Con “la fuerza de los principios éticos”

Alegatos en la causa por los crímenes en la ESMA

Los abogados Luis Zamora y Horacio Méndez Carrera señalaron que los crímenes fueron cometidos “como parte de un genocidio”. Hoy Zamora finalizará su alegato con el pedido de “reclusión perpetua” para los acusados.

El abogado Luis Zamora, querellante en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, señaló que esos actos fueron perpetrados “como parte de la comisión de un genocidio”. Lo hizo en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Federal 5. Hoy reclamará la condena de “reclusión perpetua” para los responsables de los secuestros ocurridos en la Iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977.

Zamora, junto a su colega Horacio Méndez Carrera, representa la “querella unificada” que incluye a los damnificados de esos hechos que culminaron con el secuestro de una docena de víctimas, entre ellas las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon. “Estos juicios son un paso al fin de la impunidad”, dijo el letrado, no sin antes aludir a los “obstáculos que puso el Estado desde 1983”, en referencia a las leyes de obediencia debida y punto final sancionadas durante la administración alfonsinista y a los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem que constituyeron, dijo, “privación de justicia”.

En una suerte de interrupción política al alegato técnico, Zamora hizo referencia a los “33 años y cinco meses de impunidad” que tuvieron los represores que actuaron en los episodios de la Iglesia de la Santa Cruz, y ponderó el “esfuerzo formidable de las Madres, que con sus pañuelos blancos le gritaban al mundo lo que aquí ocurría”. También resaltó los testimonios de sobrevivientes que “permiten que resuenen aquí las voces de los jóvenes reprimidos en sus ideales y compromisos”, aunque se lamentó por la “fragmentación de causas” y dificultades propias de la Justicia (como falta de salas para las audiencias) que posibiliten dar mayor celeridad a los procesos. El letrado también exaltó la “fuerza de los principios éticos que se mostró invencible ante la dictadura genocida”, y recordó que el episodio puntual de la Iglesia de la Santa Cruz fue una “razzia” represiva en contra de “personas que estaban juntando monedas para publicar una solicitada”.

En referencia al dictador Jorge Rafael Videla, dijo: “El máximo jerarca de aquella dictadura había prometido una Navidad en paz”, y las madres y las religiosas estaban esperanzadas y querían publicar solicitadas con los nombres de las personas que estaban buscando. Para explicar el funcionamiento del “centro clandestino de detención, tortura y exterminio” que funcionaba en la ESMA, el abogado recurrió a fotografías, croquis, mapas, planos y hasta una reproducción virtual en tres dimensiones. La exposición de Zamora fue seguida con un respetuoso silencio por parte de los familiares de los sobrevivientes, ubicados en la planta baja. Pero en la bandeja superior, una decena y media de allegados a los represores mantuvieron una actitud burlona y desafiante durante el alegato. Zamora también condenó a la jerarquía de la Iglesia Católica y su máximo dignatario, el cardenal Jorge Bergoglio, y hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que, dijo, “tardó tres largos años en venir a la Argentina, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían sido asesinados”. Por la tarde, el abogado Méndez Carrera, quien representó originariamente a los familiares de las monjas francesas, apuntó en su alegato a la responsabilidad de cada uno de los acusados, haciendo recaer el mayor peso en Astiz y en Acosta, a quien mencionó como el “cerebro que planificó la operación y resolvió la eliminación”.

El reclamo de Zamora y Méndez Carrera –que representan también a las familias de Azucena Villaflor de Devicenzi, Mary Bianco y Alicia Careaga, y a otros siete militantes de derechos humanos (Angela Aguad, Patricia Oviedo, Eduardo Orane, Raquel Bullit, José Fondevilla, Remo Berardo y Horacio Elbert) que colaboraban con el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo– es de igual severidad al realizado la semana pasada por el gobierno nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos.

Los cinco detenidos por los vuelos de la muerte

Entrenamiento criminal

Los acusados negaron los cargos. Los tres prefectos dijeron en el juzgado de Sergio Torres que el vuelo del 14 de diciembre de 1977 fue un viaje de “entrenamiento”.

Los tres ex pilotos de Prefectura, el ex mecánico de la Armada y el abogado condecorado por su actuación en la ESMA detenidos el lunes por orden del juez federal Sergio Torres negaron durante su declaración indagatoria haber participado de vuelos de la muerte durante la dictadura. Excepto el civil Gonzalo Torres de Tolosa, que tendría problemas de salud, los otro cuatro imputados ya pasan sus días en el pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz. La empresa Aerolíneas Argentinas, en tanto, suspendió provisoriamente a sus comandantes Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru, a la espera de que se determinen judicialmente sus responsabilidades.

De Saint Georges, Arru y el prefecto retirado Alejandro Domingo D’Agostino, imputados por el fiscal federal Eduardo Taiano de haber participado en la eliminación de un grupo de militantes y familiares de desaparecidos secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, admitieron como era previsible la existencia del vuelo que figura en los registros de Prefectura, aunque aseguraron que se trató de un simple “entrenamiento”. Como detalló Página/12 hace un mes, se trata según los registros de un vuelo nocturno, de tres horas y diez minutos de duración, que no transportó pasajeros y retornó sin escalas al punto de partida. Si bien no se conocen por el momento más detalles de las declaraciones, se trataría de un entrenamiento atípico, no sólo por tratarse de pilotos con experiencia (De Saint George tenía 30 años, Arru 29 y D’Agostino 28), sino también por las palabras elegidas para registrarlo. En las planillas entregadas por Prefectura al fiscal federal Miguel Osorio, los vuelos de entrenamiento se registran como de “instrucción”, se especifica “nocturna” cuando corresponde, pero sólo uno sobre 2758 vuelos tuvo por finalidad la “navegación nocturna”. El que se les imputa.

