Mostrando entradas con la etiqueta armada. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta armada. Mostrar todas las entradas

jueves, 21 de marzo de 2013

Revelador testimonio de la represión en la Comisión Nacional de Energía Atómica

El ingeniero químico Carlos Calle reconstruyó ante el Tribunal Oral Federal 5 su secuestro, cuatro días después del golpe de Estado de 1976. La persecución del vicealmirante Carlos Castro Madero. Sus compañeros de cautiverio.

Por: Gerardo Aranguren

El mismo día del golpe cívico militar de 1976 la Armada designó como interventor de la estratégica Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) al vicealmirante Carlos Castro Madero. Cuatro días después de ese nombramiento, el ingeniero químico Carlos Calle fue sacado de su casa en la madrugada. Esposado y con una capucha en la cabeza fue subido a un vehículo militar mientras le apuntaban con un fusil en las costillas: "Si te movés, sos hombre muerto", le advirtió su custodio. El trayecto desde su casa en Ituzaingó hasta su lugar de detención duró alrededor de una hora. A pesar de la capucha y el terror, pudo reconocer el recorrido que había hecho muchas veces: había llegado a la ESMA, justo enfrente de la sede central de la CNEA.
Calle declaró ayer luego de un largo exilio en Italia. Se presentó como testigo ante el Tribunal Oral Federal 5, en el juicio que se sigue por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención de la ESMA. Si bien son 68 los acusados en este debate, ayer sólo estuvo presente en la sala AMIA de Comodoro Py Ricardo Cavallo, miembro del Grupo de Tareas 3.3.2.
Al recordar detalles de su secuestro y cautiverio, el testigo narró también la dura represión que desató la Marina sobre los trabajadores y sindicalistas de la CNEA y que dejó como huella 15 personas desaparecidas y otras 11 que, luego de su secuestro fueron liberadas, como su propio caso. En 1976, Calle integraba junto con muchos de sus compañeros un grupo de discusión peronista en la CNEA y era un activo participante de las asambleas que se desarrollaban allí. Justamente esa militancia fue el foco del único interrogatorio que sufrió durante su cautiverio. Estaba encerrado en una celda pequeña y tabicado cuando dos hombres le preguntaron sobre "la organización de su célula" en la CNEA. "Casi una hora después me amenazaron: como usted no quiere colaborar, es muy difícil que vuelva a ver a su familia", recordó ayer el testigo.
Permaneció en la ESMA dos o tres días. Una noche fue cargado en un camión donde reconoció a su jefe en la Comisión, Santiago Morazzo, quien había sido secuestrado el mismo día y llevado a la ESMA, y ambos fueron trasladados a otro centro de detención: un buque de la Marina que luego identificarían como Bahía Aguirre. "Ahí nos dieron una paliza terrible. Yo me desmayé y cuando me desperté estaba estaqueado", recordó.
Luego de pasar varios días en ese sitio, lo subieron a una lancha y a un auto para finalmente llevarlo al penal de Devoto. "Ahí me encontré con muchos de mis compañeros de la comisión", contó. Junto a él viajaron otros integrantes de la CNEA que habían sido detenidos en sus domicilios o en sus lugares de trabajo, como Máximo Victoria, Eduardo Cuello o Pedro Landeyro, secuestrados en la misma comisión, y luego reunidos en el buque de la Armada. Luego de pasar unos meses en Devoto, en el sector de presos políticos, y en la Unidad 9 de La Plata, en octubre de 1976 el grupo fue liberado casi en simultáneo.

Al cabo de 37 años, Calle declaró ayer durante dos horas ante los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, y responsabilizó al interventor Castro Madero, quien en pocos días como autoridad de la CNEA instauró un "clima de terror". "Metió presas a otras diez personas y después empezó una campaña de eliminación de gente en la comisión: hubo unos 200 cesanteados, 11 secuestrados y 15 desaparecidos. Además, estoy seguro de que el departamento de personal tenía legajos con la caracterización política de cada uno", reconstruyó.

