Judith Said declaró en el juicio por los crímenes cometidos en la ESMA

Asesinatos en el taller de confección

La mujer relató cómo acribillaron a su esposo, desaparecieron a sus dos hermanos y asesinaron a otros dos amigos. Luego saquearon el taller de la calle Riglos, un negocio familiar en el que se confeccionaba ropa.

Alberto Said y su madre, Linda Cohen de Said, tenían un taller llamado Ser en la calle Riglos. “Era un taller de confecciones”, enfatizó Judith Said en su declaración durante el juicio por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada. “Lo digo porque era un emprendimiento familiar, no tiene nada que ver con la estructura montonera. Daba trabajo a mi compañero, militante de Montoneros, y a Raúl Ocampo, que era estudiante de Económicas, que así ayudaba a sostener sus estudios.” El 15 de noviembre de 1976, la madre de Judith se quedó en casa de ella. Judith estaba embarazada de ocho meses, con pérdidas y con ellas estaba su hija María y el hijo de su compañero, Ricardo Aníbal Dios. Para entender lo que pasó ese día, lo que pasó con esa familia y lo que en la lectura de la ESMA se llama la “caída del grupo de los profesionales” de Montoneros, es preciso seguir la historia. La carga de desaparecidos, secuestros, el robo de bienes y el trabajo de reconstrucción de los efectos de la represión muestran en un caso una de las dimensiones de la ESMA.

La mañana del 15 de noviembre, Ricardo Aníbal Dios se había ido al taller temprano. Hacía la distribución de ropa. En el taller estaban él, Alberto Said –hermano de Judith–, Raúl Ocampo y la empleada Salvadora Ayala. De casualidad se hallaban además otras dos personas que habían ido a avisarle a Alberto de la muerte del abuelo de su novia Marta. Las dos personas eran el hermano de Marta, Mariano Krauthmer, y su pareja, Beatriz Silvina Fitzman. “Quiero aclarar que todo lo que voy a contar no lo sé porque fui testigo directo porque no estuve –dijo Judith–. El que llegó a ver algo fue mi padre. La otra persona es Salvadora Ayala y lo sé solo por lo que me dice mi madre o mi padre, que hoy no están aquí porque han fallecido, pero serían ellos los que podrían atestiguar de primera mano lo que voy a relatar.”
Secuestros y asesinatos

El 15 de noviembre de 1976 “llamo al taller al mediodía desde un teléfono público para saber a qué hora tenía que ir mi madre y noto que mi hermano Alberto tiene una voz un poco rara, escucho voces de fondo y se corta la comunicación. Llamo a mi papá, que tenía una inmobiliaria. El no estaba y me atendió su empleada. Le pregunté si pasaba algo y me dice: ‘Sí, tu padre se fue con tu hermano Eduardo hasta la calle Riglos porque una vecina llamó para comentar que había habido problemas’”.

Por lo que pudo reconstruir más tarde, el operativo en el taller empezó mientras su hermano Alberto tomaba un café con Mariano y Beatriz. “Cuando mi compañero, Ricardo Dios, abre una puerta, una ráfaga lo mata, porque muere en el momento”, dijo como quien se decide única y necesariamente a ser testigo de una historia que debe contar. “El certificado de defunción así lo dijo: herida de tórax y de cráneo. Alberto, al escuchar esos ruidos, sube con Mariano a la terraza y les tiran también desde la terraza, a Mariano lo hieren, Alberto lo lleva hasta la puerta y pide a los gritos una ambulancia. Pero no tuvo ninguna atención y muere casi al ratito nomás. El pide que dejen de tirar, que eso era un comercio, que no tenían por qué seguir tirando. Ahí paran y preguntan por Eduardo (su otro hermano) y eso no es casual”, indicó.

Eduardo Said era el tercero de los hermanos. Abogado, una vez recibido pasó a militar en la gremial de abogados peronistas, defendía a los presos políticos y militantes de la UES, tenía su estudio con otros dos socios que también fueron secuestrados como parte de la caída de abogados y profesionales vinculados con la organización. Eduardo había sido funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A partir de 1975, le allanaron el estudio hombres de civil identificados como de la Triple A y los amenazaron. Después del golpe, como su estudio estaba “un poco vedado”, muchas veces iba a trabajar al taller para atender casos particulares. Esa mañana no estaba ahí. La patota preguntó entonces por Alberto y Alberto salió. Mientras tanto, alertado por la vecina, el padre, Moisés, ya estaba en la esquina. No pudo acercarse porque la cuadra estaba vallada, pero a partir de ese momento se convirtió en testigo: alcanzó a ver un auto que se llevaba a Salvadora Ayala, a Beatriz y Raúl Ocampo o “por lo menos un vecino le dijo que ‘en ese auto se están yendo’”. También observó que se llevaron la Renoleta con la que distribuían la ropa y el Peugeot 404 de los hermanos.

Salvadora y Beatriz estuvieron durante 24 horas secuestradas en lo que pudieron identificar como la ESMA. Ahí vieron a Raúl Ocampo, pero después dejaron de verlo. Alberto se comunicó dos veces con su familia, como los marinos obligaron a otros. El y Raúl Ocampo están desaparecidos. El 24 de noviembre de 1976 secuestraron a Eduardo Said, el otro hermano, que también permanece desaparecido. Eran las seis de la tarde, lo levantaron en la esquina de Sarmiento y Pasteur, a punto de reunirse con su padre. Cuando llegó y vio el tumulto de gente, Moisés supo que su hijo antes de ser secuestrado gritó “Soy ciudadano argentino, abogado” y dio su nombre de viva voz. Eduardo estaba investigando el secuestro de su hermano y de Ocampo. Fue visto en la ESMA, entre otros, por Horacio Maggio, el secuestrado que logró escapar y escribió una carta que es uno de los primeros documentos de la represión en ese centro clandestino. Maggio, que fue recapturado, asesinado y mostrado para amedrentar al resto de los prisioneros, situó a Eduardo en ese espacio. Estaba casado con Claudia Yankelevich. Ella y su hermana Andrea están desaparecidas. Andrea estaba casada con Daniel Marcelo Shapira, socio de Eduardo en el estudio. Está desaparecido. Tuvieron un hijo: Pablo Daniel Shapira, secuestrado y recuperado después. En ese grupo también estuvo Carlos Caprioli, el otro socio del estudio, secuestrado y liberado después.
El robo

“Vuelvo al día 15 de noviembre”, pidió Judith durante la audiencia y volvió al taller. La Comisaría 12ª estaba a cargo de Armando Fava e hizo un inventario con la descripción de lo que se vio ese día en el taller: “Cuerpos, posiciones, describe qué máquinas del taller había, los rollos de ropa para confeccionar, las polleras: 150 polleras listas para ser entregadas y esto lo digo porque muchas de las versiones que le han dado a mi padre decía que el taller estaba lleno de armas: con 150 polleras no hay manera de que puedan estar escondidas ahí”.

