jueves, 20 de diciembre de 2012

Declaró Antonio Azic, el primer indagado en el juicio ESMA

Conocido en la ESMA como Piraña, Freddy y Claudio, el ex marino que integró el grupo de tareas 3.3./2 fue el primero de 68 acusados en sentarse en el banquillo y asegurar su inocencia en el juicio donde se ventilarán delitos contra 789 víctimas de tormentos, desapariciones forzadas y homicidios.

Niego todas las acusaciones por todos los delitos, sostuvo el ex suboficial de inteligencia, de 71 años acusado, entre otros delitos, de haber torturado con picana eléctrica a Carlos Lordkipanise y su bebé de 20 días, y de haberlo amenazado con reventar la cabeza contra la pared al pequeño si el padre no hablaba.

Azic ya tiene una condena firme a 18 años de prisión en el segundo juicio por la ESMA y fue el apropiador de la ahora diputada nacional Victoria Donda, nacida durante el cautiverio de sus padres desaparecidos en ese centro de detención clandestino.

En 2003, Azic intentó suicidarse al ser detenido pegándose un balazo en el mentón pero falló y tras una larga convalecencia ya fue juzgado y ahora, luego de que la Cámara Federal le denegara el beneficio de la prisión domiciliaria cumple su condena en la Clínica Psiquiátrica San Jorge, de Lanús.

En este juicio declararán por primera vez en público nueve ex aviadores navales acusados de arrojar prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata en los vuelo de la muerte.

También deberá declarar al ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemann, a quien se le imputa presenciar el interrogatorio bajo torturas de un prisionero acusado de ponerle una bomba, ahora desaparecido, y otros ex marinos que, como Alfredo Astiz o Eduardo Acosta, ya fueron condenados a prisión perpetua en octubre del año pasado por otros crímenes de lesa humanidad.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

lunes, 17 de diciembre de 2012

Los represores vuelven a sus casas mientras se realizan los juicios

 La prisión domiciliaria, en debate

Una de las querellas plantea la necesidad de aplicar con más restricciones el beneficio de las detenciones domiciliarias. Otras, en cambio, creen que lo primordial es ajustar los controles para evitar abusos. Evalúan no sólo por delitos de lesa humanidad.

 Por Alejandra Dandan

En una de las primeras audiencias, en medio del silencio del juicio sonó el teléfono celular de Carlos Galián, alias Pedro Bolita, ex jefe de la guardia de la ESMA, encargado del reparto de niños robados. Galián atendió el teléfono en medio de la sala sin ningún tipo de empacho. Ernesto Frimon Weber, alias 220, es uno de los responsables del asesinato de Rodolfo Walsh. Suele dejar la sala de audiencias libremente. La semana pasada, cuando un grupo de fotógrafos lo siguió para hacerle unos retratos, la esposa de Weber sacó a su vez su teléfono celular desde el cual tomó fotos de las fotos mientras con ironía decía de viva voz: “¡Digan whisky!”.

Galián y Weber son parte de los 68 acusados del megajuicio por los crímenes de la Escuela Mecánica de la Armada que se desarrolla en Comodoro Py. Pero en el contexto de este artículo, son parte de los 24 represores con prisión domiciliaria. Si bien el beneficio de la detención domiciliaria no es nuevo, es posible pensar que sus dimensiones tienen otro peso al verlas en el marco del tipo de juicios multitudinarios que se llevan adelante en todo el país. Así como en Tucumán, durante las primeras semanas del juicio, los represores entraron a la sala al grito de “héroes de la patria” acaso envalentonados por el número (43 acusados), o en Córdoba aparecieron tapándose las caras con libros que levantaron a modo de banderas, esta idea de lo “masivo” hace que los represores en “domiciliarias” se crucen con las víctimas en las zonas de juicio en embotellamientos poco felices.

“Estamos saliendo de ahí con ellos y es un peligro para la integridad de todos”, dice por ejemplo Carlos Loza, uno de los ex detenidos, parte de Justicia Ya! “Lo vemos a Pedro Bolita que entregaba los bebés y el tipo está saliendo con un remise. Weber sale junto con su mujer y estos son casos puntuales. Hay algunos que están reviejos, pero creemos que tienen que estar en la cárcel porque hay lugares donde se los puede atender, si no, no es cierto que tengan una forma de castigo.”