Justamente, entre las pruebas de la causa figura un documento de la Gerencia de Logística de la CNEA en el que cita informes secretos de organismos de seguridad y advierte sobre este grupo de trabajadores, luego secuestrados, a los que consideró "un factor real o potencial de perturbación del normal funcionamiento de esta Comisión". «
 
Las víctimas de la CNEA

Además de Calle y Morazzo, quien también declarará como testigo en los próximos días en el juicio de la ESMA, hay otras víctimas de la CNEA que pasaron por ese centro clandestino. Uno de los casos que se tratará en el debate es el secuestro y desaparición de Graciela Barroca y Gerardo Strejilevich. La pareja compartía los estudios de Ciencias Exactas de la UBA. Ella era técnica en la Comisión y a él la SIDE le había rechazado un pedido de beca en la Comisión, según los registros de la Comisión de Derechos Humanos del Personal de CNEA (CDHPCNEA). Fueron secuestrados en julio de 1977 y llevados a la ESMA.
También se juzgará la desaparición de José Badillo y de Daniel Rus. Badillo era un trabajador de una empresa contratista de la Central Nuclear Atucha I y fue secuestrado en la madrugada del 8 de julio de 1977. Rus, por su parte, era becario en la CNEA y fue secuestrado en su lugar de trabajo el 15 de julio de 1977.
En los archivos de la CDHPCNEA figuran además otros 11 casos de trabajadores desaparecidos en la última dictadura que no pasaron por la ESMA.

lunes, 26 de marzo de 2012

Pilotos del horror : los oficiales que pilotearon los vuelos de la muerte

B. Pertiné
Scilingo
Por primera vez se revelan los nombres de los oficiales habilitados para pilotear los Electra, los aviones vinculados con los vuelos de la muerte.

Todavía falta mucha verdad. A 36 años del golpe genocida, aún hay hechos que permanecen en la impunidad. Los vuelos de la muerte son uno de ellos. Los nombres que aquí se revelan por primera vez son los de los pilotos que estaban habilitados a volar los aviones Electra, la flota que está en la mira de la Justicia en la causa que investiga la desaparición forzada de personas en el río y en el mar. Eran los pilotos de una fuerza criminal, en tiempos de acción criminal. La Justicia espera por ellos.
Vildoza

Los miércoles, los pilotos navales sabían que podían ser requeridos. Ese era el día de “traslado” en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. La tarea: transportar los cuerpos desnudos, anestesiados y torturados de los desaparecidos que estaban apilados en la parte trasera de la aeronave. Cuando ellos ubicaran el avión en las coordenadas adecuadas y dieran la orden, los oficiales de la Armada arrojarían a sus víctimas al vacío. El relato integra el libro Por Siempre Nunca Más, una autobiografía donde el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo reconoce haber participado de dos vuelos desde donde arrojó a 30 personas adormecidas con Pentotal. En su libro, Scilingo dice que por esta vía desaparecieron a 4.400 personas. Los testigos de la ESMA corroboraron que los “traslados” se realizaban los días miércoles.

La autobiografía del asesino Scilingo –condenado en España a 600 años de prisión por crímenes de lesa humanidad– detalla que un mes después de su primer vuelo volvieron a llamarlo. Esta vez había dieciséis detenidos. El proceso fue igual: sacaron a los secuestrados por la puerta trasera del sótano de la ESMA y “semidormidos (los) subieron al camión. En Aeroparque nos esperaba un Electra. Dentro, tenía sólo los asientos que hay entre la portezuela y la cabina, unas seis hileras. El resto estaba vacío. Colocamos los detenidos sobre el costado derecho. Decolamos. (…) Cuando llegó el momento, se despresurizó la cabina. Un suboficial me ató con una soga al lado de la puerta de emergencia de popa estribor (atrás derecha) y luego con mucho cuidado la retiró. Me acercaron a cada uno de los trasladados y una vez más cumplí la misión de hacerles traspasar la puerta rumbo a la muerte”.

El relato de Scilingo coincide con la descripción que realizó un investigador a este cronista: “En el reglamento del Electra L-188 se destaca el capítulo donde se explica ‘cómo arrojar las líneas de salvamento’ desde la aeronave”. Las líneas de salvamento son una especie de soga larga, explicó, que está compuesta por diferentes elementos y forma una especie de cadena de objetos. “Para poder desplegarla, se debe bajar el avión hasta determinada altura, reducir la velocidad y entonces apagar el motor número 3 (el Electra tiene cuatro hélices). Recién allí se procede a la apertura de la puerta trasera de emergencia que tiene la particularidad de abrirse hacia adentro”, explicó. Esta descripción da por tierra con la afirmación de la Armada de que desde los Electra no se puede realizar una descarga en vuelo. Los marinos arguyen la imposibilidad de abrir el portalón principal de este avión que mide unos dos metros por tres metros, ignorando la puerta de emergencia. Justamente, la misma a la que hace referencia el reglamento al que accedió el investigador y el relato de Scilingo. Tal como se desprende de la crónica anterior, la labor de los pilotos era determinante. Su destreza era crucial para llevar a cabo los vuelos de la muerte.

