realizando un asado de fin de año, en lo que fue uno de los mayores centros de exterminio que utilizó la dictadura genocida para perpetrar la desaparición de 5000 compañeros.

    Por la memoria de los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos, por lo que representan en la historia de nuestro pueblo , por sus luchas, porque fue una generación que intento cambiar esta Argentina, por sus familiares  y por nosotros como sobrevivientes que seguimos resistiendo, no podemos dejar pasar por alto semejante ofensa y semejante desprecio a lo que fue la lucha de todos estos años por producir una marca memoriosa, como fue expulsar a los marinos de ese lugar e intentar transformarlo en un espacio para la memoria

    Es de público conocimiento la postura de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos respecto a los sitios de memoria. Consideramos que los mismos deben ser el reflejo de lo que allí sucedió; no es posible reemplazar lo ocurrido en esos lugares por banalidades de ningún tipo, mucho menos asados, brindis,  o anuncios gubernamentales.

    Ya hace más de cinco años advertimos que las propuestas sobre el destino del predio implementadas llevarían a desvirtuar el sentido del Centro Clandestino de Detención  ESMA como espacio de memoria y de interpelación, y se vaciaría de contenido uno de los lugares donde se planificó y puso en marcha el genocidio.

    Los carnavales, murgas, recitales musicales, carreras de bicicletas, maratones, clases de cocina y ahora un asado nos dan la razón.

    Nuestra lucha ha sido por la memoria, la verdad y la justicia. Por eso es que somos parte querellante en el Juicio contra los represores de la  ESMA; para reclamar justicia por todos los crímenes  sucedidos en  ese centro clandestino de detención y exterminio. Las cremaciones, "asados" en la jerga interna de ese centro de exterminio, que realizaban los genocidas, con los cuerpos de los compañeros, fueron parte de esa criminalidad genocida. Todos estos hechos fueron denunciados por los sobrevivientes en el juicio, que luego de dos años, finalizara el año pasado, y se reiterarán en el que se está llevando a cabo.

    Por eso nos ofende una acción tan canallesca como esta, la de realizar un asado y un  brindis donde hubo tanto dolor.

    Estos lugares son el símbolo físico de los sitios donde se perpetró el exterminio de cuerpos y se diseminó  terror hacia toda la sociedad, es la simbología con la que contamos para señalar dónde quedaron nuestros compañeros detenidos - desaparecidos.

    Aun no encontramos las palabras justas con la que deseamos expresar nuestro repudio a estos funcionarios, que dejan de lado esa historicidad para hacer en el presente sus festejos políticos partidarios.

    Entendemos que tan grande afrenta de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación debe ser respondida con la inmediata renuncia de los máximos responsables de dichas carteras al igual que quienes tienen responsabilidad en el manejo y control del actual "Espacio para la Memoria Esma".

    30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES  ***********************************************************************************************************************************************************************************************
    
    ASADO EN LA ESMA
    
    Cuando algun compañero/a llegaba muerto a la Esma, cuando fallecía producto de las terribles torturas, incluso cuando se producía una muerte natural en los casos de personas mayores, no podían los genocidas esperar al dia miercoles que era el dia de los traslados donde se arrojaban a los desaparecidos con vida al mar.
    La solución que encontraron los asesinos fué CREMAR los cuerpos de esos compañeros y compañeras que no habían llegado con vida al miercoles.
    Esa atrocidad la llamaban estos hijos de mala madre, en la jerga interna, "LOS ASADOS".
    Consistía en colocar el/los cuerpos sobre una parrilla a la que debajo le colocaban ramas y gomas de autos para mayor combustión.
    Cuentan los vecinos de la zona que el olor a carne y goma quemada se sentía a varias cuadras de distancia.
    Me enteré que en dia de ayer, en la Esma, se hizo un ASADO para despedir el año. No sé quien lo organizó, no sé cuantas personas fueron, no sé tampoco quien permitió semejante cosa.
    Lo que sí se es qué quiere decir un ASADO en la Esma.
    Les deseo a los que participaron del festejo que lleven durante el próximo año y por el resto de sus vidas el olor de la grasa de los chorizos que caían sobre las brasas que se comieron ayer en la Esma.

    Carlos Greggorio Lordkipanidse
    Sobreviviente de la Esma

Declaró Antonio Azic, el primer indagado en el juicio ESMA

Conocido en la ESMA como Piraña, Freddy y Claudio, el ex marino que integró el grupo de tareas 3.3./2 fue el primero de 68 acusados en sentarse en el banquillo y asegurar su inocencia en el juicio donde se ventilarán delitos contra 789 víctimas de tormentos, desapariciones forzadas y homicidios.

Niego todas las acusaciones por todos los delitos, sostuvo el ex suboficial de inteligencia, de 71 años acusado, entre otros delitos, de haber torturado con picana eléctrica a Carlos Lordkipanise y su bebé de 20 días, y de haberlo amenazado con reventar la cabeza contra la pared al pequeño si el padre no hablaba.

Azic ya tiene una condena firme a 18 años de prisión en el segundo juicio por la ESMA y fue el apropiador de la ahora diputada nacional Victoria Donda, nacida durante el cautiverio de sus padres desaparecidos en ese centro de detención clandestino.

En 2003, Azic intentó suicidarse al ser detenido pegándose un balazo en el mentón pero falló y tras una larga convalecencia ya fue juzgado y ahora, luego de que la Cámara Federal le denegara el beneficio de la prisión domiciliaria cumple su condena en la Clínica Psiquiátrica San Jorge, de Lanús.

En este juicio declararán por primera vez en público nueve ex aviadores navales acusados de arrojar prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata en los vuelo de la muerte.

También deberá declarar al ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemann, a quien se le imputa presenciar el interrogatorio bajo torturas de un prisionero acusado de ponerle una bomba, ahora desaparecido, y otros ex marinos que, como Alfredo Astiz o Eduardo Acosta, ya fueron condenados a prisión perpetua en octubre del año pasado por otros crímenes de lesa humanidad.

Acto realizado por ENCUENTRO MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA al inicio del juicio ESMA

Tercer tramo JUICIO ESMA - 28/11/12

Primera parte :


 Segunda parte:


Tercera parte:


Cuarta parte:

Los represores vuelven a sus casas mientras se realizan los juicios

 La prisión domiciliaria, en debate

Una de las querellas plantea la necesidad de aplicar con más restricciones el beneficio de las detenciones domiciliarias. Otras, en cambio, creen que lo primordial es ajustar los controles para evitar abusos. Evalúan no sólo por delitos de lesa humanidad.

 Por Alejandra Dandan

En una de las primeras audiencias, en medio del silencio del juicio sonó el teléfono celular de Carlos Galián, alias Pedro Bolita, ex jefe de la guardia de la ESMA, encargado del reparto de niños robados. Galián atendió el teléfono en medio de la sala sin ningún tipo de empacho. Ernesto Frimon Weber, alias 220, es uno de los responsables del asesinato de Rodolfo Walsh. Suele dejar la sala de audiencias libremente. La semana pasada, cuando un grupo de fotógrafos lo siguió para hacerle unos retratos, la esposa de Weber sacó a su vez su teléfono celular desde el cual tomó fotos de las fotos mientras con ironía decía de viva voz: “¡Digan whisky!”.

Galián y Weber son parte de los 68 acusados del megajuicio por los crímenes de la Escuela Mecánica de la Armada que se desarrolla en Comodoro Py. Pero en el contexto de este artículo, son parte de los 24 represores con prisión domiciliaria. Si bien el beneficio de la detención domiciliaria no es nuevo, es posible pensar que sus dimensiones tienen otro peso al verlas en el marco del tipo de juicios multitudinarios que se llevan adelante en todo el país. Así como en Tucumán, durante las primeras semanas del juicio, los represores entraron a la sala al grito de “héroes de la patria” acaso envalentonados por el número (43 acusados), o en Córdoba aparecieron tapándose las caras con libros que levantaron a modo de banderas, esta idea de lo “masivo” hace que los represores en “domiciliarias” se crucen con las víctimas en las zonas de juicio en embotellamientos poco felices.

“Estamos saliendo de ahí con ellos y es un peligro para la integridad de todos”, dice por ejemplo Carlos Loza, uno de los ex detenidos, parte de Justicia Ya! “Lo vemos a Pedro Bolita que entregaba los bebés y el tipo está saliendo con un remise. Weber sale junto con su mujer y estos son casos puntuales. Hay algunos que están reviejos, pero creemos que tienen que estar en la cárcel porque hay lugares donde se los puede atender, si no, no es cierto que tengan una forma de castigo.”

Antes del comienzo del juicio, la querella de Justicia Ya! Buenos Aires encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lorkipanidse pidió las revocatorias de las detenciones domiciliarias. “Hay una serie de razones que ponen en tela de juicio estas prisiones”, dice Walsh. “Tuvimos la experiencia del único acusado del primer juicio de ESMA que fue (el prefecto Héctor) Febres, que no llegó vivo a la sentencia y acá tenemos a Pedro Bolita, señalado como la persona que junto a Febres se llevaba a las criaturas nacidas en la ESMA, por lo tanto la información que tiene un acusado como él no se refiere sólo a dónde están los restos de nuestros seres queridos, sino a quiénes les fueron entregados por ejemplo esos bebés nacidos. Nos dicen que (Bolita) se estaría haciendo diálisis tres veces por semana, y entonces es una persona que por razones de salud podría pensarse que debe tener domiciliaria. Pero nosotros decimos que de ninguna manera, porque es una persona que hasta el día de hoy tiene la información sensible con respecto al destino de estos chicos. Entonces es muy grave que no haya medidas de seguridad.”

