viernes, 24 de febrero de 2012

Azic : se sigue haciendo el loco y no va a la cárcel

El represor Juan Antonio Azic, acusado de haber robado bebés durante la última dictadura militar, seguiár detenido en una clínica psiquiátrica. La Cámara Federal confirmó el rechazo al pedido de prisión domiciliaria. Los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiler citaron antecedentes del tribunal en los que afirmaron que “aun cuando pudiera admitirse que haber alcanzado la edad bastaba para la concesión del beneficio, dicha decisión de todos modos resultaba protestativa y no imperativa para el magistrado de grado y, por ello, no era de aplicación automática”, en coincidencia con el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Los magistrados citaron informes médicos que “aconsejarían que Azic continúe bajo el régimen asistencial instituido hasta la fecha” y consideraron “la gravedad y complejidad de los hechos que se le atribuyen”.

Azic operó como torturador en la ESMA. Era oficial de Inteligencia del GT 3.3.2. Entre los crímenes que se le imputan están el de torturar a un bebé de 20 días, el hijo de Carlos Lordkipanidse. Primero, Azic amenazó de estrellarlo contra el piso si el padre no hablaba y luego lo puso en el pecho de su padre, mientras lo torturaban. También torturó a Víctor Fatala y Lázaro Gladstein.

En el año 2003, al ser imputado por crímenes contra la humanidad en España, trató de suicidarse poníendose un revolver en la boca. No lo consiguió. Fue detenido en la megacausa de la ESMA y está en un hospital psiquiátrico. En Mayo de 2007 fue procesado junto a su esposa, Esther Abrego, por el robo y sustracción de la identidad de una bebé, la hija de Silvia Daneri.
Sus apodos eran "Piraña", "Claudio" y "Fredy".

viernes, 17 de febrero de 2012

Negado el arresto domiciliario al genocida Azic

Un represor en cárcel común

La Cámara Federal porteña le negó al represor Juan Antonio Azic, condenado a 18 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, la posibilidad de acceder al arresto domiciliario. De acuerdo con el fallo, el beneficio de la prisión domiciliaria “no resulta de aplicación automática”, ya que es de carácter “potestativo y no imperativo”, es decir que los jueces no están obligados a darlo. El abogado de la organización querellante Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, destacó la importancia del fallo y señaló que cuando los jueces otorgan indiscriminadamente ese beneficio a los represores condenados se monta un “mecanismo de impunidad”.

“Se debe analizar caso por caso”, aclaró Iud, quien aseguró que hay que realizar un seguimiento del caso específico para que el dispositivo legal de la prisión domiciliaria “no impida el juzgamiento” de los represores.

Con el fallo, el tribunal confirmó la resolución de primera instancia por la cual condenaron a Azic a 18 años de cárcel común y aplicó el mismo criterio que se utilizó en el caso del represor Raúl Antonio Guglielminetti, a quien también se le negó el beneficio del arresto domiciliario. El defensor de Azic, Juan Riccardini, había pedido que siguiera preso en su domicilio argumentando supuestos problemas de salud del ex marino y el hecho de que el 12 de septiembre de 2011 cumplió 70 años, edad que se fija dentro de la Ley 24.660 como uno de los requisitos para el otorgamiento del beneficio.

Azic fue oficial de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2, creado por el ex almirante Emilio Eduardo Massera, y como tal aplicó torturas a los detenidos en la ESMA y participó del robo sistemático de bebés, apropiándose de la ahora diputada Victoria Donda. En el 2003, ante un pedido de extradición por parte del ex juez Baltasar Garzón, intentó suicidarse, pero no pudo.

