Cinco pilotos atrapados entre rejas

Procesaron con prisión preventiva a los imputados por los vuelos de la muerte.

Cinco pilotos atrapados entre rejas

El abogado Gonzalo Alvarez de Tolosa, que visitaba la ESMA, y los pilotos de Aerolíneas Enrique de Saint Georges y Mario Arru –en funciones hasta su detención– están entre los procesados. Tres prefectos ahora en la mira judicial.

Por Diego Martínez

El juez Sergio Torres dictó el procesamiento y destacó la investigación de la Procuración.

El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de la muerte. Tres son ex pilotos de Prefectura que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El magistrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación sobre 2800 planillas de vuelo y un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas. Esa declaración incluye los nombres de otros tres prefectos que tenían “la sartén por el mango” y están en la mira de la Justicia. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y jefe de Prevención de Accidentes para la época de la tragedia de 1999 que acaba de prescribir.

El más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Amigo de Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas, el entonces profesor de la Universidad Católica Argentina admitió que visitaba la ESMA y relató “trabajos” que el Tigre le encomendaba en Cancillería. Torres de Tolosa fue denunciado por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, y por sobrevivientes como partícipe de torturas. En su declaración sugirió una confusión con su hermano Alvaro Diego, que según él era segundo comandante de Gendarmería y miembro de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo. “Sus tareas eran secretas”, dijo. El hermano no puede defenderse porque está muerto. El flamante procesado “alternaba su actividad legal con una actividad clandestina e ilegal, en los antípodas de su formación profesional y que era esencialmente voluntaria. No había deber legal ni norma que lo obligara a formar parte del GT 3.3. Solamente su conciencia y su convicción sociopolítica”, resumió Torres, que lo procesó como partícipe necesario de medio millar de secuestros y tormentos seguidos de muerte, embargó sus bienes por 618 millones de pesos y, pese al “colon irritable” que lo aqueja, ordenó su traslado al penal de Ezeiza.

El ex suboficial naval Rubén Ormello confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. “¿Qué cagada te mandaste, Colorado, que saliste en Página/12”, le escribió un compañero en 2009. Tal como se anticipó en aquel artículo, los testigos de su confesión en los hangares de Aerolíneas declararon ante la Justicia, que luego citó a los ex compañeros del mecánico. Cinco admitieron haber escuchado “constantes comentarios” de la confesión. Los testimonios fueron “consistentes, contundentes y concordantes”, evaluó el juez. Pese a que la Cámara Federal estableció que las confesiones en privado no lo son técnicamente, el juez las privilegió, teniendo en cuenta la deliberada destrucción de pruebas de la Armada, que aún niega la existencia del GT 3.3 pese a que se olvidó de borrar los sellos de los legajos de varios suboficiales.

El procesamiento de De Saint Georges, Arru y Alejandro D’Agostino se fundó en el trabajo de la PGN y en la declaración de un suboficial que admitió que los vuelos eran vox populi y nombró a cinco pilotos con “la sartén por el mango”. D’Agostino pidió el cese del servicio como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura cuando se enteró de la acusación por “la injuriosa e infundada publicación de Página/12”, que ahora validó la Justicia. A las pruebas ya informadas, el juez agregó 47 planillas de los Skyvan de 1977 entregadas por el Ministerio de Seguridad, de las cuales sólo dos carecen de datos distintos del horario de vuelo: una es la del 14 de diciembre y ambas tienen como comandante a De Saint Georges. El juez destacó que los once “vuelos anómalos” en tres años detectados por la PGN se condicen con el uso “eventual” de los Skyvan mencionado por Scilingo. Procesó a los pilotos como partícipes necesarios de 56 secuestros agravados y los procesó por 56 millones de pesos.

Alegatos Justicia Ya

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 7 - 19/05/11 from tvpts on Vimeo.

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 6 - 19/05/11 from tvpts on Vimeo.

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 4 - 18/05/11 from tvpts on Vimeo.

