jueves, 20 de diciembre de 2012

Declaró Antonio Azic, el primer indagado en el juicio ESMA

Conocido en la ESMA como Piraña, Freddy y Claudio, el ex marino que integró el grupo de tareas 3.3./2 fue el primero de 68 acusados en sentarse en el banquillo y asegurar su inocencia en el juicio donde se ventilarán delitos contra 789 víctimas de tormentos, desapariciones forzadas y homicidios.

Niego todas las acusaciones por todos los delitos, sostuvo el ex suboficial de inteligencia, de 71 años acusado, entre otros delitos, de haber torturado con picana eléctrica a Carlos Lordkipanise y su bebé de 20 días, y de haberlo amenazado con reventar la cabeza contra la pared al pequeño si el padre no hablaba.

Azic ya tiene una condena firme a 18 años de prisión en el segundo juicio por la ESMA y fue el apropiador de la ahora diputada nacional Victoria Donda, nacida durante el cautiverio de sus padres desaparecidos en ese centro de detención clandestino.

En 2003, Azic intentó suicidarse al ser detenido pegándose un balazo en el mentón pero falló y tras una larga convalecencia ya fue juzgado y ahora, luego de que la Cámara Federal le denegara el beneficio de la prisión domiciliaria cumple su condena en la Clínica Psiquiátrica San Jorge, de Lanús.

En este juicio declararán por primera vez en público nueve ex aviadores navales acusados de arrojar prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata en los vuelo de la muerte.

También deberá declarar al ex secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemann, a quien se le imputa presenciar el interrogatorio bajo torturas de un prisionero acusado de ponerle una bomba, ahora desaparecido, y otros ex marinos que, como Alfredo Astiz o Eduardo Acosta, ya fueron condenados a prisión perpetua en octubre del año pasado por otros crímenes de lesa humanidad.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

lunes, 17 de diciembre de 2012

Los represores vuelven a sus casas mientras se realizan los juicios

 La prisión domiciliaria, en debate

Una de las querellas plantea la necesidad de aplicar con más restricciones el beneficio de las detenciones domiciliarias. Otras, en cambio, creen que lo primordial es ajustar los controles para evitar abusos. Evalúan no sólo por delitos de lesa humanidad.

 Por Alejandra Dandan

En una de las primeras audiencias, en medio del silencio del juicio sonó el teléfono celular de Carlos Galián, alias Pedro Bolita, ex jefe de la guardia de la ESMA, encargado del reparto de niños robados. Galián atendió el teléfono en medio de la sala sin ningún tipo de empacho. Ernesto Frimon Weber, alias 220, es uno de los responsables del asesinato de Rodolfo Walsh. Suele dejar la sala de audiencias libremente. La semana pasada, cuando un grupo de fotógrafos lo siguió para hacerle unos retratos, la esposa de Weber sacó a su vez su teléfono celular desde el cual tomó fotos de las fotos mientras con ironía decía de viva voz: “¡Digan whisky!”.

Galián y Weber son parte de los 68 acusados del megajuicio por los crímenes de la Escuela Mecánica de la Armada que se desarrolla en Comodoro Py. Pero en el contexto de este artículo, son parte de los 24 represores con prisión domiciliaria. Si bien el beneficio de la detención domiciliaria no es nuevo, es posible pensar que sus dimensiones tienen otro peso al verlas en el marco del tipo de juicios multitudinarios que se llevan adelante en todo el país. Así como en Tucumán, durante las primeras semanas del juicio, los represores entraron a la sala al grito de “héroes de la patria” acaso envalentonados por el número (43 acusados), o en Córdoba aparecieron tapándose las caras con libros que levantaron a modo de banderas, esta idea de lo “masivo” hace que los represores en “domiciliarias” se crucen con las víctimas en las zonas de juicio en embotellamientos poco felices.

“Estamos saliendo de ahí con ellos y es un peligro para la integridad de todos”, dice por ejemplo Carlos Loza, uno de los ex detenidos, parte de Justicia Ya! “Lo vemos a Pedro Bolita que entregaba los bebés y el tipo está saliendo con un remise. Weber sale junto con su mujer y estos son casos puntuales. Hay algunos que están reviejos, pero creemos que tienen que estar en la cárcel porque hay lugares donde se los puede atender, si no, no es cierto que tengan una forma de castigo.”

Antes del comienzo del juicio, la querella de Justicia Ya! Buenos Aires encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lorkipanidse pidió las revocatorias de las detenciones domiciliarias. “Hay una serie de razones que ponen en tela de juicio estas prisiones”, dice Walsh. “Tuvimos la experiencia del único acusado del primer juicio de ESMA que fue (el prefecto Héctor) Febres, que no llegó vivo a la sentencia y acá tenemos a Pedro Bolita, señalado como la persona que junto a Febres se llevaba a las criaturas nacidas en la ESMA, por lo tanto la información que tiene un acusado como él no se refiere sólo a dónde están los restos de nuestros seres queridos, sino a quiénes les fueron entregados por ejemplo esos bebés nacidos. Nos dicen que (Bolita) se estaría haciendo diálisis tres veces por semana, y entonces es una persona que por razones de salud podría pensarse que debe tener domiciliaria. Pero nosotros decimos que de ninguna manera, porque es una persona que hasta el día de hoy tiene la información sensible con respecto al destino de estos chicos. Entonces es muy grave que no haya medidas de seguridad.”

Justicia Ya! volverá a insistir con este pedido en la audiencia de hoy cuando se hagan los planteos preliminares. Pero podría decirse que la situación en el contexto del juicio es dilemática porque las otras querellas no acompañan, en principio, el planteo así como está expuesto. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, no sólo incluye en su agenda casos de lesa humanidad y entiende que beneficios como la prisión domiciliaria por diálisis no están mal en sí mismos, sino por lo contrario: deberían no ser situaciones de excepción para estos represores sino extenderse al resto de la población carcelaria. En línea con la querella de Kaos, encabezada por Rodolfo Yanzón, entienden que el problema es la falta de control. “El problema es que los acusados no tienen control del Servicio Penitenciario Federal, como venían teniéndolo durante la etapa de instrucción con el juez Sergio Torres”, dice Yanzón. “Un sujeto que se mueve de su casa y que tiene prisión preventiva tiene que ser custodiado por el SPF además de tener los controles continuos que deben hacerse. Esto es una cosa que espero que el TOF5 pueda rever.”

En Salta, durante el juicio por el crimen del ex gobernador Miguel Ragone, el fiscal Horacio Azzolín logró, por ejemplo, que el SPF traslade a los detenidos durante el juicio. Ese camino es el mismo que se usó en La Plata durante el juicio del Circuito Campos, que termina el próximo miércoles. La pregunta ahora es si una medida de este tipo puede ser pensada también para los “megajuicios” cuando existen demandas para el traslado diario, al menos durante el comienzo del juicio para 24 personas.

En el resto del país, fiscales como Carlos Gonella en Córdoba o Pablo Camuña en Tucumán, o Daniel Adler en Tandil pidieron revocatorias de las domiciliarias cuando comenzaron los juicios orales porque consideran que aumenta el riesgo procesal o el peligro de fuga. El Tribunal de Córdoba las rechazó, en cambio el Tribunal de Mar del Plata asentado en Tandil para el juicio del abogado Carlos Moreno lo aceptó y Tucumán detuvo a todos los acusados a modo “suspensivo” mientras dura el juicio.

Casación tiene posturas distintas. Por un lado, la Sala I revocó la detención en prisión de Saint Jean ordenada por el TOF1 de La Plata por falta de fundamentos. Una semana más tarde, Saint Jean murió en su casa. La Sala IV, en cambio, viene pronunciándose en los últimos fallos en la línea opuesta, siempre ante casos puntuales con una línea argumental que abrió un fallo de la Corte conocido como “Alberto Gabriel Vigo”, de 2010, en el que señala la excepcionalidad de estos juicios y alude a que existen estructuras de poder detrás de los imputados que aún generan riesgo procesal. “Este tipo de causas no debe estarse a la edad o aptitud física del imputado, sino a la capacidad del hombre de influir sobre estructuras de poder que integró y que conformó una red continental de represión”, indicó, por ejemplo, en alusión a ese fallo, la Sala IV de Casación el 2 de noviembre de 2012 para el caso de Bernardo José Menéndez, imputado en Jefes de Area.

Otro caso sobre el que se expresaron fue un condenado de Mansión Seré, Hipólito Mariani, con prisión domiciliaria en un barrio cerrado autorizado por el TOF5. El 5 de diciembre, los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos revocaron la decisión del TOF de desestimar a su vez la revocatoria que pidió la fiscalía y agregaron que una persona no puede ser debidamente controlada en un barrio cerrado: “Según surge del incidente y específicamente de diversas presentaciones del Ministerio Público Fiscal, el lugar de ejecución del beneficio podría estar afectando la posibilidad de controlar de manera directa e inmediata el cumplimiento de las condiciones de su otorgamiento”.

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Se reanudó el juicio con acusaciones por secuestro de niños y trabajo esclavo

El juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ESMA se reanudó con la lectura de acusaciones sobre víctimas sometidas a trabajo esclavo, nacimientos en la maternidad clandestina y secuestro y apropiación de menores de edad en ese centro ilegal de detención.

