Se reanudó el juicio con acusaciones por secuestro de niños y trabajo esclavo

El juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA se reanudó con la lectura de acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese centro ilegal de detención.

La tercera audiencia del segundo megajuicio por lo ocurrido en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar repasó, entre otros, los casos del legislador Juan Cabandié, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Su caso fue repasado junto a los de otros recién nacidos que fueron víctima de "condiciones inhumanas de vida, paupérrimas condiciones de alimentación" y que terminaron separados de sus madres y en gran parte de los casos apropiados.

Eso ocurrió con Cabandié, según la acusación leída ante el Tribunal Oral Federal 5, cuya madre Alicia fue secuestrada en 1977 embarazada de 5 meses y trasladada a la ESMA para dar a luz en el Casino de Oficiales.
El recién nacido estuvo 20 días con su madre en la ESMA hasta que el fallecido represor Héctor Febres le hizo escribir una carta a sus familiares, que dejó junto al niño antes de que el pequeño fuera sacado por otro represor, Pedro Bolita.

Cabandié fue apropiado y recuperó su identidad en 2004.

 Tanto en este como en otros casos repasados hoy, la Justicia acusa a Febres de ser quien custodiaba a las embarazadas secuestradas y a los niños nacidos en cautiverio.

Si bien el robo de bebés en la ESMA ya fue juzgado en otro proceso, el megajuicio actual también incluirá cargos por la maternidad clandestina que funcionó allí, lo ocurrido con los niños y el destino de sus madres desaparecidas.
Los bebés "eran mantenidos en cautiverio junto a sus madres" en condiciones "paupérrimas de alimentación, higiene en el lugar, agravadas por su situación de recién nacidos", se repitió una y otra vez en la lectura de cada caso.

Y también se repasaron los secuestros de padres con hijos menores que eran llevados con ellos al centro clandestino como en el caso de Carlos Lordkipanidse, torturado frente a su bebé de 20 días mientras lo amenazaban con "reventarle" la cabeza contra una pared.

Otro tramo de lectura de la acusación incluyó a secuestrados que fueron obligados a cumplir tareas como mano de obra esclava por sus captores, como ocurrió a la periodista Miriam Lewin, secuestrada el 17 de mayo de 1977 y obligada hasta el 26 de marzo de 1978 a "realizar trabajos a favor de los captores" en la llamada "huevera" de la ESMA y luego, bajo libertad vigilada a seguir desempeñándose para ellos.

También se enumeraron los casos en que secuestrados eran obligados a salir con sus captores, como ocurrió a una víctima con los detenidos Alfredo Astiz, Febres o Jorge "Tigre" Acosta, a quienes incluso tuvo que acompañar a locales bailables y viajar con ellos a México para "buscar" a Jaime Dri.

Uno de los casos que se juzga en este proceso es el del abogado Guillermo Díaz Lestrem, un defensor de detenidos políticos secuestrado el 20 de octubre de 1978 por el grupo operativo 3.3.2 de la ESMA, torturado y cuyo cadáver se encontró en Palermo, frente a una guarnición del Ejército.

También se leyó la acusación por el secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg, quien era agregada cultural de la embajada argentina en París y "sabía de la existencia del llamado Centro Piloto" creado en la clandestinidad para "modificar la imagen argentina en Europa, infiltrarse en organizaciones de exiliados y detectar" a quienes mantenían contactos desde Argentina.

Holmberg fue trasladada a la Cancillería en Buenos Aires por sus continuos enfrenamientos con quien estaba a cargo del centro piloto y poco después de llegar al país fue secuestrada, llevada a la ESMA, asesinada y su cadáver apareció en el Delta.
 Entre los juzgados están los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Carlos Rádice y Adolfo Miguel Donda, además del civil y ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, este último por presenciar una sesión de torturas cuando era funcionario público.

También se juzga a los procesados por pilotear e integrar tripulaciones de los llamados "vuelos de la muerte" desde donde se arrojaban secuestrados drogados al Rio de la Plata.

