Delitos sexuales en el terrorismo de Estado: violencia de género en los centros clandestinos

A 43 años del 24 de marzo de 1976, hay 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y tres mujeres.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer cifras del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia vinculadas al juzgamiento de los delitos sexuales cometidos en la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

A 43 años del 24 de marzo de 1976, hay 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y tres mujeres.

Las agresiones sexuales cometidas en centros clandestinos consistieron en violaciones, abusos, abortos forzados, desnudez, tocamiento. La Procuraduría señaló que a marzo de 2019, solamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos (26 de 219). En esos fallos, se reunieron los casos de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

Parte de las violencias contra las mujeres fueron los partos en cautiverio y el robo y apropiación de bebés. Hasta ahora, las Abuelas de Plaza de Mayo pudieron encontrar 128, en su mayoría nietos y nietas a quienes se les restituyó su identidad. Pero la búsqueda continúa y toda la sociedad tiene que ser parte.

Los testimonios de sobrevivientes, el trabajo de las querellas y fiscalías, y el avance de las causas permitieron que ese tipo de delitos puedan pasar a ser considerados autónomos de otros cometidos por los genocidas. Así, las agresiones sexuales pudieron ser distinguidas de las torturas, lo que permite dimensionar la violencia de género en los crímenes de lesa humanidad.

Los delitos sexuales fueron parte del cotidiano en los centros clandestinos que funcionaron en el país. Llevó muchos años poder dimensionar la funcionalidad de esta práctica en la planificación del terrorismo de Estado y poder poner en palabras no solamente la memoria, sino también la denuncia. Fue necesario un gran trabajo de abogadas y abogados, sobrevivientes, familiares y testigos para que en el Poder Judicial se empezaran a producir algunos cambios necesarios para contener a las víctimas de esos crímenes, cuando los culpables habían estado sueltos e impunes durante décadas. ¿Qué víctima sobreviviente podía sentirse segura con su violador caminando por las calles?

Los crímenes de violencia sexual no estuvieron aislados del plan represivo general de los genocidas: fueron parte.

Las mujeres, botín de la dictadura argentina

Una exposición en la que fuera la sede de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la Dictadura, muestra la violencia sexual ejercida contra las detenidas desaparecidas.

Los delitos sexuales perpetrados contra las mujeres secuestradas estuvieron silenciados durante décadas. Comenzaron a conocerse de a poco, como casos sueltos, ante los tribunales, pero desde 2011 se investiga su uso "como un mecanismo sistemático, no aislado", en palabras del juez de instrucción Sergio Torres. El magistrado participó este jueves en la inauguración de una muestra que relata los abusos sufridos por las detenidas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.

"En 1976, el abuso sexual era lo habitual. No se salvó ninguna compañera. Algunas pudieron decirlo, otras enloquecieron", asegura Graciela García Romero, sobreviviente de la ESMA. García Romero tiene el rostro serio y las manos empapadas de sudor. Es la segunda vez que regresa al lugar donde sufrió torturas, malos tratos y permaneció dos años detenida, junto a numerosos compañeros que al día de hoy siguen desaparecidos. Dudó hasta el último minuto, pero al final se presentó animada por la necesidad de enfrentar "un tabú". Hoy el lugar funciona como un museo dedicado a la memoria.

García Romero ha denunciado a Jorge Eduardo "El Tigre" Acosta por abusar de ella en un lugar ajeno a las instalaciones militares, donde era trasladada cada cierto tiempo junto a otras mujeres. "No fue una situación de violencia porque no era imprescindible, ya estaba secuestrada. La situación de violencia la vivía todos los días. De ahí me volvieron a llevar a los grilletes y a las esposas", relató ante el tribunal del segundo juicio por los crímenes perpetrados por la ESMA.

Ser obligadas a desnudarse frente a sus secuestradores, no poder ducharse después de haber sido violadas, recibir golpes en sus partes íntimas y tener que entregarles su ropa interior empapada en sangre para que les diesen una limpia son otras de las violencias descritas por las 28 supervivientes incluidas en la muestra Ser mujeres en la ESMA.

Las actuaciones en la causa que investiga estos delitos contra la integridad sexual tienen carácter secreto y el nombre de casi todas las víctimas se mantiene en reserva "para evitar exponerlas y revictimizarlas", dice el juez Torres.

