lunes, 18 de junio de 2012

Homenaje a Rodolfo Walsh en el subte porteño

Se realizó un homenaje a Rodolfo Walsh, en el que estuvieron presentes su hija Patricia Walsh y su amigo Osvaldo Bayer, en la estación “Entre Ríos” de la Línea E del subterráneo rebautizando por segunda vez dicha parada con su nombre. El 25 de marzo de 1977, un día después de haber escrito la famosa “Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar”, Rodolfo Walsh fue desaparecido tras un tiroteo en la esquina de las avenidas San Juan y Entre Ríos, donde está dicha estación. Por ANRed
    Por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)

La conducción de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) rebautizó por segunda vez, este viernes 15 de junio, la estación Entre Ríos de la Línea E. El lugar escogido rememora el trágico final del periodista. Además de intervenciones artísticas, el encuentro contó con la presencia de Lidia Ferreyra, su compañera de lucha; Patricia Walsh, su hija; y Osvaldo Bayer.

La voz de Mercedes Sosa entonando “La cigarra” llegaba desde un amplificador y se metía en cada rincón de la estación "Entre Ríos". Eran esas paredes que vieron como un operativo militar pretendía acallar la voz de Rodolfo Walsh las mismas que, por ironía del destino, 35 años después eran rebautizadas por los trabajadores, como Estación Compañero Rodolfo Walsh.

Al grito de "¡Rodolfo Walsh: presente! ¡Ahora y siempre!", Lidia Ferreyra tomó la palabra para transmitir su alegría para con la nueva disposición ya que “es una expresión más del crédito de la memoria”. Acto seguido, el reconocido escritor y periodista, Osvaldo Bayer, se acercó al micrófono para comunicar su entusiasmo con el rebautizo de la estación Entre Ríos. Además, compartió anécdotas vividas con Rodolfo Walsh, como por ejemplo, el diálogo que mantuvieron la última vez que se vieron, acerca del cual detalló que fue “en plena dictadura, se sorprendió y me dijo qué haces acá y yo le dije mira quien habla. Me dijo pero vos escribiste lo de la Patagonia, y yo respondí pero vos diez veces peor todavía: te metiste con la actualidad” y agregó tristemente “yo no sabía que iba a ser el último encuentro”. Luego, Bayer se refirió a su amigo “era más argentino que todos. Cómo amaba esas enormes llanuras allá en Río Negro”; y fue entonces cuando invitó a los trabajadores y al pueblo en su conjunto a luchar por recuperar su casa natal de Choele Choel. Cerró su discurso: “que gran acto es este, esto lo dice todo. Es vivir por la ética. Es vivir por una comunidad llena y plena de justicia, sin niños con hambre, con gente rebozante de trabajo, para que podamos gozar de este paisaje argentino”.

Un trabajador de AGTSyP leyó una carta que Rodolfo Walsh escribió cuando su colega Paco Urondo falleció. El gremialista reflexionó acerca del contenido y remarcó, citando al periodista, que “el problema para un tipo como vos en un tiempo como este, es que cuando más hondo se mira y más callado se escucha, más se empieza a percibir el sufrimiento de la gente, la miseria, la injusticia, la crueldad de los verdugos. Entonces ya no basta con mirar, ya no basta con escuchar, ya no alcanza con escribir”.

A continuación, Patricia Walsh tomó la palabra para realizar una pequeña reseña de la vida política de su padre y aseguró que si él se encontrase allí agradecería que lo sean los mismos trabajadores quienes lo recuerdan. Además, resaltó que el Tercer Juicio por la ESMA se aproxima, el cual exige una responsabilidad popular de difusión. Remató esta idea con palabras del propio periodista: “los invito a empuñar este juicio que va a ser el más importante de la historia reciente de la lucha por los derechos humanos en nuestro país (…) a que difundan esta información, porque así van a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad”.

