El represor que se ufanó de capturar a un pianista

Argentina pidió a Interpol la captura de Claudio Vallejos

 Por Darío Pignotti. Desde Brasilia

Con los días contados. Argentina solicitó a Interpol la captura de Claudio Vallejos, un represor de la ESMA que, según su propio relato, participó en el secuestro del brasileño Francisco Tenorio Cerqueira, el pianista que acompañaba a Vinicius de Moraes durante su gira porteña en 1976, a seis días del golpe.

“Desde que nos llegó la noticia del paradero de Vallejos hasta que se pidió su captura internacional pasaron dos días hábiles, los trámites ante Interpol se hicieron rapidísimo, si uno analiza la actitud de nuestro gobierno ve que hay una fuerte decisión de extraditarlo, esto quedó muy claro”, evaluó un diplomático argentino en Brasilia. Vallejos, radicado en Brasil hace casi tres décadas, estuvo detenido por estafa en la cárcel de Xanxeré, interior de Santa Catarina, desde el 4 de enero hasta el lunes pasado, cuando las autoridades concluyeron que el argentino debía estar en una cárcel para delincuentes peligrosos.

“Después de tomar conocimiento de que Vallejos no era sólo un estafador, que contra él hay acusaciones de participar en el terrorismo de Estado decidimos enviarlo al presidio de Lages, hay mucha más seguridad que acá, lo llevamos en dos móviles policiales, custodiado por efectivos fuertemente armados” declaró Luiz Brandielli, director del presidio de Xanxeré. El traslado de cárcel fue entendido por la diplomacia argentina como una señal de que Brasil resolvió cerrar las vías de escape al represor-estafador.

“Nosotros temíamos que algún juez del interior pudiera darle la libertad condicional a Vallejos por el proceso por estafas, corríamos el serio riesgo de que se nos escapara de las manos, pero ahora mi impresión es que no sale más”, se tranquiliza el diplomático argentino que, como es de práctica, pide que su identidad no trascienda.

Vallejos ganó fama, y algunos miles de dólares, en 1986, cuando declaró a revistas brasileñas que mató a decenas de prisioneros y torturó a otros tantos, además de haber participado en el secuestro del pianista Cerqueira en marzo del ’76.

Al parecer, Vallejos reiteró, durante una conversación informal ocurrida en la cárcel del sur brasileño hace diez días, que participó en el rapto del pianista y fue testigo de su ejecución. Esa historia, la del tecladista de Vinicius, es un caso emblemático del Cóndor, en el eje Brasil-Argentina, y acaso abra camino para esclarecer otros secuestros “binacionales” como el del brasileño Sidney Fix dos Santos Marques, también raptado por elementos de la ESMA.

La orden de captura internacional contra Vallejos cae como un guante a los organismos de derechos humanos brasileños en vísperas de la creación de la Comisión de la Verdad, promulgada en noviembre pasado por la presidenta y ex presa política Dilma Rousseff, quien según su propio testimonio fue torturada durante 22 días consecutivos en 1970.

En una entrevista divulgada ampliamente por el canal de cable y el diario del grupo Globo, el general retirado Luiz Eduardo Rocha, que ocupó la Secretaría General del Ejército hasta 2007, desafió a la presidenta con términos que rayan en la insubordinación.

“(Usted) dice que ella (Dilma) fue sometida a torturas, pero existen certezas de eso?...no lo sé”, ironizó Rocha Paiva en el reportaje.

Seguidamente, el general retirado, que en varios pasajes de la entrevista enrojeció de rabia al ser cuestionado por violaciones de los derechos humanos, aseguró que los generales en actividad son, al igual que él, defensores de la Ley de Amnistía, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979 y deploró la Comisión de la Verdad.

Entidades castrenses han lanzado un sinfín de zancadillas contra la Comisión que sólo entrará en funciones cuando Dilma designe a sus siete miembros, decisión que se ha demorado más de lo necesario, opina la mayoría de los organismos de derechos humanos.

Uno de los libelos firmado por cerca de 400 militares en retiro asegura ver por detrás de la Comisión un supuesto “revanchismo” del gobierno y glorifica a la Amnistía o “Autoamnistía” según la definió, en diálogo con este diario, Rose Nogueira, ex compañera de celda de Dilma y actual miembro de Tortura Nunca Más.

A estar por este cacareo de los militares jubilados y el gesto indignado de los jefes de las fuerzas armadas el día que Dilma anunció la Comisión en el Palacio del Planalto, hace cuatro meses, se deduce que en los cuarteles comprendieron que éste es el primer intento serio, en 27 años de democracia, por averiguar lo sucedido durante el régimen.

¿Cómo y quién alteró los legajos?

Se inician los alegatos por los crímenes en la ESMA
Legajos alterados para ocultar delitos

La fiscalía acusó al almirante Oscar Antonio Montes de 36 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Entre ellos, los secuestros de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics. La modificación de la foja de servicio de Chamorro.

 Por Alejandra Dandan

No es tarea simple conseguir los primeros planos de los represores. Los camarógrafos del Incaa sólo pueden intentarlo si encuentran una habilitación adecuada. Pese a eso, algunas caras de los acusados de la ESMA son difíciles. Alfredo Astiz sabe que lo miran o que pueden hacerlo, y se la pasa pertrechado atrás de cuerpos más robustos que con sus espaldas fungen de grandes escudos. La imagen de Oscar Antonio Montes en la que lograron detenerse por algunos minutos las cámaras era la de un señor anciano de pelo blanco, con la cabeza irremediablemente inclinada hacia abajo, lejos de ese hombre todopoderoso que estuvo a cargo de los crímenes que se produjeron en el principal centro de exterminio de la Marina, el hombre que empezaba a ser descripto por el fiscal Pablo Ouviña en un nuevo día de alegatos.

“Como podemos apreciar, (Montes) bien podría haber permanecido ajeno, pero cuando visitó la ESMA se mostró investido de autoridad, al tiempo que inspeccionó las marchas de las modalidades de lo que llamaban la lucha a la subversión”, dijo el fiscal en un tramo. “Por eso resulta insostenible –aclaró– afirmar su desconocimiento acerca de las personas que se encontraban allí secuestradas.”

La fiscalía llevó adelante una nueva jornada de alegatos, y si todo sigue como hasta ahora terminará el viernes próximo. El fiscal Ouviña y Mirna Goransky empezaron a leer las acusaciones en orden jerárquico, por eso arrancaron con Montes, que era jefe del Grupo de Operaciones del Estado Mayor de la Armada y jefe de la Fuerza de Tarea que tuvo a cargo el Grupo de Tareas de la Esma. Continuaron con Jacinto García Tallada, su sucesor. Y más tarde describieron a Jorge “El Tigre” Acosta, el jefe ejecutivo de la ESMA. A media mañana, como sucede cada dos o tres audiencias, un nuevo contratiempo de salud desestabilizó a un represor y demoró el debate durante una hora. Esta vez, Juan Antonio “Piraña” Azic tuvo una complicación de presión como la semana pasada, un cuadro que su abogada definió como producto del “estrés que le provoca” este último tramo de la causa. La audiencia no se suspendió pero, a pedido de su abogada, Azic siguió el debate a través de un monitor en una sala contigua.