El Delta, "el lugar perfecto"

"Arrojaban tanques con cuerpos adentro"
 Por Diego Martínez

Un pibe de Villa Paranacito, en Islas de Ibicuy, Entre Ríos, se sienta en el muelle familiar sobre el río Paraná para sintonizar una FM con su Tonomac súper platino. El ruido del agua que golpea contra la costa se interrumpe con el sonido grave de las aspas de un helicóptero, que se posa a diez metros de altura, cerca de la desembocadura del desaguadero del Sauce. De repente, golpes: algo cae al río. Más tarde, en un recodo, en una rama, aparecen cuerpos atados de pies y manos. Luego Prefectura Zona Delta, la misma que alojó al prefecto Héctor Febres hasta que el cianuro lo silenció para siempre, se encarga de desaparecerlos. “‘Estaba en política’ (mala palabra), decían cuando preguntábamos. Esto por lo frecuente, aunque sea una aberración injustificable, era considerado normal.” La historia transcurrió durante la dictadura. El relato y la cita se publicaron en 2007 en la revista La Isla del Delta, que se edita en Campana. El protagonista, testigo de la imagen que Charly García propuso recrear para homenajear a las víctimas de los vuelos, amplió su testimonio ante el periodista entrerriano Fabián Magnotta, que lo acaba de publicar en el libro El lugar perfecto. Vuelos de la muerte y desaparecidos en el delta entrerriano (1976-1980), de Ediciones Cinco.

Magnotta inició su investigación en 2003, cuando un policía que en los ’80 había prestado servicios en Villa Paranacito se presentó ante el juez de instrucción de Gualeguaychú para relatar una historia que le había contado una ex novia. Cuando era niña, recordó, fue testigo del entierro de un hombre joven que había sido arrojado desde el aire adentro de un tambor de 200 litros. “Me contó que ese día todos entendieron qué era lo que había en esos tanques que se veían caer desde helicópteros”, declaró. El juez Eduardo García Jurado ubicó a la mujer, que no se presentó ante la citación. Cuando un móvil policial la trasladó al juzgado, negó el relato. Durante el careo con su ex novio, temblando, volvió a negarlo. “Tienen que entender la idiosincrasia del isleño”, explica ante Página/12 Carlos Ferreyra, el pibe de la Tonomac que tardó tres décadas en contar sus recuerdos. “El isleño se mimetiza con el paisaje, es un observador silencioso, no habla”, dice. “Los habitantes del delta tienen miedo hasta hoy”, agrega.

Magnotta recorrió el delta durante años, volvió una y otra vez para ganarse la confianza de los lugareños y recoger testimonios de primera mano. La hipótesis que desarrolla en su libro es que el delta entrerriano, miles de héctareas de ríos pero también montes, esteros y bañados a los que sólo se accede de a pie, fue el lugar elegido por las Fuerzas Armadas para concluir el ciclo secuestro/interrogatorio/ejecución/desaparición. A partir de los testimonios de lancheros, jornaleros y pescadores, armó un mapa de los lugares donde se encontraron cuerpos o se los vio caer al vacío. Hay menos de cien kilómetros de Buenos Aires, apenas 15 o 20 minutos de avión, apuntó, y destacó la reiterada respuesta de Prefectura cada vez que algún vecino decidió anoticiarla: “usted no vio nada”.

Secretos y confesiones

Pilotos y mecánicos reconocieron su participación

Algunos fanfarronearon y provocaron el horror de sus oyentes. Otros hicieron alarde ante medios de comunicación. Ante la Justicia trataron de negarlo.

 Por Diego Martínez

Tres confesiones en ámbitos privados, relatadas bajo juramento por testigos directos, llevaron a otros tantos marinos al banquillo de los acusados por su participación en vuelos de la muerte. Emir Sisul Hess y Rubén Ricardo Ormello hablaron ante compañeros de trabajo cuando todavía regían las leyes de impunidad. A Julio Alberto Poch le jugó una mala pasada la canilla libre en un restaurante de la Isla de Bali, en Indonesia, y una conversación sobre el papá de la princesa Máxima, Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura de la dictadura. Tanto el juez federal Sergio Torres como la Cámara Federal porteña privilegiaron el valor de las confesiones frente a la deliberada destrucción de pruebas por parte la Armada. La última palabra la tendrá el Tribunal Oral Federal N° 5.

Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada y prestaba servicios en el área militar de la base de Ezeiza. Su confesión la relataron ante Página/12 y luego ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaban listos salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello”, según reconstruyó un operario.

Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora, Bahía Blanca, denunciada desde 1984 por el cabo Raúl Vilariño como una cobertura de represores de la ESMA. Aviador naval y paracaidista, Hess se retiró en 1991 y pasó a gerenciar un complejo turístico en Villa La Angostura, donde ocurrieron sus confesiones. “Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró uno de sus empleados. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó. Cuando el juez Juan José Galeano comenzó a investigar se topó con un segundo testigo. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –dijo que le preguntó.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al Río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

Los testigos de la confesión de Poch, desmenuzada en los procesamientos, son pilotos de la aerolínea holandesa Transavia.

–¡Qué espantoso que hayas tenido que hacer eso! –reaccionó Tim Weert cuando Poch relató los vuelos en primera persona, en 2003.

–Ustedes no saben nada. Tienen que comprender que era una guerra, donde muere gente de ambos bandos –dijo el marino.

–Por Dios, ¿cómo pudiste colaborar en eso? –insistió Weert.

–Eran terroristas de izquierda. No merecían nada mejor.

–¿Por qué no devolvieron los cuerpos a sus seres queridos, a esas Madres de las pancartas?

–Deberían haber sabido que sus hijos eran terroristas. Deberíamos haberlos matado a todos –afirmó Poch.

–Es un modo inhumano de matar gente.

–Estaban drogados –justificó.

Cuando Edwin Brouwer preguntó cómo lo había hecho “Julio estrechó su mano derecha horizontalmente hacia adelante e hizo un movimiento rotatorio”, recordó. “El costado derecho de su mano se inclinó un poco hacia abajo. Aún se lo veo hacer”, contó a la Justicia. “Julio fue muy auténtico y hasta hoy creo su historia”, dijo Weert. “Hay personas que saben más y no se atreven a comparecer”, agregó.

Cuando la Cámara Federal marcó la necesidad de reforzar la prueba, el juez Torres cursó cuestionarios para una docena de testigos en Holanda. De los ocho preparados por Gerardo Ibáñez, abogado de Poch, siete no habían estado en el restaurante donde ocurrió la confesión y el octavo no presenció el diálogo. De los mails de Frederik van Heukelom surgió que había recibido indicaciones sobre qué declarar y consejos para borrar los correos con la estrategia de salvataje. Lo peor para Poch no fue que Weert y Brouwer ratificaran sus relatos sino la aparición de un tercer testigo, que estaba volando y no había podido declarar cuando Torres tomó declaraciones en 2009. Chris Duijker confirmó la confesión y contó que el hijo de Poch, también piloto de Transavia, le pidió que dijera que su padre no había hablado en primera persona del singular sino como “nosotros”, por los marinos. Duijker se negó y declaró la verdad.

Los testimonios de los vuelos de la muerte en la ESMA y también en Tucumán, El Palomar y Campo de Mayo

Los vuelos de la ESMA y los que falta investigar

En la megacausa de la ESMA que comenzó la semana pasada, se juzgará por primera vez a pilotos que participaron en vuelos para exterminar secuestrados. Si bien hay testimonios de otros casos, no hay imputados.

 Por Diego Martínez

Los vuelos de la muerte, denunciados por Rodolfo Walsh en el primer aniversario del golpe de Estado, llegaron a juicio 35 años después. El modo en que se instruyeron verdaderas megacausas derivó en que los primeros imputados por su actuación específica en la fase final del proceso de exterminio y desaparición de la dictadura no sean quienes impartieron órdenes a aviadores y tripulantes, cuya responsabilidad es más simple de probar, sino marinos y prefectos acusados como ejecutores directos: tres por confesiones en privado, tres por documentos que sobrevivieron a la destrucción planificada de pruebas. Mientras el Tribunal Oral Federal Nº 5 que juzga a represores de la ESMA se dispone a escuchar a testigos de relatos macabros en primera persona y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa identificando víctimas que el mar devolvió a las costas, sigue pendiente la imputación de quienes integraban estructuras superiores y cadenas de mando por encima de los autores materiales.

El método de arrojar personas desde aviones y helicópteros lo aplicaron las tres fuerzas armadas y varias fuerzas de seguridad, incluso antes del golpe de Estado. El suboficial Luis Martínez declaró en 1981 que grupos de tareas de Seguridad Federal interrogaban a los secuestrados en el tercer piso de Azopardo 680 y luego recurrían a vuelos nocturnos que despegaban desde un sector de aeroparque custodiado por la Fuerza Aérea. “Estos hechos se remontan a 1975-1976 porque luego comenzó a funcionar Club Atlético”, precisó. Tomás Francisco Toconas, militante del PRT secuestrado el 26 de junio de 1975 en Monteros, Tucumán, fue asesinado y arrojado desde un helicóptero, y terminó enterrado como NN en el cementerio de Pozo Hondo, Santiago del Estero. El coronel Albino Zimmermann, jefe de policía de Antonio Bussi, llegó a jactarse en reuniones familiares de haber tirado a guerrilleros desde helicópteros a los montes tucumanos.

