martes, 30 de diciembre de 2014

Entrevista a Daniel Cabezas "La condena a Bottinelli abre un camino a la justicia"

Hijo de Thelma Jara de Cabezas, destacó la decisión tomada en el caso Para Ti por el rol de la prensa en dictadura.

Franco Mizrahi


Familia - Daniel junto a sus hijos, Marcela y Leandro, y su madre Thelma, a quien la dictadura tuvo secuestrada en la ESMA.

Daniel Cabezas estaba en la ciudad de México cuando se enteró que la revista Para Ti había publicado una "entrevista" a su madre, Thelma Jara de Cabezas. "Habla la madre de un subversivo muerto", tituló el semanario de la editorial Atlántida el 23 de agosto de 1979. El encabezado hacía referencia al hermano de Daniel, Gustavo, desaparecido por la represión el 10 de mayo del ’76. Un sentimiento confuso atravesó al mayor de los Cabezas. Daniel sabía que su madre había sido secuestrada cuatro meses antes, el 30 de abril de aquel trágico ’79, por el terrorismo de Estado y desde el exterior impulsaba una intensa campaña para salvarle la vida. No demoró más que segundos para darse cuenta de la aberrante operación de prensa que se estaba realizando. Thelma estaba "chupada" en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Por ese reportaje fraguado, el 31 de octubre pasado el juez federal Sergio Torres procesó por "coacción" al jefe de redacción de la publicación, Agustín Bottinelli. El magistrado consideró que el periodista "arbitró los medios necesarios" para la realización de la operación de prensa y le adjudicó la intención de "poner en duda u ocultar la práctica de detenciones ilegales y desapariciones forzadas, incluida la de la propia víctima" y "difundir la idea a toda la sociedad de que la existencia de las desapariciones era una mentira sembrada por las organizaciones de Derechos Humanos."
"Bottinelli se transformó en el primer periodista procesado por un delito de lesa humanidad. Eso sienta un precedente y abre un camino", afirmó Daniel a Tiempo Argentino. Y recordó: "La nota me confirmó que mi mamá estaba viva. Por eso, la noticia fue una alegría personal. Aunque sabía que políticamente iba a hacer mucho mal en la sociedad". Cabezas había partido a tierra azteca a fines del ‘76 con un grupo de cine del que luego se separó para sumarse a las filas del Movimiento Peronista Montonero.

–¿Cómo recibió la familia el procesamiento del periodista Agustín Bottinelli?
–En principio, bien. A seis años del inicio de esta causa que se lo procese es un avance muy importante. Una alegría. Aunque no estamos conformes con la calificación legal del procesamiento. "Coacción" no es la figura que corresponde. Para nosotros Bottinelli está involucrado en el secuestro y las torturas de mi madre. Nuestro abogado Pablo Llonto apeló la decisión y solicitó que se lo considere "partícipe en la privación ilegal de la libertad y tormentos". La editorial Atlántida era socia de la dictadura, apoyaba toda su metodología y así lo demuestran las notas de Parta Ti y Gente. Hubo un apoyo my claro. Para Ti y Bottinelli fueron parte de un plan de acción psicológica destinado a desinformar a la población. Negaban las desapariciones y torturas, los secuestros y asesinatos, la existencia de los centros clandestinos de detención y los vuelos de la muerte. Bottinelli y Para Ti sabían que todo eso sucedía. El reportaje fraguado a mi madre fue parte de ese plan.
–¿Siente que ahora se hizo justicia?
–Tanto mi madre como yo somos querellantes en varias causas de lesa humanidad. Conocemos los alcances y limitaciones de los procesos judiciales. Estamos muy agradecidos, sentimos que se va haciendo justicia. A la vez, como sobreviviente y familiar de una víctima, sabemos que nada va alcanzar para reparar tanto daño. Por más que les den perpetua a los torturadores de mi madre. No alcanza. Lo mismo pasa con la desaparición de mi hermano."

El esclarecimiento del crimen de Gustavo Cabezas llevó más de tres décadas. En 2011, en la megacausa Campo de Mayo se logró identificar a quien secuestró a Gustavo Cabezas y su pareja, Florencia Villagra: se trata del ex teniente Carlos Macedra, a cargo del entonces Batallón Esteban de Luca de Boulogne.
"Fue un alivio. Una parte muy importante se reparó", expresó Daniel respecto al crimen de su hermano. "Desde la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a la actualidad sucedió algo en este país que no se vio en ningún otro lado. Ni en Nuremberg se juzgó a tantos genocidas", señaló. "Esto que está sucediendo –destacó– también tiene que ver con que aquella lucha no fue en vano. Me refiero a la desaparición de mi hermano, a los 30 mil. Hoy estamos construyendo una sociedad más justa. Y eso es lo que los medios hegemónicos no quieren. No les interesa."
–¿Considera que se sentó un precedente sobre el rol de los medios durante la dictadura?
–Sí, hay algo que es incuestionable: Bottinelli fue el primer periodista procesado por un delito de lesa humanidad. Eso sienta un precedente y abre un camino: con este procesamiento se acabó la excusa de la Obediencia Debida para los periodistas de aquella época. Si bien buscamos justicia por la situación que atravesó mi madre, insistimos mucho en resaltar cómo funcionaban los medios de comunicación en aquella época. Así como hubo un Plan Sistemático de desaparición, existió otro de acción psicológica que la dictadura implementó a través de empresas de comunicación nacionales e internacionales (como Burson-Marsteller). También es fundamental recordar que, como contrapartida, hubo más de cien periodistas desaparecidos que no quisieron formar parte de ese grupo que apoyó a la dictadura.
–¿Qué tipo de responsabilidad les adjudica a los medios de comunicación?
–Son grandes responsables. Forman subjetividades, defienden un modelo capitalista, neoliberal. Siempre tuvieron responsabilidad en la construcción de un relato mentiroso. En aquel entonces, en el ’50, durante los ’60 y ahora. En este momento, los medios hegemónicos trabajan con la mentira y con la formación de un relato que beneficia, como siempre, a los más poderosos. En mi familia nos preocupa y tratamos de que este caso emblemático nos sirva a todos.
–¿Considera que debiera haber otros periodistas investigados por su rol durante la represión?
–Hay varios que parecían agentes de prensa de la dictadura. Los que fueron responsables como jefes de redacción, los conductores de televisión, ellos eran los voceros de la dictadura. Los Bernardo Neustadt, Chiche Gelblung, Mirtha Legrand y Mariano Grondona, entre otros. Sólo hay que revisar las notas que salían en las revistas de aquel entonces o ver algún programa de televisión de la época. A esto opongo que hubo más de cien periodistas desaparecidos.

Colgado en una de las paredes de la cocina de la casa de Jara de Cabezas, un trozo de tronco lleva una inscripción tallada a mano que reza: "A Thelma, ejemplo de amor y lucha."
A pesar de ciertos "desbalances" en su estado de salud, Thelma se mantiene en forma e informada. "Está al tanto de todo lo que se publica en los medios de comunicación sobre ella", explicó su hijo.
Quien fuera secretaria de organización de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, confiesa a sus íntimos que no tiene odio sino dolor. Para apaciguar el ardor de esa herida abierta, la familia la acompaña a Thelma en todo momento, sobretodo sus nietos.
"A mis hijos (Marcela y Leandro) en los años '90 les pedía disculpas por el mundo que les habíamos dejado.  Hoy les digo que tienen la suerte de vivir este proceso histórico que está atravesando el país y Latinoamérica, que ya no es una vergüenza lo que dejamos. El cambio fue profundo", concluyó Daniel

Testimonió Adriana Lewi, vista en la ESMA

EL testimonio de Adriana Lewi, hija de dos militantes de la Juventud Peronista desaparecidos, en el juicios por los crímenes en la ESMA
“Ahora sé que me vieron en el centro clandestino”

Es hija de Jorge Lewi y Ana María Sonder, quienes estudiaban en Exactas y fueron secuestrados en 1978. Tardó 30 años en averiguarlo, pero ahora supo que ella también pasó por un centro clandestino.

 Por Alejandra Dandan

Adriana Lewi tiene 37 años, es hija de Jorge Claudio Lewi y Ana María Sonder, militantes de la Juventud Peronista. El era técnico químico, ella maestra, los dos estudiantes de Exactas, secuestrados el 8 de octubre de 1978, hoy desaparecidos. Adriana tardó treinta años, pero un día preguntó si ella misma había estado con ellos en un centro clandestino. “Sé que a él lo lastimaron un montón, le fracturaron la mandíbula, le quemaron la cara con agua hirviendo. Sufrió violencia sexual. A veces es muy loco pensar que para mí esto está bueno, que saber estas cosas tan terribles puede ser bueno, como es tener un conocimiento de lo que pasó. A mí me costó mucho preguntar si también me habían visto en el centro clandestino. Mucho es treinta años. Y ni siquiera lo pregunté directamente. Le pregunté a una amiga que se lo preguntara a una persona en común. Finalmente sé que sí. Que me vieron en el centro clandestino.”

Adriana Lewi declaró sobre su historia en el juicio oral por los crímenes de la ESMA. Jorge y Ana fueron secuestrados durante la persecución de un grupo de compañeros de militancia. Primero los llevaron al Olimpo y luego de la Navidad de 1978 a la ESMA. Los abuelos maternos de Adriana los escucharon al teléfono por primera y última vez en esa Navidad. Su abuela se cayó al piso de rodillas cuando escuchó la voz de su hija, a quien daba por perdida. Ana les preguntó si Adriana efectivamente estaba con ellos.

