El edificio donde se concentraron los negocios de los represores Massera y Vildoza

A sólo dos pisos de distancia

En el 10º piso del edificio ubicado en Cerrito 1136 fundó su partido el Almirante Cero y se inscribió una sociedad con la que fueron apropiados bienes de desaparecidos. En el 12º hay tres sociedades de uno de los apoderados del clan del marino prófugo Jorge Vildoza.

 Por Alejandra Dandan

Sólo hay dos pisos de distancia entre dos grandes universos de negocios vinculados al robo de bienes de los detenidos-desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada. En un piso estuvieron las empresas y nombres más conocidos del masserismo y en el otro aparece una ruta de sociedades que conduce al mundo de bienes y empresas del marino Jorge Ernesto Vildoza. Los dos pisos están en el legendario edificio de la calle Cerrito 1136: en el piso 10, el jefe de los marinos Emilio Massera fundó su partido Para la Democracia Social (PDS) y es la parte más conocida: allí se inscribió la sede social de Will-Ri, la sociedad a través de la cual fraguaron la venta de los terrenos de Chacras de Coria. La historia del piso 12 recién ahora empieza a mirarse de cerca: aparecen direcciones de tres sociedades de uno de los apoderados del clan del marino prófugo Jorge Ernesto Vildoza.

El edificio de la calle Cerrito 1136 parece envuelto en una trama de misterio. Las ventanas encojadas en paredes marrones le dan un aire de televisor color años ochenta. La estructura está metida hacia adentro de la vereda. En el hall de entrada, oscuro, un encargado saluda detrás de un mostrador. En las paredes hay chapones con indicaciones de lo que podrían ser estudios de abogados o empresas. El hombre del mostrador dice que la mayoría son estudios de abogados. Y que cada piso tiene un dueño. La página del Telexplorer muestra más o menos lo mismo, y alguna cosa un poco más llamativa: en el piso 8, por ejemplo, una empresa llamada Zass International, en su sitio web, ofrece, entre imágenes de barcos, el recupero de pérdidas de trasporte marítimo en todo el mundo.

En los años de la dictadura hubo sobrevivientes de la ESMA que pasaron por el piso 10 de Cerrito en calidad de trabajadores esclavos. Otros escucharon las carcajadas de Miguel Donda en el pozo de la ESMA, cuando volvió eufórico después de hacer lo que describió como “un autoatentado” en ese departamento, como parte de una campaña destinada a buscar notoriedad para Massera en medio de sus aspiraciones políticas. En enero de 1983, Massera se presentó como candidato a las elecciones por PDS y la sede estaba en ese espacio. El lugar fue descripto numerosas veces por este diario como un verdadero cuartel de operaciones, desde donde se hizo de todo: el masserismo combinó contactos políticos con la derecha peronista y negocios que incluyeron hasta un plan de reequipamiento naval, fragatas misilísticas, y armas. En 2005 y 2006, el juzgado federal de Sergio Torres instruyó un expediente de robo de bienes en la causa de la ESMA: el departamento del piso 10 aparece como propiedad de Ecer SACIA, IF y M desde el 24 de noviembre de 1979. Entre los accionistas había un hijo de Massera y un cuñado. Lo que se escribió sobre ese departamento y los negocios es mucho, pero todos parecen situarlo como un posible punto de origen de la historia que existió alrededor de los negocios de la ESMA. El represor condenado Jorge Radice era contador en la ESMA, además de conspicuo tirador. Massera se lo llevó al piso 10 de Cerrito. Algunos dicen que lo puso como secretario privado del partido. Sus alias eran Ruger pero también “Héctor Ríos”, alias con el que integró junto a Francis William Whamond la sociedad llamada Will-Ri: un juego de palabras con los nombres. A través de extorsiones y de violencia, Will-Ri se quedó con la chacra de Cerro Largo S.A. en Chacras de Coria, propiedad de un grupo de mendocinos desaparecidos.

Radice es otro de los nombres importantes de la trama de negocios y anuda dos vías sólo desde ese piso. Por un lado, operaciones inmobiliarias, algunas de las cuales investigó Torres en aquel expediente, y por el que lo procesó a él, a Jorge “El Tigre” Acosta y a Carlos José Pazo. Y otra ruta es una compleja trama de relaciones societarias que siempre fueron denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. Las más conocidas son Martiel S.A., Seal Lock S.A. y Talsud S.A., donde Radice se combinó en distintas épocas con Ricardo Cavallo y Acosta, y de las que emergieron numerosas compañías que hoy se investigan en otro expediente del juzgado. Allí aparecen nombres que no son de marinos pero siempre se los asoció: uno es Norma Radice, la hermana de Ruger; Raúl del Prato; el Colorado Miguel Angel Egea y su mujer, o ex mujer, Bárbara Franz. Puede pensarse frente a ese enorme mapa de sociedades que a medida que fueron cayendo presos los marinos, esos otros nombres empezaron a reemplazarlos definitivamente en la trama de sociedades externas.

Algo de esa misma lógica de nombres que empiezan a aflorar cuando los marinos ya no pueden operar podría pensarse sobre el clan Vildoza. Oscar Beccaluva conoció a los hombres asociados a Jorge Ernesto Vildoza en 1995. Beccaluva es un abogado todoterreno de Misiones, y lo llamaron para resolver un problema con la licitación de un bingo. Volvieron a llamarlo más tarde por la ejecución de unos pagarés. Las primeras reuniones en Buenos Aires, las tuvo con el apoderado de la empresa: un abogado llamado Luis Alberto Campi lo recibió en Cerrito 1136, piso 12.

Azar y apuestas

American Data S.A. se creó en 1987 (el mismo año en el que el Tigre Acosta fundó sus astilleros Astilsud con Radice y Egea). Según los papeles, el objeto comercial son actividades de juego de azar y apuestas. El presidente de la compañía es el hijo de Vildoza, que también lleva su nombre: Jorge Ernesto Vildoza, integrante de Inteligencia de la Marina hasta 1988. El vicepresidente es su yerno: Fernando Giromini, piloto del Ejército hasta 1983, ahora piloto de Aerolíneas, hijo de un marino con grado de vicealmirante que fue presidente de Coviara (Construcción de Viviendas para la Armada) y padre de otros dos hijos de la fuerza.

En julio de este año, la jueza María Servini de Cubría detuvo a Ana María Grimaldos, la esposa de Vildoza. Los dos estaban prófugos desde 1986 por la apropiación de Javier Penino Viñas, el hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. La jueza allanó diez días después las oficinas de American Data en la calle Repetto al 3300 en Vicente López y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de José Sbatella bloqueó las cuentas de la empresa por lo que a esta altura parece casi un menudeo: las intervenciones de teléfonos demostraron que desde ahí se prestaba asistencia financiera a los prófugos dado que, por ejemplo, pagaron el teléfono de Grimaldos.

Desde entonces, la UIF investiga a la empresa en dos direcciones: su trama de relaciones societarias en el tiempo presente y en el pasado rastrea sus orígenes: el abogado Oscar Beccaluva viene denunciando desde 2006 ante la Justicia de Tierra del Fuego que Vildoza padre le dijo que el origen de su empresa fue producto del robo de bienes de la ESMA. Uno de los nombres que dio Beccaluva en las declaraciones fue el de Campi. Lo situó entre los principales actores del círculo interno, encargado de proveer a Vildoza de documentos falsos e insumos en su condición de prófugo, pero también lo ubicó como responsable operativo de los negocios. “Campi habría sido uno de los encargados de administrar los dineros de los desaparecidos: por eso lo mantuvieron ahí”, dice Beccaluva que le dijo Vildoza en una entrevista con Página/12 publicada dos semanas atrás. “Tenía un poder de sometimiento, de señorío sobre los Vildoza que uno no se imagina –dijo–. Otro de los que estaba con ellos era Oscar Sempé, que es el cerebro de todo, el ideólogo de todos los temas financieros con Campi. Porque Vildoza hijo es un tipo pesado, pero un tipo de pocas luces; los ideólogos son Sempé y Campi. Andaban con un tal González, un arquitecto, mediana estatura, que había estado en la ESMA. Pero Sempé era importante porque, cada movimiento de diez pesos, era Sempé al que había que pedirle y la autorización era de Campi. O sea Vildoza tenía temor reverencial hacia Campi, o sea que es otro de los que manejó seguramente el encubrimiento.”

