La historia de Nicolás y Sebastián Koncurat, enviados a un Instituto de Menores, después del asesinato de sus padres

En el instituto, a disposición de la ESMA

En el juicio oral por los crímenes de la ESMA, el acusado Gonzalo Torres de Tolosa, que entonces trabajaba en un juzgado, confesó que pidió “autorización” a la plana mayor del grupo de tareas para devolver a los niños a su familia.

 Por Alejandra Dandan

Entrado en etapa de alegatos, el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada está reconstruyendo los últimos secuestros del año 1976. Entre ellos, los asesinatos de Mario “El Jote” Koncurat y de su esposa Claudia Josefina Urondo de Koncurat, hija del poeta Francisco “Paco” Urondo para entonces ya asesinado en Mendoza. Los crímenes de Mario y Josefina entraron en el juicio ESMA con algunas hipótesis pero la suma de testimonios, la revisión de documentos del archivo y la inesperada declaración de uno de los imputados revelaron algunos datos e hicieron que la verdad saliera a la luz allí, in situ.

Mario y Josefina no fueron trasladados con heridas a la ESMA, sino tal como sospechaba la familia, los asesinaron en el operativo del 3 de diciembre de 1976. Pero el dato más inesperado fue sobre sus hijos: Nicolás y Sebastián, de 2 y 3 años, habían sido llevados al Instituto de Menores Mercedes de Lasala y Riglos de Moreno. Estuvieron allí cuarenta días todavía oscuros. Hasta ahora sólo existía la hipótesis de que habían sido víctimas del Grupo de Tareas de la ESMA, pero faltaba saber cómo había pasado: el juicio lo reveló.
Pieza a pieza

Sebastián y Nicolás declararon en el debate. Nicolás llegó a la audiencia con unos papeles del Riglos, parte de su legajo, recuperado en los archivos del Ministerio de Desarrollo Social. Sebastián contó su reconstrucción de lo que había pasado con ellos dos ese viernes 3 de diciembre de 1976, a la tarde, cuando el grupo de la ESMA ya había interceptado a sus padres y, como dice el alegato, “comenzó a disparar contra ellos infringiéndoles heridas que les ocasionaron la muerte”. Sus cuerpos fueron trasladaron sin vida a la ESMA. Ese viernes era el tercer día que los niños iban a una nueva escuela, el Jardín de Infantes de la calle Pasaje El Maestro 155 de Caballito. Llevaban otro apellido, por razones de seguridad. “De acuerdo al relato que reconstruí con mis tíos y abuelos –dijo Sebastián– ese viernes, era el tercer día que nos llevaban a ese jardín. Nuestros padres nos dejaron ahí y nunca nos volvieron a buscar. El lunes, la directora nos volvió a llevar al jardín y mis padres no aparecieron, entonces nos llevó a la policía. Un juez de menores nos destinó al hogar Riglos de Moreno. Estuvimos 40 días y tengo un recuerdo emocional de mucho maltrato. Mi abuela después me preguntaba por qué me cubría cada vez que me retaba. Después entendí que había sufrido violencia física o emocional en ese lugar.”

Con estos datos, ingresó el “caso” a juicio. “El caso de los menores Koncurat ingresa en este juicio con la posibilidad de que los niños hayan sido trasladados al campo de exterminio junto con sus padres”, dice la fiscal Mercedes Soiza Reilly que con Guillermo Friele llevan adelante la acusación. “Sabíamos que los niños habían sido parte del horror y víctimas del Grupo de Tareas pero el tema era saber qué había ocurrido concretamente con ellos. Cuando Nicolás acercó las fotocopias del expediente en la audiencia, los documentos que pudo recuperar del Ministerio de Bienestar Social sobre los días que junto a su hermano habían estado alojados en el Instituto de Menores Riglos, nosotros solicitamos la incorporación de esos papeles al debate y la remisión de los expedientes. Con los papeles en la mano, advertimos que podía caber la posibilidad de que para la Navidad de diciembre de 1976 uno de los menores haya sido retirado del Hogar por una persona porque del expediente surgía una constancia según la cual un hombre se había llevado a uno de los niños. Ese fue nuestro primer norte: podía haber ocurrido que los menores hayan sido llevados a la ESMA ante sus padres con el objeto de conseguir información y atormentarlos dentro del centro clandestino, ante su presencia. Hasta ese momento, eso podía ser posible porque hasta donde sabíamos por los dichos de uno de los sobrevivientes, el padre de los chicos había llegado herido pero vivo a la ESMA”. Esto empezó a cambiar con el correr de las audiencias.

Los hermanos Koncurat estaban anotados en el jardín con el apellido Campolongo. Durante el fin de semana, dos docentes se los llevaron a sus casas. El lunes 6, como dijo Sebastián, la directora los llevó a la comisaría 10a. Los chicos quedaron a disposición del Juzgado Correccional de Menores de Jorge Muller que decidió trasladarlos al Riglos. El 18 de diciembre, el juzgado dejó la causa: se declaró incompetente por entender que podía haber un delito de abandono de familia. El trámite pasó, así, al juzgado criminal de instrucción 9 a cargo de Oscar Hermelo. El secretario tutelar de ese juzgado era Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, abogado, uno de los dos civiles imputados en la megacausa, denunciado por Adolfo Scilingo como parte de los tripulantes de los vuelos de la muerte y a quien identificó como el “Teniente Vaca”.

En junio, Torres de Tolosa pidió ampliar su declaración. Es uno de los pocos imputados que suele estar sentado en las audiencias. Lleva gorro de lana negro en la cabeza, aun dentro de la sala. Está con prisión domiciliaria. Tiene abogado defensor oficial. Ese día se peleó con su abogado porque, dijo, no lo dejaba declarar. En la intervención, pidió a los jueces que lo manden preso. Lloró. Hizo un poco de show. Pero los fiscales anotaron algunos datos. Uno, sobre Mario y Josefina: dijo que los había matado el GT. Dos, el más importante, sobre sus hijos: explicó que por sus funciones tuvo contacto con el abuelo de los niños que iba recorriendo distintos juzgados buscando información. Al notar, según sus dichos, que los niños Campolongo eran en realidad Koncurat Urondo fue a la ESMA a “consultar” al Tigre Jorge Acosta sobre el caso. Acosta lo mandó a ver a Francies William “Pablo” Whamond que “estaba en pleno conocimiento de la situación” y que confirmó que los niños eran ellos. En ese contexto, pidió autorización a Acosta para devolverlos a la familia. Habló con el juez y los niños fueron devueltos a la familia.