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 2 - 18/05/11 from tvpts on Vimeo.

Justicia Ya, pide condenas por GENOCIDIO

Las querellas en la causa ESMA le pidieron al tribunal que condene por genocidio a la patota de marinos que está siendo juzgada por delitos de lesa humanidad. En los casos de Walsh y de Raimundo Villaflor solicitó penas por asesinato.

 Por Alejandra Dandan

Es posible que en ese momento Alfredo Astiz haya dejado de leer el libro que no dejó de mirar durante toda la audiencia, alternado con una revista de crucigramas. Las querellas de Justicia Ya! habían terminado de repasar las pruebas de Rodolfo Walsh y del grupo de los Villaflor; habían repasado el rol de los acusados y entraban en la argumentación jurídica de las penas. La querella le pidió al Tribunal Oral Federal 5 con argumentos novedosos –en base a las condenas recientes de otros juicios de lesa humanidad–, la imputación directa por el delito de genocidio. Y pidió además un cambio de carátula en el caso de Rodolfo Walsh y de Raimundo Villaflor para que los represores –entre otros Jorge “Tigre” Acosta y Astiz– no sean condenados sólo por privación ilegal de la libertad, sino también por homicidio.

La querella en manos de Myriam Bregman y Luis Bonomi terminó las dos jornadas de alegatos con una inédita –hasta ahora– revisión de los últimos fallos que generan jurisprudencia y empiezan a dar nuevos argumentos –entre otras cosas– para buscar condenas más altas para los represores. En este caso de los dos pedidos –genocidio y homicidios–, tomaron nota no sólo las querellas, sino el equipo de fiscales.

En el caso de genocidio, Justicia Ya! repitió el planteo que la semana pasada hizo Horacio Méndez Carreras y Luis Zamora por cuatro de las víctimas de la Iglesia de Santa Cruz. Se nutrieron sin embargo de dos argumentos nuevos: la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 por el juicio del circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo) y un voto en disidencia del juez José María Perez Villalobos, del Tribunal Oral Federal tucumano.

“Esta querella quiere que a los hechos se los llame por su nombre”, dijo Bonomi. “Que la conducta de genocidio se diga que existe.” Y antes de meterse con los fundamentos, situó una de las discusiones de fondo que en los últimos meses se viene repitiendo en distintos juicios: las diferencias entre “delitos de lesa humanidad” y “genocidio”. Entre otras diferencias, el delito de lesa humanidad dice que la represión se da contra una sociedad de forma indiferenciada. El genocidio habla de “grupo nacional” y dice que las víctimas no son cualquiera sino grupos políticos, culturales, ideológicos, segmentados así por la mirada de los represores. El genocidio como figura penal no podría ser amnistiado. Esa fue la línea de Justicia Ya!

Bonomi mencionó el fallo de ABO. En ese juicio, la fiscalía de Alejandro Alagia pidió condenar por el delito de genocidio. El pedido fue resistido: no sólo la defensa pidió la “nulidad” del alegato, sino que también lo criticaron algunas querellas. La razón es que no se puede condenar a alguien por un delito por el que no fue juzgado: es decir, los represores que fueron juzgados por delitos de lesa humanidad no pueden ser condenados por genocidio.

El fallo de ABO cambió ese principio. Los jueces descartaron la nulidad y dijeron: “El cambio de calificación no viola el principio de congruencia porque los hechos no variaron y siguen siendo los mismos”. En ese contexto, aunque el Tribunal de ABO no condenó por genocidio, descartó la nulidad y legitimó el pedido.

El otro argumento de Justicia Ya! fue un fallo en disidencia de Villalobos del 31 de marzo de 2011 en una causa contra Luciano Benjamín Menéndez. “Ha quedado acreditado que la intención de los agentes de la dictadura fue destruir organizaciones y grupos sociales, políticos, estudiantiles”, dijo el juez. “La prueba arrimada en la causa pone al descubierto que el propósito fue la destrucción de los grupos”. Y por si quedaban dudas, dijo: “No es el ‘marco’ de un genocidio, sino que es un crimen en sí mismo”, un modo de hacer “coincidir la verdad jurídica con la verdad histórica”.
Homicidios

Sobre el pedido de homicidios, los abogados acudieron a la misma lógica: es posible un cambio de carátula cuando no hay cambios en el plano fáctico.

