domingo, 18 de diciembre de 2011

Indagatoria a dos imputados por la apropiación de Victoria Donda


"Cori" Perez de Donda
El juez Rafecas citó a indagatoria a dos imputados en la causa por la apropiación de Victoria Donda
Se trata de Jorge Luis Magnacco y Adolfo Donda Tigel. Deberán presentarse esta semana ante el magistrado. Se investiga su participación en la sustracción y ocultamiento de la actual diputada nacional. En este expediente ya declararon otros tres acusados

En la causa en la que se investiga el delito de sustracción de menor ocurrida durante la dictadura y que tiene como víctima a la actual Diputada Nacional Victoria Donda, el juez federal Daniel Rafecas amplió las imputaciones ya existentes, al ordenar la citación a prestar declaración indagatoria los días 15 y 17 de noviembre del Oficial Médico Jorge Luis Magnacco y el represor Adolfo Miguel Donda Tigel, en calidad de imputados por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento de la -por aquel entonces- menor Victoria Donda Pérez, hija biológica de María Hilda Pérez y de José María Donda (este último, hermano de quien será indagado el día 17 de noviembre) quienes permanecen desaparecidos.

En ese expediente judicial ya prestaron declaración otros marinos, a los que también se les imputó su participación en ese hecho, a saber, Carlos Octavio Capdevila y Carlos Galián –conocido como “Pedro Bolita”-, a los que se suma un civil, Horacio Pessino –médico que firmó la partida de nacimiento apócrifa de la actual diputada nacional Victoria Donda-.

En el primer tramo de la causa, el juez Daniel Rafecas procesó y elevó a juicio el expediente en relación a Juan Antonio Azic, quien fuera imputado por la apropiación y ocultamiento de la menor, anotándola como su hija legítima bajo el nombre de Claudia Analía Azic.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

La CIDH entregará al Juez Torres, parte de sus legados desclasificados

Imágenes que prueban los vuelos de la muerte

El expediente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace público por primera vez incluye más de 130 imágenes e informes de las fuerzas de Uruguay sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por el mar durante la dictadura.

 Por Alejandra Dandan

El informe es un texto mecanografiado, fechado el 22 de abril de 1976. Alguien, que podría haber sido un perito, describe las referencias del hallazgo de un cuerpo de sexo femenino, cutis blanco, cabello negro, estatura 1,60 metro; complexión mediana; de unos treinta años y con un tiempo de muerte aproximado de entre 20 y 25 días. El cuerpo apareció, según la misma referencia, en la Laguna de Rocha, de Uruguay, comunicada con el mar. Físicamente “presentaba indicios externos de violencia: signos de violación, probablemente con objetos punzantes; fracturas múltiples y el codo izquierdo destrozado; múltiples fracturas en ambas piernas con indicios de haber sido atadas; enorme cantidad de hematomas diseminados por todo el cuerpo; destrozo total del cráneo y del macizo oseofacial”. No encontró el perito “ningún posible elemento identificatorio”: “El cuerpo fue extraído desnudo de las aguas y las huellas dactilares obtenidas no arrojaron respuestas positivas”.

El informe conservado hasta ahora entre los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve la luz por primera vez en 32 años. Es parte de un legajo con más de 130 imágenes y partes de la Prefectura y el servicio de inteligencia uruguayos sobre el hallazgo de cuerpos arrastrados por las corrientes marinas hasta las costas de ese territorio, durante los años de la dictadura argentina. Los informes más viejos datan de 1975. Los indicios permiten inferir que serían desaparecidos argentinos. Entre los papeles, un mapa muestra los ciclos de las corrientes y ubica las costas de Buenos Aires como punto de partida. Los documentos son para la Justicia una de las pruebas más claras de la existencia de los vuelos de la muerte: las imágenes muestran los cuerpos atados con ligaduras en las manos y las piernas, sogas armadas con tiras de persianas y marcas de torturas. Los documentos llegaron al país en manos del secretario ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, que hoy los entregará en nombre de la Comisión al juez Sergio Torres, encargado de la megacausa ESMA.