La tercera audiencia del segundo megajuicio por lo ocurrido en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar repasó, entre otros, los casos del legislador Juan Cabandié, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Su caso fue repasado junto a los de otros recién nacidos que fueron víctima de "condiciones inhumanas de vida, paupérrimas condiciones de alimentación" y que terminaron separados de sus madres y en gran parte de los casos apropiados.

Eso ocurrió con Cabandié, según la acusación leída ante el Tribunal Oral Federal 5, cuya madre Alicia fue secuestrada en 1977 embarazada de 5 meses y trasladada a la ESMA para dar a luz en el Casino de Oficiales.
El recién nacido estuvo 20 días con su madre en la ESMA hasta que el fallecido represor Héctor Febres le hizo escribir una carta a sus familiares, que dejó junto al niño antes de que el pequeño fuera sacado por otro represor, Pedro Bolita.

Cabandié fue apropiado y recuperó su identidad en 2004.

 Tanto en este como en otros casos repasados hoy, la Justicia acusa a Febres de ser quien custodiaba a las embarazadas secuestradas y a los niños nacidos en cautiverio.

Si bien el robo de bebés en la ESMA ya fue juzgado en otro proceso, el megajuicio actual también incluirá cargos por la maternidad clandestina que funcionó allí, lo ocurrido con los niños y el destino de sus madres desaparecidas.
Los bebés "eran mantenidos en cautiverio junto a sus madres" en condiciones "paupérrimas de alimentación, higiene en el lugar, agravadas por su situación de recién nacidos", se repitió una y otra vez en la lectura de cada caso.

Y también se repasaron los secuestros de padres con hijos menores que eran llevados con ellos al centro clandestino como en el caso de Carlos Lordkipanidse, torturado frente a su bebé de 20 días mientras lo amenazaban con "reventarle" la cabeza contra una pared.

Otro tramo de lectura de la acusación incluyó a secuestrados que fueron obligados a cumplir tareas como mano de obra esclava por sus captores, como ocurrió a la periodista Miriam Lewin, secuestrada el 17 de mayo de 1977 y obligada hasta el 26 de marzo de 1978 a "realizar trabajos a favor de los captores" en la llamada "huevera" de la ESMA y luego, bajo libertad vigilada a seguir desempeñándose para ellos.

También se enumeraron los casos en que secuestrados eran obligados a salir con sus captores, como ocurrió a una víctima con los detenidos Alfredo Astiz, Febres o Jorge "Tigre" Acosta, a quienes incluso tuvo que acompañar a locales bailables y viajar con ellos a México para "buscar" a Jaime Dri.

Uno de los casos que se juzga en este proceso es el del abogado Guillermo Díaz Lestrem, un defensor de detenidos políticos secuestrado el 20 de octubre de 1978 por el grupo operativo 3.3.2 de la ESMA, torturado y cuyo cadáver se encontró en Palermo, frente a una guarnición del Ejército.

También se leyó la acusación por el secuestro y asesinato de la diplomática Elena Holmberg, quien era agregada cultural de la embajada argentina en París y "sabía de la existencia del llamado Centro Piloto" creado en la clandestinidad para "modificar la imagen argentina en Europa, infiltrarse en organizaciones de exiliados y detectar" a quienes mantenían contactos desde Argentina.

Holmberg fue trasladada a la Cancillería en Buenos Aires por sus continuos enfrenamientos con quien estaba a cargo del centro piloto y poco después de llegar al país fue secuestrada, llevada a la ESMA, asesinada y su cadáver apareció en el Delta.
 Entre los juzgados están los represores Jorge "el Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Carlos Rádice y Adolfo Miguel Donda, además del civil y ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, este último por presenciar una sesión de torturas cuando era funcionario público.

También se juzga a los procesados por pilotear e integrar tripulaciones de los llamados "vuelos de la muerte" desde donde se arrojaban secuestrados drogados al Rio de la Plata.

lunes, 3 de diciembre de 2012

El Delta, "el lugar perfecto"

"Arrojaban tanques con cuerpos adentro"
 Por Diego Martínez

Un pibe de Villa Paranacito, en Islas de Ibicuy, Entre Ríos, se sienta en el muelle familiar sobre el río Paraná para sintonizar una FM con su Tonomac súper platino. El ruido del agua que golpea contra la costa se interrumpe con el sonido grave de las aspas de un helicóptero, que se posa a diez metros de altura, cerca de la desembocadura del desaguadero del Sauce. De repente, golpes: algo cae al río. Más tarde, en un recodo, en una rama, aparecen cuerpos atados de pies y manos. Luego Prefectura Zona Delta, la misma que alojó al prefecto Héctor Febres hasta que el cianuro lo silenció para siempre, se encarga de desaparecerlos. “‘Estaba en política’ (mala palabra), decían cuando preguntábamos. Esto por lo frecuente, aunque sea una aberración injustificable, era considerado normal.” La historia transcurrió durante la dictadura. El relato y la cita se publicaron en 2007 en la revista La Isla del Delta, que se edita en Campana. El protagonista, testigo de la imagen que Charly García propuso recrear para homenajear a las víctimas de los vuelos, amplió su testimonio ante el periodista entrerriano Fabián Magnotta, que lo acaba de publicar en el libro El lugar perfecto. Vuelos de la muerte y desaparecidos en el delta entrerriano (1976-1980), de Ediciones Cinco.

Magnotta inició su investigación en 2003, cuando un policía que en los ’80 había prestado servicios en Villa Paranacito se presentó ante el juez de instrucción de Gualeguaychú para relatar una historia que le había contado una ex novia. Cuando era niña, recordó, fue testigo del entierro de un hombre joven que había sido arrojado desde el aire adentro de un tambor de 200 litros. “Me contó que ese día todos entendieron qué era lo que había en esos tanques que se veían caer desde helicópteros”, declaró. El juez Eduardo García Jurado ubicó a la mujer, que no se presentó ante la citación. Cuando un móvil policial la trasladó al juzgado, negó el relato. Durante el careo con su ex novio, temblando, volvió a negarlo. “Tienen que entender la idiosincrasia del isleño”, explica ante Página/12 Carlos Ferreyra, el pibe de la Tonomac que tardó tres décadas en contar sus recuerdos. “El isleño se mimetiza con el paisaje, es un observador silencioso, no habla”, dice. “Los habitantes del delta tienen miedo hasta hoy”, agrega.

Magnotta recorrió el delta durante años, volvió una y otra vez para ganarse la confianza de los lugareños y recoger testimonios de primera mano. La hipótesis que desarrolla en su libro es que el delta entrerriano, miles de héctareas de ríos pero también montes, esteros y bañados a los que sólo se accede de a pie, fue el lugar elegido por las Fuerzas Armadas para concluir el ciclo secuestro/interrogatorio/ejecución/desaparición. A partir de los testimonios de lancheros, jornaleros y pescadores, armó un mapa de los lugares donde se encontraron cuerpos o se los vio caer al vacío. Hay menos de cien kilómetros de Buenos Aires, apenas 15 o 20 minutos de avión, apuntó, y destacó la reiterada respuesta de Prefectura cada vez que algún vecino decidió anoticiarla: “usted no vio nada”.

Secretos y confesiones

Pilotos y mecánicos reconocieron su participación

Algunos fanfarronearon y provocaron el horror de sus oyentes. Otros hicieron alarde ante medios de comunicación. Ante la Justicia trataron de negarlo.

 Por Diego Martínez

Tres confesiones en ámbitos privados, relatadas bajo juramento por testigos directos, llevaron a otros tantos marinos al banquillo de los acusados por su participación en vuelos de la muerte. Emir Sisul Hess y Rubén Ricardo Ormello hablaron ante compañeros de trabajo cuando todavía regían las leyes de impunidad. A Julio Alberto Poch le jugó una mala pasada la canilla libre en un restaurante de la Isla de Bali, en Indonesia, y una conversación sobre el papá de la princesa Máxima, Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura de la dictadura. Tanto el juez federal Sergio Torres como la Cámara Federal porteña privilegiaron el valor de las confesiones frente a la deliberada destrucción de pruebas por parte la Armada. La última palabra la tendrá el Tribunal Oral Federal N° 5.

Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada y prestaba servicios en el área militar de la base de Ezeiza. Su confesión la relataron ante Página/12 y luego ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaban listos salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello”, según reconstruyó un operario.

Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora, Bahía Blanca, denunciada desde 1984 por el cabo Raúl Vilariño como una cobertura de represores de la ESMA. Aviador naval y paracaidista, Hess se retiró en 1991 y pasó a gerenciar un complejo turístico en Villa La Angostura, donde ocurrieron sus confesiones. “Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró uno de sus empleados. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó. Cuando el juez Juan José Galeano comenzó a investigar se topó con un segundo testigo. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –dijo que le preguntó.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al Río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

Los testigos de la confesión de Poch, desmenuzada en los procesamientos, son pilotos de la aerolínea holandesa Transavia.

–¡Qué espantoso que hayas tenido que hacer eso! –reaccionó Tim Weert cuando Poch relató los vuelos en primera persona, en 2003.

