Piden investigar por falso testimonio al cura Bossini que declaró en el juicio de la ESMA

La Fiscalía pidió que se investigue por falso testimonio al sacerdote Gabriel Bossini, quien al declarar en el juicio por los crímenes de la ESMA dijo que no recordaba detalles del secuestro de otros dos religiosos de la Compañía de Jesús, que en 1976 trabajaban en una villa del Bajo Flores.

El pedido fue formulado durante la tercera jornada del alegato a cargo de los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky, en una accidentada semana en la que dos represores acusados sufrieron descompensaciones que obligaron a la postergación de las audiencias.

Bossini declaró el pasado 16 de octubre como testigo y dijo que no recordaba haber enviado la comunión a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes habían sido secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA el 23 de mayo de 1976, durante un importante procedimiento del que participaron tropas de Infantería de Marina.

En aquella ocasión, Bossini se encontraba oficiando misa en la capilla de la villa, luego de que el por entonces provincial o jefe de la Compañía de Jesús, el cardenal primado de la Argentina Jorge Bergoglio, les quitara la autorización para oficiar misa a Jalics y Yorio.

Por este caso, Bergoglio declaró como testigo en su despacho del Episcopado -adonde se trasladó el tribunal- y allí habría dado cuenta de una gestión suya ante el ex dictador Jorge Videla por ambos sacerdotes.

Bossini no fue detenido y los militares que actuaron lo autorizaron a terminar con el oficio religioso.

Con posterioridad, el cura le aseguro al fallecido dirigente de derechos humanos Emilio Fermín Mignone, que no había actuado el Ejército sino un grupo de la ESMA.

La hija de Mignone fue secuestrada en ese procedimiento, junto a los dos religiosos y un grupo de catequistas y seminaristas, y estos últimos siguen desaparecidos.

Al declarar en el juicio, Bossini dijo no recordar las circunstancias del procedimiento y sus posteriores afirmaciones, en las que dijo conocer a varios de los represores que intervinieron, con los cuales había escalado el Aconcagua.

Tampoco recordó haberle enviado los sacramentos a los sacerdotes a través de un militar cuando Yorio y Jalics estaban secuestrados.

Ouviña sostuvo que Bossini, al declarar en el juicio, "tuvo una actitud de llamativa falta de memoria de las circunstancias que le tocó vivir" y fue "abiertamente reticente a las preguntas del tribunal".

El fiscal dijo que la conducta de Bossini fue "mendaz" cuando negó todos estos hechos, por lo que pidió que se investigue penalmente al sacerdote por presunto falso testimonio que, de acuerdo a su gravedad prevé penas de hasta diez años de prisión.

Investigarán a Ramón Arosa que comandó la Marina desde 1983

La nota que firmó un jefe de la Armada

En la causa ESMA, Arosa declaró que, con Astiz, la Marina sólo se equivocó al no apartarlo para evitar que se descubrieran sus tareas durante el terrorismo de Estado. Lo compromete una lista de militantes que había enviado a la Justicia en 1986.

 Por Alejandra Dandan

La última declaración pública de Ramón Arosa en los Tribunales de Retiro aún es memorable. Arrinconado por las preguntas de los fiscales, el primer jefe de la Armada de la democracia recordó lo que alguna vez escribió en un libro: que la operación de infiltración de Alfredo Astiz en el grupo de la Iglesia Santa Cruz resultó “exitosa” pero que el “error” de la Marina fue no haberlo “apartado” y, en cambio, haberlo enviado inmediatamente a otra operación en Francia, donde lo reconocieron los ex secuestrados. La declaración de Arosa como testigo generó ya sus primeros efectos: el grupo Kaos, integrado por Rodolfo Yanzón y otros abogados, pidió al Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio por la ESMA que separe la declaración para impulsar una investigación sobre el ex jefe de la Armada.

