¿Cómo y quién alteró los legajos?

Se inician los alegatos por los crímenes en la ESMA
Legajos alterados para ocultar delitos

La fiscalía acusó al almirante Oscar Antonio Montes de 36 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos. Entre ellos, los secuestros de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics. La modificación de la foja de servicio de Chamorro.

 Por Alejandra Dandan

No es tarea simple conseguir los primeros planos de los represores. Los camarógrafos del Incaa sólo pueden intentarlo si encuentran una habilitación adecuada. Pese a eso, algunas caras de los acusados de la ESMA son difíciles. Alfredo Astiz sabe que lo miran o que pueden hacerlo, y se la pasa pertrechado atrás de cuerpos más robustos que con sus espaldas fungen de grandes escudos. La imagen de Oscar Antonio Montes en la que lograron detenerse por algunos minutos las cámaras era la de un señor anciano de pelo blanco, con la cabeza irremediablemente inclinada hacia abajo, lejos de ese hombre todopoderoso que estuvo a cargo de los crímenes que se produjeron en el principal centro de exterminio de la Marina, el hombre que empezaba a ser descripto por el fiscal Pablo Ouviña en un nuevo día de alegatos.

“Como podemos apreciar, (Montes) bien podría haber permanecido ajeno, pero cuando visitó la ESMA se mostró investido de autoridad, al tiempo que inspeccionó las marchas de las modalidades de lo que llamaban la lucha a la subversión”, dijo el fiscal en un tramo. “Por eso resulta insostenible –aclaró– afirmar su desconocimiento acerca de las personas que se encontraban allí secuestradas.”

La fiscalía llevó adelante una nueva jornada de alegatos, y si todo sigue como hasta ahora terminará el viernes próximo. El fiscal Ouviña y Mirna Goransky empezaron a leer las acusaciones en orden jerárquico, por eso arrancaron con Montes, que era jefe del Grupo de Operaciones del Estado Mayor de la Armada y jefe de la Fuerza de Tarea que tuvo a cargo el Grupo de Tareas de la Esma. Continuaron con Jacinto García Tallada, su sucesor. Y más tarde describieron a Jorge “El Tigre” Acosta, el jefe ejecutivo de la ESMA. A media mañana, como sucede cada dos o tres audiencias, un nuevo contratiempo de salud desestabilizó a un represor y demoró el debate durante una hora. Esta vez, Juan Antonio “Piraña” Azic tuvo una complicación de presión como la semana pasada, un cuadro que su abogada definió como producto del “estrés que le provoca” este último tramo de la causa. La audiencia no se suspendió pero, a pedido de su abogada, Azic siguió el debate a través de un monitor en una sala contigua.

En esas condiciones, Ouviña empezó con Montes. Dijo que ahora tiene 87 años, que comenzó su carrera naval en 1943, tomó numerosos cursos, recibió las mejores calificaciones, fue ministro de Defensa y Relaciones Exteriores, obtuvo un título de diplomado en 1966. Para 1973, era jefe del Servicio de Inteligencia Naval como capitán de navío y luego como contraalmirante. Para 1976, era jefe de Operaciones Navales del Estado Mayor de la Armada y comandante de la Fuerza de Tarea 3, que estaba a cargo del GT 332 que tuvo en sus manos la ESMA. Los fiscales le atribuyeron 36 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, entre abril de 1976 y mayo de 1977. Entre ellos, lo acusaron por los secuestros de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics.

“Nada podemos deducir de sus dichos porque se negó a declarar –dijo Ouviña–. El Tribunal tampoco permitió la incorporación por lectura de las declaraciones que hizo en la instrucción, pero sí vamos a usar referencias brindadas por otras personas y una variada documentación.”