Torres de Tolosa fue interrogado el martes en su domicilio del barrio de Belgrano por el secretario Pablo Yadarola porque habría sido operado recientemente por un tumor cerebral y padecería diabetes, hipertensión y una afección renal, entre otros males. El abogado denunciado por Adolfo Scilingo como quien le entregaba los cuerpos de las personas dormidas para arrojar al vacío en un vuelo de mediados de 1977 admitió su parentesco con el ex capitán Jorge Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y también su presencia en la ESMA. El civil condecorado por su “esfuerzo y abnegación” en la “lucha contra la subversión” declaró que durante la dictadura prestó servicios en el área de relaciones públicas de Cancillería y admitió que concurría a la ESMA, aunque sólo para almorzar. “Se comía muy bien”, se permitió bromear. Pese a sus frecuentes visitas al comedor del Casino de Oficiales, Torres de Tolosa admitió que había sectores con carteles que indicaban “área restringida”, pero aseguró no haberlos traspasado. También negó haber participado en sesiones de tortura e incluso haber visto a personas secuestradas o haber sabido que funcionó en la ESMA un centro de tortura y exterminio. El abogado no sólo es un imputado atípico por su condición de civil, también por su experiencia para manejarse ante los magistrados, ya que fue defensor de varios de sus camaradas desde la reapertura de la megacausa.

El suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, en tanto, también rechazó haber participado y menos aún confesado su actuación en los vuelos. Empleado también de Aerolíneas Argentinas, miembro del sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza hasta el fin de semana, Ormello fue imputado a partir de relatos de sus ex compañeros de hangar de la empresa estatal tras el retorno de la democracia.

Al margen de Scilingo, condenado en España, el único detenido en el país en condiciones de ser juzgado por su participación en los vuelos es el capitán Emir Sisul Hess, quien relató a principios de los ’90 que los secuestrados caían del avión “como hormiguitas”. Su caso fue elevado este año al Tribunal Oral Federal 5 y podría ser juzgado junto a la segunda tanda de marinos de la ESMA cuando concluya el proceso a Acosta, Astiz & Cía., que afrontan su primer juicio por crímenes de lesa humanidad desde hace diecisiete meses, en el juicio oral y público más extenso desde la reapertura de las causas.

El otro imputado por los vuelos que fue procesado por Torres y desprocesado por la Cámara Federal es el ex teniente Julio Poch, ex empleado de la aerolínea holandesa Transavia, detenido durante su último vuelo como piloto comercial y extraditado desde España. Poch también fue denunciado por compañeros de trabajo que lo escucharon relatar los vuelos durante una cena, y desde el día de su detención realizó junto a abogados europeos y más tarde argentinos un exhaustivo trabajo para desacreditar a los testigos e intentar demostrar una compleja conspiración en su contra.

Tras la huella de las religiosas francesas

Detalles sobre Alice Domon y Leonie Duquet que el juicio oral sacó a la luz.
El abogado Horacio Méndez Carrera alegará mañana en el juicio sobre la ESMA. Cuenta los datos que aportó el proceso oral. La reconstrucción de los secuestros y el cautiverio en el centro clandestino y la relación de las monjas francesas con las Ligas Agrarias y el obispo Novak.

 Por Alejandra Dandan

Horacio Méndez Carrera dice que hace veinticinco años le pidieron tres cosas: que identifique la forma en la que desaparecieron las monjas francesas; que encuentre a los autores y el modo de condenarlos. También dice que si entonces le hubiesen dicho que iban a pasar 25 años para la condena, aquellos que le encargaron la búsqueda todavía estarían buscando abogados. Hoy será finalmente el encargado de reconstruir en un alegato –en la audiencia por los crímenes de la ESMA– la historia de Léonie Duquet y Alice Domon. De recoger los nuevos elementos que sobre esa historia aportó el histórico juicio oral que se acerca a la etapa final y en el que por primera vez los testigos reconstruyeron no sólo el padecimiento de las religiosas en el centro de exterminio, sino también por qué se convirtieron en blanco de los grupos de tareas.

“Se sigue diciendo que las dos religiosas fueron secuestradas por la solicitada y yo estoy seguro de que eso no fue así”, dice Méndez Carrera sobre el trabajo de recolección del dinero que llevó adelante el grupo de familiares de desaparecidos desde la Iglesia de la Santa Cruz para publicar la primera solicitada con la lista de desaparecidos. Para el abogado, la razón de la desaparición de las monjas se remonta a Perugorría, el pueblo correntino donde Alice Domon empezó a trabajar con las Ligas Agrarias. Alice después se trasladó a Buenos Aires, donde se vinculó con el obispado de Quilmes para buscar, al comienzo, a los desaparecidos correntinos. Ahí empezó a atender a las víctimas, a los familiares, a los más pobres de los pobres, a “armar grupitos”, dice Méndez Carrera, y enviarlos a la “casita” que Léonie tenía en Ramos Mejía. “Para los marinos esa casita de Léonie era un aguantadero: el lugar donde ellas les daban de comer a los más pobres y les daban algo de dinero.”