En respuesta a una solicitud de esta revista, el Estado Mayor General de la Armada entregó a la Dirección de DD.HH. del Ministerio de Defensa de la Nación una lista con los pilotos habilitados a volar los aviones Electra L-188 entre 1976 y 1983. Todos pertenecían a la Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logística Móvil, que constaba de tres Electra Lockheed 188: el 5T1, matrícula 0691, el 5T2 matrícula 0692 y el 5T3, matrícula 0693, provenientes de Estados Unidos. Esta escuadrilla (EA51), que se investiga como último eslabón del proceso de desaparición de personas, dependía de la Escuadra Naval Número 5, con base en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según esta documentación, desclasificada junto a todos los archivos de la represión por el gobierno de Cristina Kirchner, los 24 pilotos habilitados a volar estos aviones son los siguientes:

- Benito Basilio Pertiné, cuñado del ex presidente Fernando de la Rúa. Su legajo lo compromete con la represión bestial que aplicó la última dictadura militar. En 1978, Pertiné fue sancionado por “no extremar las medidas para emitir un interrogatorio ordenado por su superior con la atenuante de haberlo detenido luego”. El 22 de mayo de 1979 tuvo como destino esta escuadrilla y también fue sancionado, en esta ocasión por “no extremar las medidas para tener listo el avión, ocasionando demoras en el despegue, siendo el comandante del mismo”.

Además de desempeñarse durante 1979 como instructor del avión L-188, el cuñado de De la Rúa fue segundo comandante en el destino 418. “Ha orientado la actividad de su unidad al logro de una mayor eficacia en el combate y el resultado ha sido altamente satisfactorio en consideración”, lo evaluó uno de sus superiores. Para el almirante Jorge Anaya, “es el oficial de marina más completo que he encontrado a lo largo de toda mi carrera naval. Excepcional”, firmó. Resulta particular la “mayor eficacia en combate” de Pertiné, teniendo en cuenta que la única guerra que libraba la Armada en ese entonces era contra “la subversión”, y todo aquel que no pensara como ellos.

En la actualidad, Pertiné se volcó al rubro de la construcción, llegando a ser contratista del Estado. Según los registros públicos, está vinculado a las empresas Tecnoartel, Cimsa, Udra Argentina S.A. y Constructora San José.

- Luis Conrado Lupori fue otro de los pilotos habilitados para volar los aviones Electra. Según se desprende de su legajo, ya en 1975 había realizado un curso para pilotear este tipo de aeronaves, conocimiento que supo explotar en los años siguientes. Entre el 28 de enero y el 19 de agosto de 1978 estuvo en esta escuadrilla. Puesto que dejó brevemente, tras un pasar por la agregaduría militar en los Estados Unidos. Volvió y estuvo hasta el 31 de diciembre de 1983.

Pero antes de llegar a la EA51, y en pleno terrorismo de Estado, Lupori tuvo un destino muy particular: la ESMA. De acuerdo con su legajo, entre 1975 y 1977 “se desempeñó en la Escuela de Mecánica de la Armada” donde además de ser “jefe de 1º curso de aviación”, también se desempeñó como jefe de contrainteligencia durante 5 meses. También estuvo 8 meses en el mismo destino como jefe de la compañía 11.

Ante este marco, se lee en sus fojas: “Gran valor en el servicio”. Y: “A pesar de no poseer la capacitación, desempeñó el cargo de contrainteligencia. Se ha desempeñado de manera excepcional”. Quien firmó esta última evaluación, el 15 de diciembre de 1976, fue Rubén Chamorro, entonces director de la ESMA. Chamorro estaba acusado por crímenes de lesa humanidad pero murió antes de que se le dictara una condena.

En las mismas fojas se lee: “Informe sobre el calificado: En oportunidad de integrar el calificador la aprobación de un avión Electra que me fuera subordinado por el Sr. Comandante en Jefe de la Armada para el cumplimiento de una operación de alto grado de reserva, demostró un excepcional entusiasmo, espíritu de cooperación y confianza hacia el suscripto. Esta operación, (fue) cumplida en el extranjero con éxito (…)”. Y se resalta el “gran factor contribuyente” del accionar del “capitán Lupori; quien transmitió su ejemplar proceder a la tripulación”. La nota es del 20 de abril de 1979 y quien felicita a su subordinado es Jorge Raúl Vildoza, entonces capitán de navío, señalado por Scilingo como el director de los vuelos de la muerte, hoy prófugo de la Justicia por los crímenes de lesa humanidad que cometió en la ESMA.