Justicia Ya! volverá a insistir con este pedido en la audiencia de hoy cuando se hagan los planteos preliminares. Pero podría decirse que la situación en el contexto del juicio es dilemática porque las otras querellas no acompañan, en principio, el planteo así como está expuesto. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, no sólo incluye en su agenda casos de lesa humanidad y entiende que beneficios como la prisión domiciliaria por diálisis no están mal en sí mismos, sino por lo contrario: deberían no ser situaciones de excepción para estos represores sino extenderse al resto de la población carcelaria. En línea con la querella de Kaos, encabezada por Rodolfo Yanzón, entienden que el problema es la falta de control. “El problema es que los acusados no tienen control del Servicio Penitenciario Federal, como venían teniéndolo durante la etapa de instrucción con el juez Sergio Torres”, dice Yanzón. “Un sujeto que se mueve de su casa y que tiene prisión preventiva tiene que ser custodiado por el SPF además de tener los controles continuos que deben hacerse. Esto es una cosa que espero que el TOF5 pueda rever.”

En Salta, durante el juicio por el crimen del ex gobernador Miguel Ragone, el fiscal Horacio Azzolín logró, por ejemplo, que el SPF traslade a los detenidos durante el juicio. Ese camino es el mismo que se usó en La Plata durante el juicio del Circuito Campos, que termina el próximo miércoles. La pregunta ahora es si una medida de este tipo puede ser pensada también para los “megajuicios” cuando existen demandas para el traslado diario, al menos durante el comienzo del juicio para 24 personas.

En el resto del país, fiscales como Carlos Gonella en Córdoba o Pablo Camuña en Tucumán, o Daniel Adler en Tandil pidieron revocatorias de las domiciliarias cuando comenzaron los juicios orales porque consideran que aumenta el riesgo procesal o el peligro de fuga. El Tribunal de Córdoba las rechazó, en cambio el Tribunal de Mar del Plata asentado en Tandil para el juicio del abogado Carlos Moreno lo aceptó y Tucumán detuvo a todos los acusados a modo “suspensivo” mientras dura el juicio.

Casación tiene posturas distintas. Por un lado, la Sala I revocó la detención en prisión de Saint Jean ordenada por el TOF1 de La Plata por falta de fundamentos. Una semana más tarde, Saint Jean murió en su casa. La Sala IV, en cambio, viene pronunciándose en los últimos fallos en la línea opuesta, siempre ante casos puntuales con una línea argumental que abrió un fallo de la Corte conocido como “Alberto Gabriel Vigo”, de 2010, en el que señala la excepcionalidad de estos juicios y alude a que existen estructuras de poder detrás de los imputados que aún generan riesgo procesal. “Este tipo de causas no debe estarse a la edad o aptitud física del imputado, sino a la capacidad del hombre de influir sobre estructuras de poder que integró y que conformó una red continental de represión”, indicó, por ejemplo, en alusión a ese fallo, la Sala IV de Casación el 2 de noviembre de 2012 para el caso de Bernardo José Menéndez, imputado en Jefes de Area.

Otro caso sobre el que se expresaron fue un condenado de Mansión Seré, Hipólito Mariani, con prisión domiciliaria en un barrio cerrado autorizado por el TOF5. El 5 de diciembre, los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos revocaron la decisión del TOF de desestimar a su vez la revocatoria que pidió la fiscalía y agregaron que una persona no puede ser debidamente controlada en un barrio cerrado: “Según surge del incidente y específicamente de diversas presentaciones del Ministerio Público Fiscal, el lugar de ejecución del beneficio podría estar afectando la posibilidad de controlar de manera directa e inmediata el cumplimiento de las condiciones de su otorgamiento”.

Se reanudó el juicio con acusaciones por secuestro de niños y trabajo esclavo

El juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA se reanudó con la lectura de acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese centro ilegal de detención.

La tercera audiencia del segundo megajuicio por lo ocurrido en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar repasó, entre otros, los casos del legislador Juan Cabandié, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Su caso fue repasado junto a los de otros recién nacidos que fueron víctima de "condiciones inhumanas de vida, paupérrimas condiciones de alimentación" y que terminaron separados de sus madres y en gran parte de los casos apropiados.

Eso ocurrió con Cabandié, según la acusación leída ante el Tribunal Oral Federal 5, cuya madre Alicia fue secuestrada en 1977 embarazada de 5 meses y trasladada a la ESMA para dar a luz en el Casino de Oficiales.
El recién nacido estuvo 20 días con su madre en la ESMA hasta que el fallecido represor Héctor Febres le hizo escribir una carta a sus familiares, que dejó junto al niño antes de que el pequeño fuera sacado por otro represor, Pedro Bolita.

Cabandié fue apropiado y recuperó su identidad en 2004.

 Tanto en este como en otros casos repasados hoy, la Justicia acusa a Febres de ser quien custodiaba a las embarazadas secuestradas y a los niños nacidos en cautiverio.

Si bien el robo de bebés en la ESMA ya fue juzgado en otro proceso, el megajuicio actual también incluirá cargos por la maternidad clandestina que funcionó allí, lo ocurrido con los niños y el destino de sus madres desaparecidas.
Los bebés "eran mantenidos en cautiverio junto a sus madres" en condiciones "paupérrimas de alimentación, higiene en el lugar, agravadas por su situación de recién nacidos", se repitió una y otra vez en la lectura de cada caso.

Y también se repasaron los secuestros de padres con hijos menores que eran llevados con ellos al centro clandestino como en el caso de Carlos Lordkipanidse, torturado frente a su bebé de 20 días mientras lo amenazaban con "reventarle" la cabeza contra una pared.

Otro tramo de lectura de la acusación incluyó a secuestrados que fueron obligados a cumplir tareas como mano de obra esclava por sus captores, como ocurrió a la periodista Miriam Lewin, secuestrada el 17 de mayo de 1977 y obligada hasta el 26 de marzo de 1978 a "realizar trabajos a favor de los captores" en la llamada "huevera" de la ESMA y luego, bajo libertad vigilada a seguir desempeñándose para ellos.

También se enumeraron los casos en que secuestrados eran obligados a salir con sus captores, como ocurrió a una víctima con los detenidos Alfredo Astiz, Febres o Jorge "Tigre" Acosta, a quienes incluso tuvo que acompañar a locales bailables y viajar con ellos a México para "buscar" a Jaime Dri.

Uno de los casos que se juzga en este proceso es el del abogado Guillermo Díaz Lestrem, un defensor de detenidos políticos secuestrado el 20 de octubre de 1978 por el grupo operativo 3.3.2 de la ESMA, torturado y cuyo cadáver se encontró en Palermo, frente a una guarnición del Ejército.

También se leyó la acusación por el secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg, quien era agregada cultural de la embajada argentina en París y "sabía de la existencia del llamado Centro Piloto" creado en la clandestinidad para "modificar la imagen argentina en Europa, infiltrarse en organizaciones de exiliados y detectar" a quienes mantenían contactos desde Argentina.

Holmberg fue trasladada a la Cancillería en Buenos Aires por sus continuos enfrenamientos con quien estaba a cargo del centro piloto y poco después de llegar al país fue secuestrada, llevada a la ESMA, asesinada y su cadáver apareció en el Delta.
 Entre los juzgados están los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Carlos Rádice y Adolfo Miguel Donda, además del civil y ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, este último por presenciar una sesión de torturas cuando era funcionario público.

También se juzga a los procesados por pilotear e integrar tripulaciones de los llamados "vuelos de la muerte" desde donde se arrojaban secuestrados drogados al Rio de la Plata.

El Delta, "el lugar perfecto"

"Arrojaban tanques con cuerpos adentro"
 Por Diego Martínez

Un pibe de Villa Paranacito, en Islas de Ibicuy, Entre Ríos, se sienta en el muelle familiar sobre el río Paraná para sintonizar una FM con su Tonomac súper platino. El ruido del agua que golpea contra la costa se interrumpe con el sonido grave de las aspas de un helicóptero, que se posa a diez metros de altura, cerca de la desembocadura del desaguadero del Sauce. De repente, golpes: algo cae al río. Más tarde, en un recodo, en una rama, aparecen cuerpos atados de pies y manos. Luego Prefectura Zona Delta, la misma que alojó al prefecto Héctor Febres hasta que el cianuro lo silenció para siempre, se encarga de desaparecerlos. “‘Estaba en política’ (mala palabra), decían cuando preguntábamos. Esto por lo frecuente, aunque sea una aberración injustificable, era considerado normal.” La historia transcurrió durante la dictadura. El relato y la cita se publicaron en 2007 en la revista La Isla del Delta, que se edita en Campana. El protagonista, testigo de la imagen que Charly García propuso recrear para homenajear a las víctimas de los vuelos, amplió su testimonio ante el periodista entrerriano Fabián Magnotta, que lo acaba de publicar en el libro El lugar perfecto. Vuelos de la muerte y desaparecidos en el delta entrerriano (1976-1980), de Ediciones Cinco.

