jueves, 15 de octubre de 2015

Angela Urongo Raboy sobre los juicios y la reconstrucción de las historias personales

“La verdad sale a la luz”

Como sus sobrinos, Angela Urondo Raboy pasó por un hogar de menores durante la última dictadura, en su caso en Mendoza. “De a poco nos vamos dando cuenta del dominio que tenían las fuerzas represivas sobre los espacios de menores”, señala.

 Por Alejandra Dandan

El 17 de junio de 1976, Angela viajaba con sus padres Francisco “Paco” Urondo y Alicia Raboy, y con René Ahualli en el auto que fue interceptado y atacado a balazos en Mendoza. A Urondo lo asesinaron a golpes. Alicia fue secuestrada y trasladada a la D-2, está desaparecida. René escapó. Angela pasó por la D-2 y fue encontrada veinte días después por su familia en la Casa Cuna. En ese momento, ella tenía once meses, poco menos que sus sobrinos secuestrados en diciembre de ese año por una patota de la ESMA en Buenos Aires y trasladados a un instituto de menores en Moreno (ver nota central). “De a poco nos vamos dando cuenta de esto: del dominio que tenían las fuerzas represivas sobre los espacios de menores. Los hogares de menores eran parte del Estado. El Estado era un Estado genocida. Y ahí había partícipes también de la Justicia.”

En Comodoro Py acaba de terminar el alegato con la reconstrucción del asesinato de su hermana mayor, Claudia Josefina Urondo de Koncurat; de su cuñado El Jote Mario Koncurat, y el traslado de sus sobrinos durante 40 días al hogar de menores.

–¿Qué significó escuchar el alegato?

–Me llevo la síntesis de todos los granitos de arena que fuimos aportando a lo largo del juicio. Cuando sufrimos la desaparición de mi hermana y de mi cuñado, teníamos las sospechas de que habían llegado muertos a la ESMA por algunos dichos, pero además tuvimos que buscar a mis sobrinos que quedaron en un hogar de menores con un nombre falso. Hasta ahora teníamos la hipótesis de que podría haber un nexo entre el Hogar Riglos y la ESMA. Esto se fue confirmado a través del testimonio de Torres de Tolosa. Por el Riglos pasaron un montonazo de chicos y creo que esto abre la puerta para que se empiece a investigar un poco mas fuerte la responsabilidad del genocidio sobre estos chicos que estaban judicializados.

–¿Cómo fue eso?

–No puedo dejar de hacer un paralelo con mi propio caso en Mendoza ya que a mí me pasó algo prácticamente igual. Yo también estuve en un hogar de menores después de haber estado en un centro clandestino. Después del operativo por el cual matan a mi papá y desaparecen a mi mamá. Hace 15 años tuve oportunidad de estar en ese hogar y encontré que no figuraba en el libro de entradas, pero que el libro de entradas estaba adulterado. Le habían arrancado las tres primeras páginas, las habían reconstruido y habían simulado algunos poquitos ingresos durante los años de la dictadura. Y yo no figuraba. La primera respuesta que me dieron es que yo no había estado ahí. Insistí porque tenía recuerdos de ese lugar y apareció un legajo que confirmaba que yo había estado ahí y entonces se dieron cuenta de que había un montón de información que no estaba bien socializada. Que había muchos chicos que iban a preguntar por su historia. De a poco nos vamos dando cuenta de esto: el dominio que tenían las fuerzas represivas sobre los espacios de menores. Yo sé que mientras estuve en el hogar hubo custodia armada. Sabían perfectamente quién era yo, sin embargo eligieron ponerme un nombre ficticio: Marisol, llamarme NN y no devolverme inmediatamente a mi familia sino esperar a que la familia me encuentre de casualidad. Encuentro una relación estrecha entre estas modalidades: los hogares de menores eran parte del Estado. El Estado era un Estado genocida. Y ahí había partícipes también de la justicia. No digo que todos. Porque está claro que (Gonzalo) Torres de Tolosa lo era, pero tengo mis dudas sobre el juez que fue quien publicó el pedido de paradero de los familiares de estos nenes.

–¿Qué cambia saber esto?

–Mis sobrinos figuraban como niños abandonados hasta hace muy poco. Hasta que en este juicio empezamos a atar los cabos. Pienso que hay muchos que pasaron por hogares y están bajo esta misma forma y no es real. Yo misma figuraba como abandonada por mis progenitores en mi causa de adopción.

–¿Creés entonces que continúa habiendo correlato entre la verdad y la justicia?

–Estos juicios sacan la verdad a la luz, ¡por supuesto! A mí me pasó personalmente, los testimonios de mi familia los escuché antes. Los charlamos siempre, sin embargo en el momento de declarar siempre aparecen cosas nuevas. Una fibra mas finita del entramado. Cada vez que escucho testimoniar a alguien sobre nuestros familiares descubro cosas que no había encontrado antes. Cada cual aporta su granito de arena y quizá cuando uno ve separados los fragmentos no encuentra el valor que en realidad tienen en su marco de contexto. Está claro que uno no tiene conciencia del valor que tienen las cosas hasta que encuentra ese correlato en el relato de otro. Está claro que acá no hay ninguna forma de espectacularización: estamos construyendo las historias acá, en este momento, in situ. Y la verdad va saliendo a la luz, por eso es tan importante la Justicia: porque mas allá de que nosotros pudimos ir reconstruyendo parte del entramado a nivel social, el marco del Estado es importantísimo, el marco de la Justicia le está dando esta formalidad a los hechos y nos ayuda a entender.

