jueves, 9 de septiembre de 2010

Testimonió Adriana Marcus, sobreviviente de la ESMA

Surrealismo y perversión
El trabajo esclavo en la ESMA. Las salidas a comer. Un viaje a México con dos represores. Los pequeños gestos de resistencia, como hacer menos audibles o modificar escuchas telefónicas que les hacían desgrabar.
    
 Por Alejandra Dandan

“Surrealismo”, “condiciones fuera de lo normal”, pronunció en la audiencia. Todo estaba ahí dentro, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Eran surrealistas, dijo, las rosas negras que el Tigre Acosta mandó una madrugada a la casa de su madre. Fue surrealista subirse en un avión y hospedarse en un hotel pituco de México con dos represores. Fue extraño ver la cara del portero de Mau Mau cuando saludó a Jorge “Tigre” Acosta como al dueño de casa, o pensar que así como otras secuestradas pintaban con lápiz labial las puertas de un baño del Globo para rebelarse, ella pedía calamaretis fritos porque era el plato más caro. Seguir siendo secuestrada a pesar de la falta de grilletes. O seguir sintiendo la presencia de Ricardo Cavallo cuando su tiempo en la ESMA terminó.

Adriana Marcus habló casi tres horas en la audiencia de ayer del juicio por los crímenes de la ESMA. Frente a ella, a unos cinco metros, estaba sentado Ricardo Cavallo con su computadora personal y sus dos abogados. Cavallo, “Marcelo” en el centro clandestino, parecía un joven profesional que podría haber pasado por estudiante de cualquier carrera. Cavallo fue su último guardia personal.

A Adriana la secuestraron el 26 de agosto de 1978; tenía 22 años, hacía el quinto año de Medicina, trabajaba de enfermera en el Hospital Finochietto por la tarde y por la mañana en el Castex. Cuando iba a poner la llave en la cerradura de su departamento, la puerta se abrió. “Adentro estaba oscuro, sentí un grito –dijo–. Después me di cuenta de que había sido yo.” Le pusieron esposas, una venda, y la tiraron en la parte de atrás de un auto. En la ESMA, sobre un camastro de metal, con el cuerpo desnudo, brazos y piernas abiertas, “me revisaron todos los orificios posibles en busca de una presunta pastilla de cianuro”. La manosearon, la toquetearon, le pellizcaron los pezones amenazándola, preguntándole por personas que supuestamente conocía.

Pasó dos meses en el suelo de gomaespuma de Capuchita. La hicieron bajar varias veces. Verónica Freier, su compañera de celda, estaba segura de que la iban a matar. Le dijo que si a ella le daban alguna tarea, había que aceptarla porque tenía que salvarse para poder contar lo que estaba pasando: “A mí me parecía un horror –dijo Adriana–. Pero me decía que ella era del Partido Obrero y entonces no tenía posibilidad de sobrevivir y que nosotros hiciéramos todo lo posible para sobrevivir”.

El 15 de septiembre la dejaron hablar con su familia. La pasaron a Capucha y luego a un “camarote”, un cuarto con tres camas, una arriba de la otra. Un día llegó la tarea: la llamaron para preguntarle si podía traducir al alemán un dossier sobre la formación de las distintas organizaciones políticas y militares en la Argentina. Les dijo que sí, pidió un diccionario, no tenían, y ella les pidió permiso para consultar las dudas por teléfono con su padre.

La traducción la hacía en el Dorado, donde había una fotocopiadora y compartía una mesa de trabajo con Cristina, otra detenida. Además desgrababan escuchas telefónicas “poco audibles, a las que hacíamos menos audibles todavía”. Omitieron datos o transcribieron fragmentos insignificantes. Un día la llevaron a la “huevera”, una habitación tapizada de envases de huevo para disminuir el ruido. Hicieron que se vistiera bien, que se diera vuelta y mirara a un punto fijo. Los represores Emilio Massera y Armando Lambruschini estaban haciendo el cambio de mando, dijo ella, y probablemente reconociendo lo que había.

“Ocurrían cosas extrañas”, dijo Adriana cuando la idea de lo surrealista se apoderó de la declaración. Los llevaron a una quinta en Del Viso, en una suerte de paseo de amigos, donde convivían represores y víctimas.