Antes del comienzo del juicio, la querella de Justicia Ya! Buenos Aires encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lorkipanidse pidió las revocatorias de las detenciones domiciliarias. “Hay una serie de razones que ponen en tela de juicio estas prisiones”, dice Walsh. “Tuvimos la experiencia del único acusado del primer juicio de ESMA que fue (el prefecto Héctor) Febres, que no llegó vivo a la sentencia y acá tenemos a Pedro Bolita, señalado como la persona que junto a Febres se llevaba a las criaturas nacidas en la ESMA, por lo tanto la información que tiene un acusado como él no se refiere sólo a dónde están los restos de nuestros seres queridos, sino a quiénes les fueron entregados por ejemplo esos bebés nacidos. Nos dicen que (Bolita) se estaría haciendo diálisis tres veces por semana, y entonces es una persona que por razones de salud podría pensarse que debe tener domiciliaria. Pero nosotros decimos que de ninguna manera, porque es una persona que hasta el día de hoy tiene la información sensible con respecto al destino de estos chicos. Entonces es muy grave que no haya medidas de seguridad.”

Justicia Ya! volverá a insistir con este pedido en la audiencia de hoy cuando se hagan los planteos preliminares. Pero podría decirse que la situación en el contexto del juicio es dilemática porque las otras querellas no acompañan, en principio, el planteo así como está expuesto. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, no sólo incluye en su agenda casos de lesa humanidad y entiende que beneficios como la prisión domiciliaria por diálisis no están mal en sí mismos, sino por lo contrario: deberían no ser situaciones de excepción para estos represores sino extenderse al resto de la población carcelaria. En línea con la querella de Kaos, encabezada por Rodolfo Yanzón, entienden que el problema es la falta de control. “El problema es que los acusados no tienen control del Servicio Penitenciario Federal, como venían teniéndolo durante la etapa de instrucción con el juez Sergio Torres”, dice Yanzón. “Un sujeto que se mueve de su casa y que tiene prisión preventiva tiene que ser custodiado por el SPF además de tener los controles continuos que deben hacerse. Esto es una cosa que espero que el TOF5 pueda rever.”

En Salta, durante el juicio por el crimen del ex gobernador Miguel Ragone, el fiscal Horacio Azzolín logró, por ejemplo, que el SPF traslade a los detenidos durante el juicio. Ese camino es el mismo que se usó en La Plata durante el juicio del Circuito Campos, que termina el próximo miércoles. La pregunta ahora es si una medida de este tipo puede ser pensada también para los “megajuicios” cuando existen demandas para el traslado diario, al menos durante el comienzo del juicio para 24 personas.

En el resto del país, fiscales como Carlos Gonella en Córdoba o Pablo Camuña en Tucumán, o Daniel Adler en Tandil pidieron revocatorias de las domiciliarias cuando comenzaron los juicios orales porque consideran que aumenta el riesgo procesal o el peligro de fuga. El Tribunal de Córdoba las rechazó, en cambio el Tribunal de Mar del Plata asentado en Tandil para el juicio del abogado Carlos Moreno lo aceptó y Tucumán detuvo a todos los acusados a modo “suspensivo” mientras dura el juicio.

Casación tiene posturas distintas. Por un lado, la Sala I revocó la detención en prisión de Saint Jean ordenada por el TOF1 de La Plata por falta de fundamentos. Una semana más tarde, Saint Jean murió en su casa. La Sala IV, en cambio, viene pronunciándose en los últimos fallos en la línea opuesta, siempre ante casos puntuales con una línea argumental que abrió un fallo de la Corte conocido como “Alberto Gabriel Vigo”, de 2010, en el que señala la excepcionalidad de estos juicios y alude a que existen estructuras de poder detrás de los imputados que aún generan riesgo procesal. “Este tipo de causas no debe estarse a la edad o aptitud física del imputado, sino a la capacidad del hombre de influir sobre estructuras de poder que integró y que conformó una red continental de represión”, indicó, por ejemplo, en alusión a ese fallo, la Sala IV de Casación el 2 de noviembre de 2012 para el caso de Bernardo José Menéndez, imputado en Jefes de Area.

