miércoles, 21 de septiembre de 2011

Represor de la ESMA, prófugo desde 2008.... estaba en Neuquén

Detuvieron al prófugo Di Paola

El capitán de fragata Francisco Armando Di Paola, que integró el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) bajo el seudónimo de “Chino” y estaba prófugo desde el 2008, fue detenido ayer en Neuquén. Di Paola era uno de los seis oficiales de la Armada imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad que eludieron la acción de la Justicia.

La orden de captura había sido librada por el juez federal Sergio Torres, quien lo declaró en rebeldía luego de que Di Paola no se presentara a prestar declaración indagatoria en diciembre de 2008, como sospechoso de crímenes imprescriptibles cometidos en ese centro clandestino de detención entre 1979 y 1981.

El juzgado federal 12 de la Capital Federal informó que la detención se concretó gracias a tareas de investigación realizadas por la División Operaciones de la Dirección General de Seguridad Interior de la Policía Federal Argentina, quienes desde hace meses seguían la pesquisa en varias provincias.

En el curso de esta semana, Torres le tomará declaración indagatoria en relación a su responsabilidad respecto de “hechos que damnificaron a decenas de víctimas” secuestradas en la ESMA, cuando Di Paola ostentaba el grado de capitán de fragata.

El juicio por los crímenes de la ESMA está llegando a la etapa final. Hay diecinueve procesados, entre ellos Jorge “El Tigre” Acosta, quien actuó como uno de los jefes de los grupos de tareas, y los emblemáticos oficiales del terror Alfredo Astiz y Ricardo Miguel Cavallo.

El dueño de la vida y la muerte del mayor centro clandestino de la Armada, Emilio Eduardo Massera, falleció al igual que gran parte de los máximos jefes de esa fuerza sin que el proceso por las atrocidades cometidas hubiera llegado a condena. El vicealmirante Rubén Chamorro, jefe directo de la ESMA, es otro de los dieciséis oficiales que murieron.

El asesinato del escritor y periodista Rodolfo Walsh, el secuestro y la desaparición de las monjas francesas, del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo, de la estudiante sueca Dagmar Hagelin, son algunos de los casos que están siendo juzgados y esperan sentencia para antes de fin de año.

sábado, 3 de septiembre de 2011

Abren una causa para investigar los crímenes sexuales cometidos en la ESMA

Violencia de género que no prescribe

El juez federal Sergio Torres consideró que los sometimientos sexuales en la ESMA fueron parte del plan de represión y exterminio del terrorismo de Estado. Resolvió abrir una investigación para juzgar estos crímenes por separado, algo hasta ahora inédito.
Por Alejandra Dandan y Victoria Ginzberg

“Los sometimientos sexuales no fueron casos aislados, sino que se trataba de prácticas sistemáticas llevadas a cabo, dentro del plan clandestino de represión y exterminio, por el Estado.” Con esta declaración el juez federal Sergio Torres ordenó la apertura de una causa específica para investigar las violaciones y otros delitos de violencia de género cometidos en la ESMA durante la última dictadura, algo hasta el momento inédito. El magistrado citó jurisprudencia internacional para fundamentar la condición de crímenes contra la humanidad de estos hechos.

“Es importante que se investiguen las violaciones como delitos autónomos, las víctimas expresaron la necesidad de que se investiguen como algo distinto de los tormentos. Ahora que hemos avanzado en juzgar las desapariciones, los secuestros y las torturas, se empieza a ahondar en cuestiones más específicas acerca del sufrimiento de las víctimas”, señaló a Página/12 la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky. Fue en base al alegato de ese organismo de derechos humanos en el juicio oral sobre los crímenes de la ESMA que se está llevando a cabo en este momento que Torres decidió iniciar una investigación sobre este tema.

En tribunales hay opiniones divididas sobre si corresponde o es conveniente considerar los delitos de índole sexual como crímenes específicos o si deben ser subsumidos dentro de la categoría general de torturas. El mismo Torres procesó al represor Jorge Acosta por una violación y la Cámara Federal señaló que el hecho debía ser calificado como imposición de tormentos. Pero hay antecedentes en los que represores fueron procesados o condenados por delitos sexuales. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata consideró culpable al ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina por violaciones reiteradas en el centro clandestino La Cueva, a las que consideró crímenes de lesa humanidad. A su vez, el juez federal de Tucumán Daniel Bejas procesó a los jerarcas militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez como “partícipes necesarios” (no ya autores directos) de la violencia de género cometida contra todas las mujeres que estuvieron detenidas en el penal de Villa Urquiza. Lo que hasta ahora no había era una causa específica que agrupara sólo estos hechos. En este caso, Torres, que tiene a su cargo el expediente sobre los crímenes de la ESMA, decidió separar en una pesquisa diferenciada los delitos sexuales que se cometieron en ese centro clandestino de detención durante el terrorismo de Estado. Hasta el momento, hay dieciocho casos documentados.