–En el caso de tu hermana, hay documentos que muestran la persecución sobre ella y sobre su esposo desde 1971. Digo, hay un Estado aportando datos sobre ese pasado.

–El Estado enjuiciando al Estado es todo un paradigma, con sus contradicciones, pero es un paradigma de esta época, un significante positivo de la democracia. La democracia no es democracia hasta que no ocurren estas cuestiones. Mientras el Estado permitió el período de impunidad tan largo que tuvimos que vivir después del genocidio... siempre los pienso como crímenes aparte. El genocidio fue un crimen de la dictadura, pero la impunidad un crimen de la democracia. El genocidio es un crimen irreparable pero la impunidad evidentemente no. Desde lo simbólico, claro. Se nos murieron un montón de genocidas y de querellantes. Pero desde lo simbólico estamos insistiendo en la historia del genocidio de este país y me parece que eso le hace bien a la democracia, le hace bien al mundo, porque estamos a la vanguardia del juzgamiento ya que no existe país que haya juzgado tan profundamente sus crímenes de Estado. Los años de impunidad estuvimos con las tragedias personales entre las manos, haciéndole el reclamo a la sociedad y al Estado de que esto era una tragedia colectiva y me parece que con los juicios esto vuelve a circular, vuelve a hacer parte de todos.

La historia de Nicolás y Sebastián Koncurat, enviados a un Instituto de Menores, después del asesinato de sus padres

En el instituto, a disposición de la ESMA

En el juicio oral por los crímenes de la ESMA, el acusado Gonzalo Torres de Tolosa, que entonces trabajaba en un juzgado, confesó que pidió “autorización” a la plana mayor del grupo de tareas para devolver a los niños a su familia.

 Por Alejandra Dandan

Entrado en etapa de alegatos, el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada está reconstruyendo los últimos secuestros del año 1976. Entre ellos, los asesinatos de Mario “El Jote” Koncurat y de su esposa Claudia Josefina Urondo de Koncurat, hija del poeta Francisco “Paco” Urondo para entonces ya asesinado en Mendoza. Los crímenes de Mario y Josefina entraron en el juicio ESMA con algunas hipótesis pero la suma de testimonios, la revisión de documentos del archivo y la inesperada declaración de uno de los imputados revelaron algunos datos e hicieron que la verdad saliera a la luz allí, in situ.

Mario y Josefina no fueron trasladados con heridas a la ESMA, sino tal como sospechaba la familia, los asesinaron en el operativo del 3 de diciembre de 1976. Pero el dato más inesperado fue sobre sus hijos: Nicolás y Sebastián, de 2 y 3 años, habían sido llevados al Instituto de Menores Mercedes de Lasala y Riglos de Moreno. Estuvieron allí cuarenta días todavía oscuros. Hasta ahora sólo existía la hipótesis de que habían sido víctimas del Grupo de Tareas de la ESMA, pero faltaba saber cómo había pasado: el juicio lo reveló.
Pieza a pieza

Sebastián y Nicolás declararon en el debate. Nicolás llegó a la audiencia con unos papeles del Riglos, parte de su legajo, recuperado en los archivos del Ministerio de Desarrollo Social. Sebastián contó su reconstrucción de lo que había pasado con ellos dos ese viernes 3 de diciembre de 1976, a la tarde, cuando el grupo de la ESMA ya había interceptado a sus padres y, como dice el alegato, “comenzó a disparar contra ellos infringiéndoles heridas que les ocasionaron la muerte”. Sus cuerpos fueron trasladaron sin vida a la ESMA. Ese viernes era el tercer día que los niños iban a una nueva escuela, el Jardín de Infantes de la calle Pasaje El Maestro 155 de Caballito. Llevaban otro apellido, por razones de seguridad. “De acuerdo al relato que reconstruí con mis tíos y abuelos –dijo Sebastián– ese viernes, era el tercer día que nos llevaban a ese jardín. Nuestros padres nos dejaron ahí y nunca nos volvieron a buscar. El lunes, la directora nos volvió a llevar al jardín y mis padres no aparecieron, entonces nos llevó a la policía. Un juez de menores nos destinó al hogar Riglos de Moreno. Estuvimos 40 días y tengo un recuerdo emocional de mucho maltrato. Mi abuela después me preguntaba por qué me cubría cada vez que me retaba. Después entendí que había sufrido violencia física o emocional en ese lugar.”