En el caso de Walsh, los imputados están acusados por privación ilegal de la libertad, pero no por el homicidio porque su cuerpo permanece desaparecido. En el caso de Raimundo Villaflor sucede algo parecido: el único acusado en juicio por su caso y por todo su grupo es Adolfo Miguel Donda, acusado de privación ilegal de la libertad y de tormentos.

“Para el caso de Walsh –dijo Bregman– pedimos la figura de homicidio doblemente agravado por alevosía, concurso premeditado de dos o más personas, entendiendo que las circunstancias de las muertes de la víctima fueron conocidas”, explicó. Nada es aleatorio: lo que dijo en esa frase es que un homicidio puede ser probado aun cuando no hay cuerpo si existen testimonios que avalen la muerte.

En ese sentido, recordaron los testimonios de los sobrevivientes como Martín Grass, que vio cuando bajaban el cuerpo de Walsh por las escalinatas del sótano de la ESMA, baleado y a los represores diciendo: “¡Se nos fue!”. Pero también recordó confesiones de la muerte dichas por los represores como Acosta o el propio Emilio Massera.

Otro argumento importante –para éste y otros casos– fue un fallo de la Cámara de Casación. La defensa de Walsh se quejó alguna vez ante este tribunal porque la acusación era de privación ilegal de la libertad “cuando era público el conocimiento de la muerte, y era imposible privar de la libertad a un cadáver”, recordó Bregman. En ese caso, la Cámara rechazó el planteo. Pero dijo que la calificación legal con la que entró el caso al juicio oral es “provisoria”. “Y eso no impide que durante el debate, la cuestión vinculada sea establecida con la consiguiente recalificación legal.” En esa lógica, el fallo no sólo resulta una admisión del hecho de la muerte sino que –más importante– la Cámara le está diciendo al TOF que está habilitado para “recalificar”.

El tema no es menor porque no sólo atraviesa el debate de ESMA y Walsh, sino las imputaciones con las que llegan a juicio oral los acusados de muchos otras causas.

“Por lo expuesto –dijo Bregman–, se impone para el caso de Walsh que se aplique el tipo penal en concurso con el delito de genocidio por homicidio cometido con alevosía por funcionario público con participación de dos o más personas, privación ilegal de la libertad, violencia y amenazas y robo agravado de bienes.” Pidió prisión perpetua y reclusión en cárcel común para Acosta, Astiz, el policía Juan Carlos Fotea, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Ernesto Weber alias 220, Julio César Coronel alias Maco, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice y Pablo García Velazco.

En el caso de Raimundo Villaflor consideró que es tormento seguido de homicidio considerando que murió en la tortura. Para él y su grupo, pidió 25 años de prisión para Donda. También pidió 20 años de prisión para Juan Antonio Azic por Carlos Lordkipanidse y para Raúl Sheller, 20 años por Enrique Mario Fukman. A Astiz y a Acosta también los acusó por el caso de Lordkipanidse.

Alegatos de JUSTICIA YA

“No fueron loquitos sueltos”

La abogada Myriam Bregman centró su acusación contra Astiz, Acosta y Cavallo, entre otros, en que los tormentos, los homicidios, los secuestros fueron parte de un plan que involucró a toda la Armada. Hoy pedirán las penas.