La resolución

El juez explicó que “si bien en principio podrían interpretarse (los crímenes sexuales) como asociados o incluidos dentro del delito de tormentos, porque ambos implican en última instancia una lesión a la dignidad humana”, consideró que “a los fines de despejar y agotar todas y cada una de las hipótesis delictivas que se habían conformado a lo largo de la presente investigación, teniendo en especial consideración la particular cuestión de índole vivencial de los hechos que aquí se persiguieron, deberán investigarse en forma separada”.

“A mi juicio –explicó Torres–, la finalidad por la cual los delitos sexuales se habrían cometido podría estar emparentada a crear en las víctimas cierto estado de cosificación, que eran propiedad privada de sus captores, que estaban libradas a sus designios, en definitiva como una forma de reducción de la voluntad y método de dominación. Podría pensarse, como otra hipótesis, que estos ataques sexuales pudieron haber servido además a los captores para obtener información de parte de una persona cercana a esa víctima a quien hacían presenciar el ataque”.

El juez también introdujo otra cuestión que será motivo de futuros análisis en tribunales. Las violaciones son delitos “de acción privada”, lo que significa que sólo pueden ser investigadas si la víctima denuncia e impulsa la investigación. Sin embargo, Torres manifestó que por la “particularidad” que revisten –es decir, que fueron cometidas desde el propio aparato del Estado en el marco de un plan sistemático de represión–, estos casos son “distintos dentro de su propia especie de otros de idénticas características” y que “independientemente de que no se haya expresamente declarado la intención de instar la acción penal contra el autor del hecho para que se pueda impulsar la investigación, se entiende que si allí (en las declaraciones testimoniales) fueron narradas, las víctimas tienen el deseo de que se conozcan, de que trasciendan, en definitiva de que se investiguen”. De todas formas, notificó a las víctimas o sus familiares para que, si lo desean, se presenten para impulsar la investigación.

Para tipificar las violaciones como crímenes de lesa humanidad, el juez citó la Convención de Ginebra, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales de Ruanda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. También mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García, analizó la violencia de género (categoría que amplía la pesquisa) contra mujeres detenidas clandestinamente en el marco de terrorismo de Estado y calificó tales ilícitos como delitos de lesa humanidad.

sábado, 27 de agosto de 2011

Los eternos tiempos de la Justicia

A 22 meses del comienzo se acerca la sentencia histórica

El primer fallo que afectará en forma directa a la Marina llegará en octubre. Se abrirá el camino así a la segunda etapa de la megacausa ESMA. Si no se modifica la organización del proceso, podría demorar al menos cuatro años. El debate.
Por Alejandra Dandan

El caso Rodolfo Walsh. Las monjas francesas. El grupo de la Iglesia de Santa Cruz. Los Villaflor. Orlando Yorio y Francisco Jalics. Son algunas de las 86 víctimas del juicio oral por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada. A 22 meses del comienzo, el juicio finalmente se acerca a la sentencia histórica: la primera para los marinos desde la reapertura de las causas. Aun así son sólo 18 acusados. El Tribunal Oral Federal 5 que está a cargo del juicio (y de las demoras) acaba de recibir de la instrucción varios tramos más de la megacausa que ahora suma unas 900 víctimas, a la espera del debate. El universo de causas acumuladas es enorme. Al ritmo del juicio que está terminando, los tiempos de los próximos debates parecen infinitos: si tal como esperan las querellas, el próximo juicio incluye los secuestros del ’76-’77, la cantidad de víctimas y de imputados haría que el juicio se extendiera por lo menos cuatro años. Los problemas. El debate.

Primero el comienzo. En este momento, el TOF 5 concluye el juicio oral por un solo tramo de la megacausa ESMA: los llamados Testimonios A; los B, conocidos como causa Monjas Francesas o Iglesia de Santa Cruz y los C del caso Walsh. Un total de 18 imputados y 86 víctimas de las cuales 28 permanecen desaparecidas y existen cinco homicidios probados por los cuerpos recuperados del grupo de la Iglesia de Santa Cruz. El juicio que debía empezar en septiembre de 2009 comenzó el 11 de diciembre de ese año. Con un número semejante de acusados pero más del doble de víctimas, el juicio del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO) duró la mitad.