Pero eso no es lo único que sucedió. Un día después de la declaración, una sobreviviente de la ESMA revisó archivos convencida de que había algo más sobre el marino. Encontró una nota firmada por Arosa de diciembre de 1986, y enviada a la Justicia Federal de San Isidro, con una lista de 30 nombres de militantes políticos de la organización Montoneros que supuestamente habían participado del secuestro de un empresario de la Mercedes Benz. Los nombres recogidos en base a datos de “agentes competentes” –según la nota– llegaron al despacho del entonces juez Daniel Alberto Piotti y desencadenaron pedidos masivos de indagatorias para los ex militantes, pocos de los cuales sin embargo aún estaban vivos. Para los sobrevivientes, el dato no es poco importante. Graciela Daleo estuvo secuestrada en la ESMA, es querellante del juicio oral que se lleva adelante en Comodoro Py y fue una de las imputadas en el marco de aquel expediente. Para ella, la nota firmada por Arosa parece hecha en base a información que los servicios de inteligencia arrancaron bajo tortura a los prisioneros. O con algún tipo de archivo que la Marina siempre negó tener.
El expediente

Después de la ley de punto final, en 1986, el Congreso dio un plazo de 60 días para terminar de encausar a militares y militantes políticos. En San Isidro, el hombre que más adelante se transformaría en jefe de seguridad de Eduardo Duhalde, llevaba la causa de Heinrich Metz, de la Mercedes Benz, secuestrado en octubre de 1975, por el cual Montoneros reclamó un rescate y mejores condiciones para los trabajadores. Arosa mandó la lista con los nombres como respuesta a un oficio. La nota de carácter reservado llevaba la identificación número 243/86/AJAR, AZ3, del día 18 de diciembre de 1986, con la firma y el sello de Arosa como vicealmirante, jefe del Estado Mayor General de la Armada.

“De acuerdo con la información suministrada por los organismos competentes –dice la nota–, informo que como integrantes de la Columna Oeste de la organización Montoneros pudo detectarse, en su oportunidad, a...”. Y a continuación Arosa transcribió una lista de 30 nombres y apellidos y luego una enumeración de 27 apodos de quienes no se pudo “precisar su identidad”.

“Recorrer esos nombres da cuenta de cuáles son los ‘organismos competentes’ a los que se refirió Arosa”, dice ahora Daleo. “Y cómo es que pudieron ‘detectarse en su oportunidad’ a esas personas”, porque para que se entienda –aclara– los nombres de las listas son, entre otros, los de Graciela Alberti, Ricardo Soria, Gustavo Grigera, Jorge Mendé y Alejo Mallea, por ejemplo. Todos ellos son víctimas de quienes actuaron en la ESMA. “De Gustavo Grigera sólo entregaron el cadáver; los demás permanecen desaparecidos. Otros, como Roberto Ahumada y Raúl Cubas, fueron liberados después de las torturas y de permanecer desaparecidos en la ESMA más de dos años.”

La lista no incluyó sólo a víctimas de ese centro clandestino. Estaba María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew, luego secuestrada y desaparecida. También Norberto Gómez, secuestrado y asesinado por las patotas de Azopardo-Atlético. El juez Piotti indagó a todos los que pudo. “Obscena decisión la de un juez –explica Daleo– que durante esos años decidió imputar a desaparecidos y asesinados.”
El presente

Arosa obtuvo el retiro voluntario de la Armada el 1º de febrero de 1990. En 1996 volvió a revistar como retirado en servicio, pero en 2007 la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, dio de baja el contrato. Durante la dictadura, llegó a tener la jerarquía de capitán de navío como Jorge Raúl Vildoza, imputado de ESMA, pero además llegó a ocupar la jefatura del Comando de Operaciones Navales, la segunda autoridad naval de la Armada. Según los datos de Defensa y del CELS, el 24 de septiembre de 1979 volvió al país desde los Estados Unidos para ingresar al Departamento de Operaciones del Comando de Operaciones Navales en Bahía Blanca. El 29 de enero de 1980 lo nombraron jefe del Estado Mayor del Comando Naval, se quedó en Bahía Blanca hasta el 19 de diciembre de 1980. Luego pasó a ser comandante de la División Corbetas; subsecretario general naval y jefe de la Casa Militar en Presidencia de la Nación, hasta que asumió Raúl Alfonsín, cuando pasó a ser jefe del Estado Mayor General de la Armada.