“A ver, subversivas –les dijeron una vez–. ¡Vístanse de mujeres!” Y ellas no sabían si tenían que vestirse para un vuelo de la muerte. La llevaron a cenar al Globo con un algunos compañeros, varones y mujeres. “Era muy difícil sostener esa situación –explicó– porque se armaban debates en los que sentías que nos estaban probando para ver si pisábamos el palito, que San Agustín, que Ortega y Gasset, que el rol de las mujeres, que el feminismo.” “Nosotras –añadió– tratábamos de intervenir lo menos posible; tampoco quedarnos calladas: era estar en el filo de la navaja entre no traicionarnos y tampoco abrir un debate para quedarnos en inferioridad y que nos volviesen a meter en Capuchita.”

Otra noche la llevaron a Mau Mau. “Sé que estaba Astiz y era muy desagradable porque, si bien no teníamos las capuchas, estábamos presas, y había que estar.”

“Acosta nos dijo que se habían equivocado con nosotras –contó–, que nos tenían que haber matado porque íbamos a ser tan hijas de puta de acusarlos en alguno de los Nüremberg, pero nos aseguró que para entonces, él iba a estar muy lejos, que se iba a ir Sudáfrica.” Lenta. Calmada. Después de pedir un vaso de agua al tribunal, Adriana continuaba hablando, incluso sobre la posibilidad de ese juicio que les parecía tan lejano. “Teníamos la sensación de que ese estado de cosas eran para siempre, que no iban a terminar.”

El 24 de abril de 1979 entró en un período de trabajo forzado en un departamento de Jaramillo y Zapiola en el que funcionaba una oficina de prensa al servicio del proyecto político de Massera, donde clasificaban información. En el garaje había una biblioteca donde habían puesto, “evidentemente”, los libros que se habían robado de la casa de los secuestrados. Ellos poco a poco los fueron “recuperando”.

Adriana hizo un viaje a México con Adolfo Miguel Donda y Alberto Eduardo “el Gato” González. Le dieron un pasaporte falso. “No sé qué iban a hacer; tal vez el ser tres les era más creíble que ser dos hombres solos.” Una primera idea era que iban porque estaba Jaime Dri. Con alguna de sus compañeras, Adriana pensó que quizás iban a ir a buscarlo para mostrarlo como trofeo en la ESMA. Una noche entró en su cuarto el Gato con un intento de empezar un manoseo. “Se ligó un rodillazo y se fue a las puteadas; evidentemente no había conciencia del costo que podría tener, pero no lo tuvo.”

En el DF fueron a la iglesia, a comer, vieron El huevo de la serpiente en el cine, anduvieron en el metro y, por el parque de la Universidad Autónoma, Donda le dijo que tenía un hermano que era “subversivo” como ellos, que no había podido hacer nada por él, pero que había “salvado” a su sobrina. (Donda se quedó con la hija mayor de su hermano. La menor, Victoria Donda, nació en la ESMA y fue apropiada luego de la desaparición de sus padres.)

El padre de Adriana pidió por ella en el Ministerio del Interior, en la Embajada de Israel y, como son alemanes, en la Embajada de Alemania. El cónsul o embajador lo puso en contacto con alguien que tiempo después reconocieron como Carlos Españadero, del Servicio de Inteligencia del Ejército. Lejos de ser alguien dispuesto a ayudar, a su padre le pareció que buscaba información. Tiempo después, la embajada aseguró ante el colectivo de exiliados y familiares que le habían salvado la vida. Adriana le dijo al responsable de ese momento que no era así, que más bien había habido complicidad.

Rolón tiró arroz en la boda de su hija

 Por Rodolfo Yanzón, abogado especialista en DD.HH. 

El juez federal Sergio Torres le otorgó ese beneficio al ex marino, detenido en Marcos Paz. El viernes lluvioso y gris no impidió que cerca del Río de la Plata una pareja festejara la celebración de su matrimonio junto a unos cuarenta invitados. Un apellido se reiteró entre los presentes: Rolón. Entre los comensales que se preparaban a paladear los platos y degustar los vinos elegidos se encontraba el padre de la novia, Juan Carlos.

