Prisión preventiva y embargo contra suboficiales de la ESMA

El juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 650.000.000 de pesos al suboficial de la marina Carlos Galián, por su presunta participación en ilícitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.

En esa misma causa y también por los supuestos delitos de imposición de tormentos y privaciones ilegales de la libertad, la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva y embargo de 94.000.000 de pesos al ex agente de inteligencia de la Prefectura Naval Jorge Manuel Díaz Smith.

Fuentes judiciales aclararon que el monto del embargo determinado por el magistrado responde al criterio de fijar 1.000.000 de pesos por cada supuesto ilícito. Se atribuye a Galián, alias "Pedro Bolita", responsabilidad como "partícipe necesario", en 635 casos de tormentos y privaciones de la libertad, algunos de ellos seguidos de muerte.

Galián, detenido semanas atrás, aparece sindicado por testigos de la causa como un "pieza clave" y de "máxima confianza" como represor en el establecimiento que funcionó como un centro de detención clandestino durante el último gobierno de facto.
El procesado, de 66 años, vivía en una casa ubicada en Magallanes al 700, en la localidad bonaerense de Ciudadela, cuando por disposición de Torres, fue detenido por efectivos policiales.

La detención de Galián fue el resultado de un "exhaustivo" cotejo de pruebas reunidas en la causa, ya que el ex suboficial de la marina solo aparecía con su apodo en los testimonios y constancias sumariales que instruye el juez con el fiscal Eduardo Taiano.
Tras la identificación, para la cual fue "muy importante" el reconocimiento a través de fotografías, Torres ordenó el allanamiento a la finca ubicada en Ciudadela y se procedió a la detención de Galián. Varios testigos contaron que los "Pedros" eran los guardias que custodiaban a los prisioneros y Gaitán tenía su seudónimo debido a sus marcados rasgos de los individuos del altiplano.

Los testigos agregaron que Galián tenía a su cargo "el traslado de los detenidos al lugar desde el cual se realizaba el despegue de los `vuelos de la muerte`" como se llamaban a aquellos desde los cuales las víctimas eran arrojadas desde aviones al mar.
También se le atribuyó haber participado en la custodia de mujeres embarazadas que permanecían secuestradas en la ESMA y estar vinculado a la apropiación de niños nacidos cuando sus madres se hallaban privadas de la libertad, en lo que fue el instituto de formación naval.

La Sala II de la Cámara confirmó la medida de primera instancia que Torres le dictó a Smith, ex jefe de las divisiones de Operaciones y Logística de la Prefectura Naval Argentina, y se afirma que Smith, "muy apto para tareas de inteligencia", según un informe de sus superiores, habría actuado como oficial de "enlace" con los represores de la ESMA.

Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, rastreó los datos del prefecto Díaz Smith durante diez años; y extendió su rastreo desde Misiones hasta Necochea y organizó escraches cuando aún no había orden de detención.
Díaz Smith secuestró, torturó, falsificó documentos y le robó el bebé a una mujer que parió en el sótano de la ESMA. Ya en democracia, siguió controlando los días y las noches de quienes sobrevivieron a aquel infierno. Con sus delitos a cuestas, el prefecto Jorge Manuel Díaz Smith logró escabullirse. Los datos que ayudaron a rastrear al represor fueron aportados por un ex detenido-desaparecido que, tal como hizo con otros de sus verdugos, durante todo este tiempo fue juntando información sobre la vida en libertad de Smith.
Carlos Lordkipanidse aportó hace años gran cantidad de documentación y recuerda a Díaz Smith como un hombre rubio, de bigote fino y casi pelado que en 1979 llegó al sector 4, en el subsuelo del centro clandestino, donde se hizo cargo de las salas de torturas, de la falsificación de documentos y del control telefónico.
“Su alias era Luis y también se hacía llamar Horacio Lázaro. No sólo actuaba adentro de la ESMA. También participó de algunos operativos de secuestros, como el de René Haidar, uno de los tres sobrevivientes de la Masacre de Trelew, a quien fue a buscar a Brasil”, relató el sobreviviente.

