El día que Astiz mató a un músico de Vinicius

Tenorinho. Era pianista, tenía 33 años y estaba de visita en el país.

A Francisco Tenorio Cerqueira lo confundieron con un militante y lo secuestraron 6 días antes del golpe del ’76. Lo asesinaron en la ESMA.

Voy a comprar cigarrillos y regreso”, fueron las últimas palabras que Vinicius de Moraes, Toquinho y el resto de los músicos cariocas, que por esos días actuaban en el teatro Gran Rex, le escucharon pronunciar a Francisco Tenorio Cerqueira en la noche del 18 de marzo de 1976 mientras bajaba las escaleras del hotel Normandie donde la delegación se hospedaba. Una patota integrada por cuatro hombres vestidos de civil que se movilizaban en un Ford Falcon lo secuestraron mientras circulaba por la avenida Corrientes con su aire de intelectual con pelo y barba largos. El estereotipo de su imagen bastó para que lo confundieran con un militante de izquierda y se lo llevaran para perderse en la noche de los parapoliciales que en los días previos al golpe dominaban la ciudad.

 
Francisco Tenorio o Tenorinho, como era conocido en el ambiente musical brasileño, era pianista y tenía 33 años. Vinicius de Moraes lo había seleccionado entre más de veinte músicos para acompañarlo en sus giras. Nacido en Río de Janeiro, desde adolescente se inclinó por la música y realizó estudios de piano. En 1964, pleno auge de la renovación musical en su país con Vinicius y la bossa nova, Tenorinho grabó su único disco solista, el intrumental Embalo, que lo hizo ser considerado una promesa en la renovación artística carioca y elegido por Vinicius para sus espectáculos de poesía. A comienzos de los años setenta, entre actuaciones y grabaciones, Tenorinho empezó a cursar estudios en la facultad de Medicina de Río de Janeiro.

 
A comienzos de 1976 Vinicius inició una serie de conciertos con los que recorrió Brasil y algunos países de América latina. A Buenos Aires llegó en marzo, cuando el golpe militar era un secreto a voces y el Operativo Cóndor aún no había mostrado completamente sus garras.
“Tenía ocho años cuando nos avisaron a mi madres y a mis hermanos lo que había ocurrido con mi padre en Buenos Aires. Mi único recuerdo nítido es verlo tocar el piano en casa”, dijo a Miradas al Sur Elisa Cerqueira, su hija mayor, en conversación telefónica desde Río de Janeiro. “Mucho tiempo después aquí en Brasil apareció un represor argentino huyendo de su país y reveló que vio a mi padre en la Esma muy torturado y que el 25 de marzo fue asesinado con un disparo en la cabeza por el oficial Alfredo Astiz”, señala Elisa.

 
La revelación corrió por cuenta de Claudio Vallejos, suboficial de la Esma, integrante del Servicio de Información Naval y torturador, quien además se jactaba de haber participado del secuestro del diplomático argentino Héctor Hidalgo Solá. En una entrevista publicada en 1986 en Brasil, Vallejos señaló tácitamente haber participado del secuestro del músico brasileño o al menos de haber estado al tanto desde el primer momento. “Él (Tenorinho) caminaba por la avenida Corrientes y lo confundimos con otra persona, un subversivo”. También sostuvo que participó en la detención y asesinato de los brasileños Sidney Fix Marques dos Santos, Luiz Renato do Lago Faria, Maria Regina Marcondes Pinto de Espinosa, Norma Espíndola y Roberto Rascardo Rodrigues, vistos en diferentes centros clandestinos de detención en la capital y el Gran Buenos Aires.
“El 20 de marzo de 1976, el oficial Rubén Chamorro –jefe de la Esma– pidió autorización para establecer contacto con un agente brasileño, cuyo código de guerra era 003, letra C y pertenecía al Servicio de Información Naval de Brasil, para que le informase qué grupo de tareas estaba interesado en brindar informaciones sobre la identidad y vínculos políticos de Francisco Tenorio Cerqueira Jr”, agregó Vallejos en la entrevista. “Astiz lo mató en el sótano de la construcción vieja de la Esma pero no sé donde lo enterraron”, finalizó el represor.

