Ex piloto de los Electra, detenido por su actuación durante la dictadura

Volar bajo

El ex oficial Luis Conrado Lupori revistó en la Armada y llegó a ser socio de Antonio Mata en Aerolíneas Argentinas. Su vínculo con los vuelos de la muerte.

Socios. Conrado Lupori (der.) y Antonio Mata (izq.) compartieron la dirección de diversas empresas entre las que se destaca la española Marsans.

La cuenta regresiva comenzó. Al cierre de esta edición, uno de los fiscales que investiga los vuelos de la muerte, Eduardo Taiano, estaba confeccionando un dictamen –que, según fuentes judiciales, tenía previsto presentar el mismo miércoles 18 de abril– por el cual le pedirá al juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, que indague al ex piloto de los aviones Electra L-188 Luis Conrado Lupori. El motivo: la actuación de Conrado Lupori como aviador durante el terrorismo de Estado. Sin embargo, el pedido cuenta con una particularidad: estar a contrarreloj, para aprovechar la situación actual del ex marino, detenido desde el sábado 14 de abril.

La privación de la libertad de Conrado Lupori tiene vinculación con otra causa, en la que se investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, y que está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Salgado. La suerte de su detención depende de un análisis genético cuyo resultado se conocerá en pocos días. Ante este escenario, Arroyo Salgado le tomó declaración indagatoria el pasado lunes 16 de abril y, esgrimiendo su inocencia, Conrado Lupori pidió su excarcelación o, en su defecto, se le concediera el beneficio de arresto domiciliario. Acaso desconociendo su legajo, Rita Molina, fiscal de San Isidro, avaló aquella solicitud, aunque el miércoles 18 la jueza rechazó los pedidos y confirmó la permanencia en prisión del ex piloto. Por expreso pedido de los investigadores, Veintitrés no puede revelar otros datos de la pesquisa. Apenas, que su detención aceleró la confección del dictamen del fiscal Taiano.

Tal como reveló esta publicación el 21 marzo de este año, Conrado Lupori era uno de los veinticuatro pilotos habilitados a volar los tres aviones Electra L-188, en plena dictadura. Se trata de la flota que conformó la Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logística Móvil (EA51), con base en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y que está en la mira de la Justicia en la causa que investiga la desaparición forzada de personas a través de los “vuelos de la muerte”, la metodología criminal por la cual se arrojaba al río y al mar a los detenidos desaparecidos.

Según se desprende de su legajo, Conrado Lupori revistó en la EA51 entre el 28 de enero y el 19 de agosto de 1978, sitio que abandonó para trasladarse a la Agregaduría Militar argentina en los Estados Unidos. Su paso por aquella dependencia no se extendió demasiado en el tiempo: volvió a la escuadrilla a los pocos meses y permaneció allí hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando retornó la democracia.

Antes de llegar a la EA51, y en pleno auge de la dictadura militar, el ex piloto tuvo un destino particular: la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. De acuerdo a su legajo de servicios, entre 1975 y 1977 trabajó en el que fuera identificado como uno de los más siniestros centros clandestinos de detención, por donde pasaron alrededor de cinco mil detenidos desaparecidos. En este predio, ubicado en Avenida del Libertador y General Paz, a metros del Río de la Plata, Conrado Lupori era “jefe del 1º curso de aviación” y también jefe de contrainteligencia, cargo que ocupó durante cinco meses. Pero eso no fue todo: estuvo ocho meses en el mismo destino como jefe de la compañía Nº 11.

En las fojas destinadas a “concepto”, se observa la sintonía que este marino tenía con la Armada, entonces comandada por el fallecido Emilio Eduardo Massera. Allí califican el “gran valor en el servicio” de Conrado Lupori o destacan que “a pesar de no poseer la capacitación, desempeñó el cargo de contrainteligencia (…) de manera excepcional”. Quien firmó esta última evaluación, el 15 de diciembre de 1976, fue Rubén Chamorro, entonces director de la ESMA. Chamorro estaba acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado pero murió antes de que se le dictara condena.

En las mismas fojas figura un informe sobre el calificado donde se especifica: “En oportunidad de integrar el calificador la aprobación de un avión Electra que me fuera subordinado por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada para el cumplimiento de una operación de alto grado de reserva, demostró un excepcional entusiasmo, espíritu de cooperación y confianza hacia el suscripto. Esta operación, (fue) cumplida en el extranjero con éxito (…)”. Y se resalta el “gran factor contribuyente” del accionar del “capitán Lupori; quien transmitió su ejemplar proceder a la tripulación”. La nota es del 20 de abril de 1979 y quien felicita a su subordinado es Jorge Raúl Vildoza, entonces capitán de navío, y quien fuera señalado por el arrepentido Adolfo Scilingo como coordinador de los vuelos de la muerte. Vildoza hoy está prófugo de la Justicia por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Luego de abandonar la Armada, Conrado Lupori supo reconvertirse en un profesional, de carrera ascendente, en el circuito aerocomercial. Pero no como piloto, sino como empresario. Así llegó a ser director de Marsans, la empresa multinacional de capitales españoles que había comprado Aerolíneas Argentinas. Y fue socio de Antonio Mata, el dueño de aquella empresa, en diferentes firmas, como en Jet Paq S.A. Pero su rol más significativo fue haber alcanzado la dirección de Aerolíneas Argentinas y de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., en 2003.

En esa época también participó en Advent S.A. y en 2004 alcanzó la presidencia de SMR Servicio de Mantenimiento Aeronáutico. Licenciado en Sistemas –también cursó la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad del Salvador, con un aporte económico de la Marina–, Conrado Lupori acumula una serie de denuncias radicadas en la institución Abuelas de Plaza de Mayo, donde también se vincula al ex integrante del directorio de Aerolíneas con los vuelos de la muerte.

Entre las acusaciones, sobresale una en la que se asegura que el ex piloto tuvo problemas psicológicos por participar de estos vuelos siniestros. Según reveló una fuente de la Aeronáutica que conoció a Lupori, “una vez que abandonó la Armada, si bien estuvo vinculado al área aerocomercial como empresario, no volvió a ser piloto”. Un dato, al menos, curioso.

Frente a este material, Taiano barajaba acelerar los lentos tiempos judiciales. De prosperar su dictamen, el juez Torres tendrá la oportunidad de investigar en profundidad una de las metodologías menos conocidas de la última dictadura militar.

El segundo megajuicio de la ESMA

El nuevo proceso oral abarcará a 61 acusados y 781 víctimas.

La audiencia preliminar inicial se hará en mayo y el juicio comenzará en agosto. La unificación de varias causas coincide con la postura de organismos de derechos humanos. Se analiza cómo organizar las audiencias y evitar los debates interminables.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 21 de mayo se hará la primera audiencia preliminar por el segundo tramo del juicio oral por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal Oral Federal Número 5 le puso fecha al comienzo de esa segunda instancia, prevista para el 9 de agosto. Será un juicio sin antecedentes y podría cambiar los parámetros de lo que hasta ahora se conoció como una “megacausa”: se juzgará a 61 imputados por delitos cometidos sobre 781 víctimas. El recuerdo más inmediato es el Juicio a las Juntas. Pese a la objeción de la fiscalía, que prefiere tramos de juicios más cortos, la decisión de unificar las causas coincide con las posturas de varios organismos de derechos humanos integrantes de las querellas. Las nuevas reglamentaciones de la Cámara de Casación Penal serán uno de los ejes de la sesión preliminar para pensar cómo acelerar la dinámica del juicio y evitar el fantasma de los debates eternos. Se fijarán días de audiencia y cómo se incorporarán los testimonios de las víctimas que declararon en otras ocasiones. El juicio se hará finalmente en el Auditorio de los Tribunales Federales de Comodoro Py.

