Embarque para la prisión

Un aterrizaje forzoso para cinco pilotos

Los arrestados son el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el ex suboficial naval Rubén Ormello y tres pilotos que habrían participado del asesinato de las monjas francesas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

 Por Diego Martínez

A diecisiete años de la confesión pública del ex capitán Adolfo Scilingo, el juez federal Sergio Torres ordenó detener e indagó ayer a cinco imputados por los vuelos de la muerte. El más conocido es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, defensor de sus compañeros de la ESMA durante años, pese a que Scilingo lo había denunciado como quien le alcanzaba a personas dormidas para arrojar al vacío. Los ex pilotos Enrique José De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, en cambio, fueron imputados a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación, que estudió planillas de Prefectura e identificó el vuelo del Skyvan en el que habrían sido asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y los familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977. El quinto detenido es el ex suboficial naval Rubén Ricardo Ormello, quien confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. Tanto De Saint George y Arru como el mecánico Ormello son empleados de Aerolíneas Argentinas.

El único detenido por los vuelos en el país era hasta el lunes el capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como hormiguitas”. Su caso ya fue elevado al Tribunal Oral Federal 5 y podría ser juzgado junto a la segunda tanda de marinos de la ESMA cuando concluya el proceso a Acosta, Astiz & Cía. Distinto es el caso del teniente Julio Alberto Poch, el piloto de Transavia extraditado desde España, quien goza de libertad desde que la Cámara Federal le ordenó al juez Torres reforzar los argumentos del procesamiento. Las nuevas detenciones se produjeron el lunes. Cuatro de los imputados prestaron ayer declaración en el juzgado de Torres, quien los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. A Torres de Tolosa, con un tumor cerebral, lo indagó el secretario Pablo Yadarola en la casa, donde quedó detenido con un policía en la puerta. El juez tiene ahora diez días para resolver sus situaciones procesales.
Teniente Vaca

Gonzalo Torres de Tolosa, pariente lejano del capitán Jorge Acosta, integraba el sector Automotores de la ESMA junto con Scilingo, quien lo conocía como “teniente Vaca”, el nombre de cobertura que usaba para ocultar su identidad. Juntos participaron del primer vuelo de la muerte que confesó el marino, ocurrido a mediados de 1977 en un Skyvan de Prefectura. El abogado había estado apenas un día detenido, en 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón, quien pidió sin suerte su captura y extradición. Torres de Tolosa estuvo imputado en la megacausa ESMA desde 2005, cuando el fiscal federal Eduardo Taino lo incluyó en su acusación. El dictamen no le impidió recorrer durante años los pasillos de Comodoro Py para defender a sus camaradas en desgracia. El abogado es además uno de los cinco civiles condecorados el 12 de septiembre de 1978 por el ex almirante Emilio Massera por su “esfuerzo y abnegación” como integrante del Grupo de Tareas 3.3 “en operaciones reales de combate”.
El Colorado Ormello

Rubén Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada, tenía 21 años y prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su confesión, que Página/12 publicó hace veinte meses, la relataron ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura y para la que trabajó hasta el lunes en el sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruyó un operario. Las fuentes citaron un detalle que los paralizó: “Trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho efecto. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba. El 13 de agosto de 2009 Página/12 buscó a Ormello en su lugar de trabajo y en su casa de Godoy Cruz. Su esposa informó que estaba de viaje. El cronista dejó su teléfono y su mail, pero no recibió respuesta, ni antes ni después de la nota, publicada el 6 de septiembre de 2009.
Del Skyvan al Boeing

Las primeras denuncias sobre el uso de los Skyvan en vuelos de la muerte datan de 1983. Los registros de Prefectura que derivaron en las detenciones no los pidió el fiscal o el juez de la causa ESMA sino el fiscal Miguel Osorio, que decidió investigar vuelos en el marco del Plan Cóndor. La Unidad Fiscal que conducen Jorge Auat y Pablo Parenti procesó 2758 planillas de cuatro Skyvan, identificó vuelos anómalos y señaló en particular el del PA-51 del 14 de diciembre de 1977, que despegó del aeroparque Jorge Newbery a las 21.30, voló tres horas y diez minutos y, sin escalas ni pasajeros según el registro, retornó al punto de partida. Horas antes habían sido fotografiadas en la ESMA las monjas Domon y Duquet, cuyo cadáver apareció en las playas de San Bernardo seis días más tarde. De Saint George y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas. Hasta el mes pasado, cuando el fiscal Taiano pidió sus detenciones, volaban tres veces por mes a Madrid como comandantes de los Boeing 747. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra. Días después del vuelo un superior elogió el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En Necochea vive aún libre e impune el jefe de los pilotos, prefecto general Hilario Fariña, a quien el Concejo Deliberante local podría declarar el jueves “persona no grata”.

