Confirmados los procesamientos de 4 aviadores y 1 abogado por los vuelos de la muerte

Pilotos, cada vez más cerca del juicio oral

La medida abarca a tres ex prefectos identificados como pilotos del vuelo en el que se asesinó a las monjas francesas y las fundadoras de Madres. El abogado Gonzalo Torres de Tolosa y el suboficial naval Rubén Ormello completan la nómina.

 Por Diego Martínez

Tres ex pilotos de los Skyvan desde los que se arrojaron secuestrados vivos al mar durante la última dictadura podrían compartir con Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón & Cía. el banquillo del próximo juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los ex prefectos Enrique De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro D’Agostino, identificados en una investigación del Ministerio Público Fiscal como pilotos del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977 en el que habrían sido ejecutadas las monjas francesas, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y los familiares secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. Sigue libre e impune en Necochea el superior de los aviadores, prefecto general Hilario Ramón Fariña, ex jefe de la División Aviación de Prefectura durante la dictadura, denunciado desde 1984 ante la Conadep como responsable de “tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”.

La resolución de la Cámara Federal que confirma los procesamientos ordenados por el juez federal Sergio Torres lleva las firmas de Martín Irurzun y Eduardo Farah e incluye a otros dos acusados: el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, ex defensor de sus compañeros de la ESMA, denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojar al vacío, y el suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, quien relató su actuación en los vuelos en los años ’80 ante sus compañeros de trabajo. El ex mecánico de la Armada trabajó hasta el día de su detención en Aerolíneas Argentinas, igual que Arru y De Saint George, que eran comandantes de vuelos internacionales.

El capitán Emir Sisul Hess, quien confesó sus crímenes en privado en los ’90, es por el momento el único imputado por su participación directa en los vuelos que ya está en manos del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que condenó al primer grupo de 16 represores de la ESMA y que a mediados de 2012 comenzaría el segundo proceso oral y público. A fines de septiembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Julio Alberto Poch, el ex piloto que confesó sus crímenes ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia. De los tiempos que demore la elevación a juicio y del criterio de acumulación de causas que adopte el tribunal que preside el juez Daniel Obligado dependerá que Poch y los cinco acusados que desde esta semana tienen procesamiento firme sean juzgados a partir del próximo año o recién en un tercer proceso, que al ritmo actual no arrancaría antes de 2015.

De Saint George, Arru y D’Agostino fueron imputados a partir del estudio de 2800 planillas de vuelo de los Skyvan de Prefectura, realizadas por la Unidad Especial sobre delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, y de testimonios de ex suboficiales y civiles que prestaban servicios para Prefectura obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio. Entre quienes tenían “la sartén por el mango” con los vuelos de la muerte, según un ex prefecto que declaró en la causa, también estaban los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, que está radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA.

La impunidad de Fariña es difícil de explicar. Su nombre completo figura desde enero de 1984 en una carta enviada al presidente Raúl Alfonsín por la “oficialidad joven y no corrupta de Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”. Se lo sindica con todas las letras como “quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. Fariña conducía la División Aviación (DAV), que integraban apenas catorce pilotos y una docena de mecánicos. Entrevistado por Página/12, primero negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”. Su imputación está en manos del juez Torres, que instruye la megacausa ESMA, y del fiscal federal Eduardo Taiano, quien consultado para esta nota no recordó haber pedido su citación para prestar declaración indagatoria.

De Saint George, Arru y D’Agostino eran en 1977 oficiales principales. Sus superiores inmediatos eran Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. El bahiense D’Agostino era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en el aeroparque Jorge Newbery. Diecisiete días después del vuelo que lo distingue de los pilotos de los Skyvan que continúan en libertad fue elogiado por Zaldúa por el “dominio de sus reacciones emotivas” y porque “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En 2003 murió el mecánico que participó del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.