Desde que dejó la Armada, Lupori supo hacer una ascendente carrera en la esfera aerocomercial. Fue director de Marsans, la empresa multinacional de capitales españoles que había comprado Aerolíneas Argentinas. Fue socio de Antonio Mata, el dueño de aquella empresa, en diferentes firmas, como en Jet Paq S.A. Pero su rol más significativo fue haber alcanzado la dirección de Aerolíneas Argentinas y de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., en el 2003. En otras empresas aéreas en las que participó también se destaca Advent S.A. Licenciado en Sistemas, en el 2004, también alcanzó la presidencia de SMR Servicio de Mantenimiento Aeronáutico.

- César Enrique Ávila (fallecido) y José Roberto Fernández fueron los comandantes de la EA51 en 1976 y 1977, respectivamente. El primero estuvo entre el 1 de marzo de 1974 y el 9 de diciembre del mismo año en la escuadrilla con asiento en Ezeiza y ejerció su comando entre el 22 de diciembre de 1975 y el 31 de diciembre de 1976.

- Jorge Eduardo Albanese se recibió como comandante de Electra L-188 en 1975. Entre el 28 de noviembre de 1975 y el 26 de noviembre de 1976 estuvo destinado en la EA51. De acuerdo con su legajo tiene “muy buena predisposición para el cumplimiento de tareas ajenas a la rutina”. “Sabe ocuparse con eficacia cuando es necesario. Tiene un espíritu de combate desarrollado”, firmó en sus fojas el fallecido César Ávila. Tan apreciado era por su superior que pidió que se quede en el área para “volcar su experiencia a los nuevos pilotos”. Acaso su espíritu de combate se debía a la formación que recibió en el curso de “subversión y guerra revolucionaria” que realizó en la Escuela Naval de Inteligencia.

En 1977, Albanese pidió su pase a retiro porque tenía la “intención de incorporarse a la empresa Austral Líneas Aéreas S.A.”. Finalmente logró su pase a retiro. Desde entonces, la carrera de Albanese continuó en Austral Líneas Aéreas, donde se desempeñó por 27 años. Al menos hasta el 2009, trabajaba en Andes Líneas Aéreas.

- El caso de Jorge Gerardo Bohm es particular. La evaluación de fojas de servicio está tachada en lo que respecta a 1976. No obstante se puede reconstruir que del 3 de marzo del ‘75 al 31 de diciembre del mismo año estuvo en la EA51 y que luego fue aviador naval, por un año, en Punta Indio –sitio señalado por Scilingo como una constante para hacer escalas durante los vuelos de la muerte– y jefe de publicaciones en 1977. “Jamás pierde la calma e infunde serenidad en sus subordinados”, firmó Alberto Olcese. En 1980 fue jefe de contrainteligencia por 7 días y adquirió capacitación para ser copiloto de Electra. Dos años más tarde pasaría a ser miembro de la plana mayor de la EA51 en Malvinas. Concluido el conflicto, Bohm se fue alejando de la Armada hasta cambiar radicalmente de rubro. Hoy se dedica a la venta de libros. Aunque no pudo alejarse del agua: se radicó en Pinamar.

- Jorge Alberto Capella era piloto de helicópteros y de aviones Electra. El 19 de marzo de 1979 fue evaluado como copiloto de un L-188 en Ezeiza por Lupori, Pertiné y Carlos Ricaldoni. Un año más tarde otros tres pilotos navales lo evaluarían como piloto del mismo avión. Participó en Malvinas como parte de esta escuadrilla, a la que perteneció hasta diciembre del ‘84, cuando pasó a la ESMA. Hoy tiene una inmobiliaria y una constructora.

- Alejando Oscar Cagliolo llegó a la escuadrilla a fines de 1981. Antes había pasado por la Escuela Aeronaval Antisubmarina (’75); la Escuela para Oficiales (’76), y la Escuela de Aviación Naval. Por su presencia en la EA51, participó de la guerra de Malvinas y junto a Lupori realizó los vuelos de búsqueda del hundido crucero “General Belgrano”. Una vez fuera de la fuerza, cambió de rubro. Se fue a vivir a Trelew y en el año 2003 se transformó en empleado de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, hasta alcanzar el cargo de director ejecutivo. Renunció un par de años atrás y en el 2009 creó la firma Comercializadora de Alimentos del Sur SRL.

- Daniel Emilio Bullo desarrolló un curso de especialización en los Electra en 1980. Sin embargo, recién alcanzó a ser comandante de este tipo de aeronave en 1982. Anteriormente, entre 1976 y 1978 estuvo destinado en la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. Fue miembro de la plana mayor de la EA51 en Malvinas. Al 2011, Bullo seguía siendo piloto de Aerolíneas Argentinas y Austral.