Llegó puntualmente a las 14 horas al Centro Naval de Olivos, conducido en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal y custodiado por unos pocos agentes. Días antes, Juan Carlos Rolón había escuchado, en la sala de audiencias en la que está siendo juzgado, a Martín Gras, sobreviviente de la Esma. Gras, al finalizar su testimonio, recordó que estando cautivo en el campo de exterminio Rolón le dijo, pensando que podía haber un juicio como el de Nüremberg, “a mí no me gusta torturar”. “No te gustará, pero torturaste”, le dijo Gras. “Prometeme que si hay un juicio vas a decir que a mí no me gusta torturar”, le dijo el verdugo. “Si hay un juicio, te prometo voy a declarar que dijiste que no te gustaba torturar, pero que torturaste”, fue la respuesta. “Después de más de treinta años, cumplo con esa promesa”, concluyó Gras su declaración ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5).

Días atrás el abogado defensor Alfredo Solari, pagado por la Armada Argentina, viajó a Miami para evitar que los Estados Unidos extraditen a Roberto Bravo, uno de los responsables de la masacre de Trelew, porque el hombre fue exculpado por la Justicia Militar y porque argumentó que existe una persecución política contra los uniformados. Apenas regresado al país se presentó ante el juzgado federal de Sergio Torres para pedir que autorizacen a su asistido Rolón a ir a la celebración del casamiento de su hija. Aunque no está contemplado en la legislación, el juez lo concedió para fortalecer las relaciones familiares del preso y porque se encuentra privado de libertad desde 2003 sin sentencia firme. Se concretaba así la salida de la cárcel para ir a un lugar en el que se codean los hombres del arma, de picana y capucha. Una vez más se reiteran privilegios para imputados de crímenes de lesa humanidad que no se otorgan a presos comunes. Hasta el día de hoy, para el TOF 5 que lo está juzgando, Rolón jamás salió de la cárcel. Nadie le avisó. Y tanto la fiscalía como los querellantes se vieron privados de emitir opinión sobre un hecho que puede incidir negativamente en el desarrollo del juicio.

El criterio que benefició a Rolón fue plasmado años atrás, en los que se concedieron salidas por los motivos más variados. El caso más conocido es el de Héctor Febrés, que murió por ingesta de cianuro en una base de la Prefectura Naval, mientras contaba las horas para conocer el veredicto del tribunal que lo estaba juzgando. Febrés pasó vacaciones de verano junto a su familia a cientos de kilómetros de su lugar de detención. Otros motivos para salir de la cárcel fueron los médicos. Desde que perdieron su libertad, la valiente muchachada de la Armada comenzó a tener tantas dolencias y achaques que no alcanzan los días para ser atendidos y tuvieron que ir en yunta a los mismos profesionales.
Un caso de gravedad fue el de Oscar Lanzón, también imputado en la causa Esma. Alegó ser alcohólico y así obtuvo el arresto domiciliario, aunque la ley sólo lo prevé para mayores de setenta años y enfermos terminales.
El mismo día del inicio del juicio oral en diciembre de 2009, algunos imputados no asistieron a la audiencia porque estaban internados en el Hospital Naval por lumbalgias. Ricardo Cavallo pasó unos cuarenta días fuera de la cárcel, internado en ese hospital, sin que el TOF 5 se enterara.
Si algún desprevenido cree que estas salidas irregulares son los hechos más graves que sucedieron con el cumplimiento de la prisiones preventivas, se equivoca. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó en libertad en los últimos meses a varios procesados en la causa Esma, a pesar de la gravedad de las imputaciones y del efecto contraproducente que puede generar en los testigos sobrevivientes. Éste es un privilegio que los jueces otorgan a criminales de lesa humanidad, que hizo que la Cámara de Casación reviera sus criterios. A partir de la reapertura de estos juicios, la libertad comenzó a ser tenida en cuenta por los magistrados. Si bien esto es un avance en los procesos penales, no deja de tener cierto tufillo, ya que los cambios a favor de la libertad se producen en estas causas.
El juez Sergio Torres se opuso a las libertades al igual que la Cámara Federal de Apelaciones. La clave en estos casos está en el funcionamiento y composición de Casación. Por eso es que las palabras del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, respecto de la necesidad y urgencia para que se cubran las vacantes en los distintos tribunales, no sólo deben ser una inquietud sino también una obligación de primera línea para el poder político. Los dos jueces de la Sala II de Casación que liberan a criminales de lesa humanidad, Guillermo Yacobucci y Luis María García, no son jueces titulares del tribunal y fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura.
Otro asunto es el de los arrestos domiciliarios, en el que los jueces tienen distintos criterios. A pesar de que Sergio Torres exige a los imputados que todo egreso de sus viviendas debe realizarse con custodia y vigilancia penitenciaria, el TOF 5 les permite salir con la única condición de avisar. Así se pudo ver a miembros del grupo de tareas, como el teniente coronel del Ejército, Julio César Coronel, (a) Maco, estacionando su auto en la Avenida Comodoro Py.
Estos privilegios, además de indebidos, jamás serán suficientes. Los imputados han realizado distintas acciones para llamar la atención sobre lo que ellos mencionan como “agravamiento de condiciones de detención”. Es que, al fin y al cabo, no pueden aceptar que militares estén recluidos en cárceles construidas para civiles pobres y por orden de jueces civiles que no conocen el honor militar ni la obediencia debida. El procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, que sí los conoce por su hermano militar, intentó un salvataje para los muchachos, pero sin éxito.