Silencio oficial. Pese a los intentos de Vinicius, que esa misma noche se movilizó en busca de Tenorinho, ni el gobierno argentino ni la embajada brasileña se hicieron eco de los reclamos. El 25 de marzo la Armada envió un comunicado a la representación brasileña en Buenos Aires donde reconoce responsabilidades oficiales. “Lamentamos informar el fallecimiento del ciudadano brasileño Francisco Tenório Júnior, pasaporte n° 197803, de 35 años, músico de profesión, residente en la ciudad de Río de Janeiro. El mismo se encontraba detenido a disposición del PEN, lo cual fue oportunamente informado a esa embajada. El cadáver se encuentra a disposición de la embajada en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, donde fue remitido para la debida autopsia”.

 
“Viajé varias veces a Buenos Aires en representación de mi madre para hacer los trámites judiciales de rigor”, señaló su hija. “Sólo el Estado argentino hace un par de años se hizo responsable del crimen de padre y nos indemnizó. En Brasil las investigaciones nunca se hicieron y ningún gobierno está dispuesto a investigar el Operativo Cóndor ni a hacerse cargo de los muertos y desaparecidos como mi padre. Sólo nos queda la memoria”.
En noviembre pasado se colocó una placa recordatoria sobre el número 320 de la calle Rodríguez Peña, la vereda del hotel Normandie donde Tenorio se hospedó junto al resto de los músicos brasileños y fue visto por última vez con vida. La iniciativa fue del legislador porteño por el socialismo Raúl Puy. Dice el texto: “Aquí se hospedó este brillante músico brasileño, víctima de la dictadura militar argentina”.

Por Fabián Kovacic

Indagatoria a dos imputados por la apropiación de Victoria Donda

"Cori" Perez de Donda

El juez Rafecas citó a indagatoria a dos imputados en la causa por la apropiación de Victoria Donda
Se trata de Jorge Luis Magnacco y Adolfo Donda Tigel. Deberán presentarse esta semana ante el magistrado. Se investiga su participación en la sustracción y ocultamiento de la actual diputada nacional. En este expediente ya declararon otros tres acusados

En la causa en la que se investiga el delito de sustracción de menor ocurrida durante la dictadura y que tiene como víctima a la actual Diputada Nacional Victoria Donda, el juez federal Daniel Rafecas amplió las imputaciones ya existentes, al ordenar la citación a prestar declaración indagatoria los días 15 y 17 de noviembre del Oficial Médico Jorge Luis Magnacco y el represor Adolfo Miguel Donda Tigel, en calidad de imputados por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento de la -por aquel entonces- menor Victoria Donda Pérez, hija biológica de María Hilda Pérez y de José María Donda (este último, hermano de quien será indagado el día 17 de noviembre) quienes permanecen desaparecidos.

En ese expediente judicial ya prestaron declaración otros marinos, a los que también se les imputó su participación en ese hecho, a saber, Carlos Octavio Capdevila y Carlos Galián –conocido como “Pedro Bolita”-, a los que se suma un civil, Horacio Pessino –médico que firmó la partida de nacimiento apócrifa de la actual diputada nacional Victoria Donda-.

En el primer tramo de la causa, el juez Daniel Rafecas procesó y elevó a juicio el expediente en relación a Juan Antonio Azic, quien fuera imputado por la apropiación y ocultamiento de la menor, anotándola como su hija legítima bajo el nombre de Claudia Analía Azic.

La CIDH entregará al Juez Torres, parte de sus legados desclasificados

Imágenes que prueban los vuelos de la muerte

El expediente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace público por primera vez incluye más de 130 imágenes e informes de las fuerzas de Uruguay sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por el mar durante la dictadura.

 Por Alejandra Dandan

El informe es un texto mecanografiado, fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció, según la misma referencia, en la Laguna de Rocha, de Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente “presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”. No encontró el perito “ningún posible elemento identificatorio”: “El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas”.

El informe conservado hasta ahora entre los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve la luz por primera vez en 32 años. Es parte de un legajo con más de 130 imágenes y partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, durante los años de la dictadura argentina. Los informes más viejos datan de 1975. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos. Entre los papeles, un mapa muestra los ciclos de las corrientes y ubica las costas de Buenos Aires como punto de partida. Los documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de los vuelos de la muerte: las imágenes muestran los cuerpos atados con ligaduras en las manos y las piernas, sogas armadas con tiras de persianas y marcas de torturas. Los documentos llegaron al país en manos del secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que hoy los entregará en nombre de la Comisión al juez Sergio Torres, encargado de la megacausa ESMA.

