Algunos de los acusados ya declararon en anteriores oportunidades. Por ejemplo, el ex canciller Montes, el contraalmirante García y el capitán Pernías reconocieron que toda la Armada estaba implicada en la represión.
Por Diego Martínez
Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.
Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.
La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.
La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.
Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.
Honra de militar
Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.
–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?
–No tengo conocimiento.
Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.
También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.
–¿Traslado?
–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.
Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.
–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.
–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.
No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.
–Dé un ejemplo práctico.
–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.
–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?
–No recuerdo.
Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, en una sala confortable y con todas las garantías del estado de derecho, diecisiete de los cientos de represores que pasaron por la ESMA durante la dictadura tendrán a partir de hoy la oportunidad de declarar en un juicio oral y público. Sus alternativas van desde guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes victoriosos de una tercera guerra mundial e intentar desacreditar los testimonios de los sobrevivientes que los vieron secuestrar y torturar, hasta confesar cuál fue el destino final de miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia comenzará a las 10 en el subsuelo de Comodoro Py.
Desde que Raúl Alfonsín encomendó a los militares juzgarse a sí mismos, a fines de 1984, los subordinados de Massera declararon en contextos diversos, ninguno tan desfavorable como el actual, con voceros marginales y Fuerzas Armadas subordinadas al poder político. Ante la posibilidad de que Donda, Astiz & Cía. opten por el silencio, estrategia histórica de la Armada que admitió y burló el capitán médico Carlos Capdevila, Página/12 desmenuzó sus relatos oficiales ante los denominados “juzgados militares”, como testigos en el proceso a los ex comandantes, ante la Cámara Federal antes de las leyes de impunidad, en los Juicios por la Verdad a fines de los ’90, y otra vez como imputados tras la reapertura de las causas.
La participación integral de la Armada en la guerra sucia es el principal punto de acuerdo entre los imputados. “La lucha contra la subversión se encaró en forma institucional. Casi todos los integrantes, en particular los oficiales, participaron directamente”, declaró en 1986 el ex canciller de facto Oscar Montes. “Desde el almirantazgo hacia abajo, toda la institución conoció y participó”, ratificó el contraalmirante Manuel Jacinto García. “La Armada envió a todo el personal necesario, sin distinción de jerarquías, cuerpo o escalafón”, apuntó el capitán Néstor Savio. “Se empeñó toda la Armada”, dijo el capitán Antonio Pernías, quien lamentó que “por errores de contrainteligencia” hayan quedado “en el candelero” aquellos “que hubiesen sido reconocidos por el enemigo”.
La ausencia de límites territoriales para operar y la rotación permanente son útiles para dimensionar la impunidad de la que aún gozan los marinos. “La Unidad de Tareas 3.3.2 operaba en casi todo el país”, dijo Acosta. Se podía actuar “en toda la república, de hecho ha ocurrido, como en Misiones”, ejemplificó Jorge Radice. “Los grupos de tareas rotaron a la mayor cantidad posible de personal”, dijo Montes. “De quince a veinte oficiales y su-boficiales de otros destinos cumplían tareas en la UT 3.3.2 por lapsos de treinta a sesenta días”, puntualizó Acosta. “Cuarenta y cinco días”, corrigió Juan Carlos Rolón, y agregó que actuaban como “operativos”, léase cazadores de enemigos potenciales. Acosta admitió la colaboración de “un sinnúmero de civiles totalmente consustanciados”.
Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS hay apenas ciento ochenta marinos imputados en todo el país, incluidos prófugos e insanos. El mentado “honor naval”, que no les impidió arrojar personas vivas al vacío o asesinar a Madres de Plaza de Mayo, sí se aplica para encubrir a los camaradas que los sobrevivientes no identificaron. El condenado Alfredo Scilingo y el médico Capdevila son las excepciones que confirman la regla. Capdevila aportó nombres reales y alias de ex miembros del GT 3.3 como Hugo Siffredi (Pancho), Edgardo Otero (Honda) o Carlos Daviou (Justo). Un año después entregó la resolución secreta 745/78, por la cual Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el GT 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye a trece de los que juzga el Tribunal Oral Federal 5 y a veintisiete que el juez federal Sergio Torres todavía no ordenó detener.
Honra de militar
Una característica común de las declaraciones pasa por ufanarse de la eficacia para interrogar sin admitir las torturas. “Se contaba con minutos para implementar nuevas operaciones”, pero “nunca se torturó ni vejó a nadie”, aseguró Montes. “Si en menos de dos horas el capturado no daba información, la efectividad de la inteligencia se reducía totalmente”, dijo Acosta, que según Massera tenía “una bomba atómica en la cabeza” y para quien las denuncias de torturas son “una infamia”. El procedimiento era “de preguntas y respuestas, similar al que estoy siendo sometido ahora”, bromeó ante un juez militar. “Imagino que se hacía sentado en una silla, formulándole preguntas y contrapreguntas”, sugirió García.
–¿Qué ocurría si el detenido se negaba a declarar?
–No tengo conocimiento.
Otro delito que a diferencia de la desaparición de personas repudian los marinos es el robo de bienes. “Si se llevaron un mueble o una heladera, posiblemente fue para verificar embutes”, dijo Acosta. “Me afecta mi honra de militar estar sentado aquí no por haber sido un combatiente del terrorismo sino por haber cometido actos delictivos relacionados con dinero o bienes mal habidos”, aseguró Rolón.
También los hermana el pacto de silencio sobre el destino final de los desaparecidos, que sólo Scilingo quebró en público. Montes dijo durante el Juicio a las Juntas que los detenidos que no pasaban al Ejecutivo eran derivados a “tribunales especiales militares”, cuyos fallos se intuyen pero nunca se conocieron. Radice llegó a ver “veinte cadáveres en un día”, pero “desconoce por completo el destino de los cuerpos”. Lo definía “el comandante del GT y diría que escalones superiores de la Armada y del esquema operacional”, dijo Acosta, que en los ’70 decía ser Jesucristo y se ufanaba de decidir vidas y muertes. Consultado sobre el significado de palabras de uso común en la ESMA, el Tigre dijo ignorar qué eran Capucha y Capuchita.
–¿Traslado?
–Nada en especial, aun cuando es prácticamente tipificada la expresión para ordenar el movimiento de una persona capturada después de su interrogatorio.
Acosta llegó a afirmar que no hubo detenidos ni secuestrados, sólo inocentes liberados en horas y “terroristas subversivos” que de buen gusto se convirtieron en “agentes de inteligencia”.
–¿No había nadie en el medio que “tuviera que ver”, en su terminología, y no aceptara colaborar? –se permitió dudar el entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, que lo trataba de “capitán”.
–Posiblemente, pero qué es lo que pasaba con ellos, no conozco –dijo Acosta, quien el mes pasado se sintió “intimidado” cuando familiares de víctimas aplaudieron la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh.
No menos desmemoriado estuvo en 1985 Jorge Radice. “La superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden, accionaba las armas”, explicó.
–Dé un ejemplo práctico.
–A su frente hay una ventana. “Bata esa ventana con fuego” (le ordenaban), y tiraba a la ventana.
–¿Alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano?
–No recuerdo.