–Ustedes no saben nada. Tienen que comprender que era una guerra, donde muere gente de ambos bandos –dijo el marino.

–Por Dios, ¿cómo pudiste colaborar en eso? –insistió Weert.

–Eran terroristas de izquierda. No merecían nada mejor.

–¿Por qué no devolvieron los cuerpos a sus seres queridos, a esas Madres de las pancartas?

–Deberían haber sabido que sus hijos eran terroristas. Deberíamos haberlos matado a todos –afirmó Poch.

–Es un modo inhumano de matar gente.

–Estaban drogados –justificó.

Cuando Edwin Brouwer preguntó cómo lo había hecho “Julio estrechó su mano derecha horizontalmente hacia adelante e hizo un movimiento rotatorio”, recordó. “El costado derecho de su mano se inclinó un poco hacia abajo. Aún se lo veo hacer”, contó a la Justicia. “Julio fue muy auténtico y hasta hoy creo su historia”, dijo Weert. “Hay personas que saben más y no se atreven a comparecer”, agregó.

Cuando la Cámara Federal marcó la necesidad de reforzar la prueba, el juez Torres cursó cuestionarios para una docena de testigos en Holanda. De los ocho preparados por Gerardo Ibáñez, abogado de Poch, siete no habían estado en el restaurante donde ocurrió la confesión y el octavo no presenció el diálogo. De los mails de Frederik van Heukelom surgió que había recibido indicaciones sobre qué declarar y consejos para borrar los correos con la estrategia de salvataje. Lo peor para Poch no fue que Weert y Brouwer ratificaran sus relatos sino la aparición de un tercer testigo, que estaba volando y no había podido declarar cuando Torres tomó declaraciones en 2009. Chris Duijker confirmó la confesión y contó que el hijo de Poch, también piloto de Transavia, le pidió que dijera que su padre no había hablado en primera persona del singular sino como “nosotros”, por los marinos. Duijker se negó y declaró la verdad.

Los testimonios de los vuelos de la muerte en la ESMA y también en Tucumán, El Palomar y Campo de Mayo

Los vuelos de la ESMA y los que falta investigar

En la megacausa de la ESMA que comenzó la semana pasada, se juzgará por primera vez a pilotos que participaron en vuelos para exterminar secuestrados. Si bien hay testimonios de otros casos, no hay imputados.

 Por Diego Martínez

Los vuelos de la muerte, denunciados por Rodolfo Walsh en el primer aniversario del golpe de Estado, llegaron a juicio 35 años después. El modo en que se instruyeron verdaderas megacausas derivó en que los primeros imputados por su actuación específica en la fase final del proceso de exterminio y desaparición de la dictadura no sean quienes impartieron órdenes a aviadores y tripulantes, cuya responsabilidad es más simple de probar, sino marinos y prefectos acusados como ejecutores directos: tres por confesiones en privado, tres por documentos que sobrevivieron a la destrucción planificada de pruebas. Mientras el Tribunal Oral Federal Nº 5 que juzga a represores de la ESMA se dispone a escuchar a testigos de relatos macabros en primera persona y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa identificando víctimas que el mar devolvió a las costas, sigue pendiente la imputación de quienes integraban estructuras superiores y cadenas de mando por encima de los autores materiales.

El método de arrojar personas desde aviones y helicópteros lo aplicaron las tres fuerzas armadas y varias fuerzas de seguridad, incluso antes del golpe de Estado. El suboficial Luis Martínez declaró en 1981 que grupos de tareas de Seguridad Federal interrogaban a los secuestrados en el tercer piso de Azopardo 680 y luego recurrían a vuelos nocturnos que despegaban desde un sector de aeroparque custodiado por la Fuerza Aérea. “Estos hechos se remontan a 1975-1976 porque luego comenzó a funcionar Club Atlético”, precisó. Tomás Francisco Toconas, militante del PRT secuestrado el 26 de junio de 1975 en Monteros, Tucumán, fue asesinado y arrojado desde un helicóptero, y terminó enterrado como NN en el cementerio de Pozo Hondo, Santiago del Estero. El coronel Albino Zimmermann, jefe de policía de Antonio Bussi, llegó a jactarse en reuniones familiares de haber tirado a guerrilleros desde helicópteros a los montes tucumanos.

Poco después del golpe de Estado comenzaron aparecer cuerpos en las playas. A fines de abril de 1976, el océano devolvió seis cadáveres en un balneario de Rocha, Uruguay. El séptimo apareció el 1º de mayo, 150 kilómetros al norte, y fue identificado hace apenas dos meses: es Luis Guillermo Vega Ceballos, chileno, militante del PRT, secuestrado en La Boca el 9 de abril. Con ese dato se rastrearon las huellas dactilares de militantes caídos junto con Vega Ceballos, un perito de Prefectura viajó a Rocha y del cotejo con las huellas tomadas al primer grupo se identificó a Nelson Valentín Cabello Pérez, también chileno. No se conocen testigos de sus cautiverios y se ignora dónde estuvieron.

A mediados de mayo de 1976, siempre en Uruguay, aparecieron los cuerpos atados y torturados de María Rosa Mora y Floreal Avellaneda, secuestrados un mes antes en Vicente López. Las huellas dactilares de Mora y el tatuaje con las iniciales de Floreal permitieron identificarlos. El joven de 15 años fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. Días después aparecieron tres cuerpos en Colonia. Uno fue identificado este año: se trata de Roque Orlando Montenegro, que había sido secuestrado en febrero junto a su mujer, quien continúa desaparecida, y a su hija. Aquella niña, Victoria Montenegro, fue robada y criada con una identidad falsa por el coronel Herman Tetzlaff, oficial de Inteligencia destinado en Campo de Mayo.

Ex jerarcas del que fuera el mayor centro clandestino del país fueron condenados por el caso Avellaneda, entre otros. Los ex miembros del Batallón de Aviación 601, de Campo de Mayo, en cambio, siguen impunes. La investigación judicial se activó el año pasado con la llegada de la jueza federal Alicia Vence, que les tomó declaración a casi 400 conscriptos. Varios recordaron haber visto hombres y mujeres con vendas y capuchas a quienes descargaban de camiones y subían a helicópteros y aviones con destino desconocido. Del resto de los cuerpos aparecidos en costas uruguayas en 1976, el único identificado fue Horacio Adolfo Abeledo, estudiante de Antropología y militante del PRT. Abeledo fue secuestrado el 21 de julio y su cadáver, junto a otros tres, apareció en Colonia en septiembre. Su identidad se conoció el año pasado y se ignora dónde estuvo en cautiverio.

En marzo de 1977, antes de caer acribillado, Walsh denunció en su Carta Abierta a la Junta Militar que “entre 1500 y 3000 personas han sido masacradas en secreto”, sugirió que los cuerpos aparecidos en Uruguay eran parte “del cargamento de torturados hasta la muerte en la ESMA” y apuntó que se arrojaban “prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea” de El Palomar. Los testimonios de 33 conscriptos le permitieron al fiscal Federico Delgado confirmar el dato: hubo vuelos de la muerte que partieron de El Palomar y se hicieron desde aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. El juez Daniel Rafecas hizo suyas las conclusiones de la investigación, que incluyó más de 600 testimonios de colimbas y empleados civiles, pero ni el jefe de la base está imputado por ese delito. El motivo: no hay víctimas identificadas.

En junio y julio de 1977 se produjeron los dos vuelos que confesó el ex capitán Adolfo Scilingo, el único represor que admitió públicamente su participación. El primero fue en un avión Skyvan de Prefectura, el segundo en un Electra de la Armada, y ambos partieron desde Aeroparque. Por esas treinta ejecuciones, el marino fue condenado en España, donde purga una pena de 1084 años de prisión. El civil Gonzalo Torres de Tolosa y el capitán Carlos Daviou, mencionados por Scilingo como partícipes de los vuelos, integran la lista de 68 acusados del megajuicio que comenzó la semana pasada. A 18 años de la confesión, ningún miembro de la estructura de conducción de la aviación naval o de Prefectura, partícipes de la asociación ilícita que además trasladó por todo el país a personas privadas ilegalmente de su libertad, fue indagado por su aporte de aviones y hombres al terrorismo de Estado.

A fines de 1977 aparecieron en costas de San Bernardo y Santa Teresita los cuerpos de varios familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz, el 12 de diciembre. El EAAF identificó a la monja francesa Léonie Duquet, a Angela Aguad y a tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Una investigación de la Procuración General de la Nación, a partir de las planillas de vuelos que Prefectura le entregó al fiscal Miguel Angel Osorio, permitió el año pasado dar por primera vez con el registro de un vuelo de la muerte: el Skyvan PA-51 despegó de Aeroparque el 14 de diciembre de 1977 a las 21.30, dos horas después de que las monjas francesas fueran obligadas a fotografiarse con una foto de Montoneros detrás para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada. El avión voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, y volvió al punto de partida. De las 2758 planillas aportadas por Prefectura, es la única que tiene por objetivo la “navegación nocturna”. Tres de los cuatro tripulantes rinden cuentas ante el TOF Nº 5: son los pilotos Enrique De Saint George, Mario Arru y Alejandro D’Agostino. El cuarto era el mecánico David Fernández, ya fallecido. Los superiores de los acusados, incluido el prefecto Hilario Fariña, ex jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, entrevistado por Página/12 el año pasado, todavía no fueron citados a indagatoria.