- Esteban Julio Kalauz fue jefe de contrainteligencia por 9 meses, entre el 25 de enero y el 25 de noviembre de 1977. Dos años más tarde, en el mes de julio realizó los cursos de aviación naval y contrasubversión. En 1980 vuelve a ser jefe de Contrainteligencia.

- Raúl Carlos Favreaud realizó un curso de adiestramiento para pilotear el Electra L-188 el 6 de junio de 1977 en la compañía Eastern Air Lines en Miami, Estados Unidos. Licenciado en Economía, también fue piloto de la plana mayor de la EA51 en Malvinas. Concluida su tarea en la fuerza, estuvo vinculado al servicio inmobiliario. Falleció.

- Carlos Washington Marioni tuvo una importante participación en los albores del golpe de Estado: “Ha participado en la operación militar, en la etapa de planificación, ejecución a mis órdenes durante el período del 17 al 27 de marzo pasado (de 1976)”, firmó James Whamond. Whamond, según la página desaparecidos.org, “fue Secretario General Naval (de enero a septiembre de 1978) y, desde diciembre de 1980 hasta enero de 1982, Jefe de Aviación Naval. Por ejercer tales cargos, formó parte del Comando en Jefe de la Armada, por lo que tuvo decisiva responsabilidad en el accionar delictivo del personal de la Armada, como así también en el funcionamiento de los CCD que dependían de la mencionada fuerza”.

- Agustín Humberto Sosa y Guillermo Edgardo Méndez también fueron parte de esta escuadrilla. El primero abandonó la fuerza luego de los años más terribles de la dictadura para desempeñarse en Austral entre 1979 y 1983. El segundo piloteaba en la misma aerolínea, al menos, hasta el año pasado.

- Completan la lista de pilotos: Marcelo Roberto Boveda –quien hizo varias comisiones a EE.UU.–, Daniel Horacio Caruso, Miguel Mariano Iriart –quien trabajó entre enero de 2002 y enero de 2004 para el Estado Mayor General de la Armada y ha fallecido–, Alberto Ángel Olcese, Carlos César Ricaldoni, Norberto Ulises Pereiro, Eduardo Figueroa, Guillermo Alejandro Lucas –quien formó parte de la plana mayor de la escuadrilla durante la guerra de Malvinas–, José María Lamelza y, finalmente, Jorge Alberto Janiot –quien fue parte de la escuadrilla de exploración durante la guerra de Malvinas y al día de hoy tiene por domicilio alternativo la Base Almirante Zar porque siguió vinculado a la Armada Argentina–.

En otro documento al que accedió esta revista constan todos los pilotos navales habilitados para volar entre 1976 y 1979. Son 240 pilotos, entre los que figuran reconocidos genocidas y tres nombres con mucha actualidad: Benito Italo Rotolo, Carlos Rodolfo Machetanz y Rafael Ángel Cornejo Solá. El primero de ellos fue el subjefe de la Armada entre 2003 y 2006. Hoy está siendo investigado con el ex jefe de la Marina Jorge Godoy –quien fue pasado a retiro el pasado diciembre– por espionaje a políticos. El segundo fue comandante de Aviación Naval hasta el 2010, cuando fue reemplazado justamente por Cornejo Solá –quien terminó dejando la Armada en diciembre pasado–. Machetanz había ascendido en 2010 a la Inspección General de la Armada, cargo que abandonó en enero del 2011.

Pasaron 36 años y aún existen zonas oscuras, nebulosas, en lo que respecta a las atrocidades que cometió la última dictadura militar. Seguramente muchos de los hombres que aparecen en esta nota tendrán algo para aportar en la Justicia.

La justicia comprobó que desde los aviones se podía arrojar detenidos
Una inspección ocular a cargo del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni estableció que la puerta de emergencia de los Electra podían abrirse en pleno vuelo. Se secuestró documentación operativa y manuales de las aeronaves.

Por:Martin Piqué
A pesar de la reticencia de la Armada a aportar información y a abrir sus instalaciones para la recolección de pruebas, la justicia sigue investigando los vuelos de la muerte que arrojaron a miles de personas vivas al Río de la Plata y al Océano Atlántico a partir de 1976.
El último capítulo del avance judicial se produjo ayer en Bahía Blanca. El juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, a cargo del Juzgado Federal Nº 1, encabezó una inspección ocular de cuatro horas en la base aeronaval Comandante Espora y en el Museo de la Aviación Naval.
Acompañado por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, Abel Córdoba, Tentoni secuestró documentación de la Armada –manuales técnicos de aviones, planillas de vuelos y papeles de la biblioteca–. El juez también recorrió los hangares de la base y el museo. Allí revisó tres aviones y un helicóptero que se encuentran en exposición, sobre los que cotejó el sistema de apertura y cierre de sus puertas.
La inspección tenía como objetivo confirmar si las aeronaves habían tenido alguna participación en los vuelos de la muerte. Según la información que difundió la fiscalía, los tres aviones revisados fueron un Lockheed Electra L-188PF (modelo bautizado “Ushuaia”), un Douglas C-47 Skytrain y un Albatros UH-16B. También se inspeccionó un helicóptero Alouette III, que se encontraba en un hangar llamado Campo Sarmiento y forma parte del Museo de la Aviación Nacional. La revisión ocular estuvo a cargo de peritos de la Policía Federal.