Según los vecinos, tras el operativo llegaron camiones donde llevaron todas las mercaderías, los rollos de ropa, las polleras, las máquinas, los libros, “o sea que todo eso fue sustraído a pesar de que figuraba en el inventario de la comisaria”. Judith no volvió a su casa. En el taller estaba el contrato de alquiler con su dirección. Era una casa alquilada. Se refugió en lo de unos amigos. Cuando llamó al dueño de su casa, el hombre le dijo que tenía que comunicarse con el Ejército, que a él lo habían saqueado, le habían puesto explosivos y “no podía hablar”. Más tarde supo que a su casa le habían hecho lo mismo: la explotaron y se llevaron todo.

El 1º de enero de 1977, Moisés recibió una notificación según la cual podía ir buscar las llaves del taller al Primer Cuerpo del Ejército. Cuando entró en el taller, lo encontró prácticamente vacío y destruido. “Se llevaron de todos modos algunos libros del banco, de proveedores, de clientes, material que sostuvo que eran muy importantes para el futuro juicio. Los tengo yo –dijo ella–, tengo toda esta documentación, pero no encontró ni las polleras inventariadas, ni las máquinas, ni los rollos de tela. Pero tampoco encontró la cartera y documentos de cheques a cobrar. Con el listado, mi padre se entrevistó con proveedores y explicó que le habían saqueado todo. Fue a ver a los clientes y para su sorpresa le dicen que los documentos y los cheques se estaban ¡cobrando! ‘Tu hijo no está, pero alguien los cobra’, le dijeron. Y efectivamente cheques y documentos que están en el acta de la comisaría también fueron cobrados. Me parece importante esto –aclaró Judith– porque en realidad toda la documentación que mi padre fue acuñando tenía que ver con la posibilidad de un juicio, civil, penal, criminal. Y creo que no estaba del todo equivocado.”

María, la hija más grande de Judith, estuvo en la sala. En las sillas también estaba Ricardo Dios, que nació por cesárea en medio de los escapes y del dolor.

Basta de privilegios para los genocidas!!!

Con profunda preocupación y sorpresa, vemos hoy que el represor, torturador y apropiador de menores, JUAN ANTONIO AZIC, quien fuera alojado recientemente en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, en el dispositivo denominado “Programa Interministerial de Salud Mental” por orden del Juzgado Nacional y Correccional N° 2 que instruye la causa sobre “Apropiación de Menores”, ha sido beneficiado con el privilegio de ser nuevamente regresado al sitio donde estuvo internado durante varios años, la privadísima Clínica Psiquiátrica San Jorge, que por supuesto abona su obra social, por orden del Tribunal Oral Federal N° 5.

El correlato lógico de la demora en la administración de justicia es la mera consecuencia de la perpetuación de la impunidad.
Alrededor de 320 genocidas han muerto en estos años sin ser condenados o apenas comenzando a cumplir sus condenas, y otros ni siquiera están en condiciones de afrontar un juicio. El paso del tiempo, permitido por la justicia, se ha ocupado de garantizarles las incapacidades necesarias para no ser juzgados, condenados y recluidos en la cárcel en virtud de la magnitud de los crímenes perpetrados.

Otros han logrado que distintas afecciones de salud les permitan gozar de los beneficios de la “prisión domiciliaria” en la comodidad de sus hogares, al mes de marzo de 2013, 788 represores se encontraban detenidos en todo el país, pero casi el 40% de ellos lo están en domiciliaria –alrededor de 300 genocidas. Beneficio del que no gozan la mayoría de los presos comunes que se hacinan en las cárceles, muchos de los cuales padecen enfermedades graves contraídas aún dentro de los muros de los penales.

Esta secuencia de demoras, enfermedades e impunidades –“impunidad biológica” o la “estrategia Pinochet” como la llaman algunos- merece ser contextualizada: el Estado Argentino garantizó la impunidad de un modo puro y directo entre 1975 y 1983 mediante la negación cínica de los delitos que hoy se consideran genocidio en el marco de los delitos de lesa humanidad, y que formaban parte de un plan sistemático; luego vino un periodo de disputas, avances limitados y maniobras para cercar los juicios y acotarlos hasta que, tras la sublevación de Semana Santa de 1987, se renovó la impunidad con forma jurídica y bajo gobierno electo por normas constitucionales; luego se redobló la apuesta y se libraron hasta los pocos condenados en el Juicio a la Junta (causa 13) hasta que las luchas populares fueron erosionando la uniformidad judicial y para fines del siglo XX se lograron las primeras declaraciones de inconstitucionalidad y la apertura o reapertura de algunos juicios.

Discutir la impunidad biológica y los derechos de los reos que sostienen gozar del derecho a la presunción de inocencia hasta que las sentencias sean confirmadas por la Corte Suprema, implica borrar la historia del compromiso del estado con la impunidad y pretender ocultar su responsabilidad en la situación creada, prolongando, de alguna manera, la intromisión estatal en favor de los genocidas.

Mientras ambos tribunales discuten en la Cámara de Casación Penal el lugar de detención del imputado nosotros recordamos las garantías que los asisten. Garantías de las que por supuesto “no gozamos los sobrevivientes de los Centros Clandestinos de nuestro país durante la dictadura y aún mucho menos que nosotros los miles y miles de compañeros torturados y desaparecidos.
También nos preguntamos si una patología suicida pervive durante más de diez años. Nadie es un suicida en ciernes: o mejora o lo concreta.

Por otra parte debemos plantear que, desde la psicopatología, la internación de un sujeto, tal como la plantea la ley de Salud Mental, presenta como requisito la existencia de un riesgo cierto e inminente de atentar contra la propia integridad física o la de terceros. Siendo éste un recurso terapéutico puntual, tiende a compensar psiquiátrica y psicológicamente al individuo afectado, para proceder a su externación en el menor tiempo posible, continuando con los controles necesarios en el ámbito de vida natural de la persona. En el caso de Azic, este ámbito es la prisión de Ezeiza.