El represor que no aparecía por "motivos de salud"

Néstor Omar Savio, también conocido como "Halcón", fue integrante del sector Logística del GT 3.3.2 de la ESMA. Capitán de fragata retirado, se encuentra detenido en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo, hoy bajo la órbita del SPF. Por razones de salud, se suspendió el proceso para este imputado.

Es necesario aclarar que este represor fue identificado en numerosas ocasiones por los sobrevivientes, y está imputado en diferentes procedimientos judiciales, como en la causa denominada "ESMA",  había logrado eludir hasta el momento el procesamiento por los crimenes comentidos en la ESMA.

ESMA: detuvieron a un ex marino acusado de participar en los vuelos de la muerte

El presunto ex represor de la ESMA Carlos Galián, un ex suboficial conocido en ese campo de concentración como el "Pedro Bolita", fue detenido luego de pasar varios años prófugo. El juez Sergio Torres le imputó su presunta participación en 600 delitos, entre ellos, los "vuelos de la muerte".

Según informaron fuentes judiciales, el marino retirado fue localizado ayer en una casa de la en la Ciudadela, en la calle Magallanes al 700.

Algunos sobrevivientes dijeron que era el encargado de llevar a los prisioneros a "El Dorado", la antesala del traslado a los aviones navales de los "vuelos de la muerte". Además, explicaron que era quien atendía a las parturientas a quienes después se les robaban sus bebés.

En el centro clandestino que funcionó en la ESMA, los oficiales del grupo de tareas 3.3.2 llamaban a todos los suboficiales por el apodo de "Pedro" y en el caso de Galián le sumaron "Bolita" por sus rasgos aborígenes del altiplano.

La identificación de Galián, que en el expediente sólo figuraba como "Pedro Bolita", fue posible por el reconocimiento de varios sobrevivientes mediante el cotejo de fotografías del plantel de personal destinado en la ESMA.

El juez federal Sergio Torres, con intervención del secretario Pablo Yadarola, le imputó su presunta participación en 600 hechos de torturas, privación ilegal de la libertad, y apropiación de menores.

El Tigre Acosta continúa en las amenazas : “La guerra revolucionaria podría reactivarse”

El marino reveló que en la Armada, tras el retorno a la democracia, consideraban que uno de los grandes problemas había sido “dejar gente viva”. Al igual que Adolfo Donda, se quejó por la actitud de los jefes que no se hicieron cargo de las órdenes.
   
Por Diego Martínez

El capitán Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, se definió ayer como “un combatiente”. No precisó en qué batallas intervino. Aseguró con voz pausada que “jamás buscó la muerte”, aunque admitió “algunas causadas por mi accionar militar”. No especificó si con fusil o picana. Tampoco el destino de los cuerpos de sus enemigos. Criticó a sus superiores por no haberse responsabilizado de los trabajos sucios encomendados y aseguró que “uno de los grandes problemas” de la conducción naval tras el retorno democrático fue “haber dejado gente viva”. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse en tono gramsciano”, alertó, y para conocer “la verdad” aconsejó no leer Página/12, sugerencia que incumplieron los camaradas de la bandeja superior. Luego declaró el capitán Raúl Scheller, quien leyó antiguas declaraciones en las que admitió su actuación como interrogador en la ESMA. El juicio en Comodoro Py continuará hoy a las nueve y media.

Acosta sobreactuó desde el comienzo. Cuando le preguntaron si tenía apodos contó que de niño le decían Gales y se explayó sobre una nota de Miguel Bonasso en Página/12. “Gales no les pinchaba los ojos a los pajaritos. Gales tenía dos palomas a las que quería mucho, un pato y un gato a los que quería mucho. Hoy tengo una perra a la que quiero mucho”, dijo. En referencia a una periodista que se permitió dudar de la capacidad para “amar terriblemente a los chicos” de quien se ufanaba de decidir vidas y muertes, explicó que la expresión se basa en “una concepción cristiana: amar hasta que duela”. Agregó que en la Escuela Naval le decían Chupete (no explicó el motivo) y “no tengo ningún otro apodo”, aseguró, contrariando a los sobrevivientes y a su amigo abogado Mariano Gradín, que al verlo ingresar a la sala durante la audiencia inicial levantó los brazos y con voz de ultratumba gritó: “¡Tigre!”.