A ojos de los organismos de derechos humanos que integran las querellas, una de las grandes razones de la demora es el funcionamiento del Tribunal 5 encabezado por Daniel Obligado. Graciela Daleo es sobreviviente de la ESMA y querellante: “Que este juicio dure dos años tiene que ver con el ritmo del Tribunal y las trapisondas de las defensas”.

Ya en diciembre del año pasado el Centro de Estudios Legales y Sociales publicó un balance con algunas advertencias. “A un año del inicio del juicio oral, aún no hay certeza del dictado de sentencia a corto plazo. Ello resulta particularmente preocupante porque otros tramos de la causa ESMA, que se encuentran radicados en el mismo Tribunal desde el 2008, no podrán ser juzgados hasta tanto no finalice este juicio. Es oportuno destacar que los otros tramos de la causa ESMA cuentan con un número mucho mayor de víctimas e imputados.”

Esa es la situación que aún no cambió pese a que el debate está cerca de la sentencia. Además del retraso inicial hubo y sigue habiendo problemas. El TOF complicó, por ejemplo, el mecanismo para desistir testigos. En otros debates, suele suceder que la querella que presenta un testigo puede desistirlo durante el juicio, pero el TOF 5 no lo hacía hasta preguntar a todas las partes. Eso incluyó a las defensas, que encontraron en la negativa un mecanismo de dilatar el proceso. Hubo problemas menores que terminaron siendo grandes. Uno de ellos son los horarios, con audiencias retrasadas dos horas que se cortaban a las dos de la tarde. Hubo, en ocasiones, problemas por faltas de sala en Comodoro Py. Hubo mala organización del cronograma de testigos: días en los que el Tribunal citó para la misma jornada a sobrevivientes como Martín Grass y Lila Pastoriza, con más de cuatro horas de declaración cada uno y de esperas y días en los que citó a un vecino.

Lucía Tejera es abogada de las querellas. Ella habla por ejemplo de las largas horas en las que declararon los represores. Todo acusado tiene derecho a pronunciarse durante cualquier momento del debate, dice, pero con una restricción: debe hablar sólo del objeto de la causa. Pero en este juicio varios acusados se tomaron más de un día para hablar de lo que parecieron verdaderos alegatos. Jorge “El Tigre” Acosta habló un día hasta las once de la noche en un discurso en el que incluyó hasta la guerra prusiana. Ricardo Cavallo llegó en su diatriba hasta la Revolución Cubana e hizo debates sobre la filosofía marxista. “La fiscalía y las querellas le dijimos al Tribunal varias veces que les pida ceñirse al objeto del juicio, pero el Tribunal no lo hizo”, dice Tejera. Como otros querellantes, insiste en el problema a largo plazo. Señala que es necesario pensar cómo achicar los tiempos del debate, hacer los juicios lo más cortos posibles para evitar el desgaste de testigos, pero también de imputados y de jueces. “Este es el primer juicio a los marinos y va a ser la primera sentencia. Desde que se abrieron los juicios tenemos que acabar lo más rápido posible para poder continuar: están listos los tramos ‘76-’77 que ordenan toda la causa porque abarcan a muchos compañeros, están las caídas de las ‘Citas nacionales’, y no es que esos años fueron un momento negro porque toda la ESMA fue negra, pero es el período con más gente secuestrada en un período de tiempo, el momento en el que la ESMA reventó porque en 1978 empezaron algunas libertades”.

Lo que viene

Si todo sigue así, en los próximos días el debate va a suspenderse durante diez días. El Tribunal ordenó pararlo entre el final de los alegatos y el comienzo de las réplicas, pese a un planteo en contra de la fiscalía integrada por Pablo Ouviña y Mirna Goransky, que no quieren más demoras. No las quieren no sólo por el futuro, incluso porque el jurado tiene sólo tres de los cuatro jueces previstos para las causas de lesa humanidad. El número indispensable. Y porque uno de los imputados, el vicealmirante Oscar Montes, sobre el que pesan varios de los casos, está en pésimas condiciones de salud.