Para la CIDH la entrega de los documentos representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus archivos confidenciales para un proceso de justicia. El valor de los documentos todavía es materia de análisis, pero el juzgado los considera clave no sólo por los vuelos sino porque podrían habilitar una solicitud para que el Estado uruguayo desclasifique todos los documentos relacionados con el hallazgo de cuerpos en la misma época.

La carpeta de documentos tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. Las imágenes son impactantes porque, además del estado de los cuerpos, intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, sogas y trozos de sogas de persianas sujetando las manos de las víctimas, que para el juzgado podrían ser pruebas del modo en que eran “trasladados” los desaparecidos durante los vuelos de la muerte. “Las imágenes están diciendo que esas personas eran tiradas con ligaduras, muestran cómo los sacaban, tienen el valor de tener además datos de los antecedentes o los pasos previos porque muestran que esos cuerpos están marcados con picana, que fueron entonces arrojados al mar en determinadas condiciones”, dicen en el juzgado.

La primera prueba categórica sobre la existencia de los vuelos apareció en 2005 con la identificación de tres cuerpos de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos el de Azucena Villaflor, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos presentaban “múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.
La carpeta

El origen de la carpeta 37 con los archivos de la CIDH todavía es un misterio. Incluso para Cantón. En una de las solapas, de todos modos, se lee “Argentina observation in loco”. Es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para precisar su procedencia es que le falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años –dice Cantón–. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula.”

Con el paso del tiempo, hoy puede entenderse que esa documentación que ahora se judicializa por primera vez no contiene las únicas imágenes o los únicos informes que se conocieron de los aparecidos argentinos en la costa uruguaya. El mismo Cantón quiso dejar a salvo ese punto. Porque ni para la CIDH ni para el juzgado importa mucho hoy cuánta difusión hayan tenido estas imágenes en otros espacios, sino que estaban archivadas donde estaban archivadas y que por primera vez una causa que investiga los vuelos de la muerte las incorpora como prueba.

Las fotos, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de los ’80 y luego con un libro, Un marino acusa. Publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.

Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje: “FA”. Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.

“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial –dice Cantón–. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial.”
Los datos

El legajo tiene tres grandes grupos de documentos: informes mecanografiados de tipo pericial, fotos y mapas. Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que la persona podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede ser un indicador para pensar el momento de los “traslados”. También hay descripciones de marcas de pantalones, en ocasiones ropa que sólo se fabricaba en Argentina.

Otro de los informes a los que accedió Página/12, del 22 de abril de 1976, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: “posiblemente fuera de raza blanca o amarilla”. De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello “imposible de determinar”, una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto “raza blanca o amarilla” porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del EAAF no les cierra, porque consideran posible la confusión.

Además de las imágenes, hay mapas. Uno señala con referencias las zonas con cuerpos encontrados (Montevideo y Colonia) y las zonas en las que se encontraron restos humanos (entre Carmelo y Colonia, Colonia y Montevideo, y La Paloma y Castillos). Otro mapa es de corrientes marítimas y señala a Buenos Aires como la zona donde fueron arrojados los cuerpos.

Las 65 cajas con archivos

Por Alejandra Dandan

Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, es una de las personas que promovieron que ese organismo de la OEA abriera los archivos confidenciales recogidos para el histórico informe prohibido de 1980. El acceso a documentos para las causas argentinas empezó a concretarse el mes pasado, durante una visita a la sede de Washington del juez Sergio Torres, quien fue a buscar documentos para la megacausa ESMA. Torres encontró 65 cajas de archivos y copió una selección, pero cuando se topó con imágenes que podrían probar los vuelos de la muerte pidió a la CIDH el material original. Eso es lo que hoy aportará Cantón.

–¿Por qué este legajo demoró tanto en conocerse?

–Para los organismos de este tipo, las denuncias son confidenciales por motivos obvios y no hay un mecanismo para hacer pública esa información. Esto fue parte de la discusión que tuvimos para ver de qué manera entregar esta información a ciertas causas judiciales.

–¿Hay más información?

–Creo que no hay más datos, pero no sabemos porque están guardados como se archivaban hace años. No hay nadie además en la comisión de aquella época. Tendremos que ir sabiéndolo con el tiempo.

Informe CIDH : valor probatorio

El argentino Santiado Canton, secretario ejecutivo de la CIDH
“Esto tiene valor probatorio”

Cantón explica cómo la CIDH analizó el pedido del juez Torres para ceder documentos que habían sido abiertos con la promesa de la confidencialidad. Las dificultades para establecer un protocolo general para estas situaciones.