Es en este lugar donde el Estado, en tanto responsable de la atención de la salud física y psicológica de los detenidos, debe proveer de los dispositivos terapéuticos necesarios para continuar el tratamiento del condenado Juan Antonio Azic en la unidad penitenciaria de Ezeiza: sin ningún privilegio que lo diferencie de cualquier otra persona presa.
Y en tanto esta situación se mantiene indefinidamente, no recibimos ningún tipo de información acerca del destino de nuestros compañeros detenidos – desaparecidos, ni de sus hijos apropiados en cautiverio o al ser secuestrados junto a sus padres, solo un puñado de hijos recuperados –en su mayoría con el aporte de los testimonios de los sobrevivientes y el esfuerzo de los organismos de derechos humanos, confirman la verdad. Esa verdad que desborda en cada testimonio brindado por las víctimas y sus familiares en cada audiencia del juicio Esma II.

Finalmente entendemos que la justicia, que se presume igual para los represores genocidas que para los ladrones de gallina, deberá proveer los sitios adecuados en las instituciones carcelarias para todos, en pie de igualdad con los pobres de toda pobreza, aquellos que en su inmensa mayoría ni juicio tienen puesto que la falta de defensa técnica adecuada –responsabilidad estatal incumplida- los compele a aceptar juicios abreviados donde se presume la culpabilidad y se discute la pena, y donde las depresiones y adicciones son tratadas con aspirinas y curitas.

CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS YA!!!

Asociación de Ex Detenidos – Desaparecidos (AEDD) – Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) - Comité de Acción Jurídica (CAJ) – Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)- Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen Pcia. Bs. As. – Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)- Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP)- Liberpueblo – Liga Argentina por los derechos del Hombre (LADH) – Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad – Andrea Bello (querellante) – Patricia Walsh (querellante).

El testimonio de Beatriz Tebes. “Me quedé con mucho miedo”

Tebes fue secuestrada a los 17 años, en mayo de 1976, en la villa del Bajo Flores. Confirmó el paso por la ESMA de los curas Jalics y Yorio, secuestrados el mismo día que ella, y habló sobre los efectos que tuvo en su vida el terrorismo de Estado.

Por Alejandra Dandan

“Siempre tuve la sensación de que lo mío no había sido nada frente a la desgracia de muchos compañeros; fue menos de un día, pero debe ser que la huella me marcó porque así estoy”, dijo Beatriz Tebes en el juicio a los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Beatriz tenía 17 años cuando la secuestraron, el 23 de mayo de 1976, en la villa del Bajo Flores, el mismo día que la Marina se llevó a los curas Orlando Yorio y Francisco Jalics. Ella estuvo entre un grupo de catequistas secuestrados. En términos de números y cuentas, su estadía en la ESMA duró desde las once de la mañana de ese domingo hasta las cinco de la madrugada del lunes. La liberaron con sus compañeros, pero no volvió a ponerse en contacto con ellos hasta semanas más tarde. En ese sentido, la audiencia mostró parte de los efectos de la dictadura que siguieron: “No volví más a la villa, por miedo”, dijo Beatriz. Tampoco lo hizo el grupo que trabajaba en ese espacio. “En eso me cortaron un poco, lo nivelé con mi tarea docente y el trabajo en La Matanza, pero no es lo mismo trabajar con los niños carenciados”.

Hacia el final, el presidente del Tribunal volvió a preguntarle por las consecuencias. “Y... –dijo ella– consecuencias es tener miedo. Esto pasó en mayo del ’76, muy poco después del 24 de marzo, yo ya no iba más a la escuela secundaria, y era un momento en el que uno quiere abrir nuevos lugares, conocer nuevas personas, se anota para estudiar; pero yo me anoté en el profesorado de enseñanza primaria, quería estudiar psicología, pero había mucho militar en la facultad, no hice la carrera: me quedé con mucho miedo.”

Beatriz iba al barrio donde estaban los curas Yorio y Jalics desde 1974. Hacía el secundario en el colegio María Ana Mogas, de Mataderos, colegio de hermanas franciscanas. Los sábados preparaba a los chicos para la primera comunión. Los domingos volvía a la misa de once.

“Ese domingo 23, yo estaba de espaldas a la puerta, pero al escuchar unos ruidos giro la cabeza y veo una movida de un colectivo, pintado de marrón, muchos coches y mucha gente, hombres, y a primera vista parecían soldados”, explicó. “Nos miramos entre nosotros. La misa continuó y terminó. Al finalizar, esta gente entró a la capilla diciendo que los que eran del barrio se tenían que ir y quedarse en sus casas sin salir. Y nos quedamos solamente nosotros, no recuerdo bien qué hora era, pero teniendo en cuenta que la misa arrancaba a las once, serían las doce, porque era el final”.

La casa de Yorio y Jalics estaba del otro lado de una calle. Los dos curas no daban la misa porque les habían suspendido el ejercicio sacerdotal. Beatriz no sabe cuánto tiempo pasó. “El recuerdo fuerte arranca cuando nos suben arriba del colectivo pintado de marrón y verde. Nos colocaron capuchas en la cabeza y nos hicieron sentar en el piso. Al subir, vimos quiénes éramos: subimos nosotros, la gente del grupo, los catequistas y ese día iba gente por primera vez a conocer el lugar, con la intención de trabajar en el barrio, gente que yo no conocía siquiera de nombre”.

Así, en el grupo estaban Silvia Guiard y María Elena Funes, que declararon semanas atrás. Pero también dos adolescentes de un secundario que habían ido por primera vez con su profesora de historia. Y un muchacho que iba por segunda o tercera vez.

“En el colectivo, una compañera reza el padrenuestro en voz alta, porque desde el momento en que dejamos de ver quisimos escucharnos, pero nos dijeron que no, que basta, silencio. Y al rato otra vez nos pusimos a rezar en voz alta. Nos volvieron a decir ‘basta’. Uno de ellos dijo: ‘De ahora en adelante, el fusil va a hablar por mí’. Yo tenía 17 años, ahora tengo 54, pasaron los años pero eso me quedó”.
En la ESMA

Beatriz supo que estuvo en la ESMA “mucho tiempo después”, contó. “Cuando empezaron a verse imágenes en la tele y mostraban un lugar que llaman el Sótano. Yo tuve esa memoria de que cuando tuve las manos hacia atrás, eran unas columnas cilíndricas. Después me di cuenta de que había estado ahí, no en ese momento.”