lunes, 16 de enero de 2012

La cita falsa que llevó a Walsh a una trampa y a morir acribillado

Rodolfo Jorge Walsh, escritor, periodista, oficial de Inteligencia de Montoneros, fue asesinado la tarde del 25 de marzo de 1977, en el tramo de la avenida San Juan que va desde la calle Combate de los Pozos hasta Entre Ríos. Entre 25 y 30 agentes del Grupo de Tareas 3.2.2 que operaba en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) concluyó así un plan letal organizado con astucia y paciencia. Varios días atrás, otro montonero, detenido por la Marina, había dado la información que ayudó a los militares a emboscar a Walsh. El objetivo era atraparlo vivo. Por eso uno de los integrantes del operativo fue un francotirador entrenado para herir sin matar. No actuó. “¡Pepa! ¡Pepa!”, gritaron sus perseguidores cuando creyeron que Walsh metía la mano en una bolsa de plástico para hacer explotar una granada. Lo balearon.

Walsh vestía una guayabera beige de tres bolsillos, sombrero de paja, zapatos marrones, llevaba anteojos y un reloj Omega. En un portafolio cargaba con su “Carta abierta a la Junta Militar” y el boleto de compra-venta de su casa de San Vicente. Tenía en sus manos, además, la bolsa que tocó antes de recibir la balacera. Estaba armado con un revolver marca Walther, modelo PPK, calibre 22.

Sabía que lo buscaban.

Usaba un cédula con nombre falso. Por aquellos días, Rodolfo Walsh era a la vez Noberto Pedro Freyre. Y viceversa.
Dos detenidos de la ESMA que habían sido llevados por sus captores al operativo de la avenida San Juan lo vieron todo. Muchos más testigos aseguraron haber visto en la ESMA al cuerpo de Walsh, que hoy está desaparecido.

Un sobreviviente de ese centro clandestino de detención, Héctor Coquet, contó que durante su cautiverio un policía le dijo esto: “Hoy bajamos a Walsh en una cita. Se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía, el hijo de puta.”

En la madrugada del 26 de marzo de 1977, con Walsh ya muerto, los hombres de la ESMA salpicaron con ráfagas de balas el frente de su casa de San Vicente. Entraron. No había nadie. Robaron. Se llevaron, entre otras cosas materiales, literatura de Walsh, inédita. Se conocen algunos de los títulos de esos escritos: “Juan se iba por el río”, “El aviador y la bomba”, una carpeta llamada “Las memorias” y otra “Los caballos” (ver recuadro).

La reconstrucción de estos hechos está copiada de manera casi literal de la sentencia del Tribunal Oral Federal N°5 de la Capital que llevó adelante uno de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura.

Por el asesinato y el robo de bienes de Walsh, solo uno de los muchos casos investigados en ese juicio, fueron condenados a prisión perpetua los represores Jorge Acosta, Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Simón Weber. Juan Carlos Fotea recibió una condena de 25 años de cárcel. Fueron absueltos Pablo García Velazco, Juan Carlos Rolón y Julio César Coronel. Hay dos prófugos: Roberto González y Pedro Salvia.
Patricia Walsh, hija de Rodolfo, dijo a Clarín que apelará las tres absoluciones. Y que presentará un escrito para que se investigue el predio conocido como el campo de deportes de la ESMA, donde ella cree que está enterrado el cuerpo de su padre.

Los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli determinaron que quedó “legalmente acreditado” que Walsh fue asesinado y despojado de sus bienes por el GT 3.3.2 de la ESMA del modo en que se cuenta en esta nota.

Para la Justicia, uno de los testimonios “relevantes” del caso Walsh fue el de Miguel Ángel Launetta, un sobreviviente de la ESMA. Contó que el 25 de marzo de 1977 fue llevado por sus captores al operativo iniciado para capturar a Walsh junto a otro cautivo de los represores, Oscar Paz. Fue Launetta quien reveló los detalles de ese ataque. Coincidió con otros testigos en que fue otro detenido en la ESMA, llamado José María Salgado, alias “Pepe”, quien habría confesado, bajo tortura, los datos con los que los represores engañaron a Walsh armándole una cita falsa.