–¿Va a prestar declaración? –le preguntó el juez Daniel Obligado.

–Afirmativo.

Acosta admitió su “actividad antiterrorista” entre mediados de 1976 y principios de 1979, y agradeció al tribunal la decisión, rechazada por el fiscal Pablo Ouviña, de no incorporar como pruebas las declaraciones ante jueces militares. Es comprensible: en 1986 se explayó sobre la importancia de obtener información en tiempo record, admitió que los detenidos llegaban vendados y “acostados en el asiento de atrás”, y explicó que “actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.

La declaración comenzó con un “absoluto homenaje” a las víctimas de “los desencuentros violentos que tuvimos los argentinos”. Acosta admitió que “algunas” muertes fueron “causadas por mi accionar militar”, pese a que “la Unidad de Tareas 3.3.2 jamás buscó la muerte”. Sin escalas saltó al presente. Dijo que hasta hace tres meses “estaba convencido de que esta guerra había terminado” pero que comenzó a dudar a partir de declaraciones de la diputada Victoria Donda (“la lucha no terminó”), del músico Andrés Calamaro (“los represores de la ESMA tendrían que estar muertos”, dice que dijo) y de la sobreviviente Graciela Daleo, sobre la importancia de que los procesados excarcelados no circulen impunes por las calles.

“¿Qué odio hay todavía? ¿Qué pretenden? ¿Un nuevo enfrentamiento? ¿Serán estos juicios que lo están desatando?”, planteó con humos de filósofo. “La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse, ya no en sentido trotskista, sino en tono gramsciano. Esto es un alerta”, advirtió.

Igual que Astiz el día anterior, historió los años previos al golpe con especial énfasis en la amnistía de 1973. “Terroristas que hoy están en el gobierno como Eduardo Luis Duhalde o el procurador (Esteban) Ri-ghi abrieron las puertas de la cárcel”, liberando a “jóvenes ávidos de venganza, porque no eran profesionales de la guerra”, dijo. Agregó que “se aglutinaron en la patria socialista”, admitió a pie de página sus lecturas dominicales de José Pablo Feinmann y se detuvo en “la patria peronista, que comenzó a sembrar la muerte en la Argentina”. Desatada “la guerra interna, había subrepticiamente cuadros de las fuerzas armadas de uno y otro lado, tal vez más en la patria peronista”, admitió. “Estalló la guerra”, dijo, y para justificar el golpe invocó “la imperiosa necesidad de las Fuerzas Armadas, por haber sido superadas las fuerzas policiales y de seguridad”.

Hizo una pausa y saltó sin escalas a 1983. “Fin de la guerra, restauración de la paz, con muchas víctimas”, resumió en tono de estadista, y retomó a Adolfo Donda para criticar a la conducción que les soltó la mano. Centró la responsabilidad en los vicealmirantes Barry Melbourne Hussey, Argimiro Luis Fernández (jefe del Servicio de Inteligencia Naval) y Adolfo Arduino, su comandante en 1976. “Uno de los grandes problemas” que se planteó la Armada en democracia fue “haber dejado gente viva”, admitió, y negó su colaboración en proyectos de Emilio Eduardo Ma-ssera. “No me quise ir, me retiró la Armada. No tengo aspiraciones políticas, soy un militarcito”, dijo. Renegó porque la justicia militar encubrió a sus superiores y con un organigrama repasó la línea de comando de la que dependía.

“Me niego a aceptar los hechos”, dijo en referencia a los secuestros, torturas y asesinatos que se le imputan en las causas conocidas como Testimonios A y B. Dedicó un párrafo especial a Rodolfo Walsh. “Analicé su desempeño, su capacidad intelectual, su trabajo al servicio del terrorismo, y tengo la certeza de que no quería ser detenido con vida. Esa era su convicción”, afirmó como quien devela un secreto de Estado.

Por último denunció “una persecución política-jurídica desde hace tiempo” y aclaró que no ratificaba sus declaraciones anteriores. “Entre la guerra y la paz, propongo la paz”, dijo. Y “si esta guerra no terminó, yo estaré del lado de la racionalidad y la proporcionalidad”, el mismo término que con citas de Juan Pablo II usó en 1986 para justificar sus crímenes: “La ESMA actuó con proporcionalidad. Actuamos militarmente matando a quien utilizaba un arma en combate”.