En ese momento no sabía qué era. “Siempre con la capucha, me ataron los brazos a un costado y algo pesado me pusieron en los pies para inmovilizarme. Y ahí me sentí muy mal, empezamos a hablar para escucharnos, pidieron silencio y nos callamos, obviamente, el miedo nos dominó”. Después la pasaron a otro lado. “Estoy yo con una persona sola. Esa persona, que era un hombre, me dice: ‘Ahora te voy a sacar la capucha’, y yo no sé si me la saqué o me la sacó él, pero lo primero que vi es que él tenía puesta una capucha y se le veían los ojos. Fue muy feo. Todo era feo y yo seguía asombrándome, cada vez peor”.

El hombre le preguntó para qué iba al barrio. Qué hacía. Ella le habló de catequesis. Que querían que los niños tomaran la comunión. Que por las características del barrio, la Iglesia tenía que acercarse a las casas. “Me escuchó, pero no hubo diálogo, no fue conversación”. Le preguntaron por los volantes que tenía en la cartera. Los papeles tenían horarios de las clases de catequesis y de misa. Le pidieron que dibujara algo. “Dibujé una cruz y escribí una oración pidiéndole a Jesús que nos ayudase a todos en este momento.” Finalmente, “ese señor” volvió a ponerla a prueba. “Tenía un arma y me la dio. Y yo como me la dio, se la di; si la intención era ver qué hacía, se la di enseguida. También me preguntaron si tenía novio y si tenía relaciones con mi novio. También por nombres, apellidos que yo no reconocía. Pero insistían en nombrármelos”.

Entre los nombres le preguntaron por Yorio y Jalics. Para la causa, su testimonio volvió a confirmar el paso de los sacerdotes y de las catequistas por la ESMA. Y los efectos de la represión. A ella y a sus compañeros los cargaron en dos autos para sacarlos del centro clandestino. Antes de salir, les advirtieron que no volvieran al barrio. “Bueno, acá llegó una orden”, les dijeron. “No me queda claro a mí si nos iban a liberar, pero nos dicen: no pueden volver a pisar la villa y si vuelven, van a aparecer muertos en un zanjón”.

Los dejaron en la Panamericana. Vieron un cartel. Una estación de servicio con un sereno. En esa época no había teléfono en la casa de Beatriz. Una de sus compañeras hizo contacto con alguien. Les explicaron cómo volver. Tomaron el 15, y ella después se tomó el 28 hasta el límite entre Capital y provincia, en Lomas del Mirador

El secuestro de Eduardo Marin y Maria Cristina Solis, trabajadores del diario La Nación

Los delegados que dieron vuelta a Mitre

En el juicio por los delitos en la ESMA, los hijos de Marín y Solís, Pedro y Eva, contaron cómo fueron secuestrados sus padres, dos de los más de noventa trabajadores de prensa incluidos en la causa. También está desaparecido el padre de Solís.

 Por Alejandra Dandan

Eduardo Marín y María Cristina Solís, La Negra, su esposa, trabajaron en el diario La Nación hasta 1975. Eran delegados por la administración, parte de la comisión gremial interna. Durante una toma dieron vuelta el cuadro de Bartolomé Mitre en el despacho del director y fueron candidatos por la Lista Naranja en las elecciones de la Asociación de Periodistas de 1974, “frustradas elecciones”, así las recuerda el libro Con

vida los queremos, dado que se abortaron por la intervención al gremio de José López Rega. A Eduardo y La Negra los secuestraron después del golpe de Estado, en dos momentos distintos. Sus hijos Pedro y Eva Victoria declararon en el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Eva llegó a la audiencia con una foto de Eduardo en la cartera: él está sentado en el piso del diario La Nación, feliz, durante una asamblea. Cuando lo secuestraron, Eva estaba con él. “Fue en mayo de 1977 –dijo–, más exactamente el día 15 de mayo, hace 36 años. Estamos en la calle, cruzando unas vías, una barrera, yo en ese momento tenía tres años, así que lo que conté en ese momento fue que un hombre se tiró encima de papá, lo estaba esperando cerca de las vías del tren cuando íbamos a cruzar. Lo que recuerdo es que había dos o más autos, que a él lo suben en un auto y a mí en otro. Que yo en ese momento, con mi corta edad, les decía que quería irme con mi papá.”

La sala en silencio. Eva dejó de hablar. Se le cayeron unas lágrimas. Un fiscal le preguntó si podía seguir. Ella siguió. “Lo que puedo contar es que lo vi como dormido; él estaba en el otro auto, inconsciente. Por otros testimonios, supe después que a mí me ven llegar a la ESMA, yo voy con una tarjeta identificatoria donde estaba la dirección de mi abuela y lo que dicen los testigos es que mi papá llega muerto”, dijo, y otra vez tuvo que parar.

A Eva la devolvieron en ese momento a la casa de su abuela Rosa, la madre de su madre, cuya dirección contenía esa tarjeta de identificación con la que entró a la ESMA. No fue la única vez que estuvo en el centro clandestino de los marinos, en la máquina de matar: volvió con su hermano un año más tarde, cuando los secuestradores se los llevaron con su madre.

“Yo fui testigo porque estuve presente cuando secuestraron a mi mamá”, dijo. “El hecho sucedió el 10 de agosto de 1978, nosotros estábamos en la casa donde vivíamos, sinceramente no sé la dirección, no sé dónde era, lo que recuerdo es que era de noche, lo único que recuerdo. Estábamos mi mamá, mi hermano y yo en la casa. Yo tenía cuatro años, mi hermano dos y lo que puedo recordar es a mi mamá poniéndose muy mal, se sienten ruidos, la casa estaba siendo rodeada, mi mamá nos saca afuera de la casa, mi hermano lloraba mucho, ella nos vuelve a ingresar a la casa y recuerdo a hombres armados. No mucho más. Nos llevaron a otro lugar que después supe que era la ESMA. Nos separaron, a mi mamá no la vi nunca más y después, tampoco sé cuánto tiempo estuve ahí, fuimos llevados mi hermano y yo a la casa de mi abuela materna.”

–¿Sabe la dirección de su abuela? –le preguntó un fiscal.

–En la calle Pinto, en Saavedra.

–¿Y recuerda algo de ese momento?

–Recuerdo muy poco –dijo Eva–. Sé que nos dejaron en la puerta de la casa, éramos dos pulguitas porque teníamos dos y cuatro años, no sé siquiera si tocaron el timbre ellos; sé que estaba oscuro a la noche, nos dejaron en la casa de mi abuela. Y digo mi abuela porque mi abuelo ya había sido secuestrado dos años antes, por eso no dije “abuelos”.