Poco después del golpe de Estado comenzaron aparecer cuerpos en las playas. A fines de abril de 1976, el océano devolvió seis cadáveres en un balneario de Rocha, Uruguay. El séptimo apareció el 1º de mayo, 150 kilómetros al norte, y fue identificado hace apenas dos meses: es Luis Guillermo Vega Ceballos, chileno, militante del PRT, secuestrado en La Boca el 9 de abril. Con ese dato se rastrearon las huellas dactilares de militantes caídos junto con Vega Ceballos, un perito de Prefectura viajó a Rocha y del cotejo con las huellas tomadas al primer grupo se identificó a Nelson Valentín Cabello Pérez, también chileno. No se conocen testigos de sus cautiverios y se ignora dónde estuvieron.

A mediados de mayo de 1976, siempre en Uruguay, aparecieron los cuerpos atados y torturados de María Rosa Mora y Floreal Avellaneda, secuestrados un mes antes en Vicente López. Las huellas dactilares de Mora y el tatuaje con las iniciales de Floreal permitieron identificarlos. El joven de 15 años fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. Días después aparecieron tres cuerpos en Colonia. Uno fue identificado este año: se trata de Roque Orlando Montenegro, que había sido secuestrado en febrero junto a su mujer, quien continúa desaparecida, y a su hija. Aquella niña, Victoria Montenegro, fue robada y criada con una identidad falsa por el coronel Herman Tetzlaff, oficial de Inteligencia destinado en Campo de Mayo.

Ex jerarcas del que fuera el mayor centro clandestino del país fueron condenados por el caso Avellaneda, entre otros. Los ex miembros del Batallón de Aviación 601, de Campo de Mayo, en cambio, siguen impunes. La investigación judicial se activó el año pasado con la llegada de la jueza federal Alicia Vence, que les tomó declaración a casi 400 conscriptos. Varios recordaron haber visto hombres y mujeres con vendas y capuchas a quienes descargaban de camiones y subían a helicópteros y aviones con destino desconocido. Del resto de los cuerpos aparecidos en costas uruguayas en 1976, el único identificado fue Horacio Adolfo Abeledo, estudiante de Antropología y militante del PRT. Abeledo fue secuestrado el 21 de julio y su cadáver, junto a otros tres, apareció en Colonia en septiembre. Su identidad se conoció el año pasado y se ignora dónde estuvo en cautiverio.

En marzo de 1977, antes de caer acribillado, Walsh denunció en su Carta Abierta a la Junta Militar que “entre 1500 y 3000 personas han sido masacradas en secreto”, sugirió que los cuerpos aparecidos en Uruguay eran parte “del cargamento de torturados hasta la muerte en la ESMA” y apuntó que se arrojaban “prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea” de El Palomar. Los testimonios de 33 conscriptos le permitieron al fiscal Federico Delgado confirmar el dato: hubo vuelos de la muerte que partieron de El Palomar y se hicieron desde aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. El juez Daniel Rafecas hizo suyas las conclusiones de la investigación, que incluyó más de 600 testimonios de colimbas y empleados civiles, pero ni el jefe de la base está imputado por ese delito. El motivo: no hay víctimas identificadas.

En junio y julio de 1977 se produjeron los dos vuelos que confesó el ex capitán Adolfo Scilingo, el único represor que admitió públicamente su participación. El primero fue en un avión Skyvan de Prefectura, el segundo en un Electra de la Armada, y ambos partieron desde Aeroparque. Por esas treinta ejecuciones, el marino fue condenado en España, donde purga una pena de 1084 años de prisión. El civil Gonzalo Torres de Tolosa y el capitán Carlos Daviou, mencionados por Scilingo como partícipes de los vuelos, integran la lista de 68 acusados del megajuicio que comenzó la semana pasada. A 18 años de la confesión, ningún miembro de la estructura de conducción de la aviación naval o de Prefectura, partícipes de la asociación ilícita que además trasladó por todo el país a personas privadas ilegalmente de su libertad, fue indagado por su aporte de aviones y hombres al terrorismo de Estado.