Los fiscales de Tierra del Fuego pidieron la indagatoria a Campi en 2011 por esas denuncias en una causa que (aún) no prosperó, pero incluye la hipótesis del lavado de dinero. Hace dos semanas, luego de la publicación de la entrevista en este diario, Campi le mandó una carta documento a Beccaluva para pedirle que se retracte o rectifique de la información.

Ahora bien: ¿cuáles son los datos que hacen que ese nombre sea interesante, que valga la pena mirarlo de cerca? ¿Y por qué esa dirección de Cerrito?

La jueza Servini de Cubría secuestró documentos de American Data en el allanamiento. Campi aparece en esos papeles como apoderado de la empresa. También actúa como abogado. En este momento, patrocina a Vildoza hijo y a su cuñado Giromini en la causa por el congelamiento de fondos impulsada por la UIF. Apareció, por ejemplo, como apoderado de una UTE que formó American Data S.A., Gilaberte S.A. y Punto y Banca SRL para licitar un emprendimiento de casinos. Ese dato importa sobre todo en aquella búsqueda que intenta unir pasado y presente. Gilaberte es una empresa de, o muy cercana a, Vildoza: misma dirección de American Data y mismo directivo. Pero la articulación con Punto y Banca conecta dos cosas: los nombres que aparecen integrados a Punto y Banca (en base de datos de empresas consultadas por este diario) atan esa compañía a un impresionante tendido del mundo del juego para dejarlos casi como uno de los actores más importantes. Por otro lado, en esa relación de búsqueda de conexiones que en el pasado puedan leerse en la trama del robo de bienes, lo que se sabe es que el casino de Punto y Banca en Puerto Madryn tuvo en 2006 como gerente al ex comisario Julio César Garachico, hombre de Miguel Etchecolatz, juzgado en este momento en La Plata. Existe la presunción de que pueden ser parte de la misma compañía porque Punto y Banca y American Data comparten el mismo domicilio comercial en Madryn y se facturan entre ellos.

Así las cosas, Campi aparece como apoderado o abogado de American Data, la empresa que, por lo menos, protegió a dos prófugos y se asoció a otra que tuvo en el frente a un nombre de la policía de Etchecolatz. Beccaluva dice que a mediados de los ’90 lo visitó en el piso 12 del mismo edificio que Massera ocupó. Según la base de empresas consultada por este diario, la posición de Campi en el piso 12 aparece además reforzada por otros datos. El hombre está vinculado a cuatro sociedades: tres tienen su sede social en ese lugar. En Petrolera Sudamericana aparece como síndico suplente, y luego hay dos inmobiliarias en las que aparece como presidente: Dunker S.A. y Menchilú S.A..

Beccaluva dice que sus oficinas estaban en el último piso, un piso que formaba una especie de dúplex con otro más. Dijo que en la parte de afuera había como un golfito. El piso 12 es último piso del edificio. De acuerdo a la charla con el encargado está conectado en dúplex con el piso 13.

¿American qué?

Radice declaró en junio de 2006 en la causa de Torres. Y esas declaraciones ahora son revisadas nuevamente por la UIF. En la declaración reconoció la lógica de la apropiación de bienes a la que lee como parte de la racionalidad de la “lucha contra la subversión”. No habló de “apropiación” sino de “recuperación” de bienes. Explicó que una de las personas por las que le preguntaron en el juzgado tenía una función en la ESMA: “recuperar dineros, bienes muebles e inmuebles y demás objetos de valor que se hubieran utilizado en el accionar guerrillero y cuyo origen ilegal fueron producto de secuestros y acciones similares”. Quien determinaba cuáles eran los “fondos ilegales” era “una comisión especial conformada por oficiales de la Armada” y detenidos-desaparecidos.

Por otro lado, explicó el camino del dinero: dijo que el producto de la venta “era entregado por acta al Segundo que estaba a cargo de la UT3.3.1 e interino de la 3.3.2 capitán (Adolfo Mario) Arduino en ese momento. Lo que se efectuaba con el material y el dinero como destino final no es de mi conocimiento”.

Vildoza reemplazó a Arduino en 1979. Una hipótesis que investiga la UIF es si Vildoza comenzó a recibir ese dinero: allí ponen el ejemplo de Arduino, que murió pero se le descubrieron dólares en una cuenta de Suiza.

Nueva postergación en el juicio por la ESMA

Luego de que el jueves fuera aceptada la renuncia de la fiscal Mirna Goransky, el juicio oral a 67 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar fue postergado para el 28 de noviembre por el Tribunal Oral Federal 5 a pedido del nuevo fiscal, Eduardo Friele. El juicio es considerado el mayor proceso desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las audiencias durarán 2 años y se ventilará, por primera vez, lo ocurrido con los "vuelos de la muerte".

Friele, que ya actuó en los juicios por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Automotores Orletti y en la base naval de Mar del Plata, asumió la semana pasada y se encargará del rol acusador, por lo que presentó un pedido de prórroga del inicio del debate, que estaba previsto para el jueves próximo, para interiorizarse de las causas a juzgarse y las acusaciones.

El juicio, que ya había sufrido una postergación, durará al menos dos años con unos 830 testigos. Para el tramo del proceso en el que se juzgará lo ocurrido con los "vuelos de la muerte" hay siete procesados, entre ellos un civil y expilotos de líneas aéreas detenidos en los últimos años.

Además, serán juzgados por segunda vez los ya condenados Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz, y se abordará el secuestro del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz por parte del grupo de tareas 3.3.2, que funcionó en la ESMA.

Entre los juzgados están el exoficial de la Armada Julio Poch, extraditado desde España tras haber trabajado durante años como piloto de una compañía holandesa y denunciado por sus compañeros tras haber alardeado en público de lo sucedido. Poch quedó procesado por 41 casos, incluídos los de las religiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Entre los juzgados están además el ex director de la ESMA, Edgardo Otero, y el represor Miguel Angel García Velazco, como así también los pilotos Mig

Vildoza empezó con los casinos con parte de lo apropiado en ESMA

El marino Jorge Vildoza, uno de los lugartenientes de Emilio Eduardo Massera, lleva veintitrés años prófugo. Beccaluva cuenta cómo son sus negocios en el juego y la manera en que colaboró para que accediera a que su hijo apropiado se presentara a la Justicia.