Los alegatos de ESMA empezaron la semana pasada con la reconstrucción de lo que sucedió con el grupo de las doce víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz, secuestradas el 8 y 10 de diciembre de 1977, en vísperas de la publicación de la solicitada. Méndez Carrera y Luis Zamora completarán hoy ese alegato, profundizando en cuatro víctimas, entre ellas, las dos religiosas francesas de la Orden de las Misiones Extranjeras. En el transcurso de los dieciséis meses de audiencias, distintos testimonios permitieron reconstruir la vida de ellas. Declararon hermanos, familiares, religiosas y también militantes de Corrientes. Esos testimonios –muchos de los cuales no se escucharon en el Juicio a las Juntas, el primer momento en el que se juzgaron estos crímenes para condenar solamente a los jefes militares– iluminaron el día a día de las dos. El de Alice, dueña de la historia tal vez más conocida, y de Léonie, que, por ejemplo, el día del secuestro dejó arriba de la mesa de su casa el dinero necesario como para un pasaje de avión a Francia. Un dinero que los marinos no tocaron porque –según las hipótesis– no debían despertar sospechas en el barrio: Léonie tenía que recorrer quince metros entre la puerta de su casa y la calle, y si se daba cuenta de que la estaban secuestrando en ese trayecto podía poner en alerta a los vecinos, que la conocían muy bien, en un barrio en el que estaba desde hacía siete años.
La historia

Alice trabajó con las Ligas hasta marzo de 1977. “Las Ligas Agrarias eran un movimiento importantísimo en una Argentina feudal –dice Méndez Carrera–, donde estaban los barones del tabaco que explotaban a los pobres tabacaleros de una forma infame, los mataban de hambre, y toda esa economía se hacía con una producción muy artesanal, el que no tenía un tractor recurría al arado a mano, había hambre y la situación era espantosa porque los chicos si se enfermaban se morían, no de hambre pero sí por las enfermedades.”

Durante su estadía en Perugorría, Alice viajó a Francia para un encuentro de la orden. El capítulo se hizo en 1975, y en ese momento pidió ser relevada de los votos de la congregación. Méndez Carrera se detuvo bastante en ese dato durante la entrevista con Página/12 porque –en su hipótesis– es un dato que usaron los marinos para secularizarlas, para quitarles la estampa de religiosas y mencionarlas como “mujeres” y hacerlas entrar, de alguna manera, en el grupo de los enemigos a exterminar. Lo que él sostiene sobre ese momento, e intentó demostrarlo durante el juicio, es que pese a la renuncia, ellas no dejaron de ser monjas. Que en Francia hubo un cisma dentro de la congregación, que con ellas renunciaron otras quince religiosas y que cuando Alice volvió, se instaló en el mismo lugar de Perugorría donde estaba y mantuvo encuentros regulares con la jefa de su congregación.

“Perugorría era el corazón de la orden –dice el abogado–. Tan es así que cuando venía la superiora pasaba un mes ahí, se instalaba con ellas, miraba todo.”

En ese pueblo, Alice replicó el compromiso de su primer tiempo en Buenos Aires. Ella era especialista en catequesis para discapacitados. Cuando llegó de Francia, trabajó en la diócesis de Morón, donde atendió al hijo discapacitado del represor Jorge Videla. “El carisma de estas mujeres las llevaba a vivir como los más desamparados –sigue Méndez Carrera–. Antes de irse a Perugorría, ella estuvo en Villa Lugano cinco años y se instaló cerca del basurero, el lugar más próximo al basurero, porque ahí estaban las familias más desamparadas, las que vivían y comían basura.”

Para marzo de 1977, la dictadura había matado a un integrante de las Ligas, había desaparecido a otros, había secuestrado y otros estaban en vísperas de serlo. “O sea que fue un desastre –dice el abogado–. Y en ese marco, a ella le dicen que si no se va, van a seguir desapareciendo familias, así es que ella se viene a Buenos Aires para tratar de hacer gestiones, ayudar a las familia de allá, a las que estaban desaparecidas y a procurar la liberad de los otros y así fue como se vincula con Novak.”

El obispo Jorge Novak, de Quilmes, tenía una oficina de Justicia y Paz. Caty, el apodo con el que llamaban a Alice, “escuchaba y tomaba nota de todas aquellas personas con hijos desaparecidos y no sólo eso, sino que brindaba ayuda: aparte de apoyo espiritual estaba en el apoyo material que era tratar de brindarles el sustento para vivir. Ellas les daban plata y los acompañaban a hacer trámites para saber qué había pasado con esas personas”.

Uno de los testimonios que apuntalaron esa hipótesis en el juicio fue el de la superiora provincial Evelina Irma Lamartine: dos veces mencionó la palabra “conexión” entre Alice y Léonie, y Méndez Carrera asegura que recién entonces comprendió el hilo conductor de sus historias, dejó de preguntarse por un compromiso político más orgánico y entender lo que ahora define como el “carisma” de las dos. “Lamartine dijo que había una conexión con la casita de Léonie –explica Méndez Carrera–. Caty le llevaba esos grupitos a Léonie, ahí los alimentaban, porque había un problema de hambre, además. En lo de Léonie hacían una especie de parada, se organizaban. Alice preparaba recursos de hábeas corpus en el obispado y acompañaba a la gente a hacer las presentaciones o lo que fuera. Entonces, esa conexión que había entre Léonie y Alice era muy íntima. Alice se fue a vivir a lo de Léonie seis meses antes de ser secuestradas, vivían juntas y se querían profundamente.”