Entre las pruebas, la fiscalía tomó los testimonios de algunos detenidos-desaparecidos, pero también pasó revista a los legajos oficiales, hojas proyectadas en una pared con líneas borradas, tachadas y sobreescritas. “Ya hemos denunciado las alteraciones, borrados, sobreescrituras y hasta la sustracción parcial de las hojas que se vieron escamoteadas –dijo el fiscal–. Está claro que esto no se hizo para perjudicar a los imputados, sino para favorecerlos a través de un delito que desde ya queremos que se investigue.”
Las pruebas

Uno de los legajos alterados fue el de Rubén Jacinto Chamorro. Los fiscales lo consideraban un documento clave de la defensa de Montes. Chamorro era uno de sus subordinados, y estaba claro que como jefe, Montes debía calificarlo. Las páginas del legajo, sin embargo, lo califican como responsable de la formación de los marinos, en su faz burocrática, pero no en su faz operativa. “Creemos que ya no se discute si la ESMA era una escuela de enseñanza o si funcionaba como sede del Grupo de Tareas, ni que Chamorro era el comandante –dijo Ouviña–, pero las faltantes de las hojas dan cuenta de Chamorro no como director de la escuela sino como director del Grupo de Tareas.” Si no están las hojas de quienes lo evaluaron desde ese rol, no fue para protegerlo a él, o sólo a él, sino y en esa lógica, a ellos mismos.

Pero ésos no fueron los únicos datos. Recordaron que en otro informe Luis María Mendía –superior de Montes– reconoció que “ha demostrado claras y positivas actitudes en la guerra antisubversiva”. O indicó, en otro momento, que uno de los problemas que tenía era que disponía de poco personal superior, un dato que a la luz del alegato de los fiscales y de las otras querellas, explica ahora cómo fue que diversos oficiales de menor jerarquía –como el Tigre Acosta– ocuparon cargos que no les correspondía porque “las actividades habían superado las previsiones originales de la Fuerza”. En el terreno de las pruebas, también se leyeron datos de sobrevivientes y familiares. Recordaron el testimonio de Alberto Girondo, en cuya declaración dijo que Montes estuvo en la ESMA con Massera y García Tallada, y que los altos mandos visitaban la escuela especialmente en épocas de cambios de conducción. Otro testimonio fue el de Elisa Tokar, una sobreviviente que trabajó como esclava en el sótano del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se hacían tareas de prensa y difusión para cuando Montes estaba a cargo de esa cartera. Tokar dijo que su jefe en el ministerio era quien la había torturado en la ESMA y que cuando terminaba el trabajo la llevaban nuevamente a Capucha donde, por supuesto, recordó el fiscal, conservaba su cucheta.

Emilio Mignone nombró a Montes en su declaración del Juicio a las Juntas. Esa declaración fue una de las que se reescucharon en el debate y otra prueba retomada en el alegato. Ouviña recordó cuando el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, en el afán de dar con su hija y otros catequistas secuestrados, consiguió una entrevista con Montes, en la que le habló del secuestro de Jalics y Yorio. Montes le dijo que sí, “que a esos capellanes del Tercer Mundo los tuvo la Infantería de Marina y sobre todo a uno de ellos, que ‘es muy peligroso’”.

Montes pasó al Ministerio de Defensa y Culto después de mayo de 1977. “Lejos de apartarlo de la lucha antisubversiva –dijo el fiscal– eso le dio la posibilidad de continuarla desde un punto de vista estratégico, para resguardar la imagen de Argentina y para dirigir el seguimiento de los secuestrados que iban fuera del país bajo la órbita del tristemente célebre Centro Piloto de París.”

La acusación a García Tallada tomó un eje distinto: la fiscalía analizó sus propias declaraciones. García Tallada fue el sucesor de Montes hasta mediados de diciembre de 1977. Pese a que en sus declaraciones asumió las responsabilidades, curiosamente no admitió los tormentos, uno de los dos cargos por los que está acusado. “Pretendió desvincularse diciendo que no tuvo conocimiento de que se produjeran tormentos, pero no tuvo inconvenientes en describir sus técnicas”, dijo el fiscal. Para Ouviña, eso “permite concluir sin demasiado esfuerzo que efectivamente sabía de las prácticas que se usaban en la ESMA, que por cierto contaban con su favor”. García Tallada está acusado por 26 casos, entre ellos los doce asesinados del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz.

Rechazaron excarcelar a un exprefecto acusado de haber tripulado los llamados "vuelos de la muerte"

El exmiembro de la Prefectura Naval y expiloto de Aerolíneas Argentinas Mario Arrú, acusado de haber tripulado los llamados "vuelos de la muerte" durante la dictadura, seguirá detenido por orden de la Cámara Federal porteña, que confirmó el rechazo a su excarcelación.