A fines de 1977 aparecieron en costas de San Bernardo y Santa Teresita los cuerpos de varios familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz, el 12 de diciembre. El EAAF identificó a la monja francesa Léonie Duquet, a Angela Aguad y a tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Una investigación de la Procuración General de la Nación, a partir de las planillas de vuelos que Prefectura le entregó al fiscal Miguel Angel Osorio, permitió el año pasado dar por primera vez con el registro de un vuelo de la muerte: el Skyvan PA-51 despegó de Aeroparque el 14 de diciembre de 1977 a las 21.30, dos horas después de que las monjas francesas fueran obligadas a fotografiarse con una foto de Montoneros detrás para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada. El avión voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, y volvió al punto de partida. De las 2758 planillas aportadas por Prefectura, es la única que tiene por objetivo la “navegación nocturna”. Tres de los cuatro tripulantes rinden cuentas ante el TOF Nº 5: son los pilotos Enrique De Saint George, Mario Arru y Alejandro D’Agostino. El cuarto era el mecánico David Fernández, ya fallecido. Los superiores de los acusados, incluido el prefecto Hilario Fariña, ex jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, entrevistado por Página/12 el año pasado, todavía no fueron citados a indagatoria.

El 18 de febrero de 1978 apareció en Las Toninas el cuerpo de Roberto Arancibia, ex miembro del comité central del PRT y fundador del ERP. Había sido secuestrado en mayo de 1977 y fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. En diciembre de 1978, el mar arrojó en playas bonaerenses los cadáveres de los últimos cautivos del Olimpo, de los cuales nueve fueron identificados. La semana pasada, el juez Rafecas procesó como partícipes necesarios de los homicidios a los represores que los tuvieron en su poder hasta el momento del “traslado”. La principal pista sobre los ejecutores directos la aportó en 1995 el ex gendarme Federico Talavera, ex guardia del Olimpo, quien admitió que cada veinte días y hasta que se cerró ese centro clandestino, transportaba a secuestrados adormecidos en un camión Mercedes-Benz rumbo a la base de El Palomar, donde los cargaban en un Hércules de la Fuerza Aérea. Dispuesto a hablar en televisión en los viejos tiempos de impunidad menemista, ahora el paradero de Talavera es para la Justicia un misterio.

Visita ocular a la ESMA, antes del inicio del Juicio

Segunda jornada: continúa la lectura de los casos

Otro represor "se descompensa"

 El juez Garzón, quien estuvo ayer en la sala de audiencias, manifestó : "Muchos de los que están aquí fueron procesados por mí (a la distancia) y verlos sometidos a juicio es a lo que cualquier juez aspira, sobre todo por hechos tan graves como éstos y que se esté haciendo en Argentina es un triunfo para todos y sobre todo para las víctimas.”

Como un gigante que va encontrando las formas de moverse, el “megajuicio” entró en la segunda jornada. Cuatro ambulancias permanecieron en el exterior. Trasladan detenidos, pero además tienen un equipo de médicos para examinar eventuales descompensados y desactivar las simulaciones cuando se usan para dilatar el juicio, en estas primeras jornadas, de presencia obligatoria para los acusados. Ayer se descompuso Víctor Roberto Olivera (Lindoro) y salió de la sala. El primer día, Carlos Orlando Generoso (Fragote), que ayer no estuvo.

Alfredo Astiz se sacó la escarapela del primer día. El piloto de los “vuelos de la muerte” Julio Poch mostró un cartel; decía que las acusaciones en su contra son mentiras, en una escena pensada en términos televisivos: en castellano y holandés (trabajó en Tran-savia, una aerolínea holandesa). En medio de la audiencia, durante la tarde, Carlos Galian (Pedro Bolita) se puso hablar por teléfono celular como si nada. Galian es el ex jefe de guardia de la ESMA, operativo de Héctor Febres y encargado de llevarse a los niños recién nacidos del centro clandestino. A pedido del fiscal Guillermo Friele, el presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, convocó a los defensores para decirles que era una falta de respeto para las víctimas.