Otro caso sobre el que se expresaron fue un condenado de Mansión Seré, Hipólito Mariani, con prisión domiciliaria en un barrio cerrado autorizado por el TOF5. El 5 de diciembre, los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos revocaron la decisión del TOF de desestimar a su vez la revocatoria que pidió la fiscalía y agregaron que una persona no puede ser debidamente controlada en un barrio cerrado: “Según surge del incidente y específicamente de diversas presentaciones del Ministerio Público Fiscal, el lugar de ejecución del beneficio podría estar afectando la posibilidad de controlar de manera directa e inmediata el cumplimiento de las condiciones de su otorgamiento”.

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Se reanudó el juicio con acusaciones por secuestro de niños y trabajo esclavo

El juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA se reanudó con la lectura de acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese centro ilegal de detención.

La tercera audiencia del segundo megajuicio por lo ocurrido en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar repasó, entre otros, los casos del legislador Juan Cabandié, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Su caso fue repasado junto a los de otros recién nacidos que fueron víctima de "condiciones inhumanas de vida, paupérrimas condiciones de alimentación" y que terminaron separados de sus madres y en gran parte de los casos apropiados.

Eso ocurrió con Cabandié, según la acusación leída ante el Tribunal Oral Federal 5, cuya madre Alicia fue secuestrada en 1977 embarazada de 5 meses y trasladada a la ESMA para dar a luz en el Casino de Oficiales.
El recién nacido estuvo 20 días con su madre en la ESMA hasta que el fallecido represor Héctor Febres le hizo escribir una carta a sus familiares, que dejó junto al niño antes de que el pequeño fuera sacado por otro represor, Pedro Bolita.

Cabandié fue apropiado y recuperó su identidad en 2004.

 Tanto en este como en otros casos repasados hoy, la Justicia acusa a Febres de ser quien custodiaba a las embarazadas secuestradas y a los niños nacidos en cautiverio.

Si bien el robo de bebés en la ESMA ya fue juzgado en otro proceso, el megajuicio actual también incluirá cargos por la maternidad clandestina que funcionó allí, lo ocurrido con los niños y el destino de sus madres desaparecidas.
Los bebés "eran mantenidos en cautiverio junto a sus madres" en condiciones "paupérrimas de alimentación, higiene en el lugar, agravadas por su situación de recién nacidos", se repitió una y otra vez en la lectura de cada caso.

Y también se repasaron los secuestros de padres con hijos menores que eran llevados con ellos al centro clandestino como en el caso de Carlos Lordkipanidse, torturado frente a su bebé de 20 días mientras lo amenazaban con "reventarle" la cabeza contra una pared.

Otro tramo de lectura de la acusación incluyó a secuestrados que fueron obligados a cumplir tareas como mano de obra esclava por sus captores, como ocurrió a la periodista Miriam Lewin, secuestrada el 17 de mayo de 1977 y obligada hasta el 26 de marzo de 1978 a "realizar trabajos a favor de los captores" en la llamada "huevera" de la ESMA y luego, bajo libertad vigilada a seguir desempeñándose para ellos.

También se enumeraron los casos en que secuestrados eran obligados a salir con sus captores, como ocurrió a una víctima con los detenidos Alfredo Astiz, Febres o Jorge "Tigre" Acosta, a quienes incluso tuvo que acompañar a locales bailables y viajar con ellos a México para "buscar" a Jaime Dri.

Uno de los casos que se juzga en este proceso es el del abogado Guillermo Díaz Lestrem, un defensor de detenidos políticos secuestrado el 20 de octubre de 1978 por el grupo operativo 3.3.2 de la ESMA, torturado y cuyo cadáver se encontró en Palermo, frente a una guarnición del Ejército.

También se leyó la acusación por el secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg, quien era agregada cultural de la embajada argentina en París y "sabía de la existencia del llamado Centro Piloto" creado en la clandestinidad para "modificar la imagen argentina en Europa, infiltrarse en organizaciones de exiliados y detectar" a quienes mantenían contactos desde Argentina.