Arrú fue imputado por el fiscal federal Eduardo Taiano como uno de los pilotos que tripuló el vuelo desde donde se arrojó a secuestrados del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, entre ellos la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y la monja francesa Leonie Duquet el 14 de diciembre de 1977.

Los camaristas de la sala II del tribunal de apelaciones ratificaron el rechazo a la excarcelación resuelto por el juez Sergio Torres al entender que el "delito se sigue cometiendo" porque se ignora la suerte de muchas víctimas desaparecidas".

"Se reprocha al encausado haber intervenido en los `traslados` de personas ilegalmente privadas de su libertad" desde el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada "a través de los denominados vuelos de la muerte mediante los cuales se procedía a la eliminación física de aquellos y de cualquier rastro o huella que permitiera conocer lo sucedido", enfatizaron los camaristas.

Concluyeron que "no se trata de una conducta pretérita sin referencias en el presente sino que ateniéndonos a los términos de la regulación internacional sobre la materia, el delito se sigue cometiendo".

Arrú quedó preso junto a otros dos aviadores, un abogado y un suboficial de la Armada por su supuesta participación en los vuelos de la muerte.

Arrú trabajaba hasta la acusación formulada por el fiscal Taiano como comandante de vuelo internacional de Aerolíneas Argentinas, al igual que Enrique José De Saint Georges, también detenido junto con él.

Alegato de la Fiscalia por el asesinato de los Villaflor

“Los imputados mantienen silencio”

Los fiscales Mirna Goransky y Pablo Ouviña reconstruyeron los secuestros y las detenciones ilegales de Raimundo, Josefina y los demás integrantes del grupo Villaflor. También plantearon las hipótesis sobre qué sucedió con sus cuerpos.

 Por Alejandra Dandan

Los Villaflor. Las pruebas del asesinato de Raimundo en la Escuela de Mecánica de la Armada, los meses en los que su mujer y su hermana parecían seguras de que iban a salir con vida de la ESMA. Las cartas, las muñecas de trapo. Las hipótesis sobre qué sucedió con sus cuerpos integraron el tramo del alegato que la fiscalía leyó ayer en la audiencia del juicio oral de la causa ESMA. El ya retrasado tiempo del debate volvió a suspenderse después de dos horas de audiencia. Esta vez, el Tribunal Oral Federal 5 anunció un cuarto intermedio porque el represor Juan Carlos Azic estaba con problemas de presión, como viene sucediendo con sus colegas dos días a la semana. La audiencia se interrumpió hasta mañana.

“Hemos escuchado a muchos testigos referirse a ellos como grupo”, dijo la fiscal Mirna Goransky al empezar el caso. “Pero el apellido ya resonaba en el ámbito social y político mucho antes de que trascendiera el nombre de Azucena, a raíz de la infiltración del Grupo de Tareas en la (iglesia de la) Santa Cruz”, explicó. Azucena era sobrina de Aníbal Clemente Villaflor, dijo, obrero anarquista que por orden de Juan Perón y Domingo Mercante fue intendente de Avellaneda entre el ’46 y ’47 y fue padre de Raimundo y Josefina Villaflor.

Con el origen del parentesco anclado así en lo político, un universo en el que también situó a Azucena, la fiscal reconstruyó más tarde la línea de caídas del grupo atadas a las identidades políticas de las víctimas. Nombró a Josefina como dirigente de la Federación Gráfica bonaerense, donde conoció a su marido, José Hazan, que cayó con ella y con Celeste, la hija de ambos, el 3 de agosto de 1979. Ambos del Peronismo de Base. Luego, nombró a Raimundo y a su mujer, Elsa Martínez. Recordó que Laura, la hija de ambos, explicó en una audiencia que su madre nació en España, vivió en Uruguay donde se integró a los Tupamaros, se exilió en Argentina y se sumó al Peronismo de Base. De Raimundo dijo que era referente para los trabajadores de la zona sur bonaerense, delegado sindical, perseguido, y la figura que inspiró a Rodolfo Walsh para ¿Quién mató a Rosendo?