La Corte Suprema revocó la excarcelación de dos imputados por crímenes cometidos en la ESMA

Se trata de Juan de Dios Daer y Edgardo Aroldo Otero. El Máximo Tribunal dejó sin efecto un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió -expedientes D.l74.xLVI y ü83.XLVI-, por mayoría, hacer lugar a las quejas deducidas por el fiscal, declaró procedentes los recursos extraordinarios y revocó las decisiones apeladas. En el planteo realizado se había cuestionado los pronunciamientos por los cuáles la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal concedió las excarcelaciones de Juan de Dios Daer y Edgardo Aroldo Otero, bajo caución personal, en el marco de una de las causas conocidas como "ESMA”

La camiseta

 Por Marcelo Brodsky *

La fotografía no tiene fin. La imagen que había conseguido reconstruir, el retrato de mi hermano de los hombros para arriba detenido en la ESMA, resultó estar incompleta. Durante la visita que realicé con Víctor Basterra al Juzgado Número 12, donde se tramita la causa ESMA, Víctor reclamó su derecho a revisar el expediente para ver las pruebas que él mismo había aportado. El primer expediente que vimos mostraba sólo fotocopias. Pedimos los originales. Aparecieron.

Y la foto estaba allí, pero completa. De los hombros continuaba hacia abajo, hacia la cintura. Y se veía la camiseta. Una prenda desgarrada, irregular, básica. Una camiseta mínima, arrugada, envolviendo un cuerpo púber después de una sesión de tortura.

Los hombros se ven jóvenes, cruzados por las tiras de la prenda. (Los tiempos en la fotografía se superponen, continúan.) La indefensión y al mismo tiempo la belleza de la juventud, asomando entre los trozos de tela tras la paliza. El rostro un poco desencajado, pero aún íntegro. La fotografía amplía, agrega información. Tiene pequeños detalles tan irrelevantes como reales. Permite vislumbrar los pasadizos oscuros que llevan a la pared contra la que se hizo, los ruidos de las cadenas arrastradas al caminar, los grilletes...(otra foto muestra las marcas en las muñecas de las cuerdas de amarrar, en una mujer joven, hermana de otro).

El ligero abrigo que da la camiseta viste al cuerpo en su dolor, lo marca. No es un cuerpo desnudo. Recuerda el taparrabos de otro torturado, en la cruz. Y los pañuelos. Géneros blancos en lugares distintos, retazos.

Me cuentan que hacía gimnasia en la celda, un espacio similar a un chiquero para criar chanchos –convinimos en la charla con Basterra–, con paredes de apenas un metro de alto. Un lugar rectangular, pequeño, del tamaño de una colchoneta, por el que apenas se podía asomar la cabeza. Allí mismo hacían lo posible por charlar. Una colchoneta que sólo tenía gomaespuma y frazadas: ni forro ni sábanas. Lo mínimo, lo que se da a un esclavo, lo básico para subsistir y no morirse de frío, porque las sesiones debían continuar.

Siempre me gustaron las camisetas. Cuando duermo me pongo una, más bien una remera. Esta es distinta, es la clásica, la del barrio, la del carnicero tomando mate. Encima –es de suponer– bastante sucia, con su olor pegado, y sus pliegues, sus sombras y sombritas en la fotografía, pegadas al cuerpo de mi hermano todavía vivo.

Y una cosa le dijeron los nueve a Basterra, un día que consiguieron reunirse con él con la complicidad de un guardia “bueno”, asomando sus cabezas por el hueco de esos cuartuchos. Le preguntaron “qué será de nosotros”. Silencio. Víctor no sabía, no podía ni quería imaginar lo que sería. El había conseguido cambiar de escalafón: ahora era fotógrafo: lo necesitaban para algo más que para darle máquina. “Que no se la lleven de arriba, Víctor.” Eso le dijeron, los nueve, a oscuras. Que no se la lleven de arriba.

La abogada de las familias de las monjas francesas celebró el fallo

La abogada de las familias de las monjas francesas secuestradas por el grupo de tareas de la ESMA, Sophie Tonon, celebró el fallo de la justicia que condenó a prisión perpetua a 16 represores por crímenes de lesa humanidad en ese centro clandestino de detención.

"Tanto las familias de Alice Domon y Leoni Duquet y yo como abogada nos alegramos mucho que 35 años después, la justicia argentina haya entregado una decisión igual a la que Francia entregó hace más de 20 años", dijo en declaraciones formuladas a Télam la letrada francesa al referirse a la condena que aplicó ese país a Alfredo Astiz -en ausencia- por el crimen de las monjas.