En su defensa, el TOF intenta algunas explicaciones. Dicen que están trabajando para tener la sentencia a mediados de octubre. También dicen que como el juicio fue largo se van a tomar dos meses para escribir los fundamentos que pueden estar listos a mediados de diciembre. Lo que no dicen, en cambio, es cómo avanzarán después. En diálogo con este diario, alguno de sus integrantes admitieron que si empieza un nuevo juicio no será antes del año próximo, pero no tienen ni siquiera decidida la causa con la que van a ir adelante.

El juzgado de Sergio Torres lleva adelante la primera parte de las investigaciones de la megacausa en instrucción. Acaba de elevar una serie de expedientes que ahora se acumularon en el TOF 5. Entre los viejos expedientes estaban: la causa 76-causa 77 con un número total de casi 30 imputados y 186 y 347 víctimas respectivamente, 93 por ciento de las cuales son las mismas. Y dos causas más chicas llamadas “Chacras de Coria” –con imputados ya condenados en otras causas– y “Robo de bienes”, una causa que por el volumen podría ser tratada rápidamente, pero para varios actores no tiene sentido porque sería casi un absurdo que muchas de esas víctimas obtengan una condena por robo primero antes que por haber sido víctimas. Entre las causas recién elevadas se agregan además: los tramos ’78/’79/’80 y ’81 y ’82. Entre unas y otras suman en total alrededor de 900 víctimas, 600 de las cuales lograron ser identificadas a partir de un trabajo de reconstrucción de los organismos de derechos humanos.

El TOF informalmente menciona dos problemas. Uno, que no logra avanzar porque entró nuevamente en “la ronda de sorteos”, es decir que dejó de dedicarse exclusivamente a la causa ESMA y ahora tienen que atender también otras causas. Y dos, que si manejar un juicio con 18 imputados les llevó dos años creen que se les volverá imposible manejar uno de 60 imputados, como tiene una de las últimas causas elevadas.

Pablo Ouviña es fiscal de la causa. También preocupado por lo que viene, recuerda que ya en 2009 tuvieron que moverse rápidamente para evitar que el TOF 5 unifique en ese momento el tramo de los Testimonios A, B y C con la causa 1976. Pese a que la fiscalía promueve la unificación de las causas, está convencida de que esa idea hubiese demorado aún más el ya demorado comienzo del primer juicio. Pero además no había ganancias netas porque gran parte de las víctimas del tramo 1976 están incluidas en realidad en el tramo 1977, y es ahí donde deberían sumarse. Eso es lo que esperan que suceda en este momento.

jueves, 4 de agosto de 2011

Otro aporte a la impunidad: Azic a la boda de la hija que se apropió!!

Silvia Dameri y Orlando Ruiz

Un privilegio para el represor Azic

Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron el fallo del Tribunal Oral Federal 5 porteño, al frente del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura militar argentina, que otorgó un permiso de salida al represor Juan Antonio Azic. “Desde Abuelas manifestamos nuestra profunda indignación y malestar ante la decisión de los jueces que autorizaron a Azic a asistir al casamiento de Laura Ruiz Dameri, joven de la que se apropió durante 28 años, para oficiar de padrino de boda”, denunció el organismo de derechos humanos a través de un comunicado. La agrupación H.I.J.O.S. se unió al repudio. “Nos parece muy grave, porque en vez de condenar el terrible delito de lesa humanidad que significa la apropiación de una hija de desaparecidos, están contribuyendo a convalidar las consecuencias de un crimen cometido en el marco del terrorismo de Estado”, concluyeron.

Los jueces Daniel Obligado, Ricardo Luis Farías y Germán Castelli hicieron lugar al pedido de Azic, asistido por los defensores públicos Ricardo Antonio Richiello y María José Turano. Según la resolución, el Tribunal debía “preservar la relación paterno filial que en nada ha sido lesionada por la detención del nombrado a lo largo de los años” y que “las relaciones del interno con su familia convenientes para ambos deberán ser facilitadas y estimuladas.”

Abuelas consideró que “con estas vergonzosas expresiones, los integrantes del TOF 5 se han referido al represor Azic como si fuera el padre legítimo de la joven apropiada, cuando en realidad es el autor de un delito de lesa humanidad. Según informó el organismo, además de apropiarse de Laura, Azic intervino directamente en el secuestro y tortura de sus padres, Silvia Beatriz María Dameri y Orlando Antonio Ruiz, quienes estuvieron cautivos en la ESMA junto a sus dos hijos mayores, quienes también fueron apropiados. “A 31 años de la apropiación de Laura Ruiz Dameri, el represor Juan Antonio Azic aún no tiene condena y goza de privilegios”, denunciaron desde Abuelas.