Mientras se escriben estas líneas, los jueces conferencian en el Hotel Hilton acerca de las prioridades de la Justicia, y Juan Carlos Rolón, torturador sin escarapelas, brinda con camaradas en un quincho naval junto al río, blasfema contra abogados, jueces y “fiscales montoneros”, mirando de reojo la bandeja de calentitos.

martes, 31 de agosto de 2010

Confirman procesamiento y prisión preventiva para un imputado en la causa ESMA

Confirman procesamiento y prisión preventiva para un imputado en la megacausa ESMA
Lo resolvió la Cámara Federal porteña. Se trata de Carlos Galián, quien actuaba bajo el alias de “Pedro Bolita” y está acusado de imposición de tormentos y privación ilegal de la libertad seguida de muerte.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento y prisión preventiva de Carlos Galián, alias “Pedro Bolita”, quien se encuentra imputado por imposición de tormentos y privación ilegal de la libertad seguida de muerte en el marco de la megacausa ESMA.

“Galián fue individualizado por diversas víctimas que permanecieron ilegalmente detenidas en el centro clandestino de detención que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada como aquél al que en esas circunstancias conocieran bajo el mote de ‘Pedro Bolita’”, afirman los camaristas en el fallo.

Según testimonios que figuran en la causa, Galián se encargaba de custodiar a los detenidos y de prepararlos para los “traslados”.

Para los jueces, “el imputado no sólo conocía las privaciones ilegales de la libertad y tormentos a que fueran sometidas las víctimas, sino que, además, lejos de evitarlo, participó prestando una ayuda necesaria para que aquéllas se llevaran a cabo, como forma de realización de los objetivos, en tanto y en cuanto éstos se desarrollaron como un plan sistemático pergeñado desde las más altas autoridades que tomaron el poder y en cuyo cumplimiento intervinieron los distintos estratos inferiores que participaron -en punto a lo que atañe a este proceso- en el funcionamiento del centro ilegal de detención”.

jueves, 26 de agosto de 2010

Pernías admitió los vuelos y torturas

Ante la Justicia, el ex oficial de Inteligencia Antonio Pernías reconoció haber integrado el grupo de tareas de la ESMA, justificó las torturas como “interrogatorios reforzados” y se refirió a “los traslados” de detenidos.

El ex oficial de Inteligencia Antonio Pernías volvió a hablar en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA y reconoció que el grupo de tareas que integró en ese centro clandestino tenía como práctica realizar “interrogatorios reforzados” a los detenidos. El represor justificó las sesiones de tortura –“aún hoy se los sigue aplicando en países como Irlanda o Israel”, sostuvo–. También argumentó que las condiciones de detención en Capucha, donde permanecían los secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA, “no se diferenciaban demasiado de las cárceles del pueblo”.

La de ayer fue la segunda vez que Pernías, que está siendo juzgado junto a otros dieciocho represores, pide declarar. Subió al estrado con un bolso lleno de libros, que viene usando para desmentir las declaraciones de los sobrevivientes que atestiguan en las audiencias. Así, lee un párrafo de La Voluntad o de Mujeres guerrilleras a los jueces con la intención de confrontar los dichos de tal o cual testigo con lo publicado. Usa también La Masacre de San Patricio, de Eduardo Kimmel, y Cuando el poder perdió el juicio, de Luis Moreno Ocampo.
En tono autojustificatorio, el represor dijo que el país pasó por “una guerra” y adjudicó sus “horrores y errores” a “la obediencia debida” y “la emoción” que le causaron, dijo, “los crímenes cometidos por los jóvenes idealistas/terroristas/guerrilleros”. Como si fuera una novela por entregas, prometió “explicar la posición de Perón” en su próxima declaración.
Más allá de la puesta en escena, para los abogados querellantes la declaración aportó algunos puntos útiles. Lo principal es que Pernías reconoció haber sido personal permanente del grupo de tareas de la ESMA y, al mismo tiempo, admitió que la tortura era una práctica del grupo. Por otra parte, blanqueó que el represor Julio César Coronel, que también está siendo juzgado por los crímenes cometidos en ese centro clandestino, utilizaba el apodo de Maco.