Holmberg fue trasladada a la Cancillería en Buenos Aires por sus continuos enfrenamientos con quien estaba a cargo del centro piloto y poco después de llegar al país fue secuestrada, llevada a la ESMA, asesinada y su cadáver apareció en el Delta.
 Entre los juzgados están los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Carlos Rádice y Adolfo Miguel Donda, además del civil y ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, este último por presenciar una sesión de torturas cuando era funcionario público.

También se juzga a los procesados por pilotear e integrar tripulaciones de los llamados "vuelos de la muerte" desde donde se arrojaban secuestrados drogados al Rio de la Plata.

lunes, 3 de diciembre de 2012

El Delta, "el lugar perfecto"

"Arrojaban tanques con cuerpos adentro"
 Por Diego Martínez

Un pibe de Villa Paranacito, en Islas de Ibicuy, Entre Ríos, se sienta en el muelle familiar sobre el río Paraná para sintonizar una FM con su Tonomac súper platino. El ruido del agua que golpea contra la costa se interrumpe con el sonido grave de las aspas de un helicóptero, que se posa a diez metros de altura, cerca de la desembocadura del desaguadero del Sauce. De repente, golpes: algo cae al río. Más tarde, en un recodo, en una rama, aparecen cuerpos atados de pies y manos. Luego Prefectura Zona Delta, la misma que alojó al prefecto Héctor Febres hasta que el cianuro lo silenció para siempre, se encarga de desaparecerlos. “‘Estaba en política’ (mala palabra), decían cuando preguntábamos. Esto por lo frecuente, aunque sea una aberración injustificable, era considerado normal.” La historia transcurrió durante la dictadura. El relato y la cita se publicaron en 2007 en la revista La Isla del Delta, que se edita en Campana. El protagonista, testigo de la imagen que Charly García propuso recrear para homenajear a las víctimas de los vuelos, amplió su testimonio ante el periodista entrerriano Fabián Magnotta, que lo acaba de publicar en el libro El lugar perfecto. Vuelos de la muerte y desaparecidos en el delta entrerriano (1976-1980), de Ediciones Cinco.

Magnotta inició su investigación en 2003, cuando un policía que en los ’80 había prestado servicios en Villa Paranacito se presentó ante el juez de instrucción de Gualeguaychú para relatar una historia que le había contado una ex novia. Cuando era niña, recordó, fue testigo del entierro de un hombre joven que había sido arrojado desde el aire adentro de un tambor de 200 litros. “Me contó que ese día todos entendieron qué era lo que había en esos tanques que se veían caer desde helicópteros”, declaró. El juez Eduardo García Jurado ubicó a la mujer, que no se presentó ante la citación. Cuando un móvil policial la trasladó al juzgado, negó el relato. Durante el careo con su ex novio, temblando, volvió a negarlo. “Tienen que entender la idiosincrasia del isleño”, explica ante Página/12 Carlos Ferreyra, el pibe de la Tonomac que tardó tres décadas en contar sus recuerdos. “El isleño se mimetiza con el paisaje, es un observador silencioso, no habla”, dice. “Los habitantes del delta tienen miedo hasta hoy”, agrega.

Magnotta recorrió el delta durante años, volvió una y otra vez para ganarse la confianza de los lugareños y recoger testimonios de primera mano. La hipótesis que desarrolla en su libro es que el delta entrerriano, miles de héctareas de ríos pero también montes, esteros y bañados a los que sólo se accede de a pie, fue el lugar elegido por las Fuerzas Armadas para concluir el ciclo secuestro/interrogatorio/ejecución/desaparición. A partir de los testimonios de lancheros, jornaleros y pescadores, armó un mapa de los lugares donde se encontraron cuerpos o se los vio caer al vacío. Hay menos de cien kilómetros de Buenos Aires, apenas 15 o 20 minutos de avión, apuntó, y destacó la reiterada respuesta de Prefectura cada vez que algún vecino decidió anoticiarla: “usted no vio nada”.

Secretos y confesiones

Pilotos y mecánicos reconocieron su participación

Algunos fanfarronearon y provocaron el horror de sus oyentes. Otros hicieron alarde ante medios de comunicación. Ante la Justicia trataron de negarlo.