Para la CIDH la entrega de los documentos representa un cambio de paradigma en su funcionamiento porque es la primera vez que abre sus archivos confidenciales para un proceso de justicia. El valor de los documentos todavía es materia de análisis, pero el juzgado los considera clave no sólo por los vuelos sino porque podrían habilitar una solicitud para que el Estado uruguayo desclasifique todos los documentos relacionados con el hallazgo de cuerpos en la misma época.

La carpeta de documentos tiene solapas de cartulina, todavía contiene los archivos originales, organizados aparentemente por personas, con más de una imagen en cada caso. Las imágenes son impactantes porque, además del estado de los cuerpos, intentan mostrar algunas de las características de los procesos a los que fueron sometidos. En una se ven marcas que parecen ser rastros de la picana en las piernas de una mujer, cuyos dedos están pintados con esmalte de uñas. En otras, hay cables, sogas y trozos de sogas de persianas sujetando las manos de las víctimas, que para el juzgado podrían ser pruebas del modo en que eran “trasladados” los desaparecidos durante los vuelos de la muerte. “Las imágenes están diciendo que esas personas eran tiradas con ligaduras, muestran cómo los sacaban, tienen el valor de tener además datos de los antecedentes o los pasos previos porque muestran que esos cuerpos están marcados con picana, que fueron entonces arrojados al mar en determinadas condiciones”, dicen en el juzgado.

La primera prueba categórica sobre la existencia de los vuelos apareció en 2005 con la identificación de tres cuerpos de Madres de Plaza de Mayo, entre ellos el de Azucena Villaflor, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Según el informe del fiscal Eduardo Taiano y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos presentaban “múltiples traumatismos originados por el choque contra una superficie dura y las fracturas típicas que presentan los huesos largos (eran) compatibles con las producidas por haberse arrojado el cuerpo al mar en los vuelos de la muerte, previa inyección del sedante Pentotal”.
La carpeta

El origen de la carpeta 37 con los archivos de la CIDH todavía es un misterio. Incluso para Cantón. En una de las solapas, de todos modos, se lee “Argentina observation in loco”. Es decir, el archivo corresponde a los documentos que la CIDH habría tomado durante su visita a la Argentina entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979. Uno de los problemas para precisar su procedencia es que le falta información de contexto, como la que poseen otros documentos acumulados en esa visita. “Esto estaba en una carpeta guardada hace treinta años –dice Cantón–. Si uno va a ver el archivo tiene que suponer que se entregó durante la visita de la comisión, pero, si fue así o no, no se puede saber. Se pudo haber archivado mal o pudo haber sido información relevante para la visita y se entregó después, pero todo eso lo desconocemos. Son 130 fotos en total. Y es de suponer que están tomadas por un perito. No son fotos de un turista. Lo hizo la Prefectura uruguaya y la policía, se nota con el correr de las hojas que al comienzo lo hicieron con mucha más inocencia y después, cuando se dan cuenta, parecen haber cambiado de fórmula.”

Con el paso del tiempo, hoy puede entenderse que esa documentación que ahora se judicializa por primera vez no contiene las únicas imágenes o los únicos informes que se conocieron de los aparecidos argentinos en la costa uruguaya. El mismo Cantón quiso dejar a salvo ese punto. Porque ni para la CIDH ni para el juzgado importa mucho hoy cuánta difusión hayan tenido estas imágenes en otros espacios, sino que estaban archivadas donde estaban archivadas y que por primera vez una causa que investiga los vuelos de la muerte las incorpora como prueba.

Las fotos, al parecer, tuvieron su propia historia fuera de esos archivos. Es posible pensar que copias de ese juego u otras distintas hayan sido las imágenes que capturó un ex marino uruguayo, Daniel Rey Piuma, que desertó de la fuerza, pidió refugio en Brasil y difundió las imágenes a través de una organización civil a comienzos de los ’80 y luego con un libro, Un marino acusa. Publicado en 1988, el libro no muestra las fotos de los cuerpos por su truculencia, pero reseña informes que coinciden con las que estaban en la CIDH.