Magnotta inició su investigación en 2003, cuando un policía que en los ’80 había prestado servicios en Villa Paranacito se presentó ante el juez de instrucción de Gualeguaychú para relatar una historia que le había contado una ex novia. Cuando era niña, recordó, fue testigo del entierro de un hombre joven que había sido arrojado desde el aire adentro de un tambor de 200 litros. “Me contó que ese día todos entendieron qué era lo que había en esos tanques que se veían caer desde helicópteros”, declaró. El juez Eduardo García Jurado ubicó a la mujer, que no se presentó ante la citación. Cuando un móvil policial la trasladó al juzgado, negó el relato. Durante el careo con su ex novio, temblando, volvió a negarlo. “Tienen que entender la idiosincrasia del isleño”, explica ante Página/12 Carlos Ferreyra, el pibe de la Tonomac que tardó tres décadas en contar sus recuerdos. “El isleño se mimetiza con el paisaje, es un observador silencioso, no habla”, dice. “Los habitantes del delta tienen miedo hasta hoy”, agrega.

Magnotta recorrió el delta durante años, volvió una y otra vez para ganarse la confianza de los lugareños y recoger testimonios de primera mano. La hipótesis que desarrolla en su libro es que el delta entrerriano, miles de héctareas de ríos pero también montes, esteros y bañados a los que sólo se accede de a pie, fue el lugar elegido por las Fuerzas Armadas para concluir el ciclo secuestro/interrogatorio/ejecución/desaparición. A partir de los testimonios de lancheros, jornaleros y pescadores, armó un mapa de los lugares donde se encontraron cuerpos o se los vio caer al vacío. Hay menos de cien kilómetros de Buenos Aires, apenas 15 o 20 minutos de avión, apuntó, y destacó la reiterada respuesta de Prefectura cada vez que algún vecino decidió anoticiarla: “usted no vio nada”.

Visita ocular a la ESMA, antes del inicio del Juicio

Segunda jornada: continúa la lectura de los casos

Otro represor "se descompensa"

 El juez Garzón, quien estuvo ayer en la sala de audiencias, manifestó : "Muchos de los que están aquí fueron procesados por mí (a la distancia) y verlos sometidos a juicio es a lo que cualquier juez aspira, sobre todo por hechos tan graves como éstos y que se esté haciendo en Argentina es un triunfo para todos y sobre todo para las víctimas.”

Como un gigante que va encontrando las formas de moverse, el “megajuicio” entró en la segunda jornada. Cuatro ambulancias permanecieron en el exterior. Trasladan detenidos, pero además tienen un equipo de médicos para examinar eventuales descompensados y desactivar las simulaciones cuando se usan para dilatar el juicio, en estas primeras jornadas, de presencia obligatoria para los acusados. Ayer se descompuso Víctor Roberto Olivera (Lindoro) y salió de la sala. El primer día, Carlos Orlando Generoso (Fragote), que ayer no estuvo.

Alfredo Astiz se sacó la escarapela del primer día. El piloto de los “vuelos de la muerte” Julio Poch mostró un cartel; decía que las acusaciones en su contra son mentiras, en una escena pensada en términos televisivos: en castellano y holandés (trabajó en Tran-savia, una aerolínea holandesa). En medio de la audiencia, durante la tarde, Carlos Galian (Pedro Bolita) se puso hablar por teléfono celular como si nada. Galian es el ex jefe de guardia de la ESMA, operativo de Héctor Febres y encargado de llevarse a los niños recién nacidos del centro clandestino. A pedido del fiscal Guillermo Friele, el presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, convocó a los defensores para decirles que era una falta de respeto para las víctimas.

Uno de los efectos de lo que significa haber llegado al juicio de esta manera, sumando causas que hasta ahora habían estado divididas durante años, empezó a verse en la sala. Los 789 nombres de las víctimas reunidas en una enorme lista, leída como parte de la acusación, enumerados uno tras otro, actualizaron una dimensión hasta ahora no oída de la ESMA. El primer día se escucharon los “casos” de 1976, ayer buena parte de 1977. Entre ellos empiezan a verse singularidades, pero también coincidencias. La violencia sexual, los casos de quienes fueron sometidos a trabajo esclavo con funciones en dependencias como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; algunos circuitos de traslados; niños torturados frente a sus padres. También se escucharon caídas de familias enteras, como los Tarnopolsky, del primer día, y ayer los Lennie. En un momento, el secretario del TOF leyó el nombre de Mirta Zuccarino de Lennie, secuestrada en enero de 1977 y llevada a la ESMA, donde estaban su esposo, su hija de 17 años y su nuera embarazada “bajo las mismas deplorables condiciones”. El grupo de tareas buscaba a su otra hija, María Cristina, perseguida desde hacía tiempo. En la ESMA, obligaron a Mirta, a su esposo y a su nuera a presenciar el interrogatorio y las torturas de Sandra, la niña de 17 años.

Las políticas para acelerar los juicios hacen que las historias en esta etapa estén reducidas a unas pocas líneas, en sus tramos más duros y descarnados, pero que muestran lo sistemático. “Cada caso es único y singular, pero a la vez forma parte del plan sistemático. Es decir, por un lado es único, pero en la repetición hay un hilo que muestra finalmente lo que fue el genocidio”, dijo Ana María Careaga, sobreviviente de otro centro.

Nombres más conocidos, y otros que se hacen re-conocer en la sala. Norma Arrostito, Alicia Eguren de Cooke, Dagmar Hagelin o Enrique Raab fueron algunos de estos “casos” leídos. Las listas trajeron a la sala el nombre de Ricardo Héctor Coquet y el momento en el que lo obligaron a pintar el nombre de Montoneros en la bandera de esa foto legendaria que les tomaron a las monjas francesas durante el cautiverio en la ESMA.

La lectura también dejó ver algunas de las hipótesis de trabajo de los investigadores: el ensañamiento que tuvieron con algunas víctimas, comprometidas en ciertas acciones armadas. Norma Arrostito es el único caso cuyo homicidio está agravado por la aplicación de envenenamiento, a través de una inyección. Juan Julio Roqué, de la conducción de Montoneros, “habría sido quemado en la caldera u horno de la cocina del casino de oficiales de la ESMA, de modo que nunca apareció”, dice la elevación. A Marcelo Daniel Kurlat le dispararon con un FAL en los riñones cuando salió de su casa, murió camino al Hospital Naval y su cuerpo está desaparecido. El cuerpo de José María Salgado, ligado al caso de la Superintendencia, “fue entregado a su familia consumido, desfigurado, con marcas de que había sido sometido a descargas eléctricas y le faltaban los ojos”, indica la elevación.

La lista de nombres también incluyó a María Hilda Pérez de Donda, la madre de Victoria –las dos son “casos” de este juicio– y a Carlos Maguid, secuestrado en Lima por el Servicio de Inteligencia Naval. Se oyeron los nombres de Sara Solarz de Osatinsky, Juan Gasparini, Martín Grass, Lila Pastoriza y tantos otros.

En esa topografía que empieza a recuperar la lógica de lo sistemático, pero que ahora va con la carga de acusación para los imputados, buena parte de los nombres exhiben sus procedencias políticas. Identidades que están allí porque “agravan” el delito de tormento, pero que hablan de una recuperación en términos de memoria. Otro de los territorios que empiezan a mostrar los nombres es el de los trabajadores de prensa, en cuya reconstrucción empezó a pensar la querella encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse. Los primeros nombres fueron mencionados el miércoles en la lista de 1976. Ayer, además de Enrique Raab, se escuchó el nombre de Francisco Eduardo Marín, secuestrado el 15 de mayo de 1977; José María Ascone, secuestrado el 18 de mayo de 1977, que trabajó en Primera Plana, La Opinión y El Descamisado, de la organización Montoneros. Y el de Adolfo Infante Allende, caído el 13 de junio, de 1977, a la noche, con su esposa Gloria Kehoe, que era colaborador de la Agencia de Noticias Clandestinas Ancla.

Inicio del tercer tramo del juicio contra los represores de ESMA

El miércoles 28 de noviembre, bien temprano se empezaron a colgar banderas de los distintos organismos de derechos humanos. Los compañeros sobrevivientes de la ESMA tenían una especial ansiedad que se tornó en satisfacción cuando entraron esposados en la sala los 67 de los 68 imputados.

Previamente al inicio de la audiencia histórica, JUSTICIA YA, presentó un escrito pidiendo la revocación de prisión domiciliaria de la que gozan 27 represores. Es como mínimo sorprendente que el proceso judicial que lleva a 68 marinos, policías, aviadores y civiles, el de mayor trascendencia de los hasta ahora desarrollados, 27 encartados, disfruten de una prerrogativa que no está considerada, tanto jurídicamente, ni jurisprudencialmente, para aquellos que cometieron crímenes aberrantes en el plan de exterminio diseñado por la dictadura militar de 1976; la aplicación del genocidio que devastó a la Argentina.