De acuerdo con la resolución de la semana pasada, el juicio a los marinos va a unificar varias causas que hasta ahora estaban separadas. Se trata de los casos comprendidos en los períodos de 1976 a 1979 y de 1979 a 1981. A partir de ahí, un criterio propone avanzar según la jerarquía de los imputados y otro, recomendado por la querella del CELS, sugiere un orden cronológico y fragmentar los períodos en dos: 1976 a 1979 y 1979 a 1981, en función del cambio de jefaturas dentro del centro clandestino.

En el primer tramo, ingresarán la mayor parte de las víctimas. Entre ellas, los casos emblemáticos como las caídas de las llamadas “citas nacionales”, el caso Walsh, el de Norma Arrostito y en el segundo período está por ejemplo el grupo Villaflor. Pese a que algunos fueron tratados el año pasado, ingresan por otros imputados. Un ejemplo es María Cristina Lennie: el año pasado se condenó al vicealmirante Oscar Montes como autor mediato de su secuestro y homicidio, pero ahora se juzgará a quienes integraron la patota que fue a buscarla.

Entre los acusados volverán a sentarse los sobrevivientes de la línea de mando de la ESMA, los represores más simbólicos y otros nuevos acusados. Estarán Jorge “El Tigre” Acosta, el ex director de la ESMA Edgardo Otero. También Alfredo Astiz, por unos 700 casos, el mellizo Miguel Angel García Velazco, cuyo hermano fue juzgado el año pasado. Una de las características que lo distingue del Juicio a las Juntas es el rol de los imputados. En 1984 se juzgó la responsabilidad de los comandantes como autores mediatos, pero ahora se avanzará con la responsabilidad mediata o directa de 61 imputados que actuaron dentro del centro clandestino.

El Tribunal que integra Daniel Obligado incorporó a Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, que viene de la causa Vesubio, en reemplazo de Germán Castelli y Ricardo Farías. Ellos se reunirán en la audiencia preliminar con querellas y defensores. Evaluarán si las audiencias se harán en cinco o cuatro días de la semana, como pidieron el CELS y la organización Kaos, respectivamente, o se harán tres días, como quiere alguna de las defensas particulares.

Otra discusión será sobre la lectura de las 61 acusaciones: un derecho de los imputados, que deben saber de qué se los acusa, pero a la vez un hecho que en el juicio anterior llevó meses de lectura. Las nuevas reglas de Casación habilitan la opción de leer una síntesis y entregar una copia de la acusación completa a cada uno. Sobre los testigos, se analiza que aquellos que ya declararon en otras causas o en otras etapas no deban volver a hacerlo. El Tribunal puede incorporar las declaraciones y habilitar una instancia eventual de preguntas de la defensa. Con esas características los jueces creen que el juicio podría extenderse durante no más de dos años, pese al piso de 1500 testigos previstos.

Un eje que dejó afuera la unificación son otros tramos de la megacausa. Algunos porque aún están en instrucción, como “Vuelos de la muerte”, y otros, como “Robo de bienes” y “Chacras de Coria”, por decisión de los jueces. Según fuentes del juzgado, “Robo de bienes” no entró porque necesita una comprensión global sobre los robos para entenderlos como “plan sistemático” y no como “rapiña de algunos”. Para las querellas, en cambio, esa separación es un error: no es posible separar el daño hecho a una familia como los Tarnopolsky, a la que le desaparecieron cuatro personas, y reiniciar luego una causa sólo por el robo de un auto. Consideran que el robo de bienes debe leerse como práctica sistemática en el contexto de la evaluación penal por los crímenes.

Fuera de esto, las discusiones previas se concentraron en la validez o no de unificar las causas. Para la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña, “un juicio respetuoso de los principios que rigen el debate oral no puede superar en demasía el máximo de un año, pues si es más largo no sólo presentaría demasiados obstáculos prácticos, sino que pondría en jaque esos principios”. Propusieron juzgar a no más de 25 imputados por vez; señalaron que deberían ser aquellos que hace más tiempo que están en prisión sin condena y que se deberían priorizar las víctimas que no fueron tratadas en casos anteriores.

Los querellantes optaron en su mayor parte por la unificación. Fue el criterio de Rodolfo Yanzón, Luis Zamora, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Secretaria de Derechos Humanos: el juicio parcial “no sólo conspirará contra el esquema de responsabilidad de los imputados, sino que es una forma más de perpetuar el riesgo al que están sometidos los testigos, ya que cuantos más casos abarque el debate menor será la exposición de los mismos”. El CELS acompañó la postura del resto de las querellas, sugirió organizar cronológicamente los casos y crear una Secretaría de Juicio que garantice la continuidad de los trámites para el tercer tramo.

Pilotos del horror : los oficiales que pilotearon los vuelos de la muerte

B. Pertiné

Scilingo

Por primera vez se revelan los nombres de los oficiales habilitados para pilotear los Electra, los aviones vinculados con los vuelos de la muerte.

Todavía falta mucha verdad. A 36 años del golpe genocida, aún hay hechos que permanecen en la impunidad. Los vuelos de la muerte son uno de ellos. Los nombres que aquí se revelan por primera vez son los de los pilotos que estaban habilitados a volar los aviones Electra, la flota que está en la mira de la Justicia en la causa que investiga la desaparición forzada de personas en el río y en el mar. Eran los pilotos de una fuerza criminal, en tiempos de acción criminal. La Justicia espera por ellos.

Vildoza

Los miércoles, los pilotos navales sabían que podían ser requeridos. Ese era el día de “traslado” en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. La tarea: transportar los cuerpos desnudos, anestesiados y torturados de los desaparecidos que estaban apilados en la parte trasera de la aeronave. Cuando ellos ubicaran el avión en las coordenadas adecuadas y dieran la orden, los oficiales de la Armada arrojarían a sus víctimas al vacío. El relato integra el libro Por Siempre Nunca Más, una autobiografía donde el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo reconoce haber participado de dos vuelos desde donde arrojó a 30 personas adormecidas con Pentotal. En su libro, Scilingo dice que por esta vía desaparecieron a 4.400 personas. Los testigos de la ESMA corroboraron que los “traslados” se realizaban los días miércoles.

La autobiografía del asesino Scilingo –condenado en España a 600 años de prisión por crímenes de lesa humanidad– detalla que un mes después de su primer vuelo volvieron a llamarlo. Esta vez había dieciséis detenidos. El proceso fue igual: sacaron a los secuestrados por la puerta trasera del sótano de la ESMA y “semidormidos (los) subieron al camión. En Aeroparque nos esperaba un Electra. Dentro, tenía sólo los asientos que hay entre la portezuela y la cabina, unas seis hileras. El resto estaba vacío. Colocamos los detenidos sobre el costado derecho. Decolamos. (…) Cuando llegó el momento, se despresurizó la cabina. Un suboficial me ató con una soga al lado de la puerta de emergencia de popa estribor (atrás derecha) y luego con mucho cuidado la retiró. Me acercaron a cada uno de los trasladados y una vez más cumplí la misión de hacerles traspasar la puerta rumbo a la muerte”.