Los fiscales lo escucharon. Tomaron nota. Dicen que Torres de Tolosa parece obsesionado con los Koncurat. Que es de lo único que habla. “¿Que pasó cuando declaró Torres de Tolosa?”, dice Soiza Reilly. “Nos contó la historia y todo cerraba. Confirmó la muerte de los padres de los niños en manos del GT. Confirmó que los menores estaban a disposición de su secretaria tutelar. Y, confirmó, especialmente, que fue a la ESMA, habló con Acosta, que lo mandó a hablar con Whamond y no solo dio detalles del operativo sino que confirmó que los menores –que hasta ese entonces se llamaban Campolongo– eran los chicos Koncurat. Nosotros sostenemos que Torres de Tolosa fue a buscar aprobación del GT para entregar a los niños, que se hallaban sustraídos, retenidos y ocultados a disposición de la Armada, usando como lugar de cautiverio la propio la institución del Riglos. A tal punto, que después de esa charla los menores fueron restituidos a su familia biológica.”

Durante el alegato, la fiscalía señaló, de hecho, que Torres de Tolosa fue a “solicitar autorización” a la ESMA “para entregar a los menores a sus abuelos maternos que los estaban buscando”.

Y cuando obtuvo ese acuerdo, el juzgado “autorizó la entrega, el 10 de enero de 1977, y que luego de permanecer 40 días bajo el control militar de los miembros del GT 3.3 de la Armada, Sebastián y Nicolás fueron restituidos a sus abuelos paternos”. La fiscalía acusó a 17 represores por los cargos de sustracción, retención y ocultamiento de los dos menores de 10 años. Entre los imputados nombró a Torres de Tolosa pero también a los represores más simbólicos de la ESMA como Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Miguel Fotea, Antonio Pernías y Jorge Radice. Todos fueron también acusados por los asesinatos de sus padres: “por el homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”.

Murió Oscar Lazón, juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA

Un represor asfixiado en su domicilio

Tuvo el mismo status de Jorge “El Tigre” Acosta como jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3. Estaba con prisión domiciliaria, al cuidado de su hijo. Ayer apareció muerto, aparentemente por un cuadro de asfixia provocado por humo. Harán una autopsia para confirmarlo.

 Por Alejandra Dandan

Oscar Rubén Lazón era una persona especialmente violenta. De bigotes, pelo negro y piel blanca, los detenidos desaparecidos de la Escuela d Mecánica de la Armada recuerdan sus ojos marrones cuando les hablaba con un vaso de whisky en la mano. Tuvo el mismo status de Jorge “El Tigre” Acosta como jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3, en períodos distintos. Sucedió a Luis D’Imperio a fines de diciembre de 1979. Venía de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Armada (JEIN). Usaba el nombre de cobertura de Horacio Gurati. Fue parte de la ESMA que volvió a endurecerse hacia adentro y hacia afuera, sobre los sobrevivientes bajo libertad vigilada. Cuando llegó, ordenó el traslado del grupo Villaflor. Participó de la apropiación de Laura Ruiz Dameri. Pasó más tarde por la Escuela de Guerra Naval en España, destino de cobertura para tareas de inteligencia. Vivió escondido hasta 2003, cuando una investigación periodística lo descubrió en México. Murió en las primeras horas de ayer en su casa por un todavía supuesto cuadro de asfixia provocado por humo. Su hijo era garante de sus cuidados. Fue quien avisó al Tribunal Oral Federal 5, que lo estaba juzgando por primera vez en un juicio que se acerca al final, luego de casi cuarenta años, por delitos contra más de 170 personas.

“¡Otro más que se nos va impune!”, dice Víctor Basterra, sacudido por la noticia. Lanzón fue denunciado tempranamente por los sobrevivientes, pero no tenían su nombre real. Su imagen en cambio fue presentada en la Justicia en 1984 como parte del informe Basterra, que contenía las fotos de los represores que Basterra logró sacar de la ESMA. “En general no me alegro con estas cosas, no me gusta que no les toque lo que les tiene que tocar, que es la justicia –dice–. De alguna forma, con la muerte zafan.”

Los jueces del TOF 5 recibieron la noticia por un llamado de su hijo. Lanzón estuvo detenido en el penal de Marcos Paz pero fue beneficiado con la prisión domiciliaria con el acuerdo de las partes. Según la información del TOF, tenía problemas de equilibrio físico y ciertos desequilibrios emocionales, que generaban problemas de logística como la necesidad de compañía permanente. Esos problemas, sin embargo, no le impedían comprender ni que siguiera en juicio. Fue examinado con todos los acusados antes del comienzo de los alegatos. Estaba representado por un defensor oficial. Su hijo era el encargado de controlarlo. Llamó para informar que su padre murió por asfixia aparentemente causada por humo. La investigación quedó en manos de la fiscalía de instrucción de Ana Yacobucci. Intervino la Comisaría 39ª con quienes se comunicaron los secretarios del TOF. Durante el día, Bomberos trabajó en la casa para hacer un informe. Su cuerpo quedó en la morgue judicial para la autopsia. Anoche, la información más importante todavía era escasa. Con los antecedentes del caso, se intenta saber si la muerte fue producto de un accidente o hubo algo intencional de su parte. Tampoco se sabía si el hijo estaba en la casa en ese momento. Es posible que no, creen en el TOF, un dato que explicaría también las razones de un accidente.

Pero todo esto aún no se sabe. Sobrevivientes, fiscales y querellas quedaron inquietos. Basterra recordó a el caso de Horacio Estrada, sucesor de Jorge Vildoza en la ESMA, primero difundida como suicidio y luego sospechada de “suicidado”. Andrea Bello recordó a Héctor Febres, muerto por envenamiento. “Lanzón llegó a la ESMA cuando estaba en todo su esplendor represivo, por decirlo de alguna forma –explicó–. Vamos a evaluar ahora la información del juzgado a ver si hacemos algún pedido. Pero en un juicio tan largo como éste, cuando estamos entrando en los tramos finales y llegando a la sentencia, no es oportuno tener situaciones que no estén claras. Si efectivamente tenía problemas de esta naturaleza debería haber estado bajo algún recaudo mayor.” Desde la fiscalía también esperan los resultados de la autopsia que definirá la extinción de la acción penal. Pero el fiscal Guillermo Friele resaltó sobre todo la impunidad “como resultado de la demora de todos las etapas procesales incluidas en esta etapa de alegatos. Se siguen muriendo las personas tanto en la cárcel como en las casas, sin que se logre condena”.

Lanzón participó de la estructura represiva de la ESMA entre 31 de diciembre de 1979 al 28 de septiembre de 1981. Así lo describió la fiscalía. Tuvo como destino JEIN. Fue jefe del departamento de Inteligencia del Grupo de Tareas y tuvo calificaciones de Horacio Estrada y Edgardo Aroldo Otero, el sucesor de Jacinto Chamorro en la dirección del GT.