Sus abuelos creyeron que el secuestro había sido el 11 de octubre a la madrugada, cuando un auto paró frente a su casa, con Adriana que era un bebé. “Les preguntan si me reconocen –explicó–. Mis abuelos paternos habían decidido no ver a mis papás porque estaban en la clandestinidad y no querían tener esos datos. Con los abuelos maternos, en cambio, mis papás mantenían comunicación telefónica y me veían. A mí me dejaron en la casa de ellos con una notita prendida en la ropa, de mi mamá, y una foto de mi papá. Una imagen rara, que nosotros no conocemos, parecía en un centro clandestino, tenía como un traje: no era ni una foto familiar ni nada parecido.”

Sus abuelos, asustados, se la llevaron a la Costa. “No presentaron ningún recurso de amparo, se metieron en una casa que tenían y finalmente volvieron. Me cuesta saber qué pasó, no le dijeron a nadie y sé que un día mi abuela paterna pasa, siente algo, ahí aparezco yo, ellos se anotician de que mis padres estaban secuestrados y son ellos los que de alguna manera motorizan la búsqueda.”

Los abuelos no hablarán demasiado. “En casa no había fotos de mi mamá, ni de mi papá. En la casa de mi otra abuela tampoco. No me hablaban de mi papá o de cómo eran. Me dijeron hasta los seis años que mis papás estaban de viaje, cosa que tampoco estuvo buena pero lo manejaron como pudieron.”


La sala estaba llena. En las butacones destinados al público estaban las rastas de uno de los integrantes de H.I.J.O.S, los lacios y largos de otros, los anteojos. El celular prendido de uno. El policía un poco más amable, un poco, pero que siempre relojea que lo apaguen. Y también hubo alguna carcajada.

“Yo me acuerdo de cosas a las que ahora les puedo poner un nombre y sobre las que puedo decir: sufrí de stress postraumático. Tenía paranoias. A los tres años estaba en un auto y miraba para atrás y me parecía que nos estaban siguiendo. Me subían y me agarraba de la puerta. Cuando llegaba a mi casa de noche siempre vomitaba porque me daba miedo saber qué había adentro. No dormía con la luz apagaba. Tenía mucho miedo. Me acuerdo de que en el baño de la casa de mi abuela había una claraboya justo arriba del inodoro y cuando piyaba, piyaba mirando para arriba porque tenía miedo de que que se me descolgara alguien desde ahí.”

Al año y medio, aparentemente, hablaba demasiado. Sus abuelos “querían que yo me callara porque les daba miedo que nos volvieran a secuestrar. Necesitaban silenciar ese relato, pero yo tenía un año y medio y hablaba y hablaba. Te juro que me encantaría recordar qué era lo que decía en ese momento”.

En una especie de fluido de palabras con la sala, entre presente y pasado, con los jueces, Adriana les dijo “viste” a los jueces y trajo algo de su mundo en tres imágenes. Los fiscales pidieron autorización a los jueces. Los jueces autorizaron. En la sala aparecieron las proyecciones. Adriana mostró tres.

La primera, una foto del casamiento de sus padres. Nadie sabía que existía hasta unos quince años. Uno de sus abuelos las encontró en un rollo sin revelar. “Los dos jóvenes de la foto son mis padres”, dijo ella. Atrás están sus abuelos maternos: la abuela Victoria Garmendia de Sonder y su abuelo Juan Carlos Sonder, “como mi tío, mi bisabuelo, mi tátarabuelo. Mi mamá tiene el mismo peinado que su madre, se ve que la peinó mi abuela para el casamiento.”

La segunda foto es un bebé y dos brazos: “Una foto de los brazos de mi mamá y yo”.

La tercera es una foto de dos adultos bailando: “Y ésa es la foto con mis papás”, dijo. “Yo no tenía nada más y necesitaba tener una foto de los dos juntos, como que me gustaba la idea de tenerla y como no la tenía la hice: fotomonté a mi papá que estaba con mi tía bailando y a mi mamá que estaba con mi tío. Ahí mi mamá estaba embarazada de mí. Y los pegué. Y fue la foto que tuve durante mucho tiempo. Tanto que me olvidé que había hecho el fotomontaje. Y un día me lo recordaron. Y tiene todas estas vueltas la historia de la clandestinidad que uno se tiene que construir la historia como puede.”
El operativo

Los fiscales le preguntaron por lo que podía saber sobre el secuestro. Adriana dijo que algunas cosas se le confunden, por el año y medio, por el miedo de la familia. “Para mí la reconstrucción fue de a pequeños detalles que fui juntando y sumando de aquí y de allá y se me hizo difícil fijarlos en algunos casos. No me acuerdo, por ejemplo, la fecha de nacimiento de mis padres, eso se me borra.”

En una ocasión consiguió la dirección de la casa del secuestro. Y fue a conocer a sus vecinos. Supo que su padre Jorge en el barrio era conocido como Juan o su madre Ana como Alicia. “Tenía otro nombre ella pero no me acuerdo, la vecina me contó que mi papá se iba temprano a trabajar.” Le contó que ese 8 de octubre llegaron muchos hombres armados, que fue un operativo muy grande, se subieron a los techos de los edificios vecinos y entraron a la casa.

Primero entraron al departamento de los vecinos y después al que estaba Adriana con su madre, se las llevaron; la vecina le dijo a Ana que le dejara a su hija. “Dejame a la nena, le dijo y mi mamá le dijo que no, a la nena me la llevo yo. Y yo finalmente me fui con mi mamá y cuenta la vecina que (los militares) estuvieron escondidos en la casa de enfrente esperando para ver qué pasaba y en un momento lo vieron llegar a mi papá en la esquina. Y mi mamá tenía la costumbre de poner un pañuelo rojo en el balcón, seguro que para decir que estaba todo bien. Y también me dijo que cuando mi papá llegó no estaba el pañuelito rojo. Que lo vieron como dubitativo pero que bueno, entró finalmente a la casa. Yo siempre me pregunto sobre eso: ¿qué vas a hacer si llegás a tu casa y ves que no está el pañuelo, qué vas a hacer? ¿No te vas a ir? A lo mejor hubiese sido lo mejor para él. O no, nunca lo sabremos. Finalmente entró y lo que dicen es que cuando lo sacaron estaba súper lastimado. Esto fue alrededor de las cinco o seis de la tarde.”

Cuando ya todo llegaba a su fin y en el campus el ritmo era marcado por la música murguera, el presidente del Tribunal analizaba en diálogo con Página/12: “Siento una satisfacción que tiene sabor demasiado agridulce. Ver acá a Pura de Villeres, con más de 90 años, hace pensar en el retardo injustificado de años a la hora de resolver. O la mamá de los hermanos Fernández, a la que le llevaron dos hijos y le devolvieron uno adentro de un cajón con la prohibición expresa de verlo. Ahí queda muy clara la clandestinidad con la que actuaron. Y Olavarría se merecía hacer un poco de luz sobre el terrorismo de Estado”.

sábado, 15 de noviembre de 2014

Aprobaron en Francia la extradición a la Argentina del represor Mario Sandoval

Un represor camino al banquillo

Ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal, Sandoval integró el Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA. Trató de escudarse en su ciudadanía francesa para no ser juzgado por sus crímenes, pero la Justicia de ese país no hizo lugar a su planteo.

El Consejo Constitucional de Francia aprobó ayer la extradición a la Argentina de Mario Alfredo Sandoval, un ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal que integró durante la dictadura el Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA y que años después hizo carrera en Francia, donde tejió vínculos en ámbitos académicos, empresariales y políticos. Ante la intención de Sandoval de escudarse en su ciudadanía adoptiva para evitar ser enviado a la Argentina, donde el juez federal Sergio Torres pidió su captura internacional en 2012, el Consejo Constitucional sostuvo que la ciudadanía “se evalúa en el momento del delito” y que las normas relativas a la adquisición de la nacionalidad no fueron creadas “para escapar de una extradición”. Si bien el magistrado que instruye la causa ESMA pretendía indagarlo por más de 600 víctimas, el Tribunal de Apelaciones de París que evaluó el pedido en mayo autorizó la extradición para que se lo juzgue sólo por el detenido desaparecido Hernán Abriata, militante de la Juventud Universitaria Peronista secuestrado en un operativo que encabezó Sandoval.

Cuando comenzó la dictadura, Sandoval tenía 22 años y era oficial subinspector de la Policía Federal destinado en el Departamento de Asuntos Políticos, en el séptimo piso de Moreno 1417, cuatro más arriba de donde funcionaba el centro clandestino de Superintendencia. De su legajo surge que realizó cursos de instrucción en “lucha antisubversiva”, en los que se enseñaban técnicas de interrogatorio bajo tortura, y que fue “recomendado” en noviembre de 1976 por su actuación en “procedimientos antisubversivos”.

En 1984 sobrevivientes de la ESMA mencionaron a un tal Churrasco como “agente operativo del GT 3.3”. En 2008, Página/12 informó que el alias pertenecía a Sandoval y la Justicia comenzó una investigación que cuatro años después derivó en el pedido de detención. “Era un tipo muy extraño, hacía inteligencia, un tipo intelectualmente de los más preparados dentro de la ESMA y muy jodido. Si te podía boletear, te boleteaba, no había tutía con este hombre, sabía realmente lo que estaba haciendo y lo que quería”, recordó un sobreviviente.