Finalmente, el Secretario General de AGTSyP, "Beto" Pianelli, agradeció la participación de las diversas agrupaciones políticas y sindicales en este acto que pretendió “recuperar las imágenes, recuperar los mitos de la ciudades, los nombres de nuestros verdaderos héroes”. En conclusión, el gremialista declaró en diálogo con ANRed su conformidad con el apoyo que actualmente brinda el gobierno nacional por medio del Bloque Nuevo Encuentro y de su diputada -Gabriela Cerruti-, quien presentó el proyecto 1272-D-2011 en la Legislatura Porteña. Al respecto, aseguró que observa diferencias positivas con respecto al intento de rebautizo efectuado el año anterior, ya que actualmente cuentan con autorización de Metrovías para intervenir la estación con carteles alusivos al autor; hecho que, según Pianelli, aumenta las esperanzas de legalizar el renombramiento en el curso del año 2012.

lunes, 11 de junio de 2012

La justicia brasileña inició el proceso para extraditar represor

Un paso más hacia la extradición

El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó con las gestiones para posiblemente extraditar a Claudio Vallejos, quien admitió haber intervenido en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido.

 Por Darío Pignotti

Desde Brasilia

Uno de los capítulos menos investigados del Plan Cóndor, el que vinculó a las dictaduras de Brasil y Argentina, entre otras del Cono sur, comienza a salir de las sombras. El Supremo Tribunal Federal brasileño inició las gestiones para la posible extradición del represor argentino Claudio Vallejos, ex ESMA, quien declaró haber participado en el secuestro del pianista brasileño Francisco Tenorio Cerqueira Junior, desaparecido desde 1976, cuando realizaba una serie de presentaciones en Buenos Aires junto a Vinicius de Moraes.

Está probado con harta documentación –que incluye cartas del sindicato de músicos al dictador Ernesto Geisel (1974-1979)– que la Cancillería brasileña y la Embajada en Buenos Aires tomaron conocimiento prácticamente de inmediato del secuestro de Cerqueira Junior el 18 de marzo del ’76, y hay indicios firmes sobre la participación de agentes brasileños en los interrogatorios y torturas. Lo que hace de la desaparición de “Tenorinho” un caso emblemático del Cóndor orquestado por brasileños y argentinos.

Después de años de indiferencia judicial, el juez Gilmar Méndes, del Supremo Tribunal Federal, dio un paso firme hacia la extradición del presunto secuestrador Vallejos al ordenar la semana pasada que éste quede bajo jurisdicción de la Policía Federal, por su carácter de extraditable.

El proceso de deportación está caratulado en el Supremo como oficio 478/2012 y fue solicitado, tres meses atrás, por el fiscal federal argentino Miguel Angel Osorio, a cargo de la causa ESMA, quien en su fundamentación se refirió al Plan Cóndor y citó informaciones publicadas por Página/12.

Elisa Cerqueira era una niña de 8 años cuando su padre Francisco Tenorio, de 35, fue secuestrado. Desde entonces ha esperado en vano una respuesta de las autoridades brasileñas. “Si Vallejos es deportado allá (Argentina) va a ser juzgado y probablemente condenado, como sucedió con todos (los miembros de ESMA). Alfredo Astiz está preso y condenado. Yo creo que él tiene que ser deportado, porque acá no va a pasar nada, Brasil todavía no abrió los archivos, no reconoce su participación en este caso, amnistió a los torturadores, entonces creo que debe irse porque allá se hace justicia.” “Aquí Vallejos puede ser liberado en cualquier momento con cualquier excusa boba, por eso el gobierno argentino pidió que lo extraditen, allá va a responder por los grandes crímenes que cometió”, dijo Elisa Cerqueira al diario electrónico Carta Maior.

El Gordo Vallejos fue miembro de la Marina, actuó en la ESMA desde el comienzo de la dictadura y, según él mismo confesó, participó en el grupo de tareas que secuestró al pianista Francisco Tenorio Cerqueira Junior, que horas antes había participado de uno de los memorables recitales del poeta y ex diplomático Vinicius de Moraes junto al guitarrista Toquinho.

En la década del ’80, Vallejos desembarcó en Brasil donde repartía su tiempo entre estafas varias –por lo que fue preso más de una vez, la última en enero pasado– y vender entrevistas sobre su participación en el rapto del pianista Cerqueira Junior –un músico exquisito, poco volcado a la política—, y relatar los secuestros de varios militantes brasileños como Sidney Fix Marques dos Santos y Maria Regina Marcondes Pinto de Espinosa, quienes continúan desaparecidos desde 1976. Casos que posiblemente serán materia de indagaciones por parte del fiscal Osorio, si se lleva a cabo la deportación.