Más allá de los datos puntuales del ascenso, y posibles responsabilidades, uno de los puntos más importantes de su legajo para las causas de lesa humanidad es su presencia en el Comando de Operaciones Navales (CON). En este momento, los juicios avanzan sobre dos tipos de autores: directos y mediatos, altos mandos que son responsables por la cadena de mandos. Arosa no está imputado hasta el momento. Sin embargo, uno de los fiscales de Bahía Blanca indica que hombres de su misma jerarquía fueron imputados en esa ciudad por hechos de 1976 y 1977. Bahía Blanca no tiene hasta ahora víctimas denunciadas de los años en que estuvo Arosa, pero como el CON tenía jurisprudencia en todo el país podría ser responsable por otros casos –como en ESMA, por ejemplo– si se aplican los criterios con los que se juzgó hasta aquí.

Juicio por la megacausa ESMA ingresó en la etapa final

Se recordaron los testimonio de las aberraciones, y el genocidio diluido... y la Armada como tal no cuestionada
La ex ESMA.

La Fiscalía inició este miércoles la última de las acusaciones contra los 19 imputados por crímenes cometidos en la ESMA en el marco de lo que denominó "el juicio al horror" y denunció que la tortura ese centro clandestino era "la ceremonia iniciática de los detenidos" que en la mayoría de los casos culminaba con los "vuelos de la muerte".

El alegato, cuya parte introductoria estuvo a cargo de la fiscal adjunta Mirna Goransky, fue interrumpido en dos oportunidades debido a las descompensaciones del represor Ernesto Weber.

Conocido por el alias de "220" porque era un experto en la aplicación de picana eléctrica, Weber "tuvo un bajón de presión" y "se descompensó", pero tras la asistencia recibida por los médicos de tribunales se recuperó y fue trasladado nuevamente a la sala de audiencias, en el subsuelo de Comodoro Py 2.002. La descompensación obligó a que el presidente del tribunal, Daniel Obligado, ordenara un "cuarto intermedio" que se prolongó alrededor de media hora, hasta que, con la atención brindada en la enfermería de los tribunales federales de Retiro, se reanudó el debate.

"Este no es un juicio como cualquier otro; este es un juicio al horror. No se trata sólo del interés general de la sociedad argentina, ya que trasciende los límites de nuestro país", advirtió la letrada que acompaña al fiscal federal Pablo Ouviña, quien expondrá en las sucesivas jornadas en las que se completará el alegato acusatorio.

En su exposición, Goransky aseveró que los oficiales del Grupo de Tareas que actuó en la ESMA "estaban convencidos que estaban librando la Tercera Guerra Mundial, frente a un enemigo evanescente" y que la tortura era el único método para obtener la información que requerían de los detenidos.

En ese marco, indicó que "la picana eléctrica destruía la libertad y provocaba el quiebre de aquellos que habían dejado de ser personas", por lo que su aplicación se constituía en "la ceremonia iniciática, el rito de iniciación" de los detenidos y su sometimiento dependía "de cuanto aguantaban".

El alegato fiscal fue seguido con atención por los acusados y, en esta oportunidad, sólo una de las mujeres de los represores que habitualmente asisten a las audiencias se encontraba en la bandeja superior, casi completa por ex camaradas de armas.

"No son criminales comunes. Todos estos hombres secuestraron sometieron a sus víctimas a violaciones sexuales, a condiciones de vida indignas, esclavizaron y asesinaron a miles de víctimas indefensas", enfatizó la representante del Ministerio Público ante los ojos de Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo, entre otros.

Además de la utilización de la picana, advirtió que existían otros tipos de tortura tales como mantenerles a los detenidos la "ilusión de vivir" y la incertidumbre de no saber cuándo podían ser trasladados, así como también hacerlos presenciar sesiones de torturas a familiares o amigos, haciéndolos responsables a ellos por no brindar información.

Reconoció, asimismo, que se trató de de un "instrumento efectivo para destruir las estructuras de las organizaciones armadas y políticas", a la vez que sembraban el terror en el resto de la sociedad.