 Por Adriana Meyer

“Patricia Walsh, Laura Villaflor y María Celeste Hazan son tres hijas que entrelazan hoy las historias de vida, de militancia y de compromiso de sus propios padres; en su nombre vamos a acusar a los aquí presentes para no permitir que se instale la mayor impunidad, la gran Operación Masacre, la del genocidio perpetrado en la Argentina.” Así comenzó el alegato de Myriam Bregman en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA. La abogada destacó que “no fueron loquitos sueltos, no fueron errores, no fueron excesos, fue toda la institución”, en alusión a la Armada, y enfatizó que “quedan miles de ellos en funciones”. Sentada entre el público, muy cerca de los represores , la hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh se conmovió por la “fuerza, claridad y lucidez” del alegato, que calificó de “impresionante y extraordinario porque estuvo a la altura de lo que nos hubiera pedido mi padre y sigue el ejemplo de su Carta Abierta”.

Mientras en una pantalla gigante se sucedían imágenes de la ESMA, la casa de Walsh en el Tigre y los rostros de los desaparecidos del Grupo Villaflor, los genocidas se iban dando vuelta para mirar de frente a sus acusadores, Bregman y Luis Bonomi. Acosta desistió de sus habituales “siestas” y, al igual que al resto, se lo vio muy inquieto. “Estaban nerviosos sintiendo el impacto del alegato colectivo de Justicia Ya!, político y a la vez rigurosamente acusatorio, construido con la fortaleza de los sobrevivientes”, dijo Patricia Walsh a Página/12 . De hecho, los letrados hablaron también en nombre de los ex detenidos-de-saparecidos de la ESMA Luis “Cachito” Fukman, Carlos “el Sueco” Lordkipanidse, ambos de Montoneros, y Osvaldo Barros, del Grupo Obrero Revolucionario.

Bregman planteó que la Armada en su conjunto actuó “en un plan sistemático de exterminio, un genocidio contra una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social para cambiar regresivamente al país, aumentar la explotación de la clase trabajadora y disciplinarla, a la vez que redoblaban las ataduras al imperialismo”. Y acusó a Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Julio Coronel, Juan Fotea, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Jorge Radice, Ernesto Weber y Pablo García Velazco por el asesinato de Walsh, cuya Carta Abierta a la Junta Militar fue el eje argumentativo del alegato, con citas textuales del escrito.

“Estos integrantes de la Unidad de Tareas 3/3.2 realizaron el viernes 25 de marzo de 1977, entre las 14.30 y las 16, un operativo de gran magnitud en las inmediaciones de San Juan y Entre Ríos, para secuestrar a Rodolfo Walsh, interrogarlo bajo tortura y someterlo a condiciones inhumanas”, dijo la abogada. El escritor se resistió y se defendió con un arma calibre 22, pero fue baleado. Los restos de Walsh siguen desaparecidos, aunque su hija Patricia sospecha que pueden estar en el campo de deportes de la ESMA. “Hay que hacer los peritajes de una vez e impedir que sigan haciendo deportes allí, que es jurisdicción nacional”, dijo Walsh, impulsora de la nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad.

Los imputados también deberán responder por la sustracción de los objetos personales de Walsh, además de la pistola, un reloj Omega y un portafolios con copias de la Carta Abierta junto al boleto de compra venta de su casa de San Vicente. Y también por los que se llevaron tras el allanamiento de esa vivienda y la del Tigre, entre ellos cuentos, proyectos literarios, sus memorias, su diario personal, carpetas con materiales periodísticos, documentos de Montoneros, cartas, libros, dibujos y fotos. Varias de estas pertenencias fueron vistas en la ESMA, según fue relatado en el juicio. En tal sentido, Patricia Walsh destacó el coraje de los vecinos de San Vicente y de Tigre, que declararon sobre esos operativos por primera vez. Los informes aportados por la Comisión Provincial por la Memoria indicaron que la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense había hecho actividades de Inteligencia previas a tales procedimientos. Un dato inédito surgido del juicio indica que cuatro de sus vecinos del Tigre fueron secuestrados y llevados a la ESMA, luego de que sus casas también fueran allanadas.

