Juicio por la megacausa ESMA ingresó en la etapa final

Se recordaron los testimonio de las aberraciones, y el genocidio diluido... y la Armada como tal no cuestionada
La ex ESMA.

La Fiscalía inició este miércoles la última de las acusaciones contra los 19 imputados por crímenes cometidos en la ESMA en el marco de lo que denominó "el juicio al horror" y denunció que la tortura ese centro clandestino era "la ceremonia iniciática de los detenidos" que en la mayoría de los casos culminaba con los "vuelos de la muerte".

El alegato, cuya parte introductoria estuvo a cargo de la fiscal adjunta Mirna Goransky, fue interrumpido en dos oportunidades debido a las descompensaciones del represor Ernesto Weber.

Conocido por el alias de "220" porque era un experto en la aplicación de picana eléctrica, Weber "tuvo un bajón de presión" y "se descompensó", pero tras la asistencia recibida por los médicos de tribunales se recuperó y fue trasladado nuevamente a la sala de audiencias, en el subsuelo de Comodoro Py 2.002. La descompensación obligó a que el presidente del tribunal, Daniel Obligado, ordenara un "cuarto intermedio" que se prolongó alrededor de media hora, hasta que, con la atención brindada en la enfermería de los tribunales federales de Retiro, se reanudó el debate.

"Este no es un juicio como cualquier otro; este es un juicio al horror. No se trata sólo del interés general de la sociedad argentina, ya que trasciende los límites de nuestro país", advirtió la letrada que acompaña al fiscal federal Pablo Ouviña, quien expondrá en las sucesivas jornadas en las que se completará el alegato acusatorio.

En su exposición, Goransky aseveró que los oficiales del Grupo de Tareas que actuó en la ESMA "estaban convencidos que estaban librando la Tercera Guerra Mundial, frente a un enemigo evanescente" y que la tortura era el único método para obtener la información que requerían de los detenidos.

En ese marco, indicó que "la picana eléctrica destruía la libertad y provocaba el quiebre de aquellos que habían dejado de ser personas", por lo que su aplicación se constituía en "la ceremonia iniciática, el rito de iniciación" de los detenidos y su sometimiento dependía "de cuanto aguantaban".

El alegato fiscal fue seguido con atención por los acusados y, en esta oportunidad, sólo una de las mujeres de los represores que habitualmente asisten a las audiencias se encontraba en la bandeja superior, casi completa por ex camaradas de armas.

"No son criminales comunes. Todos estos hombres secuestraron sometieron a sus víctimas a violaciones sexuales, a condiciones de vida indignas, esclavizaron y asesinaron a miles de víctimas indefensas", enfatizó la representante del Ministerio Público ante los ojos de Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo, entre otros.

Además de la utilización de la picana, advirtió que existían otros tipos de tortura tales como mantenerles a los detenidos la "ilusión de vivir" y la incertidumbre de no saber cuándo podían ser trasladados, así como también hacerlos presenciar sesiones de torturas a familiares o amigos, haciéndolos responsables a ellos por no brindar información.

Reconoció, asimismo, que se trató de de un "instrumento efectivo para destruir las estructuras de las organizaciones armadas y políticas", a la vez que sembraban el terror en el resto de la sociedad.

La fiscal incorporó luego otra de las áreas del centro clandestino conocida como "Capucha" que funcionó en el tercer piso del Casino de Oficiales, por donde pasaron la mayoría de los detenidos desaparecidos de ese campo de concentración.

"La regla general en la ESMA era la Capucha, un depósito de transición entre la vida y la muerte, destinada a anular todos los rasgos de humanidad, antes de la solución final de los vuelos de la muerte", describió, al comparar los crímenes de la dictaduras con los cometidos por el nazismo en Alemania.

En ese contexto, recordó que los números que les asignaban a los detenidos en la ESMA "reemplazaban los nombres de los desaparecidos, muertos sin cadáveres y sin nombre".

Un capitulo aparte mereció el trato al que eran sometidas las mujeres y al respecto pidió al Tribunal que se extraigan testimonios para iniciar una nueva causa por el sometimiento sexual y las violaciones a las que fueron sometidas, de las que dieron cuenta las sobrevivientes que declararon durante las audiencias.

"Las condiciones siempre fueron peores para las mujeres. La violencia sexual y de género fue otro componente estructural del plan sistemático", remarcó al advertir que no fueron casos aislados y, entre otros, mencionó los de Susana Ramos que, según dijo, fue violada por los acusados Juan Carlos Rolón y Jorge Rádice, y el de Josefa Prada, violada mientras estaba embarazada.