El 18 de febrero de 1978 apareció en Las Toninas el cuerpo de Roberto Arancibia, ex miembro del comité central del PRT y fundador del ERP. Había sido secuestrado en mayo de 1977 y fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. En diciembre de 1978, el mar arrojó en playas bonaerenses los cadáveres de los últimos cautivos del Olimpo, de los cuales nueve fueron identificados. La semana pasada, el juez Rafecas procesó como partícipes necesarios de los homicidios a los represores que los tuvieron en su poder hasta el momento del “traslado”. La principal pista sobre los ejecutores directos la aportó en 1995 el ex gendarme Federico Talavera, ex guardia del Olimpo, quien admitió que cada veinte días y hasta que se cerró ese centro clandestino, transportaba a secuestrados adormecidos en un camión Mercedes-Benz rumbo a la base de El Palomar, donde los cargaban en un Hércules de la Fuerza Aérea. Dispuesto a hablar en televisión en los viejos tiempos de impunidad menemista, ahora el paradero de Talavera es para la Justicia un misterio.

viernes, 30 de noviembre de 2012

Visita ocular a la ESMA, antes del inicio del Juicio



Segunda jornada: continúa la lectura de los casos

Otro represor "se descompensa"

 El juez Garzón, quien estuvo ayer en la sala de audiencias, manifestó : "Muchos de los que están aquí fueron procesados por mí (a la distancia) y verlos sometidos a juicio es a lo que cualquier juez aspira, sobre todo por hechos tan graves como éstos y que se esté haciendo en Argentina es un triunfo para todos y sobre todo para las víctimas.”

Como un gigante que va encontrando las formas de moverse, el “megajuicio” entró en la segunda jornada. Cuatro ambulancias permanecieron en el exterior. Trasladan detenidos, pero además tienen un equipo de médicos para examinar eventuales descompensados y desactivar las simulaciones cuando se usan para dilatar el juicio, en estas primeras jornadas, de presencia obligatoria para los acusados. Ayer se descompuso Víctor Roberto Olivera (Lindoro) y salió de la sala. El primer día, Carlos Orlando Generoso (Fragote), que ayer no estuvo.

Alfredo Astiz se sacó la escarapela del primer día. El piloto de los “vuelos de la muerte” Julio Poch mostró un cartel; decía que las acusaciones en su contra son mentiras, en una escena pensada en términos televisivos: en castellano y holandés (trabajó en Tran-savia, una aerolínea holandesa). En medio de la audiencia, durante la tarde, Carlos Galian (Pedro Bolita) se puso hablar por teléfono celular como si nada. Galian es el ex jefe de guardia de la ESMA, operativo de Héctor Febres y encargado de llevarse a los niños recién nacidos del centro clandestino. A pedido del fiscal Guillermo Friele, el presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, convocó a los defensores para decirles que era una falta de respeto para las víctimas.

Uno de los efectos de lo que significa haber llegado al juicio de esta manera, sumando causas que hasta ahora habían estado divididas durante años, empezó a verse en la sala. Los 789 nombres de las víctimas reunidas en una enorme lista, leída como parte de la acusación, enumerados uno tras otro, actualizaron una dimensión hasta ahora no oída de la ESMA. El primer día se escucharon los “casos” de 1976, ayer buena parte de 1977. Entre ellos empiezan a verse singularidades, pero también coincidencias. La violencia sexual, los casos de quienes fueron sometidos a trabajo esclavo con funciones en dependencias como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; algunos circuitos de traslados; niños torturados frente a sus padres. También se escucharon caídas de familias enteras, como los Tarnopolsky, del primer día, y ayer los Lennie. En un momento, el secretario del TOF leyó el nombre de Mirta Zuccarino de Lennie, secuestrada en enero de 1977 y llevada a la ESMA, donde estaban su esposo, su hija de 17 años y su nuera embarazada “bajo las mismas deplorables condiciones”. El grupo de tareas buscaba a su otra hija, María Cristina, perseguida desde hacía tiempo. En la ESMA, obligaron a Mirta, a su esposo y a su nuera a presenciar el interrogatorio y las torturas de Sandra, la niña de 17 años.

Las políticas para acelerar los juicios hacen que las historias en esta etapa estén reducidas a unas pocas líneas, en sus tramos más duros y descarnados, pero que muestran lo sistemático. “Cada caso es único y singular, pero a la vez forma parte del plan sistemático. Es decir, por un lado es único, pero en la repetición hay un hilo que muestra finalmente lo que fue el genocidio”, dijo Ana María Careaga, sobreviviente de otro centro.

Nombres más conocidos, y otros que se hacen re-conocer en la sala. Norma Arrostito, Alicia Eguren de Cooke, Dagmar Hagelin o Enrique Raab fueron algunos de estos “casos” leídos. Las listas trajeron a la sala el nombre de Ricardo Héctor Coquet y el momento en el que lo obligaron a pintar el nombre de Montoneros en la bandera de esa foto legendaria que les tomaron a las monjas francesas durante el cautiverio en la ESMA.

La lectura también dejó ver algunas de las hipótesis de trabajo de los investigadores: el ensañamiento que tuvieron con algunas víctimas, comprometidas en ciertas acciones armadas. Norma Arrostito es el único caso cuyo homicidio está agravado por la aplicación de envenenamiento, a través de una inyección. Juan Julio Roqué, de la conducción de Montoneros, “habría sido quemado en la caldera u horno de la cocina del casino de oficiales de la ESMA, de modo que nunca apareció”, dice la elevación. A Marcelo Daniel Kurlat le dispararon con un FAL en los riñones cuando salió de su casa, murió camino al Hospital Naval y su cuerpo está desaparecido. El cuerpo de José María Salgado, ligado al caso de la Superintendencia, “fue entregado a su familia consumido, desfigurado, con marcas de que había sido sometido a descargas eléctricas y le faltaban los ojos”, indica la elevación.

La lista de nombres también incluyó a María Hilda Pérez de Donda, la madre de Victoria –las dos son “casos” de este juicio– y a Carlos Maguid, secuestrado en Lima por el Servicio de Inteligencia Naval. Se oyeron los nombres de Sara Solarz de Osatinsky, Juan Gasparini, Martín Grass, Lila Pastoriza y tantos otros.

En esa topografía que empieza a recuperar la lógica de lo sistemático, pero que ahora va con la carga de acusación para los imputados, buena parte de los nombres exhiben sus procedencias políticas. Identidades que están allí porque “agravan” el delito de tormento, pero que hablan de una recuperación en términos de memoria. Otro de los territorios que empiezan a mostrar los nombres es el de los trabajadores de prensa, en cuya reconstrucción empezó a pensar la querella encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse. Los primeros nombres fueron mencionados el miércoles en la lista de 1976. Ayer, además de Enrique Raab, se escuchó el nombre de Francisco Eduardo Marín, secuestrado el 15 de mayo de 1977; José María Ascone, secuestrado el 18 de mayo de 1977, que trabajó en Primera Plana, La Opinión y El Descamisado, de la organización Montoneros. Y el de Adolfo Infante Allende, caído el 13 de junio, de 1977, a la noche, con su esposa Gloria Kehoe, que era colaborador de la Agencia de Noticias Clandestinas Ancla.

jueves, 29 de noviembre de 2012

Inicio del tercer tramo del juicio contra los represores de ESMA

El miércoles 28 de noviembre, bien temprano se empezaron a colgar banderas de los distintos organismos de derechos humanos. Los compañeros sobrevivientes de la ESMA tenían una especial ansiedad que se tornó en satisfacción cuando entraron esposados en la sala los 67 de los 68 imputados.

Previamente al inicio de la audiencia histórica, JUSTICIA YA, presentó un escrito pidiendo la revocación de prisión domiciliaria de la que gozan 27 represores. Es como mínimo sorprendente que el proceso judicial que lleva a 68 marinos, policías, aviadores y civiles, el de mayor trascendencia de los hasta ahora desarrollados, 27 encartados, disfruten de una prerrogativa que no está considerada, tanto jurídicamente, ni jurisprudencialmente, para aquellos que cometieron crímenes aberrantes en el plan de exterminio diseñado por la dictadura militar de 1976; la aplicación del genocidio que devastó a la Argentina.