El miércoles, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a 12 ex marinos, entre ellos Astiz, responsable de "marcar" a las religiosas galas que fueron secuestradas junto a familiares que se reunían en la iglesia Santa Cruz, luego torturadas en el centro clandestino de la ESMA y, finalmente, arrojadas vivas al mar.

Tonon recordó que el fallo "es el primero que se produce en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en la ESMA y por primera vez sobre desaparición de personas arrojadas vivas al mar".
Consultada por la omisión acerca del cumplimiento de la sentencia en cárcel común, como lo solicitaron las querellas, la abogada precisó que "la exigencia de las familias fue cárcel sin ningún privilegio" y consideró que "si no se explicita, se debe aplicar lo que es corriente y no la excepción".

"La cárcel `dorada` es una excepción, no se aplica si no se menciona", declaró la representante legal aunque aclaró que "será materia de consulta con el cuerpo de abogados" de las monjas.

ESMA: “Este juicio es producto de la lucha de años”

Entrevistamos Myriam Bregman, miembro del CeProDH y Justicia Ya y militante del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), quien junto a Luis Bonomi es abogada de la querella por el asesinato de Rodolfo Walsh.

¿Qué significa para vos este veredicto?

Este juicio llega después de muchos años de lucha, sufrió todos los avatares de lo que fueron las leyes de impunidad. Muchos de los hechos que aquí se juzgan son hechos que incluso fueron juzgados y analizados en el Juicio a la Juntas y después de 20 años se vuelven a reiterar. Es una causa que se había iniciado en 2007 contra el prefecto Febrés y antes de que termine éste fue envenenado con cianuro en su lugar de detención, así que llegar a esta instancia y conseguir cadenas perpetuas para estos represores, muchos de ellos simbólicos como Astiz, el Tigre Acosta, Pernías es para nosotros muy importante. Por supuesto que las absoluciones nos dejan un sabor amargo, tres en el caso específico de Rodolfo Walsh y hace que veamos que es importante que redoblemos la pelea por demostrar que en la dictadura participaron todos. Como los mismos represores lo dijeron aquí, fue una participación institucional. Las absoluciones las apelaremos, lo mismo condenas a 18 años como la de Azic, quien torturó al bebe de meses de Carlos Lorskipanidse.

Luego del veredicto, el tribunal de un modo nombra y reconoce la figura de genocidio gravitando en el este juicio, ¿cómo lo tomaron ustedes?

Todavía tenemos que esperar a lo que resuelva el tribunal pero por el adelanto de hoy ya podemos decir que el tribunal hace un reconocimiento de que los delitos cometidos en la Argentina fueron parte de un genocidio y que este genocidio se cometió por motivos políticos. Esto es muy importante porque es parte de lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace muchos años, con algunos logros parciales como los que hemos obtenido en los fallos de La Plata como otros a partir de aquel primer planteo casi en solitario que hicimos en el juicio contra Etchecolatz. Y ahora que este tribunal hable de genocidio, más allá de que no haya encuadrado cada hecho en particular, demuestra que hemos instalado un debate, que para nosotros no es un debate sólo jurídico porque lo que queremos discutir es cuál fue el proceso político que se dio en la Argentina entre el ´76 y el ´83.

Decías antes que hubo también absoluciones

Las absoluciones eran esperables e increíbles. Absolver a Rolón, miembro clave de la patota de la ESMA, que todo el tiempo reivindicó lo actuado, y que incluso en mi caso particular me “aconsejó” que abandone mi discurso trotskista, que le hace rememorar a 1917, y que encima dijo que con eso se conseguían pocos votos! También Astiz me aconsejó que no siga defendiendo el derecho al aborto, insólito!

Es decir, gente que reivindica absolutamente lo que hizo, que tiene conocimiento profundo de los hechos, que calla, que no dice el destino de los desaparecidos y que hoy resulta absuelta. La verdad que cada vez que el tribunal nombró la palabra absuelto era como que un silencio recorría la sala, porque nadie podía creer que se trate de Rolón, de García Velazco, de Coronel, ¡los tres asesinos de Rodolfo Walsh absueltos! Coronel (que fue condenado por el resto de los casos) que es un caso extremo, era miembro del Ejército y se fue a prestar para actuar como patota en la ESMA y para que no se lo incrimine en el caso Walsh dice que estaba “persiguiendo subversivos en la fábrica Fate de San Fernando”. Tiene una naturalidad en reconocer cómo actuaban en la dictadura y a quiénes perseguían, que aunque en este caso sea mentira (ya que efectivamente participó del asesinato de Walsh) es asombroso el argumento que utiliza. El caso de García Velazco tiene una connotación especial para Patricia Walsh, para los familiares y amigos porque es nada más ni nada menos que el que comandó el operativo de persecución y secuestro de Walsh.