“Maté por lo menos a 30 personas y perdí la cuenta de aquellos que torturé, perdí la cuenta de aquellos que yo había torturado y acabaron muertos”, declaró hace tiempo Vallejos a la revista Fatos, acaso envalentonado por las inminentes leyes de Obediencia Debida y Punto Final. También soltó la lengua para la televisión francesa, donde se despachó sobre Alfredo Astiz, y realizó declaraciones en la extinta revista argentina La Semana, a la que dijo: “Yo participé con (Rubén) Chamorro en el secuestro de (el embajador) Hidalgo Solá”, otra de las víctimas de los grupos de tareas de la ESMA, por orden del almirante Emilio Massera.

La vocación histriónica del represor y su prontuario como estafador hacen que sus afirmaciones sean tomadas con reserva, “no sabemos si todo lo que dice es verdad, pero es muy importante que esté detenido y que sea deportado” para ser interrogado por la Justicia argentina, plantea Jair Krischke, titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, consultado por este diario.

Y luego avanza: “Esto también será importante” para la Comisión de la Verdad, creada el mes pasado por la presidenta Dilma Rousseff, porque es probable que se progrese en la reconstrucción de uno de los casos paradigmáticos del Plan Cóndor. Krischke dijo que no se puede prever cuándo habrá una definición sobre el caso, porque éste debe ser tratado por el plenario de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, pero estima que hay “elementos” para esperar un fallo favorable dado que ya fueron concedidas otras extradiciones de represores que actuaron en Argentina, como el coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini, en enero de 2010, y el teniente argentino Norberto Raúl Trozzo, el año pasado.

domingo, 20 de mayo de 2012

Víctima de la dictadura argentina declara en juicio al director de ABC de Paraguay

Víctor Basterra, víctima de la dictadura argentina, es uno de los testigos convocados a declarar en el juicio contra el director de nuestro diario Aldo Zuccolillo, por supuestos delitos contra el honor, promovido por el francés Jean Claude Critón. La audiencia, a cargo del juez Manuel Aguirre, se inicia el próximo 20 de junio.

Además de Zuccolillo, también ha sido querellado por Critón el comisario Gilberto Fleitas, subjefe del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.

Critón se sintió agraviado por la publicación de una información sobre su detención, registrada en diciembre de 2010.

El material periodístico señala que el periodista francés fue detenido en virtud de una orden judicial dictada en un caso de calumnia y que contaba, además, de antecedentes por estafa y crímenes de lesa humanidad en la Argentina, de acuerdo con datos proporcionados por fuentes policiales.

El 10 de mayo pasado, precisamente la TV Pública paraguaya dio un informe en el cual víctimas de la dictadura militar argentina señalan al periodista francés Jean Claude Critón como uno de los operadores de la temida Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

Específicamente, Víctor Basterra y la periodista Miriam Lewin recordaron que vieron en varias ocasiones a Critón pasearse por el predio de la Esma.

Basterra incluso dijo que sacó la fotografía de varios represores durante el tiempo que estuvo preso en la Esma y una de esas era de Jean Claude Critón.

A su vez, Lewin afirmó en la entrevista que Jean Claude Critón trabajaba para contrarrestar la campaña internacional contra la dictadura militar argentina, para intentar ocultar las atrocidades que ocurrían en los centros de retención.

En el juicio que se inicia el 20 de junio, tanto Basterra como Lewin tendrán oportunidad de dar a conocer sus testimonios al juez Aguirre.

En declaraciones a la prensa, el abogado de Critón, Pedro Cañete, explicó que si bien nuestro diario ya había publicado una carta de su cliente con su versión sobre el particular, este pretendía además una retractación y una reparación económica, pero no anticipó el monto.

Condenas por calumnia

A la par que acciona contra el director de ABC por supuestos hechos punibles contra el honor, Jean Claude Critón afrontó dos juicios por los mismos delitos, en los que fue condenado por calumnia.

Uno de estos juicios fue promovido por Jean Patrick Humbert y en el mismo Critón fue sentenciado a pagar una multa de G. 25 millones. En el otro, impulsado por María Teresa Agüero de Humbert, Critón fue condenado a pagar una multa de G. 3.150.000 y una composición de G. 40 millones.

martes, 8 de mayo de 2012

La Corte negó excarcelación al “Tigre” Acosta

La Justicia revocó el fallo que disponía la excarcelación del represor que operaba en la ESMA, condenado a prisión perpetua por el TOF n°5 en octubre del 2011.