Por Alejandra Dandan

Oscar Beccaluva es abogado, todo terreno. En 1995 conoció al grupo de empresas del marino Jorge Vildoza, el segundo jefe de la Armada durante la dictadura, prófugo desde hace veintitrés años por los crímenes cometidos durante su dirección de la ESMA. Los Vildoza le pidieron unos arreglos en la licitación de un bingo en Posadas; dos años después volvieron a llamarlo por unos pagarés de un millón y medio de dólares y al poco tiempo lo mandaron a Sudáfrica. Desde hace un tiempo, Beccaluva viene declarando en distintos juzgados sobre los negocios de Vildoza. Pidió que lo releven del secreto profesional para poder defenderse en una causa, y así abrió las puertas de una historia que se hunde en las profundidades del infierno. Dio nombres de quienes mantenían la estructura de prófugo del marino: documentos falsos, dominios y registros, datos de los socios ocultos. La clave hay que buscarla en una conversación que tuvo con el marino, de hora y media o dos horas, en un bar de Tierra del Fuego, donde le dijo que el casino empezó con el dinero del robo de bienes de los detenidos desaparecidos de la ESMA. “Todo eso me lo dijo el viejo Vildoza en esa reunión: me dijo que parte de las cosas que se fueron apropiando, que las administraba Massera y su staff, le tocaron a él y con eso empezó con los casinos. Otros se dedicaron a otras actividades, ganaderas, agropecuarias; a él le tocó ésta.”

Beccaluva está al otro lado de una línea de teléfono. Uno de los muchos números con su nombre que aparecen en la guía de Misiones. Parece sencillo ubicarlo. Alguien atiende, pequeño filtro, y luego responde él. Unos días más tarde, aterrizado en Buenos Aires, se entrevista con Página/12 en un bar frente al Abasto. La cara semiparalizada por un virus que pescó en Perú. No tiene pinta de hombre de la city ni corbatas de tribunales. Campera de cuero negro muy trash, y los ojos que no dejan de moverse. Van de la vidriera a la mesa, una y otra vez, como si fuera un tic más que un estado de alerta. Es la primera vez que habla con un diario.

“Vamos a ver cómo empieza toda esta historia...”, dice y arranca. “Creo que el mío es el estudio más grande del nordeste del país, entonces siempre cae alguien... siempre tenemos poderes interesantes. En este temita, como yo era abogado de los Casinos del Plata y de los Casinos de La Rioja y de San Luis, una vez hubo una licitación de los bingos en Posadas y había que armar los pliegos. Ahí se plantearon algunas situaciones, entonces creo que alguien de los Casinos de La Rioja le dijo a Vildoza: ‘Andá a verlo a Beccaluva al estudio’. Era a mediados del ’95, septiembre u octubre.”

–¿Vildoza padre o hijo?

–Vildoza hijo. Al final participé del temita ese, con resultados negativos. Ya sabes cómo es esto: el tema estaba armado, estructurado, direccionado. Quedó ahí, pasó, no lo vi más. Volvió tiempo más tarde por otro temita relacionado precisamente con los casinos. A Vildoza le habían robado unos pagarés que dejó en garantía por unas licitaciones, eran de alrededor de un millón y medio de pesos, que en esa época era un millón y medio de dólares, y aparecieron ejecutados en San Nicolás. Como habían desaparecido los pagarés me encargaron la cancelación judicial y vuelvo a entrar en contacto con ellos. Al final se terminó arreglando ese juicio, recuperamos los pagarés, se los devolvieron. Esto habrá sido hacia fines del ’97. A comienzos del ’98 me llaman de vuelta.

A la mesa del bar, a la entrevista con Página/12, se suma Carlos Viñas. Carlos es el tío de Javier Penino Viñas, que conecta el tema de los casinos con otra historia. Javier es el hijo de Cecilia Viñas, y el niño que alguna vez Vildoza robó de la Escuela Mecánica de la Armada. Carlos quiere preguntarle a Beccaluva por Javier. Pese a que recuperó su identidad hace tiempo, en medio de una gestión en la que intervino este abogado, Javier tiene poco contacto con su familia y permanece entre sus apropiadores. A comienzos de 1998, cuando lo llamaron por tercera vez, el abogado se encargó de ir a buscarlo a Sudáfrica: el juzgado de María Servini de Cubría tenía la causa de la apropiación, él todavía no había sido identificado y como parte de la investigación el juzgado decidió detener a otros dos hijos del marino.

–Doña Servini de Cubría estaba por detener al hijo de Vildoza y a su hermana Mónica. Al parecer, (los Vildoza) habían ido a ver a unos cuantos abogados y nadie aceptó. Porque, en esto, creo que la cosa es así: muchos de los abogados que defendieron a militares, en el tema específico de la apropiación indebida de chicos, no quisieron saber absolutamente nada. Nada. Entonces, cuando me llaman a mí, fui y les dije: “Sí, pero con una condición: que aparezca ese chico”. Y así fue que fuimos a hablar con (el ex secretario de Servini, Ricardo) Parodi. Nos preguntamos: “¿y cómo lo hacemos aparecer?” E hicimos un acuerdo en el juzgado: quedamos en que me dijeran a mí dónde estaba Javier y que yo vaya a verlo para comunicarle la real situación, porque por ahí Javier podía tener una versión diferente de la cosa. Podía pensar que era un chico adoptado en otras condiciones, o abandonado. Así que diez o quince días más tarde fui y me encontré en Sudáfrica con Vildoza padre, con la mujer de Vildoza (Ana María Grimaldos, que fue detenida este año después de estar más de dos décadas prófuga) y con Javier.

–¿Dónde?

–Nos encontramos en un shopping que está pegado al Hotel Intercontinental de Johannesburgo. Ahí estuve alojado. Los vi dos o tres veces. Llegué un sábado y me volví el lunes: todavía me acuerdo que salí de acá el jueves santo del ’98 y volví el domingo, fue muy breve. Y ahí le dije a Vildoza: “O colabora usted o sus hijos también quedan presos. Y el chico tiene que ir, tiene que someterse a los ADN para saber quién es”. Con toda la bronca, odio, insultos de por medio, me responde. Y un poco a raíz de que Javier se posiciona por el deseo de conocer su identidad, hizo una carta. Yo la traje y yo la presenté en el juzgado.

–¿Qué decía?

–Decía que tomó conocimiento y que quería someterse a los estudios, que se iba a presentar. Digamos que fue un primer acto de buena voluntad para empezar a desentrañar todo esto.

–¿Javier se enteró por usted de todo?

–El tenía una versión, sabía que era hijo adoptivo, pero no sabía en qué circunstancias. Tenía algunas sospechas, pero creo que con esto termina de cerrarle. Así fue que traje esa carta. Y después fui a recibirlo al aeropuerto de Guarulhos en San Pablo y vino conmigo hasta Foz de Iguazú. Vino con Vildoza hijo y por ahí andaba (Luis Alberto) Campi, que era el encargado de todas las documentaciones.

Luis Alberto Campi es abogado, actualmente representa al hijo de Vildoza, pero a lo largo de la charla su figura irá creciendo. Beccaluva se acuerda por ejemplo de que en un momento, antes de cruzar la frontera, Javier creyó perder los documentos. A punto tal este Campi se ocupaba de todo, dice el abogado, “que Javier dijo: ‘total qué problema hay, si hacemos otro’, teníamos ahí al fabricante, que era Campi”.

–¿Cómo era la relación entre Javier y Vildoza? –pregunta Carlos– ¿De adultos?, ¿de subordinación?

–Cuando yo lo conocí, Vildoza era un individuo abatido, un individuo quebrado, no era el tipo que daba órdenes y que sometía a todo el mundo. Creo que era un tipo ya gastado, no sé si enfermo, pero sí quebrado psicológicamente. Esto me lo termina confirmando él mismo tiempo después, cuando volví a verlo en Ushuaia. Ahí yo me llevé la gran sorpresa cuando lo vi en la oficina de (el ex gobernador de Tierra del Fuego, Carlos) Manfredotti, porque me di cuenta de que ese tipo Vildoza estaba casi todo el tiempo acá, adentro del país.

–Antes de ir a Ushuaia, ¿cómo siguió lo de Javier?