Además, agregó que a las prisioneras que incluían en los planes de "recuperación" las despertaban "en medio de la noche para ir a comer y bailar", mientras "la violación era una práctica sistemática" en la ESMA.

A su vez, dio cuenta del lenguaje utilizado en la ESMA por los represores, para quienes "la tortura se convertía en interrogatorios reforzados, los cuerpos arrojados al mar eran bultos y el asesinato era mandarlos para arriba".

En ese sentido recordó la frase del ex capitán Acosta mencionada por algunos ex detenidos, quien amenazaba con mandarlos "para arriba". "La locura los llevó a creerse dioses, dueños de la vida de los detenidos", dijo y volvió a mencionar a Acosta, en este caso advirtiendo: "Al que se haga el loco le ponemos el pentonaval y se va para arriba". "Este era el lenguaje de la locura para ocultar la locura del lenguaje", sentenció.

Poch, nuevamente procesado por los vuelos de la muerte

Como partícipe necesario

 

Luego de haber quedado en libertad tras el desprocesamiento dictado por la Sala II de la Cámara Federal, el ex teniente de la Armada Julio Poch volvió a ser procesado y detenido en el penal de Marcos Paz por participar en los vuelos de la muerte. El juez federal, Sergio Torres, sumó nuevas pruebas a la causa y ordenó un embargo de 41 millones de pesos sobre sus bienes.

El magistrado consideró a Poch “partícipe necesario” del delito de “privación ilegal de la libertad agravada” en 41 casos, entre ellas las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, un número inferior de víctimas por las que había sido procesado en la causa anterior. Poch había sido extraditado el año pasado desde España, donde se desempeñaba como empleado de la aerolínea holandesa Transavia. Había sido detenido el 22 de setiembre de 2009, luego que trascendiera que, ante amigos, se habría jactado de participar de esos "vuelos". En su momento, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun indicaron que esas manifestaciones, ante aquellos, testigos “no pueden considerarse una confesión en términos procesales, al no haber sido efectuadas en sede judicial”.

Para revertir la decisión, Torres dispuso una serie de medidas de pruebas tendientes a satisfacer el requerimiento de los camaristas que le habían ordenado profundizar la investigación. Vía exhorto diplomático, el magistrado cursó un interrogatorio con medio centenar de preguntas para una docena de testigos residentes en Holanda. También se agregaron declaraciones de peritos en ingeniería naval e informes de Aerolíneas Argentinas y de la Armada relacionados con las actividades de vuelo llevadas a cabo por Poch.

Ahora, Torres afirmó que existen “suficientes elementos de convicción como para tener por acreditado que el encausado es a primera vista responsable por los hechos por los cuales fue indagado”. Y expuso que el acusado “habría admitido haber sido parte del sistema de represión ilegal que existió en nuestro país durante los años 1976/1983, siendo su misión la de pilotear aviones que a bordo transladaban a los llamados 'subversivos' para, luego de un trayecto mar adentro, eliminarlos físicamente arrojándolos a la profundidad de las aguas”.

Cinco pilotos atrapados entre rejas

Procesaron con prisión preventiva a los imputados por los vuelos de la muerte.

Cinco pilotos atrapados entre rejas

El abogado Gonzalo Alvarez de Tolosa, que visitaba la ESMA, y los pilotos de Aerolíneas Enrique de Saint Georges y Mario Arru –en funciones hasta su detención– están entre los procesados. Tres prefectos ahora en la mira judicial.

Por Diego Martínez

El juez Sergio Torres dictó el procesamiento y destacó la investigación de la Procuración.

El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de la muerte. Tres son ex pilotos de Prefectura que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El magistrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación sobre 2800 planillas de vuelo y un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas. Esa declaración incluye los nombres de otros tres prefectos que tenían “la sartén por el mango” y están en la mira de la Justicia. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y jefe de Prevención de Accidentes para la época de la tragedia de 1999 que acaba de prescribir.