Vuelos de la muerte: ordenan la detención de tres pilotos, un suboficial y un abogado

 El juez federal Sergio Torres detuvo a tres pilotos de la Prefectura Naval, un suboficial de la Armada y un abogado, por su vinculación con los denominados “vuelos de la muerte” desde donde se arrojaban los cuerpos aún con vida, de los prisioneros del centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA durante la última dictadura militar.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron que fueron apresados en las últimas horas Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José de Saint Georges y Mario Daniel Arru, quienes habrían piloteado, entre otros, el “vuelo anómalo” desde el cual, el 14 de diciembre de 1977, fueron arrojados los cuerpos del “grupo de víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz”.

En esa orden el magistrado -con la intervención del secretario Pablo Yadarola- también dispuso la detención, en la provincia de Mendoza, del ex suboficial de la Marina Ricardo Rubén Ormello y del abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Toloza, a quien calificaron como “fuertemente vinculado al accionar del grupo de tareas que operaba en el centro clandestino de detención”.

Las mismas fuentes señalaron que el juez prevé indagar a los detenidos en el curso de esta jornada, y respecto de Torres de Toloza una comisión del tribunal, junto a médicos forenses, se trasladará al domicilio particular del imputado ubicado en la calle Blanco Encalada al 1700, en el metropolitano barrio de Belgrano.

Allí constatarán el estado de salud del único civil a quien se acusa de participar de los “vuelos de la muerte”, ya que algunas versiones llegadas al juzgado indican que padecería una grave enfermedad cerebral, motivo por cual los expertos determinarán si está en condiciones de declarar.

Alegato de una las querellas

Astiz reclamó “matarlos a todos”

El abogado Martín Rico centró su acusación contra la patota de la Marina por el secuestro y la desaparición de las Madres y familiares que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. El grupo en el que se infiltró Astiz como Gustavo Niño.
Por Alejandra Dandan

En un momento Nora Cortiñas salió de la sala con el pañuelo en la cabeza. Ana María Careaga la abrazó por atrás. Las dos estaban profundamente conmovidas porque en los Tribunales de Comodoro Py se estaba reconstruyendo qué sucedió con el grupo de la Santa Cruz. “¡Había que hacer mucha inteligencia ¿no?, para saber lo que querían las madres!”, exclamó Martín Rico encargado del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos. Estaba hablando del rol de Alfredo Astiz. Y recordó uno de los testimonios oídos durante el juicio, aquel en el que una sobreviviente contó que uno de los días Astiz volvió de una reunión de la iglesia de la Santa Cruz con un volante en la mano: “Volvió a la ESMA como loco ––explicó– y le dijo a Acosta: ‘¡Hay que secuestrar a este grupo de familiares, y hay que matarlos a todos!’”.

Así empezó finalmente y después de muchos reclamos por las demoras, el tramo final del juicio oral por los crímenes de la ESMA. A las diez de la mañana, el Tribunal Oral Federal 5 dio paso a la primera jornada de alegatos que estuvo en manos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Rico se circunscribió a las doce víctimas de la Santa Cruz, con un homenaje a los 30 mil desaparecidos. Y anclando la recolección de pruebas en las políticas de Estado generadas a partir de 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Rico reconstruyó la identidad de cada uno de las víctimas, entre las que está el grupo de tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Rescató como sólo el juicio pudo hacerlo el rol y la figura del grupo de los integrantes más jóvenes, de los que habló particularmente el periodista Uki Goñi durante su declaración. La infiltración de Astiz y las pruebas del secuestro fueron parte de la trama rearmada que le permitirá pedir para los 19 acusados la condena a prisión y reclusión perpetua en carácter de coautores directos. El pedido incluirá la condición de “funcionales”, y eso hace que todos y cada uno sean funcionales por haber intervenido en el centro de detención, tortura y exterminio. La audiencia pasó a cuarto intermedio a la tarde.

Astiz estuvo durante toda la audiencia abocado a la lectura de papeles que nunca nadie entendió qué eran. El Tigre Jorge Acosta llegó con las bolsas llenas de carpetas con las que suele aparecer en las audiencias en las que se decide a hablar. Ricardo Cavallo siguió frente a su computadora. Y Adolfo Miguel Donda nunca se sacó los anteojos Ray-Ban negros esfumados iguales a los que usaba en los operativos de los años setenta.