 Por Diego Martínez

Tres confesiones en ámbitos privados, relatadas bajo juramento por testigos directos, llevaron a otros tantos marinos al banquillo de los acusados por su participación en vuelos de la muerte. Emir Sisul Hess y Rubén Ricardo Ormello hablaron ante compañeros de trabajo cuando todavía regían las leyes de impunidad. A Julio Alberto Poch le jugó una mala pasada la canilla libre en un restaurante de la Isla de Bali, en Indonesia, y una conversación sobre el papá de la princesa Máxima, Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura de la dictadura. Tanto el juez federal Sergio Torres como la Cámara Federal porteña privilegiaron el valor de las confesiones frente a la deliberada destrucción de pruebas por parte la Armada. La última palabra la tendrá el Tribunal Oral Federal N° 5.

Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada y prestaba servicios en el área militar de la base de Ezeiza. Su confesión la relataron ante Página/12 y luego ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaban listos salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello”, según reconstruyó un operario.

Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora, Bahía Blanca, denunciada desde 1984 por el cabo Raúl Vilariño como una cobertura de represores de la ESMA. Aviador naval y paracaidista, Hess se retiró en 1991 y pasó a gerenciar un complejo turístico en Villa La Angostura, donde ocurrieron sus confesiones. “Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró uno de sus empleados. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó. Cuando el juez Juan José Galeano comenzó a investigar se topó con un segundo testigo. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –dijo que le preguntó.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al Río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

Los testigos de la confesión de Poch, desmenuzada en los procesamientos, son pilotos de la aerolínea holandesa Transavia.

–¡Qué espantoso que hayas tenido que hacer eso! –reaccionó Tim Weert cuando Poch relató los vuelos en primera persona, en 2003.

–Ustedes no saben nada. Tienen que comprender que era una guerra, donde muere gente de ambos bandos –dijo el marino.

–Por Dios, ¿cómo pudiste colaborar en eso? –insistió Weert.

–Eran terroristas de izquierda. No merecían nada mejor.

–¿Por qué no devolvieron los cuerpos a sus seres queridos, a esas Madres de las pancartas?

–Deberían haber sabido que sus hijos eran terroristas. Deberíamos haberlos matado a todos –afirmó Poch.

–Es un modo inhumano de matar gente.

–Estaban drogados –justificó.

Cuando Edwin Brouwer preguntó cómo lo había hecho “Julio estrechó su mano derecha horizontalmente hacia adelante e hizo un movimiento rotatorio”, recordó. “El costado derecho de su mano se inclinó un poco hacia abajo. Aún se lo veo hacer”, contó a la Justicia. “Julio fue muy auténtico y hasta hoy creo su historia”, dijo Weert. “Hay personas que saben más y no se atreven a comparecer”, agregó.

Cuando la Cámara Federal marcó la necesidad de reforzar la prueba, el juez Torres cursó cuestionarios para una docena de testigos en Holanda. De los ocho preparados por Gerardo Ibáñez, abogado de Poch, siete no habían estado en el restaurante donde ocurrió la confesión y el octavo no presenció el diálogo. De los mails de Frederik van Heukelom surgió que había recibido indicaciones sobre qué declarar y consejos para borrar los correos con la estrategia de salvataje. Lo peor para Poch no fue que Weert y Brouwer ratificaran sus relatos sino la aparición de un tercer testigo, que estaba volando y no había podido declarar cuando Torres tomó declaraciones en 2009. Chris Duijker confirmó la confesión y contó que el hijo de Poch, también piloto de Transavia, le pidió que dijera que su padre no había hablado en primera persona del singular sino como “nosotros”, por los marinos. Duijker se negó y declaró la verdad.

Los testimonios de los vuelos de la muerte en la ESMA y también en Tucumán, El Palomar y Campo de Mayo

Los vuelos de la ESMA y los que falta investigar

En la megacausa de la ESMA que comenzó la semana pasada, se juzgará por primera vez a pilotos que participaron en vuelos para exterminar secuestrados. Si bien hay testimonios de otros casos, no hay imputados.