Lazón también era investigado por la apropiación de Laura Ruiz Dameri, hija de Silvia Dameri y Orlando Ruiz. Ellos fueron secuestrados el 4 de junio de 1980 con sus dos hijos mayores. Laura estaba embarazada de cinco meses. Dio a luz a una niña, Laura, en el sótano de la ESMA apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic.

El alegato de la Fiscalía por los vuelos de la muerte desarmó los argumentos del aviador acusado

“Está probada la participación de Poch”

La fiscal explicó qué lugar ocupaba Julio Poch en la estructura represiva y que estaba capacitado para tripular aviones de pasajeros.

 Por Alejandra Dandan

Varios esperaban ver al piloto Julio Poch, con su cartel de “soy inocente” escrito a mano, para las pantallas, en español y holandés. Pero no. El hombre que fue oficial piloto de una de las escuadrillas dependientes del todopoderoso Comando de Aviación Naval de la Armada no estuvo en la sala. Estuvo su abogado defensor, Gerardo Ibáñez, que iba moviéndose inquieto en la silla mientras avanzaba el alegato, histórico y demoledor, contra su defendido. “Se encuentra probada no sólo la materialidad de los vuelos de la muerte como mecánica represiva utilizada por las Fuerzas Armadas, en especial por la Escuela de Mecánica de la Armada, sino también la participación de Julio Poch en estos aberrantes crímenes”, explicó la fiscal Mercedes Soiza Reilly, dedicada hace una semana al tramo vuelos de los alegatos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

“Como parte de las estructuras represivas de la empresa criminal conjunta, Julio Poch tripuló, en su calidad de oficial piloto y como miembro de la Aviación Naval de la Armada Argentina, aviones que eran utilizados en el sistema de eliminación física de personas, denominados ‘vuelos de muerte’, metodología utilizada en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas que habían sido privadas ilegalmente de la libertad por el Grupo 3.3 de la ESMA, que fueron trasladadas desde esa dependencia naval a distintos aeropuertos o bases militares con pistas de decolaje, donde las ingresaban en las aeronaves de las cuales posteriormente eran arrojadas al agua con vida en pleno vuelo.”

Esta imputación, que a la vez intentó dejar sentada la mecánica de los vuelos de la muerte, es el centro de lo que la fiscalía intenta dejar asentado en este tramo del debate. Los fiscales –además de Soiza Reilly ejerce Guillermo Friele– están haciendo la reconstrucción de los vuelos en dos direcciones. Una histórica, compuesta por los primeros indicios que se fueron conociendo sobre esta mecánica y otra, que apunta a mostrar a los seis imputados de este juicio como eslabones de la estructura secreta de la Armada que proveyó de aeronaves y tripulantes al grupo de tareas. Es decir, reconstruir la estructura criminal de la que dependieron los pilotos. Y ahí está el funcionamiento del Comando de Operaciones Navales (COOP), órgano central en la estructura operativa, con sede justo debajo del comandante en jefe de la Armada. El COOP distribuyó hombres y recursos. De él dependieron las Fuerzas de Tareas de la Armada, entre ellas las de la ESMA y las dos áreas claves para los vuelos: el Comando de Aviación Naval (COAN) y la División de Aviación de Prefectura (DIVA). Poch integró una de las escuadrillas que dependieron del COAN.

El piloto argentino con ciudadanía holandesa llegó a ser investigado en esta causa por una confesión brindada a sus compañeros de trabajo, durante una cena de despedida en la ciudad de Bali, en Indonesia, en 2003. Según los testigos, Poch dijo haber participado de los vuelos de la muerte. Y cuando, impactados, le preguntaban sobre eso, él aseguró que se trataba de “terroristas”, que había habido una “guerra” y que deberían estar todos muertos. Quienes hicieron las denuncias recibieron todo tipo de presiones estos años. Hasta que los hostigadores, amigos y conocidos de Poch, fueron frenados por una causa en Holanda. Poch y el coro de quienes lo acompañan hablaron de “caza de brujas” y procesos sin justicia.

Poch mismo dice que es inocente. Que lo que dijo no lo dijo. Invocó a errores de interpretación por parte de quienes lo escucharon en aquella cena, y los atribuyó a la cruza de inglés y holandés. Pero más acá, ya comenzada la causa, también negó cuestiones más técnicas. Dijo que mientras estuvo en la Armada no participó de la “lucha contra la subversión”. Que no estaba capacitado para hacer vuelos con aviones de pasajeros, sino solo naves de “caza y ataque”. Y que estaba preparado para acciones de guerra convencional y no interna.

La fiscalía tomó uno a uno esos argumentos y, literalmente, los demolió: no usó sus confesiones sino documentos desclasificados –que fueron proyectados en la sala– provistos por los ministerios de Defensa y de Seguridad, uno encargado de los archivos de las Fuerzas Armadas y el otro, de los de Prefectura.

Uno de los primeros datos sobre Poch fue que sí intervino en la estructura represiva: un ejemplo presentado es el Operativo Sirena. El dato está en el legajo de Poch. “Esto descarta la ajenidad aludida por Poch antes y durante el debate”, dijo la fiscal. “Poch dijo que estaba preparado para la guerra convencional, nosotros hemos acreditado que esto no es cierto: que también participó en lo que ellos llamaron ‘guerra interna’”. Poch negó el carácter antisubversivo del Operativo Sirena. “Pero los documentos desclasificados y la prensa de la época no dicen lo mismo”, retrucó Soiza Reilly. Poch y los testigos convocados por la defensa restaron valor a ese operativo “evidentemente” –siguió la fiscal– porque el Sirena era “un operativo represivo por excelencia, gestado por la Armada Argentina en la lucha contra la subversión”. Para eso citó dos elementos. El testimonio en calidad de perito de la especialista Laura Guembe, que trabajó en ambos ministerios,, dejó en claro que el Sirena fue un operativo conjunto de fuerzas áreas navales argentinas y paraguayas y que entre otras actividades hizo “control poblacional”. Poch presentó como inocuos esos controles. Guembe dijo que el “control poblacional” estaba explicado “en los reglamentos de manera bien clara, no solamente se trataba de saber quiénes poblaban un lugar sino también identificar personas, detenerlas y llevarlas a determinados lugares”. Eso era el control poblacional del Operativo Sirena –remarcó la fiscal ya en la primera audiencia– “¡la detención de personas!”, muchas veces en lugares de difícil acceso a otras unidades de la Armada.

Poch estuvo ligado al Sirena II, entre 1975 y 1976. Según su legajo, revistó como secretario de los Estados Mayores de Planeamiento “de este operativo antisubversivo de tanta envergadura”, remarcó la fiscalía. Su estatus y el peso de ese operativo también quedaron resaltados por las Memorias Anuales en este caso de la Prefectura. En 1976, Poch pasó a la escuadrilla de trasporte de búsqueda y rescate. Y en 1977 estuvo en la de caza y ataque. En 1979 ingresó en Aerolíneas Argentinas.

El ingreso en Aerolíneas confirmó otro dato. Poch dice que sólo estaba capacitado para manejar aviones de caza y ataque, es decir no aviones multimotores que son los que tienen capacidad de transportar pasajeros. Nuevamente, precisó la fiscalía, los documentos dicen otra cosa. Poch ingresó en Aerolíneas Argentinas en 1979. Su legajo allí dice que tenía experiencia en transporte de pasajeros. Pero, además, un documento que está en la causa y valoró la fiscalía es su licencia civil de 1979. Esa licencia dice que Poch estaba capacitado para manejar aeronaves de hasta 5700 kilogramos de porte, aviones de vuelo nocturno y multimotores. La fiscal recordó un dato aportado por un perito en el juicio: ¿ustedes saben –preguntó– cuánto pesa un Skyban, señores jueces? Es decir, uno de los aviones de Prefectura usados en los vuelos de la muerte: 5580 kilos.

Para entonces, dos jueces no paraban de escribir. Ibáñez cada vez más inquieto comenzó a mandar mensajes con su celular. El juez Leopoldo Bruglia anotaba. Y Oscar Hergott, cuarto juez de la causa, levantaba y bajaba la cabeza para volver a sus notas.

Otro dato que sostiene Poch sobre la escuadrilla de Caza y Ataque es que no participó de la lucha contra la subversión. “Los documentos dicen otra cosa”, volvió a decir la fiscal.

Antonio Urbano es otro oficial como Poch que perteneció a su misma escuadrilla. Para pedir un ascenso explicó en una misiva interna –incorporada a la causa– que “participó de la guerra contra la subversión desde y con los medios aéreos”. Para la fiscalía, con esto se acreditó que las escuadrillas de Caza y Ataque no fueron ajenas a “la lucha contra la subversión”.

Otro punto en análisis fue su libreta de vuelo. Poch dijo que no tenía adulteraciones, y hasta intentó exhibirlo con un perito de parte. La fiscalía mostró con peritos todo lo contrario: “Nada tiene ese informe de objetivo y de serio. Es un informe terriblemente deficiente. Faltan firmas, sellos, foto del piloto, hay hojas con tachaduras no salvadas”, enumeró, entre otros defectos. Pero, además, esa libreta dice que sí voló aviones de trasporte de pasajeros.

Una de las estrategias de los acusados es decir que no estuvieron en la ESMA o en el Grupo de Tareas 3.3. La fiscal explicó por qué obviamente no estuvieron. “Hay que tener claro que estos vuelos se organizaban más allá de los campos de concentración. Que la ESMA fue el centro de exterminio por excelencia utilizado por la Armada. Que en él convergieron multiplicidad de fuerzas. Pero cuando la ESMA necesitaba de una aeronave con capacidad de transporte y lanzamiento de carga en vuelo, al igual que de pilotos especializados, hacía el pedido a la autoridades del Comando de Operaciones Navales y este al Comando de Aviación Naval. Pues –dijo– fueron las escuadrillas aeronavales quienes facilitaron las aeronaves para ese tramo final. Aeronaves y pilotos. La ESMA no contaba con una flota propia de aviones y de pilotos. Los traslados de los secuestrados del Grupo de Tareas los efectuaban miembros de la Aviación Naval y de la Prefectura, de la Armada. Por lo tanto, no reviste ninguna relevancia que el acusado diga que no estaba destinado a la ESMA, no es esta la imputación que se le atribuye, sino es haber participado en los vuelos de la muerte desde la estructura a la que pertenecía que era la que facilitaba la logística aeronaval al Grupo de Tareas 3.3.”

Finalmente, añadió la fiscal, los vínculos que los vuelos de la muerte tuvieron con las víctimas no están puestos en discusión. “Este juicio ha permitido casi, cuatro décadas después, probarlo.”

Por su rol de tripulante en los vuelos de la muerte, Poch deberá responder en calidad de coautor de privaciones ilegales de libertad, tormentos y homicidios. Las historias de las víctimas comenzarán a leerse en el alegato de la semana entrante.

Alemann: el ex funcionario de la dictadura en la megacausa ESMA

El caso contra Alemann

En 1980, Juan Alemann era uno de los asistentes de Martínez de Hoz y fue al campo de la muerte a conocer a un secuestrado al que acusaban de haber comandado un atentado en su contra. La defensa del mellizo, el tema de los chicos apropiados.

 Por Alejandra Dandan

Los alegatos por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada comenzaron a trabajar el rol de los civiles. Juan Alemann es uno de los dos civiles juzgados en este juicio. Mientras era secretario de Hacienda del ministro José Alfredo Martínez de Hoz entró en el centro clandestino a buscar información sobre un atentado que le habían realizado. A fuerza de tormentos buscó datos sometiendo a un prisionero que la patota le puso a disposición. El ex funcionario, que sigue en libertad tal vez por no vestir uniforme, fue reconocido en la ESMA por varios sobrevivientes.

Alemann no está imputado por apropiación de niños, pero la fiscalía trajo a la audiencia el tema al rescatar una entrevista que, sin embargo, permite ver las oscuridades de su alma. “Hubo 200 y pico de casos de mujeres que tuvieron hijos en cautiverio y después las liquidaron –dice Alemann en ese texto–. De esos, unos 200 los entregaron a los jueces y quedaron menos de 30 casos que se distribuyeron entre familias de militares. Eran chicos que sobraban, porque esos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban tenían hijos. Era una irresponsabilidad. Pero no hubo robo de chicos. Hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero.”

La fiscal Mercedes Soiza Reilly, a cargo de este tramo de la lectura de los alegatos, continuó leyendo esa entrevista. “Al ser preguntado por el periodista: ¿Las cosas pudieron hacerse de otra manera?”. Alemann respondió: “Yo hubiera hecho otra cosa. Hubiera declarado el estado de guerra interno y hubiera fusilado a todo guerrillero que se encontraba con armas. Así se hizo en Chile”.

Alemann entró en la ESMA en 1980 para ver a Orlando Ruiz, un joven militante de Montoneros, secuestrado el 4 de junio de 1980, con su esposa Silvia Beatriz María Dameri, embarazada, y sus dos hijos menores, María de las Victorias y Marcelo Mariano. De acuerdo con los sobrevivientes, la patota forzó a Ruiz para que se hiciera cargo del atentado contra el funcionario. Alemann admitió, hasta aquí, que estuvo en la ESMA y en contacto con los militares, pero negó haber visto a Ruiz e intenta defenderse como lo hicieron los mellizos García Velazco: planteando confusión con su hermano Roberto. Dice que la instrucción de la causa se confundió. Que en todo caso, podrían haber visto a su hermano Roberto, también funcionario pero, como señaló la fiscalía, en un cargo que ocupó recién en 1981, después de los hechos investigados.

“La participación de Alemann en uno de los tramos de los ilícitos que tuvieran como víctima a Orlando Ruiz se encuentra acreditada por las probanzas que se han colectado a lo largo de este juicio”, dijo la fiscal. “Veamos qué pruebas hemos colectado que nos permiten tener por acreditado que el día en que Alemann llegó a la ESMA, Orlando Ruiz fue puesto ante su presencia”, propuso. “En primer lugar, contamos con el relato de dos sobrevivientes que vieron y supieron de la presencia de Alemann, el día en que Ruiz fue llevado a la sala de torturas del sótano del centro de exterminio.” Los testimonios son del Sueco Carlos Lordkipanidse y Víctor Basterra. A sus testimonios históricos, conocidos, se sumaron otros aportados en este debate, dado que Alemann por fin aparece entre los hechos investigados.

Lordkipanidse tomó contacto con Ruiz durante “unos escasos minutos”, antes de la visita de Alemann. El muchacho, a quien no volvió a ver después de ese día y que permanece desaparecido, le dijo que lo someterían a una situación en la que iba a estar el “doctor Alemann”. Lo harían hacerse cargo del atentado. Lordkipanidse pensó que eso era bueno: si a Ruiz lo ponían en presencia de un civil, al Grupo de Tareas no le iba a quedar otra alternativa más que blanquearlo. “Me llenó de esperanza –dijo el Sueco– cuando Alemann pase por delante mío y me vea, pensé, quizás salgo yo también y se rompe la promesa del capitán Acosta, cuando me dijo ‘vos sos boleta’.”

Entonces, se cruzó con Alemann. Estaba en el pasillo del Sector 4, nombre con el que los marinos llamaban al sótano. El lugar no estaba desmantelado sino que tenía oficinas a ambos lados de un pasillo. Parado ante la puerta del comedor, pegada a la Huevera, el Sueco vio pasar a la comitiva exactamente delante suyo y observó cómo ingresaron a ese lugar destinado a la tortura. A Alemann lo vio corpulento, alto, “una persona pública y fácil de reconocer”. También dijo que era parecido a su hermano. Que vestía de traje color gris y zapatos negros. A su alrededor andaban otras diez personas, calculó. Distinguía a dos uniforme y el resto de civil. A esa altura se le sumaron, además, varios de los responsables del centro de exterminio.

Una vez que Alemann entró en la Huevera, el Sueco escuchó el sonido de los grilletes de Orlando, recordó la fiscal. Ruidos que aparecieron “cuando lo desplazaban de la sala de interrogatorios hasta el lugar donde lo aguardaban”.

Para entonces, Lordkipanidse llevaba tiempo secuestrado, forzado a hacer tareas de fotógrafo. “No usaba capucha, pero sí un antifaz, que se corría y le permitía ver. Por handy anunciaron la llegada de Alemann. El guardia, que pretendía llevarlo al comedor para que no viera, al ver la presencia de Alemann se puso en posición de firme.” La llegada del funcionario no fue una sorpresa, se había preparado con anticipación y para el acontecimiento lavaron el sótano con lavandina. “Alemann era el jefe –dijo el Sueco observando la situación–: todos los demás le rendían honores.”

Para la fiscalía estas escenas son clave, no sólo para probar su presencia sino para el ir a otro punto importante, que “Alemann tuvo la posibilidad de influir en la liberación de un detenido, Orlando Ruiz, por los contactos que tenía debido a su función pública, pero no lo hizo”.

El funcionario estuvo con el prisionero una media hora. En la Huevera habían quedado rastros del escenario montado: una representación del atentado con fotocopias de diarios, organigramas de estructuras de los militantes, llaves, corchetes que encerraban nombres y apodos de personas.

Basterra también confirmó la presencia de Alemann. Un guardia le dijo que había llegado porque Ruiz era uno de los responsables de un grupo que lo atacó. También le confirmó que el tal Alemann estaba vinculado al Ministerio de Economía.

En el juicio declararon la hermana de Ruiz y el testigo y sobreviviente Mario Villani. Su testimonio agregó un dato importante: lo describió como parte de las estructuras de poder y explicó que “fue visto en la ESMA más de una vez”. Lo vio además en el Sector 4 acompañado por “Marcelo”, es decir Ricardo Cavallo.

“Los testimonios colectados no hacen más que afirmar que Alemann no sólo fue a la ESMA sino que fue puesto ante Ruiz, a quien acusaban de haber causado su atentado y a quien le pedían explicaciones”, dijo la fiscal. “La presencia del imputado en la ESMA, interrogando a un secuestrado, implicó, además, violencia psíquica por la frustración de las expectativas que pudiera albergar Ruiz, teniendo frente a él a un funcionario de gobierno. Esta presencia más el interés de Alemann en interiorizarse de los pormenores del atentado generaron una mortificación extra en el cautivo, que ha aumentado cuando como respuesta obtuvo la continuación del sometimiento indigno. Y como si fuera poco, todo esto se completó con su desmoronamiento psíquico al comprobar que Alemann no era más que otro integrante del plan de destrucción que se había gestado.”

El rol de los médios en la ESMA

Los médicos que actuaron en la ESMA

La fiscalía centró ayer su alegato del juicio por los crímenes cometidos en la ESMA en la participación de Jorge Luis Magnacco, Carlos Octavio Capdevilla y Rogelio Martínez Pizarro y analizaron su función dentro del plan represivo.

 Por Alejandra Dandan

Sara Solarz de Osatinsky describió cómo Jorge “el Tigre” Acosta se desesperó en medio de su sesión de tortura porque ella no gritaba. ¿Por qué no gritás?, le dijo. ¿Qué pasa? Ella le respondió que en realidad no sentía nada debido a todo el dolor que había sufrido. Entonces Acosta llamó a Rogelio Martínez Pizarro, uno de los médicos del centro clandestino –los Tomy– en este caso dermatólogo. Martínez Pizzarro, dijo Sara, la evaluó y señaló que podían continuar con la tortura. Tiempo después, ese Tomy le dijo a Sara: “A mí nunca nadie me puede acusar de ser un torturador porque nunca torturé a nadie”. Ella le replicó: “Dando la venia para que continuaran la tortura, también me parecía que él era un torturador”.

Aquel médico es uno de los 59 acusados que aún esperan sentencia en el megajuicio por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada. A la vez, es uno de los únicos tres médicos de este juicio. Con él son juzgados los más conocidos Jorge Luis Magnacco y Carlos Octavio Capdevilla. Martínez Pizzarro llegó a este juicio sin condena. La fiscalía ayer, durante la jornada de alegatos, abordó el rol de cada uno de ellos. Señaló la “función central” que tuvieron los médicos en el plan sistemático de exterminio. En especial, en el tratamiento ilegal de las víctimas más vulnerables. La fiscal Mercedes Soiza Reilly, que continúa a cargo de este tramo de lectura, describió la relación del Departamento de Sanidad de la ESMA y del Hospital Naval en el suministro de esta mano de obra específica. Y recordó, en el caso específico del Tomy Martínez, de acento cordobés, que los sobrevivientes lo situaron dándole la inyección letal a Norma Arrostito, aparentemente el veneno que se sabe que le provocó la muerte.

“Los médicos se encargaron de las víctimas más vulnerables del campo, de lo más terrible, de las más castigadas”, explicó la fiscal. Atendieron a los torturados y lacerados para reponerlos cuando sus captores buscaban continuar interrogándolos. Se ocuparon de las embarazadas para que llegasen al parto y para poder robarles sus hijos. Y del pentonaval para que no opongan resistencia quienes iban a ser trasladados en los vuelos de la muerte.

Detrás del texto de la fiscalía, lo que ayer había en la sala de Comodoro Py era una respuesta a las defensas, que cuando ya no pueden discutir la participación de los médicos en el grupo de tareas sostienen que estuvieron ahí con una función asistencial. O, en el caso del Hospital Naval, que actuó como “salvataje”, por ejemplo con Marta Alvarez, trasladada allí por una complicación en el parto. La fiscalía recordó que, incluso en ese punto, el hospital fue una prolongación del centro clandestino. Marta continúo ilegal, clandestina, ni siquiera registrada y le prohibieron deambular por otros sectores. “No puede ser reducido su accionar a una actividad solidaria, pues sus acciones no los eximen de responsabilidad, más cuando con ellas permitieron la ejecución de las prácticas ilegales que formaron parte del plan sistemático de exterminio. En ese sentido, a poco de repasar los tipos de colaboración podemos acreditar que su actuación fue un soporte esencial en los hechos, descartando cualquier argumentación defensista.”

La presencia de los médicos en el campo no fue un capricho del GT. Estuvo regulada y prevista por el plan secreto de Capacidades de la Armada (Placintara/75) para cumplir con los planes militares, explicó la fiscalía. Los documentos reservados del Ministerio de Defensa demostraron además que institucionalmente dependían del Departamento de Sanidad de la ESMA, ubicado en el predio. Sanidad estaba vinculado al director de la ESMA y proveía de médicos y de enfermeros al CCD, dijo la fiscalía. “Pero es Acosta quien incluye al personal de Sanidad como parte esencial del GT –recordó– cuando en su indagatoria nos manifestó que era una ‘pieza fundamental en la estructura’. Fueron piezas que posibilitaron la concreción de los hechos criminales. Además, Acosta dijo que ellos tenían asignado un lugar en el espacio exclusivo de Los Jorges, el sitio clandestino donde se decidía la vida y la muerte de los cautivos.”

Así como Sanidad, otra área que funcionó en esa línea fue el Hospital Naval. “No sólo facilitando a sus profesionales médicos al GT, sino las instalaciones, dado que en ese lugar la residencia del cautivo fue clandestina como lo fueron las atenciones brindadas ya que continuó siendo sometido a un cruel trato, inhumano.”

Sanidad y el Hospital Naval tuvieron otras características. Sanidad estaba dividida en cuatro áreas: medicina, odontología, farmacia y bioquímica. “Las necesidades operativas obligaban al responsable a requerir la presencia de médicos del Naval, pero –dijo Soiza Reilly– necesitaban especializados en otros temas que podían cubrir con los médicos disponibles en Sanidad, por ejemplo un obstetra.” Martínez Pizzarro, Capdevilla y Magnacco fueron los más nombrados por los sobrevivientes, los más vistos dentro del campo y los que más injerencia tuvieron en el contacto con los cautivos, dijo la fiscal durante el alegato en el que enumeró y describió la función de cada uno en el centro de maternidad ilegal.

Por esas mismas razones, ellos no fueron todos los médicos ni enfermeros que actuaron. “El número de profesionales de la salud no se reduce a los tres imputados del juicio –explicó–. El plan de exterminio se preparó para que estos profesionales tengan asignado tareas especiales dentro y fuera del CCD. Su tarea era atender no solo a la población de las ESMA sino los requerimientos del GT.”

De los tres acusados, Martínez Pizzarro es quizás el menos conocido. Su nombre aparece sin embargo en los primeros listados de los sobrevivientes, tratados en este juicio singularmente con la entidad de prueba documental. Lo nombra Sara Osatinsky, también Lisandro Cubas, Alfredo Buzzalino, Miguel Lauletta, Ricardo Coquet, pero también aparece en la carta escrita por Domingo Maggio, en abril de 1978, cuando escapó de la ESMA. En esa carta que logró redistribuir antes de su nueva captura y asesinato también aparece la referencia a Magnacco.

“La metodología que aplican para deshacerse de los cadáveres de los secuestrados (...) fue cambiando con el tiempo. En los comienzos colocaban en un auto a una cantidad de personas (6 o 7), los acribillaban a balazos y luego incendiaban el auto. Luego adoptaron el ahorcamiento en la misma escuela, para luego tirarlos al mar. En la actualidad se les coloca una inyección somnífero, se los envuelve en una lona y se los tira al mar (...). Esta tarea es efectuada también por un médico, oriundo de Córdoba, que se hace llamar Tomy y por otro al que llamaban Menguele.”

Martínez Pizzarro aún niega su participación activa en la ESMA. Dice que se dedicó a controles “mínimos”. Pero hoy está acreditado no sólo su intervención como médico, sino su ascenso durante el tiempo que estuvo en la ESMA y su integración a los operativos por su paso previo por la Infantería de Marina, es decir, dijo la fiscalía, “un militar entrenado en combate”. Su nombre aparece en el histórico documento que señala las condecoraciones hechas por Emilio Massera a los integrantes del GT por su “heroico valor al combate”: “Si alguna duda cabe, esta distinción de la medalla de honor es por haber actuando en combate real contra las víctimas de este juicio –dijo la fiscal–: no fue por haber atendido a los aspirantes de la Escuela”.

La historia desconocida de Rodolfo Walsh que reveló la causa ESMA

Se armó una cadena testimonial impresionante", dijo la abogada de la familia Walsh
"Lo que más me interesa de ello es que se llevaron el último cuento que mi padre había escrito «Juan se iba por el río». Durante el juicio les pedí a los represores en la cara que me lo devolvieran", señaló Patricia Walsh a este medio.

Gracias a los testigos del juicio, salieron a la luz datos inéditos sobre los meses previos a su homicidio; el predio en donde podrían estar sus restos
Por Maia Jastreblansky  | LA NACION

La causa ESMA no sólo hizo justicia con la familia de Rodolfo Walsh al condenar a prisión perpetua a los responsables de su muerte. También echó luz sobre aspectos desconocidos sobre los meses previos a su desaparición. Además, les dejó una esperanza: la posibilidad de descubrir el paradero de sus restos.

Tras el golpe de marzo de 1976, Walsh había pasado a la clandestinidad como Norberto Pedro Freyre, gracias a una cédula apócrifa que le había facilitado un amigo policía. Ya había falsificado su identidad por la de Francisco Freyre cuando investigó los fusilamientos de José León Suárez (relatados en Operación Masacre) pero, llegada la Junta Militar, decidió cambiar su nombre de pila y camuflarse bajo un aspecto senil.

A pesar de su disfraz, el 25 de marzo de 1977, en la esquina de San Juan y Entre Ríos, un grupo de militares le hizo una emboscada, lo acribilló e hizo desaparecer su cuerpo.

En el veredicto dictado el pasado miércoles por el Tribunal Oral 5°quedó probado que Walsh fue asesinado por el Grupo de Tareas (GT) 3.3.2. de la ESMA, un hecho por el que fueron condenados, entre otros, Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta. Lo que hasta entonces figuraba como "desaparición", pasó a llamarse "homicidio".

"Se armó una cadena testimonial impresionante", dijo la abogada de la familia Walsh

Pero además en el juicio pudo comprobarse que parte del GT, bajo el comando directo de Acosta, venía siguiendo la pista de Walsh desde septiembre de 1976, y que personas sin vínculo con el periodista fueron detenidas y torturadas con la intención de obtener datos. En tanto, gracias a las declaraciones de sobrevivientes, la Justicia ordenó preservar un predio en donde podrían estar los restos del escritor.

"Por lo pronto, no nos podemos quedar con la duda así que reclamamos que se hagan peritajes en ese terreno", señaló la hija del periodista, Patricia Walsh en diálogo con LA NACION. Su abogada, Myriam Bregman, explicó acerca del juicio: "Fuimos reconstruyendo espacios en blanco. A partir de un testimonio pedimos más testigos y se armó una cadena testimonial impresionante".
La casa del Delta

Uno de los hechos que salieron a la luz fue el operativo que el "Tigre" Acosta llevó a cabo en el Delta del Tigre. Allí Walsh había adquirido dos casas de fin de semana, "Lorelei" y "Liberación".

A esta última se dirigieron los militares bajo orden de la Marina a buscar al periodista el 19 de septiembre de 1976. Al llegar se encontraron con la casa vacía, situación que no les impidió irrumpir violentamente. Se trata del famoso "allanamiento" de la casa de Tigre al que el periodista se refiere en el primer párrafo de la Carta Abierta a la Junta Militar.

"Sólo con el tiempo algunos entendieron que fueron detenidos porque buscaban a mi padre", dijo la hija de Walsh

En una propiedad vecina residía un matrimonio que al momento del operativo recibía la visita de otra pareja. Los cuatro fueron capturados y trasladados encapuchados en lancha-colectivo hasta la costa y luego hacia la ESMA. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones, interrogados sobre el paradero de Walsh, a quien no conocían. Luego de unos días, fueron liberados.

El matrimonio vendió su casa y jamás quiso regresar al lugar. "Sólo con el tiempo estas personas comprendieron que habían estado en la ESMA, porque asociaron los ruidos de los aviones y los murmullos, y que en realidad buscaban a mi padre", relató Patricia Walsh.

La reapertura de la investigación los motivó a brindar testimonio en el juicio que finalizó el pasado miércoles. Tras su declaración, durante las audiencias, el "Tigre" Acosta reconoció ante el Tribunal haber encabezado la operación.
 Lorelei, una de las casas de Walsh en el Tigre // Foto: Luciano Zito - LUPA FILMS.

El botín de San Vicente

A los represores además, se les imputó el delito de "robo con armas, en lugar poblado y en banda", en perjuicio de los bienes de Walsh. Cuando en marzo del 1977 el periodista fue capturado, llevaba un maletín con el boleto de compra venta de un terreno en San Vicente.

Allí se dirigió el grupo de tareas para realizar la tarea que se hacía con la mayoría de los desaparecidos: llevarse un botín. Los militares ingresaron en su casa de San Vicente y la vaciaron de pertenencias, que fueron depositadas en el llamado "Pañón" de la ESMA, donde se acumulaban los bienes de las víctimas.

"Lo que más me interesa de ello es que se llevaron el último cuento que mi padre había escrito «Juan se iba por el río». Durante el juicio les pedí a los represores en la cara que me lo devolvieran", señaló Patricia Walsh a este medio.
 La casa de San Vicente donde fueron robadas sus pertenencias // Foto: Luciano Zito - LUPA FILMS.

El campo de deportes, una sospecha a despejar

En uno de sus párrafos de la sentencia que leyó el tribunal se hace mención a un campo de deportes sobre el cual se pide "preservar la prueba". Se trata del predio "Cabo Primero Ernesto del Monte" que la Armada posee en el barrio de Núñez.

Allí hace 19 años se realiza un torneo deportivo del que participan los miembros de las Fuerzas Armadas. Fútbol, voley y atletismo son algunas de las disciplinas que se practican en la competencia, cuya última edición tuvo lugar en septiembre último.

Según lo que indujo la hija de Walsh a raíz de los testimonios, ese podría ser paradero de los restos de su padre. Dos de los sobrevivientes, aseguraron además haber visto al cuerpo Walsh ser trasladado en camilla en el sótano del llamado casino de oficiales, el espacio central de alojamiento y tortura de los secuestrados de la ESMA.

"No me puedo quedar con la duda del paradero de sus restos", manifestó Patricia Walsh

"Los testigos dijeron que las víctimas que fueron cremadas eran enterradas en ese lugar. Mi padre fue baleado por lo que hay grandes posibilidades que sea su caso, a diferencia de otros cuyo destino fueron los «vuelos de la muerte»", relató Patricia Walsh.

Ese podría ser además el lugar donde se enterró el cuerpo de Raimundo Villaflor, protagonista del libro de Walsh "¿Quién mató a Rosendo?", según el reclamo que también hizo su hija, Laura Villaflor. Ambas mujeres harán mañana una nueva presentación judicial sobre el tema.

"Es grave hacer de cuenta que no sucedió nada y llevar a ese lugar a practicar deporte sin explicar lo que allí sucedió", manifestó Patricia Walsh. Tras la disposición de la Justicia, espera que el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (que ha recuperado cientos de cuerpos de personas desaparecidas), haga los rastrillajes pertinentes en el lugar.

El crimen de la hija de Urondo

Un civil imputado dijo que Claudio Urondo y Mario Koncurat fueron asesinados por marinos.
En una declaración que generó sorpresa y dudas, el abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, acusado en la causa ESMA, aseguró que Claudia Urondo y Mario Koncurat fueron asesinados por entre doce y catorce marinos en diciembre de 1976, en Colegiales.

 Por Carlos Rodríguez

Un civil que integra la lista de imputados en la causa por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la ESMA sorprendió a todos con un relato acerca de la forma en que habrían muerto Claudia Josefina Urondo, la hija mayor del poeta Francisco “Paco” Urondo, y Mario Lorenzo Koncurat, su pareja. De acuerdo con la versión que dio el abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, en la tarde del 3 de diciembre de 1976 la pareja fue sorprendida y rodeada por una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el barrio de Colegiales. La hija de Urondo y su compañero mantuvieron un enfrentamiento “por horas” con un grupo de tareas de la Armada integrado por doce o catorce marinos, encabezados por el capitán Jorge Eduardo Acosta, a quien llamaban El Tigre, jefe de Inteligencia del centro clandestino de detención.

Un rato antes de lo sucedido, Claudia había dejado a sus dos hijos, Sebastián y Nicolás, en una guardería. Ese mismo día, Nicolás, el menor de los hijos de la pareja, cumplía dos años. Claudia le había prometido hacerle una fiestita en casa de la abuela materna. La promesa no pudo ser cumplida porque los niños nunca más vieron a sus padres y recién cuarenta días después se reencontraron con su abuela paterna, luego de haber estado en un instituto de menores.

Torres de Tolosa es uno de los 61 imputados en la causa ESMA y su declaración provocó sorpresa, y dudas sobre su credibilidad, en la Fiscalía y los querellantes. Durante la dictadura militar, el imputado se desempeñó como secretario del juzgado de menores 9, a cargo de Oscar Hermelo, pero en los ratos libres iba a la ESMA para almorzar con su amigo El Tigre Acosta. Justificó esas visitas afirmando que en el mayor centro clandestino de detención de la Capital Federal “se comía muy bien”. Con el retorno de la democracia, Torres de Tolosa consolidó sus vínculos con integrantes de los grupos de tareas de la dictadura militar, ya que fue por un tiempo abogado del secuestrador y torturados Juan Antonio del Cerro, alias Colores, fallecido en abril de 2006, cuando estaba detenido por crímenes ocurridos durante la dictadura en el centro clandestino conocido como El Olimpo, en el barrio porteño de Floresta.

Al igual que Torres de Tolosa hoy, Del Cerro realizó, en 1996, una presentación ante la Justicia señalando con nombre y apellido a decenas de represores que habían actuado con él en distintos centros clandestinos de detención. Con el tiempo, el abogado de Colores cruzó la estrecha vereda por la que venía caminando y él fue denunciado por haber participado en al menos dos de los llamados “vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar o al Río de la Plata a detenidos- desaparecidos.

La denuncia contra el abogado fue realizada por el capitán de corbeta Adolfo Scilingo, quien reveló que Torres de Tolosa era conocido, en la ESMA, como el “teniente Vaca”. Las investigaciones judiciales confirmaron los vuelos de la muerte, luego de revisar más de 2700 planillas de operaciones aéreas con aviones Shorts CS-7 Skyvan, de la Prefectura Naval Argentina. Entre los pilotos figuraba el nombre del abogado que dio su versión acerca de la forma en que murieron la hija de Urondo y su marido.

Torres de Tolosa, que cumple prisión domiciliaria por tener problemas de salud, relató ante los miembros del Tribunal Oral Federal N°5 que el oficial de la Armada Francis Whamond, quien supuestamente integró el grupo que rodeó al matrimonio Urondo-Koncurat, le contó que “el marido y la mujer se enfrentaron a doce o catorce integrantes del grupo de tareas de la ESMA. Durante varias horas se estuvieron tiroteando. Murieron los dos, eran oficiales muy importantes” de Montoneros.

El imputado hizo su relato, pero aclaró que no iba a responder ninguna pregunta ni de la Fiscalía ni de las querellas. Los que escucharon las declaraciones tienen algunas dudas que no pudieron ser confirmadas ni desmentidas, por la postura de Torres de Tolosa de no contestar ninguna consulta sobre sus dichos. Durante la exposición, el acusado interrumpió su testimonio en tres oportunidades por ataques de llanto de los que nadie supo dar fe si eran auténticos o simulados.

“Voy a hablar sólo sobre los chicos Koncurat”, advirtió de entrada, para luego dar una versión de los hechos con detalles desconocidos acerca de la muerte de los dos militantes de Montoneros. También se refirió al recorrido que tuvieron que sufrir los hijos de la pareja, Sebastián y Nicolás Koncurat, desde la guardería en la que los había dejado su madre, pasando por el Instituto de Menores ubicado en la localidad bonaerense de Moreno, hasta el reencuentro con sus abuelos paternos.

Desde su desaparición en diciembre de 1976, nada se sabe sobre el destino de Claudia Urondo y Mario Konkurat. En una de sus declaraciones en la causa, Torres de Tolosa contó que algunas veces, cuando salía del juzgado, se iba a almorzar a la ESMA con su amigo, el capitán Acosta. Hace unos meses, Torres de Tolosa intentó que lo apartaran del juicio por su estado de salud. Los peritos del Cuerpo Médico Forense determinaron que estaba en sus cabales y que debía seguir. Lo que no queda en claro es el por qué del relato que hizo sobre un hecho que ocurrió hace casi cuarenta años. Llegó a decir que su intención era la de haberlo contado “mucho antes” y aclaró que no lo hizo porque su defensor oficial, Mariano Klumpp, se lo había “prohibido”.

Torres de Tolosa viene realizando acciones que muchos creen que están dirigidas “nada más que a embarrar la cancha”. Hace dos semanas había planteado ante los jueces que tenía pruebas de que la acusación en su contra la había planificado el abogado querellante Rodolfo Yanzón junto con fiscales y jueces.