La fiscal incorporó luego otra de las áreas del centro clandestino conocida como "Capucha" que funcionó en el tercer piso del Casino de Oficiales, por donde pasaron la mayoría de los detenidos desaparecidos de ese campo de concentración.

"La regla general en la ESMA era la Capucha, un depósito de transición entre la vida y la muerte, destinada a anular todos los rasgos de humanidad, antes de la solución final de los vuelos de la muerte", describió, al comparar los crímenes de la dictaduras con los cometidos por el nazismo en Alemania.

En ese contexto, recordó que los números que les asignaban a los detenidos en la ESMA "reemplazaban los nombres de los desaparecidos, muertos sin cadáveres y sin nombre".

Un capitulo aparte mereció el trato al que eran sometidas las mujeres y al respecto pidió al Tribunal que se extraigan testimonios para iniciar una nueva causa por el sometimiento sexual y las violaciones a las que fueron sometidas, de las que dieron cuenta las sobrevivientes que declararon durante las audiencias.

"Las condiciones siempre fueron peores para las mujeres. La violencia sexual y de género fue otro componente estructural del plan sistemático", remarcó al advertir que no fueron casos aislados y, entre otros, mencionó los de Susana Ramos que, según dijo, fue violada por los acusados Juan Carlos Rolón y Jorge Rádice, y el de Josefa Prada, violada mientras estaba embarazada.

Además, agregó que a las prisioneras que incluían en los planes de "recuperación" las despertaban "en medio de la noche para ir a comer y bailar", mientras "la violación era una práctica sistemática" en la ESMA.

A su vez, dio cuenta del lenguaje utilizado en la ESMA por los represores, para quienes "la tortura se convertía en interrogatorios reforzados, los cuerpos arrojados al mar eran bultos y el asesinato era mandarlos para arriba".

En ese sentido recordó la frase del ex capitán Acosta mencionada por algunos ex detenidos, quien amenazaba con mandarlos "para arriba". "La locura los llevó a creerse dioses, dueños de la vida de los detenidos", dijo y volvió a mencionar a Acosta, en este caso advirtiendo: "Al que se haga el loco le ponemos el pentonaval y se va para arriba". "Este era el lenguaje de la locura para ocultar la locura del lenguaje", sentenció.

Poch, nuevamente procesado por los vuelos de la muerte

Como partícipe necesario

 

Luego de haber quedado en libertad tras el desprocesamiento dictado por la Sala II de la Cámara Federal, el ex teniente de la Armada Julio Poch volvió a ser procesado y detenido en el penal de Marcos Paz por participar en los vuelos de la muerte. El juez federal, Sergio Torres, sumó nuevas pruebas a la causa y ordenó un embargo de 41 millones de pesos sobre sus bienes.

El magistrado consideró a Poch “partícipe necesario” del delito de “privación ilegal de la libertad agravada” en 41 casos, entre ellas las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, un número inferior de víctimas por las que había sido procesado en la causa anterior. Poch había sido extraditado el año pasado desde España, donde se desempeñaba como empleado de la aerolínea holandesa Transavia. Había sido detenido el 22 de setiembre de 2009, luego que trascendiera que, ante amigos, se habría jactado de participar de esos "vuelos". En su momento, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun indicaron que esas manifestaciones, ante aquellos, testigos “no pueden considerarse una confesión en términos procesales, al no haber sido efectuadas en sede judicial”.

Para revertir la decisión, Torres dispuso una serie de medidas de pruebas tendientes a satisfacer el requerimiento de los camaristas que le habían ordenado profundizar la investigación. Vía exhorto diplomático, el magistrado cursó un interrogatorio con medio centenar de preguntas para una docena de testigos residentes en Holanda. También se agregaron declaraciones de peritos en ingeniería naval e informes de Aerolíneas Argentinas y de la Armada relacionados con las actividades de vuelo llevadas a cabo por Poch.