Salgado había sido capturado por los militares el 12 de marzo de 1977. Se presume entonces que estaba en libertad cuando acordó un encuentro con Walsh. En el medio cayó preso. No pudo ir. Fueron otros. Lilia Ferreyra, pareja de Walsh, estaba con él cuando el 25 de marzo al mediodía, desde la estación Constitución, confirmó por teléfono que se vería con “Pepe”. Vio por última vez a Walsh en la calle Brasil. Desde allí él siguió solo hasta San Juan y Entre Ríos. El 26 de marzo, la hija de Walsh, Patricia, su marido de entonces, Jorge Pinedo, y sus dos hijos, fueron a la casa de San Vicente porque iban a comer un asado con el escritor. Ella vio de lejos que la parrilla no echaba humo. Pensó que algo había pasado.

jueves, 12 de enero de 2012

El plan secreto de Astiz para secuestrar a las monjas

Por un panfleto, metió a Domon y Duquet en una “conspiración marxista” mundial.

“Como loco”, en diciembre de 1977, Alfredo Astiz entró al centro clandestino que funcionaba en la ESMA con un volante en la mano del Partido Comunista Marxista Leninista .

Con ese panfleto que le habían dado en un atelier de la Boca y otras “pruebas” que había obtenido durante los más de cinco meses que -con el nombre de Gustavo Niño- estuvo infiltrado en un grupo de familiares de desaparecidos, convenció a sus jefes del grupo de tareas que debían actuar rápidamente. Creía que había “probado” que “el marxismo internacional” estaba detrás del incipiente movimiento por los derechos humanos que funcionaba alrededor de la iglesia de Santa Cruz, con apoyo de los monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, para “destruir la imagen” de la dictadura en el exterior. Un total disparate.

El panfleto desencadenó la masacre de la Iglesia de Santa Cruz, según el testimonio de la ex detenida Silvia Labayrú y otras pruebas que destacó el tribunal oral federal 5 que condenó a Astiz y otros 11 represores a cadena perpetua por esos crímenes de lesa humanidad. Esta semana, por primera vez, ese fallo pudo leerse completo.

Labayrú, cuyo hijo había quedado como rehén en la ESMA, fue obligada a acompañar a Astiz a las reuniones con los familiares y a las rondas en las Plaza de Mayo, fingiendo ambos ser hermanos de un desaparecido. Paradójicamente, mientras Astiz activaba el terror, la monja Domon escribió una poesía para cada uno de los familiares.

Un par de días después d el 8 de diciembre, el grupo de tareas 3.3/2 lanzó cinco operativos coordinados en la Capital y el Gran Buenos Aires en lugares que habían sido designados zona liberada. Era el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

A primera hora de ese día, tres camionetas con infantes de marina en ropa de fajina y fuertemente armados se apostaron alrededor del taller del artista Remo Berardo en Magallanes 889, donde Astiz había recibido el panfleto. Luego, Berardo y Labayrú fueron sacados del lugar, atados y arrojados en un auto.

Horas más tarde, represores vestidos de civil y armados con escopetas entraron brutalmente al bar “Comet”, ubicado en Paseo Colón y Belgrano, y secuestraron a Horacio Elbert y Julio Fondovila, quien intentaban llevar una solicitada al diario “Buenos Aires Herald”.

Entre las 20 y 20.30 del mismo día, luego de una comunión, medio centenar de represores -que había bajado de diez autos sin patentes- hicieron un procedimiento de pinzas sobre la iglesia de Santa Cruz, en Urquiza y Estados Unidos. Minutos antes Astiz (Gustavo Niño) le había dado un efusivo beso a Domon, puso 20 pesos moneda nacional para difundir las denuncias de violaciones a los derechos humanos (el resto, 1.000.000, en promedio) y se había ido con una excusa. Ahora uno de los represores vestido con una guayabera y con una radio portátil en la mano identificaba a quien detener y a quien no de los familiares que salían de una reunión donde había recaudado dinero para publicar una solicitada en La Nación dirigida al dictador Videla.