En esas condiciones, Ouviña empezó con Montes. Dijo que ahora tiene 87 años, que comenzó su carrera naval en 1943, tomó numerosos cursos, recibió las mejores calificaciones, fue ministro de Defensa y Relaciones Exteriores, obtuvo un título de diplomado en 1966. Para 1973, era jefe del Servicio de Inteligencia Naval como capitán de navío y luego como contraalmirante. Para 1976, era jefe de Operaciones Navales del Estado Mayor de la Armada y comandante de la Fuerza de Tarea 3, que estaba a cargo del GT 332 que tuvo en sus manos la ESMA. Los fiscales le atribuyeron 36 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, entre abril de 1976 y mayo de 1977. Entre ellos, lo acusaron por los secuestros de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics.

“Nada podemos deducir de sus dichos porque se negó a declarar –dijo Ouviña–. El Tribunal tampoco permitió la incorporación por lectura de las declaraciones que hizo en la instrucción, pero sí vamos a usar referencias brindadas por otras personas y una variada documentación.”

Entre las pruebas, la fiscalía tomó los testimonios de algunos detenidos-desaparecidos, pero también pasó revista a los legajos oficiales, hojas proyectadas en una pared con líneas borradas, tachadas y sobreescritas. “Ya hemos denunciado las alteraciones, borrados, sobreescrituras y hasta la sustracción parcial de las hojas que se vieron escamoteadas –dijo el fiscal–. Está claro que esto no se hizo para perjudicar a los imputados, sino para favorecerlos a través de un delito que desde ya queremos que se investigue.”
Las pruebas

Uno de los legajos alterados fue el de Rubén Jacinto Chamorro. Los fiscales lo consideraban un documento clave de la defensa de Montes. Chamorro era uno de sus subordinados, y estaba claro que como jefe, Montes debía calificarlo. Las páginas del legajo, sin embargo, lo califican como responsable de la formación de los marinos, en su faz burocrática, pero no en su faz operativa. “Creemos que ya no se discute si la ESMA era una escuela de enseñanza o si funcionaba como sede del Grupo de Tareas, ni que Chamorro era el comandante –dijo Ouviña–, pero las faltantes de las hojas dan cuenta de Chamorro no como director de la escuela sino como director del Grupo de Tareas.” Si no están las hojas de quienes lo evaluaron desde ese rol, no fue para protegerlo a él, o sólo a él, sino y en esa lógica, a ellos mismos.

Pero ésos no fueron los únicos datos. Recordaron que en otro informe Luis María Mendía –superior de Montes– reconoció que “ha demostrado claras y positivas actitudes en la guerra antisubversiva”. O indicó, en otro momento, que uno de los problemas que tenía era que disponía de poco personal superior, un dato que a la luz del alegato de los fiscales y de las otras querellas, explica ahora cómo fue que diversos oficiales de menor jerarquía –como el Tigre Acosta– ocuparon cargos que no les correspondía porque “las actividades habían superado las previsiones originales de la Fuerza”. En el terreno de las pruebas, también se leyeron datos de sobrevivientes y familiares. Recordaron el testimonio de Alberto Girondo, en cuya declaración dijo que Montes estuvo en la ESMA con Massera y García Tallada, y que los altos mandos visitaban la escuela especialmente en épocas de cambios de conducción. Otro testimonio fue el de Elisa Tokar, una sobreviviente que trabajó como esclava en el sótano del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se hacían tareas de prensa y difusión para cuando Montes estaba a cargo de esa cartera. Tokar dijo que su jefe en el ministerio era quien la había torturado en la ESMA y que cuando terminaba el trabajo la llevaban nuevamente a Capucha donde, por supuesto, recordó el fiscal, conservaba su cucheta.

Emilio Mignone nombró a Montes en su declaración del Juicio a las Juntas. Esa declaración fue una de las que se reescucharon en el debate y otra prueba retomada en el alegato. Ouviña recordó cuando el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, en el afán de dar con su hija y otros catequistas secuestrados, consiguió una entrevista con Montes, en la que le habló del secuestro de Jalics y Yorio. Montes le dijo que sí, “que a esos capellanes del Tercer Mundo los tuvo la Infantería de Marina y sobre todo a uno de ellos, que ‘es muy peligroso’”.

Montes pasó al Ministerio de Defensa y Culto después de mayo de 1977. “Lejos de apartarlo de la lucha antisubversiva –dijo el fiscal– eso le dio la posibilidad de continuarla desde un punto de vista estratégico, para resguardar la imagen de Argentina y para dirigir el seguimiento de los secuestrados que iban fuera del país bajo la órbita del tristemente célebre Centro Piloto de París.”

La acusación a García Tallada tomó un eje distinto: la fiscalía analizó sus propias declaraciones. García Tallada fue el sucesor de Montes hasta mediados de diciembre de 1977. Pese a que en sus declaraciones asumió las responsabilidades, curiosamente no admitió los tormentos, uno de los dos cargos por los que está acusado. “Pretendió desvincularse diciendo que no tuvo conocimiento de que se produjeran tormentos, pero no tuvo inconvenientes en describir sus técnicas”, dijo el fiscal. Para Ouviña, eso “permite concluir sin demasiado esfuerzo que efectivamente sabía de las prácticas que se usaban en la ESMA, que por cierto contaban con su favor”. García Tallada está acusado por 26 casos, entre ellos los doce asesinados del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz.

Audiencia 10/2/11 : Testimonio de un sobreviviente, y un ex militar que pasa y se va

Luego de 30 años de silencio, José Quintero declaró por primera vez en un juicio oral. En un testimonio conmovedor y preciso evocó su secuestro y cautiverio en la ESMA desde el 15 de noviembre de 1979 hasta marzo de 1980. “Es una cosa que he tratado sistemáticamente olvidar y me cuesta mucho volver a esa época”, advirtió. El testigo se refirió a la situación dominante de los represores. “Era algo irreal que se escapa de todas mis posibilidades de comprensión. Se creían eternos, permanentes. La condición de dueño y adueñado estaba muy clara”, agregó Quintero.

El testigo contó el episodio doloroso del secuestro de Graciela Alberti, en una ciudad de la costa de la provincia de Buenos Aires. “Se sabía cuándo se torturaba. No se podía salir en esos momentos y el nivel de la música se elevaba. Entonces ahí se escuchaba el ruido terrorífico de la corriente eléctrica interfiriendo las ondas de radio. Se podía sentir la picana como si la tuviéramos nosotros mismos. Eso sucedió con Graciela”, recordó Quintero.