Como viene sucediendo en cada alegato, la Secretaría de Derechos Humanos encabezó la lectura de pruebas con posiciones políticas. Rico retrucó la idea del “odio” como motor de los juicios. Dijo que “se dice que nosotros somos quienes humillamos a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad quienes las humillaron fueron los que los condenaron a ser simples encapuchados en lugar de ser hombres al servicio de la soberanía nacional”. O, “no hubo dos demonios: qué clase de demonio era un grupo de familiares que querían saber o dos religiosas que lo único que hacían eran ofrecer sosiego a los familiares”. En el piso de arriba, como suele suceder cada vez, entre las mujeres y viejos camaradas de los vetustos acusados, las intervenciones del abogado se respondían acaloradamente con cuchicheos, algunas risas o a lo señora bien con algún “¡qué caradura!”.

Los hechos

Quedó probado para la secretaría que el 8 y 10 de diciembre de 1977 operativos del GT 332 secuestraron a Alice Domon, Angela Auad, Horacio Aníbal Helbert, María Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit, María Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Remo Carlos Berardo, Reneé Léonie Duquet y Azucena Villaflor. El secuestro finalizó con los homicidios probados de cinco de las víctimas, cuyos cuerpos aparecieron en diciembre de ese año en las costas de Santa Teresita y permanecieron enterrados como NN hasta 2005. El resto de las víctimas están desaparecidas.

El Juicio a las Juntas juzgó a los máximos responsables, recordó Rico: “Pero la Cámara Federal dijo en su fallo que la investigación debía continuar sobre los responsables directos, lo cual está ocurriendo ahora después de 27 años”.

Rico intentó demostrar durante su alegato una de las singularidades del grupo de la Santa Cruz: puso en primer plano la condición de haber perdido a uno de sus familiares directos, hijos o hermanos. Y explicó que se reunían en la iglesia para juntar el dinero de la solicitada para publicar el 10 de diciembre con la primera lista de los desaparecidos. No mencionó las características políticas de sus integrantes o la condición de militantes de muchos de ellos, incluso de las madres. Un dato curioso que alguno de los sobrevivientes leyó, sin embargo, como un modo de explicar la peculiaridad de este grupo, de familiares y de buscadores de sus víctimas entre el grupo de las víctimas de la ESMA.

Las identidades

El caso de las monjas francesas será reconstruido la semana próxima durante el alegado de Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora. La secretaría, sin embargo, adelantó algunos de los datos que permitieron trazar sus identidades a partir del juicio oral. Alice Domon –recordó Rico a partir del testimonio de Nora Cortiñas– era una persona que se vestía con ropita sencilla, no de monja, con una cruz, “que vino a ver si nosotras necesitábamos dinero u otra cosa”. O recordó aquello que había dicho su hermana Grabriele en la declaración del 15 de abril de 2010, en la que leyó cartas y correos de Alice. Dijo que entró a la orden en 1957, que estuvo diez años en Francia, que en 1967 llegó a la Argentina, que primero estuvo en Morón, donde cuidó al hijo discapacitado de Jorge Rafael Videla. Trabajó en los barrios humildes compartiendo la vida con los pobres, se trasladó a Corrientes a trabajar al servicio de las Ligas Agrarias. “A través de las cartas dice que para 1975 la vida era más terrible todavía, que había amenazas pero que valía la pena estar entre los pobres, con los que estaban castigados.” En 1977, conoció a las Madres de Plaza de Mayo. “Su hermana dice que tenía miedo de lo que podía pasar con las madres.”

Durante el correr de las audiencias, aparecieron voces que permitieron conocer de cerca a muchos de los integrantes de la Santa Cruz, cuyas imágenes están aún desdibujadas. Rico rescató en ese contexto el rol del grupo de los más jóvenes, narrado en las audiencias por Uki Goñi que los conoció durante su trabajo en la redacción del Buenos Aires Herald. Goñi contó cómo ellos mismos lo invitaban a ir algunas de las reuniones en la Santa Cruz, pero que él no quiso ir porque tenía miedo. Decía que las madres estaban protegidas por ser madres, pero los más jóvenes, no. Rico también mencionó el testimonio de la hija de Eduardo Gabriel Horane y de Raquel Bulit, que para el día del secuestro tenía ocho años de edad y que durante años escribió cartas y cartas a sus padres convencida de que seguirían con vida.