Mientras María Carballeda de Cerutti se aferró a las rejas de entrada de la iglesia, y otras madres gritaban “nos llevan, nos llevan”, Domon fue esposada y empujada dentro de un auto . Otra madre, Angela Auad, fue llevada arrastrada de los pelos. Al tesorero del grupo lo golpearon y le sacaron la plata que habían recaudado por la solicitada y la lista de los firmantes. Todo duró minutos.

Pese al terror imperante, los familiares lograron reunir nuevamente la plata y publicar la solicitada. Dos días después, en otro procedimiento, un grupo de represores secuestraron a Azucena Villaflor -la primera presidenta de las Madres- de su casa en Cramer 117, Sarandí. Había salido a buscar un ejemplar de La Nación . Trató de resistirse y un colectivero quiso ayudarla pero fue reducido. Simultáneamente, dos hombres armados se llevaron sin violencia a la monja Leonnie Duquet de la parroquia San Pablo, en Ramos Mejía.

La desaparición de las monjas francesas provocó la protesta del gobierno de Francia en el marco de una repercusión internacional enorme . Oficiales del Ejército llamaron a la ESMA para saber si allí estaban detenidas pero lo negaron. Incluso, siempre según sobrevivientes, Massera se hizo presente e increpó al grupo de tareas

La respuesta fue inventar que las monjas había sido secuestradas por los Montoneros. En el sótano de la ESMA (ver foto) las obligaron a sacarse una fotografía con la bandera de ese grupo guerrillero por detrás y escribir una carta al jefe de la orden de las Hermanas de las Misiones Extranjeras, obispo Bernard Pierre Guyot, en la que pedían ser intercambiadas por 20 presos políticos. Ana María Martín, otra sobreviviente, encontró a Domon en el baño. Tenía los brazos morados de los golpes y caminaba con dificultad por la tortura . Sin embargo, preguntaba con preocupación que le había pasado a Gustavo Niño (Astiz), a quien protegía como a un hijo y no llegó a darse cuenta que era un infiltrado. Entre el 14 y 20 de diciembre el GT 3.3/2 se decidió “el traslado” -el asesinato y desaparición de los cuerpos- de todo el grupo Santa Cruz. Aunque no hubo testigos, según declaró el ex teniente Adolfo Scilingo, se les aplicaba el tranquilizante pentotal, se los subía dormidos a aviones de la Armada y se los arrojaba en el Río de Plata. En ese intervalo de fechas, aparecieron cuerpos en la playa de Santa Teresita y se los sepultó como NN en el cementerio de General Lavalle.

Recién en el 2005 fueron identificados los cuerpos de Duquet y Villaflor, entre otros. Durante el juicio oral de este año, el ex capitán Antonio Pernías -otro de los condenados- reveló (muy tarde) que el operativo “fue una equivocación ”.
Por Daniel Santoro

El día que Astiz mató a un músico de Vinicius

Tenorinho. Era pianista, tenía 33 años y estaba de visita en el país.
A Francisco Tenorio Cerqueira lo confundieron con un militante y lo secuestraron 6 días antes del golpe del ’76. Lo asesinaron en la ESMA.

Voy a comprar cigarrillos y regreso”, fueron las últimas palabras que Vinicius de Moraes, Toquinho y el resto de los músicos cariocas, que por esos días actuaban en el teatro Gran Rex, le escucharon pronunciar a Francisco Tenorio Cerqueira en la noche del 18 de marzo de 1976 mientras bajaba las escaleras del hotel Normandie donde la delegación se hospedaba. Una patota integrada por cuatro hombres vestidos de civil que se movilizaban en un Ford Falcon lo secuestraron mientras circulaba por la avenida Corrientes con su aire de intelectual con pelo y barba largos. El estereotipo de su imagen bastó para que lo confundieran con un militante de izquierda y se lo llevaran para perderse en la noche de los parapoliciales que en los días previos al golpe dominaban la ciudad.
 