El relato de Scilingo coincide con la descripción que realizó un investigador a este cronista: “En el reglamento del Electra L-188 se destaca el capítulo donde se explica ‘cómo arrojar las líneas de salvamento’ desde la aeronave”. Las líneas de salvamento son una especie de soga larga, explicó, que está compuesta por diferentes elementos y forma una especie de cadena de objetos. “Para poder desplegarla, se debe bajar el avión hasta determinada altura, reducir la velocidad y entonces apagar el motor número 3 (el Electra tiene cuatro hélices). Recién allí se procede a la apertura de la puerta trasera de emergencia que tiene la particularidad de abrirse hacia adentro”, explicó. Esta descripción da por tierra con la afirmación de la Armada de que desde los Electra no se puede realizar una descarga en vuelo. Los marinos arguyen la imposibilidad de abrir el portalón principal de este avión que mide unos dos metros por tres metros, ignorando la puerta de emergencia. Justamente, la misma a la que hace referencia el reglamento al que accedió el investigador y el relato de Scilingo. Tal como se desprende de la crónica anterior, la labor de los pilotos era determinante. Su destreza era crucial para llevar a cabo los vuelos de la muerte.

En respuesta a una solicitud de esta revista, el Estado Mayor General de la Armada entregó a la Dirección de DD.HH. del Ministerio de Defensa de la Nación una lista con los pilotos habilitados a volar los aviones Electra L-188 entre 1976 y 1983. Todos pertenecían a la Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logística Móvil, que constaba de tres Electra Lockheed 188: el 5T1, matrícula 0691, el 5T2 matrícula 0692 y el 5T3, matrícula 0693, provenientes de Estados Unidos. Esta escuadrilla (EA51), que se investiga como último eslabón del proceso de desaparición de personas, dependía de la Escuadra Naval Número 5, con base en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según esta documentación, desclasificada junto a todos los archivos de la represión por el gobierno de Cristina Kirchner, los 24 pilotos habilitados a volar estos aviones son los siguientes:

- Benito Basilio Pertiné, cuñado del ex presidente Fernando de la Rúa. Su legajo lo compromete con la represión bestial que aplicó la última dictadura militar. En 1978, Pertiné fue sancionado por “no extremar las medidas para emitir un interrogatorio ordenado por su superior con la atenuante de haberlo detenido luego”. El 22 de mayo de 1979 tuvo como destino esta escuadrilla y también fue sancionado, en esta ocasión por “no extremar las medidas para tener listo el avión, ocasionando demoras en el despegue, siendo el comandante del mismo”.

Además de desempeñarse durante 1979 como instructor del avión L-188, el cuñado de De la Rúa fue segundo comandante en el destino 418. “Ha orientado la actividad de su unidad al logro de una mayor eficacia en el combate y el resultado ha sido altamente satisfactorio en consideración”, lo evaluó uno de sus superiores. Para el almirante Jorge Anaya, “es el oficial de marina más completo que he encontrado a lo largo de toda mi carrera naval. Excepcional”, firmó. Resulta particular la “mayor eficacia en combate” de Pertiné, teniendo en cuenta que la única guerra que libraba la Armada en ese entonces era contra “la subversión”, y todo aquel que no pensara como ellos.

En la actualidad, Pertiné se volcó al rubro de la construcción, llegando a ser contratista del Estado. Según los registros públicos, está vinculado a las empresas Tecnoartel, Cimsa, Udra Argentina S.A. y Constructora San José.

- Luis Conrado Lupori fue otro de los pilotos habilitados para volar los aviones Electra. Según se desprende de su legajo, ya en 1975 había realizado un curso para pilotear este tipo de aeronaves, conocimiento que supo explotar en los años siguientes. Entre el 28 de enero y el 19 de agosto de 1978 estuvo en esta escuadrilla. Puesto que dejó brevemente, tras un pasar por la agregaduría militar en los Estados Unidos. Volvió y estuvo hasta el 31 de diciembre de 1983.

Pero antes de llegar a la EA51, y en pleno terrorismo de Estado, Lupori tuvo un destino muy particular: la ESMA. De acuerdo con su legajo, entre 1975 y 1977 “se desempeñó en la Escuela de Mecánica de la Armada” donde además de ser “jefe de 1º curso de aviación”, también se desempeñó como jefe de contrainteligencia durante 5 meses. También estuvo 8 meses en el mismo destino como jefe de la compañía 11.

Ante este marco, se lee en sus fojas: “Gran valor en el servicio”. Y: “A pesar de no poseer la capacitación, desempeñó el cargo de contrainteligencia. Se ha desempeñado de manera excepcional”. Quien firmó esta última evaluación, el 15 de diciembre de 1976, fue Rubén Chamorro, entonces director de la ESMA. Chamorro estaba acusado por crímenes de lesa humanidad pero murió antes de que se le dictara una condena.

En las mismas fojas se lee: “Informe sobre el calificado: En oportunidad de integrar el calificador la aprobación de un avión Electra que me fuera subordinado por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada para el cumplimiento de una operación de alto grado de reserva, demostró un excepcional entusiasmo, espíritu de cooperación y confianza hacia el suscripto. Esta operación, (fue) cumplida en el extranjero con éxito (…)”. Y se resalta el “gran factor contribuyente” del accionar del “capitán Lupori; quien transmitió su ejemplar proceder a la tripulación”. La nota es del 20 de abril de 1979 y quien felicita a su subordinado es Jorge Raúl Vildoza, entonces capitán de navío, señalado por Scilingo como el director de los vuelos de la muerte, hoy prófugo de la Justicia por los crímenes de lesa humanidad que cometió en la ESMA.

Desde que dejó la Armada, Lupori supo hacer una ascendente carrera en la esfera aerocomercial. Fue director de Marsans, la empresa multinacional de capitales españoles que había comprado Aerolíneas Argentinas. Fue socio de Antonio Mata, el dueño de aquella empresa, en diferentes firmas, como en Jet Paq S.A. Pero su rol más significativo fue haber alcanzado la dirección de Aerolíneas Argentinas y de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., en el 2003. En otras empresas aéreas en las que participó también se destaca Advent S.A. Licenciado en Sistemas, en el 2004, también alcanzó la presidencia de SMR Servicio de Mantenimiento Aeronáutico.

- César Enrique Ávila (fallecido) y José Roberto Fernández fueron los comandantes de la EA51 en 1976 y 1977, respectivamente. El primero estuvo entre el 1 de marzo de 1974 y el 9 de diciembre del mismo año en la escuadrilla con asiento en Ezeiza y ejerció su comando entre el 22 de diciembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

- Jorge Eduardo Albanese se recibió como comandante de Electra L-188 en 1975. Entre el 28 de noviembre de 1975 y el 26 de noviembre de 1976 estuvo destinado en la EA51. De acuerdo con su legajo tiene “muy buena predisposición para el cumplimiento de tareas ajenas a la rutina”. “Sabe ocuparse con eficacia cuando es necesario. Tiene un espíritu de combate desarrollado”, firmó en sus fojas el fallecido César Ávila. Tan apreciado era por su superior que pidió que se quede en el área para “volcar su experiencia a los nuevos pilotos”. Acaso su espíritu de combate se debía a la formación que recibió en el curso de “subversión y guerra revolucionaria” que realizó en la Escuela Naval de Inteligencia.