“Quiero hacer una reflexión en este punto”, dijo el abogado después de presentar a todos. “Hace unos días Acosta habló del rol de Inteligencia que cumplió y lo escuchamos hablar de los enemigos: ¿la Inteligencia de Marina se dedicaba a seguir a estas personas?”
La infiltración

Entre las pruebas de la infiltración de Astiz, Rico mencionó numerosos relatos de testigos. Entre ellos, Aída Sarti o Cecilia Vázquez que se mostró sorprendida, entonces como ahora, de las personas con las que llegaba Astiz a las reuniones, a quienes presentaba como hermanos y a las que se veía muy callados. Recordó además el relato de Cecilia, la hija de Azucena, el momento en el que Astiz en su rol de Gustavo Niño le pidió quedarse a dormir en su casa y su marido no lo dejó. El caso de Graciela Daleo, cuando contó que Silvia Labairú fue obligada a acompañar a Astiz en esas infiltraciones para que “pasara con más naturalidad entre los familiares”. O el testimonio de Lauletta, que explicó que desde mitad de agosto de 1977 la ESMA le hizo la documentación a Astiz como Gustavo Niño para que se infiltrara con los grupos de derechos humanos, y que eso iba desembocar en la caída del grupo de la Santa Cruz.

Sobre el operativo, otro de los puntos del alegato, explicó que era complicado. Que la ESMA debía pedir autorización al Ejército. Y cuando el Ejército solicitó la información para saber qué es lo que estaba sucediendo, la ESMA lo negó.

Algo de ese operativo es lo que conmovía todavía a Nora Cortiñas y a Ana María Careaga en uno de los intervalos. Y, entre ellos, el nombre de Alfredo Astiz que todavía las estremece. Ese relato de la sala les volvió a hacer sentir cómo es que compartió tanto tiempo con sus víctimas, cómo las llevaba y las traía en coche, cómo es –decían por fin– que a algunas de ellas llegó a conocerlas mejor que nadie.

Etapa final en juicio por los crímenes de la ESMA

La validez de los testimonios

Después de la extensa ampliación de declaración de Jorge “El Tigre” Acosta sobre el secuestro de las monjas francesas, del grupo de Madres y de Rodolfo Walsh, el tribunal incorporó los videos de los testigos en el Juicio a las Juntas.
Por Alejandra Dandan

A dieciséis meses del comienzo, el juicio por los crímenes de la ESMA entró en la etapa final. Después de la última ampliación de la declaración de Jorge “El Tigre” Acosta –que se extendió el lunes pasado hasta las once y media de la noche–, el Tribunal Oral Federal 5 dio lugar a la incorporación de las declaraciones de testigos que están muertos o no están en condiciones de declarar. En una medida celebrada por los querellantes, en las audiencias se están viendo las declaraciones filmadas que esos mismos testigos realizaron en el juicio a la junta de comandantes. Entre ellos hubo testimonios fundamentales como el de Emilio Mignone, uno de los fundadores del CELS, y el ex capitán Jorge Félix Roberto Búsico, uno de los integrantes de la ESMA que reconoció las operaciones ilegales contra los militantes políticos.

La semana comenzó el lunes con la declaración de El Tigre Acosta, que viene hablando desde hace tiempo. Habló mucho, largo, y pronunciando mentiras sobre verdades, como lo explicaron las querellas. Como había sucedido días previos con Miguel Donda, durante su relato Acosta rozó por momentos la autoincriminación. En una línea en la que terminó describiendo la ESMA como centro de reclutamiento y de torturas, hizo subrayados importantes sobre tres puntos: volvió al operativo a Rodolfo Walsh descripto por él mismo en una carta que había entregado al tribunal; se refirió al secuestro del grupo de Madres y familiares de desaparecidos en la Iglesia de Santa Cruz y describió cómo se organizaban los operativos en las calles.

Sobre Walsh, volvió a decir lo que dijo en la carta. Que estaba dispuesto a morir sí o sí. Repitió la idea del suicidio, habló de un solo tiro y describió el traslado del cuerpo a una comisaría de la zona para sacarlo de la ESMA. Fuera de eso, las querellas tomaron nota del nombre de un capitán a quien mencionó como a cargo del operativo, hombre que, por supuesto, está muerto.

Del grupo de la Santa Cruz, mencionó por la negativa un dato que podría certificar la fecha de los traslados de las víctimas. Acosta dijo que entre el 7 y el 15 de diciembre la ESMA prácticamente no funcionó. Que se suspendieron las tareas del GT 3.3.2, que nadie trabajó y que por los feriados quedaron todos abocados a firmar papeles de las licencias y diplomas. “Lo dijo así, con ese descaro”, señaló a Página/12 Ana María Careaga, hija de una de las integrantes de la Santa Cruz. Para los acusadores el tema de las fechas es importante. Algunos creen que, de alguna manera, con esos datos Acosta marcó los límites de la permanencia del grupo en la ESMA, y ubicó el día 14 como el momento del vuelo final de los cuerpos, un dato que está en investigación porque algunas versiones indican que podría haber sido días más tarde.