Francisco Tenorio o Tenorinho, como era conocido en el ambiente musical brasileño, era pianista y tenía 33 años. Vinicius de Moraes lo había seleccionado entre más de veinte músicos para acompañarlo en sus giras. Nacido en Río de Janeiro, desde adolescente se inclinó por la música y realizó estudios de piano. En 1964, pleno auge de la renovación musical en su país con Vinicius y la bossa nova, Tenorinho grabó su único disco solista, el intrumental Embalo, que lo hizo ser considerado una promesa en la renovación artística carioca y elegido por Vinicius para sus espectáculos de poesía. A comienzos de los años setenta, entre actuaciones y grabaciones, Tenorinho empezó a cursar estudios en la facultad de Medicina de Río de Janeiro.
 
A comienzos de 1976 Vinicius inició una serie de conciertos con los que recorrió Brasil y algunos países de América latina. A Buenos Aires llegó en marzo, cuando el golpe militar era un secreto a voces y el Operativo Cóndor aún no había mostrado completamente sus garras.
“Tenía ocho años cuando nos avisaron a mi madres y a mis hermanos lo que había ocurrido con mi padre en Buenos Aires. Mi único recuerdo nítido es verlo tocar el piano en casa”, dijo a Miradas al Sur Elisa Cerqueira, su hija mayor, en conversación telefónica desde Río de Janeiro. “Mucho tiempo después aquí en Brasil apareció un represor argentino huyendo de su país y reveló que vio a mi padre en la Esma muy torturado y que el 25 de marzo fue asesinado con un disparo en la cabeza por el oficial Alfredo Astiz”, señala Elisa.
 
La revelación corrió por cuenta de Claudio Vallejos, suboficial de la Esma, integrante del Servicio de Información Naval y torturador, quien además se jactaba de haber participado del secuestro del diplomático argentino Héctor Hidalgo Solá. En una entrevista publicada en 1986 en Brasil, Vallejos señaló tácitamente haber participado del secuestro del músico brasileño o al menos de haber estado al tanto desde el primer momento. “Él (Tenorinho) caminaba por la avenida Corrientes y lo confundimos con otra persona, un subversivo”. También sostuvo que participó en la detención y asesinato de los brasileños Sidney Fix Marques dos Santos, Luiz Renato do Lago Faria, Maria Regina Marcondes Pinto de Espinosa, Norma Espíndola y Roberto Rascardo Rodrigues, vistos en diferentes centros clandestinos de detención en la capital y el Gran Buenos Aires.
“El 20 de marzo de 1976, el oficial Rubén Chamorro –jefe de la Esma– pidió autorización para establecer contacto con un agente brasileño, cuyo código de guerra era 003, letra C y pertenecía al Servicio de Información Naval de Brasil, para que le informase qué grupo de tareas estaba interesado en brindar informaciones sobre la identidad y vínculos políticos de Francisco Tenorio Cerqueira Jr”, agregó Vallejos en la entrevista. “Astiz lo mató en el sótano de la construcción vieja de la Esma pero no sé donde lo enterraron”, finalizó el represor.

Silencio oficial. Pese a los intentos de Vinicius, que esa misma noche se movilizó en busca de Tenorinho, ni el gobierno argentino ni la embajada brasileña se hicieron eco de los reclamos. El 25 de marzo la Armada envió un comunicado a la representación brasileña en Buenos Aires donde reconoce responsabilidades oficiales. “Lamentamos informar el fallecimiento del ciudadano brasileño Francisco Tenório Júnior, pasaporte n° 197803, de 35 años, músico de profesión, residente en la ciudad de Río de Janeiro. El mismo se encontraba detenido a disposición del PEN, lo cual fue oportunamente informado a esa embajada. El cadáver se encuentra a disposición de la embajada en la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, donde fue remitido para la debida autopsia”.
 