El resultado de la inspección confirmó que uno de los tres aviones examinados –el Lockheed Electra– reunía las condiciones para desprenderse de carga en vuelo. Fabricados en los Estados Unidos a partir de 1957, los Electra tienen una puerta trasera que se rebate hacia arriba y permite deslizar la carga mientras el avión está en el aire. En 1973, la Armada compró tres unidades reacondicionadas de ese avión. Pasaron a integrar la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil y se establecieron en Ezeiza.
Según relatara Adolfo Scilingo en su confesión ante el periodista Horacio Verbitsky, los Electra fueron utilizados para arrojar prisioneros al vacío. El propio Scilingo contó que, en el segundo vuelo en el que le tocó participar, el avión era un Electra: de acuerdo a su testimonio, en ese vuelo se arrojaron 16 detenidos al mar. Como el Electra es una aeronave bastante grande, los marinos aprovechaban el espacio para invitar a otros oficiales de la Armada a presenciar el lanzamiento de personas vivas al mar. Era una forma de comprometerlos, un pacto no escrito.

El avión Lockheed Electra L-188PF que se encontraba en la base exhibía una faja de seguridad fechada en el año 2002. Allegados al juez contaron a la agencia Télam que sobre ese mismo avión pesaba una orden de secuestro del juez federal Sergio Torres, quien tiene a su cargo la mega causa ESMA. Ayer, tras la recorrida por las instalaciones de la Armada, el fiscal Córdoba confirmó que esa aeronave cumplía con todas las características de las unidades que fueron utilizadas en los vuelos de la muerte. El fiscal incluso mencionó “la aptitud que tiene (el Electra) para desprenderse de la carga en vuelo”. La recorrida por la Base Espora y por el Museo de la Aviación Nacional dejó varias sorpresas a los visitantes. La primera, comentada por el fiscal, fue que el Electra en exhibición “no estaba identificado como un avión operativo en la eliminación de personas”, a pesar de estar expuesto “en un museo público”.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

La CIDH entregará al Juez Torres, parte de sus legados desclasificados

Imágenes que prueban los vuelos de la muerte

El expediente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace público por primera vez incluye más de 130 imágenes e informes de las fuerzas de Uruguay sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por el mar durante la dictadura.

 Por Alejandra Dandan

El informe es un texto mecanografiado, fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció, según la misma referencia, en la Laguna de Rocha, de Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente “presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”. No encontró el perito “ningún posible elemento identificatorio”: “El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas”.

El informe conservado hasta ahora entre los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve la luz por primera vez en 32 años. Es parte de un legajo con más de 130 imágenes y partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, durante los años de la dictadura argentina. Los informes más viejos datan de 1975. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos. Entre los papeles, un mapa muestra los ciclos de las corrientes y ubica las costas de Buenos Aires como punto de partida. Los documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de los vuelos de la muerte: las imágenes muestran los cuerpos atados con ligaduras en las manos y las piernas, sogas armadas con tiras de persianas y marcas de torturas. Los documentos llegaron al país en manos del secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que hoy los entregará en nombre de la Comisión al juez Sergio Torres, encargado de la megacausa ESMA.

Para la CIDH la entrega de los documentos representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus archivos confidenciales para un proceso de justicia. El valor de los documentos todavía es materia de análisis, pero el juzgado los considera clave no sólo por los vuelos sino porque podrían habilitar una solicitud para que el Estado uruguayo desclasifique todos los documentos relacionados con el hallazgo de cuerpos en la misma época.

La carpeta de documentos tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. Las imágenes son impactantes porque, además del estado de los cuerpos, intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, sogas y trozos de sogas de persianas sujetando las manos de las víctimas, que para el juzgado podrían ser pruebas del modo en que eran “trasladados” los desaparecidos durante los vuelos de la muerte. “Las imágenes están diciendo que esas personas eran tiradas con ligaduras, muestran cómo los sacaban, tienen el valor de tener además datos de los antecedentes o los pasos previos porque muestran que esos cuerpos están marcados con picana, que fueron entonces arrojados al mar en determinadas condiciones”, dicen en el juzgado.