En una oportunidad, el testigo pudo conversar con Graciela, quien permanece desaparecida. “Un día me llevaron a la sala de torturas para verla. Me sonrió, me reconoció y hablamos un poco”, señaló Quintero. Para explicar que hoy el testigo pudiera hablar por primera vez de su cautiverio, dijo que el miedo sigue estando pero con la edad se diluye. “Además, mis hijos que ya están grandes me dijeron ‘hacelo viejo’”, agregó.

A continuación declaró Manuel Tomé sobre la presencia de Carlos Capdevilla en el arsenal naval de Azopardo en 1978.

Por último declaró el vicealmirante de la armada argentina Argimiro Fernández. Pese a las objeciones del ministerio público fiscal y las otras querellas que consideraban que no podía declarar como testigo por su pasado comprometido en la armada, el ex militar decidió hablar. El testigo había sido citado por la defensa del imputado Pernías, quien asistió a su declaración junto con el imputado Scheller.

Fernández explicó en varias ocasiones que existían órdenes verbales en la época de la dictadura y que nunca vió nadie desobedecerlas. Sin embargo, el testigo fue confuso y evasivo cuando se le preguntaba sobre los límites de las ordenes en el marco de la dictadura y cuándo se podía considerar una orden como ilegal. 

El querellante Luis Zamora pidió la detención inmediata de Fernández por falso testimonio. Sin embargo, el tribunal no permitió que se exhibieran los documentos que permitían mostrar la contradicción del testigo y postergó el pedido de Zamora para el momento de la sentencia.

“Hay microfilms de 4700 secuestrados”

 HECTOR COQUET, SOBREVIVIENTE DE LA ESMA, ASEGURO QUE EL TIGRE ACOSTA TENDRIA GUARDADO UN ARCHIVO

El ex detenido-desaparecido aseguró que hubo tres copias de un archivo con legajos de los secuestrados que pasaron por ese centro clandestino que se entregaron a los jerarcas de la Armada. Coquet enfrentó al represor Cavallo y lo calificó de “cerdo torturador”.
    
El represor Jorge “Tigre” Acosta, quien fuera jefe de inteligencia de la ESMA, tendría guardado un archivo completo de microfilms con los legajos de alrededor de 4700 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención durante la dictadura. Así lo aseguró ayer Ricardo Héctor Coquet, uno de los sobrevivientes de la ESMA, en el juicio oral en el que están acusados dieciocho represores. El ex detenido-desaparecido declaró que hubo tres copias de esos archivos que fueron repartidas entre las máximas autoridades de la Armada, antes de que fueran destruidos los originales. En otro tramo de su testimonio, Coquet enfrentó al represor Ricardo Miguel Cavallo, a quien le exigió que levantara la vista de la laptop. “Lo veo a este cerdo de Cavallo y recuerdo a las embarazadas llegando encapuchadas, engrilladas, que pasaban desnudas hacia los vuelos de la muerte y no es fácil verlo tan prolijito, porque también es un torturador”, exclamó cuando el presidente del Tribunal, Daniel Obligado, lo llamó al orden.

La declaración de cinco horas de Coquet ante el Tribunal Oral Federal 5 fue contundente: presenció cómo las carpetas con los legajos y las fotos de los más de 4700 detenidos que eran trasladados en los vuelos de la muerte fueron microfilmadas, luego destruidas y las copias de los films repartidas entre el ex jefe de la ESMA, el fallecido almirante Rubén Chamorro y el ex dictador Emilio Eduardo Massera, hoy inimputable. La tercera copia fue entregada a uno de los principales acusados por los crímenes cometidos en ese centro de detención, el capitán Jorge “Tigre” Acosta.

El testigo estuvo alojado en la ESMA hasta diciembre de 1978, luego de que el 10 de marzo de 1977 fuera detenido y secuestrado en la calle Medrano y el pasaje Lezica, en el barrio de Almagro. Militante de la JP en la Facultad de Medicina y carpintero de oficio, logró sobrevivir durante su cautiverio falsificando originales de cédulas de identidad, títulos de propiedad, pasaportes y documentos de la Policía Federal y carnets, por orden de los represores. Ante Página/12, Coquet recordó cómo sus captores le preguntaron si podía confeccionar “organigramas”, para ordenar la actividad de los grupos de tareas. “Luego la tarea se empezó a sofisticar”, señaló en referencia al momento en el que Massera compró una máquina de última generación para poder imprimir a color los documentos que falsificaban, y que estaba en el edificio Libertad perteneciente a la Armada. También aseguró haber falsificado un carnet del Jockey Club con el cual fueron retirados de un haras de Chacras de Coria en Mendoza los caballos de carrera que pertenecían a los empresarios Gutheim, por cuyo secuestro está hoy detenido el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.

Coquet sorprendió al Tribunal al presentar también pruebas concretas de su pasaje por la ESMA. Llevó una carterita de cuero que era fabricada por los detenidos, que contenía un compartimiento oculto que posibilitaba transportar la documentación falsificada que les permitía a los represores adulterar su identidad en el exterior, en caso de que fueran identificados por algunas de sus víctimas en el exilio. De ese compartimiento Coquet extrajo dos cédulas de identidad de aquella época falsificadas en la ESMA. Ante este diario, Coquet rememoró cuando a fines de 1978, junto con otro de los detenidos, Miguel Angel Lauletta (también del área de documentación), recibió la orden de microfilmar “los casos mil”, que supuestamente eran de sobrevivientes que habían sido liberados. Más tarde se enterarían de que las carpetas celestes en las que se guardaban las fotos y las planillas de ingreso de los detenidos pertenecían a los que fueron asesinados en los vuelos de la muerte. “El Tigre Acosta trajo una máquina destructora de documentos y le hizo microfilmar a Miguel Angel. Yo luego tenía que destruir las carpetas”, recordó. “Si Acosta se enteraba de que yo también presencié cómo se filmaban, me hubiera matado”, aseguró.

El testimonio de Coquet fue de extrema relevancia, ya que además reveló que, por órdenes del entonces prefecto Héctor Febres, fue el encargado de confeccionar la bandera de tela de Montoneros, que apareció por detrás en la foto con las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, con la que los represores intentaron simular que las religiosas habían sido secuestradas por esa organización. También contó que el ex oficial Ernesto Weber, durante una de sus guardias, le confesó: “Lo bajamos a Walsh”, en alusión al asesinato del periodista por un grupo de tareas.

En la misma jornada, también declaró el ex guardiamarina de la Infantería de Marina Julio César Urien, quien fuera compañero de camada de los represores Ricardo Cavallo, Adolfo Scilingo y Alfredo Astiz.