“Viajé varias veces a Buenos Aires en representación de mi madre para hacer los trámites judiciales de rigor”, señaló su hija. “Sólo el Estado argentino hace un par de años se hizo responsable del crimen de padre y nos indemnizó. En Brasil las investigaciones nunca se hicieron y ningún gobierno está dispuesto a investigar el Operativo Cóndor ni a hacerse cargo de los muertos y desaparecidos como mi padre. Sólo nos queda la memoria”.
En noviembre pasado se colocó una placa recordatoria sobre el número 320 de la calle Rodríguez Peña, la vereda del hotel Normandie donde Tenorio se hospedó junto al resto de los músicos brasileños y fue visto por última vez con vida. La iniciativa fue del legislador porteño por el socialismo Raúl Puy. Dice el texto: “Aquí se hospedó este brillante músico brasileño, víctima de la dictadura militar argentina”.
Por Fabián Kovacic

domingo, 18 de diciembre de 2011

Indagatoria a dos imputados por la apropiación de Victoria Donda


"Cori" Perez de Donda
El juez Rafecas citó a indagatoria a dos imputados en la causa por la apropiación de Victoria Donda
Se trata de Jorge Luis Magnacco y Adolfo Donda Tigel. Deberán presentarse esta semana ante el magistrado. Se investiga su participación en la sustracción y ocultamiento de la actual diputada nacional. En este expediente ya declararon otros tres acusados

En la causa en la que se investiga el delito de sustracción de menor ocurrida durante la dictadura y que tiene como víctima a la actual Diputada Nacional Victoria Donda, el juez federal Daniel Rafecas amplió las imputaciones ya existentes, al ordenar la citación a prestar declaración indagatoria los días 15 y 17 de noviembre del Oficial Médico Jorge Luis Magnacco y el represor Adolfo Miguel Donda Tigel, en calidad de imputados por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento de la -por aquel entonces- menor Victoria Donda Pérez, hija biológica de María Hilda Pérez y de José María Donda (este último, hermano de quien será indagado el día 17 de noviembre) quienes permanecen desaparecidos.

En ese expediente judicial ya prestaron declaración otros marinos, a los que también se les imputó su participación en ese hecho, a saber, Carlos Octavio Capdevila y Carlos Galián –conocido como “Pedro Bolita”-, a los que se suma un civil, Horacio Pessino –médico que firmó la partida de nacimiento apócrifa de la actual diputada nacional Victoria Donda-.

En el primer tramo de la causa, el juez Daniel Rafecas procesó y elevó a juicio el expediente en relación a Juan Antonio Azic, quien fuera imputado por la apropiación y ocultamiento de la menor, anotándola como su hija legítima bajo el nombre de Claudia Analía Azic.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

La CIDH entregará al Juez Torres, parte de sus legados desclasificados

Imágenes que prueban los vuelos de la muerte

El expediente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace público por primera vez incluye más de 130 imágenes e informes de las fuerzas de Uruguay sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por el mar durante la dictadura.

 Por Alejandra Dandan

El informe es un texto mecanografiado, fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció, según la misma referencia, en la Laguna de Rocha, de Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente “presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”. No encontró el perito “ningún posible elemento identificatorio”: “El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas”.

El informe conservado hasta ahora entre los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve la luz por primera vez en 32 años. Es parte de un legajo con más de 130 imágenes y partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, durante los años de la dictadura argentina. Los informes más viejos datan de 1975. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos. Entre los papeles, un mapa muestra los ciclos de las corrientes y ubica las costas de Buenos Aires como punto de partida. Los documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de los vuelos de la muerte: las imágenes muestran los cuerpos atados con ligaduras en las manos y las piernas, sogas armadas con tiras de persianas y marcas de torturas. Los documentos llegaron al país en manos del secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que hoy los entregará en nombre de la Comisión al juez Sergio Torres, encargado de la megacausa ESMA.

Para la CIDH la entrega de los documentos representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus archivos confidenciales para un proceso de justicia. El valor de los documentos todavía es materia de análisis, pero el juzgado los considera clave no sólo por los vuelos sino porque podrían habilitar una solicitud para que el Estado uruguayo desclasifique todos los documentos relacionados con el hallazgo de cuerpos en la misma época.