Por 789 secuestros, torturas y asesinatos, los imputados en este tramo de la causa ESMA, son : Jorge Eduardo ACOSTA, Randolfo Luis AGUSTI SCACCHI, Juan Arturo ALOMAR,   Paulino Oscar ALTAMIRA, Mario Daniel ARRÚ, Alfredo Ignacio ASTIZ, Juan Antonio AZIC,  Daniel Humberto BAUCERO, Julio Cesar BINOTTI, Carlos Octavio CAPDEVILA, Víctor Francisco CARDO, Ricardo Miguel CAVALLO, Miguel Enrique CLEMENTS, Daniel Oscar CUOMO, Rodolfo Oscar CIONCHI, Alejandro Domingo D’AGOSTINO, Juan de Dios DAER,  Carlos Eduardo DAVIOU, Jorge Manuel DÍAZ SMITH, Francisco Armando DI PAOLA,  Adolfo Miguel DONDA TIGEL, Juan Carlos FOTEA, Carlos Jaime FRAGUIO Rubén Oscar FRANCO, Carlos GALIÁN, Manuel Jacinto GARCÍA TALLADA, Miguel Ángel GARCÍA VELASCO, Pablo Eduardo GARCÍA VELASCO, Carlos Orlando GENEROSO, Alberto Eduardo GONZÁLEZ, Orlando GONZÁLEZ, Jorge Raúl GONZÁLEZ, Oscar Rubén LANZON, Ricardo Jorge LYNCH JONES, Jorge Luis MAGNACCO, Rogelio José MARTÍNEZ PIZARRO, Eduardo MORRIS GIRLING, Víctor Roberto OLIVERA, Rubén Ricardo ORMELLO, Edgardo Aroldo OTERO, Mario Pablo PALET, Guillermo Horacio PAZOS, Antonio Rosario PEREYRA, Roberto PÉREZ FROIO, Antonio PERNÍAS, Claudio Orlando PITTANA, Julio Alberto POCH, Héctor Francisco POLCHI, Jorge Carlos RADICE, Francisco Lucio RIOJA, Miguel Ángel Alberto RODRÍGUEZ, Juan Carlos ROLÓN, Enrique José DE SAINT GEORGES, Pedro Antonio SANTAMARÍA, Néstor Omar SAVIO, Raúl Enrique SCHELLER, Hugo Héctor SIFFREDI, Emir SISUL HESS, Carlos Guillermo SUÁREZ MASON, Gonzalo TORRES DE TOLOSA, Julio Antonio TORTI, Antonio VAÑEK, Eugenio Bautista VILARDO, Ernesto Frimón WEBER, Roque Ángel MARTELLO, Hugo Enrique DAMARIO, Juan Ernesto ALEMANN y Luis Ambrosio NAVARRO.
Entre ellos además de los marinos, hay policías, pilotos navales, y civiles.

De estos, hay 17 que ya tienen condena del segundo tramo, pero ahora les toca por crímenes por los que no fueron juzgados, tal como por la  práctica sistemática de robo de bebés, hijos de desaparecidos, entre otros delitos.

Posteriormente se leyó la lista de casos incluidos en este tramo :  Lilia María ÁLVAREZ,  Armando Rodolfo GREMICO, Jorge Héctor LIZASO, María del Carmen NÚÑEZ DE LIZASO, Irma Leticia LIZASO DE DELGADO, Pedro DELGADO, Oscar Alejandro LAGROTTA, Hugo César BOGARÍN, Alejandra Margarita LÉPIDO,  María Esther LORUSSO LAMLE, Beatriz Carolina CARBONELL DE PÉREZ WEISS, Horacio PÉREZ WEISS, César Armando LUGONES, María Marta VÁZQUEZ OCAMPO DE LUGONES, Mónica María Candelaria MIGNONE, Marta Mónica QUINTEIRO, Orlando Virgilio YORIO, Francisco JALICS, Juan José Pedro BLATÓN, María Juana CAIMAN DE BLATÓN, Francisco Juan BLATÓN, Alejandro Luis CALABRIA, Enrique Ramón TAPIA, José Antonio CACABELOS, Jorge Eduardo SORIA, Beatriz PORRINI DE SORIA, Julio César ARIN DELACOURT, Miriam Anita DUANTMAN, Julieta (hija de Miriam Anita DUANTMAN), Franca JARACH, Hernán Daniel FERNÁNDEZ, Rocío MARTÍNEZ, Rita Irene MIGNACO DE OTERO, Javier OTERO,  Marta Remedios ÁLVAREZ, Adolfo  KILMANN, Alfredo Manuel Juan BUZZALINO, Liliana Elvira PONTORIERO, Laura Alicia REBORATTI, José Enrique RAVIGNANI, María Teresa RAVIGNANI, Ricardo Hugo Darío MANUELE, Esperanza María CACABELOS, Edgardo de Jesús SALCEDO, Alejandro Hugo LÓPEZ, Sergio TARNOPOLSKY, Laura Inés DEL DUCA DE TARNOPOLSKY, Hugo Abraham TARNOPOLSKY, Blanca Edith EDELBERG DE TARNOPOLSKY, Bettina TARNOPOLSKY, Víctor Eduardo SEIB, Alicia Nora OPPENHEIMER, Ángela María AIETA DE GULLO, Eduardo SUÁREZ, Patricia Virginia VILLA, Mirta GROSSO, Norma Noemí DÍAZ, Horacio Edgardo PERALTA, Hebe Inés LORENZO, Osvaldo Rubén CHEULA, Pedro SOLÍS, Inés Adriana COBO, Zulema Josefina EL GÁNAME, Jorge Simón ADJIMAN, Estela María GACCHE DE ADJIMAN, Leonardo Natalio ADJIMAN, Soledad SCHAJAER, Luis Daniel ADJIMAN, Luis Félix BROTMAN, Isaac BROTMAN, Dora F.NAJLES DE BROTMAN, Florencia María BROTMAN DE  BEJERMAN y Sergio Martín BEJERMAN.

Parece que esto de descomponerse en los juicios es una patología que se repite en los genocidas que son sentados en el banquillo, y en este día, uno de ellos, Carlos Generoso, se “descompensó”, y el mismo pretendía que se suspendiera la audiencia. Con estas argucias intentan obstaculizar cada uno de los juicios, y así seguirán actuando, tan inútil como indecorosamente. 

En tanto en la calle se llevó a cabo el acto promovido por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, dónde organizaciones sociales, de derechos humanos, barriales, gremiales, estudiantiles, piqueteras, políticas… se sumaban al homenaje que a la lucha de los 30.000 detenidos-desaparecidos se concretaba esta mañana del 28 de noviembre de 2012.
Momentos de emoción se vivieron cuando hablaron los familiares de Darío y Maxi, de Carlos Fuentealba; no faltaron en las gargantas de todos los nombres de Jorge Julio López, Luciano Arruga. Y porque es  deuda con los 30.000 desaparecidos denunciar la impunidad de ayer y de hoy, ya que con la omisión de ese maldita continuación, se estaría faltando al compromiso de lucha comprometida. Y de los allí congregados había un sentimiento colectivo que se plasmaba en los abrazos y en las consignas reivindicativas que no se faltaba a la cita con la dignidad. En la calle, en la puerta del edificio de los tribunales de Comodoro Py, una suerte de resarcimiento entrelazaba los alegatos que se hacían al mismo tiempo en el Circuito Camps en la ciudad de La Plata.

Uno de los compañeros que estuvo en la ESMA secuestrado, y que sigue resistiendo, subió al primer piso de la sala y sintetizó el panorama como  Conmovedor, gratificante, reivindicador.
 Y con ello cerramos esta crónica de esta primera audiencia del tercer  tramo del juicio de ESMA.

Andrea Benites-Dumont

domingo, 25 de noviembre de 2012

Comunicado del colectivo JUSTICIA YA - Buenos Aires

JUICIO ESMA: HISTÓRICO TRIUNFO DEL PUEBLO ARGENTINO

"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas", Rodolfo Walsh.

El próximo miércoles 28 de noviembre de 2012 tendrá lugar el inicio del tercer juicio oral por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA, durante la última dictadura cívico-militar.

En este juicio, todas las fuerzas que luchamos por el fin de la impunidad, hemos logrado que 68 represores sean juzgados por delitos cometidos contra cerca de 800 compañeros y compañeras que permanecieron detenidos-desaparecidos en ese campo de concentración. Este hecho se inscribe en un proceso judicial que no dudamos en considerar histórico. Se juzga un Genocidio.

Arribamos al juicio luego de más de treinta años de lucha de nuestro pueblo para sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas.

Desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, las organizaciones nucleadas en Justicia Ya hemos denunciado una y otra vez el retardo y la impunidad generados por el desguace de las causas y siempre hemos exigido juzgar a todos los genocidas por todos los crímenes cometidos contra todos los compañeros en cada CCD o circuito represivo.

Por primera vez en nuestra historia, 68 imputados, en su mayoría pertenecientes a la Marina, estarán sentados en el banquillo de los acusados y esta imagen, sin lugar a dudas, demostrará por sí misma que toda la fuerza participó en el genocidio por el que exigimos justicia.
La ESMA fue uno de los campos de concentración más grandes implementados por la última dictadura, donde se cometieron crímenes tan horrendos en número y modo, que transformaron a este Centro Clandestino de Detención y Exterminio en uno de los mayores símbolos del terror dictatorial. Al servicio de un riguroso plan tendiente a reestructurar la sociedad argentina desde la conducción estatal, con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora y así obtener una más alta tasa de ganancia y concentración económica.

En la historia de nuestro pueblo, la impunidad ha sido la norma para todos los crímenes cometidos por las clases dominantes y ha beneficiado a los asesinos de nuestros hermanos de los pueblos originarios (siglos XVI y XIX) y la Campaña del Desierto, a los miles y miles de luchadores sociales y políticos que desde la Semana Trágica hasta nuestros días resistimos las políticas de dominación.