Léonie vivía en una casa con techo de chapa, al lado de una capilla de Ramos Mejía. Asistía al cura en las misas, era maestra de maestros de catequesis, y fundamental en el barrio. A Alice la secuestraron el 8 de diciembre en la Santa Cruz. Evelina le dijo a Léonie en ese momento que se fuera. Las tres habían estado detenidas tiempo antes en una de las redadas en Plaza de Mayo, con ellas también había estado otra de las compañeras, Ivonne Pierron, que luego salió del país en un avión de la Embajada de Francia. Léonie dijo que no, que no se iría, convencida de que Alice iba a salir en libertad. Y se iba a quedar a esperarla. El sábado siguiente, el día 10 de diciembre, el mismo día en que secuestraban a Azucena Villaflor en Avellaneda, también la secuestraron a ella.
La ESMA

El Tigre Acosta era el jefe de inteligencia de la ESMA. O en palabras de una de las testigos, “el director ejecutivo”. En las últimas audiencias habló y luego de horas, mencionó a las monjas, pero no las llamó monjas sino “mujeres”. Dijo que la ESMA durante la semana del secuestro estuvo cerrada. Y aunque admitió la infiltración de Alfredo Astiz y hasta la suya, intentó decir que ese secuestro no fue de la ESMA sino de otros. Que él el 10 de diciembre estaba soplando la torta de cumpleaños de su hija en Puerto Belgrano. “Una tomada de pelo –dice el abogado–, una parodia. Todos los datos que recogimos nos sirven para decir que ese tipo no estuvo en Puerto Belgrano, sino en Buenos Aires y si hubiese estado allá lo mismo sería responsable. Inventan cualquier cosa para justificarse, porque es la primera vez que están sentados en el banco de los acusados con una sentencia a punto de caer sobre sus cabezas, por homicidio a prisión perpetua, por hechos gravísimos, cometidos contra un grupo de civiles inermes, pero curiosamente este grupo de civiles inermes con sus pañuelos blancos los derrotó, porque si estos señores están ahí sentados es por el espíritu de lucha inquebrantable de todas estas mujeres.”

–¿Qué se sabe hoy del secuestro de Léonie?

–Del secuestro participan cuatro personas. Entre ellas, el Loco Suárez. Había sido teniente de la Marina, trabajaba en una empresa multinacional, trabajó en la Ford y la Coca-Cola de Córdoba. Era amante del rugby y de la caza mayor. Los sábados y domingos se dedicaba a ir a la ESMA a participar de operativos especiales. Y el Loco Suárez es el hilo conductor que nos permite llegar perfectamente a la ESMA, porque no era bombero, no era del Ejército: los sábados y domingos estaba ahí, porque el tipo lo hacía por deporte: así como cazaba elefantes en el Africa, salía a cazar monjas acá, es lo mismo.

–¿Cuál es la reconstrucción de lo que sucedió con ellas en el interior de la ESMA?

–Hicieron dos recorridos distintos: Caty estuvo en el sótano. Léonie en Capuchita, desde el sábado 10 hasta el domingo estuvo bien. Una de las testigos la ve rezando y diciendo: “Creo que mi hermana está acá también”. Cometieron la crueldad de separarlas, aunque luego las juntan para la foto. Las dos padecieron las torturas. Una testigo, Graciela García, contó que cuando a ella le aplicaron la picana en la vagina tuvo una gran infección, quiere decir que era común picanear a las mujeres en esa zona y tal es así que después la ven a Alice que no podía caminar. O sea que las destrozaron en la picana, aparte de haberle reventado la boca, el ojo, dejarle moretones en toda la cara, en los brazos, porque les pegaban y ellas se protegían, por eso tenían azules los brazos. Por las fechas que dio Acosta, y los datos de la causa, se supone que las trasladaron pocos días más tarde en el vuelo de la muerte del 14 de diciembre, en un avión manejado por los pilotos detenidos el martes. También se sabe que adentro de la ESMA Caty estuvo separada de Azucena. Pero que las dos, del mismo modo, preguntaban a todos los que veían por lo mismo: cuál es tu nombre. Les pedían los datos convencidas de que iban a salir. Alice además preguntó una y otra vez por el chico rubio, por cómo estaba, convencida de que entre los secuestrados también estaba Astiz.

Embarque para la prisión

Un aterrizaje forzoso para cinco pilotos

Los arrestados son el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el ex suboficial naval Rubén Ormello y tres pilotos que habrían participado del asesinato de las monjas francesas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

 Por Diego Martínez

A diecisiete años de la confesión pública del ex capitán Adolfo Scilingo, el juez federal Sergio Torres ordenó detener e indagó ayer a cinco imputados por los vuelos de la muerte. El más conocido es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, defensor de sus compañeros de la ESMA durante años, pese a que Scilingo lo había denunciado como quien le alcanzaba a personas dormidas para arrojar al vacío. Los ex pilotos Enrique José De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, en cambio, fueron imputados a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación, que estudió planillas de Prefectura e identificó el vuelo del Skyvan en el que habrían sido asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y los familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977. El quinto detenido es el ex suboficial naval Rubén Ricardo Ormello, quien confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. Tanto De Saint George y Arru como el mecánico Ormello son empleados de Aerolíneas Argentinas.