“Empiezo a subir la escalera y tropiezo con un grupo que estaba muy excitado, alcanzo a ver una camilla y desnudo de la cintura para arriba reconozco a Rodolfo, me parece ver un par de impactos de bala en el pecho, los comentarios eran ‘se nos quedó’”, relató en el juicio Martín Gras, y abonó así la teoría de que habría llegado herido a la ESMA. En ese momento las imágenes mostraron la escalera de la ESMA y su hija Patricia se estremeció conmocionada. “Era una leyenda para algunos oficiales”, agregó.

Bregman cuestionó que el juicio haya dejado afuera a las compañeras y a los hijos de los sobrevivientes, que también estuvieron cautivos. “Hay 250 represores de la ESMA identificados y más de 800 compañeros estuvieron ahí secuestrados, pero este juicio es contra 18 victimarios por 86 víctimas”, precisó. Y replicó a la defensa de los represores que “el desguace de la causa, lejos de perjudicarlos, los beneficia”. Tras argumentar que la Armada tenía archivos de su accionar genocida, tal como admitió el cardenal Jorge Bergoglio en su declaración, la abogada recordó que el Tribunal Oral Federal Nº5 les negó el pedido de allanamiento al Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y a los domicilios de Acosta y Emilio Massera, donde presumiblemente podrían haberse encontrado documentos de Walsh.

En un cuarto intermedio, uno de los familiares de los imputados comentó al resto: “A ésta Alfredo la tiene en la garganta”. Alfredo, que es Astiz, tendrá que escuchar hoy de nuevo a ésta, que es Bregman, y a su colega Bonomi, cuando aleguen por el caso de Raymundo Villaflor y pidan las penas para él y los demás genocidas: prisión perpetua en cárcel común.

Denegado el pedido de excarcelación a Ricardo Cavallo

El represor Cavallo sigue adentro

Cámara Federal porteña rechazó un planteo de excarcelación pedido por el ex marino Ricardo Cavallo, quien seguirá detenido en el marco de la megacausa ESMA. Está acusado de haber integrado el grupo de tareas 3.3.2 de ese centro clandestino de detención y sindicado su presunta responsabilidad en 114 casos de tormentos, privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos seguidos de muerte.

La sala II del tribunal de apelaciones avaló la prórroga de un año en su prisión preventiva resuelta por el juez federal Sergio Torres, al recordar que Cavallo vivió con una identidad falsa en otro país y podría fugarse o entorpecer la marcha de la causa judicial en caso de ser liberado, según reveló Télam.

El ex marino detenido en México y extraditado primero a España y desde allí a la Argentina el 13 de marzo de 2008, es actualmente sometido a juicio oral en un tramo de esa investigación, cuyo veredicto se conocerá en las próximas semanas.

Conocido como "Sérpico", el ex marino se desempeñó en el área de Inteligencia y Operaciones para luego ser enviado al Centro Piloto París, desde donde viajó a México donde llegó a ser director del Registro Nacional de Vehículos. Allí estaba cuando fue identificado por fotos por un sobreviviente de la ESMA, Victor Basterra, quien le había confeccionado una credencial de la SIDE falsa a nombre de Miguel Ángel Cavallo cuando estaba secuestrado en ese centro clandestino de detención.

Actualmente Cavallo es juzgado junto a los represores Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, entre otros, por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, entre ellos el secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

Con “la fuerza de los principios éticos”

Alegatos en la causa por los crímenes en la ESMA

Los abogados Luis Zamora y Horacio Méndez Carrera señalaron que los crímenes fueron cometidos “como parte de un genocidio”. Hoy Zamora finalizará su alegato con el pedido de “reclusión perpetua” para los acusados.

El abogado Luis Zamora, querellante en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, señaló que esos actos fueron perpetrados “como parte de la comisión de un genocidio”. Lo hizo en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Federal 5. Hoy reclamará la condena de “reclusión perpetua” para los responsables de los secuestros ocurridos en la Iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977.