Pernías reconoció que Rodolfo Walsh fue llevado a la ESMA, negó haber participado en el secuestro y la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y se refirió de manera indirecta a los vuelos de la muerte, al sostener que ni los oficiales ni los suboficiales decidían “los traslados” de detenidos. “Todo estaba decidido en esta guerra. Ningún oficial ni suboficial tenía que tomar decisiones sobre los traslados”, declaró, ya que se trataba de “una guerra cruel”.
Al aludir a sus funciones como interrogador mediante la aplicación de tormentos, usó el eufemismo de “interrogatorios reforzados” que, apuntó, “todavía son legales” en países como Israel e Irlanda, argumentó. “Pero no había ensañamiento, porque nosotros éramos personas de bien”, sostuvo en otro tramo de su declaración, lo que levantó murmullos de indignación entre los asistentes, en su mayoría familiares de las víctimas o sobrevivientes del terrorismo de Estado. En el mismo sentido, sostuvo que “lo que hacía el grupo era sacar información, no había ensañamiento” y que los interrogatorios “eran por quince minutos, y si no se sacaba información después de ese tiempo, ya no servía”.
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometido
s en la Escuela de Mecánica de la Armada está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5. En la audiencia de ayer, después de estar varias jornadas ausente, reapareció el ex jefe del grupo de tareas Jorge “el Tigre” Acosta; también estuvo Ricardo Miguel Cavallo.

Las audiencias se iniciaron el 14 de diciembre del año pasado; fueron escuchados ya más de un centenar de testigos, algunos por vía de teleconferencia dado que viven exiliados desde que fueron liberados de la ESMA. Los hechos que se juzgan son 85 casos de delitos de lesa humanidad, incluidos el secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Duquet y Domon, y del grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo que integraban Azucena Villaflor, Mary Bianco y María Esther de Careaga.
Junto con Pernías, los imputados en este tramo de la causa son Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.

lunes, 23 de agosto de 2010

Por la unificación de los juicios

Detenida-desaparecida en la ESMA, Dora Laura Seoane reclamó hoy a la Justicia la unificación de los juicios a fin de evitar "el dolor y sufrimiento" que causa a los testigos tener que revivir los tormentos a los que fueron sometidos durante su cautiverio.

Seoane, quien es esposa de Víctor Basterra, el obrero gráfico que pudo sacar de la ESMA fotografías de detenidos y represores que actuaron en el centro clandestino, reconoció a tres de sus secuestradores y torturadores.

Al declarar en el juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 5, Seoane identificó a Adolfo Miguel Donda, Ricardo Cavallo y al oficial médico Carlos Capdevilla.

A propósito, aseguró que las fotografías que pudo sacar su marido de la ESMA reflejan la imagen de los represores "tal como se veían en aquella época".

Víctor Melchor Basterra ocultó durante su cautiverio copias fotográficas y valiosa documentación que recién pudo sacar de la ESMA cuando le permitieron visitar a su mujer, quien ya había sido liberada junto a su pequeña hija y permanecía en el domicilio de su hermano en La Plata.

Tanto las fotografías, que Basterra y su mujer ocultaron "en una bolsa en un compartimento de un placard, fueron entregados a la CONADEP antes del juicio a las Juntas militares, mientras que Seoane dio detalles acerca de lo que ocurría en la ESMA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando todavía su marido estaba en cautiverio.

El matrimonio y la beba de dos meses, fueron secuestrados el 10 de agosto de 1979, durante un operativo llevado a cabo en su domicilio de Valentín Alsina.

De ese procedimiento participaron Donda, Capdevilla, Juan Carlos Rolón, Fernando Peyón (quien no figura en este juicio), mientras que en las cercanías los aguardaba "un Ford Falcon celeste, conducido por Ricardo Cavallo, alias Marcelo".