Con estos datos, ingresó el “caso” a juicio. “El caso de los menores Koncurat ingresa en este juicio con la posibilidad de que los niños hayan sido trasladados al campo de exterminio junto con sus padres”, dice la fiscal Mercedes Soiza Reilly que con Guillermo Friele llevan adelante la acusación. “Sabíamos que los niños habían sido parte del horror y víctimas del Grupo de Tareas pero el tema era saber qué había ocurrido concretamente con ellos. Cuando Nicolás acercó las fotocopias del expediente en la audiencia, los documentos que pudo recuperar del Ministerio de Bienestar Social sobre los días que junto a su hermano habían estado alojados en el Instituto de Menores Riglos, nosotros solicitamos la incorporación de esos papeles al debate y la remisión de los expedientes. Con los papeles en la mano, advertimos que podía caber la posibilidad de que para la Navidad de diciembre de 1976 uno de los menores haya sido retirado del Hogar por una persona porque del expediente surgía una constancia según la cual un hombre se había llevado a uno de los niños. Ese fue nuestro primer norte: podía haber ocurrido que los menores hayan sido llevados a la ESMA ante sus padres con el objeto de conseguir información y atormentarlos dentro del centro clandestino, ante su presencia. Hasta ese momento, eso podía ser posible porque hasta donde sabíamos por los dichos de uno de los sobrevivientes, el padre de los chicos había llegado herido pero vivo a la ESMA”. Esto empezó a cambiar con el correr de las audiencias.

Los hermanos Koncurat estaban anotados en el jardín con el apellido Campolongo. Durante el fin de semana, dos docentes se los llevaron a sus casas. El lunes 6, como dijo Sebastián, la directora los llevó a la comisaría 10a. Los chicos quedaron a disposición del Juzgado Correccional de Menores de Jorge Muller que decidió trasladarlos al Riglos. El 18 de diciembre, el juzgado dejó la causa: se declaró incompetente por entender que podía haber un delito de abandono de familia. El trámite pasó, así, al juzgado criminal de instrucción 9 a cargo de Oscar Hermelo. El secretario tutelar de ese juzgado era Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, abogado, uno de los dos civiles imputados en la megacausa, denunciado por Adolfo Scilingo como parte de los tripulantes de los vuelos de la muerte y a quien identificó como el “Teniente Vaca”.

En junio, Torres de Tolosa pidió ampliar su declaración. Es uno de los pocos imputados que suele estar sentado en las audiencias. Lleva gorro de lana negro en la cabeza, aun dentro de la sala. Está con prisión domiciliaria. Tiene abogado defensor oficial. Ese día se peleó con su abogado porque, dijo, no lo dejaba declarar. En la intervención, pidió a los jueces que lo manden preso. Lloró. Hizo un poco de show. Pero los fiscales anotaron algunos datos. Uno, sobre Mario y Josefina: dijo que los había matado el GT. Dos, el más importante, sobre sus hijos: explicó que por sus funciones tuvo contacto con el abuelo de los niños que iba recorriendo distintos juzgados buscando información. Al notar, según sus dichos, que los niños Campolongo eran en realidad Koncurat Urondo fue a la ESMA a “consultar” al Tigre Jorge Acosta sobre el caso. Acosta lo mandó a ver a Francies William “Pablo” Whamond que “estaba en pleno conocimiento de la situación” y que confirmó que los niños eran ellos. En ese contexto, pidió autorización a Acosta para devolverlos a la familia. Habló con el juez y los niños fueron devueltos a la familia.

Los fiscales lo escucharon. Tomaron nota. Dicen que Torres de Tolosa parece obsesionado con los Koncurat. Que es de lo único que habla. “¿Que pasó cuando declaró Torres de Tolosa?”, dice Soiza Reilly. “Nos contó la historia y todo cerraba. Confirmó la muerte de los padres de los niños en manos del GT. Confirmó que los menores estaban a disposición de su secretaria tutelar. Y, confirmó, especialmente, que fue a la ESMA, habló con Acosta, que lo mandó a hablar con Whamond y no solo dio detalles del operativo sino que confirmó que los menores –que hasta ese entonces se llamaban Campolongo– eran los chicos Koncurat. Nosotros sostenemos que Torres de Tolosa fue a buscar aprobación del GT para entregar a los niños, que se hallaban sustraídos, retenidos y ocultados a disposición de la Armada, usando como lugar de cautiverio la propio la institución del Riglos. A tal punto, que después de esa charla los menores fueron restituidos a su familia biológica.”

Durante el alegato, la fiscalía señaló, de hecho, que Torres de Tolosa fue a “solicitar autorización” a la ESMA “para entregar a los menores a sus abuelos maternos que los estaban buscando”.

Y cuando obtuvo ese acuerdo, el juzgado “autorizó la entrega, el 10 de enero de 1977, y que luego de permanecer 40 días bajo el control militar de los miembros del GT 3.3 de la Armada, Sebastián y Nicolás fueron restituidos a sus abuelos paternos”. La fiscalía acusó a 17 represores por los cargos de sustracción, retención y ocultamiento de los dos menores de 10 años. Entre los imputados nombró a Torres de Tolosa pero también a los represores más simbólicos de la ESMA como Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Miguel Fotea, Antonio Pernías y Jorge Radice. Todos fueron también acusados por los asesinatos de sus padres: “por el homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”.