Los testimonios sobre el secuestro de Abriata también datan de 1984. El operativo fue en la madrugada del 30 de octubre de 1976 e incluyó un interrogatorio al militante de la JUP en su habitación. Uno de los secuestradores se identificó ante sus familiares como “oficial inspector Sandoval, de Coordinación Federal”, nombre anterior de la Superintendencia, y dijo que “la denuncia” contra Abriata provenía de la Facultad de Arquitectura, donde estudiaba y militaba. Entre los alias que lograron escuchar estaban Halcón, como se hacía llamar el capitán Néstor Savio, y Sérpico, Ricardo Cavallo, notorios miembros del GT 3.3. El 7 de noviembre fueron secuestrados otros seis estudiantes de arquitectura y días después Sandoval logró la “recomendación” por un “procedimiento antisubversivo”.

El Tribunal de Apelaciones de París autorizó en mayo la extradición. Churrasco puso sus últimas fichas con el argumento de su nacionalidad francesa, pero el Consejo Constitucional lo desbarató. El Código de Procedimiento Penal francés establece que la nacionalidad francesa de la persona acusada “no es un obstáculo” y que “la ciudadanía se evalúa en el momento del delito por el cual se solicita la extradición”.

viernes, 14 de noviembre de 2014

La justicia francesa falló a favor de la extradición a Argentina del ex policía Mario Sandoval

El Consejo Constitucional francés dio este viernes su conformidad a la posibilidad de extraditar a Buenos Aires al ex policía franco-argentino Mario Sandoval, reclamado por la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad. Los “sabios” franceses estimaron que Sandoval podía ser extraditado por haber obtenido la nacionalidad francesa después de los hechos de los que se le acusa.

El Consejo Constitucional francés dio luz verde este viernes a la posibilidad de extraditar al franco argentino Mario Sandoval, requerido por la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en el país sudamericano.

La defensa de Sandoval, naturalizado francés en 1997, apeló al Consejo Constitucional invocando la Carta Magna, que prohíbe que un francés sea extraditado, pese a que un artículo del código de procedimiento penal especifica que un ciudadano nacionalizado no puede ampararse en esta protección si los hechos que se le reprochan son anteriores a la adquisición de la nacionalidad francesa.

La defensa pretendía que, en nombre de la equidad, Sandoval pudiera de todos modos gozar de esta protección, lo que el Consejo Constitucional le ha negado este viernes. Esta entidad consideró que los legisladores crearon la salvedad para impedir que la naturalización sirviese para escapar de una extradición.

Mientras tanto, el juicio a Sandoval continúa. La corte de apelaciones de París dio el 28 de mayo luz verde a la extradición del ex policía buscado por 600 casos de violación de Derechos Humanos, que debe ser confirmada por un decreto gubernamental. Sin embargo, Sandoval apeló el fallo, que debe ser examinado el 21 de enero de 2015.

Ex miembro de la Policía Federal Argentina, Sandoval es requerido por la justicia argentina por crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), utilizado como centro de detención clandestina.
por RFI

jueves, 6 de noviembre de 2014

Un periodista procesado por cómplice

Agustín Bottinelli ordenó un reportaje apócrifo a Thelma Jara de Cabezas mientras estaba secuestrada en la ESMA

Fue una famosa tapa de la revista Para Ti, titulada “Habla la madre de un subversivo muerto”. Ayer, el juez Torres procesó por coacción al editor de la publicación por el carácter apócrifo de la entrevista.

 Por Gustavo Veiga

Agustín Bottinelli se convirtió en el primer periodista procesado por participar en delitos de lesa humanidad. El juez federal Sergio Torres le imputó la figura penal de coacción y trabó embargo por un millón de pesos sobre sus bienes al acreditar que fue el responsable de una entrevista apócrifa a Thelma Jara de Cabezas publicada en la revista Para Ti, de Editorial Atlántida, mientras se encontraba detenida-desaparecida en la ESMA.

El magistrado dio por probadas varias situaciones en la resolución judicial, que no incluye la prisión preventiva. Las principales: que hubo un reportaje fraguado y que el ex editor dio la orden de realizarlo. Tomó en cuenta también el testimonio de un secuestrado en la ESMA, Lázaro Gladstein, a quien una patota del centro clandestino hizo pasar por el sobrino de la mujer durante la nota. Valoró las declaraciones de otros testigos que responsabilizaron al periodista de las órdenes muy precisas que dio para su publicación. “Tenés que ir a hacer un reportaje, se trata de una subversiva arrepentida”, le dijo Bottinelli a Alberto Joaquín Scola, el redactor que lo realizó, según se desprende del fallo.

El procesamiento que tiene 200 hojas describe: “El objeto del reportaje habría sido poner en duda u ocultar la práctica de detenciones ilegales y desapariciones forzadas, incluida la de la propia entrevistada, y de difundir la idea de que la existencia de las desapariciones era una mentira sembrada por las organizaciones de derechos humanos. Finalmente, el imputado habría dispuesto la publicación de dicha nota –construida falsamente–, en el indicado medio gráfico, el día 23 de agosto de 1979, titulado ‘Habla la madre de un subversivo muerto’”.

El juez Torres señala en su resolución que “se encuentra probado que Bottinelli, valiéndose de la situación amenazante que atravesaba la mencionada Jara de Cabezas, respecto de su vida y su integridad física, arbitró los medios necesarios para que se le realizara la mencionada entrevista, resultando su acción apta para vulnerar el bien jurídico protegido por la norma, para luego fraguar su contenido y ordenar su publicación en la revista Para Ti”.

Pablo Llonto, el abogado de Jara de Cabezas, le dijo a Página/12 que apelará la calificación de “coacción” que aplicó Torres en su fallo, pero destacó que “estamos contentos porque es la primera vez en la Argentina que un periodista que fue parte del aparato de encubrimiento y de acción psicológica de la represión es procesado. Bottinelli es uno de los tantos periodistas que, conocedores de lo que estaba sucediendo, actuaban en conjunto con los militares y con los grupos de Inteligencia para hacerle creer a la sociedad que aquí no había secuestros, desapariciones, asesinatos, torturas, vuelos de la muerte y centros clandestinos”.

El procesado negó la relación con los marinos de la ESMA que se le imputa y descargó la responsabilidad por la entrevista en Aníbal Vigil, uno de los dueños de Atlántida, quien falleció: “No me pareció algo fuera de lo habitual que me llamara y me diera las coordenadas para que enviara un fotógrafo y un redactor a hacer la nota. El me dijo que se trataba de la madre de un guerrillero sin darme más detalles. Yo recibí el texto final de la entrevista tal como era habitual y sólo pude haber corregido la parte gramatical pero en ningún caso hubiera modificado el texto de la misma por dos razones, primero porque no lo hacía nunca y segundo porque era un pedido de la dirección”. El juez Torres no le creyó.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Nuevos testimonios de horror en el casino de oficiales de la ESMA

Declaró esta mañana Estela Cornalea de Falicoff, quien permaneció secuestrada en el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada durante un mes.

Su testimonio reveló las terribles condiciones en las que estaban los compañeros, entre ellos, Alberto Samuel Falicoff,  su marido.

Estela fue sorprendida por las fuerzas conjuntas el 25 de noviembre de 1976 en su casa del barrio de La Boca, donde estaba con su hijo de dos años. Allí, permaneció la patota hasta la llegada de Alberto. El niño, fue entregado más tarde a su abuela diciendo que había sido encontrado en la calle con un cartelito con el nombre, dirección y teléfono.

Mientras, Estela y Alberto fueron llevados en dos coches separados hacia la ESMA. Ya Alberto y Estela se encontraban en la clandestinidad, vivieron el exilio interno al tener que huir de Córdoba porque había sido allanada su casa.

No queda ninguna duda que el cautiverio de este matrimonio fue en la ESMA, las descripción de capucha,  los ruidos que allí se oían (aviones, trenes, helicópteros, la música alta y los eternos gritos desagarrados de dolor de las sesiones de torturas que allí se sufrían). También Estela pudo recordar a compañeros desaparecidos que estuvieron allí, como Daniel Antokoletz, abogado defensor de presos políticos, “Pata de Palo”, un compañero con discapacidad motriz al que los milicos castigaban con golpes por no poder mantenerse en pie, con extrema saña (que sería Barcos), la presencia de muchas embarazadas y la muerte de dos hombres y una mujer que se quedaron en la tortura.

Pudo describir la metodología de los traslados donde se llevaban a los cautivos a su destino final en las aguas del Río de la Plata o el mar, y que un guardia le dijo a otro cuando le preguntó a dónde los llevaban “Son carne para los pescados”

También, durante su secuestro, pudo ver a su marido cuando lo trajeron, luego de una sesión de tortura en muy mal estado, con el cuerpo repleto de quemaduras por el efecto de la picana.

Estela tuvo como tarea lavar cubiertos y organizar la ropa del pañol. En esas faenas lavó pañales de niños y escuchó la voz de un pequeño que preguntaba por qué su papá tenía en la cabeza una capucha.