Pero el grupo no eran sólo ellos. Goransky y el fiscal Pablo Ouviña mencionaron a todos los que cayeron –militantes, amigos, compañeros de los amigos–, pese a que muchos no son “caso” en este tramo de la causa por el modo en el que se instruyen los expedientes. Entre ellos están Juan Carlos Anzorena, Juan Carlos Chiaravalle, Fernando Brodsky, Enrique Ardetti, Pablo Lepiscopo, Hugo Palmeiro, Juan Carlos Schiaravague. Todos estuvieron secuestrados en la ESMA, excepto Raimundo. Pasaron demasiados meses con vida, hasta marzo de 1980. Varios estaban enrolados en el programa de recuperación de los marinos. Además de trabajo esclavo en pecera, con los archivos de prensa, hacían visitas a las familias escoltados por Ricardo Cavallo que se quedaba en casa de los padres, con el arma arriba de la mesa. Otros hablaban dos o tres veces a la semana por teléfono. Y luego desaparecieron, en un momento que coincide con el cambio de mandos en la dirección del GT, a partir de entonces a cargo de Horacio Estrada y una lógica interna que requeriría que el nuevo jefe se manchara las manos.
Raimundo

El asesinato de Raimundo todavía no está probado en la causa. Pese a eso, con los datos que surgieron las querellas vienen pidiendo que se condene a Miguel Donda –el único imputado en este tramo por el caso– a prisión perpetua por “homicidio”. La fiscalía ayer presentó su caso con el mismo planteo.

Goransky dijo que después de recibir dos o tres días de picana, una de las testigos sintió en el sótano sus alaridos de dolor. A causa de tanto maltrato físico no pudo mantenerse en pie, tenía un brazo roto. En una de las visitas que su hermana Josefina hizo a la casa de su familia, contó que uno de los miembros del Grupo de Tareas lo llevaba y lo arrastraba del sótano a Capucha. Thelma Jara contó lo mismo en su primera declaración, dijo la fiscal. Dijo que los tormentos se prolongaron por dos días y que vio cómo se lo llevaban de Capucha al sótano para continuar con las torturas. Dicen que en ese momento mordió el brazo de un guardia, que eso desencadenó la furia, que le pegaron y lo patearon. Que después de esta golpiza y dos días de padecimiento de golpes y patadas, Raimundo falleció.

Los sobrevivientes también hablaron de la muerte. Thelma Jara vio en el tercer piso mucho movimiento de guardias y dijeron que había muerto de un paro cardíaco como consecuencia de los golpes en el sótano. Otro sobreviviente dijo que vio cuando lo pasaron colgado de pies y manos con la cabeza hacia atrás, absolutamente inerte, y que al día siguiente en una camilla al lado de la huevera había un cuerpo descalzo, del que no se veía la cara. Ese sobreviviente también dijo en la audiencia que estaba seguro de que era Raimundo. Además, la fiscalía planteó que están convencidos de que el dato quedó “debidamente registrado” por el GT porque un testigo llegó a ver en la ESMA una carpeta que decía que había muerto el 7 de agosto. “Los imputados, mientras tanto –dijo Goransky–, siguen guardando silencio sobre el destino de su cuerpo.”

Ex director ESMA, Edgardo Otero, aunque no quiere, sigue preso

Denegaron la excarcelación del ex director de la ESMA procesado por delitos de lesa humanidad

El ex director de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada Edgardo Otero, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en ese instituto, seguirá detenido luego que la Cámara Federal confirmó el rechazo a su excarcelación dictado por la jueza María Servini de Cubría.

La jueza se opuso a liberar a Otero en esta causa en la que está procesado como "autor de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años", en referencia a la hija biológica de Orlando Ruiz y Silvia Dameris que fue entregada por Otero al represor Juan Antonio Azic, quien la inscribió con su apellido y con el nombre de Carla Silvina Valeria.

En las seis carillas de su resolución, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah explicaron el "carácter de delito permanente que registra el ilícito en cuestión, en sus modalidades de retención y ocultamiento -que junto a la sustracción se configuran en autos- la acción típica desarrollada”.

Los magistrados recordaron que el 26 de mayo de 2008 "cuando se incorporó a la causa el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos que estableció que ella es hija biológica de Orlando Ruiz y Silvia Dameris" recién "pudo descubrirse la verdadera identidad de la menor sustraída".