Uno de los efectos de lo que significa haber llegado al juicio de esta manera, sumando causas que hasta ahora habían estado divididas durante años, empezó a verse en la sala. Los 789 nombres de las víctimas reunidas en una enorme lista, leída como parte de la acusación, enumerados uno tras otro, actualizaron una dimensión hasta ahora no oída de la ESMA. El primer día se escucharon los “casos” de 1976, ayer buena parte de 1977. Entre ellos empiezan a verse singularidades, pero también coincidencias. La violencia sexual, los casos de quienes fueron sometidos a trabajo esclavo con funciones en dependencias como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; algunos circuitos de traslados; niños torturados frente a sus padres. También se escucharon caídas de familias enteras, como los Tarnopolsky, del primer día, y ayer los Lennie. En un momento, el secretario del TOF leyó el nombre de Mirta Zuccarino de Lennie, secuestrada en enero de 1977 y llevada a la ESMA, donde estaban su esposo, su hija de 17 años y su nuera embarazada “bajo las mismas deplorables condiciones”. El grupo de tareas buscaba a su otra hija, María Cristina, perseguida desde hacía tiempo. En la ESMA, obligaron a Mirta, a su esposo y a su nuera a presenciar el interrogatorio y las torturas de Sandra, la niña de 17 años.

Las políticas para acelerar los juicios hacen que las historias en esta etapa estén reducidas a unas pocas líneas, en sus tramos más duros y descarnados, pero que muestran lo sistemático. “Cada caso es único y singular, pero a la vez forma parte del plan sistemático. Es decir, por un lado es único, pero en la repetición hay un hilo que muestra finalmente lo que fue el genocidio”, dijo Ana María Careaga, sobreviviente de otro centro.

Nombres más conocidos, y otros que se hacen re-conocer en la sala. Norma Arrostito, Alicia Eguren de Cooke, Dagmar Hagelin o Enrique Raab fueron algunos de estos “casos” leídos. Las listas trajeron a la sala el nombre de Ricardo Héctor Coquet y el momento en el que lo obligaron a pintar el nombre de Montoneros en la bandera de esa foto legendaria que les tomaron a las monjas francesas durante el cautiverio en la ESMA.

La lectura también dejó ver algunas de las hipótesis de trabajo de los investigadores: el ensañamiento que tuvieron con algunas víctimas, comprometidas en ciertas acciones armadas. Norma Arrostito es el único caso cuyo homicidio está agravado por la aplicación de envenenamiento, a través de una inyección. Juan Julio Roqué, de la conducción de Montoneros, “habría sido quemado en la caldera u horno de la cocina del casino de oficiales de la ESMA, de modo que nunca apareció”, dice la elevación. A Marcelo Daniel Kurlat le dispararon con un FAL en los riñones cuando salió de su casa, murió camino al Hospital Naval y su cuerpo está desaparecido. El cuerpo de José María Salgado, ligado al caso de la Superintendencia, “fue entregado a su familia consumido, desfigurado, con marcas de que había sido sometido a descargas eléctricas y le faltaban los ojos”, indica la elevación.

La lista de nombres también incluyó a María Hilda Pérez de Donda, la madre de Victoria –las dos son “casos” de este juicio– y a Carlos Maguid, secuestrado en Lima por el Servicio de Inteligencia Naval. Se oyeron los nombres de Sara Solarz de Osatinsky, Juan Gasparini, Martín Grass, Lila Pastoriza y tantos otros.

En esa topografía que empieza a recuperar la lógica de lo sistemático, pero que ahora va con la carga de acusación para los imputados, buena parte de los nombres exhiben sus procedencias políticas. Identidades que están allí porque “agravan” el delito de tormento, pero que hablan de una recuperación en términos de memoria. Otro de los territorios que empiezan a mostrar los nombres es el de los trabajadores de prensa, en cuya reconstrucción empezó a pensar la querella encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse. Los primeros nombres fueron mencionados el miércoles en la lista de 1976. Ayer, además de Enrique Raab, se escuchó el nombre de Francisco Eduardo Marín, secuestrado el 15 de mayo de 1977; José María Ascone, secuestrado el 18 de mayo de 1977, que trabajó en Primera Plana, La Opinión y El Descamisado, de la organización Montoneros. Y el de Adolfo Infante Allende, caído el 13 de junio, de 1977, a la noche, con su esposa Gloria Kehoe, que era colaborador de la Agencia de Noticias Clandestinas Ancla.