Urien permaneció ocho años detenido en una unidad del Ejército en La Plata y en la cárcel de Olmos y estuvo varias veces al borde de ser fusilado. Urien participó de un alzamiento de una unidad de la Armada (el batallón 2 de Infantería de Marina) que funcionó en la ESMA, ocurrido el 16 de noviembre de 1972, en oportunidad del fallido regreso de Juan Domingo Perón al país.

Informe: Gabriel Morini.

Hoy podrían declarar Acosta y Astiz... pero ¿tendrán valentía para ello?

Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, Jorge Acosta y Alfredo Astiz, dos de los principales íconos del terrorismo de Estado, tendrán hoy finalmente la oportunidad de declarar en un juicio oral y público con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho. El ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y el entonces teniente que se infiltró entre familiares de los desaparecidos y más tarde se rindió en Malvinas sin disparar un tiro podrán optar entre guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes de una “guerra civil revolucionaria” o, menos probable, confesar frente a padres, hijos y hermanos de sus víctimas cuál fue el destino final de los miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia, abierta al público, comenzará a las diez en el subsuelo de Comodoro Py.

“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, recordó el viernes el capitán Adolfo Donda, el primer imputado que decidió hablar, aunque no responder preguntas, ante el Tribunal Oral Federal 5. El ex jefe de operaciones del GT 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del acuerdo entre el gobierno radical de Raúl Alfonsín y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ‘80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, recordó Donda.

Durante la misma audiencia, el capitán médico Carlos Capdevila tampoco aceptó responder preguntas pero se explayó sobre los testimonios que lo incriminan. Admitió que trabajó en la enfermería de la ESMA, que funcionó en el sótano del Casino de Oficiales, pero aseguró que “no he sentido nunca gritos de tortura”. También sugirió que las declaraciones en su contra fueron “inventadas” por sobrevivientes y que, según los testigos, “todos estábamos torturando en todos lados”. El prefecto Juan Antonio Azic, quien en 2003 intentó suicidarse, negó todas las acusaciones en su contra y se negó a declarar, igual que el contraalmirante Manuel García Tallada. Hoy será el turno de los imputados en la causa Testimonios A, la mayor de las cuatro acumuladas, que incluye los casos de 79 víctimas que pasaron por la ESMA, incluidos sólo un puñado de sobrevivientes.

Además. serán enjuiciados por ladrones

Estarán a su lado en el banquillo otros cinco marinos de la ESMA, entre ellos Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo. Serán juzgados no sólo por la tortura y la desaparición de sus víctimas, sino también por la apropiación de sus bienes.    

Las partes de la desmembrada causa ESMA van llegando poco a poco a juicio oral y público. El juez federal Sergio Torres elevó el expediente por la tortura, desaparición y apropiación de los bienes de Victorio Cerutti, Horacio Palma y Raúl, Omar, Diego y Mariana Masera Pincolini. Los acusados son seis oficiales de la marina, entre ellos Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Miguel “Sérpico” Cavallo.

El magistrado consideró concluida la etapa sumarial y mandó a juicio oral y público a Acosta, Cavallo, Jorge Radice, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González y Juan Carlos Rolón. Estos ex oficiales de la Armada ya están sometidos a juicio por su presunta responsabilidad en el secuestro y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh. Torres sostuvo que los procesados actuaron “con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley” y que cometieron los ilícitos “agravados” por “violencia o amenazas”. También tuvo en cuenta el juez que estos marinos represores deben responder por haber sometido a “condiciones inhumanas de vida” a sus víctimas y por la “posterior desaparición” de esas personas, quienes fueron secuestradas por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.

Este tramo de la “megacausa” ESMA, reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se vincula con los hechos que tuvieron como víctima a Conrado Higinio Gómez, quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977, para apropiarse de sus bienes. A lo largo de 40 carillas, Torres efectuó un análisis del modo en que se produjeron los hechos que culminaron con el desapoderamiento de la empresa Cerro Largo S.A., que tenía como principales autoridades a Palma, Cerutti y a Omar Masera Pincolini. Ambos fueron secuestrados en sus respectivos domicilios de Luján de Cuyo, en Mendoza, el 12 de enero 1977, un día después de que Palma corriera igual suerte. En todos los casos, efectivos armados, algunos encapuchados, pertenecientes al Grupo de Tareas 3.3.2, irrumpieron en las viviendas y, bajo amenazas, secuestraron a los tres socios, y también a la esposa e hijos de Masera Pincolini, a quienes luego habrían trasladado a la ESMA. Masera Pincolini intentó proteger a su familia y fue “salvajemente golpeado”, al igual que sus hijos cuando trataron de impedir los vejámenes de los que fue objeto su madre y esposa del desaparecido.

Torres indicó que a los procesados se les atribuyó “haber desapoderado el paquete accionario y los bienes que formaban parte del patrimonio de la sociedad Cerro Largo S.A. a través de diversas maniobras” ilícitas, como la extorsión. Señaló el magistrado que “la sociedad Cerro Largo S.A., de las que fueron despojadas las víctimas, pasó a denominarse Hill Ri S.A., cuyos integrantes eran oficiales de la Armada Argentina que utilizaron nombres falsos” para ocultar su verdadera identidad. Torres agregó que “posteriormente el paquete accionario de Hill Ri S.A. fue traspasado a la sociedad Misa Chico S.A., cuyos accionistas eran, entre otros, Eduardo Enrique y Carlos Massera (hijos de Emilio Eduardo Massera)”, ex integrante de la Junta Militar, junto a Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti. Para dar por cerrada la investigación, el magistrado evaluó documentación y decenas de testimonios de sobrevivientes de la ESMA y familiares o amigos de las víctimas, obtenidos durante la tramitación del sumario.

Federico Gómez, hijo del secuestrado Conrado Gómez, bregó desde hace años por esta causa, declaró en Argentina y el exterior para denunciar “el segundo despojo”, como lo denominó, y también la responsabilidad civil en el caso. Así fue como hace un año Torres ya había enviado a juicio oral a la ex jueza Emilia García, acusada de haber participado en maniobras para despojar de sus bienes a los secuestrados de la ESMA.

A los represores les llegó la hora de hablar

Algunos de los acusados ya declararon en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el ex canciller Montes, el contraalmirante García y el capitán Pernías reconocieron que toda la Armada estaba implicada en la represión.
      

Por Diego Martínez

Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.

Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.

La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.

La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.

Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.
Honra de militar

Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.

–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?

–No tengo conocimiento.

Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.

También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.

–¿Traslado?

–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.

Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.

–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.

–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.

No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.

–Dé un ejemplo práctico.

–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.

–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?

–No recuerdo.

¡¡Basta de arrestos domicialiarios!! - BOLETIN AEDD - 627

14 de enero de 2010

Gacetilla de Prensa

Hoy 14 de enero se reanudó la audiencia oral en la causa ESMA, donde se está juzgando por crímenes de lesa humanidad a Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.