En 1977, Albanese pidió su pase a retiro porque tenía la “intención de incorporarse a la empresa Austral Líneas Aéreas S.A.”. Finalmente logró su pase a retiro. Desde entonces, la carrera de Albanese continuó en Austral Líneas Aéreas, donde se desempeñó por 27 años. Al menos hasta el 2009, trabajaba en Andes Líneas Aéreas.

- El caso de Jorge Gerardo Bohm es particular. La evaluación de fojas de servicio está tachada en lo que respecta a 1976. No obstante se puede reconstruir que del 3 de marzo del ‘75 al 31 de diciembre del mismo año estuvo en la EA51 y que luego fue aviador naval, por un año, en Punta Indio –sitio señalado por Scilingo como una constante para hacer escalas durante los vuelos de la muerte– y jefe de publicaciones en 1977. “Jamás pierde la calma e infunde serenidad en sus subordinados”, firmó Alberto Olcese. En 1980 fue jefe de contrainteligencia por 7 días y adquirió capacitación para ser copiloto de Electra. Dos años más tarde pasaría a ser miembro de la plana mayor de la EA51 en Malvinas. Concluido el conflicto, Bohm se fue alejando de la Armada hasta cambiar radicalmente de rubro. Hoy se dedica a la venta de libros. Aunque no pudo alejarse del agua: se radicó en Pinamar.

- Jorge Alberto Capella era piloto de helicópteros y de aviones Electra. El 19 de marzo de 1979 fue evaluado como copiloto de un L-188 en Ezeiza por Lupori, Pertiné y Carlos Ricaldoni. Un año más tarde otros tres pilotos navales lo evaluarían como piloto del mismo avión. Participó en Malvinas como parte de esta escuadrilla, a la que perteneció hasta diciembre del ‘84, cuando pasó a la ESMA. Hoy tiene una inmobiliaria y una constructora.

- Alejando Oscar Cagliolo llegó a la escuadrilla a fines de 1981. Antes había pasado por la Escuela Aeronaval Antisubmarina (’75); la Escuela para Oficiales (’76), y la Escuela de Aviación Naval. Por su presencia en la EA51, participó de la guerra de Malvinas y junto a Lupori realizó los vuelos de búsqueda del hundido crucero “General Belgrano”. Una vez fuera de la fuerza, cambió de rubro. Se fue a vivir a Trelew y en el año 2003 se transformó en empleado de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, hasta alcanzar el cargo de director ejecutivo. Renunció un par de años atrás y en el 2009 creó la firma Comercializadora de Alimentos del Sur SRL.

- Daniel Emilio Bullo desarrolló un curso de especialización en los Electra en 1980. Sin embargo, recién alcanzó a ser comandante de este tipo de aeronave en 1982. Anteriormente, entre 1976 y 1978 estuvo destinado en la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. Fue miembro de la plana mayor de la EA51 en Malvinas. Al 2011, Bullo seguía siendo piloto de Aerolíneas Argentinas y Austral.

- Esteban Julio Kalauz fue jefe de contrainteligencia por 9 meses, entre el 25 de enero y el 25 de noviembre de 1977. Dos años más tarde, en el mes de julio realizó los cursos de aviación naval y contrasubversión. En 1980 vuelve a ser jefe de Contrainteligencia.

- Raúl Carlos Favreaud realizó un curso de adiestramiento para pilotear el Electra L-188 el 6 de junio de 1977 en la compañía Eastern Air Lines en Miami, Estados Unidos. Licenciado en Economía, también fue piloto de la plana mayor de la EA51 en Malvinas. Concluida su tarea en la fuerza, estuvo vinculado al servicio inmobiliario. Falleció.

- Carlos Washington Marioni tuvo una importante participación en los albores del golpe de Estado: “Ha participado en la operación militar, en la etapa de planificación, ejecución a mis órdenes durante el período del 17 al 27 de marzo pasado (de 1976)”, firmó James Whamond. Whamond, según la página desaparecidos.org, “fue Secretario General Naval (de enero a septiembre de 1978) y, desde diciembre de 1980 hasta enero de 1982, Jefe de Aviación Naval. Por ejercer tales cargos, formó parte del Comando en Jefe de la Armada, por lo que tuvo decisiva responsabilidad en el accionar delictivo del personal de la Armada, como así también en el funcionamiento de los CCD que dependían de la mencionada fuerza”.

- Agustín Humberto Sosa y Guillermo Edgardo Méndez también fueron parte de esta escuadrilla. El primero abandonó la fuerza luego de los años más terribles de la dictadura para desempeñarse en Austral entre 1979 y 1983. El segundo piloteaba en la misma aerolínea, al menos, hasta el año pasado.

- Completan la lista de pilotos: Marcelo Roberto Boveda –quien hizo varias comisiones a EE.UU.–, Daniel Horacio Caruso, Miguel Mariano Iriart –quien trabajó entre enero de 2002 y enero de 2004 para el Estado Mayor General de la Armada y ha fallecido–, Alberto Ángel Olcese, Carlos César Ricaldoni, Norberto Ulises Pereiro, Eduardo Figueroa, Guillermo Alejandro Lucas –quien formó parte de la plana mayor de la escuadrilla durante la guerra de Malvinas–, José María Lamelza y, finalmente, Jorge Alberto Janiot –quien fue parte de la escuadrilla de exploración durante la guerra de Malvinas y al día de hoy tiene por domicilio alternativo la Base Almirante Zar porque siguió vinculado a la Armada Argentina–.

En otro documento al que accedió esta revista constan todos los pilotos navales habilitados para volar entre 1976 y 1979. Son 240 pilotos, entre los que figuran reconocidos genocidas y tres nombres con mucha actualidad: Benito Italo Rotolo, Carlos Rodolfo Machetanz y Rafael Ángel Cornejo Solá. El primero de ellos fue el subjefe de la Armada entre 2003 y 2006. Hoy está siendo investigado con el ex jefe de la Marina Jorge Godoy –quien fue pasado a retiro el pasado diciembre– por espionaje a políticos. El segundo fue comandante de Aviación Naval hasta el 2010, cuando fue reemplazado justamente por Cornejo Solá –quien terminó dejando la Armada en diciembre pasado–. Machetanz había ascendido en 2010 a la Inspección General de la Armada, cargo que abandonó en enero del 2011.

Pasaron 36 años y aún existen zonas oscuras, nebulosas, en lo que respecta a las atrocidades que cometió la última dictadura militar. Seguramente muchos de los hombres que aparecen en esta nota tendrán algo para aportar en la Justicia.

La justicia comprobó que desde los aviones se podía arrojar detenidos
Una inspección ocular a cargo del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni estableció que la puerta de emergencia de los Electra podían abrirse en pleno vuelo. Se secuestró documentación operativa y manuales de las aeronaves.