Por eso este juicio, constituye una victoria popular que resignifica toda nuestra historia de resistencias y luchas por el acceso pleno a todos los derechos humanos para todos.

Reafirmamos nuestro compromiso de fundamentar las veces que sea necesario que el mejor modo de calificar estos crímenes es encuadrarlos en la violación del Convenio de Prevención y Castigo al Delito de Genocidio, sancionado en 1948.

La desaparición de nuestro compañero Julio López, el día de los alegatos en el histórico juicio contra Etchecolatz, confirma que estos juicios no son sólo temas del pasado sino actuales y del futuro. Por eso, seguiremos denunciando dentro y fuera del tribunal las consecuencias que, en nuestro presente, provocó el genocidio llevado adelante por la última dictadura cívico-militar y el lugar que los grupos de tareas con asiento en la ESMA tuvieron.

Con la convicción de estar construyendo y recorriendo un camino de justicia para nosotros y para nuestros hijos, llevaremos a estos juicios las banderas de los 30.000, que son las nuestras, y seguiremos luchando con los compañeros que nos faltan, por la JUSTICIA, esa que será cuando hagamos realidad los proyectos revolucionarios que compartieron y compartimos.

“Pero el pueblo no dejó nunca de alzar la bandera de la liberación, la clase obrera no dejó nunca de rebelarse contra la injusticia”, Rodolfo Walsh

ESMA: comienza el mayor juicio de lesa humanidad en el país

 El proceso oral que se iniciará el miércoles buscará esclarecer casos emblemáticos como los "vuelos de la muerte", el secuestro de Dagmar Hagelin, de Alicia Eguren de Cooke y de Norma Arrostito, entre otros.

 Luego de dos postergaciones, el Tribunal Oral Federal 5 dará inicio el próximo miércoles al mayor juicio por delitos de lesa humanidad en el país cuando comiencen las audiencias de la tercera parte de la megacausa ESMA, que tendrá en el banquillo de los acusados por casi 800 delitos a 67 imputados, entre los que estarán por primera vez los pilotos de los Vuelos de la Muerte. El debate incluye 13 voluminosas causas por delitos de lesa humanidad en ese centro clandestino que se acumularon para dar forma a este megajuicio, por el que pasarán casi 2000 testigos y se extenderá por lo menos dos años.

El debate sufrió dos demoras. La primera fecha de inicio fue en agosto, pero se decidió postergarlo para que ingresara al juicio el expediente por los 'vuelos de la muerte'. En octubre, la salida de la fiscal Mirna Goransky generó el segundo impasse para permitirle a quien la remplazó, el fiscal general Guillermo Friele,  informarse sobre la abultada causa. 
En coincidencia con el primer juicio por delitos en la ESMA, entre los acusados estarán los condenados a perpetua Jorge 'Tigre' Acosta, Antonio Pernías y Alfredo Astiz, jefe e integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2., también estarán quienes fueron absueltos en el juicio pasado, Juan Carlos Rolón, acusado esta vez por más de 300 delitos mientras fue miembro de la patota, y Pablo García Velasco, quien integró el Servicio de Inteligencia Naval.
Por primera vez llegarán a juicio oral 6 pilotos acusados de haber tripulado los aviones de la Armada y Prefectura que se utilizaron para arrojar prisioneros con vida al Río de la Plata. Identificados como integrantes las tripulaciones de aviones y helicópteros que eran utilizados en los “vuelos de la muerte”, los pilotos de Prefectura Mario Arru, Alejandro D’Agostino y Enrique De Saint Georges, y los pilotos de la Armada Rubén Ormello y Julio Alberto Poch, acusados de haber participado de unos 50 homicidios. A esos pilotos se suma Emir Sisul Hess, quien integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento en la Base Espora, y quedó imputado luego de que confesara en privado su participación en los vuelos de la muerte.
Los nombres de Arru, D’Agostino y De Saint Georges surgieron de un testigo de identidad reservada, quien los identificó como parte de "un grupo reducido de pilotos que eran los que más volaban y que, por decirlo de alguna manera, tenían la sartén por el mango con el tema de los vuelos".
A partir del testimonio, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos logró identificar que los tres participaron del vuelo "anómalo" que el 14 de diciembre de 1977 arrojó al mar al grupo de la Santa Cruz, entre quienes se encontraban las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y las Madres de Plaza de Mayo Esther Careaga, Mary Ponce de Bianco y Azucena Villaflor. Al igual que Hess, las denuncias contra Poch y Ormello por su rol en los Vuelos en virtud de comentarios que ellos mismo hicieron a terceros. En el caso de Poch, quien fue extraditado desde Holanda, fue denunciado por sus compañeros de la aerolínea franco-neerlandesa Transavia, donde trabajaba.
"Cabe destacar que este era el último eslabón del sistema implementado por las Fuerzas Armadas, por ello considero que se debe tener a los nombrados como partícipes necesarios de las privaciones ilegítimas de la libertad y de las torturas, toda vez que realizaron un aporte sin el cual el hecho principal no hubiera podido cometerse. Asimismo, dado su rol de tripulantes de los viajes en los que los detenidos desaparecidos eran arrojados al agua en pleno vuelo, deberán responder en calidad de coautores de los homicidios”, señaló el fiscal Eduardo Taiano en el requerimiento de elevación a juicio. 
Entre los imputados también habrá civiles, como el secretario de Hacienda durante la dictadura Juan Ernesto Alemann, imputado como coautor de tormentos cometidos a Orlando Antonio Ruiz, quien se encontraba secuestrado en la ESMA. El entonces funcionario fue visto en el centro clandestino de detención, donde interrogó al detenido, quien se encontraba encapuchado, esposado y engrillado, sobre si había participado en el atentado que sufriera en noviembre de 1979.

Otro civil en el banquillo será el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, conocido como Teniente Vaca, quien integraba el Grupo de Tareas en la sección de automotores de la ESMA gracias a un parentesco con el Tigre Acosta. Está acusado de haber participado en sesiones de torturas y de al menos un vuelo de la muerte, tal como lo relató el condenado Adolfo Scilingo.
Además de los vuelos de la muerte, por primera vez llegará a juicio el caso de la joven sueco-argentina Dagmar Haguelin, secuestrada el 27 de enero de 1977 en la localidad bonaerense de El Palomar. Entre los acusados está Astiz, autor del disparo en la cabeza a la joven cuando intentaba escapar. "Gravemente herida, Hagelin fue introducida en el baúl de un vehículo y conducida a la ESMA, donde fue sometida a condiciones inhumanas de vida. Tiempo después habría sido 'trasladada' y aún permanece desaparecida", describió el requerimiento de elevación a juicio.


También se verá el secuestro que sufrió la dirigente de Montoneros Norma Arrostito, secuestrada el día 2 de diciembre de 1976 y llevada luego a la ESMA, donde permaneció engrillada en sus tobillos en un pequeño espacio que los marinos llamaban "camarote", ubicado en el sector denominado "capucha". Durante su cautiverio, era periódicamente exhibida por sus captores  como un trofeo de guerra y era visitada diariamente por el director de la ESMA, el fallecido Rubén Chamorro. La sobreviviente Susana Jorgelina Ramus, quien ocupaba el camarote contiguo, relató cómo el 15 de enero de 1978 la vio descompuesta, vomitando sangre y que murió en el Hospital Naval. El "Tigre" Acosta le confesó luego que como no había colaborado, le aplicaron una inyección de aire.
Su cuerpo habría sido quemado en el campo de deportes de la ESMA. Un sobrino del ex dictador Jorge Rafael Videla También está entre las víctimas del megajuicio. Se trata del militante de Montoneros Ignacio Ojea Quintana, quien fue secuestrado en la ESMA y permanece desaparecido. 
También aparecerá el caso de Alicia Eguren de Cooke, viuda de quien fuera delegado personal de Perón, John William Cooke, secuestrada el 26 de enero de 1977 y llevada a la ESMA, donde fue torturada. "Debe haber estado un mes ahí, se la llevaron en un traslado", declaró la sobreviviente Ana María Martí, quien recordó que varias veces al día le sacaban los grilletes y la mujer caminaba y repetía "Dios mío esto es un genocidio".    «
 
Una sobreviviente clave


El pasado 5 de noviembre, la sobreviviente Blanca García Alonso declaró como testigo en una audiencia anticipada de la tercera parte de la megacausa ESMA. La mujer fue secuestrada  el  11 de marzo de 1979 y fue llevada al centro clandestino de detención donde fue torturada, violada y realizó trabajos forzados. Relató que durante su cautiverio cuidó a varios niños que permanecían cautivos junto a sus padres. También contó que fue forzada a vestirse de policía para arrebatarle el bebé a otra detenida, que no sabía que ella era otra víctima.
En 1979, cuando la CIDH visitó el país, fue enviada junto a otros prisioneros de la ESMA a una isla del Tigre, donde fue forzada a cocinar. Debido a su actividad, permaneció sin tabicar, por lo que pudo reconstruir el movimiento de sus captores.   