Otra pista de la circulación de esas fotos la tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos que trabajan en la identificación de cuerpos hallados en cementerios de Uruguay cuentan con informes que reflejan los datos existentes en la Justicia uruguaya. Entre esos informes, tienen datos del hallazgo de tres cuerpos el 22 de abril de 1976, como también los hay en el legajo de la CIDH. Y hace años trabajaron en la identificación de otro cuerpo que parece coincidir con otro registrado en el legajo de la CIDH, porque menciona la marca de un tatuaje: “FA”. Para el EAAF, aquel cuerpo podría ser el de Floreal Avellaneda, porque ellos mismos hicieron la identificación antes del juicio realizado en San Martín y, entre otros datos, trabajaron con un tatuaje marcado con esas misma letras.

“Yo no sé si estas fotos han sido o no han sido publicadas alguna vez, pero, sin perjuicio de eso, el valor que tienen hoy por hoy es el valor judicial –dice Cantón–. Porque el juez no las tiene y todas estas cosas le permiten, creo yo probar la existencia de un plan sistemático: indican que los ataban y los tiraban y eso hasta ahora no está probado judicialmente. Todo el mundo sabe que existían los vuelos de la muerte, pero no existe una prueba judicial.”
Los datos

El legajo tiene tres grandes grupos de documentos: informes mecanografiados de tipo pericial, fotos y mapas. Los informes relevan características físicas de las personas al momento de ser encontradas y entre los datos arriesgan una hipótesis sobre el presunto momento de la muerte. La indicación de que la persona podría haber muerto 25 o 30 días antes, por ejemplo, puede ser un indicador para pensar el momento de los “traslados”. También hay descripciones de marcas de pantalones, en ocasiones ropa que sólo se fabricaba en Argentina.

Otro de los informes a los que accedió Página/12, del 22 de abril de 1976, describe a una persona de la que no pudieron establecer el tipo de cutis con exactitud: “posiblemente fuera de raza blanca o amarilla”. De sexo masculino, de entre 30 y 40 años, con cabello “imposible de determinar”, una complexión mediana y un tiempo de muerte estimado entre 25 y 30 días. Los datos son un indicador, por ejemplo, de una de las razones por las que en algún momento los uruguayos creyeron en la hipótesis de que los cuerpos que aparecían en las costas pertenecían a las víctimas del naufragio de un barco asiático. Si bien es posible que los peritos hubiesen puesto “raza blanca o amarilla” porque los rasgos de las personas aparecían alterados por la hinchazón, algún dato de los legajos parece señalar que la versión fue difundida por los militares o la policía uruguaya en el marco de una campaña de desinformación, especulan en la CIDH. Una hipótesis que a los antropólogos del EAAF no les cierra, porque consideran posible la confusión.

Además de las imágenes, hay mapas. Uno señala con referencias las zonas con cuerpos encontrados (Montevideo y Colonia) y las zonas en las que se encontraron restos humanos (entre Carmelo y Colonia, Colonia y Montevideo, y La Paloma y Castillos). Otro mapa es de corrientes marítimas y señala a Buenos Aires como la zona donde fueron arrojados los cuerpos.

Las 65 cajas con archivos

Por Alejandra Dandan

Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, es una de las personas que promovieron que ese organismo de la OEA abriera los archivos confidenciales recogidos para el histórico informe prohibido de 1980. El acceso a documentos para las causas argentinas empezó a concretarse el mes pasado, durante una visita a la sede de Washington del juez Sergio Torres, quien fue a buscar documentos para la megacausa ESMA. Torres encontró 65 cajas de archivos y copió una selección, pero cuando se topó con imágenes que podrían probar los vuelos de la muerte pidió a la CIDH el material original. Eso es lo que hoy aportará Cantón.

–¿Por qué este legajo demoró tanto en conocerse?

–Para los organismos de este tipo, las denuncias son confidenciales por motivos obvios y no hay un mecanismo para hacer pública esa información. Esto fue parte de la discusión que tuvimos para ver de qué manera entregar esta información a ciertas causas judiciales.