Inicio del tercer tramo del juicio contra los represores de ESMA

El miércoles 28 de noviembre, bien temprano se empezaron a colgar banderas de los distintos organismos de derechos humanos. Los compañeros sobrevivientes de la ESMA tenían una especial ansiedad que se tornó en satisfacción cuando entraron esposados en la sala los 67 de los 68 imputados.

Previamente al inicio de la audiencia histórica, JUSTICIA YA, presentó un escrito pidiendo la revocación de prisión domiciliaria de la que gozan 27 represores. Es como mínimo sorprendente que el proceso judicial que lleva a 68 marinos, policías, aviadores y civiles, el de mayor trascendencia de los hasta ahora desarrollados, 27 encartados, disfruten de una prerrogativa que no está considerada, tanto jurídicamente, ni jurisprudencialmente, para aquellos que cometieron crímenes aberrantes en el plan de exterminio diseñado por la dictadura militar de 1976; la aplicación del genocidio que devastó a la Argentina.

Por 789 secuestros, torturas y asesinatos, los imputados en este tramo de la causa ESMA, son : Jorge Eduardo ACOSTA, Randolfo Luis AGUSTI SCACCHI, Juan Arturo ALOMAR,   Paulino Oscar ALTAMIRA, Mario Daniel ARRÚ, Alfredo Ignacio ASTIZ, Juan Antonio AZIC,  Daniel Humberto BAUCERO, Julio Cesar BINOTTI, Carlos Octavio CAPDEVILA, Víctor Francisco CARDO, Ricardo Miguel CAVALLO, Miguel Enrique CLEMENTS, Daniel Oscar CUOMO, Rodolfo Oscar CIONCHI, Alejandro Domingo D’AGOSTINO, Juan de Dios DAER,  Carlos Eduardo DAVIOU, Jorge Manuel DÍAZ SMITH, Francisco Armando DI PAOLA,  Adolfo Miguel DONDA TIGEL, Juan Carlos FOTEA, Carlos Jaime FRAGUIO Rubén Oscar FRANCO, Carlos GALIÁN, Manuel Jacinto GARCÍA TALLADA, Miguel Ángel GARCÍA VELASCO, Pablo Eduardo GARCÍA VELASCO, Carlos Orlando GENEROSO, Alberto Eduardo GONZÁLEZ, Orlando GONZÁLEZ, Jorge Raúl GONZÁLEZ, Oscar Rubén LANZON, Ricardo Jorge LYNCH JONES, Jorge Luis MAGNACCO, Rogelio José MARTÍNEZ PIZARRO, Eduardo MORRIS GIRLING, Víctor Roberto OLIVERA, Rubén Ricardo ORMELLO, Edgardo Aroldo OTERO, Mario Pablo PALET, Guillermo Horacio PAZOS, Antonio Rosario PEREYRA, Roberto PÉREZ FROIO, Antonio PERNÍAS, Claudio Orlando PITTANA, Julio Alberto POCH, Héctor Francisco POLCHI, Jorge Carlos RADICE, Francisco Lucio RIOJA, Miguel Ángel Alberto RODRÍGUEZ, Juan Carlos ROLÓN, Enrique José DE SAINT GEORGES, Pedro Antonio SANTAMARÍA, Néstor Omar SAVIO, Raúl Enrique SCHELLER, Hugo Héctor SIFFREDI, Emir SISUL HESS, Carlos Guillermo SUÁREZ MASON, Gonzalo TORRES DE TOLOSA, Julio Antonio TORTI, Antonio VAÑEK, Eugenio Bautista VILARDO, Ernesto Frimón WEBER, Roque Ángel MARTELLO, Hugo Enrique DAMARIO, Juan Ernesto ALEMANN y Luis Ambrosio NAVARRO.
Entre ellos además de los marinos, hay policías, pilotos navales, y civiles.

De estos, hay 17 que ya tienen condena del segundo tramo, pero ahora les toca por crímenes por los que no fueron juzgados, tal como por la  práctica sistemática de robo de bebés, hijos de desaparecidos, entre otros delitos.