Una vez trasladada a la ESMA fue torturada con picana eléctrica y alojada en el sitio conocido como "Capucha", donde se encontraban otros detenidos, entre ellos María Elsa Guerreiro de Villaflor, Josefina Villaflor y otros militantes del Peronismo de Base, del que formaban parte.

Todos ellos están desaparecidos y durante el juicio varios testigos confirmaron que habrían sido arrojados al mar en los llamados "Vuelos de la muerte".

Por otra parte, confirmó que su marido permaneció en la ESMA hasta 1984, con salidas periódicas, en tanto recibían en La Plata la visita del refecto Jorge Manuel Diaz Smith, hasta que ambos resolvieron viajar a Neuquén donde tenían familiares.

Al término de su declaración, y tener la oportunidad de decir las últimas palabras de su testimonio Seoane reclamó la unificación de las causas ya que "cada vez que tenemos que venir a declarar nos provoca mucho dolor y mucha angustia" al revivir hechos que "están siempre presente".

De todos modos, reivindicó la existencia de los juicios "porque todo esto sirve para la democracia", en tanto reclamó el esclarecimiento de la desaparición del testigo Jorge Julio López y del asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe, quien también era sobreviviente de la dictadura.

viernes, 6 de agosto de 2010

“Hay microfilms de 4700 secuestrados”


 HECTOR COQUET, SOBREVIVIENTE DE LA ESMA, ASEGURO QUE EL TIGRE ACOSTA TENDRIA GUARDADO UN ARCHIVO

El ex detenido-desaparecido aseguró que hubo tres copias de un archivo con legajos de los secuestrados que pasaron por ese centro clandestino que se entregaron a los jerarcas de la Armada. Coquet enfrentó al represor Cavallo y lo calificó de “cerdo torturador”.
    
El represor Jorge “Tigre” Acosta, quien fuera jefe de inteligencia de la ESMA, tendría guardado un archivo completo de microfilms con los legajos de alrededor de 4700 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención durante la dictadura. Así lo aseguró ayer Ricardo Héctor Coquet, uno de los sobrevivientes de la ESMA, en el juicio oral en el que están acusados dieciocho represores. El ex detenido-desaparecido declaró que hubo tres copias de esos archivos que fueron repartidas entre las máximas autoridades de la Armada, antes de que fueran destruidos los originales. En otro tramo de su testimonio, Coquet enfrentó al represor Ricardo Miguel Cavallo, a quien le exigió que levantara la vista de la laptop. “Lo veo a este cerdo de Cavallo y recuerdo a las embarazadas llegando encapuchadas, engrilladas, que pasaban desnudas hacia los vuelos de la muerte y no es fácil verlo tan prolijito, porque también es un torturador”, exclamó cuando el presidente del Tribunal, Daniel Obligado, lo llamó al orden.

La declaración de cinco horas de Coquet ante el Tribunal Oral Federal 5 fue contundente: presenció cómo las carpetas con los legajos y las fotos de los más de 4700 detenidos que eran trasladados en los vuelos de la muerte fueron microfilmadas, luego destruidas y las copias de los films repartidas entre el ex jefe de la ESMA, el fallecido almirante Rubén Chamorro y el ex dictador Emilio Eduardo Massera, hoy inimputable. La tercera copia fue entregada a uno de los principales acusados por los crímenes cometidos en ese centro de detención, el capitán Jorge “Tigre” Acosta.

El testigo estuvo alojado en la ESMA hasta diciembre de 1978, luego de que el 10 de marzo de 1977 fuera detenido y secuestrado en la calle Medrano y el pasaje Lezica, en el barrio de Almagro. Militante de la JP en la Facultad de Medicina y carpintero de oficio, logró sobrevivir durante su cautiverio falsificando originales de cédulas de identidad, títulos de propiedad, pasaportes y documentos de la Policía Federal y carnets, por orden de los represores. Ante Página/12, Coquet recordó cómo sus captores le preguntaron si podía confeccionar “organigramas”, para ordenar la actividad de los grupos de tareas. “Luego la tarea se empezó a sofisticar”, señaló en referencia al momento en el que Massera compró una máquina de última generación para poder imprimir a color los documentos que falsificaban, y que estaba en el edificio Libertad perteneciente a la Armada. También aseguró haber falsificado un carnet del Jockey Club con el cual fueron retirados de un haras de Chacras de Coria en Mendoza los caballos de carrera que pertenecían a los empresarios Gutheim, por cuyo secuestro está hoy detenido el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz.