–Yo lo traje, vinimos a Buenos Aires, fuimos a Comodoro Py. Al otro día fuimos al Hospital Durand con Parodi donde le hicieron los análisis de ADN. No sé cuántos días habrán pasado después hasta que llegaron los resultados, pero se hicieron los primeros días de septiembre del ‘98. Mientras esperaba, ese chico estaba por Misiones porque Vildoza tenía varios casinitos por allá en aquella época y tenía casa. El chico venía cada dos por tres a comer a casa porque estaba solo. Y en realidad después de eso pierdo contacto otra vez con Vildoza. Creo que charlé unos diez o quince días más, después cortaron las relaciones conmigo, me ignoraron completamente. Inclusive me tenían que pagar algunas cuestiones... yo vivo de mi profesión. Y bueno, se llamaron a silencio. Después aparece el tema de Tierra del Fuego.

–En un momento se vinculó a Vildoza con el negocio de las armas. Y eso con Sudáfrica. ¿Usted supo qué hacían allá?

–Yo no sé que hacían en Sudáfrica. Yo creo que en Sudáfrica ni siquiera vivían. Iban y estaban, se tomaban una excursión de dos semanas o un mes dando vueltas y volvían acá. Y hasta creo que por ahí lo tenían internado a Javier en un colegio por allá. Que por eso iban pero estos vivían acá.

Beccaluva habla finito, con esa campera de cuero negro y los ojos que van y vienen a veces parece uno de los personajes de Osvaldo Soriano.

Free shop en el Fin del Mundo

American Data S.A. es la empresa de casinos que Vildoza tuvo en Tierra del Fuego, alrededor de la cual florecieron una serie de negocios donde aparecen los nombres que Beccaluva empieza a señalar. El presidente de American Data es el hijo biológico de Vildoza que lleva su mismo nombre: Jorge Ernesto Vildoza, integrante del SIN (Servicio de Inteligencia Naval) hasta 1988 y ya de 18 años cuando nació Javier. El vicepresidente de American Data es su cuñado: Fernando Giromini, marido de Mónica Vildoza, piloto del Ejército entre 1978 y 1983 y todavía en Aerolíneas Argentinas. El 3 de julio pasado, Servini detuvo a Ana María Grimaldos, la mujer del viejo Vildoza, prófuga como su marido. El 13 de julio allanó el edificio de American Data S.A. en la calle Repetto al 3300 de Vicente López porque las intervenciones del celular de Grimaldos indicaron que desde ahí le pagaban el teléfono. Cuando los funcionarios del despacho de Servini llegaron al suntuoso edificio, el hijo de Vildoza llamó a Alfredo Astiz: “Alfredo estoy acá con el personal de Servini”, le dijo. “¿Le mando un saludo de tu parte?”

Giromini y Vildoza hijo están presentes en los relatos que Beccaluva sitúa en el sur del país, pero alrededor de ellos menciona a cuatro personas: como parte de la estructura más cercana señala a Luis Alberto Campi, como responsable operativo y cabeza política; una línea más abajo ubica a un tal Marcelo Sempé y luego, en el circulo de acuerdos más grandes, a dos abogados de Tierra del Fuego, uno de ellos, Demetrio Martinelli, ahora ex integrante de la lista de conjueces federales de Ushuaia apartado en 2010 por “ayudar, asistir, brindar refugio, documentación apócrifa, etcétera a personas acusadas de delitos de lesa humanidad y que registraban órdenes de captura vigente”. Lo apartaron después de las declaraciones de Beccaluva. El cree además que el 50 o 60 por ciento de las utilidades del casino se destinaban a pagar la protección: a los dos abogados de Tierra del Fuego y a Campi por los documentos falsos y renovaciones. “O sea para mantener toda esa bandita de soporte para la impunidad”, explica.

–¿Por qué lo llevaron a Tierra del Fuego?

–Volvieron a llamarme en el 2001 porque les habían hecho caducar las licencias de los casinos ahí y, como yo había sido jefe de asesores de (Ramón) Puerta, soy medio pariente de él, hablamos con Manfredotti para ver si podían volver a participar en las licitaciones nuevas. Ahí aparece otro tema: unos juicios porque la provincia había cobrado indebidamente algunos cánones. Cobró un canon a todos los casinos que era un tributo nacional, pero que debió eliminar cuando pasó de ser “territorio nacional” a provincia. Es decir, había una superposición de cobros de cánones que daban una suma interesante: nueve millones de pesos de ese momento, que eran nueve millones de dólares ¿Qué ocurrió? Yo voy y vengo por ese tema. Muevo la demanda junto con otros dos abogados pero firmo yo porque estos habían sido funcionarios públicos en el Ipauss, que es el Instituto Provincial Autárquico Unificado. Llevé adelante el tema. Fui de acá para allá. Y un día sorpresivamente me revocan el poder. ¡Yo había hecho todas las gestiones! Hasta había hablado con el ministro de Economía para tener un apoyo extrajudicial una vez promovida la demanda, pero ellos me revocaron el poder y desistieron de la demanda. Por otro lado, me entero de que en realidad habían empezado a cobrar ¿Y por qué me desistieron el poder? Para no pagar los honorarios acordados. Esto es así: son “vil” de Vildoza. Vildoza viene del conjunto de cosas “viles”, ése es el origen de la palabra, eso es así.

Entre la demanda y el momento que le sacaron el poder, Beccaluva tuvo un encuentro casual con el viejo Vildoza. Hoy está convencido de que aquel encuentro encierra la explicación del por qué lo sacaron del medio.

–¿Cuántas veces vio a Vildoza padre en el sur?

–Yo lo veo al viejo primero en el estudio de Manfredotti y me sorprendo cuando lo vi ahí. Y una semana o diez días más tarde, me lo encuentro caminando por Ushuaia en la esquina del Free Shop, donde había un barcito que ya no está más. Me encuentro con el tipo abatido ¡que me anuncia lo que me iba a pasar! Me dice: “Tenés que cobrar vos el dinero porque ésa es la única garantía que yo tengo para irme. Porque si vos no cobrás, ellos se quedan con todo el dinero, lo que quieren es todo el dinero atrasado de todos estos años que no estuvo funcionando el casino. Estos me quieren enredar, me quieren mandar al muere, Campi me aprieta”. Todas penurias de un tipo que estaba doblegado. Ahí me cuenta que conoció a Martinelli a fines del ’83, Massera lo llamó a Vildoza y le dijo: “Este va a ser nuestro hombre, va a ser funcionario nuestro”. Massera tenía un proyecto político, el hombre en el sur era Martinelli. “Va a ser el que nos va a proteger a todos los que hemos tenido problemas. O sea, se va a encargar de acomodar o cobrar las propiedades, de administrarlas.”

Martinelli, que es un abogado conservador, formador de opinión en la provincia, recibido en la UCA y el autor de una denuncia contra el primer matrimonio igualitario, cuando se defendió de este tema dijo que nunca estuvo con Massera. Los argumentos no le sirvieron para evitar quedar afuera de la lista de conjueces.

–¿Le creyó a Vildoza?

–Yo lo escuché, tampoco me fiaba mucho porque vos sabés que es un mundillo de cosas en las que uno no sabe qué es cierto y qué no. Vas armando un rompecabezas. Pero fue una charla de hora y media, dos. De contarme. Eran lamentos y lamentos. Los aprietes de Campi... Y, según Vildoza padre, Campi habría sido uno de los encargados de administrar los dineros de los desaparecidos: por eso lo mantuvieron ahí.

–¿Por eso no se lo podía sacar de encima?