Por:Martin Piqué
A pesar de la reticencia de la Armada a aportar información y a abrir sus instalaciones para la recolección de pruebas, la justicia sigue investigando los vuelos de la muerte que arrojaron a miles de personas vivas al Río de la Plata y al Océano Atlántico a partir de 1976.
El último capítulo del avance judicial se produjo ayer en Bahía Blanca. El juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, a cargo del Juzgado Federal Nº 1, encabezó una inspección ocular de cuatro horas en la base aeronaval Comandante Espora y en el Museo de la Aviación Naval.
Acompañado por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Abel Córdoba, Tentoni secuestró documentación de la Armada –manuales técnicos de aviones, planillas de vuelos y papeles de la biblioteca–. El juez también recorrió los hangares de la base y el museo. Allí revisó tres aviones y un helicóptero que se encuentran en exposición, sobre los que cotejó el sistema de apertura y cierre de sus puertas.
La inspección tenía como objetivo confirmar si las aeronaves habían tenido alguna participación en los vuelos de la muerte. Según la información que difundió la fiscalía, los tres aviones revisados fueron un Lockheed Electra L-188PF (modelo bautizado “Ushuaia”), un Douglas C-47 Skytrain y un Albatros UH-16B. También se inspeccionó un helicóptero Alouette III, que se encontraba en un hangar llamado Campo Sarmiento y forma parte del Museo de la Aviación Nacional. La revisión ocular estuvo a cargo de peritos de la Policía Federal.

El resultado de la inspección confirmó que uno de los tres aviones examinados –el Lockheed Electra– reunía las condiciones para desprenderse de carga en vuelo. Fabricados en los Estados Unidos a partir de 1957, los Electra tienen una puerta trasera que se rebate hacia arriba y permite deslizar la carga mientras el avión está en el aire. En 1973, la Armada compró tres unidades reacondicionadas de ese avión. Pasaron a integrar la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil y se establecieron en Ezeiza.
Según relatara Adolfo Scilingo en su confesión ante el periodista Horacio Verbitsky, los Electra fueron utilizados para arrojar prisioneros al vacío. El propio Scilingo contó que, en el segundo vuelo en el que le tocó participar, el avión era un Electra: de acuerdo a su testimonio, en ese vuelo se arrojaron 16 detenidos al mar. Como el Electra es una aeronave bastante grande, los marinos aprovechaban el espacio para invitar a otros oficiales de la Armada a presenciar el lanzamiento de personas vivas al mar. Era una forma de comprometerlos, un pacto no escrito.

El avión Lockheed Electra L-188PF que se encontraba en la base exhibía una faja de seguridad fechada en el año 2002. Allegados al juez contaron a la agencia Télam que sobre ese mismo avión pesaba una orden de secuestro del juez federal Sergio Torres, quien tiene a su cargo la mega causa ESMA. Ayer, tras la recorrida por las instalaciones de la Armada, el fiscal Córdoba confirmó que esa aeronave cumplía con todas las características de las unidades que fueron utilizadas en los vuelos de la muerte. El fiscal incluso mencionó “la aptitud que tiene (el Electra) para desprenderse de la carga en vuelo”. La recorrida por la Base Espora y por el Museo de la Aviación Nacional dejó varias sorpresas a los visitantes. La primera, comentada por el fiscal, fue que el Electra en exhibición “no estaba identificado como un avión operativo en la eliminación de personas”, a pesar de estar expuesto “en un museo público”.

A 35 años de la muerte de Rodolfo Walsh

El día en que cerraron la trampa
El juicio de la ESMA estableció los hechos: el escritor y militante era centro de una vasta operación, el 25 de marzo de 1977 acudió a una cita “entregada” bajo tortura, lo esperaban entre 25 y 30 hombres, murió baleado en la calle.

 Por Alejandra Dandan
La muerte de Rodolfo Walsh tiene una verdad jurídica: en diciembre, la Justicia dijo que lo asesinaron el 25 de marzo de 1977, hoy hace 35 años. “Ha quedado legalmente demostrado”, dice el fallo del juicio a la ESMA, que el 25 de marzo de 1977, entre las 13.30 y las 16.00, cuando él intentó sacar su pistola, “un grupo de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, integrado por entre 25 y 30 personas, comenzó a dispararle hasta que la víctima se desplomó en la avenida San Juan entre Combate de los Pozos y Entre Ríos”. Pese a las versiones previas y distintas, dice que la muerte se produjo inmediatamente, que lo cargaron ya muerto en un auto para trasladarlo a la ESMA “sin poderse precisar, al día de la fecha, el destino dado a sus restos”.

En el juicio, Walsh apareció en sus dimensiones múltiples: como militante, oficial primero en la organización Montoneros; como periodista a cargo de la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla); como escritor, esposo, padre, abuelo. Como amante de los pájaros en las charlas ocasionales con los vecinos de San Vicente. Los relatos y documentos demostraron la prueba que estaba pendiente desde el Juicio a las Juntas de Comandantes, cuando se excluyó el caso de Walsh porque “la falta de prueba precisa sobre el hecho, sea de la captura o de su cautiverio, impiden tenerlo por probado”.

Pese a los avances, sin embargo, la escena final de la muerte no termina de armarse. El Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a seis de los integrantes del operativo, que serían 25 o 30 y de los que falta identificar a la mayoría. Condenó a Jorge “El Tigre” Acosta y a Alfredo Astiz, a Juan Carlos Fotea alias “Lobo”, que se ocupó de uno de los autos, y al autor de parte de los disparos, Ernesto “220” Weber, entre otros. Recogió voces de sobrevivientes y de un testigo directo. Pero los jueces y los fiscales aceptan que si tuviesen que pasar los datos para armar una película no podrían hacerlo. Hay otras seis personas identificadas: tres quedaron absueltas en un fallo apelado por las querellas, uno está muerto y dos prófugos.

La imposibilidad de reconstruir plenamente ese momento parece a esta altura casi un hecho maldito. “Lo ‘maldito’ es el pacto de silencio de los represores”, dice Lilia Ferreyra, su viuda y compañera. “Y es que es en ese sentido que Rodolfo es realmente un desaparecido. Cuando él investigó la Operación Masacre tenía un testigo directo y habían pasado tres meses desde los fusilamientos. En ¿Quién mató a Rosendo? yo lo ayudé en la investigación y él estuvo apenas ocurrió. Pudo hacerse la reconstrucción, estaban el bar, los testigos. Pero acá, esto es lo que en realidad sucede con una cantidad enorme de desaparecidos de los que no hay un solo dato, no se sabe por dónde pasaron, ni exactamente qué día se los llevaron. Muchos estaban en condiciones de clandestinidad y el vínculo con sus familias era esporádico. Yo misma supe qué pasó con Rodolfo muchos meses después, incluso hasta junio de 1977 pensé que seguía vivo. A mí me parece que lo importante ahora es la sentencia: hasta acá había muchas voces de lo que le había pasado. Testigos que habían visto esto o aquello, ahora hay una verdad en el plano de la verdad judicial: el valor es que prueba que el Grupo de Tareas intervino en la muerte de Rodolfo y en el robo de los escritos inéditos, de todo lo que teníamos. Me parece que en este tipo de juicios, a 35 años, con una desaparición y un secuestro, la validez está en la condena de la Justicia que probó el modus operandi y escuchó los testimonios irrefutables de testigos y sobrevivientes.”
La Operación Walsh

“Ha quedado legalmente acreditado que el 25 de marzo de 1977, a las 12.00, Rodolfo Jorge Walsh, quien se sabía buscado por las Fuerzas Armadas –y a raíz de ello utilizaba el nombre ‘Norberto Pedro Freyre’– partió junto a su mujer, Lilia Beatriz Ferreyra, de su domicilio, sito en Triunvirato e Ituzaingó, de la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires.” Así arranca uno de los párrafos relevantes de la sentencia. Walsh y Ferreyra se dirigían a la estación del Roca para abordar el tren a Constitución cuando Walsh encontró por casualidad a Victoriano Matute, que le entregó una copia del boleto de compraventa correspondiente a su domicilio, el que guardó, junto con las copias de la “Carta Abierta a la Junta Militar”, que había terminado de escribir el día anterior, en el portafolio que llevaba consigo.