–¿Hay más información?

–Creo que no hay más datos, pero no sabemos porque están guardados como se archivaban hace años. No hay nadie además en la comisión de aquella época. Tendremos que ir sabiéndolo con el tiempo.

lunes, 28 de noviembre de 2011

Informe CIDH : valor probatorio


El argentino Santiado Canton, secretario ejecutivo de la CIDH
“Esto tiene valor probatorio”

Cantón explica cómo la CIDH analizó el pedido del juez Torres para ceder documentos que habían sido abiertos con la promesa de la confidencialidad. Las dificultades para establecer un protocolo general para estas situaciones.

 Por Alejandra Dandan

Santiago Canton es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es argentino y parte de quienes desde hace unos cinco años están pensando cómo desclasificar los documentos que desde los ’60 recibió el organismo de la OEA sobre los procesos de violación a los derecho humanos en la región. En diálogo con Página/12, Canton explica en qué consiste la decisión de apertura de documentos que se tomó en el caso argentino, sus límites y alcances, los efectos en otros estados y el cambio de paradigma hacia adentro de la organización.
–¿En qué consiste la decisión sobre Argentina y por qué se la tomó?

–Desde hace cinco o seis años se está discutiendo en la comisión el tema de los archivos históricos que tiene la CIDH y sobre el interés de muchos sectores de América latina para que se abran. Sin tener un conocimiento muy preciso sobre cuál era la información que pueden contener porque estamos hablando de archivos de los años ’60 en adelante. La discusión era cómo abrir los archivos, porque no existen protocolos en la OEA o en otros organismos de esta naturaleza, porque el principio básico siempre ha sido la absoluta confidencialidad. Cuando uno vuelve a ver las cartas de las personas que denuncian durante la dictadura en Argentina, muchas dicen que “por favor no digan nada porque temo por nuestras vidas”. Entonces, la pregunta era si se podía cambiar este principio de confidencialidad. Pasados veinte años o treinta años de retornada la democracia, ¿cuáles son las características que tiene que haber para hacerlo?
–¿Y qué decisión tomaron?

–En algunos casos se entregaron los documentos a familiares que los pedían porque tenían interés. Veíamos que no había problemas, casos, por ejemplo, de hijos que pedían por sus padres. Un material que para ellos tiene valor emocional. Pero todavía está pendiente qué criterio usar con los archivos en el resto de los casos. De alguna manera, el caso de Julio López en Argentina planteó nuevamente esa pregunta, puso una luz de alerta. Si bien no era un caso que se hubiera presentado ante la CIDH en su momento, indica que a pesar de los enormes avances todavía ha habido problemas. La comisión debe aplicar un criterio que tiene que ser igual para todos los países. Finalmente se decidió avanzar en un protocolo general para todos los casos. Es un protocolo que no está aprobado en su forma definitiva. pero sin perjuicio de eso la comisión entendió que había que ir adelante, estudiando caso por caso.
–¿Van a analizar cada caso?

–Como la solicitud que había planteado el juez Sergio Torres llevaba muchos años, hablé varias veces con él para ver cómo hacerlo. Finalmente, se envió una carta invitando a que vinieran, informando sobre los casos que tenían interés. Encontramos unos 200 archivos aproximadamente. Torres vino con todo su equipo, se vieron con la CIDH, explicaron qué estaban haciendo. Ahí surgió un montón de información que posiblemente tenga un alto valor probatorio y al mismo tiempo se planteó un protocolo para ver si se mantenía la confidencialidad. Entendimos que solamente se iba a poder ir abriendo de acuerdo con lo que pida el juez.
¿Por qué, entonces, a pesar de la desaparición de Julio López la CIDH entiende que es tiempo de abrir esos documentos?

–Se discutió mucho, por eso los archivos no se han abierto al público. En otras condiciones, uno se puede preguntar cómo procedemos y entender que trascurridos 25 o 30 años pueden abrirse. Podríamos decir: los países son democráticos, abramos porque es importante para su historia. Pero se consideró que no estamos en una situación en la que se puedan abrir ni a todos los estados ni a todas las personas. Por eso se establecieron distintos niveles de confidencialidad según los casos.
–¿Trabajarán sobre pedidos que les lleguen de acá en adelante o también con los que ya les hicieron?