–Campi era el garante de Martinelli, de que éstos iban a cumplir. Tenía un poder de sometimiento, de señorío sobre los Vildoza que uno no se imagina. Otro de los que estaba con ellos era Oscar Sempé, que es el cerebro de todo, el ideólogo de todos los temas financieros con Campi. Porque Vildoza hijo es un tipo pesado, pero un tipo de pocas luces; los ideólogos son Sempé y Campi. Andaban con un tal González, un arquitecto, mediana estatura, que había estado en la ESMA. Pero Sempé era importante porque, cada movimiento de diez pesos, era Sempé al que había que pedirle autorización de Campi. O sea Vildoza tenía temor reverencial hacia Campi, o sea que es otro de los que manejó seguramente el encubrimiento.

–¿No se quejó usted cuando dejaron de pagarle?

–Se cortaron todos los lazos porque éstos me empezaron a perseguir. Ahí vienen las persecuciones, vienen amenazas; éstos fueron los que me patotearon, me reventaron autos, todas las cuestiones. Habían cobrado diez millones de dólares y no querían pagar a nadie. Campi me apretó, me llamó acá a su estudio, a punta de pistola.

–¿Cree que Vildoza se llevó la plata de la ESMA o más bien es un administrador de fondos?

–Yo creo que Vildoza era una pata más de todo el sistema. Creo que acá nadie sienta bien la investigación. Creo que hay que mirar a los otros. Sempé tenía o tiene mesas financieras, manejadas también bajo la supervisión del otro y tenían relación con varios marinos, con (Jorge “El Tigre”) Acosta, por ejemplo.

-¿Cómo lo sabe?

–Porque él se jactaba de decirlo. “Porque esto lo manejo”, decía. “Porque yo vivía en el edificio tal”, por el redondito. Decía que vivía en sesión permanente con quienes eran los militares que conducían la cúpula de la Armada de esa época. Eran amigos de Camps y de Suárez Mason y frecuentaban negocios en la Recoleta donde tenían un restaurante de categoría. Yo creo que era el agente financiero, el que hacia la ingeniería financiera con grandes mesas de dinero, descontaban cheques, compraban prendas. Había un tal Gianni que yo nunca conocí, también una novia de Vildoza hijo, y a través de Sempé se hacían los giros, eso me lo dijo el viejo aquella vez porque estaba enojado porque se giraba dinero y siempre había problemas.

–No la tenía fácil –dice Carlos.

–Y, es como alguien que nombra testaferros y después no puede salir a reclamarle a nadie porque se le crea un conflicto. Principios de diciembre de 2001 fue mi último contacto con Campi, el día del apriete me quiso hacer firmar un poder desistiendo del mandato. Se armó tal escándalo, un griterío, por eso a lo mejor estoy acá.

–¿Qué relación tenían con Astiz?

–Solía frecuentar Posadas con Vildoza hijo, pero supongo que de estos negocios no tiene nada...

–¿Cuándo vio a Vildoza por última vez?

–La última vez que vi al viejo Vildoza me amenazó. Me dijo: “Rata de mierda, te voy a hacer desaparecer”, porque yo le dije: “Pagame, pagame. De alguna forma, yo me voy a cobrar esto. Esto no me asusta, a mí me pueden dañar, es cierto, pero tampoco me asusta porque me voy a enfrentar”. Entonces se calentó. Me dijo: “Rata de mierda, te voy a hacer desaparecer”. Y esto fue allá por mayo del 2002. No sé si el 1° o 2 de mayo. No lo vi nunca más. Porque, ¿qué es lo que pasa? –se pone a pensar, sentado, la mirada fija en el vidrio–: Te utilizan y después te eliminan, ése es el plan de ellos. Primero dicen ‘te necesitamos’ y en este afán de trabajar vos te metés a hacer las cosas, después vienen por vos, para poder ir eliminando rastros. Creyeron que me iban a hacer cejar con las amenazas. Uno de los abogados conocidos en Tierra del Fuego me dijo: “ ¿vos estás loco?”. “Pero por qué me voy a asustar”, le dije. Al gordo después lo persiguieron allá.

Quién es Jorge Raúl Vildoza

Jorge Raúl Vildoza fue en 1977 y 1978, con el grado de capitán de navío, comandante de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA. Se trata de una de las dos “unidades” en que se dividía el Grupo de Tareas 3.3, a cargo del director de la ESMA, contraalmirante Rubén Jacinto Chamorro. Bajo su mando estuvieron varios de los condenados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA, como el capitán Jorge “Tigre” Acosta, su jefe de inteligencia. El nombre de Vildoza, que ante los secuestrados se hacía llamar “Gastón”, aparece varias veces en las 2000 fojas de los fundamentos de la condena que dictó el Tribunal Oral Federal 5. Adolfo Donda o Jorge Perren lo mencionan como su superior. También figura calificando, siempre con adjetivos elogiosos, a marinos que ahora purgan condenas. Vildoza reemplazó en el cargo al capitán Adolfo Mario Arduino y le transfirió el cargo a fines de 1978 al capitán Horacio Estrada. El ex capitán Adolfo Scilingo, que cumple su condena en España, recordó a Vildoza como quien condujo desde la ESMA hasta Aeroparque a los vehículos que trasladaban a un grupo de secuestrados que serían arrojados al Río de la Plata.

Vildoza y su esposa, Ana María Grimaldos, huyeron a Suiza en 1986, antes de que se sancionaran las leyes de impunidad. Todavía no tenían orden de captura pero sabían que el pronunciamiento judicial era inminente, por la apropiación ilegal de Javier Penino Viñas, un niño que entonces tenía nueve años y que había nacido en la ESMA en 1977, durante el cautiverio de su mamá. Cecilia Viñas había sido secuestrada en octubre de 1977, con un embarazo de siete meses, y había sido trasladada desde Mar del Plata para parir en la ESMA. Vildoza integraba el selecto grupo de marinos que la visitaba en “la pequeña Sardá”, como llamaban a la maternidad clandestina. A la orden de captura dictada en 1986 se sumó en 2003 la del juez federal Sergio Torres por los delitos de lesa humanidad que Vildoza cometió en la ESMA.

CAMPAÑA JUICIO ESMA

El 25 de octubre dará comienzo el juicio por la causa ESMA constituyéndose en el mas grande juicio hasta el momento donde 70 represores y cómplices civiles serán juzgados por los delitos del genocidio cometido.

Hacen falta para esta tarea , que demandará por lo menos dos años de esfuerzo, a tres audiencias por semana, fondos para sost

enerla. Son un total aproximado de 290 audiencias donde los soportes técnicos y humanos tienen costos imposibles de solventar sin la solidaridad de todos nosotros.

Solicitamos entonces, que todo aquel que pueda hacer un aporte económico circunstancial o sostenido en el tiempo, lo haga en la siguiente cuenta bancaria perteneciente a la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos.

Banco Credicoop

Sucursal 070

Nº de Cuenta - 052234.5

Cuit. - 30 / 71075197 - 4

Por favor, darle la máxima difusión posible a este mensaje.

Muchas gracias.

El 25 de octubre comenzará el segundo proceso por los crÍmenes de la ESMA

El inicio de un verdadero megajuicio

En este proceso serán juzgados 67 imputados. Abarcará a 796 víctimas. Se incorporarán parte de los testimonios del juicio anterior para que los testigos no deban repetir las declaraciones. Hubo diferencias entre las querellas y la fiscalía.