En Constitución, Walsh confirmó telefónicamente una cita con José María Salgado, “Pepe”, que se iba a llevar a cabo entre las 13.30 y las 16.00 en San Juan y Entre Ríos. Tenía por objeto, al igual que otras dos previstas para ese día, difundir la carta que había escrito por el primer año de la dictadura militar. Además de Salgado, se vería con René Haidar, sobreviviente de Trelew, y con otra persona. Cuando caminaba por la vereda de San Juan, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos, vestido con una guayabera beige de tres bolsillos, pantalón marrón, un sombrero de paja, zapatos marrones y anteojos, y portando consigo un portafolio y una pistola marca Walther PPK 22, fue abordado por un grupo operativo perteneciente a la UT 3.3.2. La UT estaba compuesta por entre 25 y 30 hombres que se desplazaban en más de seis vehículos: entre ellos un Peugeot 504, un Ford Falcon, una Ford F 100, una Renoleta y una camioneta a la que denominaban Swat.

“Walsh introdujo una de sus manos dentro de una bolsa y ante la sospecha de que opusiera resistencia, uno de los intervinientes dio aviso de una emergencia y al grito de ‘Pepa, pepa’ –término usado para denominar a las granadas– una gran cantidad de oficiales comenzó a dispararle hasta que la víctima se desplomó. Walsh sufrió varios impactos de bala en el tórax que le provocaron la muerte. Con posterioridad, fue introducido en uno de los rodados y conducido a la ESMA, donde arribó sin vida. Una vez allí, fue descendido raudamente por la escalera que unía el hall de la planta baja con el ‘Sótano’ del edificio, sin poderse precisar, al día de la fecha, el destino dado a sus restos.”
La reconstrucción

“La información relativa a la cita fue obtenida por medio del interrogatorio mediante torturas practicadas a José María Salgado, en algún momento posterior a su secuestro del 12 de marzo de 1977 –dice la sentencia–, con la suficiente antelación para diseñar y planificar minuciosamente el operativo.” El propósito era “capturar a Walsh con vida y tal circunstancia se debía a la condición de oficial primero que ocupaba en la organización Montoneros y toda vez que estaba a cargo de la Agencia Clandestina de Noticias (Ancla), y así someterlo a crueles sufrimientos destinados a obtener información. Precisamente por ello, era intensamente buscado desde hacía tiempo”. Para lograrlo, organizaron un operativo de “gran envergadura”, dato que se desprende del “importante despliegue” y de la inclusión de “un francotirador” (aún no identificado). Pese a eso, hay un señalamiento importante: para los jueces quedó probado que “más allá de la idea inicial, el plan criminal incluyó que, ante el menor atisbo de (resistencia) (...) el proceso concluiría con su muerte”. Los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli llegan a esa conclusión al indicar que si no hubiesen querido matarlo, el francotirador que era un experto podría haber disparado a órganos que no comprometieran la vida.

Lo “desapoderaron” de los objetos que llevaba: el portafolios, la pistola, un reloj Omega, la cédula de identidad a nombre de Norberto Pedro Freyre, que había usado en la investigación de los fusilamientos de José León Suárez, el boleto de compraventa y las copias de la Carta Abierta.

Un día después, un grupo de unas 50 personas se constituyeron en el domicilio de Victoriano Matute para que los condujera a la casa de Walsh. Llegaron a San Vicente “entre las 3.30 y las 4.00” de la mañana y luego de disparar en forma continua contra la finca, entraron y sustrajeron una importante cantidad de objetos. Entre ellos, cuentos, cartas y piezas literarias como “Juan se iba por el río”, un cuento inédito, “Carta al Coronel Roualdes”, textos de su diario con recopilación de notas periodísticas, una agenda, la libreta de enrolamiento, fotos familiares y la carta que escribió a sus amigos por el fusilamiento de su hija María Victoria. Los bienes fueron llevados a la ESMA y fueron vistos por diversos secuestrados.
Los testigos

La sentencia retoma fragmentos de varios testigos clave: Lilia Ferreyra, Patricia Walsh, Miguel Angel Lauletta y Martín Gras.

Ferreyra contó que esa mañana abordaron el tren que salió a las 12.00 de San Vicente a Constitución porque su Fiat 600 no había arrancado. En Constitución, Walsh habló por teléfono para confirmar la primera cita de San Juan y Entre Ríos. Y ella se acordaba que días antes lo había llevado muy cerca de ahí, a la esquina de Humberto 1º y Entre Ríos, donde Walsh arrojó (en las raíces de un árbol) un atado de cigarrillos a modo de contraseña. Lo vio por última vez cuando Walsh cruzó la calle Brasil: “El sabía de las torturas sin límites y que, por tanto, no quería ser capturado con vida”, dijo.

Walsh no llegó a las cinco de la tarde a un departamento de Malabia y Juan María Gutiérrez como habían acordado. Ferreyra no se preocupó porque lo habían previsto y al día siguiente volvió a San Vicente con Patricia Walsh, su marido Jorge Pinedo y los dos hijos porque habían organizado un asado. Cuando llegaron, no vio el Fiat ni el humo del asado. Las paredes de la casa tenían disparos, faltaban puertas y ventanas. Patricia Walsh dijo que cuando Ferreyra volvió al auto estaba “muy alterada, gritando que la casa estaba destruida y que había un gran desorden. En el exterior había diversos objetos tirados”. Se fueron rápidamente.

En los días siguientes, Lilia presentó un hábeas corpus. Patricia fue a ver a su tío el capitán de navío retirado Carlos Washington Walsh y a su mujer Elba Ostengo de Walsh. Les pidió que presenten un hábeas corpus, pero se negaron porque decían que no eran de utilidad. También visitó al hijo de un dirigente sindical que había estado en la ESMA y a la hermana de su padre, la religiosa Catalina Walsh, que hizo diversas gestiones. Patricia presentó un hábeas corpus en junio.
El operativo

La sentencia se valió también del testimonios de Miguel Angel Lauletta, entonces detenido-desaparecido y testigo directo porque lo llevaron al operativo en auto, como a Salgado. “Lauletta refirió que lo llevaron en un vehículo junto a un compañero de nombre Oscar Paz, por la avenida San Juan, desde Entre Ríos hacia el oeste”, en un operativo en el que intervinieron “entre 25 y 30 integrantes del grupo de tareas, que se conducían en más de 6 vehículos”. Mientras circulaban por San Juan, Lauletta escuchó por la radio del auto “emergencia, emergencia”. El conductor dio una vuelta en U por la avenida San Juan, que por entonces era doble mano. Al cruzar Combate de los Pozos, media cuadra antes de Entre Ríos, vio parado en medio de la calle a “Cobra”, Enrique Yon, y vio que tiraba con un “arma de puño”, como haciendo puntería, a un cuerpo en la vereda de enfrente. Al mismo tiempo gritaban “¡Pepa, pepa!”, que era como llamaban a las granadas. Lauletta miró para otro lado y vio que venía un Ford Falcon: “Manejaba Tiburón, un policía federal que estaba en la ESMA. Al lado iba Roberto González y atrás, ‘Lobo’ y ‘Angosto’: Fotea era Lobo y el Angosto no recuerdo”.