Al abuelo, Pedro Solís, padre de María Cristina, lo habían secuestrado en agosto de 1976 mientras buscaban a los Marín. “En realidad yo sé que eran perseguidos mis padres, que mi abuelo, simplemente había firmado una garantía de un alquiler de mis papás y entonces lo vienen a buscar a su casa, para que diga dónde estaban mis padres. El lo desconocía, igualmente era ya un hombre de 76 años que no estaba bien de salud, tenía arteriosclerosis. Lo que pude saber es que rodearon la casa, hombres armados, que había gente en los techos, en las casas vecinas, revolvieron la casa, como decía mi abuela: aunque lo hubiera sabido, mi abuelo no hubiese dicho dónde estaba mi padre. Bueno, se lo llevaron y por testigos sé que estuvo en la ESMA.”

Su hermano Pedro declaró antes que ella, y también habló de ese momento. “Por dichos de mi abuela, sé que buscaban a mi mamá, y al no encontrarla, dijeron: ‘Llevá al más viejo’. Y se lo llevaron a él. Hace poco, un señor que vive en una esquina me dijo que había visto francotiradores en los techos y muchos movimientos de la policía.”

Eduardo y María Cristina se habían conocido de Ciencias Exactas. La Negra entró en La Nación en 1972 y después entró Eduardo. Integraron la comisión interna. Sus historias aparecen en ese libro que recoge las historias de los trabajadores de prensa “que necesitaba silenciar la dictadura”. Allí, Lilia Ferreyra contó que mientras ella trabajaba en La Opinión, “nos llaman a mí y a otros compañeros, Eduardo y La Negra, para contarnos que habían tomado el diario. Corrimos hasta allá. No te imaginás la cara de los dos: radiantes. Eduardo nos condujo al despacho del director y ahí estaba el retrato de Bartolomé Mitre dado vuelva. Nos reímos. Era una revancha”.

Perseguidos, los dos dejan el diario en 1975. Militaban en el Bloque Peronista de Prensa. Sobrevivieron dando clases de física y matemática. Cuando secuestraron a Eduardo, Cristina empezó a mudarse con los dos hijos. “Era un compañero muy querido y en aquellas épocas, primeros años ’70, nuestro gremio de prensa tenía un peso muy importante”, dice ahora Patricia Walsh, que estuvo sentada en la audiencia. “Los trabajadores de prensa –que así nos gustaba ser llamados– no hacíamos diferencia entre los periodistas y los otros oficios de un diario y es por eso que muchos delegados importantes, como fueron el negro Marín y Cristina, eran referentes importantes para un gremio muy presente en las luchas de ese tiempo.”

Los nombres de Eduardo y María Cristina son parte del listado de más de noventa trabajadores de prensa que son “causa” en este juicio. Pedro, su hijo, dijo que eran de Montoneros cuando le preguntaron por la filiación política de sus padres. Eva los situó, en cambio, dentro de la actividad sindical, como estableciendo causas y efectos en ese territorio.

Días pasados, declaró Marta Alvarez en las audiencias. A ella le preguntaron entre decenas de nombres por Pedro Solís. “Pedro Solís era el padre de una compañera que se llamaba María Cristina Solís de Marín –dijo–, que fue una responsable mía dentro de la militancia durante mucho tiempo. La buscaban ansiosamente a ella y a su marido, Eduardo Marín. Y secuestraron al padre de María Cristina, que era una persona mayor y había sido policía. Sí, lo escuché en Capucha –contó Alvarez–: escuché a una persona mayor a la que le pegaban mucho. Y sé que está desaparecido.”

Testimonió Victor Basterra : Otra recorrida por los recovecos de la ESMA

Desde el Juicio a las Juntas, Basterra viene aportando información relevante. Ayer, en un clima tenso, declaró ante el TOF 5.

 Por Alejandra Dandan

Víctor Basterra no eligió ni a Eduardo Galeano, ni a Daniel Viglietti ni al Che Guevara para decir las últimas palabras en la audiencia. Habían pasado seis horas de declaración. Un nuevo juicio. Su voz nuevamente recorriendo las profundidades de la Escuela de Mecánica de la Armada. Mucha tensión. Los defensores particulares, pero también los oficiales, lo interrogaron en ocasiones como lo haría un tribunal de guerra. La presidenta del Tribunal Oral Federal 5, Adriana Palliotti, con sus intervenciones no logró garantizar el respeto necesario para el testigo. Por eso, cuando terminó, Basterra les pidió especialmente a los defensores que leyeran el último párrafo que escribió Jorge Luis Borges después de escuchar su testimonio en el Juicio a las Juntas, en un texto llamado: “Lunes 22 de julio de 1985”.

“Es curiosa la observación que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores –dice el texto–. No menos admirable es que haya abogados que, desinteresadamente sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer.”

Esas líneas estuvieron destinadas entre otros a Guillermo Jesús Fanego, abogado de once represores, entre ellos Emir Sisul Hess, Rodolfo Oscar Cionchi y Miguel Angel García Velazco. La semana pasada, el entonces presidente en funciones del TOF 5, Daniel Obligado, trajo su martillo de juez a la audiencia para frenar las intervenciones de Fanego. Este abogado es un hombre engolanado que cuando interroga parece estar acusando sobre las militancias políticas o la reducción a la esclavitud. En ocasiones aun es más sofisticado. Cuando pregunta, vuelve a la escena y casi parece volver a golpear. “Si no le entendí mal –dijo ayer, por ejemplo–, usted habló de los responsables de su detención y mencionó a algunas personas.”
El primer golpe

Víctor Basterra recibió el premio al valor por haber sacado de la ESMA las fotografías con las que se lograron abrir las primeras investigaciones a los represores. En la lógica de Fanego, la defensa oficial se sumó al tono de impugnación y cuestionamiento al preguntarle por el trabajo esclavo que desarrolló en la ESMA. Querellas y fiscales objetaron. El tema no era ni siquiera objeto de debate. La responsabilidad más grave, sin embargo, la tuvo la presidenta del tribunal, que en este caso habilitó las preguntas porque pueden ser parte de una estrategia de la defensa. “Frente a experiencias tan traumáticas como éstas, el tribunal tiene la obligación de preservar a los testigos para que no sean vueltos a pasar por una situación traumática, porque son personas que fueron sometidas a tratos inhumanos, degradantes, con una pretensión absoluta de deshumanizarlos”, decía ayer Ana María Careaga, una de las sobrevivientes. “El enorme aporte de Víctor para los juicios y las investigaciones de la ESMA, de ir sacando los cuadritos que eran las fotos de esos represores. Entonces la responsabilidad histórica que tienen estas personas es preservar, y quien preside la audiencia debe preservar a los testigos que con su aporte y su testimonio están reescribiendo la historia.”
Olor a alcohol

Basterra de todos modos avanzó. Como siempre. En ocasiones hasta con humor. En términos de información, aportó datos sobre dos ejes importantes para el juicio. Por un lado, el rol del Apostadero Naval de San Fernando, otro espacio de la Fuerza de Tarea 3 como la propia ESMA, involucrado en el plan represivo. Y por otro lado, sobre el funcionamiento del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada (GOEA), una estructura todavía poco explorada, que funcionó como grupo de tareas en la ESMA a partir de 1981. Del GOEA participaron varios de los acusados de este juicio.