El Tribunal Oral Federal 5 dispuso para el 25 de octubre el comienzo del juicio oral de la megacausa por los crímenes cometidos durante la última dictadura por los integrantes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Tras la muerte de los represores Julio Coronel y Héctor Montes, van a ser juzgados 67 imputados, entre ellos ocho por los Vuelos de la Muerte. El juicio que se hará por 796 víctimas tuvo ayer su última audiencia preliminar. El tribunal terminó de fijar días, horarios y el modo en el que se desarrollará el debate. Uno de los puntos más discutidos fue lo que los abogados llaman “traslado de la prueba”: el uso de los testimonios de las víctimas que ya declararon en el juicio anterior que –ya está decidido– ingresarán al debate en formato digital o desgrabados, tal como se hace en otros juicios y como recomendó Casación para acelerar los juicios que llevan años de espera y evitar la revictimización de los testigos. La decisión del tribunal recibió el completo respaldo de los querellantes de los organismos de derechos humanos. Recibió la esperable oposición de las defensas. Pero la posición de la defensa encontró un inesperado eco en la fiscal Mirna Goransky, quien planteó la “inconstitucionalidad” del traslado e hizo un planteo de posible nulidad al que, nada lerdos, los defensores salieron a “adherir” rápidamente.

El juicio se hará tres días a la semana: lunes, miércoles y jueves, con jornadas fijas de ocho horas: de 10 a 18. El tribunal calcula que pasarán por el juicio entre 820 y 830 testigos y aspiran que en estas condiciones el debate se resuelva en 24 meses. Los testigos serán convocados de acuerdo con la cronología de las caídas. Y se avanzará caso por caso: es decir, declarará la víctima y los testigos de un “hecho” antes de pasar al siguiente. El criterio del tiempo cronológico era importante para una parte de los sobrevivientes: entienden que esa organización, que permitirá ver lo que sucedió en la ESMA momento por momento, servirá para reconstruir las caídas desde la lógica de las historias y desarrollos de las organizaciones políticas.

La audiencia quedó marcada por la oposición de la fiscalía y las defensas al tema del traslado de la prueba. Este tema vital para las querellas quedó resuelto: el TOF ya decidió que las víctimas que ya declararon no deberán volver a hacerlo. Y que las partes deberán leer o escuchar o ver el material antes de las audiencias. Y si las defensas o los querellantes consideran que es necesario que una persona vuelva a declarar porque se van a juzgar nuevos hechos y nuevos imputados, deben decir por qué razón van a convocarla. Y la persona va a ser citada.

Como cada vez que se planteó este tema, los defensores buscaron formas de oponerse. Uno de los que llevó la voz cantante fue Guillermo Jesús Fanego, secretario de Organización del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Otro defensor dijo que la decisión los dejaba en “un virtual estado de indefensión” y llegó a decir que carecía “de medios para ver la grabación”. Otro de ellos se paró en la sala más tarde: “Si hay un testigo de cargo tengo derecho a interrogarlo”, soltó como si la nueva opción no lo contemplara.

Una de las intervenciones más paradigmáticas fue la de Víctor Valle, a cargo del equipo de defensores oficiales. Sus palabras pusieron en escena la cercanía con el planteo de la fiscalía. “Creo que asiste la razón a la fiscalía –dijo–: el proceso devendría nulo (si se ponen estos procedimientos en marcha); no creo que haga falta hacer una reserva.” Y agregó: “Adhiero a la nulidad planteada por la fiscalía”.

Para la fiscal, la “inconstitucionalidad” estaría dada porque el traslado de la prueba de un juicio a otro contradice el principio que considera que los procesos deben ser orales, públicos, contradictorios y continuos. “Si nos tomamos en serio esto, el juicio no podría suspenderse ni siquiera durante la feria”, aclaró. Ató el planteo al derecho de las víctimas que, dijo, “tienen derecho a hablar”, aunque los organismos de derechos humanos pelearon por estas reglamentaciones para evitar que estas personas vuelvan a tener que hacerlo en cada juicio.

Pedro Dinani, de Justicia Ya!, señaló: “Coincidimos con lo expresado por el tribunal sobre el traslado del cuerpo probatorio de videos y registros fílmicos de las víctimas que hayan declarado en este juicio –dijo–: para nosotros es central y consideramos que no hay afectación ninguna del debido proceso”. Inmediatamente tomó la palabra la abogada Carolina Varsky, del CELS, para expresar en ese mismo sentido una posición colectiva. “Todas las querellas adherimos a la decisión del tribunal, estamos de acuerdo con la propuesta del traslado de la prueba, entendemos que es similar a trasladar la prueba documental en la que cada parte debe leer lo que queda incorporado.”

“Nadie quiere cercenar los derechos de los imputados. Queremos que los testigos no tengan que volver a sentarse para contar otra vez lo mismo. No hay nada que conspire más contra la oralidad de un juicio que un juicio largo que se dilate en el tiempo. La fiscal no entendió la resolución de la Cámara de Casación que plasmó una guía clara para poder llevar adelante juicios que todos estamos apuntando a acortar”, explicó el abogado Rodolfo Yanzón, de la organización Kaos, a Página/12. “Es muy grave que una fiscal adelante una opinión sobre que el juicio puede ser nulo”, señaló.

El tribunal presidido por Daniel Obligado e integrado por Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia y como suplente Pablo Bertuzzi ya tomó la decisión de incorporar el mecanismo que, además, se utiliza en otros debates. Hay decisiones, en cambio, que aún están sin resolver. Una de las que preocupa a las querellas es la situación de los detenidos en prisión domiciliaria, que son una tercera parte de los acusados. Eso explicaron a la salida Carlos Loza y “el Sueco”, Carlos Lordkipanise, dos de los sobrevivientes que esperan que el juicio empiece con todos los acusados en prisión efectiva o espacios subsidiarios para quienes están con problemas de salud.

La mujer de Vildoza : negocios y relaciones

La detención de la esposa del represor Vildoza, abrió el abanico de negocios y relaciones.
Por teléfono con Astiz y Videla

La detención de Ana María Grimaldos, prófuga durante veinticuatro años con su esposo, el marino Jorge Vildoza, empezó a dejar al descubierto la trama de complicidades entre represores. La empresa del hijo del oficial de la ESMA y los vínculos con condenados.

 Por Alejandra Dandan

La Justicia detuvo a la esposa de Jorge Vildoza el 3 de julio de este año. Diez días mas tarde, el juzgado de María Servini de Cubría allanó una muy bien puesta sede de la empresa American Data SA, en San Isidro. En la compañía, dedicada a servicios de juegos de azar y apuestas, los recibió su presidente: Jorge Vildoza, hijo. Mientras los integrantes del operativo se llevaban unas cincuenta computadoras para analizar, el hijo del ex segundo jefe de la Escuela Mecánica de la Armada –que estuvo hasta 1988 en el Servicio de Inteligencia de la Marina– agarró su teléfono, hizo una llamada al Servicio Penitenciario Federal y del diálogo que tuvo se desprende que en ese mismo momento habló con Alfredo Astiz.

“Alfredo, estoy acá con personal de Servini –saludó–. ¿Les mando un saludo de tu parte?” “Alfredo” le dijo que sí, según los datos que surgen de la desgrabación de la SIDE, capturada en el marco de las intervenciones que ordenó el juzgado durante la búsqueda de Vildoza padre y de su mujer, prófugos durante 24 años. No fue la única comunicación del ex SIN con Astiz y quienes están detrás de la causa se preguntan si las conversaciones pueden dar cuenta de un aceitado mecanismo de coordinación que aún persiste en la confraternidad de los marinos.

Cuando Grimaldos llegó a la cárcel de Ezeiza, el que la llamó fue el dictador Jorge Videla. La información se desprende de otra llamada, esta vez una que hizo su hija, Mónica Vildoza. “¿No sabés con quién habló mamá?”, le dijo ella a su interlocutor. “¡La llamó el general Videla!” En esa conversación, Videla le dijo a la apropiadora de Javier Penino Viñas que a partir de este momento tenía que ponerse fuerte. Y le explicó que él mismo estaba bien, pero que le “temblaban las patitas”.