Por otra parte, admitió que desde agosto o septiembre de 1977 todos los agentes de inteligencia estuvieron abocados a infiltrarse en el Movimiento de Solidaridad de Derechos Humanos para cambiar la imagen de Argentina en el exterior. “Incluso yo mismo participé para visitar periodistas y medios extranjeros porque sabía bien inglés”, dijo. Explicó que hizo la tarea con una de las secuestradas que tenía esas mismas condiciones. Pese a que no dijo claramente dónde estuvo, quienes lo escucharon entendieron que uno de los lugares pudo haber sido la Plaza de Mayo. Y que la idea era toparse ahí con periodistas para darles una versión distinta de lo que estaba pasando.

Sobre los operativos, evocó las estrategias del grupo de tarea 3.3.2 ante el uso de las pastillas de cianuro durante los secuestros. Explicó que al comienzo daban la voz de alto, pero eso producía un enfrentamiento y los militantes solían usar las pastillas de cianuro que impedían capturarlos con vida. “Todo el mundo conoce el famoso tacle de Astiz –dijo–, pero eso lo hicieron varios.” Con ese tacle, lo que hacían era acercarse a las víctimas y agarrarlos para evitar que tomen las pastillas. A esa altura, en la ESMA, explicó también, había un médico que encontró el modo de contrarrestar los efectos del veneno.

Días después, comenzaron a verse los videos de las declaraciones en el juicio a la junta de comandantes. Uno de los testimonios clave fueron dos tramos del testimonio de Mignone, sobre el que las querellas tomaron nota. Uno de ellos son las tres entrevistas que mantuvo con el represor y jefe de la Armada Emilio Massera, en las que le dijo que las monjas francesas estaban muertas. Mignone le respondió: “Si están muertas es porque ustedes las mataron”. Y Massera no contestó. Otro de los tramos es cuando da cuenta de una entrevista en 1977 con Oscar Antonio Montes, uno de los represores acusados en el juicio. Durante un exabrupto Montes reconoció que los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics habían sido víctimas de grupos de tarea de la Armada.

Otro de los testigos reescuchados fue Búsico. Durante el Juicio a las Juntas, declaró que en 1976 era capitán de Fragata y era uno de los operativos dentro de la ESMA. Pese a que no estaba afectado a la “lucha contra la subversión”, un día lo convocaron para un operativo. Durante el procedimiento, él dio su nombre y por eso lo reprocharon sus compañeros de arma. Detrás de él llegó Néstor Omar Sabio, que no dio su nombre, sino uno falso, una característica que le permitió empezar a entender cuál era la metodología. Aseguró que por esa situación se quejó ante Chamorro para decirle que no estaba de acuerdo con el uso de nombres falsos, con los operativos de noche y el hacerlos de modo encubierto. Que por esa razón lo separaron de la “lucha antisubversiva”, pero que de todos modos en las guardias que le tocaban veía entrada y salida de personas que claramente no eran personal de la ESMA. Que la gente entraba capturada, llegaba encapuchada y nunca los vio salir”. Los veía pasar de un lado a otro, en algunos casos los llevaban con frazadas, y que desde uno de los puestos se les daba órdenes a la Policía Federal para no intervenir en las zonas.

Una vez, dijo, le pidió a un mayordomo de la ESMA sus cosas para llevárselas. El hombre no las encontró y entonces lo autorizaron a subir a buscarlas al altillo. Dijo que en ese momento se quedó impactado. “Para mi sorpresa estaba repleto de muebles y de cosas que sin duda eran resultado de la lucha contra la subversión.”

Ayer fue el turno de Thelma Jara de Cabezas, que no está en condiciones físicas de declarar en las audiencias. Esta serie de testimonios permitió a las querellas empezar a pensar que todas las declaraciones de estos juicios, que también están siendo registradas, podrían usarse en los próximos debates.

Más represores de la ESMA irán a juicio oral por más de 800 crímenes

Un piloto en el banquillo

La resolución del juez Sergio Torres abarca a algunos marinos que actualmente afrontan el primer juicio oral por la ESMA y también a represores menos conocidos, entre ellos un capitán que admitió publicamente hace 10 años haber participado de vuelos de la muerte.

El juez federal Sergio Torres elevó ayer a juicio un fragmento de la megacausa ESMA que incluye delitos de lesa humanidad cometidos por 56 imputados en perjuicio de más de ochocientas víctimas. La resolución abarca a la mayor parte de los marinos que actualmente afrontan el primer juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 5, pero también a un grupo numeroso de represores menos conocidos, procesados en los últimos años, como el suboficial Daniel Cuomo, alias Danilo, que hasta poco antes de su detención trabajaba en la agencia de seguridad Vanguardia. El documento incluye por primera vez a un marino imputado a partir de una confesión privada sobre su participación en los “vuelos de la muerte”. Se trata del capitán retirado Hemir Sisul Hess, quien contó en la década del ’90 cómo los secuestrados “caían como hormiguitas” desde aviones navales.