Por 789 secuestros, torturas y asesinatos, los imputados en este tramo de la causa ESMA, son : Jorge Eduardo ACOSTA, Randolfo Luis AGUSTI SCACCHI, Juan Arturo ALOMAR,   Paulino Oscar ALTAMIRA, Mario Daniel ARRÚ, Alfredo Ignacio ASTIZ, Juan Antonio AZIC,  Daniel Humberto BAUCERO, Julio Cesar BINOTTI, Carlos Octavio CAPDEVILA, Víctor Francisco CARDO, Ricardo Miguel CAVALLO, Miguel Enrique CLEMENTS, Daniel Oscar CUOMO, Rodolfo Oscar CIONCHI, Alejandro Domingo D’AGOSTINO, Juan de Dios DAER,  Carlos Eduardo DAVIOU, Jorge Manuel DÍAZ SMITH, Francisco Armando DI PAOLA,  Adolfo Miguel DONDA TIGEL, Juan Carlos FOTEA, Carlos Jaime FRAGUIO Rubén Oscar FRANCO, Carlos GALIÁN, Manuel Jacinto GARCÍA TALLADA, Miguel Ángel GARCÍA VELASCO, Pablo Eduardo GARCÍA VELASCO, Carlos Orlando GENEROSO, Alberto Eduardo GONZÁLEZ, Orlando GONZÁLEZ, Jorge Raúl GONZÁLEZ, Oscar Rubén LANZON, Ricardo Jorge LYNCH JONES, Jorge Luis MAGNACCO, Rogelio José MARTÍNEZ PIZARRO, Eduardo MORRIS GIRLING, Víctor Roberto OLIVERA, Rubén Ricardo ORMELLO, Edgardo Aroldo OTERO, Mario Pablo PALET, Guillermo Horacio PAZOS, Antonio Rosario PEREYRA, Roberto PÉREZ FROIO, Antonio PERNÍAS, Claudio Orlando PITTANA, Julio Alberto POCH, Héctor Francisco POLCHI, Jorge Carlos RADICE, Francisco Lucio RIOJA, Miguel Ángel Alberto RODRÍGUEZ, Juan Carlos ROLÓN, Enrique José DE SAINT GEORGES, Pedro Antonio SANTAMARÍA, Néstor Omar SAVIO, Raúl Enrique SCHELLER, Hugo Héctor SIFFREDI, Emir SISUL HESS, Carlos Guillermo SUÁREZ MASON, Gonzalo TORRES DE TOLOSA, Julio Antonio TORTI, Antonio VAÑEK, Eugenio Bautista VILARDO, Ernesto Frimón WEBER, Roque Ángel MARTELLO, Hugo Enrique DAMARIO, Juan Ernesto ALEMANN y Luis Ambrosio NAVARRO.
Entre ellos además de los marinos, hay policías, pilotos navales, y civiles.

De estos, hay 17 que ya tienen condena del segundo tramo, pero ahora les toca por crímenes por los que no fueron juzgados, tal como por la  práctica sistemática de robo de bebés, hijos de desaparecidos, entre otros delitos.

Posteriormente se leyó la lista de casos incluidos en este tramo :  Lilia María ÁLVAREZ,  Armando Rodolfo GREMICO, Jorge Héctor LIZASO, María del Carmen NÚÑEZ DE LIZASO, Irma Leticia LIZASO DE DELGADO, Pedro DELGADO, Oscar Alejandro LAGROTTA, Hugo César BOGARÍN, Alejandra Margarita LÉPIDO,  María Esther LORUSSO LAMLE, Beatriz Carolina CARBONELL DE PÉREZ WEISS, Horacio PÉREZ WEISS, César Armando LUGONES, María Marta VÁZQUEZ OCAMPO DE LUGONES, Mónica María Candelaria MIGNONE, Marta Mónica QUINTEIRO, Orlando Virgilio YORIO, Francisco JALICS, Juan José Pedro BLATÓN, María Juana CAIMAN DE BLATÓN, Francisco Juan BLATÓN, Alejandro Luis CALABRIA, Enrique Ramón TAPIA, José Antonio CACABELOS, Jorge Eduardo SORIA, Beatriz PORRINI DE SORIA, Julio César ARIN DELACOURT, Miriam Anita DUANTMAN, Julieta (hija de Miriam Anita DUANTMAN), Franca JARACH, Hernán Daniel FERNÁNDEZ, Rocío MARTÍNEZ, Rita Irene MIGNACO DE OTERO, Javier OTERO,  Marta Remedios ÁLVAREZ, Adolfo  KILMANN, Alfredo Manuel Juan BUZZALINO, Liliana Elvira PONTORIERO, Laura Alicia REBORATTI, José Enrique RAVIGNANI, María Teresa RAVIGNANI, Ricardo Hugo Darío MANUELE, Esperanza María CACABELOS, Edgardo de Jesús SALCEDO, Alejandro Hugo LÓPEZ, Sergio TARNOPOLSKY, Laura Inés DEL DUCA DE TARNOPOLSKY, Hugo Abraham TARNOPOLSKY, Blanca Edith EDELBERG DE TARNOPOLSKY, Bettina TARNOPOLSKY, Víctor Eduardo SEIB, Alicia Nora OPPENHEIMER, Ángela María AIETA DE GULLO, Eduardo SUÁREZ, Patricia Virginia VILLA, Mirta GROSSO, Norma Noemí DÍAZ, Horacio Edgardo PERALTA, Hebe Inés LORENZO, Osvaldo Rubén CHEULA, Pedro SOLÍS, Inés Adriana COBO, Zulema Josefina EL GÁNAME, Jorge Simón ADJIMAN, Estela María GACCHE DE ADJIMAN, Leonardo Natalio ADJIMAN, Soledad SCHAJAER, Luis Daniel ADJIMAN, Luis Félix BROTMAN, Isaac BROTMAN, Dora F.NAJLES DE BROTMAN, Florencia María BROTMAN DE  BEJERMAN y Sergio Martín BEJERMAN.

Parece que esto de descomponerse en los juicios es una patología que se repite en los genocidas que son sentados en el banquillo, y en este día, uno de ellos, Carlos Generoso, se “descompensó”, y el mismo pretendía que se suspendiera la audiencia. Con estas argucias intentan obstaculizar cada uno de los juicios, y así seguirán actuando, tan inútil como indecorosamente. 

En tanto en la calle se llevó a cabo el acto promovido por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, dónde organizaciones sociales, de derechos humanos, barriales, gremiales, estudiantiles, piqueteras, políticas… se sumaban al homenaje que a la lucha de los 30.000 detenidos-desaparecidos se concretaba esta mañana del 28 de noviembre de 2012.
Momentos de emoción se vivieron cuando hablaron los familiares de Darío y Maxi, de Carlos Fuentealba; no faltaron en las gargantas de todos los nombres de Jorge Julio López, Luciano Arruga. Y porque es  deuda con los 30.000 desaparecidos denunciar la impunidad de ayer y de hoy, ya que con la omisión de ese maldita continuación, se estaría faltando al compromiso de lucha comprometida. Y de los allí congregados había un sentimiento colectivo que se plasmaba en los abrazos y en las consignas reivindicativas que no se faltaba a la cita con la dignidad. En la calle, en la puerta del edificio de los tribunales de Comodoro Py, una suerte de resarcimiento entrelazaba los alegatos que se hacían al mismo tiempo en el Circuito Camps en la ciudad de La Plata.

Uno de los compañeros que estuvo en la ESMA secuestrado, y que sigue resistiendo, subió al primer piso de la sala y sintetizó el panorama como  Conmovedor, gratificante, reivindicador.
 Y con ello cerramos esta crónica de esta primera audiencia del tercer  tramo del juicio de ESMA.

Andrea Benites-Dumont

Comunicado del colectivo JUSTICIA YA - Buenos Aires

JUICIO ESMA: HISTÓRICO TRIUNFO DEL PUEBLO ARGENTINO

"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas", Rodolfo Walsh.

El próximo miércoles 28 de noviembre de 2012 tendrá lugar el inicio del tercer juicio oral por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, durante la última dictadura cívico-militar.

En este juicio, todas las fuerzas que luchamos por el fin de la impunidad, hemos logrado que 68 represores sean juzgados por delitos cometidos contra cerca de 800 compañeros y compañeras que permanecieron detenidos-desaparecidos en ese campo de concentración. Este hecho se inscribe en un proceso judicial que no dudamos en considerar histórico. Se juzga un Genocidio.

Arribamos al juicio luego de más de treinta años de lucha de nuestro pueblo para sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas.

Desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, las organizaciones nucleadas en Justicia Ya hemos denunciado una y otra vez el retardo y la impunidad generados por el desguace de las causas y siempre hemos exigido juzgar a todos los genocidas por todos los crímenes cometidos contra todos los compañeros en cada CCD o circuito represivo.