El más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Amigo de Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas, el entonces profesor de la Universidad Católica Argentina admitió que visitaba la ESMA y relató “trabajos” que el Tigre le encomendaba en Cancillería. Torres de Tolosa fue denunciado por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, y por sobrevivientes como partícipe de torturas. En su declaración sugirió una confusión con su hermano Alvaro Diego, que según él era segundo comandante de Gendarmería y miembro de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo. “Sus tareas eran secretas”, dijo. El hermano no puede defenderse porque está muerto. El flamante procesado “alternaba su actividad legal con una actividad clandestina e ilegal, en los antípodas de su formación profesional y que era esencialmente voluntaria. No había deber legal ni norma que lo obligara a formar parte del GT 3.3. Solamente su conciencia y su convicción sociopolítica”, resumió Torres, que lo procesó como partícipe necesario de medio millar de secuestros y tormentos seguidos de muerte, embargó sus bienes por 618 millones de pesos y, pese al “colon irritable” que lo aqueja, ordenó su traslado al penal de Ezeiza.

El ex suboficial naval Rubén Ormello confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. “¿Qué cagada te mandaste, Colorado, que saliste en Página/12”, le escribió un compañero en 2009. Tal como se anticipó en aquel artículo, los testigos de su confesión en los hangares de Aerolíneas declararon ante la Justicia, que luego citó a los ex compañeros del mecánico. Cinco admitieron haber escuchado “constantes comentarios” de la confesión. Los testimonios fueron “consistentes, contundentes y concordantes”, evaluó el juez. Pese a que la Cámara Federal estableció que las confesiones en privado no lo son técnicamente, el juez las privilegió, teniendo en cuenta la deliberada destrucción de pruebas de la Armada, que aún niega la existencia del GT 3.3 pese a que se olvidó de borrar los sellos de los legajos de varios suboficiales.

El procesamiento de De Saint Georges, Arru y Alejandro D’Agostino se fundó en el trabajo de la PGN y en la declaración de un suboficial que admitió que los vuelos eran vox populi y nombró a cinco pilotos con “la sartén por el mango”. D’Agostino pidió el cese del servicio como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura cuando se enteró de la acusación por “la injuriosa e infundada publicación de Página/12”, que ahora validó la Justicia. A las pruebas ya informadas, el juez agregó 47 planillas de los Skyvan de 1977 entregadas por el Ministerio de Seguridad, de las cuales sólo dos carecen de datos distintos del horario de vuelo: una es la del 14 de diciembre y ambas tienen como comandante a De Saint Georges. El juez destacó que los once “vuelos anómalos” en tres años detectados por la PGN se condicen con el uso “eventual” de los Skyvan mencionado por Scilingo. Procesó a los pilotos como partícipes necesarios de 56 secuestros agravados y los procesó por 56 millones de pesos.

Alegatos Justicia Ya

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 7 - 19/05/11 from tvpts on Vimeo.

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 6 - 19/05/11 from tvpts on Vimeo.

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 4 - 18/05/11 from tvpts on Vimeo.

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 2 - 18/05/11 from tvpts on Vimeo.

Justicia Ya, pide condenas por GENOCIDIO

Las querellas en la causa ESMA le pidieron al tribunal que condene por genocidio a la patota de marinos que está siendo juzgada por delitos de lesa humanidad. En los casos de Walsh y de Raimundo Villaflor solicitó penas por asesinato.

 Por Alejandra Dandan

Es posible que en ese momento Alfredo Astiz haya dejado de leer el libro que no dejó de mirar durante toda la audiencia, alternado con una revista de crucigramas. Las querellas de Justicia Ya! habían terminado de repasar las pruebas de Rodolfo Walsh y del grupo de los Villaflor; habían repasado el rol de los acusados y entraban en la argumentación jurídica de las penas. La querella le pidió al Tribunal Oral Federal 5 con argumentos novedosos –en base a las condenas recientes de otros juicios de lesa humanidad–, la imputación directa por el delito de genocidio. Y pidió además un cambio de carátula en el caso de Rodolfo Walsh y de Raimundo Villaflor para que los represores –entre otros Jorge “Tigre” Acosta y Astiz– no sean condenados sólo por privación ilegal de la libertad, sino también por homicidio.

La querella en manos de Myriam Bregman y Luis Bonomi terminó las dos jornadas de alegatos con una inédita –hasta ahora– revisión de los últimos fallos que generan jurisprudencia y empiezan a dar nuevos argumentos –entre otras cosas– para buscar condenas más altas para los represores. En este caso de los dos pedidos –genocidio y homicidios–, tomaron nota no sólo las querellas, sino el equipo de fiscales.