El Tigre Acosta
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo que disponía la excarcelación por el paso prolongado del tiempo de Jorge “El Tigre” Acosta, uno de los más principales represores que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había considerado “inadecuada la prolongación de la prisión preventiva”, tanto de Acosta cuanto de sus consortes de causa Jorge Acosta y Luis Perea. La decisión fue adoptada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

Beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, Acosta fue detenido posteriormente y puesto en arresto preventivo por su participación en el robo de niños nacidos en cautiverio. En 2003, se reabrieron las causas en las que estaba imputado y, en 2006, fue enjuiciado junto a Alfredo Astiz y Adolfo Miguel Donda.

El 26 de octubre de 2011, en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la ESMA -uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más grandes montados durante la última dictadura militar-, Jorge "el Tigre" Acosta fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta por el Tribunal Oral Federal nº5 después de 22 meses de debate y testimonios de más de 250 testigos.

La ESMA es uno de los pocos campos de concentración con supervivientes que pasaron uno, dos y hasta cuatro años secuestrados.

domingo, 22 de abril de 2012

Espías: un marino, vinculado a los “vuelos de la muerte”

Es el capitán de navío Jorge Alberto Janiot. Aparece en una lista de pilotos sospechados. (*)

Por Rolando Tobarez

Enjuiciado por su presunta participación en las espías ilegales de la Base Almirante Zar de Trelew, el capitán de navío Jorge Alberto Janiot también figura en la lista de los 24 pilotos habilitados para volar aviones Electra L - 188 entre 1976 y 1983, durante los años de plomo. El dato es muy comprometedor para el marino retirado ya que la Justicia Federal sospecha que esos aparatos se usaron para los siniestros "vuelos de la muerte". Con este método la dictadura arrojó al mar a decenas de detenidos que previamente eran adormecidos con Pentotal.

La lista de pilotos la entregó el Estado Mayor de la Armada a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación. Se trató de un pedido de la revista "Veintitrés". En sus páginas y también en el diario Tiempo Argentino, el periodista Franco Mizrahi publicó una investigación acerca del tema. Los 24 pilotos pertenecían a la Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logística Móvil, que constaba de tres Electra Lockheed 188: el 5T1, matrícula 0691, el 5T2, matrícula 0692, y el 5T3, matrícula 0693, provenientes de Estados Unidos.

Esta escuadrilla se investiga como último eslabón del proceso de desaparición de personas y dependía de la Escuadra Naval Número 5, con base en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. De acuerdo a "Veintitrés", esta documentación se desclasificó junto con todos los archivos de la represión por el gobierno de Cristina Fernández.

Aunque su nombre en la lista no prueba su participación en los vuelos siniestros, la revista detalla que "Janiot fue parte de la escuadrilla de exploración durante la guerra de Malvinas y al día de hoy tiene por domicilio alternativo la Base Almirante Zar porque siguió vinculado a la Armada Argentina".

Otros dos marinos acusados de inteligencia ilegal figuran en listas vinculadas. Se trata del contraalmirante Luis De Vincenti y el capitán de navío Félix Médici. Ambos fueron pilotos de la Armada entre 1976 y 1979. Aparecen en otro grupo de 240 pilotos, incluyendo aviones de carga y de combate. Aunque es muy improbable que alguno haya participado de los "vuelos de la muerte", por su función de entonces pueden ser potenciales testigos de este macabro método de desaparición. Entre esos 240 aviadores aparecen todos los investigados por los vuelos, incluso Jorge Vildoza, prófugo que según el arrepentido Adolfo Scilingo fue el coordinador de este plan de desaparición.

Hasta hoy la justicia no indagó a ninguno de esos 24 pilotos y a muy pocos de la otra lista de 240. La pesquisa que investiga los vuelos es un legajo que se desprende de la causa ESMA, que lleva el juez federal Sergio Torres, en Comodoyo Py. Los fiscales que trabajan el tema son Eduardo Taiano y Miguel Osorio. Los fiscales ya tienen en sus manos "Veintitrés" para apurar la investigación y llamar a los pilotos, al menos como testigos.

La justicia tiene un problema para avanzar: no hay un crimen específico que imputarles a estos aviadores. Debería demostrarse que alguno piloteó un vuelo específico para asesinar a un número cierto de personas. Sin testigos, es muy difícil. Por ejemplo, no aparecen las planillas de vuelo de los Electra, un elemento central para determinar responsabilidades. Estas planillas sí aparecieron en el caso de aviones Skyvan, que se sospecha se usaron también en los vuelos de la muerte. Dependía de la Prefectura y se imputó a 3 pilotos.