La primera pregunta fue sobre el Apostadero. Basterra fue uno de los detenidos-desaparecidos trasladados a la isla El Silencio en el Tigre, propiedad de la Iglesia Católica. Los secuestrados fueron llevados ahí para esconderlos de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la ESMA. “Este viaje se hizo a inicios de septiembre, no recuerdo si el 3 o el 4”, dijo Basterra. “Nos suben a un vehículo y lo que se comentó era que la salida era de la Apostadora Naval de San Fernando, yo pensé que nos esperaba un tiro en la nuca. Fuimos llevados bastante brutalmente por un grupo de sujetos donde se olía mucho a alcohol, esposados y engrillados y con la capucha puesta, tomando distancia del compañero que uno tenía adelante. Nos llevaron a un lugar donde el agua se notaba cercana. Había diálogo entre estos secuestradores que por ejemplo decían: ‘Mirá la vieja ésa se asoma por la ventana’. ‘¡Dejá que le tiro!’, decía uno. Y otro le decía: ‘Ahora no, que va a haber mucho ruido’.”

Se ve que era una lancha pequeña, descapotable, dijo, porque les tiraron una lona encima. “Estábamos muy apiñados entre nosotros, yo tenía cuidado porque había sido lastimado por uno de los guardias en la columna.” Basterra ya había contado en otras ocasiones que en la isla obligaron a trabajar a algunos prisioneros. Esta vez le preguntaron qué trabajos se hacían. Algunos los obligaron a trabajar en una planta de la que se podía extraer el sisal para tejidos, de hojas grandes. A otros los llevaron a cortar árboles, “a hacer distintas tareas como mano de obra esclava”.

El sueco Carlos Lordkipanidse pidió al TOF una inspección ocular del lugar durante una de las primeras audiencias del juicio. Entregó fotos de los últimos años. Basterra dijo que no volvió a la isla pero “yo tendría que ir –dijo–, me quiero sacar las ganas de verla”.

En otras declaraciones, Basterra habló de los prisioneros trasladados a la isla. Esta vez le preguntaron por los que no fueron. “Teníamos un compañero en Capucha, que estaba ahí muy anterior al secuestro nuestro, le decían Topo, posteriormente supe que era Ricardo Sáenz. A ese compañero no lo trasladaron a la isla. También supe que había un secuestrado que era una especie de misterio: ‘Tachito’, que estaba en permanencia constante, se comentaba, en el sótano. ¿Y por qué le decían Tachito? Porque era un secuestrado en Nicaragua, por lo tanto Tachito Somoza y Nicaragua era una misma cosa, ésas eran versiones que oía yo.”

En el sótano, había dicho en una anterior declaración, “sólo quedaron algunas oficinas y el archivo del diario Noticias. Para la época de ese traslado se comentaba que iban a reformular la instalaciones. En el Pabellón Coy los sectores se distribuían de la siguiente manera: en la planta baja estaba la sala de armas, logística, la oficina de operaciones y la oficina del jefe del grupo de tareas. En la planta alta, los baños, una oficina de documentación, el laboratorio fotográfico, inteligencia, comunicaciones y también un lugar de descanso”. Cuando ayer le preguntaron cuánto tiempo funcionó el Coy dijo: “Calculo que de mediados de septiembre del ’81 y hasta mediados de septiembre del ’82”. En ese pabellón, “no había capuchas, sé que habían empezado a hacer construcciones en el sótano, de ahí el traslado a este lugar donde se instaló la Logística”.

Entre los responsables nombró a varios. Miguel Angel Alberto Rodríguez, alias Angel; Luis Hildago, Castro Cisneros o como él lo llamó: el Angel Cisneros, era capitán de fragata, jefe de logística del GOEA y la persona que con “esos documentos falsos” alquilaba las quintas. También ubicó allí a Carlos Octavio Capdevilla, “que era médico, pero hacía tareas múltiples y era responsable de Comunicaciones” en esa época, dijo.

Testimonió Ana Maria Cacabelos: La destrucción de toda una familia

Cacabelos contó cómo fueron secuestrados sus hermanos José y Cecilia, aún desaparecidos, y Esperanza, la mayor, asesinada junto a su marido Edgardo de Jesús Salcedo. También ella estuvo secuestrada unas horas en la ESMA.

 Por Alejandra Dandan

Primero fueron las llamadas de José. Al comienzo a su casa. Más tarde incluso al trabajo. Después llamó José, ya con Cecilia, los dos secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada. En la sala de audiencias, le preguntaron a Ana María Cacabelos si las llamadas de sus hermanos José y Cecilia volvieron a repetirse después. “No”, dijo. “Es más, y discúlpeme que me extienda, pero mi papá se murió sin conocer la suerte de sus hijos. Pero mi mamá, cuando tomó estado público la declaración de (Adolfo) Scilingo no habló con nadie; al día siguiente con su movilidad disminuida por el Parkinson pidió un remís, compró un ramo de flores y le dijo al remisero que la acercara lo más posible a la orilla del río, para poder tirar las flores ahí.”

Esa mujer, la madre de Ana María, Esperanza de la Flor de Cacabelos, estuvo la semana pasada en la sala de Comodoro Py. “¡Gracias hija por tu valor!”, le dijo, con una voz que logró atravesar los vidrios.

Esperanza de la Flor y su marido José Cacabelos Muñiz tuvieron cinco hijos: José y Cecilia están desaparecidos y Esperanza, la mayor, fue asesinada junto a su marido Edgardo de Jesús Salcedo. Ana María estuvo secuestrada durante unas horas en la ESMA. José, Cecilia y Esperanza militaban en la Juventud Peronista; Edgardo de Jesús Salcedo había sido quien plantó la bandera en Malvinas durante el Operativo Cóndor que intentó recuperar las islas. En esta avanzada de 1976, los marinos se llevaron además al hermano de Edgardo, Juan Gregorio “Goyo” Salcedo, desaparecido; al novio de Cecilia, Jorge Zupan, y a su padre Enrique Zupán; a quien les había prestado un departamento Norma Noemí Díaz. La persecución continuó en simultáneo en el colegio Ceferino Namuncurá, donde el padre de los Cacabelos integraba la administración, donde estudiaron Ana María y José, donde Cecilia hacía 5º año y Esperanza tenía la cátedra de historia.