 Por Alejandra Dandan

Santiago Canton es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es argentino y parte de quienes desde hace unos cinco años están pensando cómo desclasificar los documentos que desde los ’60 recibió el organismo de la OEA sobre los procesos de violación a los derecho humanos en la región. En diálogo con Página/12, Canton explica en qué consiste la decisión de apertura de documentos que se tomó en el caso argentino, sus límites y alcances, los efectos en otros estados y el cambio de paradigma hacia adentro de la organización.
–¿En qué consiste la decisión sobre Argentina y por qué se la tomó?

–Desde hace cinco o seis años se está discutiendo en la comisión el tema de los archivos históricos que tiene la CIDH y sobre el interés de muchos sectores de América latina para que se abran. Sin tener un conocimiento muy preciso sobre cuál era la información que pueden contener porque estamos hablando de archivos de los años ’60 en adelante. La discusión era cómo abrir los archivos, porque no existen protocolos en la OEA o en otros organismos de esta naturaleza, porque el principio básico siempre ha sido la absoluta confidencialidad. Cuando uno vuelve a ver las cartas de las personas que denuncian durante la dictadura en Argentina, muchas dicen que “por favor no digan nada porque temo por nuestras vidas”. Entonces, la pregunta era si se podía cambiar este principio de confidencialidad. Pasados veinte años o treinta años de retornada la democracia, ¿cuáles son las características que tiene que haber para hacerlo?
–¿Y qué decisión tomaron?

–En algunos casos se entregaron los documentos a familiares que los pedían porque tenían interés. Veíamos que no había problemas, casos, por ejemplo, de hijos que pedían por sus padres. Un material que para ellos tiene valor emocional. Pero todavía está pendiente qué criterio usar con los archivos en el resto de los casos. De alguna manera, el caso de Julio López en Argentina planteó nuevamente esa pregunta, puso una luz de alerta. Si bien no era un caso que se hubiera presentado ante la CIDH en su momento, indica que a pesar de los enormes avances todavía ha habido problemas. La comisión debe aplicar un criterio que tiene que ser igual para todos los países. Finalmente se decidió avanzar en un protocolo general para todos los casos. Es un protocolo que no está aprobado en su forma definitiva. pero sin perjuicio de eso la comisión entendió que había que ir adelante, estudiando caso por caso.
–¿Van a analizar cada caso?

–Como la solicitud que había planteado el juez Sergio Torres llevaba muchos años, hablé varias veces con él para ver cómo hacerlo. Finalmente, se envió una carta invitando a que vinieran, informando sobre los casos que tenían interés. Encontramos unos 200 archivos aproximadamente. Torres vino con todo su equipo, se vieron con la CIDH, explicaron qué estaban haciendo. Ahí surgió un montón de información que posiblemente tenga un alto valor probatorio y al mismo tiempo se planteó un protocolo para ver si se mantenía la confidencialidad. Entendimos que solamente se iba a poder ir abriendo de acuerdo con lo que pida el juez.
–¿Por qué, entonces, a pesar de la desaparición de Julio López la CIDH entiende que es tiempo de abrir esos documentos?

–Se discutió mucho, por eso los archivos no se han abierto al público. En otras condiciones, uno se puede preguntar cómo procedemos y entender que trascurridos 25 o 30 años pueden abrirse. Podríamos decir: los países son democráticos, abramos porque es importante para su historia. Pero se consideró que no estamos en una situación en la que se puedan abrir ni a todos los estados ni a todas las personas. Por eso se establecieron distintos niveles de confidencialidad según los casos.
–¿Trabajarán sobre pedidos que les lleguen de acá en adelante o también con los que ya les hicieron?

–Ya hemos recibido varios pedidos, tanto de Argentina como de otros sitios. La situación de los países de la región no es la misma. Hace un tiempo tuvimos un golpe de Estado en Honduras, en un escenario que no se puede distinguir completamente de la situacion que se vivió en los ’80.
–En 1980, la CIDH publicó el informe final cuya circulación fue prohibida en Buenos Aires. El informe tiene relatos en tiempo presente y con una inmediatez que es difícil encontrar hoy en los juicios orales, a más de 30 años. ¿Puede compararse el valor documental con los archivos que fueron desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos?