Este escenario en el que la trama de 24 años de los Vildoza combina a los marinos, la ESMA, el juego y la despampanante puesta en escena del edificio de American Data con mármoles y cristales, la llamada a Astiz el día del allanamiento es lo que despierta en la causa la hipótesis de que hay que seguir investigando. Para la querella, es posible que la empresa funcione como parte de una estructura que sigue alimentando gastos operativos de los que siguen estando operativos. O como mínimo (desde ahí se pagaba el teléfono de Grimaldos) que haya servido para garantizar los gastos que necesitó Grimaldos para mantenerse clandestina y Vildoza para seguir en calidad de prófugo.
¿American qué?

Según los papeles, American Data SA es una empresa creada a fines de los ’80, con domicilio en Repetto al 3300, en Vicente López. Según el objeto comercial, está dedicada “al esparcimiento relacionado con juegos de azar y apuestas”. Como presidente figura Jorge Ernesto Vildoza, hijo del represor, integrante del SIN hasta 1988. Y como vicepresidente, Rodolfo Fernando Giromini, marido de Mónica Vildoza, la otra hija biológica del marino. Giromini tiene su propia estrella: perteneció al Ejército como piloto, entre 1978 y 1983, según datos del Ministerio de Defensa a los que accedió este diario. En su vida de civil, fue gerente de operaciones en la empresa Austral y según las fuentes consultadas por este diario, todavía sigue siendo piloto en Aerolíneas. El dato es sugerente: piloto durante la dictadura y piloto mientras sus suegros entraron y salieron del país con documentos falsos y sin problemas durante 24 años.

La empresa es en este momento materia de investigación en tres causas. Servini investiga el contenido de las computadoras porque todavía busca a Vildoza padre. Su juzgado busca documentos que prueben que está muerto, como dice su mujer, o que está vivo, como está convencida la querella. El juzgado, que no tiene datos para sostener la hipótesis de la muerte, porque no tiene papeles que lo avalen y porque la mujer sigue cobrando una pensión como si él estuviese con vida, tampoco descarta la idea de la muerte. En esa línea creen que su familia podría no darlo por muerto porque su nombre podría estar vivo para el mundo de los negocios.

Las otras dos causas, en cambio, tienen de fondo la hipótesis de que esta estructura puede estar ligada al robo de bienes de la ESMA. Una causa está en Ushuaia desde comienzos del año 2000, con un eje que al final quedó reducido a una controversia entre abogados. Uno de los abogados que fueron indagados en esa causa abrió, sin embargo, la posibilidad de iniciar una nueva investigación. Se trata del misionero Oscar Beccaluva, contratado en algún momento por los Vildoza y que pidió ser relevado del secreto profesional para poder defenderse. En su declaración dijo que se encontró dos veces al marino prófugo en las oficinas de American Data SA del sur del país y señaló que “los hombres que en esa provincia le brindaban protección (a Vildoza) y blanqueaban el dinero obtenido producto de la apropiación de bienes de desaparecidos, lo amenazaban con entregarlo”.

A partir de esas declaraciones hubo un problema de competencia entre Ushuaia y el juzgado de Sergio Torres en Capital a cargo de la causa ESMA. Torres entendió que Ushuaia tenía que investigar la causa porque en el medio había un litigio local. La Cámara le dio la razón, pero él se llevó una copia del expediente para investigar la posible conexión con el robo de bienes en ESMA. Hasta ahora pidió a la Inspección General de Justicia los expedientes de la empresa y analiza balances y movimientos.

Aunque hasta ahora no hay elementos para sostener esa relación punto a punto, hay otros elementos contextuales a tener en cuenta. Los marinos de la ESMA aparecen vinculados con negocios en época de la democracia con casinos, juegos de azar y, entre otros rubros, inmobiliarias. En este caso, lo que hay es un “enorme volumen de dinero” que se mueve en la empresa. Tiempos que Vildoza pasó prófugo y trabajando en este rubro en Africa, Londres y Estados Unidos. Otro elemento es un indicio del negocio inmobiliario. Según información de una base de datos de empresas, Jorge Vildoza (h) y su mujer, María Verónica Trucco Jaureguiberry, constituyeron Artescmos SA (cuit 30710800169) dedicada, entre otros, a “compra venta, permuta, alquiler, arrendamiento, de propiedad inmueble, incluidas las comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de campo, explotación agrícola o ganadera y parques industriales, pudiendo tomar la venta o comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros”. El domicilio legal con el que fue inscripto la inmobiliaria es Tres Sargentos al 1500, de Martínez.
El riesgo domiciliario

Dicen que Ana María Grimaldos estaba entrenada para vivir escondida. Cuando su hija iba a visitarla o pasaba a buscarla, llegaba en auto y salían en colectivo. Los vecinos casi no la conocían y la describen como una persona reservada que pasaba en ocasiones varios meses en Europa. El allanamiento estaba previsto originalmente para el día 11 de julio, cuando ella iba a operarse de los ojos. El día 2, su hija apareció en el juzgado porque había recibido una “alerta” de que algo pasaba con su madre. En el juzgado intentaron disuadirla, pero alterados por esa situación, adelantaron el allanamiento para las 2 de la mañana de esa misma noche.

Según la información de la causa, Mónica Vildoza se enteró de las “alertas” en la frontera, mientras cruzaba de Paraguay a Brasil. Información que nadie debió haberle dado. Las escuchas dan cuenta de que la familia empezó a saber que estaban siguiéndolos y volvió a generar el sistema de protección que mantuvo en los últimos años. Porque en esas condiciones su familia no puede ser garante de una detención en prisión domiciliaria, la jueza Servini rechazó el pedido de los abogados de Grimaldos, que están pidiendo ese beneficio. Los abogados acaban de insistir ahora ante la Cámara Federal, la Sala I analiza en este momento el pedido.

Por qué Alemann puede terninar en la cárcel: “Yo vi entrar a Alemann a la sala de torturas de la Esma"

Carlos Lordkipanidse, ex detenido en la ESMA, describe cómo Juan Alemann ingresó al centro de detención para presenciar el interrogatorio de un matrimonio que luego desapareció. Las causas por las que podrían procesar al ex secretario de Hacienda de Videla. Su increíble defensa.

Por Walter Goobar

 
Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de la dictadura de Jorge Rafael Videla y uno de los personajes más representativos del establishment que se benefició con el gobierno militar, visitó la sala de torturas de la Escuela de Mecánica de la Armada y se encontró con prisioneros engrillados y encapuchados. El mismo Alemann que en la edición anterior de esta revista formuló brutales declaraciones sobre la apropiación de menores y la tortura, sin mostrar ningún arrepentimiento sobre su participación en la dictadura, fue visto allí por un sobreviviente del horror. Este testimonio deja abierta la posibilidad, tal como reclama Estela Carlotto, de que sean puestos en el banquillo de los acusados y condenados aquellos civiles que hasta ahora salieron indemnes de los juicios por la época de la dictadura militar.