Antes de empezar a declarar, Ana María les mostró dos fotos a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 5. “Traje dos fotos para que ustedes las vieran, para que sepan quiénes son las personas que están en esta causa.” Enseguida presentó a su familia. “Provenimos de una familia de clase media trabajadora, de práctica religiosa católica. Muy ligados desde chicos al compromiso social que se daba, más que por la militancia política, por el hecho de que mis padres nos inculcaron la práctica del Evangelio, estar cerca de los más necesitados, así que nada de lo que ocurrió más adelante en el camino que podían tomar mis hermanos estaba alejado de las enseñanzas de la cuna.” En esa casa de cinco hijos, con un solo baño, un cartel con horarios hecho por su padre organizaba tanta circulación. Siempre había alguien levantado, estudiando, leyendo, escuchando música. “La imagen que tengo presente es del día en que vuelvo a casa una vez que supimos que los chicos (Esperanza y Edgardo) eran los (que habían caído) del operativo de la calle Oro y Santa Fe. Pasaban las ocho de la noche, encuentro toda la casa a oscuras, la única luz prendida era la luz de la cocina proyectada en un ángulo. Pero sólo eso. Y un silencio total y absoluto y mis dos viejos en la cocina.”

El 7 de junio de 1976 José salió a una reunión, pero nunca llegó. Esa noche, Esperanza, la hermana mayor, llamó a casa de la familia para decirles que a José lo habían secuestrado. Ella vivía con Edgardo, tenía un hijo, Gerardo, a punto de cumplir dos años. En esa misma llamada, ella les sugirió a sus hermanas, Ana María y Cecilia, que dejaran la casa anticipándose a seguros allanamientos. Cecilia también militaba en la JUP. Ana María, que no militaba, se fue unos días pero regresó.

En el medio, un vecino les dijo que había visto el momento del secuestro de José. En esos días, José llamó por primera vez a su casa desde algún lugar del infierno, en una serie de llamadas y presencias que atravesaron toda la historia. “Mi hermano avisa a mis padres que lo habían detenido, pero que lo iban a dejar libre”, dijo Ana María. “En la noche del 9 de junio, sería la madrugada del 10, tocan el timbre de casa. Les abre mi papá. Era un grupo de civil, armados, que traían a mi hermano. Lo traían esposado, y la persona que dirigía el procedimiento dice que era el oficial interrogador, que hacía 27 horas que lo estaba interrogando, que José era recuperable, pero que con Esperanza y Edgardo de Jesús no iba a ser lo mismo, y que donde los encontraran iba a haber sangre.” Interrogaron a la madre de Ana María. Le preguntaron por sus hijas. Amenazaron con llevársela. Intervino José. La dejaron. “Nana –le dijo José a su hermana– tenés que hacer algo porque las chicas (Esperanza y Cecilia) cualquier contacto lo van a tener a través tuyo. Las tenés que convencer de que se entreguen porque las cosas están muy difíciles y es una manera de salvarles la vida.”

A partir de ahí, secuestraron al hermano de Edgardo. Entraron al departamento que Esperanza y Edgardo ya habían dejado. Se llevaron todo, y lo que no se llevaron lo destrozaron. El 6 de julio, Gerardo cumplía dos años. Ana María se reunió con su hermana Esperanza en el patio del Salvador. “Hacía pocos días había ocurrido la Masacre de los Palotinos; mi hermana estaba conmocionada por el tema y me dice que estaba segura de que después de semejante barbaridad eran capaces de cualquier cosa. Me pide que si llega a pasarle algo les dé a mis padres la tutela de Gerardo. Lo único que me agrega es: pero decile al viejo que no le cambie las ideas.”

Ya no se vieron más. El 12 de julio se produjo el operativo: asesinan a su hermana y su cuñado. Gerardo estaba escondido en la bañera, tapado con una frazada. Los Cacabelos vieron la noticia por televisión, leída en términos de enfrentamiento. Ana María no sabía dónde estaba viviendo su hermana en ese momento, pero aquello le pareció una premonición. Poco después, con un llamado, confirmó que era su hermana. Don José Cacabelos consiguió ver una carpeta con el contenido de las imágenes del operativo en una comisaría: “Siempre comentó que la primera foto que ve es el cadáver de mi cuñado y sobre el pecho de mi cuñado a mi hermana, boca abajo, sobre el pecho de él, con la evidencia de un balazo en la nuca”. En el resto de las fotos los cuerpos aparecían en otras posiciones, y en otros lugares del departamento, fraguando lo que no fue. “Pero (su padre) siempre tuvo grabada esa foto porque mis viejos son de creencias religiosas tan profundas que con eso les quedó la idea de que ‘nadie separe lo que Dios ha unido’, ése era el significado de la foto para él.”

La siguiente llamada de José llegó a la vuelta de Chacarita. “Atiendo y era mi hermano José Antonio. ‘Nana: ya sé lo de Esperanza y Edgardo. Te pido por Cecilia porque si ella sigue en la calle le va a pasar lo mismo’.” Los llamados se sucedieron diariamente. Hablaban los captores de José, llamaban de su parte. Preguntaban por el contacto con Cecilia. Ana María veía a su hermana pero les decía que no había noticias. El 30 de noviembre la citaron para un encuentro con José, la metieron en un auto y la llevaron a Ciudad Universitaria. “Esto está cada vez más peligroso”, le dijo José, ahí. Lo habían puesto de su lado. Otros, atrás, golpeaban armas contra los autos. Con ellos estaba el que siempre acompañaba a José. “Te lo pido por favor”, le dijo su hermano. “Ella va a estar bien, la garantía de vida te la doy yo, que me tienen desde el 7 de junio y todavía estoy bien. Al principio no la pasé bien, pero yo soy la garantía. Y el desgraciado que estaba adelante me dijo que para lo único que la querían era para hacerle unas preguntas.” Se despidieron. La llamaron hasta al trabajo. El 11 de octubre quedó con Cecilia en verse en una confitería de Corrientes y Dorrego. “Me llaman los señores captores –dijo Ana María–, me preguntan y les doy la dirección del encuentro porque para ese momento cualquiera que leía los diarios se daba cuenta de cómo venía la situación. De los muertos apilados y dinamitados, de los acribillados en cualquier esquina, etc., había que salvar a Cecilia y la garantía era José.”