Por primera vez en nuestra historia, 68 imputados, en su mayoría pertenecientes a la Marina, estarán sentados en el banquillo de los acusados y esta imagen, sin lugar a dudas, demostrará por sí misma que toda la fuerza participó en el genocidio por el que exigimos justicia.
La ESMA fue uno de los campos de concentración más grandes implementados por la última dictadura, donde se cometieron crímenes tan horrendos en número y modo, que transformaron a este Centro Clandestino de Detención y Exterminio en uno de los mayores símbolos del terror dictatorial. Al servicio de un riguroso plan tendiente a reestructurar la sociedad argentina desde la conducción estatal, con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora y así obtener una más alta tasa de ganancia y concentración económica.

En la historia de nuestro pueblo, la impunidad ha sido la norma para todos los crímenes cometidos por las clases dominantes y ha beneficiado a los asesinos de nuestros hermanos de los pueblos originarios (siglos XVI y XIX) y la Campaña del Desierto, a los miles y miles de luchadores sociales y políticos que desde la Semana Trágica hasta nuestros días resistimos las políticas de dominación.

Por eso este juicio, constituye una victoria popular que resignifica toda nuestra historia de resistencias y luchas por el acceso pleno a todos los derechos humanos para todos.

Reafirmamos nuestro compromiso de fundamentar las veces que sea necesario que el mejor modo de calificar estos crímenes es encuadrarlos en la violación del Convenio de Prevención y Castigo al Delito de Genocidio, sancionado en 1948.

La desaparición de nuestro compañero Julio López, el día de los alegatos en el histórico juicio contra Etchecolatz, confirma que estos juicios no son sólo temas del pasado sino actuales y del futuro. Por eso, seguiremos denunciando dentro y fuera del tribunal las consecuencias que, en nuestro presente, provocó el genocidio llevado adelante por la última dictadura cívico-militar y el lugar que los grupos de tareas con asiento en la ESMA tuvieron.

Con la convicción de estar construyendo y recorriendo un camino de justicia para nosotros y para nuestros hijos, llevaremos a estos juicios las banderas de los 30.000, que son las nuestras, y seguiremos luchando con los compañeros que nos faltan, por la JUSTICIA, esa que será cuando hagamos realidad los proyectos revolucionarios que compartieron y compartimos.

“Pero el pueblo no dejó nunca de alzar la bandera de la liberación, la clase obrera no dejó nunca de rebelarse contra la injusticia”, Rodolfo Walsh

ESMA: comienza el mayor juicio de lesa humanidad en el país

 El proceso oral que se iniciará el miércoles buscará esclarecer casos emblemáticos como los "vuelos de la muerte", el secuestro de Dagmar Hagelin, de Alicia Eguren de Cooke y de Norma Arrostito, entre otros.

 Luego de dos postergaciones, el Tribunal Oral Federal 5 dará inicio el próximo miércoles al mayor juicio por delitos de lesa humanidad en el país cuando comiencen las audiencias de la tercera parte de la megacausa ESMA, que tendrá en el banquillo de los acusados por casi 800 delitos a 67 imputados, entre los que estarán por primera vez los pilotos de los Vuelos de la Muerte. El debate incluye 13 voluminosas causas por delitos de lesa humanidad en ese centro clandestino que se acumularon para dar forma a este megajuicio, por el que pasarán casi 2000 testigos y se extenderá por lo menos dos años.

El debate sufrió dos demoras. La primera fecha de inicio fue en agosto, pero se decidió postergarlo para que ingresara al juicio el expediente por los 'vuelos de la muerte'. En octubre, la salida de la fiscal Mirna Goransky generó el segundo impasse para permitirle a quien la remplazó, el fiscal general Guillermo Friele,  informarse sobre la abultada causa. 
En coincidencia con el primer juicio por delitos en la ESMA, entre los acusados estarán los condenados a perpetua Jorge 'Tigre' Acosta, Antonio Pernías y Alfredo Astiz, jefe e integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2., también estarán quienes fueron absueltos en el juicio pasado, Juan Carlos Rolón, acusado esta vez por más de 300 delitos mientras fue miembro de la patota, y Pablo García Velasco, quien integró el Servicio de Inteligencia Naval.
Por primera vez llegarán a juicio oral 6 pilotos acusados de haber tripulado los aviones de la Armada y Prefectura que se utilizaron para arrojar prisioneros con vida al Río de la Plata. Identificados como integrantes las tripulaciones de aviones y helicópteros que eran utilizados en los “vuelos de la muerte”, los pilotos de Prefectura Mario Arru, Alejandro D’Agostino y Enrique De Saint Georges, y los pilotos de la Armada Rubén Ormello y Julio Alberto Poch, acusados de haber participado de unos 50 homicidios. A esos pilotos se suma Emir Sisul Hess, quien integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento en la Base Espora, y quedó imputado luego de que confesara en privado su participación en los vuelos de la muerte.
Los nombres de Arru, D’Agostino y De Saint Georges surgieron de un testigo de identidad reservada, quien los identificó como parte de "un grupo reducido de pilotos que eran los que más volaban y que, por decirlo de alguna manera, tenían la sartén por el mango con el tema de los vuelos".
A partir del testimonio, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos logró identificar que los tres participaron del vuelo "anómalo" que el 14 de diciembre de 1977 arrojó al mar al grupo de la Santa Cruz, entre quienes se encontraban las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y las Madres de Plaza de Mayo Esther Careaga, Mary Ponce de Bianco y Azucena Villaflor. Al igual que Hess, las denuncias contra Poch y Ormello por su rol en los Vuelos en virtud de comentarios que ellos mismo hicieron a terceros. En el caso de Poch, quien fue extraditado desde Holanda, fue denunciado por sus compañeros de la aerolínea franco-neerlandesa Transavia, donde trabajaba.
"Cabe destacar que este era el último eslabón del sistema implementado por las Fuerzas Armadas, por ello considero que se debe tener a los nombrados como partícipes necesarios de las privaciones ilegítimas de la libertad y de las torturas, toda vez que realizaron un aporte sin el cual el hecho principal no hubiera podido cometerse. Asimismo, dado su rol de tripulantes de los viajes en los que los detenidos desaparecidos eran arrojados al agua en pleno vuelo, deberán responder en calidad de coautores de los homicidios”, señaló el fiscal Eduardo Taiano en el requerimiento de elevación a juicio. 
Entre los imputados también habrá civiles, como el secretario de Hacienda durante la dictadura Juan Ernesto Alemann, imputado como coautor de tormentos cometidos a Orlando Antonio Ruiz, quien se encontraba secuestrado en la ESMA. El entonces funcionario fue visto en el centro clandestino de detención, donde interrogó al detenido, quien se encontraba encapuchado, esposado y engrillado, sobre si había participado en el atentado que sufriera en noviembre de 1979.

Otro civil en el banquillo será el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, conocido como Teniente Vaca, quien integraba el Grupo de Tareas en la sección de automotores de la ESMA gracias a un parentesco con el Tigre Acosta. Está acusado de haber participado en sesiones de torturas y de al menos un vuelo de la muerte, tal como lo relató el condenado Adolfo Scilingo.
Además de los vuelos de la muerte, por primera vez llegará a juicio el caso de la joven sueco-argentina Dagmar Haguelin, secuestrada el 27 de enero de 1977 en la localidad bonaerense de El Palomar. Entre los acusados está Astiz, autor del disparo en la cabeza a la joven cuando intentaba escapar. "Gravemente herida, Hagelin fue introducida en el baúl de un vehículo y conducida a la ESMA, donde fue sometida a condiciones inhumanas de vida. Tiempo después habría sido 'trasladada' y aún permanece desaparecida", describió el requerimiento de elevación a juicio.

También se verá el secuestro que sufrió la dirigente de Montoneros Norma Arrostito, secuestrada el día 2 de diciembre de 1976 y llevada luego a la ESMA, donde permaneció engrillada en sus tobillos en un pequeño espacio que los marinos llamaban "camarote", ubicado en el sector denominado "capucha". Durante su cautiverio, era periódicamente exhibida por sus captores  como un trofeo de guerra y era visitada diariamente por el director de la ESMA, el fallecido Rubén Chamorro. La sobreviviente Susana Jorgelina Ramus, quien ocupaba el camarote contiguo, relató cómo el 15 de enero de 1978 la vio descompuesta, vomitando sangre y que murió en el Hospital Naval. El "Tigre" Acosta le confesó luego que como no había colaborado, le aplicaron una inyección de aire.
Su cuerpo habría sido quemado en el campo de deportes de la ESMA. Un sobrino del ex dictador Jorge Rafael Videla También está entre las víctimas del megajuicio. Se trata del militante de Montoneros Ignacio Ojea Quintana, quien fue secuestrado en la ESMA y permanece desaparecido. 
También aparecerá el caso de Alicia Eguren de Cooke, viuda de quien fuera delegado personal de Perón, John William Cooke, secuestrada el 26 de enero de 1977 y llevada a la ESMA, donde fue torturada. "Debe haber estado un mes ahí, se la llevaron en un traslado", declaró la sobreviviente Ana María Martí, quien recordó que varias veces al día le sacaban los grilletes y la mujer caminaba y repetía "Dios mío esto es un genocidio".    «
 
Una sobreviviente clave

El pasado 5 de noviembre, la sobreviviente Blanca García Alonso declaró como testigo en una audiencia anticipada de la tercera parte de la megacausa ESMA. La mujer fue secuestrada  el  11 de marzo de 1979 y fue llevada al centro clandestino de detención donde fue torturada, violada y realizó trabajos forzados. Relató que durante su cautiverio cuidó a varios niños que permanecían cautivos junto a sus padres. También contó que fue forzada a vestirse de policía para arrebatarle el bebé a otra detenida, que no sabía que ella era otra víctima.
En 1979, cuando la CIDH visitó el país, fue enviada junto a otros prisioneros de la ESMA a una isla del Tigre, donde fue forzada a cocinar. Debido a su actividad, permaneció sin tabicar, por lo que pudo reconstruir el movimiento de sus captores.   