También puede darse que alguno de los 24 pilotos haya entrado a la lista por pilotear un Electra en 1983 y no antes. Podría ser testigo pero quedaría excluido de haber participado. En el caso de Janiot y en el resto, la justicia dirá.

(*) Nota del editor: Todos los pilotos indagados, y que estuvieron realizando vuelos desde 1976, siguen en el Museo de la Armada argentina (¿?)

Ex piloto de los Electra, detenido por su actuación durante la dictadura

Volar bajo

El ex oficial Luis Conrado Lupori revistó en la Armada y llegó a ser socio de Antonio Mata en Aerolíneas Argentinas. Su vínculo con los vuelos de la muerte.

Socios. Conrado Lupori (der.) y Antonio Mata (izq.) compartieron la dirección de diversas empresas entre las que se destaca la española Marsans.

La cuenta regresiva comenzó. Al cierre de esta edición, uno de los fiscales que investiga los vuelos de la muerte, Eduardo Taiano, estaba confeccionando un dictamen –que, según fuentes judiciales, tenía previsto presentar el mismo miércoles 18 de abril– por el cual le pedirá al juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, que indague al ex piloto de los aviones Electra L-188 Luis Conrado Lupori. El motivo: la actuación de Conrado Lupori como aviador durante el terrorismo de Estado. Sin embargo, el pedido cuenta con una particularidad: estar a contrarreloj, para aprovechar la situación actual del ex marino, detenido desde el sábado 14 de abril.

La privación de la libertad de Conrado Lupori tiene vinculación con otra causa, en la que se investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, y que está radicada en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Salgado. La suerte de su detención depende de un análisis genético cuyo resultado se conocerá en pocos días. Ante este escenario, Arroyo Salgado le tomó declaración indagatoria el pasado lunes 16 de abril y, esgrimiendo su inocencia, Conrado Lupori pidió su excarcelación o, en su defecto, se le concediera el beneficio de arresto domiciliario. Acaso desconociendo su legajo, Rita Molina, fiscal de San Isidro, avaló aquella solicitud, aunque el miércoles 18 la jueza rechazó los pedidos y confirmó la permanencia en prisión del ex piloto. Por expreso pedido de los investigadores, Veintitrés no puede revelar otros datos de la pesquisa. Apenas, que su detención aceleró la confección del dictamen del fiscal Taiano.

Tal como reveló esta publicación el 21 marzo de este año, Conrado Lupori era uno de los veinticuatro pilotos habilitados a volar los tres aviones Electra L-188, en plena dictadura. Se trata de la flota que conformó la Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logística Móvil (EA51), con base en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y que está en la mira de la Justicia en la causa que investiga la desaparición forzada de personas a través de los “vuelos de la muerte”, la metodología criminal por la cual se arrojaba al río y al mar a los detenidos desaparecidos.

Según se desprende de su legajo, Conrado Lupori revistó en la EA51 entre el 28 de enero y el 19 de agosto de 1978, sitio que abandonó para trasladarse a la Agregaduría Militar argentina en los Estados Unidos. Su paso por aquella dependencia no se extendió demasiado en el tiempo: volvió a la escuadrilla a los pocos meses y permaneció allí hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando retornó la democracia.

Antes de llegar a la EA51, y en pleno auge de la dictadura militar, el ex piloto tuvo un destino particular: la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. De acuerdo a su legajo de servicios, entre 1975 y 1977 trabajó en el que fuera identificado como uno de los más siniestros centros clandestinos de detención, por donde pasaron alrededor de cinco mil detenidos desaparecidos. En este predio, ubicado en Avenida del Libertador y General Paz, a metros del Río de la Plata, Conrado Lupori era “jefe del 1º curso de aviación” y también jefe de contrainteligencia, cargo que ocupó durante cinco meses. Pero eso no fue todo: estuvo ocho meses en el mismo destino como jefe de la compañía Nº 11.

En las fojas destinadas a “concepto”, se observa la sintonía que este marino tenía con la Armada, entonces comandada por el fallecido Emilio Eduardo Massera. Allí califican el “gran valor en el servicio” de Conrado Lupori o destacan que “a pesar de no poseer la capacitación, desempeñó el cargo de contrainteligencia (…) de manera excepcional”. Quien firmó esta última evaluación, el 15 de diciembre de 1976, fue Rubén Chamorro, entonces director de la ESMA. Chamorro estaba acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado pero murió antes de que se le dictara condena.