Desde el juzgado de Torres dejaron trascender que “prosigue la pesquisa” sobre el método cristiano de desaparición de personas implementado durante la dictadura, investigación en la cual el fiscal Eduardo Taiano solicitó el lunes pasado la detención de los tripulantes del primer vuelo de la muerte identificado por el Ministerio Público Fiscal, en el que fueron asesinadas las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y cinco militantes de Vanguardia Comunista, miembros del grupo de familiares secuestrados el 8 de diciembre de 1977 en la iglesia de la Santa Cruz.

La causa ESMA, reabierta hace ya ocho años, es la de mayores dimensiones en toda la Justicia Federal del país. Bien por la cantidad de sobrevivientes del centro clandestino que Emilio Massera intentó utilizar como mano de obra esclava para su frustrado proyecto político, y por que los sobrevivientes facilitaron las identificaciones, el expediente ya tenía un numeroso grupo de imputados en los ’80, cuando las leyes de impunidad acabaron con el proceso de justicia. Si bien la cifra se incrementó tras la reapertura en 2003, sigue siendo significativo el número de represores libres, que incluye a marinos condecorados por Massera por su actuación en “operaciones de combate” como integrantes del Grupo de Tareas 3.3. Además de Hess, Cuomo y el almirante Antonio Vañek, juzgado en estos días por el plan sistemático de robo de bebés, la resolución incluye entre otros a Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Carlos Suárez Mason (hijo del militar homónimo), Ernesto Weber, Antonio Pernías, Oscar Montes, Jorge Radice, Rubén Franco, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Juan Azic.

Todos los medios dan profusa difusión de las declaraciones de los represores

Acusaciones y difamaciones de corte político, un probado genocida como Acosta tiene el tiempo y el espacio para vomitar las "justificaciones" al plan sistemático de exterminio. Pero no todos los sobrevivientes tienen la posibilidad de hablar de genocidio.

Acosta: "el objetivo era aniquilar la subversión terrorista"

El ex represor de la ESMA Jorge "El Tigre" Acosta confirmó hoy que el objetivo de la represión "fue el de aniquilar la subversión terrorista y sus ideólogos" cumpliendo "órdenes de superiores" con "la obediencia debida".

Acosta, quien dirigió el área de Inteligencia del Grupo de Tareas GT 3.3.2 de la ESMA, aseguró que el accionar "no estaba dirigido contra los ciudadanos", a la vez que exhibió un "organigrama" confeccionado por él, a la manera de un "collage", con la estructura de mandos de ese centro durante la dictadura.

"Pareciera que quienes cumplimos las órdenes fuimos los que inventamos todo y los locos de ese proceso", se quejó y recalcó que "las órdenes son para cumplirlas en tiempo de paz y en tiempos de guerra". A su vez, justificó los métodos utilizados por los represores al sostener que "había que quebrar la voluntad de lucha" del "enemigo marxista" y calificó de "sustantivo" el aporte de "los agentes de inteligencia navales".

Así definió durante todo su discurso de defensa a los ex detenidos desaparecidos que lo acusaron durante el juicio por los crímenes cometidos en la ESMA.

Al ampliar su declaración indagatoria, que continuará el próximo lunes 25 de abril, Acosta negó que el alias de "Tigre" haya sido su apodo en la ESMA, pero aclaró que se trataba de un "nombre indicativo" que se utilizaba siguiendo instrucciones superiores.

También se remitió al denominado PLACINTARA, un manual de instrucciones elaborado por los mandos militares con los lineamientos de la represión antisubversiva, pero en ningún momento hizo referencia al destino de los detenidos ni a los métodos utilizados para obtener información de ellos. Solo hizo alusión a "reglamentos" y "manuales" que hablaban de los "interrogatorios a los prisioneros", cuyo fin apuntaba a "aniquilar a la subversión en todas sus formas", con "eficacia" y "agresividad".

Respecto de esos hechos, aseguró que se trató de "guerra civil revolucionaria" y en ese marco existió un "plan de recolección de información" que había que hacer "permanentemente", para conocer aspectos como el "espíritu de combate o la logística del enemigo".

Por otra parte, negó la existencia de "un plan sistemático para el robo de bebés" por cuya responsabilidad está siendo sometido en otro juicio oral.