–Ya hemos recibido varios pedidos, tanto de Argentina como de otros sitios. La situación de los países de la región no es la misma. Hace un tiempo tuvimos un golpe de Estado en Honduras, en un escenario que no se puede distinguir completamente de la situacion que se vivió en los ’80.
–En 1980, la CIDH publicó el informe final cuya circulación fue prohibida en Buenos Aires. El informe tiene relatos en tiempo presente y con una inmediatez que es difícil encontrar hoy en los juicios orales, a más de 30 años. ¿Puede compararse el valor documental con los archivos que fueron desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos?

–El tema es qué tipo de información hay alrededor de esa visita. Hay denuncias recibidas por la CIDH a partir del golpe, personas que empiezan a enviar denuncias sobre la ejecución o desaparición de sus familiares. Si uno ve las cartas, hay padres, hermanos, diciendo “ayer” o “hace tres meses que a las 3 de la mañana golpearon la puerta de mi casa, entraron diez personas encapuchadas, se llevaron a mi hijo o mi hija, nunca más lo vi, ayúdennos”. O: “Estoy pidiendo un hábeas corpus ante tal juzgado y no pasa nada”. Y a partir del golpe se produce esa avalancha de denuncias que casi con seguridad fue un factor fundamental para que la comisión viera que estaba pasando algo en Argentina. Que la dictadura no era la cara linda que querían mostrar. También están las denuncias que se recibieron durante la visita. La CIDH se entrevistó con militares en el poder, con quienes estaban en las cárceles, detenidos, visitó la ESMA. Todo eso está en los archivos desde hace décadas. De esa información hay muchos aspectos que son de un valor probatorio, no sólo histórico.
–¿Existen las minutas transcriptas de las entrevistas que fueron manteniendo? El Informe final habla de dos encuentros con el dictador Jorge Rafael Videla, sus ministros y los responsables de las zonas.

–Hay archivos de generales de la dictadura, pero tampoco hay tanto como hubiese esperado. No sé si hay algo más porque un expediente, cuando está terminado su proceso, va al archivo central de la OEA, donde están los archivos de la CIDH y de otras entidades del organismo.
–¿Argentina como prueba piloto abre la posibilidad de empezar a abrir esos archivos que se guardan en la OEA?

–Completamente. Es un proceso único que permitirá establecer un protocolo teniendo en cuenta la información que tiene la CIDH y sirve para el fortalecimiento del estado de derecho en los países de la región. Hoy los están pidiendo la Comisión de la Verdad de Ecuador, de Panamá, está a punto de crearse la de Brasil y por eso tiene mucho valor actual, no es un valor meramente académico o histórico.

La CIDH desaclasificará documentos de su informe sobre la dictadura

Lo que encontró la CIDH, 32 años después

Por iniciativa del juez Sergio Torres, que investiga la megacausa ESMA, la CIDH cederá documentos del informe elaborado a partir de su visita de 1979. Los funcionarios judiciales fueron a Washington donde encontraron 65 cajas con documentación.

 Por Alejandra Dandan

Las cajas de documentos que durante la dictadura dieron sustento al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezaron a volver al país. Se trata de una medida inédita en este organismo de la OEA que durante años recibió e, invariablemente, rechazó pedidos de acceso a los documentos, tanto de jueces argentinos como del resto de la región. Una misión a Washington encabezada por el juez federal Sergio Torres, en el marco de las investigaciones por la megacausa de la ESMA, terminó de habilitar la desclasificación de documentos, en una decisión que la CIDH la considera histórica y consigna como un reconocimiento a los procesos de verdad, justicia y memoria desarrollados en el país. Durante la estadía, Torres digitalizó sólo una parte de las 65 cajas de archivos con informes ligados al centro clandestino de los marinos. Los documentos servirán como prueba para reforzar tramos de la megacausa, pero en las cajas hay además archivos de valor histórico. Ahora todo está guardado en el juzgado, reservado, aunque a disposición de las partes. La discusión ahora hacia el interior de la OEA es si se trata de una excepción o es un antecedente para otros países de la región (ver nota aparte).