El único detenido por los vuelos en el país era hasta el lunes el capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como hormiguitas”. Su caso ya fue elevado al Tribunal Oral Federal 5 y podría ser juzgado junto a la segunda tanda de marinos de la ESMA cuando concluya el proceso a Acosta, Astiz & Cía. Distinto es el caso del teniente Julio Alberto Poch, el piloto de Transavia extraditado desde España, quien goza de libertad desde que la Cámara Federal le ordenó al juez Torres reforzar los argumentos del procesamiento. Las nuevas detenciones se produjeron el lunes. Cuatro de los imputados prestaron ayer declaración en el juzgado de Torres, quien los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. A Torres de Tolosa, con un tumor cerebral, lo indagó el secretario Pablo Yadarola en la casa, donde quedó detenido con un policía en la puerta. El juez tiene ahora diez días para resolver sus situaciones procesales.
Teniente Vaca

Gonzalo Torres de Tolosa, pariente lejano del capitán Jorge Acosta, integraba el sector Automotores de la ESMA junto con Scilingo, quien lo conocía como “teniente Vaca”, el nombre de cobertura que usaba para ocultar su identidad. Juntos participaron del primer vuelo de la muerte que confesó el marino, ocurrido a mediados de 1977 en un Skyvan de Prefectura. El abogado había estado apenas un día detenido, en 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón, quien pidió sin suerte su captura y extradición. Torres de Tolosa estuvo imputado en la megacausa ESMA desde 2005, cuando el fiscal federal Eduardo Taino lo incluyó en su acusación. El dictamen no le impidió recorrer durante años los pasillos de Comodoro Py para defender a sus camaradas en desgracia. El abogado es además uno de los cinco civiles condecorados el 12 de septiembre de 1978 por el ex almirante Emilio Massera por su “esfuerzo y abnegación” como integrante del Grupo de Tareas 3.3 “en operaciones reales de combate”.
El Colorado Ormello

Rubén Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada, tenía 21 años y prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su confesión, que Página/12 publicó hace veinte meses, la relataron ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura y para la que trabajó hasta el lunes en el sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruyó un operario. Las fuentes citaron un detalle que los paralizó: “Trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho efecto. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba. El 13 de agosto de 2009 Página/12 buscó a Ormello en su lugar de trabajo y en su casa de Godoy Cruz. Su esposa informó que estaba de viaje. El cronista dejó su teléfono y su mail, pero no recibió respuesta, ni antes ni después de la nota, publicada el 6 de septiembre de 2009.
Del Skyvan al Boeing

Las primeras denuncias sobre el uso de los Skyvan en vuelos de la muerte datan de 1983. Los registros de Prefectura que derivaron en las detenciones no los pidió el fiscal o el juez de la causa ESMA sino el fiscal Miguel Osorio, que decidió investigar vuelos en el marco del Plan Cóndor. La Unidad Fiscal que conducen Jorge Auat y Pablo Parenti procesó 2758 planillas de cuatro Skyvan, identificó vuelos anómalos y señaló en particular el del PA-51 del 14 de diciembre de 1977, que despegó del aeroparque Jorge Newbery a las 21.30, voló tres horas y diez minutos y, sin escalas ni pasajeros según el registro, retornó al punto de partida. Horas antes habían sido fotografiadas en la ESMA las monjas Domon y Duquet, cuyo cadáver apareció en las playas de San Bernardo seis días más tarde. De Saint George y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas. Hasta el mes pasado, cuando el fiscal Taiano pidió sus detenciones, volaban tres veces por mes a Madrid como comandantes de los Boeing 747. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra. Días después del vuelo un superior elogió el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En Necochea vive aún libre e impune el jefe de los pilotos, prefecto general Hilario Fariña, a quien el Concejo Deliberante local podría declarar el jueves “persona no grata”.

Vuelos de la muerte: ordenan la detención de tres pilotos, un suboficial y un abogado

 El juez federal Sergio Torres detuvo a tres pilotos de la Prefectura Naval, un suboficial de la Armada y un abogado, por su vinculación con los denominados “vuelos de la muerte” desde donde se arrojaban los cuerpos aún con vida, de los prisioneros del centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA durante la última dictadura militar.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron que fueron apresados en las últimas horas Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José de Saint Georges y Mario Daniel Arru, quienes habrían piloteado, entre otros, el “vuelo anómalo” desde el cual, el 14 de diciembre de 1977, fueron arrojados los cuerpos del “grupo de víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz”.

En esa orden el magistrado -con la intervención del secretario Pablo Yadarola- también dispuso la detención, en la provincia de Mendoza, del ex suboficial de la Marina Ricardo Rubén Ormello y del abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Toloza, a quien calificaron como “fuertemente vinculado al accionar del grupo de tareas que operaba en el centro clandestino de detención”.

Las mismas fuentes señalaron que el juez prevé indagar a los detenidos en el curso de esta jornada, y respecto de Torres de Toloza una comisión del tribunal, junto a médicos forenses, se trasladará al domicilio particular del imputado ubicado en la calle Blanco Encalada al 1700, en el metropolitano barrio de Belgrano.