La primera prueba categórica sobre la existencia de los vuelos apareció en 2005 con la identificación de tres cuerpos de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos el de Azucena Villaflor, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos presentaban “múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.
La carpeta

El origen de la carpeta 37 con los archivos de la CIDH todavía es un misterio. Incluso para Cantón. En una de las solapas, de todos modos, se lee “Argentina observation in loco”. Es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para precisar su procedencia es que le falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años –dice Cantón–. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula.”

Con el paso del tiempo, hoy puede entenderse que esa documentación que ahora se judicializa por primera vez no contiene las únicas imágenes o los únicos informes que se conocieron de los aparecidos argentinos en la costa uruguaya. El mismo Cantón quiso dejar a salvo ese punto. Porque ni para la CIDH ni para el juzgado importa mucho hoy cuánta difusión hayan tenido estas imágenes en otros espacios, sino que estaban archivadas donde estaban archivadas y que por primera vez una causa que investiga los vuelos de la muerte las incorpora como prueba.

Las fotos, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de los ’80 y luego con un libro, Un marino acusa. Publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.

Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje: “FA”. Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.

“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial –dice Cantón–. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial.”
Los datos

El legajo tiene tres grandes grupos de documentos: informes mecanografiados de tipo pericial, fotos y mapas. Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que la persona podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede ser un indicador para pensar el momento de los “traslados”. También hay descripciones de marcas de pantalones, en ocasiones ropa que sólo se fabricaba en Argentina.

Otro de los informes a los que accedió Página/12, del 22 de abril de 1976, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: “posiblemente fuera de raza blanca o amarilla”. De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello “imposible de determinar”, una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto “raza blanca o amarilla” porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del EAAF no les cierra, porque consideran posible la confusión.

Además de las imágenes, hay mapas. Uno señala con referencias las zonas con cuerpos encontrados (Montevideo y Colonia) y las zonas en las que se encontraron restos humanos (entre Carmelo y Colonia, Colonia y Montevideo, y La Paloma y Castillos). Otro mapa es de corrientes marítimas y señala a Buenos Aires como la zona donde fueron arrojados los cuerpos.

Las 65 cajas con archivos

Por Alejandra Dandan

Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, es una de las personas que promovieron que ese organismo de la OEA abriera los archivos confidenciales recogidos para el histórico informe prohibido de 1980. El acceso a documentos para las causas argentinas empezó a concretarse el mes pasado, durante una visita a la sede de Washington del juez Sergio Torres, quien fue a buscar documentos para la megacausa ESMA. Torres encontró 65 cajas de archivos y copió una selección, pero cuando se topó con imágenes que podrían probar los vuelos de la muerte pidió a la CIDH el material original. Eso es lo que hoy aportará Cantón.

–¿Por qué este legajo demoró tanto en conocerse?

–Para los organismos de este tipo, las denuncias son confidenciales por motivos obvios y no hay un mecanismo para hacer pública esa información. Esto fue parte de la discusión que tuvimos para ver de qué manera entregar esta información a ciertas causas judiciales.

–¿Hay más información?

–Creo que no hay más datos, pero no sabemos porque están guardados como se archivaban hace años. No hay nadie además en la comisión de aquella época. Tendremos que ir sabiéndolo con el tiempo.

jueves, 30 de junio de 2011

Alegato de la Fiscalia por el asesinato de los Villaflor

“Los imputados mantienen silencio”

Los fiscales Mirna Goransky y Pablo Ouviña reconstruyeron los secuestros y las detenciones ilegales de Raimundo, Josefina y los demás integrantes del grupo Villaflor. También plantearon las hipótesis sobre qué sucedió con sus cuerpos.

 Por Alejandra Dandan

Los Villaflor. Las pruebas del asesinato de Raimundo en la Escuela de Mecánica de la Armada, los meses en los que su mujer y su hermana parecían seguras de que iban a salir con vida de la ESMA. Las cartas, las muñecas de trapo. Las hipótesis sobre qué sucedió con sus cuerpos integraron el tramo del alegato que la fiscalía leyó ayer en la audiencia del juicio oral de la causa ESMA. El ya retrasado tiempo del debate volvió a suspenderse después de dos horas de audiencia. Esta vez, el Tribunal Oral Federal 5 anunció un cuarto intermedio porque el represor Juan Carlos Azic estaba con problemas de presión, como viene sucediendo con sus colegas dos días a la semana. La audiencia se interrumpió hasta mañana.