–El tema es qué tipo de información hay alrededor de esa visita. Hay denuncias recibidas por la CIDH a partir del golpe, personas que empiezan a enviar denuncias sobre la ejecución o desaparición de sus familiares. Si uno ve las cartas, hay padres, hermanos, diciendo “ayer” o “hace tres meses que a las 3 de la mañana golpearon la puerta de mi casa, entraron diez personas encapuchadas, se llevaron a mi hijo o mi hija, nunca más lo vi, ayúdennos”. O: “Estoy pidiendo un hábeas corpus ante tal juzgado y no pasa nada”. Y a partir del golpe se produce esa avalancha de denuncias que casi con seguridad fue un factor fundamental para que la comisión viera que estaba pasando algo en Argentina. Que la dictadura no era la cara linda que querían mostrar. También están las denuncias que se recibieron durante la visita. La CIDH se entrevistó con militares en el poder, con quienes estaban en las cárceles, detenidos, visitó la ESMA. Todo eso está en los archivos desde hace décadas. De esa información hay muchos aspectos que son de un valor probatorio, no sólo histórico.
–¿Existen las minutas transcriptas de las entrevistas que fueron manteniendo? El Informe final habla de dos encuentros con el dictador Jorge Rafael Videla, sus ministros y los responsables de las zonas.

–Hay archivos de generales de la dictadura, pero tampoco hay tanto como hubiese esperado. No sé si hay algo más porque un expediente, cuando está terminado su proceso, va al archivo central de la OEA, donde están los archivos de la CIDH y de otras entidades del organismo.
–¿Argentina como prueba piloto abre la posibilidad de empezar a abrir esos archivos que se guardan en la OEA?

–Completamente. Es un proceso único que permitirá establecer un protocolo teniendo en cuenta la información que tiene la CIDH y sirve para el fortalecimiento del estado de derecho en los países de la región. Hoy los están pidiendo la Comisión de la Verdad de Ecuador, de Panamá, está a punto de crearse la de Brasil y por eso tiene mucho valor actual, no es un valor meramente académico o histórico.

La CIDH desaclasificará documentos de su informe sobre la dictadura

Lo que encontró la CIDH, 32 años después

Por iniciativa del juez Sergio Torres, que investiga la megacausa ESMA, la CIDH cederá documentos del informe elaborado a partir de su visita de 1979. Los funcionarios judiciales fueron a Washington donde encontraron 65 cajas con documentación.

 Por Alejandra Dandan

Las cajas de documentos que durante la dictadura dieron sustento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezaron a volver al país. Se trata de una medida inédita en este organismo de la OEA que durante años recibió e, invariablemente, rechazó pedidos de acceso a los documentos, tanto de jueces argentinos como del resto de la región. Una misión a Washington encabezada por el juez federal Sergio Torres, en el marco de las investigaciones por la megacausa de la ESMA, terminó de habilitar la desclasificación de documentos, en una decisión que la CIDH la considera histórica y consigna como un reconocimiento a los procesos de verdad, justicia y memoria desarrollados en el país. Durante la estadía, Torres digitalizó sólo una parte de las 65 cajas de archivos con informes ligados al centro clandestino de los marinos. Los documentos servirán como prueba para reforzar tramos de la megacausa, pero en las cajas hay además archivos de valor histórico. Ahora todo está guardado en el juzgado, reservado, aunque a disposición de las partes. La discusión ahora hacia el interior de la OEA es si se trata de una excepción o es un antecedente para otros países de la región (ver nota aparte).

“Es una foto de la época que nadie puedo tomar, no hay otros registros”, dice Pablo Yadarola, secretario del juzgado, uno de los que integró la misión. “Mi sensación es que cuando uno vuelve a mirar esos papeles a la luz de la historia lo que ve es, entre las cartas de los familiares, un último pedido de auxilio, porque dentro del país todo estaba prohibido.”

Los relatos de quienes se aproximaron a dar testimonio durante la inspección de la CIDH al país en diciembre de 1979 contienen el tempo del tiempo presente con detalles y enorme cantidad de datos, que cobran mayor fuerza cuando se los compara con los que se escuchan más de 30 años después en los juicios de lesa humanidad.