 
Crímenes económicos

De acuerdo a las recomendaciones de la Cámara de Casación, las audiencias se realizarán de 10 a 18 los días lunes, miércoles y jueves. A esas jornadas se agregará un cuarto día para reproducir los testimonios de los juicios anteriores.
Los testimonios se organizarán de manera cronológica, por lo que los primeros en declarar serán los que se refieran a las primeras personas secuestradas.  Además de las 13 causas que ya se acumularon, con el juicio ya iniciado se podrían incorporar nuevos expedientes, como los casos relacionados con los crímenes económicos. Si bien el Tribunal decidió separar del juicio esos delitos, la fiscalía presentó un recurso de Casación, que todavía no se resolvió, por lo que en el transcurso del debate se podrían incorporar causas como el robo de bienes al abogado Conrado Gómez o la apropiación de las Chacras de Coria.

Por: Gerardo Aranguren

A una semana del inicio del 3º juicio, se realizó inspección ocular en la ESMA

Autoridades del Tribunal Oral Federal Nº 5 de la ciudad de Buenos Aires realizaron hoy una inspección ocular en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde funcionó un centro clandestino en la última dictadura cívico militar.

A una semana del inicio del tercer juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en la ex ESMA, los funcionarios judiciales visitaron varios de los edificios con el fin de examinar los lugares precisos en los que eran mantenidos en cautiverio los detenidos, y el funcionamiento del Grupo de Tareas 3.3.2.

Junto al presidente del tribunal, Daniel Horacio Obligado, participaron de la inspección los jueces Adriana Paliotti, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (juez suplente); el fiscal de la causa, Guillermo Friele; el secretario del tribunal, Martín Schawb; los abogados de la querella y los defensores oficiales de los imputados.

Carlos Lordkipanidse, Víctor Basterra y Enrique Mario Fukman, tres sobrevivientes de la ex ESMA, acompañaron a las autoridades del tribunal en el recorrido, encabezado por una integrante del área de Visitas Guiadas del Espacio Memoria y Derechos Humanos.

También formó parte de la comitiva Patricia Walsh, hija del escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh, y querellante en la causa.

A la recorrida, que tuvo el valor legal de una audiencia, asistieron además Carlos Pisoni, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Espacio Memoria (ex ESMA); y Eduardo Tavani, director ejecutivo del Instituto Espacio Memoria (IEM).

El inicio de la visita fue al Casino de Oficiales, lugar elegido por la Armada para concentrar, torturar y desaparecer a los secuestrados, según consignó el Espacio por la Memoria en un comunicado.

El recorrido comenzó por el sótano del Casino, lugar al que inicialmente "se llevaba a los secuestrados antes de acceder a los pisos superiores del edificio en donde se encuentran `Capucha` y `Capuchita`, sitios en los cuales los secuestrados pasaban sus días en condiciones muy precarias".

En ese lugar, los jueces, defensas y querellas ingresaron a dos estrechas piezas donde permanecían las embarazadas.

La responsable de la visita guiada hizo referencia a las constantes modificaciones realizadas a las instalaciones del centro de detención cuando había visitas de organismos internacionales o de periodistas extranjeros, como ocurrió en el sector llamado "Capuchita".

Dicho lugar era la parte más estrecha del altillo y fue desmantelado en enero de 1978 con el fin de ocultar todo tipo de rastro que podría dar evidencia de lo que allí sucedía.

De igual forma, el equipo de conservación del edificio explicó detalles de esas remodelaciones y de las marcas u objetos dejados por los detenidos-desaparecidos durante su cautiverio.

También recorrieron la Enfermería, edificio donde ocasionalmente eran trasladados algunos detenidos para ser atendidos; y el Pabellón Coy, donde se realizaban tareas de logística, inteligencia, documentación y fotografía.

Asimismo, visitaron la Imprenta, lugar al que eran llevados algunos detenidos para realizar trabajo esclavo; y Talleres Automotores, utilizado para el acondicionamiento de vehículos que participaban en los operativos represivos ilegales.

En el nuevo debate oral y público de la mega causa ESMA serán investigados los casos de 789 víctimas. Serán juzgados 68 imputados, ex miembros (en su mayoría retirados) de la Policía Federal Argentina, la Armada, el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval Argentina y el Ejército y tres civiles.

CAMPAÑA JUICIO ESMA

El 25 de octubre dará comienzo el juicio por la causa ESMA constituyéndose en el mas grande juicio hasta el momento donde 70 represores y cómplices civiles serán juzgados por los delitos del genocidio cometido.

Hacen falta para esta tarea , que demandará por lo menos dos años de esfuerzo, a tres audiencias por semana, fondos para sost

enerla. Son un total aproximado de 290 audiencias donde los soportes técnicos y humanos tienen costos imposibles de solventar sin la solidaridad de todos nosotros.

Solicitamos entonces, que todo aquel que pueda hacer un aporte económico circunstancial o sostenido en el tiempo, lo haga en la siguiente cuenta bancaria perteneciente a la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.

Banco Credicoop

Sucursal 070

Nº de Cuenta - 052234.5

Cuit. - 30 / 71075197 - 4

Por favor, darle la máxima difusión posible a este mensaje.

Muchas gracias.

Elevan a juicio oral la causa contra el ex funcionario de la dictadura Juan Alemann

El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral el tramo de la "megacausa ESMA", en la que está procesado el ex secretario de Hacienda durante la última dictadura militar, Juan Alemann, quien presenció los tormentos a un detenido en el centro clandestino de detención y torturas que funcionaba en ese instituto naval.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que el magistrado también elevó a juicio oral y público, por su intervención en los denominados "vuelos de la muerte" a los aviadores navales Enrique José de Saint George y Julio Alberto Poch y al abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa.

En una resolución de 726 carillas, dictada con la intervención del secretario Pablo Yadarola y a la que Télam tuvo acceso, el magistrado "declaró parcialmente clausurada la instrucción" respeto de los imputados y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Federal 5.

En su extenso fallo, Torres recordó que al ex funcionario "se le imputa el suceso ocurrido a mediados de 1980, cuando en ocasión en que se desempeñaba como secretario de Hacienda, ingresara a la Escuela de Mecánica de la Armada a fin de tomar contacto, en la sala de torturas y partos conocida como `Huevera´, con Orlando Ruiz, quien se hallaba allí privado ilegítimamente de su libertad".

Torres señaló que el prisionero se encontraba "encapuchado, esposado y engrillado" y que Alemann le exigía "que le efectuara una descripción y le suministrara la totalidad de los datos que pudiera tener respecto del atentado del que habría sido víctima el compareciente en su domicilio, en noviembre de 1979 y que habría sido llevado a cabo por un `comando montonero’".

En esa ocasión, el ex funcionario del Ministerio de Economía, que encabezaba José Alfredo Martínez de Hoz, "habría tomado conocimiento en forma directa de los hechos que ocurrían de modo sistemático" en la ESMA, pudiendo constatar de manera fehaciente, al menos en el caso concreto de Ruiz, que era mantenido en condiciones inhumanas de vida".

El magistrado recordó que Ruiz, quien aún permanece desaparecido, "fue privado ilegítimamente de su libertad entre mayo y julio de 1980, junto a su esposa embarazada -Silvia Beatriz María Dameri- y dos hijos menores -María de las Victorias y Marcelo Mariano" y trasladado a la ESMA "donde permaneció clandestinamente detenido bajo condiciones inhumanas de vida y se lo sometió a tortura".

En noviembre de 2011, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Torres de Tolosa, De Saint Georges y de Poch quien debió ser extraditado dese España donde llegó tripulando una aeronave desde Holanda donde vivía con su esposa y donde habría reconocido que "arrojaba al mar a quienes él consideraba como terroristas de izquierda"

La justicia brasileña inició el proceso para extraditar represor

Un paso más hacia la extradición

El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó con las gestiones para posiblemente extraditar a Claudio Vallejos, quien admitió haber intervenido en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido.

 Por Darío Pignotti

Desde Brasilia

Uno de los capítulos menos investigados del Plan Cóndor, el que vinculó a las dictaduras de Brasil y Argentina, entre otras del Cono sur, comienza a salir de las sombras. El Supremo Tribunal Federal brasileño inició las gestiones para la posible extradición del represor argentino Claudio Vallejos, ex ESMA, quien declaró haber participado en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido desde 1976, cuando realizaba una serie de presentaciones en Buenos Aires junto a Vinicius de Moraes.