A las cuatro de la tarde pasó al frente Scheller. A diferencia de Acosta, lejos de renegar de sus antiguas declaraciones las leyó en voz alta. Comenzó por las de 1985, cuando integraba el Estado Mayor General de la Armada. El juez militar le tiraba nombres sobre la mesa, Scheller decía una y otra vez no conocerlos, hasta que se detenía en algunos, siempre sobrevivientes, “terroristas que pretenden ensuciar a la Armada”, y detallaba antecedentes lejanos e informaciones aportadas en interrogatorios.

–¿Incluían torturas? –preguntaba el juez.

–Negativo, señor.

El "Tigre" Acosta reconoció que hubo prisioneros en la ESMA

Por primera vez, el ex jefe del grupo de represores de la Marina admitió que mantuvo a personas detenidas. Rindió homenaje a sus víctimas pero dijo que se trató de una “guerra civil”.El represor se declaró responsable de las órdenes que dio. "Las violaciones a los derechos humanos no se pueden evitar".



Por primera vez, el ex jefe de represores de la ESMA y ex capitán Jorge "Tigre" Acosta asumió hoy que "hubo personas detenidas" en ese centro naval en la dictadura pero no reveló detalles sobre cómo fueron eliminadas en los "vuelos de la muerte", rindió "homenaje" a las "víctimas fatales" de su "accionar militar" y admitió que "hubo daño injusto como en toda guerra injusta".
El marino retirado, de 68 años, mencionó entre quienes estuvieron prisioneros allí a Martín Gras, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, y a la profesora universitaria Graciela Daleo, ambos por entonces militantes del ala izquierda del peronismo.

Además, admitió que "por supuesto que hubo daño injusto, como en toda guerra injusta".

Acosta también manifestó que "quiero rendir homenaje a todas las víctimas fatales que se produjeron en nuestro país" durante lo que llamó "una guerra civil" y reconoció que "algunas de esas víctimas fueron causadas por mi accionar militar en la unidad de tareas 3.3.2" que, asombró, "jamás buscó la muerte".

En la declaración indagatoria que prestó ante el Tribunal Oral Federal Cinco (TOF5), que lo enjuicia junto a otros 18 ex represores en el llamado "juicio de la ESMA" por los crímenes de lesa humanidad perpetrados allí, Acosta por momentos se perdía en una exposición desordenada e incoherente.

El ex capitán asumió que de 1976 a 1978 se desempeñó como "jefe de inteligencia" de la unidad de tareas 3.3.2 de la ESMA y detalló que las órdenes para luchar contra "la guerra civil revolucionaria terrorista en entorno trotskista" provenían "de la Junta Militar" y se plasmaron en el "Placintara (Plan de Capacidades Internas de la Armada).

"Yo soy un combatiente, no soy una víctima", enarboló Acosta y asumió en un intento de desincriminar a sus compañeros del banquillo de los acusados que "soy absolutamente responsable de todas las órdenes militares que he impartido" menos, puso a salvo, "de los oficiales que se llevaron cosas de las casas de los extremistas, que fueron sometidos al Código de Justicia Militar".

El ex oficial se quejó de que en la Armada "me retiraron" y también protestó porque sus superiores en la fuerza le enrostraban que "el gran problema (para ellos) fue dejar gente viva porque la estábamos recuperando, según ellos, pare el proyecto político del almirante Massera".

"Yo no sé qué quiere decir eso del proyecto político (...) soy militarcito desde la Escuela Naval", ironizó.

Acosta advirtió sobre lo que para él son "terroristas que hoy están en el Gobierno" y mencionó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el Procurador General de la Nación, Eduardo Righi, y agregó: "Alerto que la guerra revolucionaria total que vivimos hasta 1983 hoy puede reactivarse en un entorno gramsciano".

A partir de la deshilvanada declaración de Acosta y su negativa a responder preguntas, la Fiscalía pidió la palabra para señalar algunas contradicciones en su exposición y reclamar la posibilidad de hacerle preguntas, ante lo cual el TOF5 dispuso un cuarto intermedio hasta media tarde.