Se discutió la situación de algunos de los represores que se encuentran gozando de detención domiciliaria y sus traslados al tribunal de juicio, cosa que ocurre en la más absoluta libertad y sin control alguno.

Desde la querella que encabeza Patricia Walsh y otros organismos de derechos humanos que integramos el colectivo Justicia Ya!, expusimos nuestra posición contraria a que los responsables de los crímenes más aberrantes de la historia nacional después de decenas de años de impunidad sean otra vez beneficiados con la posibilidad de estar en sus casas.

Exigimos que se los traslade a una cárcel común, sin beneficios, y para ello se recordó la situación de Julio López que continúa desaparecido por testimoniar un juicio de este tipo y el envenenamiento que sufrió el prefecto Héctor Febrés producto de las condiciones de detención sin control alguno, juicio que, también recordamos, tramitó ante este mismo tribunal.

Esto motivó un silbido del público ubicado en el sector donde se sientan los familiares y allegados a los genocidas.

Tanto la Fiscalía como las otras querellas reclamaron que los traslados sean ejercidos por el Servicio Penitenciario Federal.

Como siempre, seguiremos reclamando la cárcel común, efectiva y perpetua para todos los genocidas por todos los compañeros!

Se continuó con la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio por el caso de las víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz.

A las 14.00 horas se llamò a un cuarto intermedio hasta el día 27 de enero próximo a las 10.00 horas

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES!

Contactos de Prensa: - Dra. Elea Peliche (AEDD), 15 5 428 7881 -- Dra. Myriam Bregman (CeProDH), 15 4 170 2398 - Dra. Liliana Mazea (FIDELA), 15 5 816 9178-Sra.Patricia Walsh ( querellante) 15 6 521 4621

Justicia YA! Buenos Aires

Justicia YA! Buenos Aires está integrado por Asociación Anahí, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparec idos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.

Sesenta represores condecorados por Massera

Sesenta represores condenados y setecientos procesados ponen de manifiesto el avance del proceso de justicia por los crímenes de la dictadura. La investigación de quienes participaron en la última etapa del proceso de secuestro-tortura-desaparición, en cambio, sigue siendo una deuda del Estado con la sociedad argentina. Por relatos de represores y por los casos probados a partir del hallazgo en la costa de cadáveres de personas vistas en cautiverio en Campo de Mayo, la ESMA y el Olimpo, está probado que el método de los vuelos fue aplicado por las tres Fuerzas Armadas, que a su vez hicieron participar a miembros de fuerzas de seguridad y civiles, consolados todos por las prédicas de capellanes castrenses, algunos identificados por el ex capitán Adolfo Scilingo como Alberto Zanchetta y Luis Antonio Manceñido. Si bien en al menos tres causas judiciales existen expedientes para investigar los vuelos, el único procesado a un tercio de siglo de los hechos es el capitán Emir Sisul Hess, quien, igual que Julio Poch, lo confesó en privado. Página/12 reveló el mes pasado que al menos tres aviadores fueron condecorados en 1978 por el ex almirante Emilio Massera como miembros del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA.

ESMA: Juan Alberto Poch a embarque

El juez de La Haya rechazó el planteo de la defensa del piloto de la ESMA que había relatado ante sus compañeros cómo arrojaba personas vivas al mar y pretendía ser juzgado en Holanda. Julio Alberto Poch, preso en España, seguramente será trasladado a Buenos Aires.

Por Diego Martínez

El ex piloto naval Julio Alberto Poch, preso en España por haber confesado ante sus compañeros de trabajo que arrojó personas vivas al mar desde aviones en vuelo durante la última dictadura, será extraditado a la Argentina. Un juez de La Haya rechazó ayer la pretensión del abogado Gerard Spong para que el oficial retirado de la Armada sea juzgado en su patria adoptiva: el Reino de los Países Bajos. Se trata de una buena noticia para el ex funcionario de la dictadura Jorge Zorreguieta y su hija, la princesa Máxima de Holanda, pero pésima para la Armada Argentina, que según el ex capitán Adolfo Scilingo obligó a participar a todos sus miembros en los vuelos de la muerte.

La confesión de Poch ante sus compañeros de la aerolínea Transavia ocurrió durante una cena con buen vino en el restaurante Gado Gado de la isla de Bali, en Indonesia, luego de que los holandeses calificaran de “régimen criminal” a la dictadura argentina. “Poch dijo que teníamos una imagen errónea de la época, que hubo una guerra y en la guerra muere gente”, relató el piloto Tim Weert. Luego contó “cuando a bordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida con el fin de ejecutarlas”, agregó. “No hay problema, estaban drogados”, les aclaró.

“Su comportamiento era impresionante. Defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, destacó Edwin Brouwer, impresionado “por su gesto, el movimiento que hizo con la mano, como si dejara voltear un avión para dejar escapar la carga”. A diferencia de lo que ocurre en las aerolíneas argentinas, donde no han faltado relatos de pilotos y mecánicos que en los ’80 tomaron distancia de las Fuerzas Armadas, cuando los testigos holandeses informaron sobre la confesión, su jefe Geert Geroen Engelkes no dudó en denunciar a Poch ante la Policía Nacional. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó.

A diferencia también de lo que ocurre en la Justicia argentina, donde una confesión idéntica del capitán Hemir Sisul Hess hibernó durante cuatro años en un despacho de Comodoro Py, el Ministerio Público holandés realizó una investigación exhaustiva, les tomó declaración a testigos directos e indirectos, y envió a tres personas a la Argentina para interiorizarse sobre el estado de los procesos. Aquí confirmaron que desde la confesión pública de Scilingo, en 1995, no hubo un solo detenido por los vuelos (ni siquiera el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que según Scilingo lo ayudó a arrojar personas al vacío) pero lograron que el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, aceptara viajar a Holanda para escuchar a los testigos, y solicitara la captura con fines de extradición.

Poch fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia, durante una escala de su último vuelo antes de jubilarse como comandante de Transavia. El ex marino de 57 años, que había comprado un departamento frente a la playa de Xeraco, quedó alojado en el centro penitenciario Picassent. El 6 de octubre negó haber confesado los crímenes ante un juez de la Audiencia Nacional. Un día después la embajada argentina en Madrid entregó el exhorto diplomático que ratificó el pedido de extradición. El 30 de octubre el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la continuidad del proceso.