Resulta llamativo que del centro clandestino más grande del país, donde pasaron 5.000 detenidos desaparecidos, sean nada más que 18 los militares acusados

Es que este juicio tuvo la particularidad de ser por 18 represores, fue sufriendo cada vez más fragmentaciones y no se juzga a todos los genocidas que pasaron por la ESMA, como en la mayoría de estos juicios que se dan de forma absolutamente fragmentada. En este momento no son mucho más de 60 los que están procesados en total por la causa ESMA; uno habla de “Mega causa” pero eso no quiere decir “mega imputados”, porque son bastante pocos, porque muchos de esos imputados están en libertad, incluso los que hoy recibieron condena, muchos de ellos hoy se fueron a su casa. Esto es notorio. Y también, como demostramos en nuestro alegato, la Armada participó en forma institucional, y de todos ellos, la mayor parte está impune, imagínense que sólo 60 están procesados. Y muchos, 4.000 todavía hoy, a punto de empezar el tercer gobierno kirchnerista, están en funciones. Así que tenemos que seguir movilizados para que no sean sólo 18 los juzgados, sino que se juzgue al conjunto de la institución la que participó en la dictadura para lograr la total y definitiva condena a todos por lo que son, genocidas.

No será el último juicio.Volveremos a acusar por Genocidio

Una vez que concluya el segundo tramo de la Megacausa ESMA, otros 70 procesados por casi 800 desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el mismo centro clandestino, seguirán esperando aún un juicio oral. Se trata de los acusados en ocho causas, por el despojo sistemático de bienes a los prisioneros, los "vuelos de la muerte", el asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin y la “maternidad” de la misma Escuela de Mecánica.

El dilema que enfrenta la Justicia es si estos juicios se realizan uno a uno, lo que insumiría unos diez años hasta que el TOF5 complete su tarea, o si se unifican en un único juicio que se iniciaría el año próximo, como pidió la Unidad Fiscal de seguimiento de estos procesos, dependiente de la Procuración General de la Nación. Todos los casos integran la “Megacausa ESMA”, que centraliza el juez federal Sergio Torres, a cargo de sistematizar las denuncias e investigar la multitud de delitos contra las más de 4500 personas que habrían pasado por este centro clandestino, uno de los mayores del país, con la sola excepción de Campo de Mayo.

Los primeros 18 integrantes del grupo de tareas 3.3.2. fueron juzgados apenas por una parte de los delitos, como el secuestro, torturas y homicidios de 85 víctimas ("casos", en la jerga judicial), entre ellos las Madres fundadoras: Mary Bianco, Esther de Careaga y Azucena Villaflor Devicenti; las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Rodolfo Walsh.

“Los nombres de los imputados se repiten en todas las causas y los casos se entremezclan, por lo que unificar lo que resta en un único juicio es un tema de economía procesal”, afirmó a la agencia oficial Télam el fiscal general Pablo Parenti. Alfredo Astiz, su jefe el "Tigre" Acosta y el resto del staff de la ESMA son figuras centrales en la mayoría de las causas, como la desaparición de Hagelin, una adolescente sueca de 17 años, baleada por Astiz en la calle y llevada a la ESMA, donde desapareció en febrero de 1977. El caso generó un escándalo internacional por el reclamo del Estado sueco, que casi llega a una ruptura de relaciones, en una actitud similar a la de Francia con las monjas Domon y Duquet.

Otras dos causas, la 1415 y la 1349, que ya fueron elevadas a juicio oral en 2010 y 2009, y reúnen a 500 y 381 víctimas, respectivamente, que en su mayoría permanecen desaparecidos, y en la que además de los integrantes del grupo de tareas están acusados dos almirantes, Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, así como el médico militar Jorge Luis Magnacco, quien atendía los partos de las cautivas en la ESMA y quien fraguó las actas de nacimiento para cambiar la identidad de los recién nacidos y entregarlos a represores, como surge también del juicio en curso por el plan sistemático de robo de bebés.