En el caso de genocidio, Justicia Ya! repitió el planteo que la semana pasada hizo Horacio Méndez Carreras y Luis Zamora por cuatro de las víctimas de la Iglesia de Santa Cruz. Se nutrieron sin embargo de dos argumentos nuevos: la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 por el juicio del circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo) y un voto en disidencia del juez José María Perez Villalobos, del Tribunal Oral Federal tucumano.

“Esta querella quiere que a los hechos se los llame por su nombre”, dijo Bonomi. “Que la conducta de genocidio se diga que existe.” Y antes de meterse con los fundamentos, situó una de las discusiones de fondo que en los últimos meses se viene repitiendo en distintos juicios: las diferencias entre “delitos de lesa humanidad” y “genocidio”. Entre otras diferencias, el delito de lesa humanidad dice que la represión se da contra una sociedad de forma indiferenciada. El genocidio habla de “grupo nacional” y dice que las víctimas no son cualquiera sino grupos políticos, culturales, ideológicos, segmentados así por la mirada de los represores. El genocidio como figura penal no podría ser amnistiado. Esa fue la línea de Justicia Ya!

Bonomi mencionó el fallo de ABO. En ese juicio, la fiscalía de Alejandro Alagia pidió condenar por el delito de genocidio. El pedido fue resistido: no sólo la defensa pidió la “nulidad” del alegato, sino que también lo criticaron algunas querellas. La razón es que no se puede condenar a alguien por un delito por el que no fue juzgado: es decir, los represores que fueron juzgados por delitos de lesa humanidad no pueden ser condenados por genocidio.

El fallo de ABO cambió ese principio. Los jueces descartaron la nulidad y dijeron: “El cambio de calificación no viola el principio de congruencia porque los hechos no variaron y siguen siendo los mismos”. En ese contexto, aunque el Tribunal de ABO no condenó por genocidio, descartó la nulidad y legitimó el pedido.

El otro argumento de Justicia Ya! fue un fallo en disidencia de Villalobos del 31 de marzo de 2011 en una causa contra Luciano Benjamín Menéndez. “Ha quedado acreditado que la intención de los agentes de la dictadura fue destruir organizaciones y grupos sociales, políticos, estudiantiles”, dijo el juez. “La prueba arrimada en la causa pone al descubierto que el propósito fue la destrucción de los grupos”. Y por si quedaban dudas, dijo: “No es el ‘marco’ de un genocidio, sino que es un crimen en sí mismo”, un modo de hacer “coincidir la verdad jurídica con la verdad histórica”.
Homicidios

Sobre el pedido de homicidios, los abogados acudieron a la misma lógica: es posible un cambio de carátula cuando no hay cambios en el plano fáctico.

En el caso de Walsh, los imputados están acusados por privación ilegal de la libertad, pero no por el homicidio porque su cuerpo permanece desaparecido. En el caso de Raimundo Villaflor sucede algo parecido: el único acusado en juicio por su caso y por todo su grupo es Adolfo Miguel Donda, acusado de privación ilegal de la libertad y de tormentos.

“Para el caso de Walsh –dijo Bregman– pedimos la figura de homicidio doblemente agravado por alevosía, concurso premeditado de dos o más personas, entendiendo que las circunstancias de las muertes de la víctima fueron conocidas”, explicó. Nada es aleatorio: lo que dijo en esa frase es que un homicidio puede ser probado aun cuando no hay cuerpo si existen testimonios que avalen la muerte.

En ese sentido, recordaron los testimonios de los sobrevivientes como Martín Grass, que vio cuando bajaban el cuerpo de Walsh por las escalinatas del sótano de la ESMA, baleado y a los represores diciendo: “¡Se nos fue!”. Pero también recordó confesiones de la muerte dichas por los represores como Acosta o el propio Emilio Massera.

Otro argumento importante –para éste y otros casos– fue un fallo de la Cámara de Casación. La defensa de Walsh se quejó alguna vez ante este tribunal porque la acusación era de privación ilegal de la libertad “cuando era público el conocimiento de la muerte, y era imposible privar de la libertad a un cadáver”, recordó Bregman. En ese caso, la Cámara rechazó el planteo. Pero dijo que la calificación legal con la que entró el caso al juicio oral es “provisoria”. “Y eso no impide que durante el debate, la cuestión vinculada sea establecida con la consiguiente recalificación legal.” En esa lógica, el fallo no sólo resulta una admisión del hecho de la muerte sino que –más importante– la Cámara le está diciendo al TOF que está habilitado para “recalificar”.