Alegatos de la Fiscalía en el juicio por los crímenes de la ESMA : "El GT no tuvo límites"

“El GT no tuvo límites”

Los fiscales Mercedes Soiza Reilly y Abel Córdoba terminaron con la reconstrucción de los crímenes de las 789 víctimas de este megajuicio. “Fueron acciones deliberadas que buscaron desmantelar colectivos políticos”, dijeron.

  Por Alejandra Dandan

“Señores jueces, tenemos pruebas, usamos pruebas, probamos delitos tipificados en la ley vigente al momento de los hechos. Cruzamos información, acreditamos cada una de nuestras afirmaciones”, les dijo la fiscal Mercedes Soiza Reilly a los jueces del Tribunal Oral Federal 5, a cargo de juzgar los crímenes de la ESMA. Con esas palabras pronunciadas mirando a los jueces a los ojos, la fiscalía estableció las garantías del proceso penal de estos juicios en diálogo subterráneo con las voces aisladas que aún discuten su legitimidad. La lectura de hechos caracterizados como actos “descomunalmente malditos”, en palabras del co-fiscal Abel Córdoba, concluyó con la reconstrucción de los crímenes de cada una de las 789 víctimas de este megajuicio. Los alegatos fiscales ingresaron, así, en la última etapa con una proyección del mapa de los crímenes y la descripción de la tipología penal. La próxima semana se hará el esperado pedido de condenas antes de la feria judicial.

Los abogados particulares de los represores de la Armada que están en juicio se saludaron con un efusivo abrazo con ruido en la espalda, después del resultado de las elecciones generales del 25 de octubre. En la audiencia posterior al 22 de noviembre, realizada el lunes 23, el centro de las miradas la ganó el puñado de sobrevivientes y de familiares que se sentaron en la sala dispuestos a sostener simbólicamente la continuidad de estos espacios. Esa mañana corría la noticia sobre el editorial del diario La Nación que volvía a situar a los juicios como escenarios de venganza. Mientras se oían voces de sobrevivientes descorazonados, uno de los querellantes reenviaba uno de los primeros Twitter de repudio al editorial de los trabajadores del diario.

La semana siguió con los alegatos de los secuestros de las víctimas de la última etapa de la Escuela de Mecánica de la Armada, ocurridas entre 1979 y diciembre 1982. Ayer la reconstrucción que se hace en clave de colectivos políticos, familiares y sociales terminó con la descripción del secuestro de René Haidar, el último y simbólico secuestro del Grupo de Tareas de la ESMA. Haidar era uno de los sobrevivientes de la masacre de Trelew e integraba la conducción de Montoneros. Para diciembre de 1982, la ESMA era la ESMA de Oscar Rubén Lanzón. El Grupo de Tareas había pasado a llamarse indistintamente Grupo de Operaciones Especiales de la Armada, y desde fines de 1978, con las organizaciones diezmadas y sus integrantes asesinados o desaparecidos, había empezado a concentrar sus operaciones sobre las fronteras del país y en el exterior.

“El caso de Ricardo René Haidar resulta paradigmático no sólo por tratarse de uno de los últimos llevados adelante por el Grupo de Tareas 3.3 –dijo la fiscalía–, sino también porque Haidar fue un militante histórico del peronismo revolucionario. El operativo incluyó un exhaustivo seguimiento así como la posterior personificación de uno de los miembros del Grupo de Tareas como el de Jorge Manuel Díaz Smith haciéndose pasar por Haidar, que realizó un viaje a Uruguay con esa identidad”.

Las fotos históricas que logró sacar de la ESMA Víctor Basterra documentan el trabajo de inteligencia sobre Haidar en esa ultima época. Las imágenes que lo tomaron de cerca forman parte del Informe Basterra, presentado en la Justicia durante la transición democrática y la Conadep. El GT lo secuestró el 18 de diciembre de 1982 en la Ciudad de Buenos Aires. Tenía 38 años. Le decían El Turco. Hoy permanece desaparecido. Cuando la fiscalía concluyó el alegato del Turco, una de las sobrevivientes respiró con alivio: “Llegamos”, dijo, entre lágrimas.

“Señores jueces están ante la presencia del mapa de secuestros y asesinatos realizados por los aquí imputados”, dijo la fiscal mientras la pantalla de la sala mostraba un mapa de salpicado de manchas. “Sucesos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y que también traspasaron las fronteras de nuestra argentina, nos muestran el poder del GT de la ESMA a partir del golpe de Estado. Testimonios y documentos en este juicio nos muestran que los ilícitos se fueron concatenando de manera temporal. No mostramos casos aislados, sino más bien acciones deliberadas que buscaron desmantelar colectivos políticos que se opusieron al régimen imperante. Secuencias de secuestros analizados en conjunto por lazos familiares o políticos fueron el eje de este trabajo.”