Zamora, junto a su colega Horacio Méndez Carrera, representa la “querella unificada” que incluye a los damnificados de esos hechos que culminaron con el secuestro de una docena de víctimas, entre ellas las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon. “Estos juicios son un paso al fin de la impunidad”, dijo el letrado, no sin antes aludir a los “obstáculos que puso el Estado desde 1983”, en referencia a las leyes de obediencia debida y punto final sancionadas durante la administración alfonsinista y a los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem que constituyeron, dijo, “privación de justicia”.

En una suerte de interrupción política al alegato técnico, Zamora hizo referencia a los “33 años y cinco meses de impunidad” que tuvieron los represores que actuaron en los episodios de la Iglesia de la Santa Cruz, y ponderó el “esfuerzo formidable de las Madres, que con sus pañuelos blancos le gritaban al mundo lo que aquí ocurría”. También resaltó los testimonios de sobrevivientes que “permiten que resuenen aquí las voces de los jóvenes reprimidos en sus ideales y compromisos”, aunque se lamentó por la “fragmentación de causas” y dificultades propias de la Justicia (como falta de salas para las audiencias) que posibiliten dar mayor celeridad a los procesos. El letrado también exaltó la “fuerza de los principios éticos que se mostró invencible ante la dictadura genocida”, y recordó que el episodio puntual de la Iglesia de la Santa Cruz fue una “razzia” represiva en contra de “personas que estaban juntando monedas para publicar una solicitada”.

En referencia al dictador Jorge Rafael Videla, dijo: “El máximo jerarca de aquella dictadura había prometido una Navidad en paz”, y las madres y las religiosas estaban esperanzadas y querían publicar solicitadas con los nombres de las personas que estaban buscando. Para explicar el funcionamiento del “centro clandestino de detención, tortura y exterminio” que funcionaba en la ESMA, el abogado recurrió a fotografías, croquis, mapas, planos y hasta una reproducción virtual en tres dimensiones. La exposición de Zamora fue seguida con un respetuoso silencio por parte de los familiares de los sobrevivientes, ubicados en la planta baja. Pero en la bandeja superior, una decena y media de allegados a los represores mantuvieron una actitud burlona y desafiante durante el alegato. Zamora también condenó a la jerarquía de la Iglesia Católica y su máximo dignatario, el cardenal Jorge Bergoglio, y hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que, dijo, “tardó tres largos años en venir a la Argentina, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían sido asesinados”. Por la tarde, el abogado Méndez Carrera, quien representó originariamente a los familiares de las monjas francesas, apuntó en su alegato a la responsabilidad de cada uno de los acusados, haciendo recaer el mayor peso en Astiz y en Acosta, a quien mencionó como el “cerebro que planificó la operación y resolvió la eliminación”.

El reclamo de Zamora y Méndez Carrera –que representan también a las familias de Azucena Villaflor de Devicenzi, Mary Bianco y Alicia Careaga, y a otros siete militantes de derechos humanos (Angela Aguad, Patricia Oviedo, Eduardo Orane, Raquel Bullit, José Fondevilla, Remo Berardo y Horacio Elbert) que colaboraban con el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo– es de igual severidad al realizado la semana pasada por el gobierno nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos.

Los cinco detenidos por los vuelos de la muerte

Entrenamiento criminal

Los acusados negaron los cargos. Los tres prefectos dijeron en el juzgado de Sergio Torres que el vuelo del 14 de diciembre de 1977 fue un viaje de “entrenamiento”.

Los tres ex pilotos de Prefectura, el ex mecánico de la Armada y el abogado condecorado por su actuación en la ESMA detenidos el lunes por orden del juez federal Sergio Torres negaron durante su declaración indagatoria haber participado de vuelos de la muerte durante la dictadura. Excepto el civil Gonzalo Torres de Tolosa, que tendría problemas de salud, los otro cuatro imputados ya pasan sus días en el pabellón de lesa humanidad del penal de Marcos Paz. La empresa Aerolíneas Argentinas, en tanto, suspendió provisoriamente a sus comandantes Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru, a la espera de que se determinen judicialmente sus responsabilidades.