Uno de los ejemplos es el caso de la mujer de Alberto Samuel Falicoff, médico que realizaba prácticas en el hospital de niños de Córdoba. Los dos fueron trasladados a la ESMA. Su mujer salió al cabo de un mes aproximadamente y denunció el caso ante la CIDH, antes de la visita del organismo al país. Ese testimonio reúne dos características. Es el único de aquel caso, porque su mujer no volvió a declarar y el relato lo usó por lo menos una de las querellas en el juicio como prueba de ese secuestro. Pero su potencial radica en la fuerza de la inmediatez, un dato que podría reencontrarse en los documentos que quedaron de lado.

“En el baño el guarda me saca la capucha, me pregunta cuántos años tengo, si soy casada y si tengo hijos”, dice la mujer. “El es un pibe de aproximadamente 17 años. Se porta muy atento y me pide que lea lo que dice en mi capucha y veo escrito con fibra sobre la tela ‘posible franco’. Le digo qué significa y me dice que me van a largar. Su única misión es cuidar que los prisioneros no hablen, no levanten la capucha y a los que lo hacen pueden pegarles a gusto hasta matarlos.” Le contó que el día anterior le tocó ir a una casa que alguien había denunciado. Que como los dueños trataron de escapar “tuvieron que disparar y mataron a la mujer joven con un niño. Que después pudieron comprobar que no tenían nada que ver, que a él le había hecho mal pero que toda la culpa la tiene quien denuncia a gente inocente”.
El viaje

Torres decidió pedir los documentos por dos razones. Para ampliar la base de pruebas de las víctimas ya identificadas y, además, para buscar nombres de víctimas hasta ahora no identificadas. Antes de iniciar el viaje, el juzgado mandó un listado con las algo más de 900 víctimas que pasaron por la ex ESMA, con nombres de los acusados. La CIDH hizo una primera clasificación de archivos que arrojó más de 200 coincidencias.

En Washington, el juzgado encontró 65 cajas con unos cien legajos cada una. De la primera clasificación, hecha en una semana, entendieron que de las 65 cajas, unas 55 tienen legajos de la víctimas, una parte de las cuales sigue “reservadas” porque los denunciantes le pidieron a la CIDH mantenerla en esos términos. Y 10 cajas son documentos cuyo valor no sólo es judicial sino histórico porque, entre otros elementos, guardarían las entrevistas que mantuvieron los seis funcionarios del organismo. Entrevistas con jerarcas de la dictadura como Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Albano Harguindeguy o Adolfo Gabrielli, entonces presidente de la Corte Suprema. También Luciano Benjamín Menéndez y con ex presidentes como Héctor Cámpora o Arturo Frondizi. Con la Iglesia Católica, integrantes de organismos de derechos humanos, asociaciones empresarias y gremiales. También, se sabe, hay encuentros con asociaciones de “víctimas del terrorismo”, que se acercaban a hacer lobby a favor del país del “somos derechos y humanos”.

El modo en el que usará la información y su circulación de momento está limitada a los que intervienen en el juicio: fiscales, defensores y querellas. Desde el juzgado subrayan su carácter reservado y secreto dado el futuro que puede tener esta decisión en el marco de la OEA parece sujeta a las lides diplomáticas.
La comisión

En la historia de la ESMA el paso de la comisión marcó un antes y un después distinguible en su edificio. Mientras los marinos se preparaban para la visita, trasladaron a los detenidos a la isla El Silencio, del Tigre, propiedad de la Iglesia Católica, actividad operativa que estuvo a cargo del represor Ricardo Cavallo. En el edificio tapiaron una de las puertas de acceso y modificaron la planta principal.

La comisión recibía denuncias desde 1975, pero después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 las denuncias se convirtieron en avalanchas de reclamos. Sus integrantes empezaron a expresarle al gobierno argentino su “preocupación por el número cada vez más grande de denuncias y por las informaciones de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos y libertades fundamentales”, como recordaron Emilio Mignone y Agusto Conte en la introducción de lo que años después iba a ser el Informe Prohibido, informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.

“Como las respuestas de la dictadura fueron insuficientes –cuando contestaba– o carentes de verosimilitud sugirieron el envío de una misión.” El 18 de diciembre de 1978 la dictadura aceptó la inspección, pero como consecuencia de las presiones y esfuerzos dilatorios terminó realizándose un año más tarde: entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.