 
Crímenes económicos


De acuerdo a las recomendaciones de la Cámara de Casación, las audiencias se realizarán de 10 a 18 los días lunes, miércoles y jueves. A esas jornadas se agregará un cuarto día para reproducir los testimonios de los juicios anteriores.
Los testimonios se organizarán de manera cronológica, por lo que los primeros en declarar serán los que se refieran a las primeras personas secuestradas.  Además de las 13 causas que ya se acumularon, con el juicio ya iniciado se podrían incorporar nuevos expedientes, como los casos relacionados con los crímenes económicos. Si bien el Tribunal decidió separar del juicio esos delitos, la fiscalía presentó un recurso de Casación, que todavía no se resolvió, por lo que en el transcurso del debate se podrían incorporar causas como el robo de bienes al abogado Conrado Gómez o la apropiación de las Chacras de Coria.

Por: Gerardo Aranguren

jueves, 22 de noviembre de 2012

A una semana del inicio del 3º juicio, se realizó inspección ocular en la ESMA

Autoridades del Tribunal Oral Federal Nº 5 de la ciudad de Buenos Aires realizaron hoy una inspección ocular en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en donde funcionó un centro clandestino en la última dictadura cívico militar.

A una semana del inicio del tercer juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en la ex ESMA, los funcionarios judiciales visitaron varios de los edificios con el fin de examinar los lugares precisos en los que eran mantenidos en cautiverio los detenidos, y el funcionamiento del Grupo de Tareas 3.3.2.

Junto al presidente del tribunal, Daniel Horacio Obligado, participaron de la inspección los jueces Adriana Paliotti, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (juez suplente); el fiscal de la causa, Guillermo Friele; el secretario del tribunal, Martín Schawb; los abogados de la querella y los defensores oficiales de los imputados.

Carlos Lordkipanidse, Víctor Basterra y Enrique Mario Fukman, tres sobrevivientes de la ex ESMA, acompañaron a las autoridades del tribunal en el recorrido, encabezado por una integrante del área de Visitas Guiadas del Espacio Memoria y Derechos Humanos.

También formó parte de la comitiva Patricia Walsh, hija del escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh, y querellante en la causa.

A la recorrida, que tuvo el valor legal de una audiencia, asistieron además Carlos Pisoni, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el Espacio Memoria (ex ESMA); y Eduardo Tavani, director ejecutivo del Instituto Espacio Memoria (IEM).

El inicio de la visita fue al Casino de Oficiales, lugar elegido por la Armada para concentrar, torturar y desaparecer a los secuestrados, según consignó el Espacio por la Memoria en un comunicado.

El recorrido comenzó por el sótano del Casino, lugar al que inicialmente "se llevaba a los secuestrados antes de acceder a los pisos superiores del edificio en donde se encuentran `Capucha` y `Capuchita`, sitios en los cuales los secuestrados pasaban sus días en condiciones muy precarias".

En ese lugar, los jueces, defensas y querellas ingresaron a dos estrechas piezas donde permanecían las embarazadas.

La responsable de la visita guiada hizo referencia a las constantes modificaciones realizadas a las instalaciones del centro de detención cuando había visitas de organismos internacionales o de periodistas extranjeros, como ocurrió en el sector llamado "Capuchita".

Dicho lugar era la parte más estrecha del altillo y fue desmantelado en enero de 1978 con el fin de ocultar todo tipo de rastro que podría dar evidencia de lo que allí sucedía.

De igual forma, el equipo de conservación del edificio explicó detalles de esas remodelaciones y de las marcas u objetos dejados por los detenidos-desaparecidos durante su cautiverio.

También recorrieron la Enfermería, edificio donde ocasionalmente eran trasladados algunos detenidos para ser atendidos; y el Pabellón Coy, donde se realizaban tareas de logística, inteligencia, documentación y fotografía.

Asimismo, visitaron la Imprenta, lugar al que eran llevados algunos detenidos para realizar trabajo esclavo; y Talleres Automotores, utilizado para el acondicionamiento de vehículos que participaban en los operativos represivos ilegales.

En el nuevo debate oral y público de la mega causa ESMA serán investigados los casos de 789 víctimas. Serán juzgados 68 imputados, ex miembros (en su mayoría retirados) de la Policía Federal Argentina, la Armada, el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval Argentina y el Ejército y tres civiles.

lunes, 29 de octubre de 2012

El edificio donde se concentraron los negocios de los represores Massera y Vildoza


A sólo dos pisos de distancia
En el 10º piso del edificio ubicado en Cerrito 1136 fundó su partido el Almirante Cero y se inscribió una sociedad con la que fueron apropiados bienes de desaparecidos. En el 12º hay tres sociedades de uno de los apoderados del clan del marino prófugo Jorge Vildoza.

 Por Alejandra Dandan
Sólo hay dos pisos de distancia entre dos grandes universos de negocios vinculados al robo de bienes de los detenidos-desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada. En un piso estuvieron las empresas y nombres más conocidos del masserismo y en el otro aparece una ruta de sociedades que conduce al mundo de bienes y empresas del marino Jorge Ernesto Vildoza. Los dos pisos están en el legendario edificio de la calle Cerrito 1136: en el piso 10, el jefe de los marinos Emilio Massera fundó su partido Para la Democracia Social (PDS) y es la parte más conocida: allí se inscribió la sede social de Will-Ri, la sociedad a través de la cual fraguaron la venta de los terrenos de Chacras de Coria. La historia del piso 12 recién ahora empieza a mirarse de cerca: aparecen direcciones de tres sociedades de uno de los apoderados del clan del marino prófugo Jorge Ernesto Vildoza.

El edificio de la calle Cerrito 1136 parece envuelto en una trama de misterio. Las ventanas encojadas en paredes marrones le dan un aire de televisor color años ochenta. La estructura está metida hacia adentro de la vereda. En el hall de entrada, oscuro, un encargado saluda detrás de un mostrador. En las paredes hay chapones con indicaciones de lo que podrían ser estudios de abogados o empresas. El hombre del mostrador dice que la mayoría son estudios de abogados. Y que cada piso tiene un dueño. La página del Telexplorer muestra más o menos lo mismo, y alguna cosa un poco más llamativa: en el piso 8, por ejemplo, una empresa llamada Zass International, en su sitio web, ofrece, entre imágenes de barcos, el recupero de pérdidas de trasporte marítimo en todo el mundo.

En los años de la dictadura hubo sobrevivientes de la ESMA que pasaron por el piso 10 de Cerrito en calidad de trabajadores esclavos. Otros escucharon las carcajadas de Miguel Donda en el pozo de la ESMA, cuando volvió eufórico después de hacer lo que describió como “un autoatentado” en ese departamento, como parte de una campaña destinada a buscar notoriedad para Massera en medio de sus aspiraciones políticas. En enero de 1983, Massera se presentó como candidato a las elecciones por PDS y la sede estaba en ese espacio. El lugar fue descripto numerosas veces por este diario como un verdadero cuartel de operaciones, desde donde se hizo de todo: el masserismo combinó contactos políticos con la derecha peronista y negocios que incluyeron hasta un plan de reequipamiento naval, fragatas misilísticas, y armas. En 2005 y 2006, el juzgado federal de Sergio Torres instruyó un expediente de robo de bienes en la causa de la ESMA: el departamento del piso 10 aparece como propiedad de Ecer SACIA, IF y M desde el 24 de noviembre de 1979. Entre los accionistas había un hijo de Massera y un cuñado. Lo que se escribió sobre ese departamento y los negocios es mucho, pero todos parecen situarlo como un posible punto de origen de la historia que existió alrededor de los negocios de la ESMA. El represor condenado Jorge Radice era contador en la ESMA, además de conspicuo tirador. Massera se lo llevó al piso 10 de Cerrito. Algunos dicen que lo puso como secretario privado del partido. Sus alias eran Ruger pero también “Héctor Ríos”, alias con el que integró junto a Francis William Whamond la sociedad llamada Will-Ri: un juego de palabras con los nombres. A través de extorsiones y de violencia, Will-Ri se quedó con la chacra de Cerro Largo S.A. en Chacras de Coria, propiedad de un grupo de mendocinos desaparecidos.

Radice es otro de los nombres importantes de la trama de negocios y anuda dos vías sólo desde ese piso. Por un lado, operaciones inmobiliarias, algunas de las cuales investigó Torres en aquel expediente, y por el que lo procesó a él, a Jorge “El Tigre” Acosta y a Carlos José Pazo. Y otra ruta es una compleja trama de relaciones societarias que siempre fueron denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. Las más conocidas son Martiel S.A., Seal Lock S.A. y Talsud S.A., donde Radice se combinó en distintas épocas con Ricardo Cavallo y Acosta, y de las que emergieron numerosas compañías que hoy se investigan en otro expediente del juzgado. Allí aparecen nombres que no son de marinos pero siempre se los asoció: uno es Norma Radice, la hermana de Ruger; Raúl del Prato; el Colorado Miguel Angel Egea y su mujer, o ex mujer, Bárbara Franz. Puede pensarse frente a ese enorme mapa de sociedades que a medida que fueron cayendo presos los marinos, esos otros nombres empezaron a reemplazarlos definitivamente en la trama de sociedades externas.