Posteriormente se leyó la lista de casos incluidos en este tramo :  Lilia María ÁLVAREZ,  Armando Rodolfo GREMICO, Jorge Héctor LIZASO, María del Carmen NÚÑEZ DE LIZASO, Irma Leticia LIZASO DE DELGADO, Pedro DELGADO, Oscar Alejandro LAGROTTA, Hugo César BOGARÍN, Alejandra Margarita LÉPIDO,  María Esther LORUSSO LAMLE, Beatriz Carolina CARBONELL DE PÉREZ WEISS, Horacio PÉREZ WEISS, César Armando LUGONES, María Marta VÁZQUEZ OCAMPO DE LUGONES, Mónica María Candelaria MIGNONE, Marta Mónica QUINTEIRO, Orlando Virgilio YORIO, Francisco JALICS, Juan José Pedro BLATÓN, María Juana CAIMAN DE BLATÓN, Francisco Juan BLATÓN, Alejandro Luis CALABRIA, Enrique Ramón TAPIA, José Antonio CACABELOS, Jorge Eduardo SORIA, Beatriz PORRINI DE SORIA, Julio César ARIN DELACOURT, Miriam Anita DUANTMAN, Julieta (hija de Miriam Anita DUANTMAN), Franca JARACH, Hernán Daniel FERNÁNDEZ, Rocío MARTÍNEZ, Rita Irene MIGNACO DE OTERO, Javier OTERO,  Marta Remedios ÁLVAREZ, Adolfo  KILMANN, Alfredo Manuel Juan BUZZALINO, Liliana Elvira PONTORIERO, Laura Alicia REBORATTI, José Enrique RAVIGNANI, María Teresa RAVIGNANI, Ricardo Hugo Darío MANUELE, Esperanza María CACABELOS, Edgardo de Jesús SALCEDO, Alejandro Hugo LÓPEZ, Sergio TARNOPOLSKY, Laura Inés DEL DUCA DE TARNOPOLSKY, Hugo Abraham TARNOPOLSKY, Blanca Edith EDELBERG DE TARNOPOLSKY, Bettina TARNOPOLSKY, Víctor Eduardo SEIB, Alicia Nora OPPENHEIMER, Ángela María AIETA DE GULLO, Eduardo SUÁREZ, Patricia Virginia VILLA, Mirta GROSSO, Norma Noemí DÍAZ, Horacio Edgardo PERALTA, Hebe Inés LORENZO, Osvaldo Rubén CHEULA, Pedro SOLÍS, Inés Adriana COBO, Zulema Josefina EL GÁNAME, Jorge Simón ADJIMAN, Estela María GACCHE DE ADJIMAN, Leonardo Natalio ADJIMAN, Soledad SCHAJAER, Luis Daniel ADJIMAN, Luis Félix BROTMAN, Isaac BROTMAN, Dora F.NAJLES DE BROTMAN, Florencia María BROTMAN DE  BEJERMAN y Sergio Martín BEJERMAN.

Parece que esto de descomponerse en los juicios es una patología que se repite en los genocidas que son sentados en el banquillo, y en este día, uno de ellos, Carlos Generoso, se “descompensó”, y el mismo pretendía que se suspendiera la audiencia. Con estas argucias intentan obstaculizar cada uno de los juicios, y así seguirán actuando, tan inútil como indecorosamente. 

En tanto en la calle se llevó a cabo el acto promovido por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, dónde organizaciones sociales, de derechos humanos, barriales, gremiales, estudiantiles, piqueteras, políticas… se sumaban al homenaje que a la lucha de los 30.000 detenidos-desaparecidos se concretaba esta mañana del 28 de noviembre de 2012.
Momentos de emoción se vivieron cuando hablaron los familiares de Darío y Maxi, de Carlos Fuentealba; no faltaron en las gargantas de todos los nombres de Jorge Julio López, Luciano Arruga. Y porque es  deuda con los 30.000 desaparecidos denunciar la impunidad de ayer y de hoy, ya que con la omisión de ese maldita continuación, se estaría faltando al compromiso de lucha comprometida. Y de los allí congregados había un sentimiento colectivo que se plasmaba en los abrazos y en las consignas reivindicativas que no se faltaba a la cita con la dignidad. En la calle, en la puerta del edificio de los tribunales de Comodoro Py, una suerte de resarcimiento entrelazaba los alegatos que se hacían al mismo tiempo en el Circuito Camps en la ciudad de La Plata.

Uno de los compañeros que estuvo en la ESMA secuestrado, y que sigue resistiendo, subió al primer piso de la sala y sintetizó el panorama como  Conmovedor, gratificante, reivindicador.
 Y con ello cerramos esta crónica de esta primera audiencia del tercer  tramo del juicio de ESMA.

Andrea Benites-Dumont