Allí constatarán el estado de salud del único civil a quien se acusa de participar de los “vuelos de la muerte”, ya que algunas versiones llegadas al juzgado indican que padecería una grave enfermedad cerebral, motivo por cual los expertos determinarán si está en condiciones de declarar.

Alegato de una las querellas

Astiz reclamó “matarlos a todos”

El abogado Martín Rico centró su acusación contra la patota de la Marina por el secuestro y la desaparición de las Madres y familiares que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. El grupo en el que se infiltró Astiz como Gustavo Niño.
Por Alejandra Dandan

En un momento Nora Cortiñas salió de la sala con el pañuelo en la cabeza. Ana María Careaga la abrazó por atrás. Las dos estaban profundamente conmovidas porque en los Tribunales de Comodoro Py se estaba reconstruyendo qué sucedió con el grupo de la Santa Cruz. “¡Había que hacer mucha inteligencia ¿no?, para saber lo que querían las madres!”, exclamó Martín Rico encargado del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos. Estaba hablando del rol de Alfredo Astiz. Y recordó uno de los testimonios oídos durante el juicio, aquel en el que una sobreviviente contó que uno de los días Astiz volvió de una reunión de la iglesia de la Santa Cruz con un volante en la mano: “Volvió a la ESMA como loco ––explicó– y le dijo a Acosta: ‘¡Hay que secuestrar a este grupo de familiares, y hay que matarlos a todos!’”.

Así empezó finalmente y después de muchos reclamos por las demoras, el tramo final del juicio oral por los crímenes de la ESMA. A las diez de la mañana, el Tribunal Oral Federal 5 dio paso a la primera jornada de alegatos que estuvo en manos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Rico se circunscribió a las doce víctimas de la Santa Cruz, con un homenaje a los 30 mil desaparecidos. Y anclando la recolección de pruebas en las políticas de Estado generadas a partir de 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Rico reconstruyó la identidad de cada uno de las víctimas, entre las que está el grupo de tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Rescató como sólo el juicio pudo hacerlo el rol y la figura del grupo de los integrantes más jóvenes, de los que habló particularmente el periodista Uki Goñi durante su declaración. La infiltración de Astiz y las pruebas del secuestro fueron parte de la trama rearmada que le permitirá pedir para los 19 acusados la condena a prisión y reclusión perpetua en carácter de coautores directos. El pedido incluirá la condición de “funcionales”, y eso hace que todos y cada uno sean funcionales por haber intervenido en el centro de detención, tortura y exterminio. La audiencia pasó a cuarto intermedio a la tarde.

Astiz estuvo durante toda la audiencia abocado a la lectura de papeles que nunca nadie entendió qué eran. El Tigre Jorge Acosta llegó con las bolsas llenas de carpetas con las que suele aparecer en las audiencias en las que se decide a hablar. Ricardo Cavallo siguió frente a su computadora. Y Adolfo Miguel Donda nunca se sacó los anteojos Ray-Ban negros esfumados iguales a los que usaba en los operativos de los años setenta.

Como viene sucediendo en cada alegato, la Secretaría de Derechos Humanos encabezó la lectura de pruebas con posiciones políticas. Rico retrucó la idea del “odio” como motor de los juicios. Dijo que “se dice que nosotros somos quienes humillamos a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad quienes las humillaron fueron los que los condenaron a ser simples encapuchados en lugar de ser hombres al servicio de la soberanía nacional”. O, “no hubo dos demonios: qué clase de demonio era un grupo de familiares que querían saber o dos religiosas que lo único que hacían eran ofrecer sosiego a los familiares”. En el piso de arriba, como suele suceder cada vez, entre las mujeres y viejos camaradas de los vetustos acusados, las intervenciones del abogado se respondían acaloradamente con cuchicheos, algunas risas o a lo señora bien con algún “¡qué caradura!”.

Los hechos

Quedó probado para la secretaría que el 8 y 10 de diciembre de 1977 operativos del GT 332 secuestraron a Alice Domon, Angela Auad, Horacio Aníbal Helbert, María Ponce de Bianco, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit, María Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Remo Carlos Berardo, Reneé Léonie Duquet y Azucena Villaflor. El secuestro finalizó con los homicidios probados de cinco de las víctimas, cuyos cuerpos aparecieron en diciembre de ese año en las costas de Santa Teresita y permanecieron enterrados como NN hasta 2005. El resto de las víctimas están desaparecidas.

El Juicio a las Juntas juzgó a los máximos responsables, recordó Rico: “Pero la Cámara Federal dijo en su fallo que la investigación debía continuar sobre los responsables directos, lo cual está ocurriendo ahora después de 27 años”.

Rico intentó demostrar durante su alegato una de las singularidades del grupo de la Santa Cruz: puso en primer plano la condición de haber perdido a uno de sus familiares directos, hijos o hermanos. Y explicó que se reunían en la iglesia para juntar el dinero de la solicitada para publicar el 10 de diciembre con la primera lista de los desaparecidos. No mencionó las características políticas de sus integrantes o la condición de militantes de muchos de ellos, incluso de las madres. Un dato curioso que alguno de los sobrevivientes leyó, sin embargo, como un modo de explicar la peculiaridad de este grupo, de familiares y de buscadores de sus víctimas entre el grupo de las víctimas de la ESMA.