Alberto Falicoff, simpatizante del PRT, era médico pediatra que colaboraba con la Comisión de Ayuda a presos políticos,  estuvo vinculado a los sindicatos de Luz y Fuerza, SMATA y otros en la provincia de Córdoba.

Alfredo, su hijo de 2 años, dio el último beso a su padre atado en su casa de La Boca para no volver a verlo.

Al día de hoy, el Dr. Falicoff sigue desaparecido y Estela en el exilio donde presentó denuncias ante organismos internacionales.

Megacausa ESMA III Los vuelos de la muerte


El 23 de octubre terminaron las declaraciones de los “holandeses” en el tramo Vuelos de la megacausa ESMA. Se trata de los testimonios que incriminan al piloto de avión de la Marina Julio Poch, acusado de haber participado en los llamados “vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar vivos, bajo el efecto de sedantes, al mar o al Río de la Plata a los prisioneros de los campos de concentración. La detención de Poch se produjo en España en el año 2009, mientras trabajaba en la compañía aérea holandesa Transavia, una de las divisiones de la multinacional KLM.

Los holandeses

En el año 2006, durante una cena de camaradería de los pilotos de Transavia en la isla de Bali, Poch prácticamente confesó a sus compañeros de trabajo su participación en el genocidio.

Durante la comida, los pilotos holandeses criticaban la participación Jorge Zorreguieta -padre de la actual reina de Holanda, Máxima- en el gobierno militar, del cual fue secretario de Agricultura y Ganadería. Entonces Poch dijo: “Zorreguieta no sabe nada. En una guerra muere gente de ambos lados”, y de despachó relatando la mecánica de los vuelos. “Tendríamos que haberlos matado a todos”, agregó el represor. Los pilotos hicieron la denuncia ante la compañía, cuya actitud fue la del encubrimiento: no hizo la denuncia penal, no apartó al piloto, criticaron a la policía holandesa cuando detuvieron a Poch y, finalmente, despidieron al empleado que presentó formalmente la denuncia ante la Corte Penal Internacional.

De los testimonios surge, sin embargo, no fue este la única vez que Poch se vanagloriaba de su actividad asesina. Desde hace más de 25 años, dijo uno de los testigos, se bromeaba dentro de la empresa “hoy volás con Julio, mantenete lejos de las puertas”, en alusión de su participación en los vuelos de la muerte. Las confesiones de Poch frente a sus compañeros pilotos eran frecuentes, hacía alarde y defendía la actuación de los militares. De su legajo, surge que participó en el Operativo Sirena de 1975, que fue una caza de militantes. Esta es la primera vez que Poch es sometido a juicio.

Al concluir los testimonios, Poch pidió ampliar su declaración. Cuando le tocó hablar ante los jueces y responder a las acusaciones, Poch abrió la boca para no decir nada. No aceptó preguntas de las partes y dijo que quienes habían armado esta causa contra él eran “tres manzanas podridas” que querían progresar dentro de la empresa, que todo era mentira.

Por los vuelos de la muerte, hay otros seis acusados, entre ellos, quienes participaron en el vuelo del 14 de diciembre de 1977, que sería el del “traslado” de las monjas francesas y el grupo de la iglesia de Santa Cruz.

domingo, 26 de octubre de 2014

La ESMA : sucursal París


Documentos desclasificados de la Cancillería revelan que Astiz tuvo compañía calificada en Francia. Otros integrantes de la patota de la ESMA estuvieron nombrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta en el Centro Piloto de París, incluidos los secuestradores de las monjas francesas.

En la foto, recostado contra la pared, Gabriel Périés (padre) observa hacia su derecha, donde en el margen de la foto aparece Alfredo Astiz.

La conexión francesa

La Armada dominaba las relaciones exteriores y transformó las embajadas en centros de propaganda. Esta semana, los archivos se publican en la página web oficial y se podrán seguir historias como la del Centro Piloto de París, donde destinaron a los asesinos de las monjas francesas.

 Por Alejandra Dandan y y Victoria Ginzberg

Durante la última dictadura, los represores bautizaron como “campaña antiargentina” a los reclamos de justicia y pedidos sobre el destino de los desaparecidos. El rol de la Cancillería en el terrorismo de Estado fue el de intentar contrarrestar las denuncias que se hacían fuera del país sobre las violaciones a los derechos humanos. “La misión impuesta se podrá llevar a cabo con la colaboración, dedicación y eficiencia que pongan las Representaciones destinadas en el exterior, sobre quienes recae el mayor peso del esfuerzo”, dice un documento hasta ahora secreto. Allí también se especifican las “tareas” que debían cumplir los embajadores y otros funcionarios diplomáticos. Entre ellas, la de contactar periodistas para “transmitir informaciones favorables” y la de promover visitas de “personas importantes”. “Los términos que se deben emplear cuando se haga referencia a la subversión, deberá ser bandas terroristas, sin mencionar subversión marxista u otros términos que llevan a confusión en el exterior”, se afirma en la Directiva Número 1 de Difusión al Exterior, sellada el 15 de agosto de 1977. Este es uno de los 5832 documentos que fueron desclasificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que a partir de hoy están disponibles para todo el mundo a través de la página web del organismo. Con este archivo es posible comprobar que gran parte de la patota de la ESMA fue nombrada en Cancillería y que algunos de sus integrantes fueron descubiertos por las autoridades francesas. Un documento informa que, en 1979, París pidió las credenciales diplomáticas del teniente Enrique “Cobra” Yon, que estaba involucrado en el secuestro de las monjas francesas y revistaba en el Centro Piloto de París, el organismo que fue el puntal de esta estrategia de los militares que encarnó la Marina.

El 26 de julio de 1977 el Boletín Oficial publicó el decreto 1987 del Poder Ejecutivo Nacional para crear la dirección de prensa y difusión de la Cancillería, de la que iba a depender el denominado Centro Piloto de París. Ese documento clasificado como “público” aparece acompañado un mes más tarde, el 15 de agosto de 1977, de la Directiva Número 1 de Difusión al Exterior, que fue calificada como “secreta” y estaba destinada a reglamentar el trabajo de contrapropaganda de las embajadas de Europa occidental y Estados Unidos. La copia desclasificada fue encontrada en la embajada argentina en Bonn. No hay constancias de que los papeles hayan sido incorporados hasta ahora en las causas judiciales de la ESMA.

“Señor Embajador: Tengo el honor de dirigirme a VE en cumplimiento de una orden de SE el señor Canciller, con el objeto de elevar la Directiva Nº 1 de Difusión al Exterior que determina los modos de acción que deberá implementar esa representación diplomática a efectos de contrarrestar la campaña de desprestigio que ciertos medios de prensa extranjeros desarrollan en contra de las autoridades nacionales.” El documento está firmado por Roberto Pérez Froio, capitán de fragata IM director general de Prensa y Difusión y está dirigido al entonces señor embajador en Alemania Federal Enrique JL Ruiz Guiñazú.

Otro de los papeles se refiere a una “cuenta especial” (la número 459) que poseía la Cancillería y que tuvo un movimiento singular durante la dictadura. En 1976 recibió en concepto de gastos reservados menos de veinte mil dólares, pero al año siguiente más de 832 mil. En 1978, año del mundial de fútbol, cuando una de las principales preocupaciones de los represores era la “campaña antiargentina” en el exterior, la cifra depositada alcanzó los dos millones y medio de dólares. El monto se mantuvo los dos años siguientes y se redujo a la mitad en 1981. Las copias de esta documentación fueron ubicadas como anexos del legajo diplomático de la funcionaria Elena Holmberg, asesinada por los marinos en lo que se supone una interna con el Ejército.

Elisa Tokar declaró ante la Justicia: “Un día de mayo de 1978 me dicen: ‘Bueno, vamos a Relaciones Exteriores’. Yo no tenía ropa adecuada, pero fui vestida con la ropa que tenía y me presentan ahí al capitán Pérez Froio, que era el responsable de la Secretaría de Prensa y Difusión. Una de mis sorpresas fue que el jefe de Difusión era Francis Whamond, que era mi torturador. Después me muestran otras oficinas. Ahí veo al teniente (Hugo) Damario, que es otro de los personajes que se presentó el 21 de septiembre o 22 en mi secuestro como Jirafa. Y el teniente (Alejandro) Spinelli, que estaba, digamos, en Cancillería. La Secretaría de Prensa y Difusión estaba en el Palacio San Martín y donde estaba asignada la oficina de Prensa era un sótano, debajo del sótano había como otro pequeño sótano donde ahí estaba el teniente Spinelli, le decían Felipe”.

Estos nombramientos, que fueron calificados como “secretos”, están reflejados en los documentos desclasificados. Con fecha 16 de marzo de 1979, la Dirección de Personal resuelve “establecer que Enrique Yon prestó servicios en este ministerio desde el 22 de enero de 1978 al 17 de enero de 1979 con asignación de funciones en el centro de Difusión Argentina en París”. El 17 de abril de 1979 la misma oficina pone fin a las funciones de Hugo Damario y designa “con efectividad el 22 de marzo de 1979 jefe del Departamento y Difusión al ‘Sr. teniente de Navío D. Juan Carlos Rolón’” (otro de los conocidos represores de la ESMA).