El tema no es menor porque no sólo atraviesa el debate de ESMA y Walsh, sino las imputaciones con las que llegan a juicio oral los acusados de muchos otras causas.

“Por lo expuesto –dijo Bregman–, se impone para el caso de Walsh que se aplique el tipo penal en concurso con el delito de genocidio por homicidio cometido con alevosía por funcionario público con participación de dos o más personas, privación ilegal de la libertad, violencia y amenazas y robo agravado de bienes.” Pidió prisión perpetua y reclusión en cárcel común para Acosta, Astiz, el policía Juan Carlos Fotea, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Ernesto Weber alias 220, Julio César Coronel alias Maco, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice y Pablo García Velazco.

En el caso de Raimundo Villaflor consideró que es tormento seguido de homicidio considerando que murió en la tortura. Para él y su grupo, pidió 25 años de prisión para Donda. También pidió 20 años de prisión para Juan Antonio Azic por Carlos Lordkipanidse y para Raúl Sheller, 20 años por Enrique Mario Fukman. A Astiz y a Acosta también los acusó por el caso de Lordkipanidse.

Alegatos de JUSTICIA YA

“No fueron loquitos sueltos”

La abogada Myriam Bregman centró su acusación contra Astiz, Acosta y Cavallo, entre otros, en que los tormentos, los homicidios, los secuestros fueron parte de un plan que involucró a toda la Armada. Hoy pedirán las penas.

 Por Adriana Meyer

“Patricia Walsh, Laura Villaflor y María Celeste Hazan son tres hijas que entrelazan hoy las historias de vida, de militancia y de compromiso de sus propios padres; en su nombre vamos a acusar a los aquí presentes para no permitir que se instale la mayor impunidad, la gran Operación Masacre, la del genocidio perpetrado en la Argentina.” Así comenzó el alegato de Myriam Bregman en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA. La abogada destacó que “no fueron loquitos sueltos, no fueron errores, no fueron excesos, fue toda la institución”, en alusión a la Armada, y enfatizó que “quedan miles de ellos en funciones”. Sentada entre el público, muy cerca de los represores , la hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh se conmovió por la “fuerza, claridad y lucidez” del alegato, que calificó de “impresionante y extraordinario porque estuvo a la altura de lo que nos hubiera pedido mi padre y sigue el ejemplo de su Carta Abierta”.

Mientras en una pantalla gigante se sucedían imágenes de la ESMA, la casa de Walsh en el Tigre y los rostros de los desaparecidos del Grupo Villaflor, los genocidas se iban dando vuelta para mirar de frente a sus acusadores, Bregman y Luis Bonomi. Acosta desistió de sus habituales “siestas” y, al igual que al resto, se lo vio muy inquieto. “Estaban nerviosos sintiendo el impacto del alegato colectivo de Justicia Ya!, político y a la vez rigurosamente acusatorio, construido con la fortaleza de los sobrevivientes”, dijo Patricia Walsh a Página/12 . De hecho, los letrados hablaron también en nombre de los ex detenidos-de-saparecidos de la ESMA Luis “Cachito” Fukman, Carlos “el Sueco” Lordkipanidse, ambos de Montoneros, y Osvaldo Barros, del Grupo Obrero Revolucionario.

Bregman planteó que la Armada en su conjunto actuó “en un plan sistemático de exterminio, un genocidio contra una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social para cambiar regresivamente al país, aumentar la explotación de la clase trabajadora y disciplinarla, a la vez que redoblaban las ataduras al imperialismo”. Y acusó a Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Julio Coronel, Juan Fotea, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Jorge Radice, Ernesto Weber y Pablo García Velazco por el asesinato de Walsh, cuya Carta Abierta a la Junta Militar fue el eje argumentativo del alegato, con citas textuales del escrito.

“Estos integrantes de la Unidad de Tareas 3/3.2 realizaron el viernes 25 de marzo de 1977, entre las 14.30 y las 16, un operativo de gran magnitud en las inmediaciones de San Juan y Entre Ríos, para secuestrar a Rodolfo Walsh, interrogarlo bajo tortura y someterlo a condiciones inhumanas”, dijo la abogada. El escritor se resistió y se defendió con un arma calibre 22, pero fue baleado. Los restos de Walsh siguen desaparecidos, aunque su hija Patricia sospecha que pueden estar en el campo de deportes de la ESMA. “Hay que hacer los peritajes de una vez e impedir que sigan haciendo deportes allí, que es jurisdicción nacional”, dijo Walsh, impulsora de la nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad.