Esta caracterización realizada con la reconstrucción de pertenencias colectivas tuvo varios objetivos simultáneos. En primer lugar fue posible porque la posibilidad de mirar la serie de víctimas en un megajuicio con estas proporciones permitió constar lógicas, y sistematicidades. Diferenciar los modos de operar de la ESMA en sus distintos períodos. Entender que los nombres de las personas desaparecidas que fueron vistas dentro de la ESMA y denunciadas históricamente como desaparecidas, podían contribuir a probar que también habían pasado por ahí quienes formaban parte de sus tramas de relaciones aunque la lógica de la clandestinidad haya impedido que se los viera. Pero además, permitió caracterizar la dimensión del genocidio. En ese sentido, la fiscalía dijo: “Los miembros del GT no encontraron límites. Sin importar la edad de las víctimas, sin importar su grado de vulnerabilidad acometieron contra ellas hasta destruirlas. Jóvenes, niños, monjas, curas, militantes estudiantiles, políticos, sociales, gremiales, madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, todos ellos fueron víctimas de los aquí imputados”, dijeron. “Señores jueces en estos meses, les mostramos las caras de los desaparecidos, sus historias, sus historias de militancias, su compromiso político”. En esta abrumadora reconstrucción, “hemos acreditado que el plan criminal de represión que se organizó desde los altos mandos fue posible gracias al aporte de los aquí imputados quienes fueron parte del engranaje represivo indispensable para que las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos, la violencia sexual y la muerte pudieran dejar un número altísimo de víctimas”.

El juicio continuará esta semana con el encuadre penal. La próxima semana, los fiscales leerán los pedidos de imputaciones para los acusados entre los que están los seis acusados de vuelos de la muerte. Las querellas retomarán los alegatos en febrero.

Desde la Fiscalía piden imputar a 39 represores de ESMA por delitos sexuales

LA SOLICITUD DE LA FISCAL SOIZA REILLY ALCANZA AL "TIGRE" ACOSTA Y A DONDA

La fiscal federal Mercedes Soiza Reilly requirió ayer que se amplíe la acusación por delitos sexuales a casi 40 de los acusados en el megajuicio por delitos en la ESMA.

Gerardo Aranguren

La fiscal federal Mercedes Soiza Reilly requirió ayer que se amplíe la acusación por delitos sexuales a casi 40 de los acusados en el megajuicio por delitos en la ESMA. Tras el pedido, semanas atrás, de la querella de Justicia Ya, Soiza Reilly reclamó ante el Tribunal Oral Federal 5 que se acuse también por violaciones y abusos sexuales a 39 imputados, entre ellos Jorge "Tigre" Acosta, Alfredo Astiz y Adolfo Donda, por los casos de cinco mujeres detenidas en ese centro clandestino de la Armada.
"Durante el transcurso de las audiencias hemos escuchado a personas que permanecieron cautivas dentro de la ESMA mencionar la ocurrencia de delitos de índole sexual", comenzó la fiscal, al destacar que los delitos sexuales cometidos por el terrorismo de Estado "fueron frecuentemente silenciados por la justicia y de difícil abordaje".

Durante el juicio oral, que lleva ya más de dos años y se encuentra en la etapa final, cuatro mujeres han declarado por primera vez sobre la violencia sexual a que fueron sometidas dentro de la ESMA. A esos casos se suma el de Laura Dabas de Correa, quien pudo relatar los hechos ante la Conadep y a su esposo, quien declaró en el juicio oral.

Consideró necesario, para evitar la revictimización de sobrevivientes y sus familias, ampliar la acusación en este tramo de juicio para evitar que esas mujeres deban declarar una y otra vez. "En el entendimiento de que deben primar cuestiones de economía procesal y estos testimonios no pueden ser remitidos a una causa en la que inexorablemente se volvería a revictimizar a estas mujeres, la petición efectuada debe tener acogida favorable", sostuvo la fiscal.

"La prueba producida en el debate permite vincular el primer tramo delictivo secuestro y aplicación de tormentos con la premeditada y organizada forma en que las mujeres fueron sometidas a delitos sexuales", explicó en su pedido.