De Saint Georges, Arru y el prefecto retirado Alejandro Domingo D’Agostino, imputados por el fiscal federal Eduardo Taiano de haber participado en la eliminación de un grupo de militantes y familiares de desaparecidos secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, admitieron como era previsible la existencia del vuelo que figura en los registros de Prefectura, aunque aseguraron que se trató de un simple “entrenamiento”. Como detalló Página/12 hace un mes, se trata según los registros de un vuelo nocturno, de tres horas y diez minutos de duración, que no transportó pasajeros y retornó sin escalas al punto de partida. Si bien no se conocen por el momento más detalles de las declaraciones, se trataría de un entrenamiento atípico, no sólo por tratarse de pilotos con experiencia (De Saint George tenía 30 años, Arru 29 y D’Agostino 28), sino también por las palabras elegidas para registrarlo. En las planillas entregadas por Prefectura al fiscal federal Miguel Osorio, los vuelos de entrenamiento se registran como de “instrucción”, se especifica “nocturna” cuando corresponde, pero sólo uno sobre 2758 vuelos tuvo por finalidad la “navegación nocturna”. El que se les imputa.

Torres de Tolosa fue interrogado el martes en su domicilio del barrio de Belgrano por el secretario Pablo Yadarola porque habría sido operado recientemente por un tumor cerebral y padecería diabetes, hipertensión y una afección renal, entre otros males. El abogado denunciado por Adolfo Scilingo como quien le entregaba los cuerpos de las personas dormidas para arrojar al vacío en un vuelo de mediados de 1977 admitió su parentesco con el ex capitán Jorge Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, y también su presencia en la ESMA. El civil condecorado por su “esfuerzo y abnegación” en la “lucha contra la subversión” declaró que durante la dictadura prestó servicios en el área de relaciones públicas de Cancillería y admitió que concurría a la ESMA, aunque sólo para almorzar. “Se comía muy bien”, se permitió bromear. Pese a sus frecuentes visitas al comedor del Casino de Oficiales, Torres de Tolosa admitió que había sectores con carteles que indicaban “área restringida”, pero aseguró no haberlos traspasado. También negó haber participado en sesiones de tortura e incluso haber visto a personas secuestradas o haber sabido que funcionó en la ESMA un centro de tortura y exterminio. El abogado no sólo es un imputado atípico por su condición de civil, también por su experiencia para manejarse ante los magistrados, ya que fue defensor de varios de sus camaradas desde la reapertura de la megacausa.

El suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, en tanto, también rechazó haber participado y menos aún confesado su actuación en los vuelos. Empleado también de Aerolíneas Argentinas, miembro del sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza hasta el fin de semana, Ormello fue imputado a partir de relatos de sus ex compañeros de hangar de la empresa estatal tras el retorno de la democracia.

Al margen de Scilingo, condenado en España, el único detenido en el país en condiciones de ser juzgado por su participación en los vuelos es el capitán Emir Sisul Hess, quien relató a principios de los ’90 que los secuestrados caían del avión “como hormiguitas”. Su caso fue elevado este año al Tribunal Oral Federal 5 y podría ser juzgado junto a la segunda tanda de marinos de la ESMA cuando concluya el proceso a Acosta, Astiz & Cía., que afrontan su primer juicio por crímenes de lesa humanidad desde hace diecisiete meses, en el juicio oral y público más extenso desde la reapertura de las causas.

El otro imputado por los vuelos que fue procesado por Torres y desprocesado por la Cámara Federal es el ex teniente Julio Poch, ex empleado de la aerolínea holandesa Transavia, detenido durante su último vuelo como piloto comercial y extraditado desde España. Poch también fue denunciado por compañeros de trabajo que lo escucharon relatar los vuelos durante una cena, y desde el día de su detención realizó junto a abogados europeos y más tarde argentinos un exhaustivo trabajo para desacreditar a los testigos e intentar demostrar una compleja conspiración en su contra.