Los camaristas también recordaron que "el hecho que se le reprocha formó parte de un plan integral en la secuencia fáctica desarrollada en la ESMA y culminó con la sustracción, y posteriormente con la retención/ocultación de la menor".

En abril el mismo tribunal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Otero y sostuvo que "a esta altura de los acontecimientos se encuentra debidamente acreditada la existencia de un plan sistemático llevado a cabo en la ESMA" donde "se perpetraron sustracciones de menores acaecidas en un marco fáctico de privación ilegal de la libertad de sus padres, donde fueron sometidos a torturas y tratos degradantes".

Los magistrados concluyeron, entonces, que "han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad" y, en ese sentido, Otero "no ha sido ajeno" a que la hija de la detenida desaparecida Silvia Dameri "fue fraudulentamente inscripta como Azic".

Detuvieron a Victor Olivera, represor prófugo que habría disparado a su propia casa

Un peligro para su familia

Fue localizado días después del disparo que recibió su hija en la casa de Pilar. El mismo es el principal sospechoso de ese hecho. Había estado preso y fue excarcelado por la Cámara de Casación.

 Por Alejandra Dandan

Víctor Roberto Olivera era uno de los “Pedros” de la ESMA, custodia del grupo de tareas del centro clandestino, mencionado como “Lindoro” entre los sobrevivientes del campo de exterminio que en los últimos meses –al compás de las declaraciones del juicio oral– lo situaron como uno de los responsables del asesinato de Raimundo Villaflor. Después de una decisión de la Cámara de Casación y de la confirmación del Tribunal Oral Federal 5, fue excarcelado en noviembre del año pasado, en un proceso intrincado de órdenes y contraórdenes rechazadas por los fiscales del juicio y luego por la Corte Suprema, que en abril ordenó detenerlo de nuevo. La Justicia no lo localizó, Lindoro fue declarado rebelde. El miércoles a la noche quedó detenido de nuevo, sólo días después del disparo que recibió su hija en la casa de Pilar. En este momento la Justicia Federal de Campana investiga ese hecho: Lindoro aparece como uno de los principales sospechosos del disparo, una situación que de confirmarse amplía la argumentación por la que los represores no podrían salir de la cárcel: no sólo la libertad pondría en peligro a los testigos sino, y a la luz de este caso, hasta a sus propias familias.

El caso Lindoro es paradigmático: refleja la situación de muchos de los represores acusados. Lindoro es uno de los marinos que reconoció en la etapa de instrucción su participación en la ESMA e imputó con sus relatos a varios de sus antiguos camaradas de armas. Negó, sin embargo, su alias, y entonces el modo con el que los sobrevivientes mencionan su participación en el caso Villaflor.

Lloró durante toda la declaración. Y estaba emocionalmente debilitado. El informe del Cuerpo Médico Forense elaborado cuando se discutía su excarcelación explicó que presenta una “afección” que “reviste la forma clínica de trastorno del humor”. Que, para el caso de recuperar la libertad, se recomendaba continuar con un tratamiento psiquiátrico que podía “llevarse a cabo bajo la forma ambulatoria toda vez que permanezca estable y que contara con la compañía y supervisión de una persona responsable para garantizar el tratamiento”, teniendo en cuenta el criterio de los médicos. “Su peligrosidad se encuentra supeditada –insistía el informe– a la continuidad del tratamiento psiquiátrico que no debe abandonar.”

Lindoro quedó libre en noviembre de 2010 por una decisión del Tribunal Oral, el mismo que tuvo fallidamente a cargo el control en la cárcel del represor Héctor Febres, que terminó suicidándose antes de conocer la condena. La fiscalía de Pablo Ouviña y Mirna Goransky tomaron conocimiento de la libertad cuando todo estaba hecho, una decisión sobre la que ya se había pronunciado en contra el juez de primera instancia Sergio Torres, pero que contaba con el aval de Casación. Torres primero se negó. Casación lo rechazó. Torres apeló a la Corte Suprema, la Corte confirmó la denegatoria que volvió a Casación. Casación, así, tuvo que negarse en esa instancia, pero el Tribunal Oral 5, basándose en la primera resolución de Casación, ordenó liberarlo. Cuando la fiscalía lo supo interpuso un recurso; el Tribunal 5 lo rechazó, luego presentó otro en queja ante la Cámara, que también lo rechazó. Finalmente, en abril –y tal como lo venían diciendo los fiscales–, la Corte Suprema de Justicia volvió a ordenar la detención de Lindoro, pero esta vez ya era tarde.