Coquet sorprendió al Tribunal al presentar también pruebas concretas de su pasaje por la ESMA. Llevó una carterita de cuero que era fabricada por los detenidos, que contenía un compartimiento oculto que posibilitaba transportar la documentación falsificada que les permitía a los represores adulterar su identidad en el exterior, en caso de que fueran identificados por algunas de sus víctimas en el exilio. De ese compartimiento Coquet extrajo dos cédulas de identidad de aquella época falsificadas en la ESMA. Ante este diario, Coquet rememoró cuando a fines de 1978, junto con otro de los detenidos, Miguel Angel Lauletta (también del área de documentación), recibió la orden de microfilmar “los casos mil”, que supuestamente eran de sobrevivientes que habían sido liberados. Más tarde se enterarían de que las carpetas celestes en las que se guardaban las fotos y las planillas de ingreso de los detenidos pertenecían a los que fueron asesinados en los vuelos de la muerte. “El Tigre Acosta trajo una máquina destructora de documentos y le hizo microfilmar a Miguel Angel. Yo luego tenía que destruir las carpetas”, recordó. “Si Acosta se enteraba de que yo también presencié cómo se filmaban, me hubiera matado”, aseguró.

El testimonio de Coquet fue de extrema relevancia, ya que además reveló que, por órdenes del entonces prefecto Héctor Febres, fue el encargado de confeccionar la bandera de tela de Montoneros, que apareció por detrás en la foto con las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, con la que los represores intentaron simular que las religiosas habían sido secuestradas por esa organización. También contó que el ex oficial Ernesto Weber, durante una de sus guardias, le confesó: “Lo bajamos a Walsh”, en alusión al asesinato del periodista por un grupo de tareas.

En la misma jornada, también declaró el ex guardiamarina de la Infantería de Marina Julio César Urien, quien fuera compañero de camada de los represores Ricardo Cavallo, Adolfo Scilingo y Alfredo Astiz.

Urien permaneció ocho años detenido en una unidad del Ejército en La Plata y en la cárcel de Olmos y estuvo varias veces al borde de ser fusilado. Urien participó de un alzamiento de una unidad de la Armada (el batallón 2 de Infantería de Marina) que funcionó en la ESMA, ocurrido el 16 de noviembre de 1972, en oportunidad del fallido regreso de Juan Domingo Perón al país.

Informe: Gabriel Morini.

sábado, 31 de julio de 2010

Dos nuevos testimonios abrumadores de sobrevivientes

Lisandro Raúl Cubas y Rosario Quiroga testimoniaron el 30 de julio  en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino. Luego de un receso de casi dos semanas por la feria judicial, el Tribunal Oral Federal Nº 5 retomó las audiencias en el que hay 18 imputados.

Cuando Lisandro Raúl Cubas vio a los diez civiles que le gritaban la voz de alto, y se tiraban encima suyo, buscó en un bolsillo la pastilla de cianuro, y entre empujones logró meterla en su boca. La mordió fuerte y sintió como se desvanecía. “Es cierto, uno recuerda las cosas más importantes de su vida cuando se está muriendo”, dijo.
Horas más tarde, ya en el sótano de la Escuela de Mecánica de la Armada, despertó recostado sobre una pila de cadáveres. Trató de no respirar, para que los marinos no notaran que había sobrevivido al fallido suicidio.

Cubas fue brutalmente torturado luego de un lavaje de estómago para quitar los restos del veneno. “Me desvanecía con la picana. El 24 de octubre de 1976, cuatro días después de mi detención, sufrí terriblemente la tortura. Recuerdo bien la fecha, porque era mi cumpleaños. Los marinos me cantaban el feliz cumpleaños mientras me torturaban”, dijo.
Lisandro Raúl Cubas y su actual esposa, Rosario Quiroga, son los dos ex detenidos de la Esma que testimoniaron hoy en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, que allí funcionó durante la última dictadura.
Luego de un receso de casi dos semanas por la feria judicial, el Tribunal Oral Federal Nº 5 retomó las audiencias del proceso en el que están imputados 18 miembros de las fuerzas, entre ellos Jorge “el Tigre” Acosta y Alfredo Astiz.