Los imputados también deberán responder por la sustracción de los objetos personales de Walsh, además de la pistola, un reloj Omega y un portafolios con copias de la Carta Abierta junto al boleto de compra venta de su casa de San Vicente. Y también por los que se llevaron tras el allanamiento de esa vivienda y la del Tigre, entre ellos cuentos, proyectos literarios, sus memorias, su diario personal, carpetas con materiales periodísticos, documentos de Montoneros, cartas, libros, dibujos y fotos. Varias de estas pertenencias fueron vistas en la ESMA, según fue relatado en el juicio. En tal sentido, Patricia Walsh destacó el coraje de los vecinos de San Vicente y de Tigre, que declararon sobre esos operativos por primera vez. Los informes aportados por la Comisión Provincial por la Memoria indicaron que la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense había hecho actividades de Inteligencia previas a tales procedimientos. Un dato inédito surgido del juicio indica que cuatro de sus vecinos del Tigre fueron secuestrados y llevados a la ESMA, luego de que sus casas también fueran allanadas.

“Empiezo a subir la escalera y tropiezo con un grupo que estaba muy excitado, alcanzo a ver una camilla y desnudo de la cintura para arriba reconozco a Rodolfo, me parece ver un par de impactos de bala en el pecho, los comentarios eran ‘se nos quedó’”, relató en el juicio Martín Gras, y abonó así la teoría de que habría llegado herido a la ESMA. En ese momento las imágenes mostraron la escalera de la ESMA y su hija Patricia se estremeció conmocionada. “Era una leyenda para algunos oficiales”, agregó.

Bregman cuestionó que el juicio haya dejado afuera a las compañeras y a los hijos de los sobrevivientes, que también estuvieron cautivos. “Hay 250 represores de la ESMA identificados y más de 800 compañeros estuvieron ahí secuestrados, pero este juicio es contra 18 victimarios por 86 víctimas”, precisó. Y replicó a la defensa de los represores que “el desguace de la causa, lejos de perjudicarlos, los beneficia”. Tras argumentar que la Armada tenía archivos de su accionar genocida, tal como admitió el cardenal Jorge Bergoglio en su declaración, la abogada recordó que el Tribunal Oral Federal Nº5 les negó el pedido de allanamiento al Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y a los domicilios de Acosta y Emilio Massera, donde presumiblemente podrían haberse encontrado documentos de Walsh.

En un cuarto intermedio, uno de los familiares de los imputados comentó al resto: “A ésta Alfredo la tiene en la garganta”. Alfredo, que es Astiz, tendrá que escuchar hoy de nuevo a ésta, que es Bregman, y a su colega Bonomi, cuando aleguen por el caso de Raymundo Villaflor y pidan las penas para él y los demás genocidas: prisión perpetua en cárcel común.

Denegado el pedido de excarcelación a Ricardo Cavallo

El represor Cavallo sigue adentro

Cámara Federal porteña rechazó un planteo de excarcelación pedido por el ex marino Ricardo Cavallo, quien seguirá detenido en el marco de la megacausa ESMA. Está acusado de haber integrado el grupo de tareas 3.3.2 de ese centro clandestino de detención y sindicado su presunta responsabilidad en 114 casos de tormentos, privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos seguidos de muerte.

La sala II del tribunal de apelaciones avaló la prórroga de un año en su prisión preventiva resuelta por el juez federal Sergio Torres, al recordar que Cavallo vivió con una identidad falsa en otro país y podría fugarse o entorpecer la marcha de la causa judicial en caso de ser liberado, según reveló Télam.

El ex marino detenido en México y extraditado primero a España y desde allí a la Argentina el 13 de marzo de 2008, es actualmente sometido a juicio oral en un tramo de esa investigación, cuyo veredicto se conocerá en las próximas semanas.

Conocido como "Sérpico", el ex marino se desempeñó en el área de Inteligencia y Operaciones para luego ser enviado al Centro Piloto París, desde donde viajó a México donde llegó a ser director del Registro Nacional de Vehículos. Allí estaba cuando fue identificado por fotos por un sobreviviente de la ESMA, Victor Basterra, quien le había confeccionado una credencial de la SIDE falsa a nombre de Miguel Ángel Cavallo cuando estaba secuestrado en ese centro clandestino de detención.

Actualmente Cavallo es juzgado junto a los represores Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, entre otros, por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA, entre ellos el secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.