El 11 de octubre, en el bar, las secuestraron a las dos. Ana María fue liberada después. José y Cecilia llamaron a la casa. José les dijo que iba a dejar de llamar por un tiempo porque iban a mandarlos más lejos; le dijo a su madre que se cuide, para verla bien al regreso. Cecilia preguntó por Gerardo, si hablaba, si había dejado los pañales. “Esa fue la última vez que supimos algo en forma directa de ellos. Todo lo demás lo supimos, a través de estos años, de testimonios escuchados y leídos. Me entrevisté con sobrevivientes. Me dijeron que estaba convencido de que iba a salir y de su obsesión por sacarla a Cecilia de la calle, él estaba seguro de que le estaba salvando la vida. Quiero aclarar que no me va a alcanzar la vida para arrepentirme de haberles creído a todos estos asesinos... y torturadores... y desaparecedores de cuerpos y ladrones de hijos.”

Cinco detenciones de represores que actuaron en el ccd y e ESMA

Una pantera que finalmente quedó enjaulada

El contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari era conocido como “Pantera” por sus víctimas. Es vicepresidente del Centro Naval. Fue arrestado junto a otros cuatro represores.

 Por Alejandra Dandan

El fastuoso edificio del Centro Naval de la Armada tendrá una baja. Su vicepresidente, el contraalmirante retirado Horacio Luis Ferrari, alias Pantera, en la Escuela de Mecánica de la Armada quedó detenido ayer por disposición del Juzgado federal de Sergio Torres. Pantera es denunciado por los sobrevivientes desde 1979. Su apellido figura en una lista de 1978 con 81 condecoraciones que otorgó el almirante Emilio Massera por los “hechos heroicos y acciones de méritos extraordinarios, individuales o de conjunto”. Desde entonces siguió haciendo carrera en la Marina hasta ascender a contraalmirante en 2008. Hoy está en situación de retiro, internado desde hace algunas horas en el Hospital Naval por un cuadro de hipertensión. Desde anoche está detenido en ese espacio bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal.

El Juzgado ordenó además nueve detenciones de integrantes de la ex ESMA, de los que quedaron detenidos hasta anoche cuatro personas. Entre ellos dos marinos que pertenecen a las imágenes que aportó en la causa Víctor Basterra; un integrante del Batallón de Inteligencia 601 y un jefe del pelotón de fuego vinculado con el secuestro de Ramón García Ulloa y Dolores del Pilar Iglesias Caputo, hoy desaparecidos.

Los procedimientos siguieron los pasos habituales. El juzgado dio aviso a la Armada de las detenciones para darles la posibilidad a sus retirados de que se constituyan en calidad de detenidos. Como habitualmente la Armada no hace esa gestión, durante el día de ayer se hicieron todos los allanamientos para dar con los imputados. Fuentes de la investigación indicaban anoche que es posible que por esa modalidad Ferrari se haya enterado de que iba a quedar detenido y así se internó en el Hospital Naval. Como el pronóstico indica que tenía un tratamiento de 48 horas, él no será indagado en el día de hoy como sucederá con el resto.

Dentro de la ex ESMA, Ferrari era Pantera o Teniente Ferrari. En 1997 fue nombrado como agregado militar de la embajada argentina en Chile, en el 2002 designado en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en 2003 fue nombrado jefe de Inteligencia Marina y en 2008 ascendió a contraalmirante. Ahora está en situación de retiro. Para explicar por qué fue ascendido en los últimos años, una fuente de la investigación indica que “muchos ascendieron porque había dificultades en las investigaciones, ya que no se podían cruzar alias con apellidos, dado que no se había empezado a trabajar, como se hace ahora, con las estructuras”. Las identificaciones para impugnar los ascensos dependieron en buena medida de las denuncias de los sobrevivientes. En cuanto a los datos que se fueron conociendo sobre él, este diario publicó ya en 2009 la relación de este Ferrari con la ESMA. Indicó que un sobreviviente denunció en 2007 que Ferrari era el apellido de Pantera, jefe de operaciones del GT 3.3 que reemplazó a Enrique Yon. Otro sobreviviente mencionó al teniente Ferrari a secas. El fiscal Eduardo Taiano precisó en su dictamen de 2005 que Pantera era en 1977 teniente de navío. Un año más tarde era teniente de fragata.

Por lo demás, hasta ayer el contraalmirante retirado no había dejado su lugar en el Centro Naval, que aunque no es una estructura orgánica de la Armada, funciona con y para el personal de la Marina y opera como una suerte de mutual donde realizan actividades diversas, desde rugby o bridge. Ofrecen servicios de peluquería, sauna, sastrería y ceremonias de las que participaron Jorge “El Tigre” Acosta o Alfredo Astiz hasta quedar detenidos.

Los otros detenidos son:

- Néstor Carlos Carrillo, alias Cari o El Salteño. Suboficial de la Armada, integró el sector operativo del GT 3.3.2. Estuvo en la ESMA entre 1979 y 1981. Es una de las fotos sacadas de la ESMA por el sobreviviente Víctor Basterra.

- Miguel Angel Conde, integrante del Batallón 601 del Ejército. Funcionó con dos alias: Carames, en Inteligencia, y Cortez en la ESMA. Varios sobrevivientes lo vieron con frecuencia dentro de la ESMA. Algunos fueron interrogados por él en ese centro clandestino y cuando fueron llevados a otros centros de detención. Según los datos de la causa, una de sus funciones era sacar parte de la información de los secuestrados en la ESMA.

- Carlos Mario Castelvi, alias Lucas, teniente de navío, oficial del sector operaciones del GT 3.3.2. Es una de las fotos de Basterra. Varios sobrevivientes lo ubicaron en interrogatorios y uno lo situó como el enlace entre la Armada y el Ejército. En las últimas semanas dos sobrevivientes lo identificaron en un reconocimiento fotográfico. Su nombre figura además en un listado de integrantes del GT de la ESMA enunciado por un represor durante su declaración indagatoria. En 1986 dijo que nunca integró la dotación del GT. Fue beneficiado con la Ley de Punto Final de ese año.

- Néstor Eduardo Tauro, jefe del pelotón de fuego de la ESMA. Su intervención en un operativo vinculado con la desaparición de Ramón García Ulloa y Dolores del Pilar Iglesias quedó probado a partir de una investigación del área de derechos humanos del Ministerio de Defensa, a cargo de Stella Segado en los archivos de la Armada. Las pruebas fueron remitidas a la fiscalía de Taiano y ahora desembocaron en las detenciones.