Lo cierto es que gran parte de los represores de la ESMA pasaron a revistas en la Cancillería, ya sea a través del Centro Piloto de París, en representaciones extranjeras como agregados navales o en la misma estructura del ministerio. El vicealmirante Oscar Montes, que fue canciller entre el 30 de mayo de 1977 y el 30 de octubre de 1978, había comandado en 1976 el grupo de tareas 332 de la ESMA. Los marinos Walter Allara, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores, Hugo Damario, que estuvo en la Dirección de Prensa, Alberto Eduardo González, que estuvo en prensa del ministerio y de la agregaduría naval de Gran Bretaña y Holanda, Francis Whamond y Juan Carlos Rolón, que también estuvieron en prensa, formaron parte de la patota de la Marina en la ESMA. Además está el caso ya mencionado de Yon, que fue nombrado en París y detectado por Francia como uno de los participantes del secuestro de las monjas. Alfredo Astiz, a quien los exiliados lo identificaron en Francia, fue también agregado naval en Sudáfrica.

Los documentos que ahora son públicos permiten ligar formalmente al Centro Piloto de París con la estructura de la Cancillería. Como señala la historiadora Marina Franco, autora de El exilio, argentinos en Francia durante la dictadura, ese organismo cumplía por un lado la función de coordinar los esfuerzos contra la llamada campaña antiargentina en Europa, pero también fue el lugar desde el que se buscó espiar y controlar a los exiliados y desde el que se buscó apuntalar el proyecto político de Massera. Así, en conjunto, en los papeles se observa el tránsito de los marinos desde los sótanos de la ESMA a la estructura burocrática del Estado represivo y el rol que tuvo el ministerio durante el terrorismo de Estado: contrarrestar y desprestigiar las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en el país. A pesar de los esfuerzos, gracias a la perseverancia de los organismos de derechos humanos, no lo consiguieron.

martes, 21 de octubre de 2014

La estructura que se oculta detrás de los vuelos de la muerte

UN HALLAZGO QUE SALIO A LA LUZ EN EL JUICIO SOBRE LA ESMA

La reconstrucción de la estructura burocrática y secreta de la Armada. El rol del Comando de Operaciones Navales (COOP), el área encargada de distribuir recursos, es decir, aviones y tripulantes. El redefinido lugar de la Prefectura.

 Por Alejandra Dandan

En el juicio ESMA se están reconstruyendo las estructuras de la Armada que abastecieron de aviones y de tripulantes a los vuelos de la muerte. Se trata de una investigación que explica cómo hizo la Escuela de Mecánica de la Armada para contar con una aeronave los días de “traslados” de prisioneros. Así, se desentrañó el rol del Comando de Operaciones Navales (COOP), el área encargada de distribuir recursos, máxima autoridad de la “guerra” y ubicada inmediatamente abajo del jefe de la Armada. Del COOP dependían dos áreas clave en el manejo de aviones: el Comando de Aviación Naval de la Armada (COAN) –con escuadrillas de Electras, DC3 y helicópteros– y la División de Aviación Prefectura (DAVI), a cargo de los Skyvan. Todas esas aeronaves se usaron en los vuelos de la muerte y cumplían con dos condiciones principales: autonomía de vuelo y capacidad de lanzar cargamento en vuelo. La forma en la que Prefectura intervino en esta trama y cómo sus Skyvan llegaron a trasportar a los prisioneros de la ESMA son datos que surgieron en este juicio, en el que tres de los seis acusados por participar en los vuelos son, justamente, prefectos.

“El aparato organizado de poder involucró a todos sus estamentos: la Marina encarnó su cometido utilizando a sus patotas. Los secuestros, asesinatos, tormentos, abusos y hasta el robo de niños fueron parte de este plan. Para culminar pedirían apoyo a las escuadrillas aeronavales”, evalúa una de las partes acusadoras. “Lo que debemos preguntarnos es cómo se materializaron esos aportes, cómo pensamos el rol de cada escuadrilla, porque en este último tramo –llámese disposición final o asesinato– esas escuadrillas facilitaron las aeronaves al grupo de tareas que funcionó dentro de la ESMA.”

Los datos para llegar hasta acá, para rearmar desde el polvo la estructura burocrática y secreta de la Armada, surgieron de varios de trabajos. Uno fue el análisis de archivos de las Fuerzas Armadas que se hace desde 2003 en el Ministerio de Defensa y otro, del mismo tenor pero más reciente, es el realizado en los archivos de la policía, Prefectura y Gendarmería del Ministerio de Seguridad. María Laura Guembe coordinó el equipo de la Armada en Defensa y ahora hace esa tarea en el Ministerio de Seguridad. La semana pasada declaró en el juicio ESMA: “La información no está en un único lugar. La tarea es producir información en el cruce de documentos. Leer los reglamentos y los planes y la documentación para ver cómo eso se transformó en acciones”, explicó.

Los equipos estudiaron distintos papeles: legajos, actuaciones de Justicia, memorias de las distintas fuerzas y libros de actas. Cruzaron los datos con una pieza todavía clave: el Plan de Capacidades Internas de la Armada Argentina (Placintara) del año 1975, un documento secreto conocido desde el Juicio a las Juntas pero que continúa siendo fuente de información y es releído como base del rompecabezas de la Armada.
El Comando de Operaciones Navales

El Placintara reorganizó la estructura de la Armada en una faz institucional y en una faz operativa para combatir lo que llamaron “lucha contra la subversión”. Así, a partir del Placintara, la estructura de la Armada quedó dividida en 11 Fuerzas de Tareas (FT) con anclaje jurisdiccional. Las FT se dividieron Grupos de Tareas (GT), divididos a su vez en Unidades de Tareas (UT) y luego en Elementos de Tareas (ET). La Fuerza de Tareas 3 de la agrupación Buenos Aires tuvo al menos 7 GT según el informe de Defensa: la ESMA era el GT 3, y como estaba en la FT 3 se la nombró GT3.3. Todas las Fuerzas de Tareas dependían de un área clave, hoy entendida como estructurante de los “tiempos de guerra”: el Comando de Operaciones Navales (COOP), ahora central para la lógica de la provisión de aviones.

Los vuelos son el único tramo de la ESMA sin sobrevivientes. La mayor parte de los marinos en juicio fueron vistos o denunciados por sobrevivientes. Luego, los papeles de la burocracia respaldaron sus posiciones dentro de la estructura. Pero con los vuelos no sucede lo mismo. El GT 3.3 no tenía aviones. Y los tripulantes de los vuelos no pasaron por la ESMA. Ninguno de los acusados por vuelos tuvo comisiones en el centro clandestino ni estuvo como “enlace” en la ESMA. Esto, que antes podía parecer un problema, es, a partir de la interpretación de las estructuras, casi una obviedad.

“Quienes planeaban las muertes pedían un avión y lo tenían”, señala la misma parte acusadora. “Eso explica por qué los pilotos no tienen como destino ESMA, no era lo que estaba previsto en los planes. Las escuadrillas de helicópteros como aquellas de Sostén Logístico Móvil dependían del Comando de Operaciones Navales, no de la ESMA. Por eso los pilotos no son vistos por los sobrevivientes dentro del campo y en los legajos no aparecen referencias vinculadas a dicha Escuela. Si el GT necesitaba una aeronave no sería ni el jefe del Grupo ni el director de la ESMA quienes decidían qué tipo de aeronave se iba a usar: la aeronave iba a ser enviada desde el Comando de Operaciones Navales y debía estar preparada para trasladar personas y descargarlas durante el vuelo. Por eso, en el juicio que se desarrolla es necesario determinar las características de las aeronaves. Su posibilidad de tirar carga en vuelo, de autonomía y, por supuesto, si para la época esas aeronaves estaban en actividad.”

En tiempos de paz, el Comando de Operaciones Navales (COOP) era una estructura semidormida pensada para la instrucción y el adiestramiento. Un casillero por abajo del jefe de la Armada y en paralelo al Estado Mayor. A partir del Placintara, el COOP permaneció abajo del jefe, pero desplazó al Estado Mayor a un puesto de consulta y ad hoc para ocuparse políticamente de la distribución de recursos de la Armada, explicó Guembe. Por allí pasaron como jefes los verdaderos capos de la Armada, como Oscar Antonio Montes o Antonio Vañek. Hoy se entiende que del COOP salieron tres áreas claves para vuelos:

1. las Fuerzas de Tareas, entre ellas el FT3 y la ESMA;

2. la División de Aviación de Prefectura (DAVI) con los Skyvan;

3. el Comando de Aviación Naval (COAN) de la Armada con los Electra, DC3 y las escuadrillas de helicópteros.

Uno de los datos más nuevos en ese esquema es el rol que tuvieron la DAVI y Prefectura, profundizados por Guembe en la audiencia.
La Prefectura

Hasta ahora se creía que la Prefectura dependía del jefe de la Armada tanto en tiempos de paz como a partir del Placintara. Ahora se sabe que con el Placintara la Prefectura, que estaba nucleada en la Fuerza de Tareas 4, no actuó atada a una jurisdicción territorial específica, como ocurrió con el resto de las FT. El prefecto principal, dijo Guembe, pasó a depender del Comando de Operaciones Navales (COOP) porque la FT4 completa se trasformó en un recurso más dentro del conjunto de las Fuerzas de Tareas. Esto que no es poca cosa explica por qué se conectaron dos Fuerzas de Tareas: la FT4 y la FT3. O cómo un avión de las FT4 (Prefectura) llegó a la FT3 (ESMA).