“Es una foto de la época que nadie puedo tomar, no hay otros registros”, dice Pablo Yadarola, secretario del juzgado, uno de los que integró la misión. “Mi sensación es que cuando uno vuelve a mirar esos papeles a la luz de la historia lo que ve es, entre las cartas de los familiares, un último pedido de auxilio, porque dentro del país todo estaba prohibido.”

Los relatos de quienes se aproximaron a dar testimonio durante la inspección de la CIDH al país en diciembre de 1979 contienen el tempo del tiempo presente con detalles y enorme cantidad de datos, que cobran mayor fuerza cuando se los compara con los que se escuchan más de 30 años después en los juicios de lesa humanidad.

Uno de los ejemplos es el caso de la mujer de Alberto Samuel Falicoff, médico que realizaba prácticas en el hospital de niños de Córdoba. Los dos fueron trasladados a la ESMA. Su mujer salió al cabo de un mes aproximadamente y denunció el caso ante la CIDH, antes de la visita del organismo al país. Ese testimonio reúne dos características. Es el único de aquel caso, porque su mujer no volvió a declarar y el relato lo usó por lo menos una de las querellas en el juicio como prueba de ese secuestro. Pero su potencial radica en la fuerza de la inmediatez, un dato que podría reencontrarse en los documentos que quedaron de lado.

“En el baño el guarda me saca la capucha, me pregunta cuántos años tengo, si soy casada y si tengo hijos”, dice la mujer. “El es un pibe de aproximadamente 17 años. Se porta muy atento y me pide que lea lo que dice en mi capucha y veo escrito con fibra sobre la tela ‘posible franco’. Le digo qué significa y me dice que me van a largar. Su única misión es cuidar que los prisioneros no hablen, no levanten la capucha y a los que lo hacen pueden pegarles a gusto hasta matarlos.” Le contó que el día anterior le tocó ir a una casa que alguien había denunciado. Que como los dueños trataron de escapar “tuvieron que disparar y mataron a la mujer joven con un niño. Que después pudieron comprobar que no tenían nada que ver, que a él le había hecho mal pero que toda la culpa la tiene quien denuncia a gente inocente”.
El viaje

Torres decidió pedir los documentos por dos razones. Para ampliar la base de pruebas de las víctimas ya identificadas y, además, para buscar nombres de víctimas hasta ahora no identificadas. Antes de iniciar el viaje, el juzgado mandó un listado con las algo más de 900 víctimas que pasaron por la ex ESMA, con nombres de los acusados. La CIDH hizo una primera clasificación de archivos que arrojó más de 200 coincidencias.

En Washington, el juzgado encontró 65 cajas con unos cien legajos cada una. De la primera clasificación, hecha en una semana, entendieron que de las 65 cajas, unas 55 tienen legajos de la víctimas, una parte de las cuales sigue “reservadas” porque los denunciantes le pidieron a la CIDH mantenerla en esos términos. Y 10 cajas son documentos cuyo valor no sólo es judicial sino histórico porque, entre otros elementos, guardarían las entrevistas que mantuvieron los seis funcionarios del organismo. Entrevistas con jerarcas de la dictadura como Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Albano Harguindeguy o Adolfo Gabrielli, entonces presidente de la Corte Suprema. También Luciano Benjamín Menéndez y con ex presidentes como Héctor Cámpora o Arturo Frondizi. Con la Iglesia Católica, integrantes de organismos de derechos humanos, asociaciones empresarias y gremiales. También, se sabe, hay encuentros con asociaciones de “víctimas del terrorismo”, que se acercaban a hacer lobby a favor del país del “somos derechos y humanos”.