De ese y otros datos surge que Lauletta vio disparar a Yon, que dirigía el operativo. Walsh ya estaba tirado en el piso. Cuando al día siguiente se encontró adentro de la ESMA con 220 Weber, conoció qué había pasado del otro lado: “Entró 220 y me dijo ‘yo iba por atrás, para tratar de agarrarlo, y un boludo grita desde un coche: ¡alto policía! y Walsh en ese momento mete la mano en una bolsa de plástico que tenía, entonces le tuve que tirar’”. Otros “boludos”, siguió Weber, tiraron en paralelo a la pared, en vez de tirar perpendicular, y al parecer hirieron a una persona que pasaba. “Lo que yo vi –resumió Lauletta– es a Yon tirando, un Peugeot 504 de la vereda de enfrente yendo para el oeste con las puertas abiertas, que lo tengo como un coche dentro del operativo de la ESMA, y el Falcon verde.”

Los del Falcon eran: Tiburón, aún no identificado; Roberto Oscar “Federico” González, alias Fede o Gonzalito, según los datos del CELS subcomisario de la Policía Federal, integrante del GT332, principal de operaciones y prófugo desde 2006; Juan Carlos Fotea, “Lobo”, sargento de la policía, condenado en el juicio; Pedro Osvaldo Salvia, “Angosto”, prófugo desde 2005. Yon estuvo después en el Centro Piloto de París y ya está muerto. El fallo señala que Ernesto Frimón Weber intervino en el operativo y que fue uno de los que disparó. Ubica también ahí a Fotea, Ricardo Cavallo y Astiz. La sentencia absolvió a Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velazco y Julio César Coronel. Las querellas acaban de apelar.

ESMA

En qué mente febril cabe la idea de que el juicio al padre Grassi deba llevarse a cabo en la Fundacion Felices los Niños ?
La masacre de Cromagnon, debe desarrollarse en el boliche del Once ?
La "tragedia" de LAPA, debería juzgarse en la estacion de servicio donde se estrelló el avión?
Cuando "el accidente" del Sarmiento en plaza Miserere llegue a juicio, se hará sobre el tren donde murieron las 51 personas ?
El proceso judicial tendiente a esclarecer y condenar a los autores del atentado a la Amia, tendría que hacerse en la nueva sede de la mutual ?

Se podría asi, por el ridículo, seguir enumerando infinidad de calamidades ocurridas en lugares específicos y emblemáticos donde solo las víctimas tienen la real dimensión del dolor que provoca la sola mención de los mismos.
Plaza de Mayo, José Leon Suarez, Trelew, Margarita Belen, Las Palomitas, Famailla, Puente Pueyrredon, Campo de Mayo, La Perla, El Atlético, El Vesubio, La Esma, y tantos otros no solo rememoran lugares de tragedia sino que además conllevan un fuerte contenido político que los eleva por sobre otros dramas.

La pretensión de banalizar la Esma es de larga data. Hemos podido ver actuaciones de murgas, payasos, películas, obras de teatro, presentaciones de libros, pintada de paredes con flores, soles y banderitas de colores y la absolutamente condenable iniciativa de querer desarrollar un movimiento político partidario oficial.
El último intento, antes de pretender hacer el juiccio Esma III en el cine del predio, fué el de instalar el museo de las Malvinas en los terrenos que ocupan los dormitorios de los suboficiales.

Pues bien, se puede apreciar que ademas de repudio, las iniciativas están desatando resistencias.
Es hora de que el debate comience a girar en torno a la expulsión de toda expresión ajena a lo que la Esma debe realmente ser: un espacio para la memoria.
 Los canales de televisión, los payasos, las murgas, las Malvinas y todos los proyectos pseudo-progresistas que con sus nefastas iniciativas desvirtuan y mancillan la lucha de todo un pueblo contra la impunidad pueden ir a desarrollar sus actividades en otros lugares mas aptos, la Republica Argentina es grande y terrenos sobran.

Eso si, intentar que los juicios contra los genocidas se hagan en la Esma, mas que un insulto es un agravio inútil que enfrentará la mas sólida resistencia que podamos oponer todos aquellos que entendamos que la Memoria, la Verdad y la Justicia son banderas que no se negocian.

Carlos Lordkipanidse

(AEDD, sobreviviente ESMA)

Pedido de captura internacional a Mario Alfredo "Churrasco" Sandoval por delitos de lesa humanidad

De la ESMA a la Corte de Nicolas Sarkozy

El ex oficial de Coordinación Federal que se radicó en París y consiguió conchabo como asesor en el área de defensa y seguridad del gobierno francés es buscado por Interpol. El juez Torres pidió su detención en el marco de la causa ESMA.

 Por Nora Veiras

Mario Alfredo Sandoval, ex oficial de Coordinación Federal durante la dictadura, supo reciclarse con proyección internacional. Insertado como asesor en temas de seguridad y defensa en el gobierno de Nicolás Sarkozy, debía estar convencido de que su pasado en la Argentina ya no lo perseguiría. No fue así: el juez federal Sergio Torres le acaba de pedir a Interpol la captura internacional de Sandoval, acusado de “tormentos, privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos con resultado de muerte”, con el fin de solicitar su extradición. Pablo Yadarola, secretario de Torres, le dijo a Página/12 que en testimonios de sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada se reiteraba el alias de “Churrasco” y en base a la investigación se concluyó que el sobrenombre corresponde al ex oficial de la Policía Federal.

En marzo de 2008, Página/12 publicó que Churrasco Sandoval se había radicado en París y se presentaba como miembro del Consejo de Defensa de Sarkozy. Su currículum estelar con cursos en La Sorbona impedía conocer pergaminos menos ilustres. En los ’70, como egresado de la Escuela de Policía Ramón Falcón, actuó en Coordinación Federal de la mano de represores de la talla de Evaristo Basteiro, jefe del centro clandestino que funcionaba en esa dependencia. También supo brindarle “servicios” a la Marina.

La cooperación entre la Federal y la Armada es la causa del pedido de detención internacional, fechado el 6 de marzo, que ingresó a la sede de Interpol Argentina. “En cuanto a los hechos que se le reprochan al nombrado –dice el escrito– se trata de su participación y la responsabilidad que podría corresponderle en relación con la actuación entre los años ’76 y ’83 de la unidad de tareas 3.3.2 de la Armada, con base operativa en la ESMA, resultando que los integrantes de dicho grupo pertenecían a la Policía Federal Argentina y Servicio Penitenciario Federal.” El requerimiento del juez precisa que en enero de 2006 en su “legajo personal de la Policía Federal Argentina habría consignado como último domicilio de residencia la República Francesa, en París”. El juez señala que los delitos que se le imputan son de lesa humanidad y se consideran imprescriptibles, con penas de prisión o reclusión de 8 a 25 años.