Las identidades

El caso de las monjas francesas será reconstruido la semana próxima durante el alegado de Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora. La secretaría, sin embargo, adelantó algunos de los datos que permitieron trazar sus identidades a partir del juicio oral. Alice Domon –recordó Rico a partir del testimonio de Nora Cortiñas– era una persona que se vestía con ropita sencilla, no de monja, con una cruz, “que vino a ver si nosotras necesitábamos dinero u otra cosa”. O recordó aquello que había dicho su hermana Grabriele en la declaración del 15 de abril de 2010, en la que leyó cartas y correos de Alice. Dijo que entró a la orden en 1957, que estuvo diez años en Francia, que en 1967 llegó a la Argentina, que primero estuvo en Morón, donde cuidó al hijo discapacitado de Jorge Rafael Videla. Trabajó en los barrios humildes compartiendo la vida con los pobres, se trasladó a Corrientes a trabajar al servicio de las Ligas Agrarias. “A través de las cartas dice que para 1975 la vida era más terrible todavía, que había amenazas pero que valía la pena estar entre los pobres, con los que estaban castigados.” En 1977, conoció a las Madres de Plaza de Mayo. “Su hermana dice que tenía miedo de lo que podía pasar con las madres.”

Durante el correr de las audiencias, aparecieron voces que permitieron conocer de cerca a muchos de los integrantes de la Santa Cruz, cuyas imágenes están aún desdibujadas. Rico rescató en ese contexto el rol del grupo de los más jóvenes, narrado en las audiencias por Uki Goñi que los conoció durante su trabajo en la redacción del Buenos Aires Herald. Goñi contó cómo ellos mismos lo invitaban a ir algunas de las reuniones en la Santa Cruz, pero que él no quiso ir porque tenía miedo. Decía que las madres estaban protegidas por ser madres, pero los más jóvenes, no. Rico también mencionó el testimonio de la hija de Eduardo Gabriel Horane y de Raquel Bulit, que para el día del secuestro tenía ocho años de edad y que durante años escribió cartas y cartas a sus padres convencida de que seguirían con vida.

“Quiero hacer una reflexión en este punto”, dijo el abogado después de presentar a todos. “Hace unos días Acosta habló del rol de Inteligencia que cumplió y lo escuchamos hablar de los enemigos: ¿la Inteligencia de Marina se dedicaba a seguir a estas personas?”
La infiltración

Entre las pruebas de la infiltración de Astiz, Rico mencionó numerosos relatos de testigos. Entre ellos, Aída Sarti o Cecilia Vázquez que se mostró sorprendida, entonces como ahora, de las personas con las que llegaba Astiz a las reuniones, a quienes presentaba como hermanos y a las que se veía muy callados. Recordó además el relato de Cecilia, la hija de Azucena, el momento en el que Astiz en su rol de Gustavo Niño le pidió quedarse a dormir en su casa y su marido no lo dejó. El caso de Graciela Daleo, cuando contó que Silvia Labairú fue obligada a acompañar a Astiz en esas infiltraciones para que “pasara con más naturalidad entre los familiares”. O el testimonio de Lauletta, que explicó que desde mitad de agosto de 1977 la ESMA le hizo la documentación a Astiz como Gustavo Niño para que se infiltrara con los grupos de derechos humanos, y que eso iba desembocar en la caída del grupo de la Santa Cruz.

Sobre el operativo, otro de los puntos del alegato, explicó que era complicado. Que la ESMA debía pedir autorización al Ejército. Y cuando el Ejército solicitó la información para saber qué es lo que estaba sucediendo, la ESMA lo negó.

Algo de ese operativo es lo que conmovía todavía a Nora Cortiñas y a Ana María Careaga en uno de los intervalos. Y, entre ellos, el nombre de Alfredo Astiz que todavía las estremece. Ese relato de la sala les volvió a hacer sentir cómo es que compartió tanto tiempo con sus víctimas, cómo las llevaba y las traía en coche, cómo es –decían por fin– que a algunas de ellas llegó a conocerlas mejor que nadie.

Etapa final en juicio por los crímenes de la ESMA

La validez de los testimonios

Después de la extensa ampliación de declaración de Jorge “El Tigre” Acosta sobre el secuestro de las monjas francesas, del grupo de Madres y de Rodolfo Walsh, el tribunal incorporó los videos de los testigos en el Juicio a las Juntas.
Por Alejandra Dandan

A dieciséis meses del comienzo, el juicio por los crímenes de la ESMA entró en la etapa final. Después de la última ampliación de la declaración de Jorge “El Tigre” Acosta –que se extendió el lunes pasado hasta las once y media de la noche–, el Tribunal Oral Federal 5 dio lugar a la incorporación de las declaraciones de testigos que están muertos o no están en condiciones de declarar. En una medida celebrada por los querellantes, en las audiencias se están viendo las declaraciones filmadas que esos mismos testigos realizaron en el juicio a la junta de comandantes. Entre ellos hubo testimonios fundamentales como el de Emilio Mignone, uno de los fundadores del CELS, y el ex capitán Jorge Félix Roberto Búsico, uno de los integrantes de la ESMA que reconoció las operaciones ilegales contra los militantes políticos.

La semana comenzó el lunes con la declaración de El Tigre Acosta, que viene hablando desde hace tiempo. Habló mucho, largo, y pronunciando mentiras sobre verdades, como lo explicaron las querellas. Como había sucedido días previos con Miguel Donda, durante su relato Acosta rozó por momentos la autoincriminación. En una línea en la que terminó describiendo la ESMA como centro de reclutamiento y de torturas, hizo subrayados importantes sobre tres puntos: volvió al operativo a Rodolfo Walsh descripto por él mismo en una carta que había entregado al tribunal; se refirió al secuestro del grupo de Madres y familiares de desaparecidos en la Iglesia de Santa Cruz y describió cómo se organizaban los operativos en las calles.