Como todos los excarcelados, Lindoro cumplió con las presentaciones semanales de control hasta una semana antes de la decisión de la Corte. Para cuando el tribunal ordenó detenerlo, ya no lo encontraron. Lo declararon prófugo y en rebeldía.
Los disparos

Claudia es la ex mujer de Lindoro. Era una de sus garantes de la condición de libertad, fue quien dijo que estaba “prófugo” en el juzgado de Torres. También había pedido custodia para ella, para su hija y en la escuela: “El era su padre –dijo ayer a Página/12–, yo no podía saber si un día aparecía en la escuela para sacar a la nena, y si pasaba eso, ¿qué hacia yo?”.

El lunes, pasadas las 21.30, la casa recibió un disparo desde la calle. Los datos reunidos hasta aquí en la causa indican que el disparo se produjo desde un Fiat. La custodia, en ese momento, estaba en el fondo de la casa. El tiro le dio a la niña de 9 años que fue internada en estado grave e intervenida pero que se recupera favorablemente.

Las primeras sospechas recayeron sobre Lindoro. El juzgado además había recibido otras informaciones. La ausencia del represor no parecía deberse a una gran fuga orquestada: Lindoro seguía aparentemente en la zona. Lo habían visto entrar a pedir un auto en una remisería. Lo vieron pasar con unas bolsas. Con estos datos trabajó en las primeras horas la fiscalía de Pilar, que empezó a cerrar el cerco sobre el marino. Por conexidad con la causa ESMA, la causa pasó ayer al Juzgado Federal de Campana, donde deberán evaluar si finalmente Lindoro es víctima o imputado.

Una parte del caso Lindoro ayer quedó cerrada: el marino fue detenido nuevamente en la zona de Campana, a partir de averiguaciones que se estaban haciendo en el marco de la causa ESMA. Eso indica que la detención no estuvo vinculada en principio con el ataque a su casa, aunque un funcionario judicial aclaró que muy posiblemente seguiría prófugo si no se hubieran producido los disparos.
La Casación

La Cámara de Casación comenzó a dejar libre a los represores de las causas de lesa humanidad primero en cuentagotas y luego sistemáticamente durante todo el año pasado. La Corte terminó con esa tendencia a comienzos de este año con una resolución que tomó como argumento uno de los planteos presentados por Torres sobre la vulnerabilidad de los testigos.

¿Pero cuál es la legitimidad de estos reclamos? Cuando un imputado pasa dos años preso sin condena tiene derecho a la excarcelación. La Justicia se la puede dar o puede extenderle la prisión preventiva hasta el momento de la condena, una decisión que los fiscales y querellas reclaman para los acusados de los delitos de lesa humanidad porque consideran que no son causas comunes, entre otras cosas por los años de impunidad que tuvieron los represores y por la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Esos fueron los argumentos por los que la fiscalía intentó impedir la salida de Lindoro. Pero, además, este represor estaba preso desde hacía poco tiempo y tenía problemas psicológicos, sin contar que había un fallo previo de la Corte Suprema que limitaba las excarcelaciones.

El cuadro psicológico terminó ahora siendo importante. Y al haber sido excarcelado quedó sin control. Cuando un acusado se convierte en prófugo, deja además el tratamiento, y reaparece la peligrosidad.

Piden investigar por falso testimonio al cura Bossini que declaró en el juicio de la ESMA

La Fiscalía pidió que se investigue por falso testimonio al sacerdote Gabriel Bossini, quien al declarar en el juicio por los crímenes de la ESMA dijo que no recordaba detalles del secuestro de otros dos religiosos de la Compañía de Jesús, que en 1976 trabajaban en una villa del Bajo Flores.

El pedido fue formulado durante la tercera jornada del alegato a cargo de los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky, en una accidentada semana en la que dos represores acusados sufrieron descompensaciones que obligaron a la postergación de las audiencias.