Está probado con harta documentación –que incluye cartas del sindicato de músicos al dictador Ernesto Geisel (1974-1979)– que la Cancillería brasileña y la Embajada en Buenos Aires tomaron conocimiento prácticamente de inmediato del secuestro de Cerqueira Junior el 18 de marzo del ’76, y hay indicios firmes sobre la participación de agentes brasileños en los interrogatorios y torturas. Lo que hace de la desaparición de “Tenorinho” un caso emblemático del Cóndor orquestado por brasileños y argentinos.

Después de años de indiferencia judicial, el juez Gilmar Méndes, del Supremo Tribunal Federal, dio un paso firme hacia la extradición del presunto secuestrador Vallejos al ordenar la semana pasada que éste quede bajo jurisdicción de la Policía Federal, por su carácter de extraditable.

El proceso de deportación está caratulado en el Supremo como oficio 478/2012 y fue solicitado, tres meses atrás, por el fiscal federal argentino Miguel Angel Osorio, a cargo de la causa ESMA, quien en su fundamentación se refirió al Plan Cóndor y citó informaciones publicadas por Página/12.

Elisa Cerqueira era una niña de 8 años cuando su padre Francisco Tenorio, de 35, fue secuestrado. Desde entonces ha esperado en vano una respuesta de las autoridades brasileñas. “Si Vallejos es deportado allá (Argentina) va a ser juzgado y probablemente condenado, como sucedió con todos (los miembros de ESMA). Alfredo Astiz está preso y condenado. Yo creo que él tiene que ser deportado, porque acá no va a pasar nada, Brasil todavía no abrió los archivos, no reconoce su participación en este caso, amnistió a los torturadores, entonces creo que debe irse porque allá se hace justicia.” “Aquí Vallejos puede ser liberado en cualquier momento con cualquier excusa boba, por eso el gobierno argentino pidió que lo extraditen, allá va a responder por los grandes crímenes que cometió”, dijo Elisa Cerqueira al diario electrónico Carta Maior.

El Gordo Vallejos fue miembro de la Marina, actuó en la ESMA desde el comienzo de la dictadura y, según él mismo confesó, participó en el grupo de tareas que secuestró al pianista Francisco Tenorio Cerqueira Junior, que horas antes había participado de uno de los memorables recitales del poeta y ex diplomático Vinicius de Moraes junto al guitarrista Toquinho.

En la década del ’80, Vallejos desembarcó en Brasil donde repartía su tiempo entre estafas varias –por lo que fue preso más de una vez, la última en enero pasado– y vender entrevistas sobre su participación en el rapto del pianista Cerqueira Junior –un músico exquisito, poco volcado a la política—, y relatar los secuestros de varios militantes brasileños como Sidney Fix Marques dos Santos y Maria Regina Marcondes Pinto de Espinosa, quienes continúan desaparecidos desde 1976. Casos que posiblemente serán materia de indagaciones por parte del fiscal Osorio, si se lleva a cabo la deportación.

“Maté por lo menos a 30 personas y perdí la cuenta de aquellos que torturé, perdí la cuenta de aquellos que yo había torturado y acabaron muertos”, declaró hace tiempo Vallejos a la revista Fatos, acaso envalentonado por las inminentes leyes de Obediencia Debida y Punto Final. También soltó la lengua para la televisión francesa, donde se despachó sobre Alfredo Astiz, y realizó declaraciones en la extinta revista argentina La Semana, a la que dijo: “Yo participé con (Rubén) Chamorro en el secuestro de (el embajador) Hidalgo Solá”, otra de las víctimas de los grupos de tareas de la ESMA, por orden del almirante Emilio Massera.

La vocación histriónica del represor y su prontuario como estafador hacen que sus afirmaciones sean tomadas con reserva, “no sabemos si todo lo que dice es verdad, pero es muy importante que esté detenido y que sea deportado” para ser interrogado por la Justicia argentina, plantea Jair Krischke, titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, consultado por este diario.

Y luego avanza: “Esto también será importante” para la Comisión de la Verdad, creada el mes pasado por la presidenta Dilma Rousseff, porque es probable que se progrese en la reconstrucción de uno de los casos paradigmáticos del Plan Cóndor. Krischke dijo que no se puede prever cuándo habrá una definición sobre el caso, porque éste debe ser tratado por el plenario de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, pero estima que hay “elementos” para esperar un fallo favorable dado que ya fueron concedidas otras extradiciones de represores que actuaron en Argentina, como el coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini, en enero de 2010, y el teniente argentino Norberto Raúl Trozzo, el año pasado.

La Corte negó excarcelación al “Tigre” Acosta

La Justicia revocó el fallo que disponía la excarcelación del represor que operaba en la ESMA, condenado a prisión perpetua por el TOF n°5 en octubre del 2011.


El Tigre Acosta
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo que disponía la excarcelación por el paso prolongado del tiempo de Jorge “El Tigre” Acosta, uno de los más principales represores que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había considerado “inadecuada la prolongación de la prisión preventiva”, tanto de Acosta cuanto de sus consortes de causa Jorge Acosta y Luis Perea. La decisión fue adoptada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

Beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, Acosta fue detenido posteriormente y puesto en arresto preventivo por su participación en el robo de niños nacidos en cautiverio. En 2003, se reabrieron las causas en las que estaba imputado y, en 2006, fue enjuiciado junto a Alfredo Astiz y Adolfo Miguel Donda.

El 26 de octubre de 2011, en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA -uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes montados durante la última dictadura militar-, Jorge "el Tigre" Acosta fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta por el Tribunal Oral Federal nº5 después de 22 meses de debate y testimonios de más de 250 testigos.

La ESMA es uno de los pocos campos de concentración con supervivientes que pasaron uno, dos y hasta cuatro años secuestrados.

Ex piloto de los Electra, detenido por su actuación durante la dictadura

Volar bajo

El ex oficial Luis Conrado Lupori revistó en la Armada y llegó a ser socio de Antonio Mata en Aerolíneas Argentinas. Su vínculo con los vuelos de la muerte.

Socios. Conrado Lupori (der.) y Antonio Mata (izq.) compartieron la dirección de diversas empresas entre las que se destaca la española Marsans.

La cuenta regresiva comenzó. Al cierre de esta edición, uno de los fiscales que investiga los vuelos de la muerte, Eduardo Taiano, estaba confeccionando un dictamen –que, según fuentes judiciales, tenía previsto presentar el mismo miércoles 18 de abril– por el cual le pedirá al juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, que indague al ex piloto de los aviones Electra L-188 Luis Conrado Lupori. El motivo: la actuación de Conrado Lupori como aviador durante el terrorismo de Estado. Sin embargo, el pedido cuenta con una particularidad: estar a contrarreloj, para aprovechar la situación actual del ex marino, detenido desde el sábado 14 de abril.

La privación de la libertad de Conrado Lupori tiene vinculación con otra causa, en la que se investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, y que está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Salgado. La suerte de su detención depende de un análisis genético cuyo resultado se conocerá en pocos días. Ante este escenario, Arroyo Salgado le tomó declaración indagatoria el pasado lunes 16 de abril y, esgrimiendo su inocencia, Conrado Lupori pidió su excarcelación o, en su defecto, se le concediera el beneficio de arresto domiciliario. Acaso desconociendo su legajo, Rita Molina, fiscal de San Isidro, avaló aquella solicitud, aunque el miércoles 18 la jueza rechazó los pedidos y confirmó la permanencia en prisión del ex piloto. Por expreso pedido de los investigadores, Veintitrés no puede revelar otros datos de la pesquisa. Apenas, que su detención aceleró la confección del dictamen del fiscal Taiano.

Tal como reveló esta publicación el 21 marzo de este año, Conrado Lupori era uno de los veinticuatro pilotos habilitados a volar los tres aviones Electra L-188, en plena dictadura. Se trata de la flota que conformó la Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logística Móvil (EA51), con base en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y que está en la mira de la Justicia en la causa que investiga la desaparición forzada de personas a través de los “vuelos de la muerte”, la metodología criminal por la cual se arrojaba al río y al mar a los detenidos desaparecidos.

Según se desprende de su legajo, Conrado Lupori revistó en la EA51 entre el 28 de enero y el 19 de agosto de 1978, sitio que abandonó para trasladarse a la Agregaduría Militar argentina en los Estados Unidos. Su paso por aquella dependencia no se extendió demasiado en el tiempo: volvió a la escuadrilla a los pocos meses y permaneció allí hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando retornó la democracia.

Antes de llegar a la EA51, y en pleno auge de la dictadura militar, el ex piloto tuvo un destino particular: la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. De acuerdo a su legajo de servicios, entre 1975 y 1977 trabajó en el que fuera identificado como uno de los más siniestros centros clandestinos de detención, por donde pasaron alrededor de cinco mil detenidos desaparecidos. En este predio, ubicado en Avenida del Libertador y General Paz, a metros del Río de la Plata, Conrado Lupori era “jefe del 1º curso de aviación” y también jefe de contrainteligencia, cargo que ocupó durante cinco meses. Pero eso no fue todo: estuvo ocho meses en el mismo destino como jefe de la compañía Nº 11.