La visita se boicoteó internamente con la campaña “destinada a desprestigiar al organismo presentando su actuación como intromisión en asuntos internos”, recuerda ese libro. Algo que puede verse en las páginas de los diarios de la época, que reproducen solicitadas de empresas y títulos con la lógica del boicot. Decíamos ayer, de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta compiló algunas imágenes: la tapa de la revista Somos del 7 de septiembre de 1979, que caricaturiza a un funcionario de la CIDH que aparece con una lupa apuntando a las narices de un militar: “Comisión de Derechos Humanos ¿Qué buscan?”, decía el título. Pocos días antes, el Banco Provincia publicó una solicitada en La Prensa: “Los argentinos somos derechos y humanos”. El 13 de septiembre, el diario La Razón presentó un textual del cardenal Primatesta en el que decía que la Iglesia “ratificó su posición respecto de la realidad nacional”. Realidad que había sido reseñada el 9 de septiembre, en Clarín. Monseñor Guillermo Bolati, arzobispo de Rosario, decía: “Cada país debe regular los derechos humanos. No deben ser los extranjeros los que nos vengan a indicar qué tenemos que hacer”. El 22 de septiembre, cuando la comisión dejó el país, La Nación difundió la posición oficial ante la visita: “La Argentina solo se confiesa ante Dios”. El mismo día, La Prensa reprodujo una frase de Harguindeguy: “La Argentina no tiene nada que ocultar”. Y luego: “Mentiras infames sepultadas por la verdad incontrastable y comprobada”.

Para entonces, los periodistas que habían estado cubriendo la inspección de la comisión a la cárcel de Devoto dejaron constancia de que habían sido fotografiados individualmente. Y que frente las oficina de la OEA, en Avenida de Mayo, se “ha advertido la presencia en las reuniones de prensa de personas que no es posible identificar como prensa de ninguno de los medios conocidos”. Carmen Lapacó era una de las mujeres que hicieron la fila en la sede la OEA de Avenida de Mayo.

La comisión aprobó el informe el 11 de abril de 1980, pero el ingreso de ese documento al país estuvo prohibido. Mignone y Conte lo explicaron en la edición que se logró hacer en 1984: “Pese a su interés e importancia es prácticamente desconocido en nuestro país. Cuando apareció, los diarios y revistas argentinas –por sugerencia del gobierno militar– se limitaron a transcribir sus conclusiones seguidas de una refutación elaborada por el régimen (...). Las organizaciones de derechos humanos no encontraron entonces una sola imprenta dispuesta a correr el riesgo de imprimirlo”. Unos 500 ejemplares lograron ser traídos desde Washington y se reprodujeron clandestinamente.

“El CELS todavía estaba en su sede d Viamonte –explica Carmen Lapacó–. Emilio Mignone trajo el informe de allá y entonces me acuerdo de que Noemí Labrune y yo sacábamos de ese informe hojas, no seguidas sino de lugares distintos, de a dos o de a tres, del medio. Había pocos lugares con fotocopiadora, íbamos a una y después a otra: nos recorrimos medio Buenos Aires para que no se dieran cuenta qué era. Una vez, a Noemí le pasó que el hombre que le iba a sacar las fotocopias le dijo: ‘Usted es una subversiva’, y le tiró los papeles en la cara. Dado ese antecedente, otra vez yo llevé otras a un lugar en Caballito. Voy a buscarlas. Dos muchachos jóvenes de una imprenta dicen: ‘¿Por qué están así cortados? Nosotros tenemos interés en tener todo’. Pero con lo que había pasado, les dije que trabajaba en un estudio jurídico, del miedo que tenía. Me dicen: ‘Dígales a los abogados que nos den todo que les hacemos un precio especial’. Salí y me tomé un taxi, vivíamos con miedo.”

Cuando estuvieron listas todas las fotocopias, cuenta, se reunieron con Luis Zamora y empezaron a armar los juegos. Zamora hacía los agujeros en las hojas. “Pero cuando hubo que armarlos no teníamos nada porque había en ese momento ganchos como los de ahora, yo tenía de casualidad en mi cartera unos anillos para colocar la cortina del baño y vimos que servían. Entonces, se compraron ganchos de cortina del baño, lástima que ahora yo no tengo mi ejemplar, que quedó en el CELS.”

Como también revelaba Mignone, esas copias se entregaron en mano a jueces, obispos, periodistas y personalidades relevantes. Obviamente, también entre las organizaciones de derechos humanos y familiares, que fueron quienes costearon la precaria y clandestina edición. En 1980, el Informe Prohibido tiene la estructura y la potencia de lo que años más tarde sería el Nunca Más. Dejó constancia de los desaparecidos, de los centros clandestinos, de los mecanismos de secuestros y torturas

Los archivos de la dictadura brasileña: una ayuda para Astiz

 Por Darío Pignotti -  Desde Brasilia

La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. “Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires”, por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.

Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.

Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.

Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una “fase nueva del Cóndor”, que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia”, y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.

La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la “subversión”. Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el “telegrama confidencial urgente” del 27 de julio de 1977.

Allí se habla de un supuesto viaje de Ma- ssera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.

La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, “esto me consta, estoy seguro de que fue así”, afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.

El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge “Tigre” Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.

Confirmados los procesamientos de 4 aviadores y 1 abogado por los vuelos de la muerte

Pilotos, cada vez más cerca del juicio oral

La medida abarca a tres ex prefectos identificados como pilotos del vuelo en el que se asesinó a las monjas francesas y las fundadoras de Madres. El abogado Gonzalo Torres de Tolosa y el suboficial naval Rubén Ormello completan la nómina.

 Por Diego Martínez

Tres ex pilotos de los Skyvan desde los que se arrojaron secuestrados vivos al mar durante la última dictadura podrían compartir con Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón & Cía. el banquillo del próximo juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los ex prefectos Enrique De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro D’Agostino, identificados en una investigación del Ministerio Público Fiscal como pilotos del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977 en el que habrían sido ejecutadas las monjas francesas, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y los familiares secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. Sigue libre e impune en Necochea el superior de los aviadores, prefecto general Hilario Ramón Fariña, ex jefe de la División Aviación de Prefectura durante la dictadura, denunciado desde 1984 ante la Conadep como responsable de “tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”.

La resolución de la Cámara Federal que confirma los procesamientos ordenados por el juez federal Sergio Torres lleva las firmas de Martín Irurzun y Eduardo Farah e incluye a otros dos acusados: el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, ex defensor de sus compañeros de la ESMA, denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojar al vacío, y el suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, quien relató su actuación en los vuelos en los años ’80 ante sus compañeros de trabajo. El ex mecánico de la Armada trabajó hasta el día de su detención en Aerolíneas Argentinas, igual que Arru y De Saint George, que eran comandantes de vuelos internacionales.

El capitán Emir Sisul Hess, quien confesó sus crímenes en privado en los ’90, es por el momento el único imputado por su participación directa en los vuelos que ya está en manos del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que condenó al primer grupo de 16 represores de la ESMA y que a mediados de 2012 comenzaría el segundo proceso oral y público. A fines de septiembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Julio Alberto Poch, el ex piloto que confesó sus crímenes ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia. De los tiempos que demore la elevación a juicio y del criterio de acumulación de causas que adopte el tribunal que preside el juez Daniel Obligado dependerá que Poch y los cinco acusados que desde esta semana tienen procesamiento firme sean juzgados a partir del próximo año o recién en un tercer proceso, que al ritmo actual no arrancaría antes de 2015.

De Saint George, Arru y D’Agostino fueron imputados a partir del estudio de 2800 planillas de vuelo de los Skyvan de Prefectura, realizadas por la Unidad Especial sobre delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, y de testimonios de ex suboficiales y civiles que prestaban servicios para Prefectura obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio. Entre quienes tenían “la sartén por el mango” con los vuelos de la muerte, según un ex prefecto que declaró en la causa, también estaban los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, que está radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA.

La impunidad de Fariña es difícil de explicar. Su nombre completo figura desde enero de 1984 en una carta enviada al presidente Raúl Alfonsín por la “oficialidad joven y no corrupta de Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”. Se lo sindica con todas las letras como “quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. Fariña conducía la División Aviación (DAV), que integraban apenas catorce pilotos y una docena de mecánicos. Entrevistado por Página/12, primero negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”. Su imputación está en manos del juez Torres, que instruye la megacausa ESMA, y del fiscal federal Eduardo Taiano, quien consultado para esta nota no recordó haber pedido su citación para prestar declaración indagatoria.

De Saint George, Arru y D’Agostino eran en 1977 oficiales principales. Sus superiores inmediatos eran Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. El bahiense D’Agostino era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en el aeroparque Jorge Newbery. Diecisiete días después del vuelo que lo distingue de los pilotos de los Skyvan que continúan en libertad fue elogiado por Zaldúa por el “dominio de sus reacciones emotivas” y porque “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En 2003 murió el mecánico que participó del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.