Bossini declaró el pasado 16 de octubre como testigo y dijo que no recordaba haber enviado la comunión a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes habían sido secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA el 23 de mayo de 1976, durante un importante procedimiento del que participaron tropas de Infantería de Marina.

En aquella ocasión, Bossini se encontraba oficiando misa en la capilla de la villa, luego de que el por entonces provincial o jefe de la Compañía de Jesús, el cardenal primado de la Argentina Jorge Bergoglio, les quitara la autorización para oficiar misa a Jalics y Yorio.

Por este caso, Bergoglio declaró como testigo en su despacho del Episcopado -adonde se trasladó el tribunal- y allí habría dado cuenta de una gestión suya ante el ex dictador Jorge Videla por ambos sacerdotes.

Bossini no fue detenido y los militares que actuaron lo autorizaron a terminar con el oficio religioso.

Con posterioridad, el cura le aseguro al fallecido dirigente de derechos humanos Emilio Fermín Mignone, que no había actuado el Ejército sino un grupo de la ESMA.

La hija de Mignone fue secuestrada en ese procedimiento, junto a los dos religiosos y un grupo de catequistas y seminaristas, y estos últimos siguen desaparecidos.

Al declarar en el juicio, Bossini dijo no recordar las circunstancias del procedimiento y sus posteriores afirmaciones, en las que dijo conocer a varios de los represores que intervinieron, con los cuales había escalado el Aconcagua.

Tampoco recordó haberle enviado los sacramentos a los sacerdotes a través de un militar cuando Yorio y Jalics estaban secuestrados.

Ouviña sostuvo que Bossini, al declarar en el juicio, "tuvo una actitud de llamativa falta de memoria de las circunstancias que le tocó vivir" y fue "abiertamente reticente a las preguntas del tribunal".

El fiscal dijo que la conducta de Bossini fue "mendaz" cuando negó todos estos hechos, por lo que pidió que se investigue penalmente al sacerdote por presunto falso testimonio que, de acuerdo a su gravedad prevé penas de hasta diez años de prisión.

Investigarán a Ramón Arosa que comandó la Marina desde 1983

La nota que firmó un jefe de la Armada

En la causa ESMA, Arosa declaró que, con Astiz, la Marina sólo se equivocó al no apartarlo para evitar que se descubrieran sus tareas durante el terrorismo de Estado. Lo compromete una lista de militantes que había enviado a la Justicia en 1986.

 Por Alejandra Dandan

La última declaración pública de Ramón Arosa en los Tribunales de Retiro aún es memorable. Arrinconado por las preguntas de los fiscales, el primer jefe de la Armada de la democracia recordó lo que alguna vez escribió en un libro: que la operación de infiltración de Alfredo Astiz en el grupo de la Iglesia Santa Cruz resultó “exitosa” pero que el “error” de la Marina fue no haberlo “apartado” y, en cambio, haberlo enviado inmediatamente a otra operación en Francia, donde lo reconocieron los ex secuestrados. La declaración de Arosa como testigo generó ya sus primeros efectos: el grupo Kaos, integrado por Rodolfo Yanzón y otros abogados, pidió al Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio por la ESMA que separe la declaración para impulsar una investigación sobre el ex jefe de la Armada.

Pero eso no es lo único que sucedió. Un día después de la declaración, una sobreviviente de la ESMA revisó archivos convencida de que había algo más sobre el marino. Encontró una nota firmada por Arosa de diciembre de 1986, y enviada a la Justicia Federal de San Isidro, con una lista de 30 nombres de militantes políticos de la organización Montoneros que supuestamente habían participado del secuestro de un empresario de la Mercedes Benz. Los nombres recogidos en base a datos de “agentes competentes” –según la nota– llegaron al despacho del entonces juez Daniel Alberto Piotti y desencadenaron pedidos masivos de indagatorias para los ex militantes, pocos de los cuales sin embargo aún estaban vivos. Para los sobrevivientes, el dato no es poco importante. Graciela Daleo estuvo secuestrada en la ESMA, es querellante del juicio oral que se lleva adelante en Comodoro Py y fue una de las imputadas en el marco de aquel expediente. Para ella, la nota firmada por Arosa parece hecha en base a información que los servicios de inteligencia arrancaron bajo tortura a los prisioneros. O con algún tipo de archivo que la Marina siempre negó tener.
El expediente