La carpeta de documentos tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. Las imágenes son impactantes porque, además del estado de los cuerpos, intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, sogas y trozos de sogas de persianas sujetando las manos de las víctimas, que para el juzgado podrían ser pruebas del modo en que eran “trasladados” los desaparecidos durante los vuelos de la muerte. “Las imágenes están diciendo que esas personas eran tiradas con ligaduras, muestran cómo los sacaban, tienen el valor de tener además datos de los antecedentes o los pasos previos porque muestran que esos cuerpos están marcados con picana, que fueron entonces arrojados al mar en determinadas condiciones”, dicen en el juzgado.

La primera prueba categórica sobre la existencia de los vuelos apareció en 2005 con la identificación de tres cuerpos de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos el de Azucena Villaflor, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos presentaban “múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.
La carpeta

El origen de la carpeta 37 con los archivos de la CIDH todavía es un misterio. Incluso para Cantón. En una de las solapas, de todos modos, se lee “Argentina observation in loco”. Es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para precisar su procedencia es que le falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años –dice Cantón–. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula.”

Con el paso del tiempo, hoy puede entenderse que esa documentación que ahora se judicializa por primera vez no contiene las únicas imágenes o los únicos informes que se conocieron de los aparecidos argentinos en la costa uruguaya. El mismo Cantón quiso dejar a salvo ese punto. Porque ni para la CIDH ni para el juzgado importa mucho hoy cuánta difusión hayan tenido estas imágenes en otros espacios, sino que estaban archivadas donde estaban archivadas y que por primera vez una causa que investiga los vuelos de la muerte las incorpora como prueba.

Las fotos, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de los ’80 y luego con un libro, Un marino acusa. Publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.

Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje: “FA”. Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.

“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial –dice Cantón–. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial.”
Los datos

El legajo tiene tres grandes grupos de documentos: informes mecanografiados de tipo pericial, fotos y mapas. Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que la persona podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede ser un indicador para pensar el momento de los “traslados”. También hay descripciones de marcas de pantalones, en ocasiones ropa que sólo se fabricaba en Argentina.

Otro de los informes a los que accedió Página/12, del 22 de abril de 1976, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: “posiblemente fuera de raza blanca o amarilla”. De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello “imposible de determinar”, una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto “raza blanca o amarilla” porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del EAAF no les cierra, porque consideran posible la confusión.

Además de las imágenes, hay mapas. Uno señala con referencias las zonas con cuerpos encontrados (Montevideo y Colonia) y las zonas en las que se encontraron restos humanos (entre Carmelo y Colonia, Colonia y Montevideo, y La Paloma y Castillos). Otro mapa es de corrientes marítimas y señala a Buenos Aires como la zona donde fueron arrojados los cuerpos.

Las 65 cajas con archivos

Por Alejandra Dandan

Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, es una de las personas que promovieron que ese organismo de la OEA abriera los archivos confidenciales recogidos para el histórico informe prohibido de 1980. El acceso a documentos para las causas argentinas empezó a concretarse el mes pasado, durante una visita a la sede de Washington del juez Sergio Torres, quien fue a buscar documentos para la megacausa ESMA. Torres encontró 65 cajas de archivos y copió una selección, pero cuando se topó con imágenes que podrían probar los vuelos de la muerte pidió a la CIDH el material original. Eso es lo que hoy aportará Cantón.

–¿Por qué este legajo demoró tanto en conocerse?

–Para los organismos de este tipo, las denuncias son confidenciales por motivos obvios y no hay un mecanismo para hacer pública esa información. Esto fue parte de la discusión que tuvimos para ver de qué manera entregar esta información a ciertas causas judiciales.

–¿Hay más información?

–Creo que no hay más datos, pero no sabemos porque están guardados como se archivaban hace años. No hay nadie además en la comisión de aquella época. Tendremos que ir sabiéndolo con el tiempo.