Ahora, Torres afirmó que existen “suficientes elementos de convicción como para tener por acreditado que el encausado es a primera vista responsable por los hechos por los cuales fue indagado”. Y expuso que el acusado “habría admitido haber sido parte del sistema de represión ilegal que existió en nuestro país durante los años 1976/1983, siendo su misión la de pilotear aviones que a bordo transladaban a los llamados 'subversivos' para, luego de un trayecto mar adentro, eliminarlos físicamente arrojándolos a la profundidad de las aguas”.

Cinco pilotos atrapados entre rejas

Procesaron con prisión preventiva a los imputados por los vuelos de la muerte.

Cinco pilotos atrapados entre rejas

El abogado Gonzalo Alvarez de Tolosa, que visitaba la ESMA, y los pilotos de Aerolíneas Enrique de Saint Georges y Mario Arru –en funciones hasta su detención– están entre los procesados. Tres prefectos ahora en la mira judicial.

Por Diego Martínez

El juez Sergio Torres dictó el procesamiento y destacó la investigación de la Procuración.

El juez Sergio Torres procesó con prisión preventiva a cinco imputados por los vuelos de la muerte. Tres son ex pilotos de Prefectura que participaron el 14 de diciembre de 1977 de la ejecución desde un avión Skyvan del grupo de familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. El magistrado valoró especialmente un estudio de la Procuración General de la Nación sobre 2800 planillas de vuelo y un testimonio obtenido por el fiscal Miguel Osorio en el que un suboficial de Prefectura vinculó directamente con los crímenes a Enrique de Saint Georges y Mario Arru, flamantes ex comandantes de Aerolíneas Argentinas. Esa declaración incluye los nombres de otros tres prefectos que tenían “la sartén por el mango” y están en la mira de la Justicia. Se trata de los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, hoy radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA y jefe de Prevención de Accidentes para la época de la tragedia de 1999 que acaba de prescribir.

El más conocido de los procesados es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa. Amigo de Jorge Acosta, jefe del Grupo de Tareas, el entonces profesor de la Universidad Católica Argentina admitió que visitaba la ESMA y relató “trabajos” que el Tigre le encomendaba en Cancillería. Torres de Tolosa fue denunciado por Adolfo Scilingo como quien lo acompañó en uno de los vuelos de la muerte, y por sobrevivientes como partícipe de torturas. En su declaración sugirió una confusión con su hermano Alvaro Diego, que según él era segundo comandante de Gendarmería y miembro de Consejos de Guerra del Primer Cuerpo. “Sus tareas eran secretas”, dijo. El hermano no puede defenderse porque está muerto. El flamante procesado “alternaba su actividad legal con una actividad clandestina e ilegal, en los antípodas de su formación profesional y que era esencialmente voluntaria. No había deber legal ni norma que lo obligara a formar parte del GT 3.3. Solamente su conciencia y su convicción sociopolítica”, resumió Torres, que lo procesó como partícipe necesario de medio millar de secuestros y tormentos seguidos de muerte, embargó sus bienes por 618 millones de pesos y, pese al “colon irritable” que lo aqueja, ordenó su traslado al penal de Ezeiza.

El ex suboficial naval Rubén Ormello confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. “¿Qué cagada te mandaste, Colorado, que saliste en Página/12”, le escribió un compañero en 2009. Tal como se anticipó en aquel artículo, los testigos de su confesión en los hangares de Aerolíneas declararon ante la Justicia, que luego citó a los ex compañeros del mecánico. Cinco admitieron haber escuchado “constantes comentarios” de la confesión. Los testimonios fueron “consistentes, contundentes y concordantes”, evaluó el juez. Pese a que la Cámara Federal estableció que las confesiones en privado no lo son técnicamente, el juez las privilegió, teniendo en cuenta la deliberada destrucción de pruebas de la Armada, que aún niega la existencia del GT 3.3 pese a que se olvidó de borrar los sellos de los legajos de varios suboficiales.