“La Prefectura se empezó a organizar en 1975 para participar de las actividades que ellos mismos llamaron antisubversivas”, dijo Guembe. “Se reestructuraron en cuanto a la jerarquización de algunas dependencias, aumentaron el presupuesto para el despliegue en el territorio y aportaron el adiestramiento necesario para el personal.” Los datos constan en los libros de Memorias Anuales, en reglamentos y expedientes diversos. “Como el comandante de Operaciones Navales era el que disponía de todos los recursos para los operaciones, la Prefectura en cierto modo termina siendo un recurso más, encarnado en la figura de las Fuerzas de Tareas.”

“¿Qué podía ofrecer la Prefectura al Comando de Operaciones Navales para esa guerra?”, le preguntó la fiscal Mercedes Soiza Reilly a Guembe durante la audiencia. Y Guembe habló de dos cosas: la Prefectura aportó “enlaces” y también aviones.

Los enlaces eran, en general, personal de inteligencia que unía dos dependencias. “No tenían una ‘comisión’, sino que cumplían con la tarea encargada en otra dependencia, volvían y continuaban con sus labores. El ‘enlace’ iba y volvía y a partir de la tarea que desarrollaba involucraba a su dependencia de origen en esa actividad. Unía dos entidades.” En la ESMA esos roles los cumplieron personajes conocidos: Héctor Febres, Juan Antonio Azic, Jorge Manuel Díaz Smith y Roberto Rubén Carnot, los tres últimos acusados en este juicio. “Ellos son buen ejemplo de esto”, explicó la mujer. “Eran integrantes del Servicio de Inteligencia de Prefectura y cuando van a la ESMA no dejan de revistar dentro de Prefectura. No es lo mismo que las comisiones como las del comisario (Ernesto Frimón) Weber de la Policía Federal, que va en comisión a la ESMA y su destino es la ESMA: el enlace es un integrante del Servicio de Inteligencia que va a cumplir funciones conjuntas con otro destino.”

El otro aporte de Prefectura fueron los aviones. La Prefectura tenía la División de Aviación Prefectura (DAVI), un área con jerarquía de División hasta 1979 y luego rejerarquizada a departamento. Entre 1976 y 1979 la DAVI tuvo cinco Skyvan, uno de los dos tipos de aviones que tripuló el marino Adolfo Scilingo. Los Skyvan son P51, P52, P53, P54 y P55. Eran los únicos aviones de Prefectura. Y como parte de la DAVI dependían funcionalmente de las órdenes del COOP. Entre los documentos analizados no se encontraron conexiones de la DAVI con ESMA de modo directo, pero hay papeles que al analizarlos pueden sugerirlas. Algunos de ellos son los siguientes:

1) Un anónimo que envió a la Conadep en 1984 un grupo autodefinido como la “oficialidad joven y no corrupta de la Prefectura Naval”. El anónimo ya apuntaba en ese momento a la cabeza de la DAVI, pero nunca se valoró judicialmente. Uno de los nombres que mencionó era el de “aviador” “Hilario Ramón Fariña” y señalo que “era el que se encargaba de arrojar desde los aviones Skyvan al mar la gente secuestrada y torturada en la ESMA” (ver imagen). ¿Quién era Fariña? Uno de los jefes de la DAVI entre 1976 y 1978.

2) Datos de los legajos de personal. Guembe señaló el legajo de un suboficial llamado Aníbal Enrique Donato Agolti, mecánico. Bajó de un vuelo que según las planillas tuvo como destino y regreso “Miramar - Miramar”, mismo punto de origen y de destino, como los sospechados como vuelos de la muerte. Y había sido piloteado por el oficial Alejandro D’Agostino, actualmente en juicio. Cuando el suboficial llenaba la documentación de las planillas tuvo un ataque de epilepsia. A partir de ese momento tuvo una licencia que duró más de lo reglamentario. Años después tuvo un cambio de escalafón, asumió tareas administrativas, pero continuó con los problemas hasta su retiro. La explicación que dieron los peritos en su legajo es que sus afecciones comenzaron porque estaban piloteando un vuelo con la puerta abierta. En la versión de los peritos, dijo Guembe, hacían lanzamiento de paracaidistas; marcaban que era la primera vez que el suboficial se subía en un avión y que eso podía haber provocado el trastorno. “Lo curioso de eso es que las planillas de vuelos no dan cuenta de eso –explicó– porque hay varias planillas anteriores en las que él figura como mecánico de vuelo, en los mismos supuestos vuelos de lanzamientos de paracaidistas.”
–¿Entonces no era la primera vez que Agolti subía a una aeronave?

–Las planillas dicen que no. Pero esas cosas son las que encontramos: que ahí pasaba algo que los papeles no dicen. No hablan de vuelos de la muerte, no hablan de tirar personas. Pero tenemos todas estas grietas que hacen que uno se formule todas estas preguntas.

3) Las Memorias Anuales de Prefectura. A diferencia de las Memorias de la Armada, la Prefectura tiene Memorias muy abiertas en información, dijo Guembe. Una vez al año cada dependencia de Prefectura hacía su Memoria, que se juntaba en lo que hoy es el Departamento de Planeamiento. Ahí producían una Memoria Unificada con una selección de lo más relevante de cada dependencia. El Libro de Memorias Anuales está dividido en temas: Organigrama con sus cambios; datos del ceremonial y una sección Operativa que dividía las actividades “antisubversivas” de las policiales cotidianas. Una de las Memorias analizadas es de 1977. En el apartado Antisubversivo dieron cuenta de actividades llevadas a cabo por orden del COOP. Es decir, dijo Guembe, “son tareas que uno puede presumir que tienen ese estilo y es lógico, porque el COOP en términos del Placintara podía darle órdenes a una unidad de la Prefectura”.

4) Uno de los acusados del juicio es el piloto Julio Poch. En su legajo aparecen datos sobre su participación en llamados Operativos Sirena. El piloto dijo que eran operativos de entrenamientos sin vínculos con lo que llamaron “lucha antisubversiva”. Guembe sugirió lo contrario. Explicó que de esos operativos hablan tanto las Memorias de la Armada como las de Prefectura. La Armada los mencionan como un ejercicio combinado con las Fuerzas Armadas paraguayas, y la Prefectura lo informa en el apartado AntiSubversivo. En algunos legajos hay felicitaciones por el bombardeo de objetivos en tierra. Cuando la fiscalía le preguntó si se pudo establecer qué tipo de actividades eran las del Operativo Sirena, ella repitió que se dedicaban al “control poblacional” y que eso “no solamente era saber quiénes poblaban un lugar, sino identificar personas y detenerlas y llevarlos detenidos a determinados lugares”. Al parecer eran operativos de rastrillajes que se hacían en lugares de difícil acceso, como islas o en zonas rurales muy extensas.

Del Comando de Operaciones Navales dependía otra área: el Comando de Aviación Naval (COAN), una estructura semejante a la DAVI pero de la Armada. Entre 1976 y 1983 el COAN estuvo dividido en tres Fuerzas Aeronavales (ver aparte). En el juicio actualmente hay seis acusados por vuelos: tres prefectos y otros tres que confesaron ante testigos la participación en los vuelos. A partir de la reconstrucción de las estructuras, cada uno de ellos puede ser relacionado con el lugar que ocupó dentro de ellas.
El anónimo que recibió la Conadep en el que se hablaba de la Prefectura.

Los acusados


    Enrique José De Saint Georges
: Subprefecto. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI) y tuvo como destino el Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y mediados de 1978. Fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

    Alejandro Domingo D’ Agostino
: Oficial retirado de Prefectura. Piloto de Skyvan. Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI), destinado al Aeroparque Jorge Newbery entre 1976 y 1979.

    Mario Daniel Arru
: Oficial dado de baja de la Prefectura. Piloto de Skyvan. Entre 1976 y principios de 1979 integró la División de Aviación de Prefectura, destinado en el Aeroparque Jorge Newbery. También fue piloto comercial en Aerolíneas Argentinas.

    Emir Sisul Hess: Capitán de Corbeta retirado de la Armada. Piloto naval especializado en helicópteros. Para la época de las imputaciones, voló dos tipos de helicópteros, Alouette y Seaking, según surge de su legajo. Entre 1976 y 1979, la Armada tuvo una sola escuadrilla de helicópteros cuya matriz estaba ubicada territorialmente en la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca. Se acusa a Sisul Hess de haber hecho vuelos desde la ESMA. Sisul Hess dice que los helicópteros no tenían autonomía de vuelo para llegar de Bahía Blanca a la ESMA. Los expertos explican que los helicópteros podían haber dormido en la ESMA, pero además que la “matriz” no definía que una aeronave esté atada a un determinado lugar. Que en la ESMA hubo helicópteros lo dicen los sobrevivientes que los escucharon y también los conscriptos que declararon en la causa.

    Rubén Ricardo Ornello
: Suboficial retirado de la Armada. Mecánico aeronáutico. Perteneció a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Movil (EA52) con aeronaves Fellowship Fokker F-28, Hawker Siddeley HS-125 Domine y Douglas DC-3. La escuadrilla pertenecía a la Fuerza Aeronaval 3, con asiento en la base Aeronaval 3 de Ezeiza (BAEZ).