Algo de esa misma lógica de nombres que empiezan a aflorar cuando los marinos ya no pueden operar podría pensarse sobre el clan Vildoza. Oscar Beccaluva conoció a los hombres asociados a Jorge Ernesto Vildoza en 1995. Beccaluva es un abogado todoterreno de Misiones, y lo llamaron para resolver un problema con la licitación de un bingo. Volvieron a llamarlo más tarde por la ejecución de unos pagarés. Las primeras reuniones en Buenos Aires, las tuvo con el apoderado de la empresa: un abogado llamado Luis Alberto Campi lo recibió en Cerrito 1136, piso 12.

Azar y apuestas

American Data S.A. se creó en 1987 (el mismo año en el que el Tigre Acosta fundó sus astilleros Astilsud con Radice y Egea). Según los papeles, el objeto comercial son actividades de juego de azar y apuestas. El presidente de la compañía es el hijo de Vildoza, que también lleva su nombre: Jorge Ernesto Vildoza, integrante de Inteligencia de la Marina hasta 1988. El vicepresidente es su yerno: Fernando Giromini, piloto del Ejército hasta 1983, ahora piloto de Aerolíneas, hijo de un marino con grado de vicealmirante que fue presidente de Coviara (Construcción de Viviendas para la Armada) y padre de otros dos hijos de la fuerza.

En julio de este año, la jueza María Servini de Cubría detuvo a Ana María Grimaldos, la esposa de Vildoza. Los dos estaban prófugos desde 1986 por la apropiación de Javier Penino Viñas, el hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino. La jueza allanó diez días después las oficinas de American Data en la calle Repetto al 3300 en Vicente López y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de José Sbatella bloqueó las cuentas de la empresa por lo que a esta altura parece casi un menudeo: las intervenciones de teléfonos demostraron que desde ahí se prestaba asistencia financiera a los prófugos dado que, por ejemplo, pagaron el teléfono de Grimaldos.

Desde entonces, la UIF investiga a la empresa en dos direcciones: su trama de relaciones societarias en el tiempo presente y en el pasado rastrea sus orígenes: el abogado Oscar Beccaluva viene denunciando desde 2006 ante la Justicia de Tierra del Fuego que Vildoza padre le dijo que el origen de su empresa fue producto del robo de bienes de la ESMA. Uno de los nombres que dio Beccaluva en las declaraciones fue el de Campi. Lo situó entre los principales actores del círculo interno, encargado de proveer a Vildoza de documentos falsos e insumos en su condición de prófugo, pero también lo ubicó como responsable operativo de los negocios. “Campi habría sido uno de los encargados de administrar los dineros de los desaparecidos: por eso lo mantuvieron ahí”, dice Beccaluva que le dijo Vildoza en una entrevista con Página/12 publicada dos semanas atrás. “Tenía un poder de sometimiento, de señorío sobre los Vildoza que uno no se imagina –dijo–. Otro de los que estaba con ellos era Oscar Sempé, que es el cerebro de todo, el ideólogo de todos los temas financieros con Campi. Porque Vildoza hijo es un tipo pesado, pero un tipo de pocas luces; los ideólogos son Sempé y Campi. Andaban con un tal González, un arquitecto, mediana estatura, que había estado en la ESMA. Pero Sempé era importante porque, cada movimiento de diez pesos, era Sempé al que había que pedirle y la autorización era de Campi. O sea Vildoza tenía temor reverencial hacia Campi, o sea que es otro de los que manejó seguramente el encubrimiento.”

Los fiscales de Tierra del Fuego pidieron la indagatoria a Campi en 2011 por esas denuncias en una causa que (aún) no prosperó, pero incluye la hipótesis del lavado de dinero. Hace dos semanas, luego de la publicación de la entrevista en este diario, Campi le mandó una carta documento a Beccaluva para pedirle que se retracte o rectifique de la información.

Ahora bien: ¿cuáles son los datos que hacen que ese nombre sea interesante, que valga la pena mirarlo de cerca? ¿Y por qué esa dirección de Cerrito?

La jueza Servini de Cubría secuestró documentos de American Data en el allanamiento. Campi aparece en esos papeles como apoderado de la empresa. También actúa como abogado. En este momento, patrocina a Vildoza hijo y a su cuñado Giromini en la causa por el congelamiento de fondos impulsada por la UIF. Apareció, por ejemplo, como apoderado de una UTE que formó American Data S.A., Gilaberte S.A. y Punto y Banca SRL para licitar un emprendimiento de casinos. Ese dato importa sobre todo en aquella búsqueda que intenta unir pasado y presente. Gilaberte es una empresa de, o muy cercana a, Vildoza: misma dirección de American Data y mismo directivo. Pero la articulación con Punto y Banca conecta dos cosas: los nombres que aparecen integrados a Punto y Banca (en base de datos de empresas consultadas por este diario) atan esa compañía a un impresionante tendido del mundo del juego para dejarlos casi como uno de los actores más importantes. Por otro lado, en esa relación de búsqueda de conexiones que en el pasado puedan leerse en la trama del robo de bienes, lo que se sabe es que el casino de Punto y Banca en Puerto Madryn tuvo en 2006 como gerente al ex comisario Julio César Garachico, hombre de Miguel Etchecolatz, juzgado en este momento en La Plata. Existe la presunción de que pueden ser parte de la misma compañía porque Punto y Banca y American Data comparten el mismo domicilio comercial en Madryn y se facturan entre ellos.

Así las cosas, Campi aparece como apoderado o abogado de American Data, la empresa que, por lo menos, protegió a dos prófugos y se asoció a otra que tuvo en el frente a un nombre de la policía de Etchecolatz. Beccaluva dice que a mediados de los ’90 lo visitó en el piso 12 del mismo edificio que Massera ocupó. Según la base de empresas consultada por este diario, la posición de Campi en el piso 12 aparece además reforzada por otros datos. El hombre está vinculado a cuatro sociedades: tres tienen su sede social en ese lugar. En Petrolera Sudamericana aparece como síndico suplente, y luego hay dos inmobiliarias en las que aparece como presidente: Dunker S.A. y Menchilú S.A..

Beccaluva dice que sus oficinas estaban en el último piso, un piso que formaba una especie de dúplex con otro más. Dijo que en la parte de afuera había como un golfito. El piso 12 es último piso del edificio. De acuerdo a la charla con el encargado está conectado en dúplex con el piso 13.

¿American qué?

Radice declaró en junio de 2006 en la causa de Torres. Y esas declaraciones ahora son revisadas nuevamente por la UIF. En la declaración reconoció la lógica de la apropiación de bienes a la que lee como parte de la racionalidad de la “lucha contra la subversión”. No habló de “apropiación” sino de “recuperación” de bienes. Explicó que una de las personas por las que le preguntaron en el juzgado tenía una función en la ESMA: “recuperar dineros, bienes muebles e inmuebles y demás objetos de valor que se hubieran utilizado en el accionar guerrillero y cuyo origen ilegal fueron producto de secuestros y acciones similares”. Quien determinaba cuáles eran los “fondos ilegales” era “una comisión especial conformada por oficiales de la Armada” y detenidos-desaparecidos.

Por otro lado, explicó el camino del dinero: dijo que el producto de la venta “era entregado por acta al Segundo que estaba a cargo de la UT3.3.1 e interino de la 3.3.2 capitán (Adolfo Mario) Arduino en ese momento. Lo que se efectuaba con el material y el dinero como destino final no es de mi conocimiento”.

Vildoza reemplazó a Arduino en 1979. Una hipótesis que investiga la UIF es si Vildoza comenzó a recibir ese dinero: allí ponen el ejemplo de Arduino, que murió pero se le descubrieron dólares en una cuenta de Suiza.

martes, 23 de octubre de 2012

Nueva postergación en el juicio por la ESMA


Luego de que el jueves fuera aceptada la renuncia de la fiscal Mirna Goransky, el juicio oral a 67 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar fue postergado para el 28 de noviembre por el Tribunal Oral Federal 5 a pedido del nuevo fiscal, Eduardo Friele. El juicio es considerado el mayor proceso desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las audiencias durarán 2 años y se ventilará, por primera vez, lo ocurrido con los "vuelos de la muerte".
Friele, que ya actuó en los juicios por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino Automotores Orletti y en la base naval de Mar del Plata, asumió la semana pasada y se encargará del rol acusador, por lo que presentó un pedido de prórroga del inicio del debate, que estaba previsto para el jueves próximo, para interiorizarse de las causas a juzgarse y las acusaciones.

El juicio, que ya había sufrido una postergación, durará al menos dos años con unos 830 testigos. Para el tramo del proceso en el que se juzgará lo ocurrido con los "vuelos de la muerte" hay siete procesados, entre ellos un civil y expilotos de líneas aéreas detenidos en los últimos años.

Además, serán juzgados por segunda vez los ya condenados Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz, y se abordará el secuestro del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz por parte del grupo de tareas 3.3.2, que funcionó en la ESMA.

Entre los juzgados están el exoficial de la Armada Julio Poch, extraditado desde España tras haber trabajado durante años como piloto de una compañía holandesa y denunciado por sus compañeros tras haber alardeado en público de lo sucedido. Poch quedó procesado por 41 casos, incluídos los de las religiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Entre los juzgados están además el ex director de la ESMA, Edgardo Otero, y el represor Miguel Angel García Velazco, como así también los pilotos Mig