El procesamiento de De Saint Georges, Arru y Alejandro D’Agostino se fundó en el trabajo de la PGN y en la declaración de un suboficial que admitió que los vuelos eran vox populi y nombró a cinco pilotos con “la sartén por el mango”. D’Agostino pidió el cese del servicio como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura cuando se enteró de la acusación por “la injuriosa e infundada publicación de Página/12”, que ahora validó la Justicia. A las pruebas ya informadas, el juez agregó 47 planillas de los Skyvan de 1977 entregadas por el Ministerio de Seguridad, de las cuales sólo dos carecen de datos distintos del horario de vuelo: una es la del 14 de diciembre y ambas tienen como comandante a De Saint Georges. El juez destacó que los once “vuelos anómalos” en tres años detectados por la PGN se condicen con el uso “eventual” de los Skyvan mencionado por Scilingo. Procesó a los pilotos como partícipes necesarios de 56 secuestros agravados y los procesó por 56 millones de pesos.

Alegatos Justicia Ya

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 7 - 19/05/11 from tvpts on Vimeo.

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 6 - 19/05/11 from tvpts on Vimeo.

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 4 - 18/05/11 from tvpts on Vimeo.

Alegato de Justicia Ya! en la causa ESMA - Parte 2 - 18/05/11 from tvpts on Vimeo.

Justicia Ya, pide condenas por GENOCIDIO

Las querellas en la causa ESMA le pidieron al tribunal que condene por genocidio a la patota de marinos que está siendo juzgada por delitos de lesa humanidad. En los casos de Walsh y de Raimundo Villaflor solicitó penas por asesinato.

 Por Alejandra Dandan

Es posible que en ese momento Alfredo Astiz haya dejado de leer el libro que no dejó de mirar durante toda la audiencia, alternado con una revista de crucigramas. Las querellas de Justicia Ya! habían terminado de repasar las pruebas de Rodolfo Walsh y del grupo de los Villaflor; habían repasado el rol de los acusados y entraban en la argumentación jurídica de las penas. La querella le pidió al Tribunal Oral Federal 5 con argumentos novedosos –en base a las condenas recientes de otros juicios de lesa humanidad–, la imputación directa por el delito de genocidio. Y pidió además un cambio de carátula en el caso de Rodolfo Walsh y de Raimundo Villaflor para que los represores –entre otros Jorge “Tigre” Acosta y Astiz– no sean condenados sólo por privación ilegal de la libertad, sino también por homicidio.

La querella en manos de Myriam Bregman y Luis Bonomi terminó las dos jornadas de alegatos con una inédita –hasta ahora– revisión de los últimos fallos que generan jurisprudencia y empiezan a dar nuevos argumentos –entre otras cosas– para buscar condenas más altas para los represores. En este caso de los dos pedidos –genocidio y homicidios–, tomaron nota no sólo las querellas, sino el equipo de fiscales.

En el caso de genocidio, Justicia Ya! repitió el planteo que la semana pasada hizo Horacio Méndez Carreras y Luis Zamora por cuatro de las víctimas de la Iglesia de Santa Cruz. Se nutrieron sin embargo de dos argumentos nuevos: la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 por el juicio del circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo) y un voto en disidencia del juez José María Perez Villalobos, del Tribunal Oral Federal tucumano.

“Esta querella quiere que a los hechos se los llame por su nombre”, dijo Bonomi. “Que la conducta de genocidio se diga que existe.” Y antes de meterse con los fundamentos, situó una de las discusiones de fondo que en los últimos meses se viene repitiendo en distintos juicios: las diferencias entre “delitos de lesa humanidad” y “genocidio”. Entre otras diferencias, el delito de lesa humanidad dice que la represión se da contra una sociedad de forma indiferenciada. El genocidio habla de “grupo nacional” y dice que las víctimas no son cualquiera sino grupos políticos, culturales, ideológicos, segmentados así por la mirada de los represores. El genocidio como figura penal no podría ser amnistiado. Esa fue la línea de Justicia Ya!

Bonomi mencionó el fallo de ABO. En ese juicio, la fiscalía de Alejandro Alagia pidió condenar por el delito de genocidio. El pedido fue resistido: no sólo la defensa pidió la “nulidad” del alegato, sino que también lo criticaron algunas querellas. La razón es que no se puede condenar a alguien por un delito por el que no fue juzgado: es decir, los represores que fueron juzgados por delitos de lesa humanidad no pueden ser condenados por genocidio.