Astiz : “Actuamos en defensa del Estado y la nación”

ALFREDO ASTIZ REIVINDICO EL TERRORISMO DE ESTADO EN EL JUICIO POR LOS CRIMENES EN LA ESMA

El ex marino justificó la represión ilegal con discursos de Perón sobre la necesidad de “exterminar terroristas”. Dijo que la Justicia responde al Ejecutivo y que hay “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió al terrorismo”.
Por Diego Martínez

Alfredo Astiz declaró ayer durante setenta y ocho minutos ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad en la ESMA. No negó los crímenes que le imputan. No mostró arrepentimiento. No pidió perdón. Admitió los hechos a su manera. Con discursos de Perón sobre la necesidad de “exterminar terroristas”. Con los decretos de aniquilamiento de Luder, Cafiero & Ruckauf. Con un supuesto “apoyo de la sociedad, reflejado en el periodismo de la época”. Afirmó con esmerado rostro adusto que Néstor Kirchner dio en 2003 “un golpe de Estado” al designar “una nueva mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el Poder Judicial responde “a las órdenes del Ejecutivo”, que existe “un ataque organizado y sistemático al grupo de personas que combatió al terrorismo” y advirtió que “los responsables e implicados en esta persecución deberán responder en el futuro”, frase significativa para quien se ufanó de ser “el hombre mejor preparado para matar políticos o periodistas”. Hoy a las once tendrá la palabra Jorge Acosta, ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.

La jornada comenzó con forcejeos en la vereda de Comodoro Py, donde agentes de la Federal se avalanzaron sobre un camarógrafo de la agencia Reuters para impedirle tomar imágenes del dictador Jorge Videla. El papelón continuó a la tarde, con malabarismos de los penitenciarios que trasladan a los represores para impedir que los reporteros hicieran su trabajo. El fotógrafo de Página/12 tuvo que disparar su cámara con una Itaka pegada al pecho. Los camarógrafos presentes, de canales que curiosamente no cubrieron la declaración de Astiz, aseguran que Videla y los imputados de la ESMA partieron rumbo a Campo de Mayo y Marcos Paz, respectivamente, en el mismo camión del Servicio Penitenciario.

Menos formal que sus camaradas, con jean y pulóver, Astiz caminó hasta la silla reservada a los testigos con el vaso de agua en una mano y una carpeta celeste en la otra. Se sentó, miró hacia la bandeja superior en busca de cariño y se dispuso a dar sus datos.

–¿Apodos? –preguntó el juez Daniel Obligado.

–Alfredo –respondió el hombre, que infiltrado en las Madres de Plaza de Mayo se hacía llamar Gustavo Niño.

–¿Grado militar?

–Capitán de fragata –mintió, pues lo perdió tras ostentar ante una periodista sus dotes como asesino.

Luego leyó en castellano borrascoso un discurso de catorce carillas, que más tarde distribuyó un camarada. Astiz se definió como “democrático y profundamente republicano” y dijo no compartir ideales con ningún totalitarismo, incluido el nacional-socialismo, al que considera “de izquierda (sic)”. Luego intentó dar cátedra sobre terrorismo. Recordó la Tricontinental de 1966, la Organización Latinoamericana de Solidaridad y la Junta Coordinadora Revolucionaria en 1974, con la que consideró instituida “una organización terrorista continental dirigida por la Unión Soviética y Cuba”. Enumeró acciones militares durante el gobierno peronista anterior al golpe de Estado y reforzó su argumento con citas de Luis Mattini, ex dirigente del PRT, quien admitió que “nunca pensamos en democracia”, y de Martín Caparrós, cuando escribió que “creíamos muy sinceramente que la lucha armada era la única forma de llegar al poder”.

Dedicó el segundo capítulo a la obediencia debida. Aseguró que fue justificada por San Martín y Belgrano, explicó que como subordinado tenía vedado inspeccionar “lo bueno o malo de una orden” y consideró “ridículo” pretender semejante actitud de un militar “durante el fragor del combate y bajo fuego enemigo”. Prefirió no dar ejemplos. En línea con el capitán Adolfo Donda, dijo que “no delinque el militar que cumple órdenes, sino el superior que no se hace responsable de las órdenes que ha dado”.