 Por Diego Martínez

Los vuelos de la muerte, denunciados por Rodolfo Walsh en el primer aniversario del golpe de Estado, llegaron a juicio 35 años después. El modo en que se instruyeron verdaderas megacausas derivó en que los primeros imputados por su actuación específica en la fase final del proceso de exterminio y desaparición de la dictadura no sean quienes impartieron órdenes a aviadores y tripulantes, cuya responsabilidad es más simple de probar, sino marinos y prefectos acusados como ejecutores directos: tres por confesiones en privado, tres por documentos que sobrevivieron a la destrucción planificada de pruebas. Mientras el Tribunal Oral Federal Nº 5 que juzga a represores de la ESMA se dispone a escuchar a testigos de relatos macabros en primera persona y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa identificando víctimas que el mar devolvió a las costas, sigue pendiente la imputación de quienes integraban estructuras superiores y cadenas de mando por encima de los autores materiales.

El método de arrojar personas desde aviones y helicópteros lo aplicaron las tres fuerzas armadas y varias fuerzas de seguridad, incluso antes del golpe de Estado. El suboficial Luis Martínez declaró en 1981 que grupos de tareas de Seguridad Federal interrogaban a los secuestrados en el tercer piso de Azopardo 680 y luego recurrían a vuelos nocturnos que despegaban desde un sector de aeroparque custodiado por la Fuerza Aérea. “Estos hechos se remontan a 1975-1976 porque luego comenzó a funcionar Club Atlético”, precisó. Tomás Francisco Toconas, militante del PRT secuestrado el 26 de junio de 1975 en Monteros, Tucumán, fue asesinado y arrojado desde un helicóptero, y terminó enterrado como NN en el cementerio de Pozo Hondo, Santiago del Estero. El coronel Albino Zimmermann, jefe de policía de Antonio Bussi, llegó a jactarse en reuniones familiares de haber tirado a guerrilleros desde helicópteros a los montes tucumanos.

Poco después del golpe de Estado comenzaron aparecer cuerpos en las playas. A fines de abril de 1976, el océano devolvió seis cadáveres en un balneario de Rocha, Uruguay. El séptimo apareció el 1º de mayo, 150 kilómetros al norte, y fue identificado hace apenas dos meses: es Luis Guillermo Vega Ceballos, chileno, militante del PRT, secuestrado en La Boca el 9 de abril. Con ese dato se rastrearon las huellas dactilares de militantes caídos junto con Vega Ceballos, un perito de Prefectura viajó a Rocha y del cotejo con las huellas tomadas al primer grupo se identificó a Nelson Valentín Cabello Pérez, también chileno. No se conocen testigos de sus cautiverios y se ignora dónde estuvieron.

A mediados de mayo de 1976, siempre en Uruguay, aparecieron los cuerpos atados y torturados de María Rosa Mora y Floreal Avellaneda, secuestrados un mes antes en Vicente López. Las huellas dactilares de Mora y el tatuaje con las iniciales de Floreal permitieron identificarlos. El joven de 15 años fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. Días después aparecieron tres cuerpos en Colonia. Uno fue identificado este año: se trata de Roque Orlando Montenegro, que había sido secuestrado en febrero junto a su mujer, quien continúa desaparecida, y a su hija. Aquella niña, Victoria Montenegro, fue robada y criada con una identidad falsa por el coronel Herman Tetzlaff, oficial de Inteligencia destinado en Campo de Mayo.

Ex jerarcas del que fuera el mayor centro clandestino del país fueron condenados por el caso Avellaneda, entre otros. Los ex miembros del Batallón de Aviación 601, de Campo de Mayo, en cambio, siguen impunes. La investigación judicial se activó el año pasado con la llegada de la jueza federal Alicia Vence, que les tomó declaración a casi 400 conscriptos. Varios recordaron haber visto hombres y mujeres con vendas y capuchas a quienes descargaban de camiones y subían a helicópteros y aviones con destino desconocido. Del resto de los cuerpos aparecidos en costas uruguayas en 1976, el único identificado fue Horacio Adolfo Abeledo, estudiante de Antropología y militante del PRT. Abeledo fue secuestrado el 21 de julio y su cadáver, junto a otros tres, apareció en Colonia en septiembre. Su identidad se conoció el año pasado y se ignora dónde estuvo en cautiverio.