El fallo de ABO cambió ese principio. Los jueces descartaron la nulidad y dijeron: “El cambio de calificación no viola el principio de congruencia porque los hechos no variaron y siguen siendo los mismos”. En ese contexto, aunque el Tribunal de ABO no condenó por genocidio, descartó la nulidad y legitimó el pedido.

El otro argumento de Justicia Ya! fue un fallo en disidencia de Villalobos del 31 de marzo de 2011 en una causa contra Luciano Benjamín Menéndez. “Ha quedado acreditado que la intención de los agentes de la dictadura fue destruir organizaciones y grupos sociales, políticos, estudiantiles”, dijo el juez. “La prueba arrimada en la causa pone al descubierto que el propósito fue la destrucción de los grupos”. Y por si quedaban dudas, dijo: “No es el ‘marco’ de un genocidio, sino que es un crimen en sí mismo”, un modo de hacer “coincidir la verdad jurídica con la verdad histórica”.
Homicidios

Sobre el pedido de homicidios, los abogados acudieron a la misma lógica: es posible un cambio de carátula cuando no hay cambios en el plano fáctico.

En el caso de Walsh, los imputados están acusados por privación ilegal de la libertad, pero no por el homicidio porque su cuerpo permanece desaparecido. En el caso de Raimundo Villaflor sucede algo parecido: el único acusado en juicio por su caso y por todo su grupo es Adolfo Miguel Donda, acusado de privación ilegal de la libertad y de tormentos.

“Para el caso de Walsh –dijo Bregman– pedimos la figura de homicidio doblemente agravado por alevosía, concurso premeditado de dos o más personas, entendiendo que las circunstancias de las muertes de la víctima fueron conocidas”, explicó. Nada es aleatorio: lo que dijo en esa frase es que un homicidio puede ser probado aun cuando no hay cuerpo si existen testimonios que avalen la muerte.

En ese sentido, recordaron los testimonios de los sobrevivientes como Martín Grass, que vio cuando bajaban el cuerpo de Walsh por las escalinatas del sótano de la ESMA, baleado y a los represores diciendo: “¡Se nos fue!”. Pero también recordó confesiones de la muerte dichas por los represores como Acosta o el propio Emilio Massera.

Otro argumento importante –para éste y otros casos– fue un fallo de la Cámara de Casación. La defensa de Walsh se quejó alguna vez ante este tribunal porque la acusación era de privación ilegal de la libertad “cuando era público el conocimiento de la muerte, y era imposible privar de la libertad a un cadáver”, recordó Bregman. En ese caso, la Cámara rechazó el planteo. Pero dijo que la calificación legal con la que entró el caso al juicio oral es “provisoria”. “Y eso no impide que durante el debate, la cuestión vinculada sea establecida con la consiguiente recalificación legal.” En esa lógica, el fallo no sólo resulta una admisión del hecho de la muerte sino que –más importante– la Cámara le está diciendo al TOF que está habilitado para “recalificar”.

El tema no es menor porque no sólo atraviesa el debate de ESMA y Walsh, sino las imputaciones con las que llegan a juicio oral los acusados de muchos otras causas.

“Por lo expuesto –dijo Bregman–, se impone para el caso de Walsh que se aplique el tipo penal en concurso con el delito de genocidio por homicidio cometido con alevosía por funcionario público con participación de dos o más personas, privación ilegal de la libertad, violencia y amenazas y robo agravado de bienes.” Pidió prisión perpetua y reclusión en cárcel común para Acosta, Astiz, el policía Juan Carlos Fotea, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Ernesto Weber alias 220, Julio César Coronel alias Maco, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice y Pablo García Velazco.

En el caso de Raimundo Villaflor consideró que es tormento seguido de homicidio considerando que murió en la tortura. Para él y su grupo, pidió 25 años de prisión para Donda. También pidió 20 años de prisión para Juan Antonio Azic por Carlos Lordkipanidse y para Raúl Sheller, 20 años por Enrique Mario Fukman. A Astiz y a Acosta también los acusó por el caso de Lordkipanidse.