“Una de las sensaciones más terribles es la de estar encapuchado, sin tener noción del tiempo y del espacio. Cuando entré a la ESMA me dieron un número. En los días de traslados (nombre como se llamaba a los vuelos de la muerte) cantaban los números de las personas que iban a morir. Yo gritaba ‘a mí, a mí, 571’. No quería vivir más”, relató Cubas con la voz quebrada.
El testigo, que estuvo casi tres años en el centro clandestino, contó que una de sus peores torturas fue tener que soportar los grilletes en los tobillos por un año y medio. “Me hacían acordar a la época de la esclavitud. Los tobillos se hinchaban mucho”, dijo.

A modo de prueba, Cubas sacó de una bolsa dos grilletes que le había dado otra detenida en el momento de su liberación. El tribunal quedó sorprendidos. Los jueces tocaban el artefacto que había estado, 34 años atrás, en los pies de la ex detenida Alicia Milia de Pirles.
“Me los entregó en el aeropuerto. Ella se iba exiliada a Europa y yo, a Venezuela. Me los dio porque no podía pasar los controles europeos con ellos. Estos grilletes están forrados con vendas y cinta adhesiva, para que duela menos el contacto con la piel. Los candados, tienen el escudo de la Armada Argentina”, contó el testigo.

El ex detenido continuó relatando sus días de desaparecido: “En la Navidad de 1976 nos bajaron al sótano. Había un cura que nos dio misa, para que encontráramos la paz interior. El sacerdote preguntó quienes nos queríamos confesar. Algunos lo hicimos”.
Luego de un tiempo, Cubas fue obligado a realizar desgravaciones de conversaciones telefónicas. Muchas de ellas, eran acuerdos de citas entre compañeros de su militancia montonera.
“Creo que me salvé porque mi padre era ex comandante de la Gendarmería. El marino Antonio Pernías le tenía respeto. Eso no los frenaba en interrogarme sobre mis hermanos, que militaban en la columna oeste de Montoneros, ni por mi primo Ramón Saadi (ex senador por Catamarca)”, dijo.
Cubas aseguró que se enteró del destino de sus hermanos en una conversación telefónica con su madre. “La llamé y me contó a los gritos que habían secuestrado a mis dos hermanos. Me preguntó si estaban conmigo y le dije que no”.
El testigo precisó: “Pernías me confirmó que a mis hermanos los tenía el Ejército. Le pedí que me llevaran con ellos, para tener su mismo destino. Mis hermanos están actualmente desaparecidos”.

En 1978 Cubas conoció, dentro de la ESMA, a Rosario Quiroga. “Yo era el peluquero oficial de los detenidos. Ella vino a cortarse el pelo y así la conocí. Tiempo después formé pareja con ella. Nos liberaron juntos y nos fuimos a Venezuela”.

Víctima del Plan Cóndor
Rosario Quiroga fue secuestrada por las fuerzas conjuntas uruguayas, en la frontera con nuestro país. Como parte de un plan de cooperación, luego de torturarla con submarinos secos (asfixia con una bolsa en la cabeza), golpes y hasta dejarla colgada por días, fue entregada a la Armada Argentina.
En la ESMA presenció como su compañero Omar De Gregorios era dejado morir en condiciones inhumanas. “Tenía un ano contra natura, porque cuando lo agarraron en la frontera uruguaya le pegaron un tiro. Estuvo en un centro del Ejercito. Cuando llegó a la ESMA estaba muy mal”.

Quiroga dijo que De Gregorio fue operado en el Hospital Naval, pero que nunca se recuperó: “No lo rasuraron ni le daban los antibióticos a término. Yo estuve con él durante su operación. Murió en el sótano de la ESMA. Le pedí a Acosta si le podían entregar el cuerpo a su familia. Me dijo que no”. Al día siguiente de la muerte de De Gregorio, Acosta la llevó a comer a un carrito de la Costanera Norte. “Me dijo que mi vida iba a cambiar”, aseguró.

Luego de la dura experiencia, le permitieron que trabajara en la Pecera, junto a otros detenidos: “Lo conocí a Lisandro, porque me cortó el pelo. El 19 de enero de 1979, nos liberaron y nos compraron un pasaje a Venezuela”.
La testigo contó que una vez pudo acceder al Dorado, la sala de la planta baja del Casino de Oficiales de la Esma, donde funcionó el Servicio de Inteligencia Naval (SIN): “Vi carpetas con los nombres de los caídos. Muchos tenían al lado la frase ‘destino final’”.