En marzo de 1977, antes de caer acribillado, Walsh denunció en su Carta Abierta a la Junta Militar que “entre 1500 y 3000 personas han sido masacradas en secreto”, sugirió que los cuerpos aparecidos en Uruguay eran parte “del cargamento de torturados hasta la muerte en la ESMA” y apuntó que se arrojaban “prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea” de El Palomar. Los testimonios de 33 conscriptos le permitieron al fiscal Federico Delgado confirmar el dato: hubo vuelos de la muerte que partieron de El Palomar y se hicieron desde aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. El juez Daniel Rafecas hizo suyas las conclusiones de la investigación, que incluyó más de 600 testimonios de colimbas y empleados civiles, pero ni el jefe de la base está imputado por ese delito. El motivo: no hay víctimas identificadas.

En junio y julio de 1977 se produjeron los dos vuelos que confesó el ex capitán Adolfo Scilingo, el único represor que admitió públicamente su participación. El primero fue en un avión Skyvan de Prefectura, el segundo en un Electra de la Armada, y ambos partieron desde Aeroparque. Por esas treinta ejecuciones, el marino fue condenado en España, donde purga una pena de 1084 años de prisión. El civil Gonzalo Torres de Tolosa y el capitán Carlos Daviou, mencionados por Scilingo como partícipes de los vuelos, integran la lista de 68 acusados del megajuicio que comenzó la semana pasada. A 18 años de la confesión, ningún miembro de la estructura de conducción de la aviación naval o de Prefectura, partícipes de la asociación ilícita que además trasladó por todo el país a personas privadas ilegalmente de su libertad, fue indagado por su aporte de aviones y hombres al terrorismo de Estado.

A fines de 1977 aparecieron en costas de San Bernardo y Santa Teresita los cuerpos de varios familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz, el 12 de diciembre. El EAAF identificó a la monja francesa Léonie Duquet, a Angela Aguad y a tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Una investigación de la Procuración General de la Nación, a partir de las planillas de vuelos que Prefectura le entregó al fiscal Miguel Angel Osorio, permitió el año pasado dar por primera vez con el registro de un vuelo de la muerte: el Skyvan PA-51 despegó de Aeroparque el 14 de diciembre de 1977 a las 21.30, dos horas después de que las monjas francesas fueran obligadas a fotografiarse con una foto de Montoneros detrás para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada. El avión voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, y volvió al punto de partida. De las 2758 planillas aportadas por Prefectura, es la única que tiene por objetivo la “navegación nocturna”. Tres de los cuatro tripulantes rinden cuentas ante el TOF Nº 5: son los pilotos Enrique De Saint George, Mario Arru y Alejandro D’Agostino. El cuarto era el mecánico David Fernández, ya fallecido. Los superiores de los acusados, incluido el prefecto Hilario Fariña, ex jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, entrevistado por Página/12 el año pasado, todavía no fueron citados a indagatoria.

El 18 de febrero de 1978 apareció en Las Toninas el cuerpo de Roberto Arancibia, ex miembro del comité central del PRT y fundador del ERP. Había sido secuestrado en mayo de 1977 y fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. En diciembre de 1978, el mar arrojó en playas bonaerenses los cadáveres de los últimos cautivos del Olimpo, de los cuales nueve fueron identificados. La semana pasada, el juez Rafecas procesó como partícipes necesarios de los homicidios a los represores que los tuvieron en su poder hasta el momento del “traslado”. La principal pista sobre los ejecutores directos la aportó en 1995 el ex gendarme Federico Talavera, ex guardia del Olimpo, quien admitió que cada veinte días y hasta que se cerró ese centro clandestino, transportaba a secuestrados adormecidos en un camión Mercedes-Benz rumbo a la base de El Palomar, donde los cargaban en un Hércules de la Fuerza Aérea. Dispuesto a hablar en televisión en los viejos tiempos de impunidad menemista, ahora el paradero de Talavera es para la Justicia un misterio.