Para justificar el terrorismo de Estado invocó “órdenes verbales” de Perón luego del copamiento del Regimiento de Azul, cuando pidió “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal”. También citó al diputado peronista Alberto Stecco, que propuso “perseguir a los subversivos y aniquilarlos como ratas”. Aseguró que “las Fuerzas Armadas cumplieron con el mandato constitucional, con leyes y decretos vigentes, en legítima defensa del Estado y la Nación”. Nada dijo sobre la legitimidad del golpe de Estado. Tampoco sobre las normas en las que se fundó el método cristiano de arrojar personas vivas al vacío desde aviones militares.

De los casos que le imputan, sólo se refirió al de las Madres y las monjas secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz. Puso en duda “la seriedad de los exámenes” que permitieron identificarlas y pidió que se reiteren. Es comprensible: no podrá ser condenado por homicidio por miles de desaparecidos, pero sí por las víctimas que el Equipo Argentino de Antropología Forense inhumó, identificó y entregó a sus seres queridos.

Producto del “golpe de Estado” kirchnerista existe una “permanente e ilegal presión” del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, sostuvo. Le consta por “editoriales del diario La Nación”. “¿Qué siento de la Justicia argentina?”, preguntó e hizo una pausa cual si fuera a emitir una reflexión profunda. “Que está permanentemente subordinada a las necesidades políticas”, respondió. Sugirió “oscuras manipulaciones”, advirtió sobre “la creciente inseguridad jurídica que azota a la Nación” y no se privó de amenazar al TOF5. Son “una comisión especial de facto”, dijo, y les advirtió que “deberán hacerse cargo de su incalificable accionar cuando vuelvan a imperar las instituciones de la República”.

El cierre fue digno de un canalla: “Si realmente quieren saber qué pasó”, advirtió en una sala repleta de padres e hijos de desaparecidos que esperan desde hace treinta años una confesión sobre el destino final de sus seres queridos, “deberían juzgarnos como legalmente corresponde, por nuestros jueces naturales, es decir la justicia militar”.

Hoy podrían declarar Acosta y Astiz... pero ¿tendrán valentía para ello?

Luego de escuchar durante tres meses los delitos que se les imputan, Jorge Acosta y Alfredo Astiz, dos de los principales íconos del terrorismo de Estado, tendrán hoy finalmente la oportunidad de declarar en un juicio oral y público con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho. El ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y el entonces teniente que se infiltró entre familiares de los desaparecidos y más tarde se rindió en Malvinas sin disparar un tiro podrán optar entre guardar silencio para proteger a los camaradas impunes, reivindicarse como combatientes de una “guerra civil revolucionaria” o, menos probable, confesar frente a padres, hijos y hermanos de sus víctimas cuál fue el destino final de los miles de desaparecidos vistos por última vez en la ESMA. La audiencia, abierta al público, comenzará a las diez en el subsuelo de Comodoro Py.

“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, recordó el viernes el capitán Adolfo Donda, el primer imputado que decidió hablar, aunque no responder preguntas, ante el Tribunal Oral Federal 5. El ex jefe de operaciones del GT 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del acuerdo entre el gobierno radical de Raúl Alfonsín y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ‘80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, recordó Donda.

Durante la misma audiencia, el capitán médico Carlos Capdevila tampoco aceptó responder preguntas pero se explayó sobre los testimonios que lo incriminan. Admitió que trabajó en la enfermería de la ESMA, que funcionó en el sótano del Casino de Oficiales, pero aseguró que “no he sentido nunca gritos de tortura”. También sugirió que las declaraciones en su contra fueron “inventadas” por sobrevivientes y que, según los testigos, “todos estábamos torturando en todos lados”. El prefecto Juan Antonio Azic, quien en 2003 intentó suicidarse, negó todas las acusaciones en su contra y se negó a declarar, igual que el contraalmirante Manuel García Tallada. Hoy será el turno de los imputados en la causa Testimonios A, la mayor de las cuatro acumuladas, que incluye los casos de 79 víctimas que pasaron por la ESMA, incluidos sólo un puñado de sobrevivientes.