Con el argumento de la doble ciudadanía, sumado a que los testigos de la confesión y quienes investigaron a Poch son holandeses, Spong solicitó la extradición de su cliente al Reino de los Países Bajos y montó una campaña mediática en la que incluyó a la familia del imputado. El Estado holandés se pronunció en contra: sostuvo que el juicio debe realizarse en la Argentina, donde ocurrieron los vuelos, con el fin de que “los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso”. Ayer un juez civil de La Haya falló en la misma línea. Admitió que Holanda está facultada para juzgar a Poch y no descartó la posibilidad de que pueda retornar allí para cumplir su eventual condena, pero ante la falta de interés del Ministerio Público local y las garantías de las que gozan los represores en la Argentina, rechazó el pedido de extradición.

Se larga el juicio a algunos represores de la ESMA

La hora de la patota de la Armada
El Tribunal Oral Federal 5 juzgará desde hoy a Astiz, Acosta, Cavallo, Pernías y Rolón, entre otros acusados de la Marina y fuerzas de seguridad, por los crímenes de Rodolfo Walsh, las monjas francesas, las fundadoras de Madres y otras 79 víctimas.

Por Diego Martínez

Hoy, a las 10, en el subsuelo de Comodoro Py, un tribunal argentino comenzará a juzgar a diecisiete represores de la ESMA, símbolo universal del terrorismo de Estado. Quedan detrás un tercio de siglo de impunidad, las leyes del olvido de Raúl Alfonsín, los indultos de Carlos Menem, la resistencia de las corporaciones política, judicial, empresaria y eclesiástica, y también centenares de madres y padres que murieron sin llegar a conocer justicia para sus seres queridos.

“¿Sabe cuántos Astiz hubo en la Armada?”, preguntó a un periodista en 1985 el contraalmirante Horacio Mayorga. “Trescientos”, confesó. El Tribunal Oral Federal 5 juzgará al primer puñado: trece marinos, dos policías, un prefecto y un oficial del Ejército. La lista incluye al capitán Jorge Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y al propio Alfredo Astiz, icono de la cobardía desde que su foto rendido en Malvinas permitió identificarlo como quien se infiltró entre las Madres para seleccionar a las mujeres que la Armada arrojaría con vida desde un avión en vuelo. También estarán los capitanes Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, detonantes involuntarios de la confesión de Alfredo Scilingo a mediados de los ’90; el comisario Ernesto Weber, que les enseñó a usar la picana eléctrica en nombre de la Policía Federal, y el vicealmirante Oscar Montes, ex canciller de la dictadura.

La mayor parte de los secuestros, torturas y asesinatos por los que se realizará el juicio están probados desde mediados de los ’80. Sus responsables vivieron impunes durante veinte años gracias a las leyes de obediencia debida y punto final. De las tres causas mayores que se acumularon para el primer proceso, Testimonios A es la más abarcativa, con 79 víctimas. Unos pocos son sobrevivientes. De algunos hay constancias de su asesinato. La mayoría fueron vistos en cautiverio y permanecen desaparecidos.

La segunda causa, Testimonios B, corresponde a los crímenes de las monjas francesas y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestradas el 8 de diciembre de 1977, torturadas en la ESMA y arrojadas al mar en “vuelos de la muerte”. La contracara positiva de los veinte años de impunidad son los logros del Equipo Argentino de Antropología Forense, que las identificó luego de encontrar sus cuerpos enterrados como NN en cementerios de la costa.

El tercer expediente se llama Testimonios C y su protagonista central es el escritor y periodista Rodolfo Walsh, ultimado por la metralla del comisario Weber tras resistirse al secuestro con una pistola diminuta. La investigación sobre la muerte de Walsh, cuyo cadáver fue visto en la ESMA pero nunca fue entregado a sus deudos, incluye las preguntas sobre el paradero de su obra inédita, que la Armada tampoco se dignó a entregar.

La Armada y la Prefectura son las fuerzas que mejor burlaron (y burlan) a la Justicia. Desde el Juicio a las Juntas, excepto los procesos en ausencia en Francia e Italia, ningún represor del mar fue condenado. El más cercano fue Héctor Febres, envenenado con cianuro en su dúplex de Prefectura días antes de escuchar la sentencia. También murieron a tiempo el vicealmirante Luis María Mendía, que informó sobre los vuelos en el cine de la base Puerto Belgrano; los ex directores de la ESMA Rubén Jacinto Chamorro y Horacio Estrada, y célebres miembros del grupo de tareas como Jorge Perren, Francies Whamond o Enrique Yon. El ex almirante Emilio Massera, condenado en 1985, fue declarado insano, en tanto siguen prófugos el capitán Jorge Vildoza y otros cinco represores. Las últimas dos bajas por razones de salud, que se conocieron esta semana, son las del capitán Néstor Savio, alias Norberto, y del penitenciario Carlos Generoso, alias Fragote.

Astiz “desnombró” ayer a su abogado con la esperanza de postergar el proceso. Juan Aberg Cobo había apelado minutos antes el rechazo a la recusación de uno de los jueces. Ambas maniobras fueron desbaratadas por el tribunal, que de inmediato agregó al nombre de Astiz a los defendidos por Víctor Valle. El defensor oficial reclamó la suspensión del juicio para interiorizarse de las acusaciones de su flamante asistido, pero los jueces Daniel Obligado y Oscar Hergott rechazaron el planteo. El voto de Ricardo Farías fue en línea con el deseo de Astiz.

La nueva composición del TOF 5, tras el alejamiento de Guillermo Gordo, que resistió durante años los reclamos para garantizar la publicidad de los juicios, permitirá que reporteros del mundo puedan transmitir las imágenes de Acosta, Astiz & Cía. Hace siete meses Página/12 informó que se prohibiría el ingreso de las cámaras. El tema se solucionó recién ayer: contra la voluntad de Farías, Obligado y Hergott resolvieron autorizar el trabajo de los reporteros antes de las audiencias indicadas por la Corte Suprema de Justicia. Igual que en el juicio a los represores del Primer Cuerpo de Ejército, la filmación oficial estará a cargo de jóvenes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). El próximo paso que pondría a Buenos Aires a la altura de Rosario y Córdoba en materia de publicidad es la transmisión en vivo de las instancias del juicio por Internet.

Las audiencias se realizarán los días jueves y viernes, y miércoles de por medio. La acusación en nombre del Ministerio Público estará a cargo de los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky. Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que ocupan el rol de querellantes serán patrocinados por abogados de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y asociaciones como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otras. Como defensores de los imputados actuarán los abogados Alfredo Solari (de Scheller, González, Rolón, Cavallo y García Velazco), Adolfo Casabal Elía (de Montes) y Julio Coronel (de su padre). El resto tendrá defensores oficiales.
El comienzo de la audiencia inicial está previsto para las 10 de la mañana. Una hora antes, en el 6º piso de Comodoro Py, comenzarán las acreditaciones para quienes deseen ingresar en la sala, y las actividades de Hijos, que realizará un acto al mediodía. El juicio comenzará con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los querellantes y del fiscal Eduardo Taiano y las elevaciones del juez federal Sergio Torres. Recién después, cuando se declare abierto el debate, se escucharán los planteos de las defensas, que intentarán suspender el juicio con los argumentos de siempre.