Otras tres causas están referidas al despojo sistemático de bienes a prisioneros, y en una de ellas está imputado Eduardo Enrique Massera, hijo del entonces jefe de la Armada, lo que habla de la centralidad de estos delitos en los que además de represores hubo escribanos, inmobiliarias y un circuito del dinero robado. Una de esas causas investigó el traspaso fraguado de una finca en Chacras de Coria, Mendoza, a varios marinos, y otra la denuncia del prisionero Víctor Basterra, cuya madre vendió una vivienda en Valentín Alsina ante promesas de mantener con vida a su hijo; ambas han sido ya elevadas a juicio oral.

El represor Juan Lorenzo "Jeringa" Barrionuevo, encargado de inyectarles pentotal a los cautivos que iban a ser arrojados vivos al mar, tendrá en este esquema de juicios por goteo su propio juicio, a menos que la causa finamente se acumule con la de los aviadores ya identificados de los “vuelos de la muerte”.

Un juicio producto de la lucha. Condenas dispares, dos absoluciones deplorables

Inmutable. Así se mostró Alfredo Astiz, uno de los emblemas del horror provocado por la última dictadura militar, al recibir la pena de prisión perpetua  en el marco de la causa ESMA, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en el mayor centro de tortura y exterminio que tuvo Argentina. .

En el marco de la megacausa de la ESMA, que demandó más de 22 meses de debate y  los testimonios de más de 200 testigos, el tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli había decidido sentar en el banquillo de los acusados a 18 represores.
La expectativa, entonces, era enorme. Desde temprano el frente del Tribunal de Comodoro Py se fue poblando por familiares y miembros de movimientos de derechos humanos, políticos, sociales y sindicales. Se dispuso allí un palco, con equipos de sonido y la pantalla televisiva, donde se siguió la lectura del veredicto y donde cada condena fue festejada a puro grito y emoción.

Visiblemente conmovida lucía Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien destacó que la lectura de la sentencia que condenó a 16 represores de la ESMA constituyó "otro día histórico, uno de esos días que jamás las Madres pensamos que íbamos a vivir".

Pero para muchos este es sólo el primer paso. "En términos jurídicos, la lectura de la sentencia es la culminación de una lucha de dos años", dijo Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, quien subrayó que este juicio abarcó sólo a una parte menor de los casos denunciados y "a una miserable cantidad de represores", además de deplorar las dos absoluciones.

Otro sobreviviente, Enrique Fukman, también dijo tener "sensaciones contradictorias: la alegría de llegar a este momento, después de tantos años de lucha, y la convicción de que esta causa es una parcialidad" que deberá seguir con más procesamientos.

El momento de mayor emoción se vivió cuando llegó la condena para Astiz. Acusado -entre otros delitos- del asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, Astiz fue quien se infiltró en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para organizar el secuestro de Azucena Villaflor, una de las primeras referentes de las Madres. Por ese motivo, en 1990, Astiz había sido condenado en rebeldía por el Tribunal de lo Penal de París a la pena de reclusión criminal a perpetuidad y desde entonces no pudo salir de Argentina debido a la demanda de arresto por parte de Francia.

Pero hasta hoy, Astiz nunca había sido condenado en el país porque fue beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), que eximieron de responsabilidad penal a los militares de menor rango.
Sin embargo, en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las causas contra Astiz se reabrieron, le fue aplicada la prisión preventiva.

El represor volvió a ser noticia en 2004, cuando le detectaron un cáncer de páncreas y debieron operarlo casi en secreto en el Hospital Naval.
Mucho antes, a fines de los 90, y cuando Astiz estaba convencido de que la impunidad lo protegía, en diversas entrevistas periodísticas se definió como "un oficial que obedecía órdenes sin cuestionarlas ni cuestionarse".

En 2001, el gobierno de Italia pidió su extradición para juzgarlo por la desaparición de ciudadanos de ese país, y cuando una jueza federal ordenó a Interpol que lo buscara para arrestarlo, el ex marino se presentó detenido.