 
El testimonio corresponde a Carlos Lordkipanidse, un sobreviviente de la ESMA y militante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que desde la época del Juicio a las Juntas viene reclamando –sin mayor éxito– que Alemann sea llamado a declarar en la causa ESMA y en la causa por la apropiación de menores. Lordkipanidse fue secuestrado el 18 de noviembre de 1978 y permaneció dos años y medio en la ESMA. Luego estuvo bajo libertad vigilada hasta que se escapó del país. Desde su primer testimonio en 1987, en el apéndice del Juicio a las Juntas Militares, y en noviembre de 2000, en la causa que investiga la existencia de un plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos, Lordkipanidse ha denunciado la presencia de Juan Alemann en la ESMA. Este testimonio fue confirmado por Víctor Basterra, otro ex prisionero en el lugar 

 
“Alemann fue invitado a recorrer la ESMA por miembros de un grupo de tareas que se jactaba de haber atrapado a los presuntos integrantes de un comando montonero que habían perpetrado un fallido atentado contra su vida. Yo lo vi en un sector del sótano del edificio de oficiales que se denominaba Cuatro. Allí me crucé con Alemann cuando él estaba entrando a un sector llamado Huevera...”
–Esa era la sala de torturas y de partos de la ESMA...
–Sí. Sus paredes estaban recubiertas de envases de huevos para amortiguar los gritos de los torturados. También se usaba para proyectar audiovisuales. Alemann estaba acompañado por el jefe de operaciones, teniente Adolfo Miguel Donda Tigel, el teniente Fernando Peyón, el jefe de Inteligencia “Horacio” Lorenzon, el prefecto Ricardo Carnet, alias “Espejaime”, y el subprefecto Jorge Manuel Díaz Smith. Después de que Alemann ingresa a la sala de torturas, ingresa el detenido Orlando Ruiz y le hacen relatar detalles sobre el atentado que había sufrido Alemann en noviembre de 1979 por parte de un comando montonero.

 
–¿En qué estado estaba Ruiz en el momento en que lo exponen frente a Alemann?
–Yo escuché cuando lo llevaron desde el cuarto de interrogatorios a la sala de torturas y estaba encapuchado, esposado por la espalda y engrillado a los pies.
–¿Cómo fue que se encontró cara a cara con Alemann?
–Ese día hubo un movimiento no habitual dentro del sector. Para ese entonces, los únicos detenidos que hacíamos trabajo esclavo en el sector cuatro éramos Víctor Basterra y yo, que me desempeñaba en el laboratorio fotográfico. Ese trabajo me permitió tener la capucha levantada y verlo a Alemann. Había mucho movimiento de oficiales que iban y venían y un guardia me ordenó que no saliera del laboratorio. Después de un rato salí por la mía con la capucha levantada y me dirijo al comedor. En la puerta de la Huevera estaba Alemann. A mí me sorprendió porque era un personaje muy conocido en aquel entonces. Por otro lado, se destacaba por su estatura y por la vestimenta. Los integrantes de los grupos de tareas se vestían de civil y de sport. Este tipo estaba con un traje impecable y zapatos negros.
–¿Él lo saludó o lo miró?
–No. Me ignoró completamente. Es más: no creo que haya pensado que yo era un prisionero. No sé si se habrá dado cuenta de que tenía el tabique puesto a la altura de la frente en lugar de tenerlo a la altura de los ojos. Yo me di cuenta de que me había mandado una cagada grande como una casa al haber salido de ese lugar y que podía sufrir represalias y me metí en el comedor lo más rápido posible, pero la imagen me perdura hasta hoy. Lo veo al tipo entrando en la sala de torturas.
–¿Los marinos le dijeron algo?
–No, porque ellos sabían que lo que le iban a mostrar era una persona en una situación mucho peor que la mía. Lo pusieron frente a frente con un prisionero encapuchado, esposado y engrillado. A mí no me dieron pelota.
–Alemann niega haber estado en la ESMA pero admite que le mostraron “en forma privada” fotografías de fusiles Energa y FAL usados en el atentado perpetrado por Montoneros. ¿Usted preparó alguno de esos materiales?
–No. Pero sé que le expusieron material periodístico de la época del atentado. Eso quedó expuesto en caballetes en la Huevera. Recuerdo que estaba la foto de un periódico con la imagen de un Torino cuatro puertas, semidestruido por el impacto de un cohete en el radiador.
–¿Cuál fue el papel de Orlando Ruiz frente a Alemann?
–Ruiz había vuelto al país en la llamada contraofensiva de Montoneros. Pero Orlando no era parte de la estructura militar de la contraofensiva, sino de la estructura política. Cumplía tareas de agitación y propaganda, como la intercepción de los canales de TV. Pero Ruiz, su esposa Silvia Dameri, que estaba embarazada, y los dos hijos del matrimonio fueron la única captura que hizo la Marina en relación con la contraofensiva. Todo lo demás cayó en manos del Ejército o de la Policía Federal. A Ruiz le hacen exponer frente a Alemann sobre las circunstancias del fallido atentado contra su vida. Yo no creo que haya sido partícipe de la operación, porque no era integrante de la estructura militar.
El matrimonio sigue aún desaparecido y la beba nacida en cautiverio todavía no ha sido recuperada (ver aparte). Pese a que Alemann se manifestó siempre enemigo del almirante Emilio Massera y hasta denunció que intentó matarlo, no es descabellado que lo hayan invitado a la ESMA. Para la época en que fue, Massera ya había sido desplazado de la conducción de la Armada y esta fuerza quería congraciarse con los restantes poderes del gobierno militar.
–¿Cuánto duró la presencia de Alemann en la sala de torturas?
–No puede haber durado más de una hora.
–¿Sabe si lo llevaron a recorrer otras instalaciones de la ESMA?
–Estando en el sector cuatro, que está en el sótano, lo menos que le pueden haber mostrado es el sector del laboratorio y el sector de documentación. Seguramente debe haber estado en el Salón Dorado, ubicado en la planta baja que es donde funcionaban los sectores de inteligencia, logística y operaciones. Lo que no sé es si lo llevaron o no al sector de Capucha, que es donde se alojaban los detenidos.
–La mujer de Orlando Ruiz, Silvia Dameri, dio a luz en la ESMA en la misma sala donde estuvo Juan Alemann. ¿Qué puede saber Alemann sobre la apropiación del bebé de los Ruiz-Dameri?
–Tengo la certeza absoluta de que Alemann sabía que había una mujer embarazada en ese momento.
–¿Por qué?
–A cada prisionero se lo presentaba detallando su núcleo familiar. Cuando se lo presentaron le tienen que haber dicho que regresó al país con su mujer embarazada y sus otros dos hijos y que todos estaban detenidos. Esa era la práctica de rutina.
–Usted ha denunciado ante la Justicia la presencia de Alemann en la ESMA desde el Juicio a las Juntas. Si alguno de los jueces que nunca llamaron a Alemann a declarar le pidieran a usted que le formule las preguntas, ¿qué le preguntaría?
–Lo primero que le preguntaría es por qué no hizo la denuncia inmediata de que había una familia secuestrada en la ESMA. Él era funcionario público, lo cual lo compromete aún más. Después de haber visto a una persona secuestrada, encapuchada y engrillada, lo mínimo que debería haber hecho como ciudadano es una denuncia pública, porque en esa época la dictadura sostenía que los desaparecidos no existían. Este señor tuvo en su presencia, ante sus ojos, a un desaparecido y no lo denunció.

 
–¿Alemann puede tener información sobre el nacimiento de Laura Ruiz Dameri, que es la última beba nacida en cautiverio?
–Con toda seguridad.
–Aún hoy Alemann dice que la Marina torturaba por placer mientras el Ejército torturaba para sacar información. ¿Esta puede haber sido una impresión que él recogió durante su paso por la ESMA?
–Si él asevera eso, está falseando: no es cierto que la Marina torturara sólo por placer, aunque también lo hacía por placer. Eso no exime al Ejército de que ellos también lo hicieron por placer, más allá de querer sacar información.
Revista Veintitrés