    Julio Poch
: Teniente de fragata retirado de la Armada. Fue aviador naval. Se le imputa que formó parte de la escuadrilla de caza y ataque. Su lugar en la estructura estaba dentro de la base Espora de Bahía Blanca, como parte de la Tercera Escuadrilla Aeronaval. Pero además tenía capacidad para pilotear aviones de transporte como los Beachcraf C 45 y U 16 Albatros. Poch no fue ajeno a las solicitudes del Comando de Operaciones Navales. Su legajo tiene una felicitación de Antonio Vañek, jefe del COOP.

domingo, 12 de octubre de 2014

El testimonio de Jorge Bicocca sobre la desaparición de su hermana Lelia

Fotos para preservar la memoria

Lelia Bicocca integraba la Asociación Cristiana de Jóvenes de San Martín y militaba en el PRT-ERP. Se la llevaron de la casa de sus padres el 31 de mayo de 1977. Su hermano Jorge contó ante la Justicia detalles de su secuestro y acompañó su relato con fotos.

 Por Alejandra Dandan

Dijo que había traído unas fotos. Uno de los jueces, como acostumbrado a esos tesoros que se van develando en los juicios, se apuró, para acompañarlo. “¿Las tiene ahí? –preguntó, animándolo– ¿Tiene las fotos? ¿Quiere mostrarlas?” En la sala, bien atrás, donde empieza la línea del público, una señora, Teté, de rodete muy bien peinado, dijo algo, como si el otro pudiese escuchar, como si fuese un tema del que cada uno de los que están ahí pudiera contar algo.”¡Lo que debe haber guardado esas fotos! –suspiró, encantada– ¡Pero mirá vos!” Y miró a uno y otro lado. Público casi no había. Miró atrás. Alguien escuchó. También los pocos de adelante. Una Madre de Plaza de Mayo, pañuelo blanco, uno de los integrantes de la iglesia Santa Cruz. Muchos de los de siempre, sentados, como en las celebraciones de una comunidad, en una misa. “¡Esos papeles!”, volvió a decir la mujer. “¡Seguro los ha guardado durante cuánto tiempo! Y mirá...”, dijo por fin, cuando las imágenes en blanco y negro de Lelia Margarita Bicocca, que su hermano Jorge llevó al juicio oral por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada, empezaron a proyectarse en la pantalla. “Mirá esa mantilla que tiene puesta, debe de estar en la misa”, agregó la mujer.

Lelia Bicocca tenía 42 años cuando la secuestraron. Militaba en el PRT-ERP y formaba parte de la Asociación Cristiana de Jóvenes de San Martín. Jorge Bicocca guardó esas fotos durante años y declaró el jueves frente a los jueces del Tribunal Oral Federal No 5 a cargo del juicio oral por las violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Lelia en las fotos viste de blanco y negro. En la primera está con un chico del barrio, él de pantalones cortos. En la segunda, tiene la mantilla en el pelo; en la siguiente habla con el cura local.

“Yo soy el único que quedó para dirigenciar todo lo que se pudo hacer para llegar a este momento”, dijo Jorge, pelo blanco, entregado. Preguntaron qué hacía su hermana. “Aparte de hacerles bien a todos –dijo– tenía un pequeño negocio de librería.” Contó también que militaba políticamente como su padre, “que era demócrata progresista, no era ningún pecado trabajar para una idea”.

–¿Algún vínculo con la Iglesia? –preguntó uno de los abogados, sobre uno de los datos más importantes de la causa. Lelia, que era San Martín y del PRT-ERP, estuvo en la ESMA, cuando la mayor parte de los integrantes de esa organización pasó por Campo de Mayo. En la ESMA dos sobrevivientes hablaron de una “catequista de San Martín”. Se cree que en ese espacio de curas se haya vinculado con Montoneros o la JP.

Jorge habló de la filiación con la Asociación Cristiana de Jóvenes, de “la cual tengo fotos acá”, insistió. “Ella trabajaba en la Iglesia y daba catecismo en mi casa. Les enseñaba a los chicos qué era eso.”

El hermano, ahora grande, lloró. En la cuarta foto se ve un bautismo. “El bebé que está presente en esa foto –dijo–, está acá en la sala; es uno de mis hijos cuando fue bautizado.”

A Lelia se la llevaron el 31 de mayo de 1977 de la casa de sus padres. Jorge vivía a dos cuadras. Tomó aire cuando su relato llegó a ese momento. “No puedo evitar estar así cuando llegó a este punto, pero ya me voy a reponer”, dijo. “Entran a la una de la mañana. Entran a la casa, mi padre abre la puerta, suben y van diciendo que venían a detener a Lelia Bicocca, que no le iba a pasar nada. Que luego la iban a devolver a su domicilio. En esa época nadie sabía. No se sabía. No trascendía que estos señores se llevaban a las personas, las mataban y las desaparecían.”

Los padres de Jorge corrieron las dos cuadras hasta su casa. Luego a la Regional de San Martín. Esa noche había cola en la calle porque se habían llevado a “un montón de gente”. Al otro día buscaron en otros lugares: “Salimos a buscar el paradero de mi hermana porque ¡no creíamos lo que era el Estado, la Justicia, secuestraba a la gente!”

Mandaron cartas documento “con retorno” al Primer Cuerpo del Ejército; a Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, a Albano Harguindeguy, a la Escuela de Caballería. “Yo tengo todas las constancias en una carpeta y volvían las cartas diciendo que no tenían conocimiento de nada.”

Jorge estuvo en Campo de Mayo convencido intuitivamente de que su hermana estaba ahí. Lo echaron. Pasado el tiempo, muchos de los sobrevivientes de la ESMA que vieron a Lelia en el centro clandestino dijeron que la catequista, “flaquita y nerviosa”, había estado antes en Campo de Mayo. La vio Ana María Martí, también Lila Pastoriza, entre otros, además de una pareja de sobrevivientes. Uno de ellos, Ricardo Camuña, dejó en la instrucción de la causa unas fotocopias de dibujos y escritos realizados por Lelia en servilletas de papel. Contó que la catequista, a quien conocían como Haydée, había ayudado a su compañera Beatriz Mercedes Luna. Les conseguía lápices, hilo y otros elementos.

domingo, 14 de septiembre de 2014

Los desaparecidos del proyecto Belén en el Bajo Flores

El 6 de agosto declaró Catalina Cassinelli de Lugones en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar. Fue la primera vez que se sentó ante un tribunal para ser escuchada. Cada vez que habla de su hijo César Armando Lugones y de su nuera María Marta Vásquez Ocampo, los nervios la traicionan. Los dos están desaparecidos.

María Marta tenía 23 años y César 26 al momento de su secuestro por una patota de uniformados. Con 91 años, Catalina le contó al tribunal que decidió declarar porque “se lo debo a mi hijo”. 

César Lugones y María Marta Vásquez de Lugones
Toda su familia fue atravesada por la violencia dictatorial. “Lita Boitano es parienta mía, se llevaron a sus dos hijos. Ana María Boitano es parienta mía, se llevaron a su hijo. Yo llevé a la morgue la horma de la dentadura de mi hijo que me dio el dentista para buscarlo y ahí me dijeron ‘no, acá hay una María Mercedes Lugones’, era hermana de mi marido”. Habían ido a la casa donde vivía con su hija y el esposo buscando a su nieto, que no vivía con ellos. María Mercedes estaba sola. “Me contó la encargada que tres días antes entraron a la casa, estuvieron tres días y el tercer día parece que alguien tocó el timbre. Eran dos chicos que no eran nietos de ella, y ella cuando sintió que tocaron les pegó un grito y ahí la mataron y balearon todo desde la puerta y mataron a los dos chicos que nunca supe quiénes eran”.

Cuando Catalina encontró el cuerpo de su cuñada en la morgue, avisó a sus sobrinos. Para retirarla debieron hacer trámites en la ESMA. “Y ahí fue la hija y la detuvieron, la tuvieron tres meses. Ella, pobre, no sabía nada, no estaba enterada de nada, después la soltaron. Lo que sí, se quedaron con un auto que era un 0km de ella, le dijeron que lo tenían que tener por todos los daños que ellos habían causado”.

María Eugenia Cassinelli, la abuela de Macarena Gelman y una de las doce fundadoras de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, es prima hermana de Catalina. “Fuimos una familia muy muy castigada en todo sentido”.

César era maestro y médico veterinario y María Marta psicopedagoga. Se conocieron en el Club Ateneo de la Juventud y se casaron cuando César se recibió en la facultad. Militaban en la “villa del Bajo de Flores, en la parte Belén, con Horacio Pérez Weiss –que era el hijo del director del Ateneo, Pérez Madrid–, con su señora Betty Carbonell y con Mónica Mignone. Todos chicos que yo conocía, que venían a mi casa, chicos excelentes, chicos de familia, chicos estudiosos, chicos solidarios”. Todos fueron secuestrados y continúan desaparecidos. “Ahí en Belén estaban el padre Yorio, el padre Jalics y la hermana Luisa del colegio donde yo me eduqué, que trabajaban todos juntos”.