Acosta justificó tácitamente los métodos de tortura utilizados en la ESMA, al recordar que ellos mismos, durante su instrucción en la Escuela Naval, eran sometidos al "submarino" por el cual le "metían la cabeza dentro del inodoro y tiraban la cadena". Justificó esa metodología al señalar que "el adiestramiento tiene que ser más duro que la realidad".

Además de Acosta están siendo juzgado por crímenes cometidos en la ESMA los capitanes Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.

La historia del Grupo de la Santa Cruz

De “la huevera” al Skyvan
Por Diego Martínez

A mediados de 1977, a poco de las primeras rondas de Madres de Plaza de Mayo, el capitán Jorge Acosta, jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA, le ordenó a Alfredo Astiz infiltrarse entre los familiares de desaparecidos. El teniente se presentó como Gustavo Niño y se adosó a Azucena Villaflor, a tal punto que varios pensaron que era su hijo. “No tenemos derecho a callarnos”, explicó en esos días la monja Alice Domon. “Sea lo que fuere lo que hayan podido hacer las personas secuestradas, y ni siquiera busco enterarme de ello, no hay derecho a torturar. Dios pedirá cuentas algún día”, aseguró ante un periodista.

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, las Madres tenían previsto publicar una solicitada en La Nación para denunciar la situación de los desaparecidos. El jueves 8 juntarían la plata para pagarla. Esa tarde, mientras Azucena le aconsejaba a Astiz alejarse para protegerlo, los marinos secuestraron en La Boca a Remo Berardo, el hombre más joven del grupo. Tres horas después, varios autos estacionaron frente a la iglesia de la Santa Cruz, de los padres pasionistas. Adentro daba misa el padre Fred Richards. Los familiares se reunieron en el jardín y cada uno contribuyó con sus ahorros. Astiz hizo un aporte mínimo, simuló culpa, dijo que iba a buscar plata y se fue. Minutos después, marinos, prefectos y policías, en jean, camisa y campera, arrastraron hacia los autos a seis mujeres y tres hombres. Esa misma noche fueron interrogados por un grupo de torturadores que encabezó Antonio Pernías. Un secuestrado que traducía diarios franceses en el sótano del casino de oficiales los vio encapuchados y engrillados, sentados en un banco frente a las salas de interrogatorio. Acosta puso música clásica a todo volumen pero no logró tapar los gritos. Luego los distribuyeron entre Capucha y Capuchita.

Azucena Villaflor no fue secuestrada esa noche porque le tocó hacer la colecta junto con Nora Cortiñas en la iglesia de Santa María de Betania, en Almagro. El viernes terminó de pasar en limpio las firmas de la solicitada y se peleó por última vez con La Nación, donde primero se resistieron a publicarla porque faltaba “el visto bueno del cuerpo jurídico”, después los obligaron a pasar a máquina casi mil nombres, y por último les rechazaron pagar con monedas y billetes chicos. “¡Este no es el diario de Mitre!”, renegó la fundadora de Madres. Por la plata que los marinos robaron en la Santa Cruz el aviso se publicó en tres cuartos de página y no completa como estaba previsto. Al final del texto se advirtió que “esta solicitada ha sido costeada con el aporte –en algunos casos muy sacrificado– de las personas firmantes”. Azucena fue secuestrada cuando acababa de comprar el diario, el sábado 10 a primera hora. Esa misma mañana, en una capilla de Ramos Mejía, fue secuestrada la monja Léonie Duquet. Al mediodía del sábado el grupo marcado por Astiz ya estaba en la ESMA, donde los guardias se dirigían a las monjas como “hermanas”.

Ante la difusión de la noticia, el gobierno de Francia pidió explicaciones y los llamados del Ejército a la ESMA se multiplicaron. Acosta ideó entonces un montaje para desviar la atención. “Hay mucha polvareda por las monjas francesas. Vamos a sacar un comunicado informando que las secuestró un grupo armado y las vamos a trasladar”, le confío el capitán Pernías a una secuestrada. Acosta obligó a Domon a redactar una carta al obispo de Toulouse, de quien dependía la Congregación de las Misiones Extranjeras en Francia, en la que dijera estar prisionera “de un grupo disidente del gobierno de Videla” y reclamara la liberación de veinte presos políticos el día de Navidad. La carta está fechada el 14 de diciembre. Por otro lado, se inventó un comunicado con el sello de Montoneros, reclamando, además de las liberaciones, que la Iglesia y el gobierno de Francia repudiaran la dictadura. Está fechado el 15, llegó a France Press el sábado 17 y fue título de La Nación del domingo: “Los montoneros secuestraron a las religiosas francesas”. La operación se completó con la foto. El prefecto Héctor Febres le encomendó a un secuestrado armar un lienzo con la palabra “Montoneros”, escudo, tacuara y metralla. La puesta en escena se armó en “la huevera”, una oficina montada en el sótano. Acomodaron un escritorio, pusieron dos sillas, colgaron el cartel de fondo y sentaron a las monjas, con hematomas en los pómulos y pálidas de terror. En primer plano, aunque ninguna lo tomó en sus manos, se observa el diario La Nación del día: 14 de diciembre de 1977. De título, una frase de Harguindeguy: “No habrá amnistía para los subversivos”, y una promesa: “liberaráse (sic) a los que estén dispuestos a reintegrarse a la sociedad”.