Sobre Walsh, volvió a decir lo que dijo en la carta. Que estaba dispuesto a morir sí o sí. Repitió la idea del suicidio, habló de un solo tiro y describió el traslado del cuerpo a una comisaría de la zona para sacarlo de la ESMA. Fuera de eso, las querellas tomaron nota del nombre de un capitán a quien mencionó como a cargo del operativo, hombre que, por supuesto, está muerto.

Del grupo de la Santa Cruz, mencionó por la negativa un dato que podría certificar la fecha de los traslados de las víctimas. Acosta dijo que entre el 7 y el 15 de diciembre la ESMA prácticamente no funcionó. Que se suspendieron las tareas del GT 3.3.2, que nadie trabajó y que por los feriados quedaron todos abocados a firmar papeles de las licencias y diplomas. “Lo dijo así, con ese descaro”, señaló a Página/12 Ana María Careaga, hija de una de las integrantes de la Santa Cruz. Para los acusadores el tema de las fechas es importante. Algunos creen que, de alguna manera, con esos datos Acosta marcó los límites de la permanencia del grupo en la ESMA, y ubicó el día 14 como el momento del vuelo final de los cuerpos, un dato que está en investigación porque algunas versiones indican que podría haber sido días más tarde.

Por otra parte, admitió que desde agosto o septiembre de 1977 todos los agentes de inteligencia estuvieron abocados a infiltrarse en el Movimiento de Solidaridad de Derechos Humanos para cambiar la imagen de Argentina en el exterior. “Incluso yo mismo participé para visitar periodistas y medios extranjeros porque sabía bien inglés”, dijo. Explicó que hizo la tarea con una de las secuestradas que tenía esas mismas condiciones. Pese a que no dijo claramente dónde estuvo, quienes lo escucharon entendieron que uno de los lugares pudo haber sido la Plaza de Mayo. Y que la idea era toparse ahí con periodistas para darles una versión distinta de lo que estaba pasando.

Sobre los operativos, evocó las estrategias del grupo de tarea 3.3.2 ante el uso de las pastillas de cianuro durante los secuestros. Explicó que al comienzo daban la voz de alto, pero eso producía un enfrentamiento y los militantes solían usar las pastillas de cianuro que impedían capturarlos con vida. “Todo el mundo conoce el famoso tacle de Astiz –dijo–, pero eso lo hicieron varios.” Con ese tacle, lo que hacían era acercarse a las víctimas y agarrarlos para evitar que tomen las pastillas. A esa altura, en la ESMA, explicó también, había un médico que encontró el modo de contrarrestar los efectos del veneno.

Días después, comenzaron a verse los videos de las declaraciones en el juicio a la junta de comandantes. Uno de los testimonios clave fueron dos tramos del testimonio de Mignone, sobre el que las querellas tomaron nota. Uno de ellos son las tres entrevistas que mantuvo con el represor y jefe de la Armada Emilio Massera, en las que le dijo que las monjas francesas estaban muertas. Mignone le respondió: “Si están muertas es porque ustedes las mataron”. Y Massera no contestó. Otro de los tramos es cuando da cuenta de una entrevista en 1977 con Oscar Antonio Montes, uno de los represores acusados en el juicio. Durante un exabrupto Montes reconoció que los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics habían sido víctimas de grupos de tarea de la Armada.

Otro de los testigos reescuchados fue Búsico. Durante el Juicio a las Juntas, declaró que en 1976 era capitán de Fragata y era uno de los operativos dentro de la ESMA. Pese a que no estaba afectado a la “lucha contra la subversión”, un día lo convocaron para un operativo. Durante el procedimiento, él dio su nombre y por eso lo reprocharon sus compañeros de arma. Detrás de él llegó Néstor Omar Sabio, que no dio su nombre, sino uno falso, una característica que le permitió empezar a entender cuál era la metodología. Aseguró que por esa situación se quejó ante Chamorro para decirle que no estaba de acuerdo con el uso de nombres falsos, con los operativos de noche y el hacerlos de modo encubierto. Que por esa razón lo separaron de la “lucha antisubversiva”, pero que de todos modos en las guardias que le tocaban veía entrada y salida de personas que claramente no eran personal de la ESMA. Que la gente entraba capturada, llegaba encapuchada y nunca los vio salir”. Los veía pasar de un lado a otro, en algunos casos los llevaban con frazadas, y que desde uno de los puestos se les daba órdenes a la Policía Federal para no intervenir en las zonas.

Una vez, dijo, le pidió a un mayordomo de la ESMA sus cosas para llevárselas. El hombre no las encontró y entonces lo autorizaron a subir a buscarlas al altillo. Dijo que en ese momento se quedó impactado. “Para mi sorpresa estaba repleto de muebles y de cosas que sin duda eran resultado de la lucha contra la subversión.”

Ayer fue el turno de Thelma Jara de Cabezas, que no está en condiciones físicas de declarar en las audiencias. Esta serie de testimonios permitió a las querellas empezar a pensar que todas las declaraciones de estos juicios, que también están siendo registradas, podrían usarse en los próximos debates.