En las fojas destinadas a “concepto”, se observa la sintonía que este marino tenía con la Armada, entonces comandada por el fallecido Emilio Eduardo Massera. Allí califican el “gran valor en el servicio” de Conrado Lupori o destacan que “a pesar de no poseer la capacitación, desempeñó el cargo de contrainteligencia (…) de manera excepcional”. Quien firmó esta última evaluación, el 15 de diciembre de 1976, fue Rubén Chamorro, entonces director de la ESMA. Chamorro estaba acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado pero murió antes de que se le dictara condena.

En las mismas fojas figura un informe sobre el calificado donde se especifica: “En oportunidad de integrar el calificador la aprobación de un avión Electra que me fuera subordinado por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada para el cumplimiento de una operación de alto grado de reserva, demostró un excepcional entusiasmo, espíritu de cooperación y confianza hacia el suscripto. Esta operación, (fue) cumplida en el extranjero con éxito (…)”. Y se resalta el “gran factor contribuyente” del accionar del “capitán Lupori; quien transmitió su ejemplar proceder a la tripulación”. La nota es del 20 de abril de 1979 y quien felicita a su subordinado es Jorge Raúl Vildoza, entonces capitán de navío, y quien fuera señalado por el arrepentido Adolfo Scilingo como coordinador de los vuelos de la muerte. Vildoza hoy está prófugo de la Justicia por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Luego de abandonar la Armada, Conrado Lupori supo reconvertirse en un profesional, de carrera ascendente, en el circuito aerocomercial. Pero no como piloto, sino como empresario. Así llegó a ser director de Marsans, la empresa multinacional de capitales españoles que había comprado Aerolíneas Argentinas. Y fue socio de Antonio Mata, el dueño de aquella empresa, en diferentes firmas, como en Jet Paq S.A. Pero su rol más significativo fue haber alcanzado la dirección de Aerolíneas Argentinas y de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., en 2003.

En esa época también participó en Advent S.A. y en 2004 alcanzó la presidencia de SMR Servicio de Mantenimiento Aeronáutico. Licenciado en Sistemas –también cursó la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad del Salvador, con un aporte económico de la Marina–, Conrado Lupori acumula una serie de denuncias radicadas en la institución Abuelas de Plaza de Mayo, donde también se vincula al ex integrante del directorio de Aerolíneas con los vuelos de la muerte.

Entre las acusaciones, sobresale una en la que se asegura que el ex piloto tuvo problemas psicológicos por participar de estos vuelos siniestros. Según reveló una fuente de la Aeronáutica que conoció a Lupori, “una vez que abandonó la Armada, si bien estuvo vinculado al área aerocomercial como empresario, no volvió a ser piloto”. Un dato, al menos, curioso.

Frente a este material, Taiano barajaba acelerar los lentos tiempos judiciales. De prosperar su dictamen, el juez Torres tendrá la oportunidad de investigar en profundidad una de las metodologías menos conocidas de la última dictadura militar.

El segundo megajuicio de la ESMA

El nuevo proceso oral abarcará a 61 acusados y 781 víctimas.

La audiencia preliminar inicial se hará en mayo y el juicio comenzará en agosto. La unificación de varias causas coincide con la postura de organismos de derechos humanos. Se analiza cómo organizar las audiencias y evitar los debates interminables.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 21 de mayo se hará la primera audiencia preliminar por el segundo tramo del juicio oral por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal Oral Federal Número 5 le puso fecha al comienzo de esa segunda instancia, prevista para el 9 de agosto. Será un juicio sin antecedentes y podría cambiar los parámetros de lo que hasta ahora se conoció como una “megacausa”: se juzgará a 61 imputados por delitos cometidos sobre 781 víctimas. El recuerdo más inmediato es el Juicio a las Juntas. Pese a la objeción de la fiscalía, que prefiere tramos de juicios más cortos, la decisión de unificar las causas coincide con las posturas de varios organismos de derechos humanos integrantes de las querellas. Las nuevas reglamentaciones de la Cámara de Casación Penal serán uno de los ejes de la sesión preliminar para pensar cómo acelerar la dinámica del juicio y evitar el fantasma de los debates eternos. Se fijarán días de audiencia y cómo se incorporarán los testimonios de las víctimas que declararon en otras ocasiones. El juicio se hará finalmente en el Auditorio de los Tribunales Federales de Comodoro Py.

De acuerdo con la resolución de la semana pasada, el juicio a los marinos va a unificar varias causas que hasta ahora estaban separadas. Se trata de los casos comprendidos en los períodos de 1976 a 1979 y de 1979 a 1981. A partir de ahí, un criterio propone avanzar según la jerarquía de los imputados y otro, recomendado por la querella del CELS, sugiere un orden cronológico y fragmentar los períodos en dos: 1976 a 1979 y 1979 a 1981, en función del cambio de jefaturas dentro del centro clandestino.

En el primer tramo, ingresarán la mayor parte de las víctimas. Entre ellas, los casos emblemáticos como las caídas de las llamadas “citas nacionales”, el caso Walsh, el de Norma Arrostito y en el segundo período está por ejemplo el grupo Villaflor. Pese a que algunos fueron tratados el año pasado, ingresan por otros imputados. Un ejemplo es María Cristina Lennie: el año pasado se condenó al vicealmirante Oscar Montes como autor mediato de su secuestro y homicidio, pero ahora se juzgará a quienes integraron la patota que fue a buscarla.

Entre los acusados volverán a sentarse los sobrevivientes de la línea de mando de la ESMA, los represores más simbólicos y otros nuevos acusados. Estarán Jorge “El Tigre” Acosta, el ex director de la ESMA Edgardo Otero. También Alfredo Astiz, por unos 700 casos, el mellizo Miguel Angel García Velazco, cuyo hermano fue juzgado el año pasado. Una de las características que lo distingue del Juicio a las Juntas es el rol de los imputados. En 1984 se juzgó la responsabilidad de los comandantes como autores mediatos, pero ahora se avanzará con la responsabilidad mediata o directa de 61 imputados que actuaron dentro del centro clandestino.

El Tribunal que integra Daniel Obligado incorporó a Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, que viene de la causa Vesubio, en reemplazo de Germán Castelli y Ricardo Farías. Ellos se reunirán en la audiencia preliminar con querellas y defensores. Evaluarán si las audiencias se harán en cinco o cuatro días de la semana, como pidieron el CELS y la organización Kaos, respectivamente, o se harán tres días, como quiere alguna de las defensas particulares.

Otra discusión será sobre la lectura de las 61 acusaciones: un derecho de los imputados, que deben saber de qué se los acusa, pero a la vez un hecho que en el juicio anterior llevó meses de lectura. Las nuevas reglas de Casación habilitan la opción de leer una síntesis y entregar una copia de la acusación completa a cada uno. Sobre los testigos, se analiza que aquellos que ya declararon en otras causas o en otras etapas no deban volver a hacerlo. El Tribunal puede incorporar las declaraciones y habilitar una instancia eventual de preguntas de la defensa. Con esas características los jueces creen que el juicio podría extenderse durante no más de dos años, pese al piso de 1500 testigos previstos.

Un eje que dejó afuera la unificación son otros tramos de la megacausa. Algunos porque aún están en instrucción, como “Vuelos de la muerte”, y otros, como “Robo de bienes” y “Chacras de Coria”, por decisión de los jueces. Según fuentes del juzgado, “Robo de bienes” no entró porque necesita una comprensión global sobre los robos para entenderlos como “plan sistemático” y no como “rapiña de algunos”. Para las querellas, en cambio, esa separación es un error: no es posible separar el daño hecho a una familia como los Tarnopolsky, a la que le desaparecieron cuatro personas, y reiniciar luego una causa sólo por el robo de un auto. Consideran que el robo de bienes debe leerse como práctica sistemática en el contexto de la evaluación penal por los crímenes.

Fuera de esto, las discusiones previas se concentraron en la validez o no de unificar las causas. Para la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña, “un juicio respetuoso de los principios que rigen el debate oral no puede superar en demasía el máximo de un año, pues si es más largo no sólo presentaría demasiados obstáculos prácticos, sino que pondría en jaque esos principios”. Propusieron juzgar a no más de 25 imputados por vez; señalaron que deberían ser aquellos que hace más tiempo que están en prisión sin condena y que se deberían priorizar las víctimas que no fueron tratadas en casos anteriores.

Los querellantes optaron en su mayor parte por la unificación. Fue el criterio de Rodolfo Yanzón, Luis Zamora, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Secretaria de Derechos Humanos: el juicio parcial “no sólo conspirará contra el esquema de responsabilidad de los imputados, sino que es una forma más de perpetuar el riesgo al que están sometidos los testigos, ya que cuantos más casos abarque el debate menor será la exposición de los mismos”. El CELS acompañó la postura del resto de las querellas, sugirió organizar cronológicamente los casos y crear una Secretaría de Juicio que garantice la continuidad de los trámites para el tercer tramo.