“Hemos escuchado a muchos testigos referirse a ellos como grupo”, dijo la fiscal Mirna Goransky al empezar el caso. “Pero el apellido ya resonaba en el ámbito social y político mucho antes de que trascendiera el nombre de Azucena, a raíz de la infiltración del Grupo de Tareas en la (iglesia de la) Santa Cruz”, explicó. Azucena era sobrina de Aníbal Clemente Villaflor, dijo, obrero anarquista que por orden de Juan Perón y Domingo Mercante fue intendente de Avellaneda entre el ’46 y ’47 y fue padre de Raimundo y Josefina Villaflor.

Con el origen del parentesco anclado así en lo político, un universo en el que también situó a Azucena, la fiscal reconstruyó más tarde la línea de caídas del grupo atadas a las identidades políticas de las víctimas. Nombró a Josefina como dirigente de la Federación Gráfica bonaerense, donde conoció a su marido, José Hazan, que cayó con ella y con Celeste, la hija de ambos, el 3 de agosto de 1979. Ambos del Peronismo de Base. Luego, nombró a Raimundo y a su mujer, Elsa Martínez. Recordó que Laura, la hija de ambos, explicó en una audiencia que su madre nació en España, vivió en Uruguay donde se integró a los Tupamaros, se exilió en Argentina y se sumó al Peronismo de Base. De Raimundo dijo que era referente para los trabajadores de la zona sur bonaerense, delegado sindical, perseguido, y la figura que inspiró a Rodolfo Walsh para ¿Quién mató a Rosendo?

Pero el grupo no eran sólo ellos. Goransky y el fiscal Pablo Ouviña mencionaron a todos los que cayeron –militantes, amigos, compañeros de los amigos–, pese a que muchos no son “caso” en este tramo de la causa por el modo en el que se instruyen los expedientes. Entre ellos están Juan Carlos Anzorena, Juan Carlos Chiaravalle, Fernando Brodsky, Enrique Ardetti, Pablo Lepiscopo, Hugo Palmeiro, Juan Carlos Schiaravague. Todos estuvieron secuestrados en la ESMA, excepto Raimundo. Pasaron demasiados meses con vida, hasta marzo de 1980. Varios estaban enrolados en el programa de recuperación de los marinos. Además de trabajo esclavo en pecera, con los archivos de prensa, hacían visitas a las familias escoltados por Ricardo Cavallo que se quedaba en casa de los padres, con el arma arriba de la mesa. Otros hablaban dos o tres veces a la semana por teléfono. Y luego desaparecieron, en un momento que coincide con el cambio de mandos en la dirección del GT, a partir de entonces a cargo de Horacio Estrada y una lógica interna que requeriría que el nuevo jefe se manchara las manos.
Raimundo

El asesinato de Raimundo todavía no está probado en la causa. Pese a eso, con los datos que surgieron las querellas vienen pidiendo que se condene a Miguel Donda –el único imputado en este tramo por el caso– a prisión perpetua por “homicidio”. La fiscalía ayer presentó su caso con el mismo planteo.

Goransky dijo que después de recibir dos o tres días de picana, una de las testigos sintió en el sótano sus alaridos de dolor. A causa de tanto maltrato físico no pudo mantenerse en pie, tenía un brazo roto. En una de las visitas que su hermana Josefina hizo a la casa de su familia, contó que uno de los miembros del Grupo de Tareas lo llevaba y lo arrastraba del sótano a Capucha. Thelma Jara contó lo mismo en su primera declaración, dijo la fiscal. Dijo que los tormentos se prolongaron por dos días y que vio cómo se lo llevaban de Capucha al sótano para continuar con las torturas. Dicen que en ese momento mordió el brazo de un guardia, que eso desencadenó la furia, que le pegaron y lo patearon. Que después de esta golpiza y dos días de padecimiento de golpes y patadas, Raimundo falleció.

Los sobrevivientes también hablaron de la muerte. Thelma Jara vio en el tercer piso mucho movimiento de guardias y dijeron que había muerto de un paro cardíaco como consecuencia de los golpes en el sótano. Otro sobreviviente dijo que vio cuando lo pasaron colgado de pies y manos con la cabeza hacia atrás, absolutamente inerte, y que al día siguiente en una camilla al lado de la huevera había un cuerpo descalzo, del que no se veía la cara. Ese sobreviviente también dijo en la audiencia que estaba seguro de que era Raimundo. Además, la fiscalía planteó que están convencidos de que el dato quedó “debidamente registrado” por el GT porque un testigo llegó a ver en la ESMA una carpeta que decía que había muerto el 7 de agosto. “Los imputados, mientras tanto –dijo Goransky–, siguen guardando silencio sobre el destino de su cuerpo.”