Después de la ley de punto final, en 1986, el Congreso dio un plazo de 60 días para terminar de encausar a militares y militantes políticos. En San Isidro, el hombre que más adelante se transformaría en jefe de seguridad de Eduardo Duhalde, llevaba la causa de Heinrich Metz, de la Mercedes Benz, secuestrado en octubre de 1975, por el cual Montoneros reclamó un rescate y mejores condiciones para los trabajadores. Arosa mandó la lista con los nombres como respuesta a un oficio. La nota de carácter reservado llevaba la identificación número 243/86/AJAR, AZ3, del día 18 de diciembre de 1986, con la firma y el sello de Arosa como vicealmirante, jefe del Estado Mayor General de la Armada.

“De acuerdo con la información suministrada por los organismos competentes –dice la nota–, informo que como integrantes de la Columna Oeste de la organización Montoneros pudo detectarse, en su oportunidad, a...”. Y a continuación Arosa transcribió una lista de 30 nombres y apellidos y luego una enumeración de 27 apodos de quienes no se pudo “precisar su identidad”.

“Recorrer esos nombres da cuenta de cuáles son los ‘organismos competentes’ a los que se refirió Arosa”, dice ahora Daleo. “Y cómo es que pudieron ‘detectarse en su oportunidad’ a esas personas”, porque para que se entienda –aclara– los nombres de las listas son, entre otros, los de Graciela Alberti, Ricardo Soria, Gustavo Grigera, Jorge Mendé y Alejo Mallea, por ejemplo. Todos ellos son víctimas de quienes actuaron en la ESMA. “De Gustavo Grigera sólo entregaron el cadáver; los demás permanecen desaparecidos. Otros, como Roberto Ahumada y Raúl Cubas, fueron liberados después de las torturas y de permanecer desaparecidos en la ESMA más de dos años.”

La lista no incluyó sólo a víctimas de ese centro clandestino. Estaba María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew, luego secuestrada y desaparecida. También Norberto Gómez, secuestrado y asesinado por las patotas de Azopardo-Atlético. El juez Piotti indagó a todos los que pudo. “Obscena decisión la de un juez –explica Daleo– que durante esos años decidió imputar a desaparecidos y asesinados.”
El presente

Arosa obtuvo el retiro voluntario de la Armada el 1º de febrero de 1990. En 1996 volvió a revistar como retirado en servicio, pero en 2007 la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, dio de baja el contrato. Durante la dictadura, llegó a tener la jerarquía de capitán de navío como Jorge Raúl Vildoza, imputado de ESMA, pero además llegó a ocupar la jefatura del Comando de Operaciones Navales, la segunda autoridad naval de la Armada. Según los datos de Defensa y del CELS, el 24 de septiembre de 1979 volvió al país desde los Estados Unidos para ingresar al Departamento de Operaciones del Comando de Operaciones Navales en Bahía Blanca. El 29 de enero de 1980 lo nombraron jefe del Estado Mayor del Comando Naval, se quedó en Bahía Blanca hasta el 19 de diciembre de 1980. Luego pasó a ser comandante de la División Corbetas; subsecretario general naval y jefe de la Casa Militar en Presidencia de la Nación, hasta que asumió Raúl Alfonsín, cuando pasó a ser jefe del Estado Mayor General de la Armada.

Más allá de los datos puntuales del ascenso, y posibles responsabilidades, uno de los puntos más importantes de su legajo para las causas de lesa humanidad es su presencia en el Comando de Operaciones Navales (CON). En este momento, los juicios avanzan sobre dos tipos de autores: directos y mediatos, altos mandos que son responsables por la cadena de mandos. Arosa no está imputado hasta el momento. Sin embargo, uno de los fiscales de Bahía Blanca indica que hombres de su misma jerarquía fueron imputados en esa ciudad por hechos de 1976 y 1977. Bahía Blanca no tiene hasta ahora víctimas denunciadas de los años en que estuvo Arosa, pero como el CON tenía jurisprudencia en todo el país podría ser responsable por otros casos –como en ESMA, por ejemplo– si se aplican los criterios con los que se juzgó hasta aquí.