Tan sólo 19 represores a juicio

Comienza el juicio a tan sólo 19 represores de la ESMA por crímenes de lesa humanidad

Ocuparán también desde el viernes el banquillo de los acusados del TOF 5, Alfredo Donda Tigel y Jorge "Tigre" Acosta. Serán juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. El denominado “ángel de la muerte” deberá responder por los asesinatos de Azucena Villaflor y Rodolfo Walsh, entre otros.
Treinta y dos años después haberse infiltrado en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, para secuestrarlas en la puerta de la Iglesia de la Santa Cruz, Astiz comparecerá ante un tribunal donde también deberá responder sobre su participación en el secuestro del escritor y periodista Rodolfo Walsh.

En el banquillo de los acusados estarán también Alfredo Donda Tigel, que secuestró a su propio hermano y se apropió de una de sus hijas, Victoria Donda; Jorge "Tigre" Acosta, jefe de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 y hasta un ex canciller, el almirante Oscar Montes.

En cambio, Eduardo Massera, el entonces jefe de la marina y cabeza de la estructura que funcionó en el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada por el que pasaron unos 5 mil prisioneros ilegales, logró eludir del juicio luego de que la justicia argentina considerara acreditada su actual insanía mental.

El tribunal prevé que el proceso durará entre seis y siete meses durante los cuales declararán 280 testigos, muchos de ellos sobrevivientes del intento de Massera de coptar cuadros montoneros que lograron sobrevivir y contaron luego los detalles y actores de ese macabro lugar.

Las atrocidades de la ESMA, que además de tormentos seriales y "vuelos de la muerte" incluyeron un depósito para los bienes robados en los operativos, ya había comenzado a ventilarse en el histórico juicio a los comandantes de 1985, pero las leyes de Obediencia Debida y Punto Final frenaron los juicios.

Este será el segundo juicio por la ESMA, ya que el primero fue el que se realizó contra el jefe de la maternidad de la centro clandestino, el prefecto Héctor Febres, quien "murió" en su celda de la Prefectura del Tigre con una dosis de cianuro horas antes de prestar declaración en el tribunal, en diciembre del 2007.

Lo había juzgado el mismo que ahora exhibirá su nueva composición, ya sin el juez Guillermo Gordo y reemplazado por Oscar Hergott y se sumará a los "veteranos" Daniel Obligado y Ricardo Farías que, entre otros, condenaron a perpetuidad al ex subjefe del Primer Cuerpo de Ejercito, Jorge Olivera Róvere.

El juicio despierta una enorme expectativa incluso internacional, ya que varios de los imputados, como Astiz, han sido juzgados en ausencia por la desaparición de sus connacionales en Francia, España e Italia, además de haber sido requerido por el estado sueco por el asesinato de la joven de esa nacionalidad Dagmar Hagelin.

El propio Massera acaba de ser juzgado en ausencia en Roma luego de que peritos forenses italiano lo revisaran y no aceptaran el criterio de sus colegas argentinos.

El juicio se realizará en el auditorio de los Tribunales Federales de Retiro los jueves y viernes, además de miércoles por medio ya que debe compartir sala con el TOF2, que hace dos semanas comenzó a juzgar a los responsables del circuito represivo Club Atlético-Banco-Olimpo-.

Ambos juicios se suman a iniciado el mes pasado en el Tribunal de San Martin contra el último dictador, Reynaldo Bignone, y otros cinco generales por los crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, donde se estima que pasaron tantos secuestrados como en la ESMA aunque con escasos sobrevivientes.

Se demora para el juicio de la ESMA

El comienzo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que estaba previsto para este jueves, fue suspendido al producirse un cambio en la composición del Tribunal Oral Federal 5, que atiende este caso. La modificación debe ser notificada a las partes antes de iniciarse el proceso.

El sábado pasado, la Presidenta firmó el decreto que llevó al juez Guillermo Gordo al TOF-3 y lo reemplazó por el magistrado de ese tribunal, Oscar Hergott, en una suerte de enroque. De esta manera, la nueva fecha de inicio en el proceso se dará a conocer apenas concluyan los trámites correspondientes. Según aseguraron fuentes judiciales, ya habría ingresado en el tribunal un pedido de recusación contra Hergott, que podría dilatar aún más la espera.

Aunque ninguno de los dos magistrados hizo públicos los motivos por los que solicitaron el cambio, aprobado por el Consejo de la Magistratura el jueves pasado, el decreto que firmó la presidenta Cristina Fernández apunta a “lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia”. Lo cierto es que ni Gordo ni Hergott tenían una buena relación con sus compañeros de juzgado. En particular, Gordo siempre se opuso a la publicidad de los juicios, por lo que en varias ocasiones prohibió el ingreso de reporteros gráficos, algo que le valió no sólo reclamos de fiscales y organismos de derechos humanos, sino también una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En los 16 años durante los que formó parte del TOF-5, Gordo condenó a dos parejas de expropiadores, al policía Julio Simón (“el Turco Julián”) y a los ex jefes del centro de detención clandestino Mansión Seré, entre otros casos. También absolvió a Miguel Angel Timarchi por la Masacre de Fátima, y juzgó al prefecto Héctor Febres, que fue envenenado antes de que se conociera el fallo. Su nuevo destino no tiene causas vinculadas con el accionar de la represión estatal durante la última dictadura militar, por lo que podrá alejarse de un tema que sobrevoló toda su carrera.

Por su parte, Hergott participó en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Policlínico Posadas, pero el ex dictador Reynaldo Bignone lo recusó antes de que comenzara el juicio, como una estrategia para dilatar el proceso. Algo similar a lo que ocurre ahora: antes de que su designación en el TOF-5 sea oficial, ya habría recibido una impugnación.

El juicio a los miembros del Grupo de Tareas 3.3.2, enmarcado en la megacausa ESMA que instruye el juez Sergio Torres, es uno de los más relevantes por violaciones de los derechos humanos en la última dictadura, tanto por su magnitud (se espera que dure unos seis meses y que desfilen por el tribunal casi 300 testigos) como por la notoriedad de los crímenes que serán juzgados. Entre esos delitos se encuentran el asesinato de Rodolfo Walsh, el secuestro y desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y el de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Entre los 19 ex marinos acusados están Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Jorge Radice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda Tiguel.

El día 19 de noviembre se inicia el juicio

El Tribunal Oral Federal número 5 (TOF5) estará a cargo del debate, que se llevará a cabo los jueves y viernes de cada semana en la Sala del subsuelo de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002.

Previo al juicio, el Consejo de la Magistratura dispuso que el presidente del TOF5, Guillermo Gordo pase al Tribunal Oral Federal Nº 4, y que su lugar sea ocupado por Oscar Herzog, integrante del TOF4.