El jueves, después del vuelo de “navegación” del Skyvan, La Nación informó por primera vez del secuestro de las monjas. “Dos desapariciones preocupan en París”, tituló. Apuntó que Le Monde, Le Figaro y France Soir aportaron “precisiones diferentes” y sólo informó sobre “la hipótesis de una provocación montada para molestar al gobierno militar”. “En situaciones como la actual, nada es más desaconsejable que la ambigüedad informativa o la imitación del clásico gesto del avestruz”, escribió Luis María Bello, corresponsal en París. La cobertura se completó con un recuadro titulado “Vivas y con buena salud”, información que la Nunciatura le dio a la madre Marie-Joseph, superiora de la Congregación Nôtre-Dame de la Mothe.

El sábado La Nación informó del repudio del gobierno a las desapariciones “de un grupo de personas, entre ellas dos religiosas”, que atribuyó a “la subversión encerrada en su nihilismo, (que) insiste con sus métodos de odio y destrucción”, y el domingo difundió el invento de Acosta. El martes 20 apareció en la playa el primero de los cinco cuerpos, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Veintiocho años después, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a la monja Duquet, a Angela Aguad y a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.

Página/12 analizó testimonios de sobrevivientes de la ESMA. Ninguno afirma con certeza el día del traslado, pero las estimaciones oscilan entre cinco y diez días de cautiverio, léase hasta el 13 o el 18 de diciembre. Varios apuntaron que “las monjas quemaban” y que apenas concluidos los interrogatorios Acosta decidió el traslado. “Cuando yo llego acababa de pasar lo de la Santa Cruz, las monjas y familiares, no vi nada de eso pero (escuché) comentarios muy a flor de piel”, relató el año pasado Rosario Quiroga, que llegó a la ESMA el sábado 17, trasladada desde Montevideo.

Jaime Dri llegó en el mismo vuelo, después de dos días de torturas. Miguel Bonasso relata en Recuerdos de la muerte que, ya en la ESMA, el Tigre Acosta le preguntó: “¿Por qué mataron (sic) a las monjas?”. Dri no sabía de qué le hablaba. Después lo dejaron hablar con dos compañeros a quienes daba por muertos, que le informaron sobre la infiltración de Astiz y de los secuestros. “Las hicieron mierda. Yo las vi en Capucha –le contó Horacio Maggio–. A la pobre Alice la llevaban al baño entre dos verdes porque no podía caminar. Y todavía me preguntaba por ese muchachito rubio. Ella seguía creyendo que era un familiar y que lo habían secuestrado”, agregó.

–¿Y luego? –preguntó Dri.

–Las trasladaron –respondió Maggio.

Según el libro, el diálogo transcurrió durante el primer día de Dri en la ESMA. Los secuestrados le dijeron que era domingo. Sin embargo, Quiroga, trasladada en el mismo vuelo desde Uruguay, declaró que llegaron el sábado a primera hora, dato que coincide además con un vuelo del Skyvan PA-51 desde el aeropuerto de Carrasco. En el peor de los casos, el domingo 18 el “traslado” era parte del pasado.

Entrevistado para el archivo oral de Memoria Abierta, el sobreviviente Ricardo Coquet precisó que la orden de armar el cartel de Montoneros, léase cuando Acosta ya había decidido el traslado, fue “a los dos días del secuestro”, es decir el sábado 10. Miguel Lauletta, presente cuando se tomó la foto, calculó hace más de quince años, ante el periodista Uki Goñi que el montaje fue a “las siete u ocho de la tarde”. “La idea de Acosta era sacar (la foto) con un diario y después ir trucando el diario para que mucho más tiempo después de haberlas eliminado se pensara que seguían vivas, una idea infantil que no se hizo nunca”, agregó. La única persona que arriesgó día y hora del vuelo fue el periodista que investigó el caso. “Los traslados en la ESMA usualmente ocurrían los miércoles”, escribió Uki Goñi en su libro Judas. La verdadera historia de Alfredo Astiz. Precisó que la foto se tomó el miércoles 14 y concluyó que los secuestrados “fueron probablemente arrojados vivos esa noche a las aguas del océano Atlántico ”.