“El 14 de mayo de 1976 hacía diez días que había fallecido mi marido de una larga enfermedad, de un cáncer de dos años. En horas de la madrugada se los llevaron de su casa, que vivían en Parque Chacabuco, en la calle Mitre al 1200. Lo que se presentaron, según dijo el encargado, se presentaron como gente del Ejército y se lo llevaron. De ahí no supimos más nada”. La familia se movilizó pero ningún hábeas corpus tuvo respuesta positiva. Tampoco estaban en las comisarias ni en los penales. “Y después el doctor Emilio Mignone y el papá de Marta, el doctor José María Vásquez, hicieron grandes averiguaciones y se enteraron que estaban en la ESMA. Ahí permanecieron no sé hasta cuándo, ni cómo ni…”.

jueves, 14 de agosto de 2014

Acerca de la resignificación de la ESMA y el proyecto de modificación del Casino de Oficiales

"Es como si un prisionero no sólo tuviese la intención de fugarse, cosa que tal vez fuese posible, sino que además, y simultaneamente, quisiera convertir la prisión en un suntuoso castillo para sí.
Si realiza la fuga, no podrá construir el castillo, y si lo construye, no podrá fugarse.

FRANZ KAFKA
PUBLICADO EN 1952

domingo, 3 de agosto de 2014

El museo ‘clandestino’ que se construye en la ESMA

Bloqueado por la Justicia por denuncias de Organismos de DDHH

El museo ‘clandestino’ que se construye en la ESMA
Tras recuperar el control del predio, el Gobierno avanza con un proyecto por el que ya otorgó dinero sin concurso.
Por Diego Rojas

Polémica por el proyecto museográfico | Foto: Cedoc Perfil

La Ciudad traspasó la ESMA al Gobierno nacional acompañada por Boudou, Cristina inauguró el museo de Malvinas

El pasado es un espacio de disputa. Así, la memoria se construye en los campos de batalla de la historia a través de mediaciones sociales, institucionales, estatales. Esta noción se puede percibir severamente al repasar el camino que recorrió el proyecto de Museo de la Memoria, que el gobierno nacional intenta erigir en el casino de oficiales de la ex ESMA, centro del mayor campo clandestino de exterminio de la dictadura. Hoy se encuentra interrumpido por orden de la Justicia, cuya Cámara de Casación debe expedirse por las objeciones planteadas por varios ex detenidos desaparecidos y organismos de derechos humanos. Sin embargo, el secretismo que rodea a la planificación museográfica –con cláusulas de confidencialidad para sus participantes– y la designación directa de sus realizadores plantean la posibilidad de que el Gobierno intente realizar una apropiación estatal de la memoria.

Extraña cláusula. El proyecto comenzó a materializarse en mayo de 2013, cuando se firmó un convenio entre la Secretaría General de la Presidencia de la Nación –a cargo de Oscar Parrilli–, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia –encabezada por Martín Fresneda– y la Universidad de San Martín –cuyo rector es Carlos Ruta–, a la que la Nación le otorgaba 500 mil pesos, sin concurso previo, para desarrollar un proyecto museográfico en las instalaciones de la ex ESMA. El convenio incluía una extraña cláusula de confidencialidad sobre el proyecto y presentaba un escollo, luego superado, ya que en ese momento la jurisdicción del sitio pertenecía a un ente bipartito entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, razón por la que no podían realizarse acciones unilaterales en tal lugar. Con la derogación del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), esa dificultad estaría salvada.

La disolución del IEM contó con el rechazo de organismos de derechos humanos que denunciaron en ese momento un pacto entre el macrismo y el kirchnerismo para que el Gobierno usufructuara la memoria histórica de acuerdo con sus objetivos. Finalmente, la Legislatura porteña y el Congreso aprobaron la disolución del IEM y allanaron el camino para el proyecto museográfico, que estaría dirigido por la museóloga Alejandra Naftal, una ex detenida desaparecida que participó en varios proyectos de memoria.

Silencio stampa. “Le escribí a la curadora Alejandra Naftal y me explicó que por la cláusula de confidencialidad no podía dar a conocer el proyecto”, cuenta Hugo Vezzetti, académico y especialista en temas de memoria, autor, entre otros libros, de Pasado y presente. “Toda la historia del proyecto es de una irregularidad extrema, al punto que cuando se le pagó a la Universidad de San Martín el edificio todavía estaba bajo la órbita del IEM, que era administrado por la Ciudad y por Nación. Luego se disolvió y se emprolijó un poco más la cuestión, pero ya había comenzado irregularmente. Resulta extraño que se designe a una sola universidad para desarrollar un proyecto de esta naturaleza, sin abrir el espacio para la participación de otros actores, desde otras universidades, a especialistas y organismos de derechos humanos”. PERFIL se contactó con Naftal, pero no recibió respuesta.
Para que se allane el camino del museo, debía sortearse el inconveniente de la existencia del IEM, algo que se logró en una muestra de cómo funciona el “macristinismo”, denominación utilizada para señalar las asociaciones entre el PRO y el kirchnerismo cuando sus intereses convergen. Los legisladores macristas de la ciudad cedieron el control sobre el espacio de la ex ESMA sin mayor debate en una sesión en la que hubo incidentes debido a la presencia de organismos de derechos humanos que protestaban por el proyecto, que quitaba independencia para otorgarle todo el control del sitio al Ejecutivo nacional. Los debates también se reflejaron en el Parlamento nacional, donde la senadora Norma Morandini, del Frente Cívico cordobés, expresó su dramática oposición en la Cámara alta, replicada en Diputados por expresiones de la oposición, como Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, que habló de “la privatización de los derechos humanos”. De todas maneras, la disolución del IEM fue aprobada.

El relato. “Se trata de la ostentación de poder por parte del Gobierno para poder construir un relato propio del pasado histórico”, explica Carlos Lorkparnidse, miembro de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y que interpuso un recurso de amparo para detener las obras del Museo de la Memoria en el campo de concentración donde él mismo estuvo detenido. “Hay que tener en cuenta los antecedentes del Gobierno en esta materia. Si fueron capaces de poner a Hebe de Bonafini junto a César Milani en la tapa de su revista, no me quiero imaginar lo que podrían hacer con el casino de oficiales”.

—¿Por qué objetan este proyecto museográfico?
—Hay varias razones. En el campo de la memoria, debido a la cláusula de confidencialidad, no podríamos aprobar o rechazar porque el proyecto era oficialmente secreto. Pero no sólo lo rechazamos organismos de derechos humanos. Originalmente iba a ser realizado por la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos, pero fue rechazado por su carácter extemporáneo y faraónico. Entonces firmaron el convenio con la Universidad de San Martín. La confidencialidad del proyecto implica que no se den a conocer los presupuestos para la realización del proyecto, de elevadas sumas. Pero también implica inconvenientes jurídicos, ya que actualmente se está llevando adelante la megacausa ESMA, y hay víctimas que todavía no regresaron al campo de concentración, que debe ser preservado como espacio para el reconocimiento y elaboración de pruebas. Salvo Abuelas y el CELS, que convalidaron el proyecto de museo, todos los demás querellantes nos opusimos a que se realizaran las modificaciones y presentamos recursos para evitarlo.

Disney en Núñez. “La Secretaría de Derechos Humanos había pedido permiso al juez Sergio Torres para realizar el museo, pero las partes querellantes en gran mayoría nos opusimos a esta posibilidad y apelamos la propuesta, y se nos dio la razón para que no se innove respecto a ese proyecto”, explica Liliana Alaniz, abogada querellante y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha. “Ya en la causa ESMA la secretaría había dicho tenía el apoyo de los organismos e incluso proyectaban la participación de Víctor Basterra, un ex detenido que rescató material fotográfico del campo de concentración, pero Basterra mismo expresó su rechazo a que se modifique un lugar de prueba para la Justicia”, agrega.

Bautizado irónicamente “el Disneylandia de Fresneda” por Hijos La Plata –por sus características tecnológicas y el uso de efectos de luz–,  muestra el derrotero político de la memoria, bien social que hoy el Estado disputa para un uso funcional a los intereses del kirchnerismo, una de las formas más extremas de la construcción del “relato”, que no sólo modifica las pulsiones del presente, sino que también  acomoda las del pasado.

Secreto, como la seguridad presidencial

El polémico convenio con la Universidad de San Martín –firmado por el rector, Carlos Ruta; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; y el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, el 16 de mayo de 2013– establece la adjudicación directa de una partida de 500 mil pesos para “desarrollar un proyecto museográfico integral del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ex ESMA-Casino de Oficiales, a inaugurarse el 24 de marzo”.

El convenio prevé partidas adicionales para la realización del proyecto. La cláusula décima señala la “confidencialidad” del proyecto: “Las partes se avendrán a las pautas de seguridad y confidencialidad propias de la seguridad presidencial, manteniendo siempre el decoro y la reserva necesarias sobre toda información que por su naturaleza revista clasificación de seguridad. (...) La obligación de reserva o confidencialidad seguirá vigente aun después de concluido el presente”. El proyecto, elaborado por la curadora Alejandra Naftal y de circulación reservada, tiene 307 páginas y detalla los fundamentos del proyecto y sus necesidades técnicas ítem por ítem, aunque no adjunta un presupuesto. Ana Castellani, secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de San Martín, señala que la partida de $ 500.000 se utilizó para pagar los honorarios de un equipo interdisciplinario de cerca de 30 profesionales y que una parte de esos fondos también se utilizó para elaborar la carpeta del anteproyecto museográfico. El proyecto se encuentra detenido por orden de la Justicia, que aguarda la resolución de la Cámara de Casación.

Informes: Jimena Andrade