En las mismas fojas figura un informe sobre el calificado donde se especifica: “En oportunidad de integrar el calificador la aprobación de un avión Electra que me fuera subordinado por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada para el cumplimiento de una operación de alto grado de reserva, demostró un excepcional entusiasmo, espíritu de cooperación y confianza hacia el suscripto. Esta operación, (fue) cumplida en el extranjero con éxito (…)”. Y se resalta el “gran factor contribuyente” del accionar del “capitán Lupori; quien transmitió su ejemplar proceder a la tripulación”. La nota es del 20 de abril de 1979 y quien felicita a su subordinado es Jorge Raúl Vildoza, entonces capitán de navío, y quien fuera señalado por el arrepentido Adolfo Scilingo como coordinador de los vuelos de la muerte. Vildoza hoy está prófugo de la Justicia por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Luego de abandonar la Armada, Conrado Lupori supo reconvertirse en un profesional, de carrera ascendente, en el circuito aerocomercial. Pero no como piloto, sino como empresario. Así llegó a ser director de Marsans, la empresa multinacional de capitales españoles que había comprado Aerolíneas Argentinas. Y fue socio de Antonio Mata, el dueño de aquella empresa, en diferentes firmas, como en Jet Paq S.A. Pero su rol más significativo fue haber alcanzado la dirección de Aerolíneas Argentinas y de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., en 2003.

En esa época también participó en Advent S.A. y en 2004 alcanzó la presidencia de SMR Servicio de Mantenimiento Aeronáutico. Licenciado en Sistemas –también cursó la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad del Salvador, con un aporte económico de la Marina–, Conrado Lupori acumula una serie de denuncias radicadas en la institución Abuelas de Plaza de Mayo, donde también se vincula al ex integrante del directorio de Aerolíneas con los vuelos de la muerte.

Entre las acusaciones, sobresale una en la que se asegura que el ex piloto tuvo problemas psicológicos por participar de estos vuelos siniestros. Según reveló una fuente de la Aeronáutica que conoció a Lupori, “una vez que abandonó la Armada, si bien estuvo vinculado al área aerocomercial como empresario, no volvió a ser piloto”. Un dato, al menos, curioso.

Frente a este material, Taiano barajaba acelerar los lentos tiempos judiciales. De prosperar su dictamen, el juez Torres tendrá la oportunidad de investigar en profundidad una de las metodologías menos conocidas de la última dictadura militar.

domingo, 15 de abril de 2012

El segundo megajuicio de la ESMA

El nuevo proceso oral abarcará a 61 acusados y 781 víctimas.

La audiencia preliminar inicial se hará en mayo y el juicio comenzará en agosto. La unificación de varias causas coincide con la postura de organismos de derechos humanos. Se analiza cómo organizar las audiencias y evitar los debates interminables.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 21 de mayo se hará la primera audiencia preliminar por el segundo tramo del juicio oral por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal Oral Federal Número 5 le puso fecha al comienzo de esa segunda instancia, prevista para el 9 de agosto. Será un juicio sin antecedentes y podría cambiar los parámetros de lo que hasta ahora se conoció como una “megacausa”: se juzgará a 61 imputados por delitos cometidos sobre 781 víctimas. El recuerdo más inmediato es el Juicio a las Juntas. Pese a la objeción de la fiscalía, que prefiere tramos de juicios más cortos, la decisión de unificar las causas coincide con las posturas de varios organismos de derechos humanos integrantes de las querellas. Las nuevas reglamentaciones de la Cámara de Casación Penal serán uno de los ejes de la sesión preliminar para pensar cómo acelerar la dinámica del juicio y evitar el fantasma de los debates eternos. Se fijarán días de audiencia y cómo se incorporarán los testimonios de las víctimas que declararon en otras ocasiones. El juicio se hará finalmente en el Auditorio de los Tribunales Federales de Comodoro Py.

De acuerdo con la resolución de la semana pasada, el juicio a los marinos va a unificar varias causas que hasta ahora estaban separadas. Se trata de los casos comprendidos en los períodos de 1976 a 1979 y de 1979 a 1981. A partir de ahí, un criterio propone avanzar según la jerarquía de los imputados y otro, recomendado por la querella del CELS, sugiere un orden cronológico y fragmentar los períodos en dos: 1976 a 1979 y 1979 a 1981, en función del cambio de jefaturas dentro del centro clandestino.