Cómo todo nombramiento o promoción de un magistrado, la medida fue ya confirmada por la presidenta Cristina Kirchner a través de un decreto que fue publicado el viernes último en el Boletín Oficial.

En el banquillo de los acusados estarán 19 ex marinos: Astiz, Acosta, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Donda Tiguel y Manuel García Tallada.

También serán enjuiciados Pablo García Velasco, Alberto González Menotti, Oscar Antonio Montes, Néstor Omar Savio, Raúl Scheller, Julio César Coronel, Juan Antonio Azic, Juan Carlos Fotea, Ernesto Frimon Weber y Carlos Generoso.

Todos ellos son integrantes del entonces "grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA", y los 19 llegarán al juicio con prisión preventiva desde hace varios años. El juicio inicialmente había sido fijado para el 6 de octubre pasado, pero la fecha se pospuso por la demora que provocó la realización del debate contra el subjefe del I Cuerpo de Ejército Jorge Olivera Rovere y cuatro jefes de "área de seguridad".

Durante el proceso oral, se analizarán más de 86 casos, entre ellos el del secuestro y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon -quienes fueron detenidas en la Iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977- y del escritor y periodista Rodolfo Walsh, capturado el 25 de marzo de 1977 en la intersección de las calles Entre Ríos y San Juan, en el barrio porteño de Boedo.

Otro de los casos es por el secuestro de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y quien fuera secuestrada y su cuerpo arrojado al mar en 1977.

Los 86 casos constituyen sólo el 10 por ciento del total de delitos perpetrados en la ESMA durante el proceso militar que se inició en 1976 y finalizó en 1983.

Asimismo, los 19 acusados que enfrentarán este juicio forman parte de un total del 30 por ciento de imputados que tiene el total de la megacausa ESMA.

En la Capital Federal (además de la megacausa ESMA) también se encuentra el amplio expediente en el que se investiga la comisión de delitos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

Ambos procesos fueron reabiertos por la Cámara Federal porteña en 2003 luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En el juicio que arrancará el jueves se prevé la declaración de unos 180 testigos, por lo que se estima que el proceso durará varios meses, e incluso podría utilizarse la feria judicial de enero para continuar con la sustanciación del debate.

El Tribunal estará integrado por los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Herzog, y como fiscal de juicio intervendrá Mirna Goransky, la misma que formuló acusación contra el ex prefecto Héctor Febrés, cuya sentencia quedó abstracta luego que fuese encontrado sin vida en su lugar de detención pocos días antes.

El juicio por la Megacausa ESMA se realizará en la llamada "Sala AMIA" de Comodoro Py los días jueves y viernes, puesto que el lugar será utilizado los demás días por otro juicio simultáneo por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros de detención ilegal Vesubio, Banco y Club Atlético, y el cual estará a cargo del TOF4.

Recordando posición de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)

ARGENTINA - AEDD: ¿Gran juicio de la ESMA? (junio 2008)

No nos queda más remedio que salir al cruce de las temerarias afirmaciones que se vienen volcando en algunos medios acerca del "Gran Juicio de la ESMA" que se avecina. Considerando que se hace mención específica a la protección de los testigos de los juicios, en ese carácter y como querellantes en la causa, nos permitimos desautorizar a que se interprete por cuenta propia la mejor manera de "protegernos". La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva.

Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura.

A casi cinco años de la anulación de las leyes de impunidad vemos con preocupación extrema que algunos sectores se refieren en términos cuasi halagüeños al juez Torres y destacan que envió a juicio oral a "casi una decena" (10) de represores por la desaparición de "casi una centena" (89) de compañeros. Olvidan señalar que eso ocurrirá solo si se acumulan en un único juicio oral cinco de los muchos tramos en los que despedazó la causa. Tampoco recuerdan que en la ESMA actuaron "centenares" de represores y que desaparecieron casi 5000 compañeros ¿Cómo pueden hablar de mega causa, de gran juicio de la ESMA, cuando aún unificando todos los tramos ya elevados a debate oral, solo se investigará a un minúsculo grupo de genocidas por un número reducidísimo de víctimas? Y que esto sea así es esencialmente responsabilidad del juez Sergio Torres. Porque desguazó en expedientes mínimos la causa sobre el campo de concentración con más pruebas: ya en el año 1979 los primeros sobrevivientes denunciaron públicamente a decenas de represores; poco después Víctor Basterra aportó a la justicia un dossier donde figuran las fotos, nombres, apellidos y grados de más de cien genocidas; en el juicio contra Scilingo llevado a cabo en Madrid se recopilaron y completaron los datos suficientes para rápidamente procesar a todos. Pero además, el juez Torres determinó que los pocos detenidos gozaran de prisiones de lujo en cuarteles de la propia fuerza o en sus propios domicilios. Así fue posible el asesinato por envenenamiento del prefecto Febres en la sede de la Prefectura de Tigre.

Al mismo tiempo que se difunden mentiras sobre la magnitud del futuro juicio oral, en el primero de los cuatro tramos elevados, el Tribunal Oral Federal Nº 5 ha decidido negarle al colectivo Justicia YA!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de DD.HH. querellantes, el derecho a tener voz durante el juicio. También se lo niega en el segundo y en el tercero y suponemos que lo hará en el cuarto. Y lo hace a pesar de saber (¿o porque sabe?) que este colectivo es el único que pide condena por genocidio y la acumulación de todos los expedientes en un solo juicio oral. Va de suyo que apelaremos hasta llegar a la Corte Suprema estas resoluciones arbitrarias de los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, pero no podemos dejar de mencionar que aparece como represalia a nuestro pedido de juicio político por su responsabilidad en no haber evitado que sus cómplices de ayer y de hoy asesinaran al genocida Febres cuándo y cómo quisieron.

Si solo estos diez represores son llevados a juicio y condenados, los otros centenares de asesinos de la marina -incluidos los que mataron a Febres- seguirán conviviendo con nosotros manteniendo a los testigos y a todo el pueblo en un total estado de indefensión y a ellos en un total estado de impunidad; la misma indefensión de la que fue víctima nuestro compañero Julio López y la misma impunidad de la que gozan sus captores.

Esta situación sólo podrá superarse si se juzga y condena a la totalidad de los genocidas que actuaron en la ESMA por la totalidad de los crímenes cometidos. Esa sí sería la mega causa ESMA que además de permitir juzgar de una buena vez a los genocidas del campo de concentración con más pruebas del país, evitaría que decenas de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos fueran obligados a prestar testimonio una y otra vez, siempre para juzgar a un reducido número de represores y por tan sólo una parte de los crímenes que cometieron. Entonces sí podremos decir, que más allá de los discursos, se ha tomado el camino que desde hace 25 años venimos reclamando: que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos