Después de la sentencia de la megacausa fueron liberados cinco represores de la ESMA

Las consecuencias de las penas bajas

El tribunal autorizó la libertad condicional de cinco condenados, dos ya estaban con prisión domiciliaria. Todos recibirán una pulsera electrónica. La fiscalía y las querellas se quejaron de la falta de proporcionalidad de las penas en relación con los delitos.

Por Alejandra Dandan - imagen: Leandro Teysseire

Llegó el primer efecto de las condenas bajas de la ESMA. El Tribunal Oral Federal 5 liberó a cinco integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 condenados la semana pasada a penas de entre 8 y 11 años de prisión. Los cinco formaron parte del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada (GOEA), la estructura operativa que a partir de 1981 se integró al GT. Y todos son conocidos como parte del Informe Basterra, aquel trabajo presentado por Víctor Basterra ante la Justicia en 1984 que reúne datos y las fotos que les hizo a los represores mientras estaba como prisionero en el centro clandestino de la Armada. El TOF tomó la decisión de excarcelarlos luego de una audiencia convocada de modo urgente a pedido del Ministerio Público Fiscal. A la audiencia concurrieron todas las partes. Fiscalía y querellas plantearon oposiciones sobre la base de la nueva ley que protege la vulnerabilidad de las víctimas de crímenes aberrantes y explicaron allí la decisión de apelar el monto de las penas porque las consideran desproporcionadas frente a la magnitud de los crímenes. Uno de los liberados –Héctor Francisco Polchi– fue condenado a 11 años por 65 secuestros y 67 tormentos cuando la pena prevista para un robo con arma, por ejemplo, tiene una escala prevista de 5 a 15 años de prisión. 

“Yo no hablé desde lo jurídico sino de lo que significa que estos genocidas estén en libertad para nuestra seguridad como sobrevivientes”, dice Carlos Lordkipanidse luego de la audiencia y a poco de terminar su presentación frente a los jueces. “Hay que ponerse en el lugar de Víctor Basterra porque cada uno de los tipos que largaron, cada uno de ellos, fue posible reconocerlo solamente por las fotos que él sacó. También estuvo todo el trabajo que hicimos nosotros desde la Asociación (de ex Detenidos) porque al comienzo sólo tuvimos una foto y un apodo, y después hubo que identificar quién era quién, hacer reconocimiento de fotos, buscarlos, porque en muchos casos el poder judicial no se dedicó a hacerlo ”. 

La preocupación por las libertades comenzaron la semana pasada, en el mismo momento que el tribunal leía la sentencia. Al escuchar estas condenas, fiscales y querellas explicaron el problema que se venía: primero por el monto de una parte de las penas y segundo porque sonaron desproporcionadas frente a los hechos imputados. Y ese dato fue confirmado durante la misma lectura de la sentencia por las disidencias que se iban escuchando en el fallo en minoría de uno de los jueces, Daniel Obligado. Obligado dictó en todos los casos penas más altas con los parámetros del juicio anterior, concluido en 2011. 

Pero el miércoles, en la sala, se escucharon las primeras voces de alarma. Una de ellas fue la del coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. Y ayer en diálogo con este diario la fiscal Angeles Ramos explicó la desproporcionalidad. “La consecuencia del veredicto es que la pena se volvió desproporcional en relación a la magnitud del daño causado”, dijo. “ Lo que se advirtió en el veredicto es que se perforó por muy poquito los montos por encima de los mínimos para la cantidad de hechos que el Tribunal probó”. Los fundamentos deberán explicar lo que el jueves quedó esbozado: la relación entre hechos y penas.

En este caso, el beneficio alcanzó a: Héctor Polchi, condenado a once años, Patricio Oscar Altamira, de la Sección Operaciones del GT 3.3.2, condenado a 8 años y seis meses de prisión por 23 secuestros, 25 tormentos y 2 casos de privación ilegal de menores de edad; Daniel Humberto Baucero, del GT, condenado a 10 años por 34 secuestros, 36 tormentos y 3 casos de privación de un menor; Juan de Dios Daer, condenado a 8 años por 6 secuestros y 7 tormentos y a Antonio Rosario Pereyra, condenado a 10 años por 12 secuestros y 11 tormentos. Todos ellos integraron lo que la acusación fiscal denominó GOEA. “En el año 1981 existió lo que se llamó el Grupo de Operaciones Especiales de la Armada, que sumó a la estructura represiva trabajando coordinadamente con la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN). Los legajos de la Armada desclasificados señalaron que sus integrantes realizaron tareas ‘operativas, riesgosas, secretas y militares’. Basterra declaró sostenidamente en todas las instancias que le tocó que el GOEA ‘era lo mismo con otro nombre’. Y se dividía como todo Estado Mayor con sus cuatro departamentos”, señalaron en el juicio los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele. 

Las condenas probaron que el grupo existió, pero también están diciendo que les quitaron las acusaciones por homicidios imputados para esa época, entre ellos el asesinato de Jorge Julio Villar. Para todos ellos la fiscalía había pedido perpetuas. “La audiencia de ayer se fijó a pedido del fiscal Abel Córdoba para que las víctimas puedan dar su opinión de acuerdo a la nueva ley de víctimas”, explicó Liliana Alanís, de Justicia Ya! “La ley dice que para todas las cuestiones que tienen que ver con la libertad debe escucharse a las víctimas. Nosotros dijimos que la ley está vigente. Que corresponde escuchar a las víctimas. Y también adelantamos que nos oponíamos a la excarcelación. La fiscalía le pidió al Tribunal un informe de riesgo sobre la situación de todas las víctimas antes de tomar una decisión. Pero eso era muy difícil en un proceso de excarcelaciones con 24 horas tiempo. Planteamos que no podían ser excarcelados porque están en juego crímenes aberrantes en un proceso que duró cinco años con 40 años de espera. Dijimos que víctimas y testigos son agredidos y amenazados y que si damos la libertad a los genocidas, en vez de ser el juicio más grande de la historia, se iba a transformar en el juicio de la impunidad. Pero el problema también es otro: el haber dictado penas tan bajas, inevitablemente lleva a que al momento de cumplirlas, sean dadas por purgadas”. En la audiencia estuvo el Cels. Y habló el abogado Rodolfo Yanzón sobre la cobertura mediática que aún tienen los detenidos. 

A las cinco de la tarde, el TOF había tomado la decisión de otorgarles la libertad condicional. Pereyra y Altamira ya estaban con domiciliaria. Todos recibirán pulsera electrónica para monitoreo. Los votos fueron de Obligado y Adriana Palliotti. Leopoldo Bruglia está de viaje desde el viernes pasado. 

Una pista en los archivos de Roma sobre la masacre de San Patricio

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Los sospechosos del Vaticano

El juez Torres acaba de enviar un exhorto para saber quiénes son los dos parroquianos excomunicados por su participación en la muerte de cinco palotinos el 4 de julio de 1976. La Iglesia mantiene el secreto desde hace casi cuarenta años. (Foto forense de los cuerpos de los Padres Palotinos al ser hallados, y una caricatura de Mafalda dejada por los perpetradoreS)

 Por Alejandra Dandan

En abril de 1985, la revista El Periodista de Buenos Aires publicó un articulo con el título “El horrendo crimen de los cinco religiosos palotinos”. El artículo de Héctor Ruiz Núñez contaba que “según una importante fuente religiosa, dos personas encumbradas de Belgrano estarían tramitando ante la Santa Sede el levantamiento de sus respectivas excomuniones motivadas por haber propulsado en 1976 el asesinato de los religiosos”. El juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, acaba de enviar esta semana un exhorto al Vaticano para pedir la desclasificación de la información que pudiera haber sobre las identidades de esas personas. El próximo 4 de julio se cumplirán 40 años de la masacre de los palotinos de la parroquia San Patricio del barrio de Belgrano. Mientras existen trascendidos de que el Vaticano impulsa la declaración de los religiosos como mártires, en Buenos Aires se prepara una marcha para el 3, que saldrá de la ex ESMA a la iglesia del grupo de curas identificado con la Teoría de la Liberación y la Opción por los pobres que alternó las costumbres de la feligresía.

El exhorto al Vaticano salió del juzgado de Torres el martes vía Cancillería, encargada de tramitar el pedido. Fue dirigido al juez en turno que por jurisdicción corresponda a la Santa Sede, Estado de la ciudad Vaticana, con “el objeto de requerir su intervención y colaboración internacional” a los fines de solicitarle información sobre la identidad de esas dos personas por el asesinato de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly, Pedro Eduardo Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti. El articulo llegó al juzgado por una presentación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que consideran que en la Santa Sede podrían “hallarse importantes documentos que resulten útiles para la investigación”.

El exhorto cita en extenso el artículo de 1985, una investigación de Marcelo Pagliaro y Julio Villalonga que, según se cita, explica que esas dos personas pertenecían a la feligresía de San Patricio y que para entonces hacían un trámite en el Vaticano para que retire la sanción de excomunión. “El código de derecho canónico vigente en ese tiempo (1976) decía: ‘El que pusiere las manos en la persona de clérigos o religiosos de uno u otro sexo, cae ipso facto en ex comunión’. De ser exacta esta información se estaría frente a una fenomenal paradoja: mientras en Argentina los palotinos intentan impulsar la investigación para determinar a los culpables, una oficina del Vaticano (que opera bajo absoluta reserva) conoce sus nombres”.

Como en varios otros asuntos “de los últimos años, el Episcopado se equivocó en el tema de los religiosos palotinos. Sería una tarea fantástica –e inútil– intentar callar el crimen más horrendo de la historia de la Iglesia argentina. En una carta del 15 de enero de 1984, Raúl Barretta Lynch, sobrino del asesinado padre Kelly, señala a Adolfo Pérez Esquivel: ‘Aquellos que entraron esa noche a la parroquia San Patricio no cumplieron con lo que les habían ordenado: ellos están vivos para siempre jamás’”.

El crimen se produjo en la madrugada del 4 de julio de 1976. Los religiosos fueron muertos a tiros en la Parroquia. “La noche del crimen personas del vecindario vieron un automóvil Peugeot negro largamente estacionado frente a la Parroquia con cuatro hombres adentro y a un patrullero que se detuvo junto a ellos y luego se alejó”, según recuerda el exhorto. “Las primeras personas que entraron a la mañana a la parroquia encontraron sobre las paredes y en la alfombra leyendas que después fueron retiradas. Las leyendas decían: ‘así vengamos a nuestros compañeros de coordinación federal’. Y ‘esto les pasa por envenenar la mente de la juventud’. De la parroquia desaparecieron objetos y papeles”. El documento también recuerda un comunicado de la Conferencia Episcopal del día 7 de julio. Y las palabras que pronunció el 5 de julio el sacerdote asuncionista Roberto Favre: “Es necesario rogar a Dios no sólo por estas muertes sino por los innumerables desaparecidos que ocurren cotidianamente”.

La flaca posición de la Iglesia ante el asesinato de los palotinos fue investigada por el periodista Horacio Verbitsky. En julio de 2005, el periodista explicó que “el nuncio Pio Laghi y el cardenal arzobispo Juan Carlos Aramburu designaron al sacerdote Efraín Sueldo Luque para que investigara lo sucedido y redactara un informe con sus impresiones, en dos copias: una para el Vaticano, otra para la Curia y ninguna para la dictadura”. En el artículo, cita información de la embajada de Estados Unidos y documentos del Arzobispado de Buenos Aires sobre el caso. “Pese a lo que sabían, los obispos decidieron no confrontar con la dictadura y dar por buenas sus hipócritas disculpas”. Entre los datos, menciona un diálogo entre Aramburu y el entonces ministro del interior Albano Harguindeguy: “La Iglesia sabe sin lugar a dudas que los sacerdotes fueron asesinados por fuerzas de seguridad del gobierno”, dijo Aramburu. Harguindeguy intentó contestarle, pero Aramburu advirtió: “Sería mejor que no hiciera ningún comentario, ya que cualquier negativa sería una mentira”.

En marzo de este año, en el contexto de los 40 años del golpe y cuando Estados Unidos anunció una nueva desclasificación, el Vaticano anunció la desclasificación de sus propios archivos. El secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Carlos Malfa, informó sobre la decisión luego de un encuentro con el Papa. Dijo que el “el ordenamiento” de la documentación archivada “llevará su tiempo” porque algunas “estaban más ordenadas y otras necesitan más atención”. El camino había comenzado a abrirse en los últimos años por varias gestiones como las de Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, o de la procuradora Alejandra Gils Carbó. En 2005, Verbitsky decía que Jorge Bergoglio buscaba impulsaba la canonización de los palotinos para limpiar su imagen en el camino de ascenso al papado. Ahora Bergoglio es Francisco. No es posible confirmar que él impulse la designación de mártires de los palotinos pero existen trascendidos de que así sería.

En cuanto a las líneas de investigación de la causa judicial, el camino de la búsqueda de estos archivos papales recién ahora comienza a ser transitados. Esta causa comenzó durante la dictadura en manos del juez Guillermo Federico Rivarola. En 1989, el periodista Eduardo Kimel publicó La masacre de San Patricio, libro en el que describió que “la actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente, cuando no cómplice de la represión dictatorial”. Y sobre el juez Rivarola dijo que “cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”. Kimel fue querellado por el juez, que ya había ascendido a camarista. El CELS patrocinó su caso, hoy símbolo de la batalla por la libertad de expresión que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2013, el juzgado de Torres, que está a cargo de la causa ESMA, retomó la causa. Dos sobrevivientes de la ESMA habían denunciado que escucharon al marino Antonio Pernías jactarse de haber participado en el operativo de San Patricio. Esa línea fue reforzada por la confesión de Claudio Vallejos, un integrante del GT. En 2006, Torres procesó a 17 integrantes del Grupo de Tareas pero en la Cámara Federal Porteña revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito al considerar que no había elementos para vincular a la ESMA. En 2012 el juzgado de Torres pidió la incompetencia, pero la Cámara le asignó una competencia provisoria. Desde entonces el juzgado genera medidas de prueba entre las que incluyen la revisión de la primera instrucción, la cita nuevamente de los testigos y el examen del espacio.

Días antes de la masacre, Kelly pronunció en San Patricio el sermón de las cucarachas. Tal vez en una de los bancos estaban sentados los dos feligreses que el juzgado está buscando. “Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados. Leemos el Antiguo Testamento donde vemos al pueblo de Israel perseguido, maltratado y exiliado, nos conmovemos ante estos pasajes y no podemos conmovernos, no podemos reconocer en estos días, la persecución que sufre nuestro pueblo. Quiero ser bien claro al respecto: las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas, dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas”.

ALEGATOS EN LA CAUSA ESMA: MÁS PASOS EN LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Ha concluido la lectura de los alegatos en el tercer tramo de la causa ESMA, y la petición de condenas por el delito de Genocidio por parte de Justicia Ya!, en la que la AEDD forma parte desde su creación, y hemos sustentado,  como siempre, la consigna : Cárcel a todos los genocidas, por todos los compañeros.

Desde este alegato hemos probado que el terrorismo de Estado aplicó un plan reorganizador y exterminador  plenamente funcional a los intereses económicos del capital multinacional extranjero y a los grupos económicos locales, y cuya materialización se realizó siguiendo las directrices de la Estrategia de Seguridad Nacional elaborada por diversas administraciones de Estados Unidos, y con la bendición de la jerarquía eclesiástica, y con el apoyo de medios de comunicación que oficiaron como voceros de los perpetradores del GENOCIDIO.

Este alegato ha sido una construcción plural y colectiva que ha pretendido acercarse a la diversidad de los 30000, rescatando sus vidas, sus militancias, sus nombres y sus rostros. Las fotos de los compañeros recorrieron la sala del Tribunal, los rescatamos del olvido y de las entrañas de la ESMA. Han estado presentes sus semblanzas militantes recorriendo las luchas del pueblo desde antes del golpe genocida de 1976 y en la resistencia al mismo.

Asimismo, desde este alegato hemos probado la coautoría por parte de los grupos económicos, de los empresarios y funcionarios, de la jerarquía eclesiástica y el rol jugado por los medios de comunicación.

Hemos denunciado y probado, también, que los delitos sexuales cometidos fueron una metodología sistemática de agresión física y psíquica producida por los represores. Gracias a los valientes testimonios y denuncias se han roto el manto del silencio, la invisibilizaciòn, la agresión y la dominación que formaron parte de la estrategia genocida.

Hemos acusado por Genocidio porque existió por parte del Estado terrorista la intención de la destrucción individual, grupal y global del grupo nacional argentino.

Porque provocó la matanza de miembros del grupo, homicidios, vuelos de la muerte y quema de cuerpos.

Porque los perpetradores provocaron lesiones graves físicas y psíquicas, secuestraron, sometieron a aberrantes condiciones de vida y redujeron a trabajo esclavo a los prisioneros.

Porque trasladaron por la fuerza a los niños del grupo y desarrollaron un plan sistemático de apropiación de menores.

Y hemos, finalmente, exigido  la apertura de todos los archivos que prolongan la impunidad de los criminales.

En este juicio histórico, por la cantidad de genocidas imputados, y por la cantidad de casos (789), hemos luchado el derecho a la justicia en cada línea y palabra del alegato que concluyó el 4 de abril.

Para la AEDD es un paso más, emocionado y contundente, porque no olvidamos ni uno solo de los compañeros y compañeras. Porque estuvieron presentes Adriana Calvo, Rodolfo Picheni, Lázaro Gladstein, Elisa Tokar, León Ferrari, Pepa Noia, Jorge Julio López, Silvia Suppo y todos los que no llegaron a lograr la justicia por la que lucharon largos años.

Exigimos a este Tribunal que, a partir de las contundentes pruebas e irrefutables testimonios presentados, condene a los imputados por el delito que cometieron: GENOCIDIO!!!

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

ASOCIACIÓN DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS

15/4/2016

 DESCARGAR ALEGATO JUICIO ESMA III EN ESTE ENLACE: https://drive.google.com/open?id=0Bw_PlQaQPmJ1RUphWGdyOTlJRUU 

ESMA : El lugar y el tiempo donde la ternura fue desangrada en los altares de la tortura

Por Alfredo Grande
En una sesión, un paciente dijo en referencia a su divorcio… “mi ex”. Hacía constante referencia a su pasado matrimonial y la única forma que tenía de referirse a la mujer de la que se había divorciado era “mi ex”. Me saturé de esa insistencia y le dije por qué insistía en “mi ex”. Primero el “mi” era posesivo y justamente el divorcio disolvía esa posesión. Segundo: referenciar a una persona como “ex” era miserable. Toda su identidad quedaba reducida, minimizada, en aquel vínculo que ya no existía. Con ojos llorosos, me preguntó: “¿y entonces como le digo?”. La pregunta era obvia. “¿Cómo se llama?”. “Carmen” respondió. “Muy bien: decile Carmen”.

Así en la tierra como en el cielo, así en el consultorio como en la política. Referir a una situación como “ex” es una falsedad. Mecanismo habitual en la cultura represora. Se coloca algo en el pasado cuando el problema es que sigue siendo presente. Quizá no un presente material. Pero sin duda un presente institucional. Aunque la Esma se vista de seda, o de museo, Esma se queda. Y es bueno que así sea.

Muchas generaciones serán necesarias para reparar los desgarros de la masacre perpetrada por las instituciones del espanto denominadas fuerzas armadas. Muchas generaciones serán necesarias para reparar los desgarros de la masacre perpetrada por las instituciones del saqueo denominadas bancos. Pero empezar mal, siempre es terminar peor. A un adolescente sufriendo su absoluta indigencia podríamos nominarlo como “ex niño de la calle”. Si en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, también hay horrores que nunca pueden ni deben olvidarse.

Toda la parafernalia del “ex” huele a los pútridos olores de la reconciliación, el manto de neblina del olvido, el recordar para no recordar. Se han abolido leyes de obediencia debida y punto final, se ha abolido el indulto, engendros jurídicos producto de la democracia amenazada de Alfonsín y de la democracia cómplice de Menem. Se han realizado juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero el modo de producción económica y política que produjo la masacre sigue intacto. Martinez de Hoz vive en la Ley de Entidades Financieras que posibilitó el saqueo de las clases trabajadoras. La lucha por la plena vigencia de los derechos humanos se ha fetichizado. O sea: se toman algunas partes por el todo. Y el Todo es el genocidio. Y tapar genocidios con museos o con abrazos es ingenuo, cómplice y perverso.

No solamente la Esma no puede vestirse de seda, sino que hoy la Esma, o sea, la lógica de exterminio de la Esma, vive en las cárceles, los institutos de reclusión, los prostíbulos donde mujeres secuestradas son torturadas con total impunidad, vive en las naciones de los pueblos originarios, diezmadas por el hambre, las enfermedades, la crueldad de todas las miserias.
Si hay amores que matan, hay abrazos que destruyen. Abrazo de oso, pero con un oso sanguinario y cruel. Nos indignamos cuando escuchamos Ex Esma, lo que a mi criterio está bien. Pero al menos el Poder podría ser coherente y designar a las Fuerzas Armadas, como Ex Terroristas de Estado. No le pido coherencia al Poder. Solamente señalo la brutal incoherencia. El problema mayor es que nos están llevando con bastante prisa y con ninguna pausa, al terreno que el Poder necesita. Presentarse como víctima. Negar su culpabilidad e inyectar culpa en los sobrevivientes. Nuevas historias oficiales se están escribiendo y estoy seguro de que nada tienen que ver con el pensamiento nacional. Y menos popular.

La falsedad sigue siendo la falsa moneda, la cuasi moneda con la cual el Poder paga a mujeres y hombres de bien que votan porque hay democracia. En realidad, es democracia porque se vota, o sea, la democracia aparece cada dos años. Lo demás es cadena nacional. Y fútbol para todos. Pronto con estadios vacío,s ya que ni a las mafias bravas se las ha podido combatir. La Esma es y será, sin “ex” que valga, el monumento emblemático a todas las formas de barbarie. El lugar y el tiempo donde la ternura fue desangrada en los altares de la tortura. Pero es el monumento que el Poder no tolera en su verdadero rostro. Lifting y siliconas son necesarios.

El Poder necesita la memoria heroica. La estatua. El mausoleo. Los pobres de la tierra cultivan con la tenacidad del labriego los recuerdos y la memoria histórica. Y no hacen diferencia entre combatientes y poetas. El artista es un inventor de belleza. Y no hay mayor belleza que la lucha por la justicia, por la felicidad, por la fraternidad. Si de locos y poetas todos tenemos un poco, ese es el problema a resolver. Con poco no alcanza, porque el Poder siempre tiene muchos locos siniestros y muchos mediocres poetas a grandes sueldos.

“Pero la reinscripción vincular será proveedora de identidad si, al mismo tiempo, el chico se reapropia también de su saber, de su hacer y de su poder implícitos en sus estrategias de sobrevivencia en la calle, interrogándose sobre su origen, su devenir, redescubriéndose como niño, joven, pueblo, trabajador, condición de acero y cristal, presencia profética de la calle.” 

Palabras de Alberto Morlachetti que son poesía y son combate. La presencia profética es lo que el Poder más teme. Más le aterra. Por eso buscará por todos los medios, incluso los legales (parafraseando a Lenin) eliminar a todos los profetas. Y no debemos dudar: pueden conseguirlo. Volverán a escribir el pasado, inventarán el presente, y alucinarán el futuro. Lo único nuestro es este presente. Porque en él decidimos qué pasado tuvimos y qué futuro deseamos. Antes que sea tarde y alguien por cadena nacional nos explique qué es la “Ex Democracia”.

Revocaron la prisión domiciliaria de Pedro Bolita

El Tribunal federal Oral N° 5, revocó la prisión domiciliaria de Carlos Galián, alías Pedro Bolita, uno de los genocidas contra quien se sigue juicio oral por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la ESMA.

La querella de Justicia Ya!, patrocinada por APeL, solicitó se revoque la prisión domiciliaria de la que goza este imputado por haber violado las condiciones de detención. En un video difundido en las redes sociales, se lo podía ver a Galián atendiendo un kiosko y confraternizando con vecinos en la zona de Castelar, provincia de Buenos Aires.

No obstante la petición, el Tribunal ordenó que se lo trasladara al Hospital Naval por supuestas afecciones de salud. Rechazamos estos beneficios otorgados a los partícipes del genocidio ocurrido entre 1976/1983 que es casi un modus operandi ya que se otorgan las mismas de manera ilimitada.

En el escrito presentado, se destacaba que hace ya más de 2 años, nuestra querella solicitó se revocaran todas las prisiones domiciliarias concedidas al 27% de los 67 imputados en la causa ESMA, lo que al día de hoy no fue resuelto por el Tribunal.

Por el contrario, en este tiempo demostramos que nos asistía la razón cuando se descubre a Pedro Bolita oficiando de kiosquero y cuando el ginecólogo Jorge Magnacco, sale de shopping luego de asistir a una audiencia en los tribunales de Comodoro Py.

Las prisiones domiciliarias además, carecen de los controles suficientes por el estado lo que provoca un doble desmérito: en primer lugar, que los represores puedan profugarse, lo que ya ha ocurrido en otros casos, y el riesgo de que las víctimas deban toparse con sus torturadores porque pasean felizmente por la calle. Los tribunales, incluso autorizan a algunos represores a salir a caminar por el barrio donde viven por“cuestiones de salud”.

Revocación de todas las prisiones domiciliares
Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas por todos los compañeros

Comienza el juicio oral en el caso Jorge Vildoza, segundo jefe de la ESMA

Otra “batalla por la identidad”

Este martes empiezan las audiencias donde se juzga a Ana María Grilmaldos, esposa del marino supuestamente fallecido, por apropiarse de Javier Penino Viñas en 1977. Su familia espera que el juicio, además de hacer justicia, haga cambiar de posición a Javier, que defiende a la acusada.

 Por Alejandra Dandan

Hace 38 años, el marino Jorge Vildoza robó de la Escuela de Mecánica de la Armada a un recién nacido, el hijo de Cecilia Viñas y de Hugo Penino. Un sobreviviente de la ESMA vio salir al segundo jefe de la ESMA, de civil y con un bebé en brazos, un día feriado. Siete años más tarde, un médico atendió a ese mismo niño en una casa de Martínez. Le llamó la atención que la supuesta madre pareciera la abuela, que la pieza pareciera un quirófano, que el chico estuviera tan triste y que en la casa hubiera un cuadro con un marino. El médico habló con las Abuelas de Plaza de Mayo, presentó un dibujo que él hizo del chico, y así fue que los Penino Viñas obtuvieron la primera pista cierta de una búsqueda que igual se hizo infinita. El niño fue identificado formalmente en 1998, lleva el nombre de Javier Gonzalo Penino Viñas, pero mantiene vínculos con sus apropiadores y vino de Londres, donde vive, a declarar por la defensa en el juicio oral que empieza este martes contra su apropiadora, Ana María Grilmaldos. Ahí se va a cruzar con su abuela Cecilia Pilar Fernández, madre de Cecilia Viñas, que tiene 91 años y quiere dar “una de sus últimas batallas por la identidad de ese nieto”.

“Sería muy bueno escucharlo y que escuche –dice Estela de Carlotto–. Creo que si tuviera oportunidad de escuchar la voz de su madre clamando desde el secuestro por él y pidiendo la oportunidad de que se lo salve, y se lo encuentre, por ahí le llega al alma el mensaje que le da su mamá desde el cautiverio, una mamá que nunca volvió.” Entre diciembre de 1983 y marzo de 1984, Cecilia Viñas logró comunicarse telefónicamente desde algún lugar donde permanecía secuestrada. Su hermano Carlos, que también será testigo, grabó el audio que la familia todavía conserva.

“Es conmocionante sin ninguna duda porque, de alguna manera, lo vamos a ver sentado en la vereda de enfrente, pero confiamos en que todo lo que se exponga, por lo menos de nuestra parte, va a ser la verdad y que eso actúe y tenga consecuencias –dice–. Me dijeron que quiere estar y que declarará primero para después participar del resto del juicio. A mí me parece fantástico. De alguna manera va a estar escuchando, viviendo cada paso y va a ver a su abuela de 91 años declarar por enésima vez.” Y dice: “Me preocupa sobremanera esa abuela de Javier, mi mamá, que tiene 91 años y va a librar una de sus últimas batallas para hacer algo por la identidad de su nieto, por la verdadera incorporación de su nieto a la familia, que es lo único que puede hacer por su hija”.

–¿Qué espera la familia de este juicio?

–Estábamos ansiosos, esperábamos este momento. Hemos visto cómo muchos represores y apropiadores no han llegado a tener un juicio con una sentencia donde quede claro el grado de culpabilidad y responsabilidad. En este caso, a mí y toda mi familia, nos parece súper grave llegar al juicio oral después de mucho tiempo.

–¿Cuántos años hace que esperan?

–Desde que detectamos que Javier era el hijo de Cecilia, él tenía siete años. Estamos hablando de treinta años atrás, casi 31. Teniendo en cuenta cómo se dieron las cosas, pensamos que va a ser muy importante la remoción de todo lo ocurrido por Javier, que es la víctima más directa, ya que de Cecilia no tenemos ningún tipo de novedad ni de Hugo tampoco. Esto es importante para que Javier pueda atravesar un proceso de juicio totalmente justo y pueda sacar sus propias conclusiones. No sabemos cuáles serán los resultados pero a pesar de la morosidad, o a pesar de que esta señora está detenida en forma domiciliaria por su estado de salud, yo creo que si hay Justicia y se hace justicia, tiene que tener una sentencia que diga que lo que se robaron es un ser humano. Que se lo robaron de la panza de la mamá, que tiene agravantes muy serios, porque el señor Vildoza no trabajaba en una fábrica. Y si de repente apareció con un bebé y trabajaba en la ESMA, no era muy difícil deducir de dónde venía. Y además, todo lo que hemos sabido, incluso a partir de Javier, sobre los pasos que ellos fueron dando para ocultarlo.

–Hubo otros nietos con dificultades en la reconstrucción de los vínculos con la familia biológica. ¿Imaginan un camino semejante?

–Es un proceso que él tiene que hacer y creo que el juicio va a ayudar a que procese toda la información y que vaya tomando sus conclusiones. Ya es un hombre adulto. Una persona que tiene dos hijos, que puede evaluar qué pasaría con él si alguien le robara un hijo, si él perdonaría a alguien que le robara un hijo por más que lo cuide y lo quiera mucho. Esto lo tiene que vivir. Como dijo mi mamá la última vez que habló con él: son lugares donde nos puso la vida, no son lugares que elegimos. Yo me acuerdo de que cuando a los 21 años Javier recuperó su identidad, un día le dije: “Vos pensá que te podíamos haber encontrado a los siete años”. Y él me dijo: “Si me hubieran restituido a los siete años, me hubieran quebrado”. Yo escucho lo que dicen otros nietos que atravesaron situaciones similares y que después se fueron dando cuenta, y creo que es un proceso que tiene que pasar, aunque va a ser doloroso para todos.

–¿Quiénes eran sus padres?

–Eran dos personas que querían un mundo mejor. Dos personas pensantes. Dos estudiantes. Y dos trabajadores. Gente solidaria. Gente que tenía sueños muy fuertes. Para ellos y para sus hijos, para su hijo y que les arrancaron esa posibilidad. Y si realmente este tribunal hace una sentencia justa, pienso que vamos a estar reivindicando a los padres de Javier y vamos a ayudar a que Javier dé un paso más hacia su libertad.

–¿Cómo obtuvieron los primeros datos?

–A Abuelas le llegó una información de un médico que estaba de guardia en una clínica de la obra social naval y atendió a un chico cuando tenía cinco años en una casa en la zona de Martínez. Le llama la atención que la persona que dice ser la madre parezca la abuela; que la habitación sea como un quirófano, tan pulcra que no era una habitación de un chico de cinco años; que al chico se lo viera triste. Y que en el living había una foto de un marino con uniforme y la casa era bastante similar a un barco. Sacó conclusiones. Además era dibujante. Hizo un bosquejo, un pequeño identikit de cómo era el chico. Miramos eso y nos pareció interesante. Se hizo la tramitación normal de todas las denuncias. Pedimos la partida de nacimiento y detectamos la dirección y el nombre de un médico de la Marina.

–¿Qué más hubo?

–Estaba la fecha de nacimiento, que era el 7 de septiembre, y coincidía con la que teníamos del parto de Cecilia. Fuimos a ver a la persona que había hecho la denuncia. Estuvimos con mi mamá. Llevamos una foto de mi hija cuando tenía cuatro años. Estaba con una visera de cartón y podía pasar por un niño. Cuando se la mostramos, el médico nos dijo: “¡Ah, le sacaron una foto!”, por el parecido que había. Entonces, estaba la fecha; también estaba la declaración de Sara Osatinsky que decía que Cecilia había dado a luz en la ESMA. Escarbamos más. Vimos que Juan Gasparini (otro sobreviviente) había dicho que había visto a Vildoza un día feriado salir de la ESMA, vestido de civil, con un bebé. Había una cantidad de elementos tal que le pedimos al juez de instrucción que citara a Vildoza. El juez era el mismo que estaba interviniendo en la causa por los llamados de Cecilia. Lo citó como imputado no procesado. Vildoza se negó a hacerse el análisis y se puso prófugo. Esa fue para nosotros la ratificación de que Javier era Javier y a partir de ahí hasta localizarlo no paramos. Cuando la Justicia argentina no funcionaba para nada, recurrimos a la española. Fuimos los primeros testigos con Baltazar Garzón. Y esto dio lugar a una cantidad de entrevistas en Televisión Española que se vieron en muchos países. A partir de ahí empezó a haber relación entre Javier y la doctora María Servini de Cubría (que llevó la instrucción de la causa). Y lo demás es historia conocida.

Declara un periodista cómplice de dictadura: falseó un reportaje a madre de un desaparecido

A tres décadas de concluida la dictadura cívico-militar, finalmente la justicia hace foco en la complicidad de una parte del periodismo en aquellos trágicos años. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el llamado a indagatoria al periodista Agustín Juan Bottinelli, jefe de redacción de la revista Para Ti (editorial Atlántida) en 1979, por delitos de lesa humanidad.
Por: Franco Mizrahi

Bottinelli fue denunciado por publicar en aquel semanario un reportaje fraguado a una secuestrada con la intención de "lavar la imagen" del terrorismo de Estado. Se trata de un caso paradigmático que podría sentar un importante precedente en los juicios por violaciones a los Derechos Humanos.
El fallecido Aníbal Vigil, director de la revista, y Bottinelli eran los máximos responsables del medio gráfico. Fueron denunciados por difundir la falsa entrevista a Thelma Doroty Jara de Cabezas, secuestrada en la ESMA. La elección de Jara de Cabezas no fue casual. Era la madre del desparecido Gustavo Alejandro Cabezas.
La nota fue titulada "Habla la madre de un subversivo muerto" y se publicó en Para Ti el 23 de agosto de 1979, con el fin de ocultar el genocidio que se había implantando en el país. La mujer fue obligada a declarar contra su hijo. "¿Qué les diría a las madres argentinas?", le preguntaron a Jara de Cabezas. "Que estén alertas. Que vigilen de cerca a sus hijos", fue conminada a responder. Por ese artículo, Thelma denunció en 1984 a Atlántida y a los responsables de la publicación. Tras años de impunidad, la causa avanza en tribunales.
Tal como se difundió miércoles en el CIJ, el portal de noticias de la Corte Suprema, la Sala II de la cámara confirmó la resolución que había tomado el magistrado Sergio Torres un año atrás. Así destrabó un proceso que estaba paralizado debido a los sucesivos recursos presentados por la defensa de Bottinelli. El debate giraba en torno a un tecnicismo: si el acusado debía ser imputado con el Código Penal actual  o a través del Código anterior.
Si bien Bottinelli podría presentar un recurso extraordinario ante la Corte, fuentes judiciales afirmaron a este diario que el planteo no prosperaría. "La decisión del juez fue ratificada por la Cámara Federal y por Casación, que utilizó doctrina del máximo tribunal del país", explicaron. Según afirmaron a Tiempo Argentino, Vicente Massot, director de La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, podría seguir los pasos de Bottinelli.

Fuente: Tiempo Argentino

 http://www.youtube.com/watch?v=SyPvGsSPsZg

Nuevos testimonios en el juicio por crímenes en la ESMA

Las caídas de la columna norte

Elena Zunino habló sobre los secuestros de su hermana Lidia y su marido, Raúl Rossini, ambos militantes de Montoneros. También declaró Federico Ibáñez, en cuya casa estaba Daniel Kurlat, dirigente de la misma agrupación, cuando fue secuestrado.

 Por Alejandra Dandan

“¿Puedo decir algo más?”, le preguntó Elena Zunino a la presidenta del tribunal cuando la jueza había dado por concluido su testimonio. “Siento que yo vine a declarar también como víctima y como sobreviviente de esta situación de terror en la que vivimos los argentinos –dijo–. Quiero agradecer que se esté desarrollando este juicio porque realmente hace quince días que no duermo, que estoy tratando de recordar para rendirles homenaje a mi hermana y a Raúl (Rossini, el esposo) y en ellos a todos los compañeros que no tienen voz, que fueron callados por la represión. Aunque esto haya sido doloroso, algo de reparación siento en mi alma, algo hice, muchas gracias.”

El juicio a los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada avanza en la reconstrucción de una serie de caídas de la columna norte de Montoneros. Es la llamada “segunda caída”, que se produjo a partir de diciembre de 1976, luego de un rearmado de la organización tras los primeros secuestros posteriores al golpe de marzo. Uno de los militantes más buscados en diciembre era Daniel “El Monra” Kurlat, jefe de la columna norte, secuestrado finalmente el 9 de diciembre de 1976 con su hija, ella introducida en la ESMA y él visto moribundo en el centro clandestino. En los días siguientes se desata una feroz persecución que alcanza, entre otros, a Lidia Zunino. Ella pertenecía a ese mismo espacio político. Estaba casada con Raúl Rossini, también de Montoneros. Eran de San Juan. Ya estaban en Buenos Aires. Lidia era responsable de prensa y propaganda en zona norte. A ella la secuestraron el 10 de diciembre de 1976. La llevaron a la ESMA. A Raúl lo secuestraron en enero de 1977. No fue parte de esta “segunda caída”, fue situado por un sobreviviente en Campo de Mayo, pero también aparece en el listado de víctimas de la ESMA.

La audiencia de ayer tuvo a esos tres nombres en el centro. Primero declaró Elena Zunino, la hermana de Lidia, y luego otro de los secuestrados del caso, Federico Ibáñez, secuestrado por la Marina y la persona que había refugiado a Kurlat. Todos los casos están atravesados por uno de los ejes que empieza a ser investigado en el juicio, a partir, entre otros datos, de documentos desclasificados de la ex Dipba. Los expedientes dan cuenta de una articulación entre Campo de Mayo y la Marina, hasta ahora no trabajada en forma suficiente, según los fiscales. Eso abre la posibilidad de indagar sobre desplazamientos de hombres del Ejército al interior de la ESMA, en los interrogatorios y traslados de prisioneros.
Lidia y Raúl

Lidia y Raúl estudiaban en la Universidad Católica de San Juan, de donde fueron expulsados por sus ideales políticos. Luego de recorrer distintas provincias, ya perseguidos, en 1976 se establecieron en Buenos Aires. La hermana de Lidia, Elena, que a su vez era perseguida con su propia familia, se alojó durante treinta días en casa de ellos. “El contacto que tenía con mi hermana y su marido era muy familiar y afectuoso, pero evidentemente dada la represión, nos veíamos muy de vez en cuando y con mucha discreción”, explicó. La casa donde estuvo “no sé dónde era exactamente, porque por cuidados cerrábamos los ojos antes de llegar”. Supo que estaba sobre la calle Edison, cerca de la Panamericana, y que fue la misma casa desde donde secuestraron a su hermana, en medio de un operativo que describió como impresionante. “Raúl nos hablaba que habían sido los de la Armada. ¡Era la Armada, era la Armada!, nos decía. Aparentemente, mi hermana se defendió con mucha dignidad. Y él nos habló con mucha congoja, porque en ese momento tuvo un dilema muy grande: o entraba a ayudarla y a morir con ella o se iba a buscar a su hijo y salvaba a su hijo, que estaba en una guardería. Optó por lo segundo, sé que se fue con un peso enorme al haber visto lo que estaba pasando con su mujer.”

Durante la declaración, en la sala, Elena se detuvo más tarde en la caída de Rubén. Una noticia que conoció a través de la radio y luego vio publicada en diarios. A este punto ella volvió varias veces para criticar al modo en el que las empresas de medios se referían a la figura de los militantes.

“Nos enteramos de que cae Raúl por el diario y por supuesto que allí decían ‘extremista abatido’, ‘delincuentes’, ‘subversivos’ y en realidad no decían nada o decían lo que no era verdad.” Cuando secuestraron a su hermana, también apareció la noticia en los diarios. “Tanto en Clarín como en Crónica al día siguiente explicaron que ‘sediciosos’ habían sido ‘abatidos’, cuando en realidad no necesariamente era así en todos los casos, no fueron ni muertos, ni abatidos, eran tomados como prisioneros.”

Durante la dictadura, la madre de Zunino, convencida de que su hija estaba en la ESMA, se acercó al centro clandestino. “Tampoco se sabía qué quería decir todo eso, ella quería que al menos le dijeran dónde estaba su hija, viva o muerta.” Ahí no la dejaron avanzar. Como otras madres, visitó al vicario castrense Emilio Graselli. Ese hombre que sigue sin ser investigado, la segunda vez que la vio, le dijo en tono de advertencia: “Señora, usted tiene otras tres hijas”. En 1984 supieron por las primeras sobrevivientes que Lidia había estado en la ESMA. En 1995 o 1996 lo confirmaron a través del testimonio de otra sobreviviente, les dijo que Lidia había llegado muy herida y al poco tiempo “fue trasladada con lo que ello significaba: no trasladada a otro campo, trasladada seguramente en un vuelo de la muerte”.

De Raúl supieron que estuvo en Campo de Mayo por el testimonio del sobreviviente Cacho Scarpa-tti, pero ayer Elena supo además que su cuñado pudo haber estado también en la ESMA. Raúl y Lidia tuvieron un hijo: Juan Martín, de dos años y medio cuando secuestraron a sus padres. Una de las últimas veces que Elena vio a Raúl le pidió un teléfono para ubicar al niño si él tenía problemas. Raúl les dio un teléfono. Lo memorizaron y destruyeron. Cuando secuestraron a Raúl, llamaron al número. “En un primer momento negaron que estuviera ahí. El nivel de terror era grande para esa familia, de hecho, después supe que habían tenido problemas. Mi madre buscó a Juan Martín por todas las instituciones en que podía estar. Y como a los tres meses volvimos a hablar a esa casa y por suerte nos atendieron muy bien, reconocieron que estaba ahí y que no tenían mayores datos, sólo que la familia era de San Juan.”

–¿Recuerda dónde era la casa? –preguntó una querella.

–La casa de nadie, nadie iba a la casa de nadie.
El Monra

Apenas se sentó, Federico Ibáñez dijo: “Quiero anticipar que yo traté de recordar y es difícil recordar después de treinta y pico de años (...) Y cuando empecé a buscar en la guía Filcar no quería recordar, hay dolor para recordar, hay años que dificultan para recordar, quiero que quede claro”. A Federico lo secuestraron el 9 de diciembre de 1976. Y su testimonio permitió en la causa probar el secuestro de Kurlat. Kurlat estaba alojado en su casa de la calle Arce, hasta donde los marinos lo llevaron en un operativo. “Yo estaba tranquilo porque estaba convencido de que no iban a encontrar a nadie, ni al jefe de la columna norte ni a mi familia y no fue así, desgraciadamente. Mi señora se había ido con mis hijas, pero no le había avisado de lo ocurrido a Monra. Punto”, dijo después. “Ahí lo mataron, hubo un tiroteo que fue terrible.” El hombre explicó que pudo verlo ubicado desde una casa vecina y “después me llevaron de vuelta a la ESMA”. Cuando le preguntaron qué pasó con el Monra, él dijo “para mí lo habían matado, era imposible pensar otra cosa”.

Según los datos de la causa, a Kurlat le dispararon con un FAL en los riñones y entró agonizante a la ESMA. Graciela García habló de ese día en su declaración. Dijo que escuchó a una nena, que después supo que era su hija Mariana, gritar: “Quiero ir con mi papá”. Mercedes Inés Carazo, su esposa, estaba ya como prisionera en la ESMA. Y entre los hombres señalados como responsables de su muerte está el mayor del Ejército Juan Carlos “Maco” Coronel. El testigo ubicó a Coronel como el hombre que comandó su propio secuestro, así como interrogatorios en la ESMA. Esto también está relacionado con la hipótesis que investiga la articulación entre Campo de Mayo y la ESMA.

Durante los próximos días, el debate judicial continuará en esta línea. Los nombres de las víctimas de la “segunda caída” son muchos otros. Una de las pruebas que señala que el grupo de tareas de la ESMA tuvo responsabilidad en el secuestro de estas personas es el documento de la ex Dipba que da cuenta del operativo a Kurlat. Allí indican que son anoticiados a través de la comunidad informativa que “Daniel Kurlat (...) habría sido detenido por efectivos militares pertenecientes a la Escuela de Mecánica de la Armada (Area 420) sin intervención de fuerzas policiales. Se deja constancia que con respecto a la suerte corrida por el citado Kurlat se ignora si el mismo fue abatido o se encuentra en poder de fuerzas militares”. El documento data del 11 de diciembre. Una serie de recortes de diarios vincularon en aquel momento esa caída con las que se desataron en días posteriores. Y allí hay otro dato que también contribuye a la hipótesis que se investiga: los diarios citan como fuente al “Comando de Zona 1”.

Basta de privilegios para los genocidas!!!

Con profunda preocupación y sorpresa, vemos hoy que el represor, torturador y apropiador de menores, JUAN ANTONIO AZIC, quien fuera alojado recientemente en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, en el dispositivo denominado “Programa Interministerial de Salud Mental” por orden del Juzgado Nacional y Correccional N° 2 que instruye la causa sobre “Apropiación de Menores”, ha sido beneficiado con el privilegio de ser nuevamente regresado al sitio donde estuvo internado durante varios años, la privadísima Clínica Psiquiátrica San Jorge, que por supuesto abona su obra social, por orden del Tribunal Oral Federal N° 5.

El correlato lógico de la demora en la administración de justicia es la mera consecuencia de la perpetuación de la impunidad.
Alrededor de 320 genocidas han muerto en estos años sin ser condenados o apenas comenzando a cumplir sus condenas, y otros ni siquiera están en condiciones de afrontar un juicio. El paso del tiempo, permitido por la justicia, se ha ocupado de garantizarles las incapacidades necesarias para no ser juzgados, condenados y recluidos en la cárcel en virtud de la magnitud de los crímenes perpetrados.

Otros han logrado que distintas afecciones de salud les permitan gozar de los beneficios de la “prisión domiciliaria” en la comodidad de sus hogares, al mes de marzo de 2013, 788 represores se encontraban detenidos en todo el país, pero casi el 40% de ellos lo están en domiciliaria –alrededor de 300 genocidas. Beneficio del que no gozan la mayoría de los presos comunes que se hacinan en las cárceles, muchos de los cuales padecen enfermedades graves contraídas aún dentro de los muros de los penales.

Esta secuencia de demoras, enfermedades e impunidades –“impunidad biológica” o la “estrategia Pinochet” como la llaman algunos- merece ser contextualizada: el Estado Argentino garantizó la impunidad de un modo puro y directo entre 1975 y 1983 mediante la negación cínica de los delitos que hoy se consideran genocidio en el marco de los delitos de lesa humanidad, y que formaban parte de un plan sistemático; luego vino un periodo de disputas, avances limitados y maniobras para cercar los juicios y acotarlos hasta que, tras la sublevación de Semana Santa de 1987, se renovó la impunidad con forma jurídica y bajo gobierno electo por normas constitucionales; luego se redobló la apuesta y se libraron hasta los pocos condenados en el Juicio a la Junta (causa 13) hasta que las luchas populares fueron erosionando la uniformidad judicial y para fines del siglo XX se lograron las primeras declaraciones de inconstitucionalidad y la apertura o reapertura de algunos juicios.

Discutir la impunidad biológica y los derechos de los reos que sostienen gozar del derecho a la presunción de inocencia hasta que las sentencias sean confirmadas por la Corte Suprema, implica borrar la historia del compromiso del estado con la impunidad y pretender ocultar su responsabilidad en la situación creada, prolongando, de alguna manera, la intromisión estatal en favor de los genocidas.

Mientras ambos tribunales discuten en la Cámara de Casación Penal el lugar de detención del imputado nosotros recordamos las garantías que los asisten. Garantías de las que por supuesto “no gozamos los sobrevivientes de los Centros Clandestinos de nuestro país durante la dictadura y aún mucho menos que nosotros los miles y miles de compañeros torturados y desaparecidos.
También nos preguntamos si una patología suicida pervive durante más de diez años. Nadie es un suicida en ciernes: o mejora o lo concreta.

Por otra parte debemos plantear que, desde la psicopatología, la internación de un sujeto, tal como la plantea la ley de Salud Mental, presenta como requisito la existencia de un riesgo cierto e inminente de atentar contra la propia integridad física o la de terceros. Siendo éste un recurso terapéutico puntual, tiende a compensar psiquiátrica y psicológicamente al individuo afectado, para proceder a su externación en el menor tiempo posible, continuando con los controles necesarios en el ámbito de vida natural de la persona. En el caso de Azic, este ámbito es la prisión de Ezeiza.

Es en este lugar donde el Estado, en tanto responsable de la atención de la salud física y psicológica de los detenidos, debe proveer de los dispositivos terapéuticos necesarios para continuar el tratamiento del condenado Juan Antonio Azic en la unidad penitenciaria de Ezeiza: sin ningún privilegio que lo diferencie de cualquier otra persona presa.
Y en tanto esta situación se mantiene indefinidamente, no recibimos ningún tipo de información acerca del destino de nuestros compañeros detenidos – desaparecidos, ni de sus hijos apropiados en cautiverio o al ser secuestrados junto a sus padres, solo un puñado de hijos recuperados –en su mayoría con el aporte de los testimonios de los sobrevivientes y el esfuerzo de los organismos de derechos humanos, confirman la verdad. Esa verdad que desborda en cada testimonio brindado por las víctimas y sus familiares en cada audiencia del juicio Esma II.

Finalmente entendemos que la justicia, que se presume igual para los represores genocidas que para los ladrones de gallina, deberá proveer los sitios adecuados en las instituciones carcelarias para todos, en pie de igualdad con los pobres de toda pobreza, aquellos que en su inmensa mayoría ni juicio tienen puesto que la falta de defensa técnica adecuada –responsabilidad estatal incumplida- los compele a aceptar juicios abreviados donde se presume la culpabilidad y se discute la pena, y donde las depresiones y adicciones son tratadas con aspirinas y curitas.

CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA TODOS LOS GENOCIDAS YA!!!

Asociación de Ex Detenidos – Desaparecidos (AEDD) – Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) - Comité de Acción Jurídica (CAJ) – Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)- Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen Pcia. Bs. As. – Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP)- Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP)- Liberpueblo – Liga Argentina por los derechos del Hombre (LADH) – Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad – Andrea Bello (querellante) – Patricia Walsh (querellante).

El secuestro de Eduardo Marin y Maria Cristina Solis, trabajadores del diario La Nación

Los delegados que dieron vuelta a Mitre

En el juicio por los delitos en la ESMA, los hijos de Marín y Solís, Pedro y Eva, contaron cómo fueron secuestrados sus padres, dos de los más de noventa trabajadores de prensa incluidos en la causa. También está desaparecido el padre de Solís.

 Por Alejandra Dandan

Eduardo Marín y María Cristina Solís, La Negra, su esposa, trabajaron en el diario La Nación hasta 1975. Eran delegados por la administración, parte de la comisión gremial interna. Durante una toma dieron vuelta el cuadro de Bartolomé Mitre en el despacho del director y fueron candidatos por la Lista Naranja en las elecciones de la Asociación de Periodistas de 1974, “frustradas elecciones”, así las recuerda el libro Con

vida los queremos, dado que se abortaron por la intervención al gremio de José López Rega. A Eduardo y La Negra los secuestraron después del golpe de Estado, en dos momentos distintos. Sus hijos Pedro y Eva Victoria declararon en el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Eva llegó a la audiencia con una foto de Eduardo en la cartera: él está sentado en el piso del diario La Nación, feliz, durante una asamblea. Cuando lo secuestraron, Eva estaba con él. “Fue en mayo de 1977 –dijo–, más exactamente el día 15 de mayo, hace 36 años. Estamos en la calle, cruzando unas vías, una barrera, yo en ese momento tenía tres años, así que lo que conté en ese momento fue que un hombre se tiró encima de papá, lo estaba esperando cerca de las vías del tren cuando íbamos a cruzar. Lo que recuerdo es que había dos o más autos, que a él lo suben en un auto y a mí en otro. Que yo en ese momento, con mi corta edad, les decía que quería irme con mi papá.”

La sala en silencio. Eva dejó de hablar. Se le cayeron unas lágrimas. Un fiscal le preguntó si podía seguir. Ella siguió. “Lo que puedo contar es que lo vi como dormido; él estaba en el otro auto, inconsciente. Por otros testimonios, supe después que a mí me ven llegar a la ESMA, yo voy con una tarjeta identificatoria donde estaba la dirección de mi abuela y lo que dicen los testigos es que mi papá llega muerto”, dijo, y otra vez tuvo que parar.

A Eva la devolvieron en ese momento a la casa de su abuela Rosa, la madre de su madre, cuya dirección contenía esa tarjeta de identificación con la que entró a la ESMA. No fue la única vez que estuvo en el centro clandestino de los marinos, en la máquina de matar: volvió con su hermano un año más tarde, cuando los secuestradores se los llevaron con su madre.

“Yo fui testigo porque estuve presente cuando secuestraron a mi mamá”, dijo. “El hecho sucedió el 10 de agosto de 1978, nosotros estábamos en la casa donde vivíamos, sinceramente no sé la dirección, no sé dónde era, lo que recuerdo es que era de noche, lo único que recuerdo. Estábamos mi mamá, mi hermano y yo en la casa. Yo tenía cuatro años, mi hermano dos y lo que puedo recordar es a mi mamá poniéndose muy mal, se sienten ruidos, la casa estaba siendo rodeada, mi mamá nos saca afuera de la casa, mi hermano lloraba mucho, ella nos vuelve a ingresar a la casa y recuerdo a hombres armados. No mucho más. Nos llevaron a otro lugar que después supe que era la ESMA. Nos separaron, a mi mamá no la vi nunca más y después, tampoco sé cuánto tiempo estuve ahí, fuimos llevados mi hermano y yo a la casa de mi abuela materna.”

–¿Sabe la dirección de su abuela? –le preguntó un fiscal.

–En la calle Pinto, en Saavedra.

–¿Y recuerda algo de ese momento?

–Recuerdo muy poco –dijo Eva–. Sé que nos dejaron en la puerta de la casa, éramos dos pulguitas porque teníamos dos y cuatro años, no sé siquiera si tocaron el timbre ellos; sé que estaba oscuro a la noche, nos dejaron en la casa de mi abuela. Y digo mi abuela porque mi abuelo ya había sido secuestrado dos años antes, por eso no dije “abuelos”.

Al abuelo, Pedro Solís, padre de María Cristina, lo habían secuestrado en agosto de 1976 mientras buscaban a los Marín. “En realidad yo sé que eran perseguidos mis padres, que mi abuelo, simplemente había firmado una garantía de un alquiler de mis papás y entonces lo vienen a buscar a su casa, para que diga dónde estaban mis padres. El lo desconocía, igualmente era ya un hombre de 76 años que no estaba bien de salud, tenía arteriosclerosis. Lo que pude saber es que rodearon la casa, hombres armados, que había gente en los techos, en las casas vecinas, revolvieron la casa, como decía mi abuela: aunque lo hubiera sabido, mi abuelo no hubiese dicho dónde estaba mi padre. Bueno, se lo llevaron y por testigos sé que estuvo en la ESMA.”

Su hermano Pedro declaró antes que ella, y también habló de ese momento. “Por dichos de mi abuela, sé que buscaban a mi mamá, y al no encontrarla, dijeron: ‘Llevá al más viejo’. Y se lo llevaron a él. Hace poco, un señor que vive en una esquina me dijo que había visto francotiradores en los techos y muchos movimientos de la policía.”

Eduardo y María Cristina se habían conocido de Ciencias Exactas. La Negra entró en La Nación en 1972 y después entró Eduardo. Integraron la comisión interna. Sus historias aparecen en ese libro que recoge las historias de los trabajadores de prensa “que necesitaba silenciar la dictadura”. Allí, Lilia Ferreyra contó que mientras ella trabajaba en La Opinión, “nos llaman a mí y a otros compañeros, Eduardo y La Negra, para contarnos que habían tomado el diario. Corrimos hasta allá. No te imaginás la cara de los dos: radiantes. Eduardo nos condujo al despacho del director y ahí estaba el retrato de Bartolomé Mitre dado vuelva. Nos reímos. Era una revancha”.

Perseguidos, los dos dejan el diario en 1975. Militaban en el Bloque Peronista de Prensa. Sobrevivieron dando clases de física y matemática. Cuando secuestraron a Eduardo, Cristina empezó a mudarse con los dos hijos. “Era un compañero muy querido y en aquellas épocas, primeros años ’70, nuestro gremio de prensa tenía un peso muy importante”, dice ahora Patricia Walsh, que estuvo sentada en la audiencia. “Los trabajadores de prensa –que así nos gustaba ser llamados– no hacíamos diferencia entre los periodistas y los otros oficios de un diario y es por eso que muchos delegados importantes, como fueron el negro Marín y Cristina, eran referentes importantes para un gremio muy presente en las luchas de ese tiempo.”

Los nombres de Eduardo y María Cristina son parte del listado de más de noventa trabajadores de prensa que son “causa” en este juicio. Pedro, su hijo, dijo que eran de Montoneros cuando le preguntaron por la filiación política de sus padres. Eva los situó, en cambio, dentro de la actividad sindical, como estableciendo causas y efectos en ese territorio.

Días pasados, declaró Marta Alvarez en las audiencias. A ella le preguntaron entre decenas de nombres por Pedro Solís. “Pedro Solís era el padre de una compañera que se llamaba María Cristina Solís de Marín –dijo–, que fue una responsable mía dentro de la militancia durante mucho tiempo. La buscaban ansiosamente a ella y a su marido, Eduardo Marín. Y secuestraron al padre de María Cristina, que era una persona mayor y había sido policía. Sí, lo escuché en Capucha –contó Alvarez–: escuché a una persona mayor a la que le pegaban mucho. Y sé que está desaparecido.”

Astiz confesó su responsabilidad y dijo ser una víctima "del terrorismo judicial"

El represor ya condenado declaró en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la denominada causa ESMA Unificada

Alfredo Astiz confesó su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por los que ya fue condenado a cadena perpetua y se encamina a otro fallo similar en el nuevo juicio oral que le sigue el Tribunal Oral Federal Nº 5 por la represión de Estado con que la dictadura sembró al país de desaparecidos, torturados, asesinados y exiliados. "Los únicos responsables son los que dieron las órdenes, incluyéndome." En esa decena de palabras, el ex marino que ostenta el dudoso palmarés de haber entregado las Islas Georgias a los británicos en 1982 sin dar combate, admitió lo que la justicia y la memoria popular saben desde mucho tiempo antes de su confesión.

Astiz encadenó ayer una prolija catarata de provocaciones y desafíos que cristalizó en el presidente del tribunal, el juez Leopoldo Bruglia, a quien intentó sacar de las casillas y por momentos pareció estar cerca de conseguirlo.

Con la mirada menos gélida que lo habitual, y de a ratos a los gritos, Astiz bramó que "la justicia independiente en la Argentina se terminó cuando Néstor Kirchner cambió a la Corte Suprema, dando un virtual golpe de Estado judicial". De entre los siete jueces del máximo tribunal, el represor eligió a Raúl Zaffaroni como blanco de sus ataques: lo responsabilizó de ser el autor ideológico de su condena e intentó esmerilarlo mostrando al tribunal la tapa del desaparecido diario sensacionalista Libre, que publicó una denuncia sobre la propiedad de departamentos que el juez tenía alquilados y que eran utilizados como prostíbulos encubiertos.

Chicanero como nunca antes, Astiz leyó un "documento" que –dijo– elaboró en la cárcel de Marcos Paz, donde está alojado. Ante una sala colmada por miembros de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S., entre otros organismos defensores de los Derechos Humanos ("grupos de persecución, venganza y rapiña", los llamó), Astiz desafió: "Que levante la mano acá el que piense que Oyarbide no es corrupto." Hizo una pausa, giró la cabeza y paneó al auditorio que permanecía inmóvil. Entonces, completó el acting: "Veo que todos piensan igual que yo." A Oyarbide también le reprochó haber procesado al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa por las escuchas ilegales a enemigos familiares y políticos.

La audiencia de ayer del juicio denominado "ESMA Unificada" registró momentos de extrema tensión. Acaso el más grave se haya producido cuando el ex militar que se infiltró en Madres de Plaza de Mayo para delatarlas ante el régimen le preguntó al juez Bruglia: "¿Me tiene miedo?". El espadeo verbal que propuso Astiz había comenzado apenas iniciada la audiencia cuando, cumpliendo con rigorismos procesales, Bruglia comenzó a preguntarle sus datos personales: "Soy el capitán de Fragata de la Armada Argentina, Alfredo Astiz. Es la única pregunta que voy a responder." El juez, quien por entonces no parecía sospechar lo que sobrevendría, intentó explicarle didácticamente que debía completar formalismos como edad, profesión y estado civil, se topó con la primera irreverencia: "Eso es problema de ustedes."

Astiz habló de política. Mucho. Criticó la Ley de Medios Audiovisuales, denunció "sometimiento" judicial en la "Causa Ciccone", atacó al vicepresidente, Amado Boudou; al ex procurador general de la Nación, Estaban Righi; a los jueces federales Daniel Rafecas, Sergio Torres y Norberto Oyarbide y a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Pero reivindicó al ex camarista federal mendocino Otilio Roque Romano, destituido, procesado y con pedido de captura internacional, y escondido en Chile por haber cuanto menos tolerado violaciones a los Derechos Humanos en la provincia de Mendoza.

Llamó "tiranía" al gobierno, endilgó a Néstor Kirchner la supuesta "utilización de la justicia como arma de hostigamiento" y trasladó a su sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, la continuidad de esa presunta práctica con el agregado de "homenajear a los grupos terroristas".

El juez Bruglia advirtió que el relato desvariaba y se alejaba del objeto del juicio. Se lo hizo notar y le pidió que ciñera la indagatoria a defenderse de los cargos por los que está acusado. "Estoy sentado acá por una política de persecución del Poder Ejecutivo. ¿No me deja mostrar la ilegitimidad de este juicio? ¿A qué le tiene miedo? ¿Me tiene miedo?".

"Esto es intolerable", manifestó Nora Cortiñas, representrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. "No voy a seguir escuchando a un genocida", señaló segundos antes de levantarse y abandonar la sala.

Astiz, quien alguna vez se ufanó de ser "el hombre mejor preparado para asesinar a un periodista", sólo habló tangencialmente de los delitos de lesa humanidad que cometió en la ESMA. Pero sí reivindicó el concepto de "obediencia debida", con el que intentó proteger a los rangos de menor jerarquía también condenados o en procesos judiciales, de quienes dieron las órdenes. Fue entonces cuando fluyó la confesión: "Los únicos responsables son los que dieron las órdenes, incluyéndome."

Según esa singular lectura, actuaron bajo "obediencia debida" quienes cumplieron y ejecutaron órdenes de cometer delitos aberrantes. Para Astiz, ello no es condenable; en cambio sí repudió lo que llamó la "obediencia indebida" que –atacó– cumple la justicia respecto del poder político.

Después de una jornada larga y accidentada, el tribunal resolvió (después de dos cuartos intermedios) dar por concluida la declaración del ex marino, y ofrecerle la posibilidad de ampliarla en otro momento. Astiz aprovechó para producir el último conato de escándalo y se quejó a los gritos sobre el pretendido cercenamiento a su derecho de defensa. 

 Por: Néstor Espósito

Declaró Alemann, ex secretario de Hacienda de la dictadura

El funcionario que visitó la ESMA. 
Admitió haber estado en el centro clandestino para ver “cómo funcionaba el arma” con la que lo atacaron. Y dijo que “jamás torturaría ni mataría, soy muy cobarde”. También se realizaron las indagatorias de otros cinco acusados en el juicio.

El ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Ernesto Alemann admitió haber visitado la ESMA en pleno terrorismo de Estado, pero no para ver cómo se humillaba a los supuestos autores de dos atentados en su contra, como declaró el sobreviviente que lo denunció, sino para saber “cómo funcionaba el arma con la que me atacaron”. Además de Alemann, otros cinco represores desfilaron ayer ante el Tribunal Oral Federal 5 que los juzga por delitos de lesa humanidad. Hoy desde las 10 declararán Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo y Ricardo Lynch Jones.

Alemann sufrió un atentado en 1978 y otro en 1979, que le costó la vida a su chofer. Carlos Lorkipanidse lo vio en la ESMA en 1980, durante su cautiverio. Dijo que lo vio en “La Huevera” y que le mostraron a dos cautivos encapuchados y engrillados “porque el grupo de tareas quería fanfarronear que había capturado a sus atacantes”. “A mí me dijeron que agarraron a todos estos asesinos”, había dicho Alemann en 2002. Dónde, le preguntó un periodista de la agencia DyN. “Fue privadamente... alguno, no recuerdo quién”, balbuceó mientras reinaba la impunidad.

“Se me acusa de imposición de tormentos a Orlando Ruiz”, arrancó ayer. “No lo vi, por lo tanto no lo torturé”, declaró como acusado, con derecho a mentir. “A raíz de un atentado, me invitaron a la ESMA para conocer las armas. Ahí conocí cómo funcionaba el arma con la que me atacaron”, dijo, y aseguró no haber formulado denuncia tras los atentados. “Jamás torturaría ni mataría, soy muy cobarde”, agregó, sin ocultar su particular concepto de la valentía. “Fui secretario de Hacienda durante cinco años y salí más pobre de lo que entré. Que me acusen por delitos de lesa humanidad hiere lo más profundo de mi ser”, se victimizó. Cuando uno de los jueces le preguntó quién lo invitó a la ESMA, dijo no recordarlo. Admitió su relación con Massera, aunque tomó distancia. “Tenía un conflicto porque había criticado los gastos excesivos realizados para el Mundial de Fútbol”, dijo.

“Se me acusa de crímenes que no cometí”, declaró el capitán Eugenio Vilardo, ex subdirector de la oficina de prensa de Cancillería, donde eran obligados a trabajar algunos secuestrados. “Se han violado los principios básicos del derecho”, afirmó, y en varios pasajes de su declaración no ocultó su orgullo de haber estado en la Armada. “Eran tiempos de plomo, donde teníamos que estar armados para combatir la guerrilla hasta con dos granadas en mano”, dijo. “La vida militar implica disciplina y entrega. Las órdenes no son motivo de discusiones, se acatan. Ese es el principio de la vida militar en todo el mundo”, invocó la obediencia debida. “Desconozco la competencia de este tribunal para juzgarme”, concluyó.

El contraalmirante Edgardo Otero negó haber dirigido la ESMA en 1980 y trató de demostrar que entonces ocupaba funciones en YPF. Remarcó que no participó de la “guerra civil o la lucha contra el terrorismo subversivo”. Agregó que “los jueces que me están juzgando cometen un error garrafal, porque desconocen lo que sucedió en esa época y también el funcionamiento de los escalafones militares. Trabajé en la parte logística, no en la parte operativa”. “El objetivo final del terrorismo subversivo era la toma de poder. Su proliferación en todo el país ponía en peligro a la Nación. No admito que el fiscal sostenga que son perseguidos políticos, eran militantes terroristas y subversivos”, afirmó.

Manuel García Tallada, condenado en el primer juicio, se negó a declarar, igual que el suboficial Paulino Oscar Altamira, ex guardia y miembro del GT 3.3. El teniente Jorge Radice, también condenado, dijo que formó parte del área de logística, pero “no participé de la entrega de ningún bebé ni en interrogatorios”. “No cometí ningún tipo de homicidio”, afirmó, y concluyó con un involuntario elogio al Estado: “El Estado argentino es responsable por todo lo que me aconteció y me acontece”.