En el primer tramo, ingresarán la mayor parte de las víctimas. Entre ellas, los casos emblemáticos como las caídas de las llamadas “citas nacionales”, el caso Walsh, el de Norma Arrostito y en el segundo período está por ejemplo el grupo Villaflor. Pese a que algunos fueron tratados el año pasado, ingresan por otros imputados. Un ejemplo es María Cristina Lennie: el año pasado se condenó al vicealmirante Oscar Montes como autor mediato de su secuestro y homicidio, pero ahora se juzgará a quienes integraron la patota que fue a buscarla.

Entre los acusados volverán a sentarse los sobrevivientes de la línea de mando de la ESMA, los represores más simbólicos y otros nuevos acusados. Estarán Jorge “El Tigre” Acosta, el ex director de la ESMA Edgardo Otero. También Alfredo Astiz, por unos 700 casos, el mellizo Miguel Angel García Velazco, cuyo hermano fue juzgado el año pasado. Una de las características que lo distingue del Juicio a las Juntas es el rol de los imputados. En 1984 se juzgó la responsabilidad de los comandantes como autores mediatos, pero ahora se avanzará con la responsabilidad mediata o directa de 61 imputados que actuaron dentro del centro clandestino.

El Tribunal que integra Daniel Obligado incorporó a Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, que viene de la causa Vesubio, en reemplazo de Germán Castelli y Ricardo Farías. Ellos se reunirán en la audiencia preliminar con querellas y defensores. Evaluarán si las audiencias se harán en cinco o cuatro días de la semana, como pidieron el CELS y la organización Kaos, respectivamente, o se harán tres días, como quiere alguna de las defensas particulares.

Otra discusión será sobre la lectura de las 61 acusaciones: un derecho de los imputados, que deben saber de qué se los acusa, pero a la vez un hecho que en el juicio anterior llevó meses de lectura. Las nuevas reglas de Casación habilitan la opción de leer una síntesis y entregar una copia de la acusación completa a cada uno. Sobre los testigos, se analiza que aquellos que ya declararon en otras causas o en otras etapas no deban volver a hacerlo. El Tribunal puede incorporar las declaraciones y habilitar una instancia eventual de preguntas de la defensa. Con esas características los jueces creen que el juicio podría extenderse durante no más de dos años, pese al piso de 1500 testigos previstos.

Un eje que dejó afuera la unificación son otros tramos de la megacausa. Algunos porque aún están en instrucción, como “Vuelos de la muerte”, y otros, como “Robo de bienes” y “Chacras de Coria”, por decisión de los jueces. Según fuentes del juzgado, “Robo de bienes” no entró porque necesita una comprensión global sobre los robos para entenderlos como “plan sistemático” y no como “rapiña de algunos”. Para las querellas, en cambio, esa separación es un error: no es posible separar el daño hecho a una familia como los Tarnopolsky, a la que le desaparecieron cuatro personas, y reiniciar luego una causa sólo por el robo de un auto. Consideran que el robo de bienes debe leerse como práctica sistemática en el contexto de la evaluación penal por los crímenes.

Fuera de esto, las discusiones previas se concentraron en la validez o no de unificar las causas. Para la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña, “un juicio respetuoso de los principios que rigen el debate oral no puede superar en demasía el máximo de un año, pues si es más largo no sólo presentaría demasiados obstáculos prácticos, sino que pondría en jaque esos principios”. Propusieron juzgar a no más de 25 imputados por vez; señalaron que deberían ser aquellos que hace más tiempo que están en prisión sin condena y que se deberían priorizar las víctimas que no fueron tratadas en casos anteriores.

Los querellantes optaron en su mayor parte por la unificación. Fue el criterio de Rodolfo Yanzón, Luis Zamora, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Secretaria de Derechos Humanos: el juicio parcial “no sólo conspirará contra el esquema de responsabilidad de los imputados, sino que es una forma más de perpetuar el riesgo al que están sometidos los testigos, ya que cuantos más casos abarque el debate menor será la exposición de los mismos”. El CELS acompañó la postura del resto de las querellas, sugirió organizar cronológicamente los casos y crear una Secretaría de Juicio que garantice la continuidad de los trámites para el tercer tramo.