En el ’77, Sandoval tenía como domicilio de destino Moreno 1417, séptimo piso, es decir Coordinación Federal. Con el número de legajo 1076 /1163 de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) aparece mencionado el secuestro de un estudiante de Arquitectura en el barrio de Belgrano. La familia Abriata declaró que el oficial a cargo del operativo se presentó como “Sandoval, de Coordinación Federal”. En el ’76, Sandoval había sido destinado con el grado de subinspector a la Comisión de Asuntos Políticos. El jefe era el comisario inspector Evaristo Besteiro, quien quedó impune por la aplicación de la Ley de Punto Final. Ya en democracia, Sandoval tuvo otras causas menores con la Justicia por defraudación y violación de correspondencia. A fines de los ’80 egresó de la Licenciatura en Seguridad de la Universidad de la Policía Federal. Después se supo poco de él, hasta que en el 2002 reapareció en la Escuela Superior de Guerra. Con la “chapa” de delegado de la Unión Europea para conversaciones de paz en Colombia consiguió autorización para llevar a dos colombianos a dar un curso a militares argentinos. En medio de la exposición, uno de ellos se presentó como “comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia”, un hombre de Carlos Castaño, el jefe de las AUC. Los oficiales dieron por terminado el encuentro y al responsable de haberlo permitido casi le cuesta la carrera porque Sandoval no le había advertido quiénes serían los expositores. Por esos años, había comenzado una campaña sucia para vincular a los grupos piqueteros con las FARC.

Una página web reprodujo en París el artículo publicado por este diario y Sandoval les inició juicio a sus responsables. Ahora, Interpol lo está buscando.

El "nene" torturando y asesinando, y su madre "regalando" niños

Un expediente involucra a la madres de Alfredo Astiz en una posible supresión de identidad.

 Una madre que no puede salir del país

María Elena Vázquez de Astiz es investigada porque en 1977 entregó un bebé a un albañil que trabajaba en su casa de Mar del Plata. Dijo que era hijo de su empleada doméstica. Los cruces con el BNDG no dieron resultados positivos.

 Por Alejandra Dandan

La madre de Alfredo Astiz podría quedar detenida. María Elena Vázquez de Astiz es investigada por el supuesto delito de sustitución y supresión de la identidad de un niño que, en 1977, entregó a un albañil que trabajaba en su casa de Mar del Plata. Al resolver un incidente de la causa, los camaristas federales de la ciudad Jorge Ferro, Alejandro Tazza y Alejandro Castellanos le prohibieron a la mujer la salida del país y a pedido del fiscal Daniel Adler revocaron un pedido de eximición de prisión. En la causa ya se hicieron los cruces con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand y dieron negativos.

En Mar del Plata el caso es conocido porque es conocida la permanencia de los padres de Astiz entre los residentes temporarios de la ciudad. En 1977, según el expediente, Bernardo Astiz y su mujer ofrecieron un niño recién nacido a un
maestro mayor de obras que trabajaba en su casa. El hombre que contó lo que sucedió en su declaración explicó que la mujer le preguntó si tenía hijos. El dijo que no, que su mujer no podía quedar embarazada y que estaban haciendo un tratamiento.

En ese momento, la madre del marino le explicó al obrero que su empleada doméstica había quedado embarazada en una relación extramatrimonial, que no podía tener a la criatura y se lo ofreció. También les dio el nombre y la dirección de una partera. El albañil y su mujer fueron a buscar al niño; recibieron un certificado en el que estaba inscripto como hijo de ellos y luego volvieron a recibir una llamada de la madre de Astiz para comprobar que todo hubiese salido bien.

En su declaración, aquel albañil, de condición muy humilde y con voluntad de declarar, contó todavía más: explicó que María Elena Vázquez les preguntó en ese mismo momento si iban a bautizarlo; ellos le dijeron que lo harían al cabo de un mes y al cabo de un mes volvieron a recibir el llamado de la dama que asistió a la ceremonia de bautismo.

Abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata intervino en la causa en un primer momento, a partir de una denuncia que recibieron en la institución. Las abogadas Estela Murgier y Yamila Zabala Rodríguez siguieron el expediente llamado “Causa Roldán”, iniciado por la tía de Delia Garaguzzo, detenida desaparecida que permaneció embarazada en la Base Naval. El único dato que conectaba las dos situaciones era la fecha del posible parto, en un contexto en el que muchas de las embarazadas de la base eran trasladadas a la Escuela Mecánica de la Armada para los nacimientos. Cuando la causa avanzó, se hicieron los cruces con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que descartó las filiaciones con las familias que dejaron su sangre.

Abuelas se apartó del expediente, pero la investigación continuó en manos del fiscal Claudio Kishimoto y del juez subrogante Rodolfo Pradas.

Kishimoto pidió el procesamiento de la madre de Astiz y la prisión. Pero Pradas se opuso, aceptó un pedido de eximición de la defensa y le dictó falta de mérito. En ese contexto intervino el fiscal federal ante la Cámara, Daniel Adler, para reforzar la posición de Kishimoto y dar elementos que explican uno de los temas de fondo que se debate en esta causa: “La supresión del estado civil es un delito permanente que no prescribe”, dijo el fiscal en la audiencia ante la Cámara. “Y no prescribe mientras permanece la incertidumbre de no saber quién es la persona. En este caso, no importa que sea de lesa
humanidad o no porque lo que se dice es que esa figura delictiva es la que no prescribe”.

Dicho esto, la intervención de la madre de Astiz también deja abierta las sospechas a que pueda tratarse de una causa cometida en el marco del terrorismo de Estado y, por lo tanto, imprescriptible de por sí. “No se puede desvincular esto en atención a la relación que unía a la imputada con Astiz. Para la Justicia no es indiferente esa cuestión, sobre todo teniendo en cuenta la pluralidad de elementos que están surgiendo en la causa de plan sistemático: al momento de los hechos, Alfredo Astiz revistaba en la ESMA y no podemos suprimir la posibilidad de que el Estado investigue este hecho en
el que hay fuertes indicios de que pueda tratarse de un caso de lesa humanidad.”

Ahora, la causa volverá a la primera instancia y será el juez Santiago Inchausti quien la tenga en manos porque asumió como titular. También quedó a cargo del fiscal Pablo Larriera. En la causa de Plan Sistemático, Astiz no aparece directamente como “entregador” de niños robados. Hay, en cambio, otros elementos que pueden alimentar las sospechas: la relación casi orgánica de la Base Naval con la ESMA para el traslado de embarazadas y, como antecedente, un caso algo similar. Si bien es cierto que en la mayor parte de los casos quienes entregaron a los niños fueron militares u hombres de las fuerzas de seguridad asociados a los centros clandestinos o que intervinieron en los secuestros, hubo un caso en el que quien entregó al niño fue la mujer de Samuel Miara. O un caso en el que en Campo de Mayo un represor le dio un niño (Horacio Pietragala) a su empleada doméstica.

Hasta ahora, lo que dijo la madre de Astiz en su defensa no convenció a los fiscales. Acompañada por su hija, aquella que solía estar presente en los juicios orales de la ESMA, al comienzo negó toda relación con el albañil. Luego dijo que no se acordaba de nada y más tarde cambió la declaración. Dijo que el niño no era de la mucama, sino de la empleada de unos
conocidos. Argumentó que los conocidos no estaban ubicables porque estaban en el Sur y después en alguna otra provincia.