Desde este espacio pensamos en Silvia y Orlando, desaparecidos y padres de tres hijos; nos duele el corazón por la actitud de Laura; nos duele Victoria, por tantos años de búzqueda, y por ello nos conmueve su humanidad y compromiso con los afectos. Repudiamos a Azic cada día más, como a todos los genocidas

miércoles, 20 de julio de 2011

Civil que piloteaba en vuelos de la muerte: ¡¡a su casa!!

Vuelta a casa para el civil acusado por los vuelos de la muerte

El abogado Gonzalo Torres de Tolosa recibió el beneficio del arresto domiciliario de parte de la Cámara Federal, debido a su estado de salud. Se trata del único civil acusado de haber piloteado los "vuelos de la muerte" y fue uno de los supuestos tripulantes del avión del que fueron arrojadas al mar la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y la monja francesa Leonie Duquet.

La decisión de revocar el arresto en una cárcel común fue tomada por la sala II del tribunal de apelaciones por entender que es "prudente" en pos de su estado de salud con la orden de "extremarse los recaudos que hacen al cuidado de su estado", según el fallo. El abogado fue operado de un tumor cerebral, además de ser diabético, tener problemas de próstata y caminar ayudado por un bastón, enumeraron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.

Torres de Tolosa fue detenido el 10 de mayo y procesado el mes pasado por el juez federal Sergio Torres como el único civil acusado hasta el momento de haber tripulado los vuelos de la muerte que partían con secuestrados de la Escuela de Mecánica de la Armada, lugar que frecuentaba el acusado, quien tiene lazos de parentesco con el también detenido represor Jorge "Tigre" Acosta.

Fue procesado junto a los pilotos Alejandro D`Agostino, Enrique De Saint Georges y Mario Arru y al ex suboficial Ricardo Ormello por haber sido los supuestos tripulantes del vuelo del que presuntamente fueron arrojadas la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y la religiosa francesa Leonie Duquet, entre otros.

Al procesarlo Torres le revocó el arresto domiciliario del que gozaba y lo envió a la cárcel de Ezeiza, luego de que un informe del Cuerpo Médico Forense dio cuenta de que no correspondía que permanezca en su casa. Pero esta decisión fue apelada y la Cámara entendió que "los antecedentes aportados por la defensa" sumado a que "no obra en autos un informe concreto sobre todos los tópicos de cumplimiento de cuidados exigidos o mencionados para que no se agrave el estado de salud de Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, llevan a entender prudente disponer el arresto domiciliario".

El abogado apareció mencionado por primera vez en relación a la ESMA hacia 1995, cuando el represor arrepentido y ex capitán de corbeta, Adolfo Scilingo, confesó públicamente su participación en dos "vuelos de la muerte", desde los que arrojó a 30 personas vivas al mar. En distintas entrevistas, Scilingo identificó a Torres de Tolosa como quien dentro de la ESMA se hacía llamar "Teniente Vaca" y agregó que éste convivía con ellos en el Grupo de Tareas represivas 3.3.2 y hasta había tripulado varios vuelos.

jueves, 14 de julio de 2011

Causa ESMA: el juicio oral seguirá durante el receso invernal

Las informaciones sobre los pedidos de condenas siempre son las que no sacan los pies del plato......

Así lo resolvió el TOF Nº 5 de la Capital Federal. Durante las audiencias, se desarrollarán los alegatos de las defensas. En el proceso son juzgados los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge "el Tigre" Acosta, junto a otros 15 imputados

El Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Capital dispuso que el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionara durante el último gobierno militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) continúe durante la feria de julio.

En este sentido, se realizarán audiencias el lunes 25 de julio, el martes 26, el jueves 28 y el viernes 29 de julio. Durante estos días se prevé que se desarrollen  los alegatos de las defensas de los imputados.

Cabe recordar que algunas querellas (Justicia Ya) solicitaron que se aplicara el delito de genocidio y que cumplieran sus condenas en cárcel común, otros como el Ministerio Público Fiscal, durante su alegato, solicitó la pena de reclusión perpetua para los imputados Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Pablo García Velazco, Julio César Coronel, Adolfo Miguel Donda, Raúl Scheller, Juan Carlos Fotea, Néstor Savio y Alberto González.

En tanto, requirió 25 años de prisión para José Antonio Montes, Manuel García Tallada, Carlos Capdevilla y Juan Antonio Azic.