El modo en el que usará la información y su circulación de momento está limitada a los que intervienen en el juicio: fiscales, defensores y querellas. Desde el juzgado subrayan su carácter reservado y secreto dado el futuro que puede tener esta decisión en el marco de la OEA parece sujeta a las lides diplomáticas.
La comisión

En la historia de la ESMA el paso de la comisión marcó un antes y un después distinguible en su edificio. Mientras los marinos se preparaban para la visita, trasladaron a los detenidos a la isla El Silencio, del Tigre, propiedad de la Iglesia Católica, actividad operativa que estuvo a cargo del represor Ricardo Cavallo. En el edificio tapiaron una de las puertas de acceso y modificaron la planta principal.

La comisión recibía denuncias desde 1975, pero después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 las denuncias se convirtieron en avalanchas de reclamos. Sus integrantes empezaron a expresarle al gobierno argentino su “preocupación por el número cada vez más grande de denuncias y por las informaciones de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos y libertades fundamentales”, como recordaron Emilio Mignone y Agusto Conte en la introducción de lo que años después iba a ser el Informe Prohibido, informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.

“Como las respuestas de la dictadura fueron insuficientes –cuando contestaba– o carentes de verosimilitud sugirieron el envío de una misión.” El 18 de diciembre de 1978 la dictadura aceptó la inspección, pero como consecuencia de las presiones y esfuerzos dilatorios terminó realizándose un año más tarde: entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.

La visita se boicoteó internamente con la campaña “destinada a desprestigiar al organismo presentando su actuación como intromisión en asuntos internos”, recuerda ese libro. Algo que puede verse en las páginas de los diarios de la época, que reproducen solicitadas de empresas y títulos con la lógica del boicot. Decíamos ayer, de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta compiló algunas imágenes: la tapa de la revista Somos del 7 de septiembre de 1979, que caricaturiza a un funcionario de la CIDH que aparece con una lupa apuntando a las narices de un militar: “Comisión de Derechos Humanos ¿Qué buscan?”, decía el título. Pocos días antes, el Banco Provincia publicó una solicitada en La Prensa: “Los argentinos somos derechos y humanos”. El 13 de septiembre, el diario La Razón presentó un textual del cardenal Primatesta en el que decía que la Iglesia “ratificó su posición respecto de la realidad nacional”. Realidad que había sido reseñada el 9 de septiembre, en Clarín. Monseñor Guillermo Bolati, arzobispo de Rosario, decía: “Cada país debe regular los derechos humanos. No deben ser los extranjeros los que nos vengan a indicar qué tenemos que hacer”. El 22 de septiembre, cuando la comisión dejó el país, La Nación difundió la posición oficial ante la visita: “La Argentina solo se confiesa ante Dios”. El mismo día, La Prensa reprodujo una frase de Harguindeguy: “La Argentina no tiene nada que ocultar”. Y luego: “Mentiras infames sepultadas por la verdad incontrastable y comprobada”.

Para entonces, los periodistas que habían estado cubriendo la inspección de la comisión a la cárcel de Devoto dejaron constancia de que habían sido fotografiados individualmente. Y que frente las oficina de la OEA, en Avenida de Mayo, se “ha advertido la presencia en las reuniones de prensa de personas que no es posible identificar como prensa de ninguno de los medios conocidos”. Carmen Lapacó era una de las mujeres que hicieron la fila en la sede la OEA de Avenida de Mayo.

La comisión aprobó el informe el 11 de abril de 1980, pero el ingreso de ese documento al país estuvo prohibido. Mignone y Conte lo explicaron en la edición que se logró hacer en 1984: “Pese a su interés e importancia es prácticamente desconocido en nuestro país. Cuando apareció, los diarios y revistas argentinas –por sugerencia del gobierno militar– se limitaron a transcribir sus conclusiones seguidas de una refutación elaborada por el régimen (...). Las organizaciones de derechos humanos no encontraron entonces una sola imprenta dispuesta a correr el riesgo de imprimirlo”. Unos 500 ejemplares lograron ser traídos desde Washington y se reprodujeron clandestinamente.

“El CELS todavía estaba en su sede d Viamonte –explica Carmen Lapacó–. Emilio Mignone trajo el informe de allá y entonces me acuerdo de que Noemí Labrune y yo sacábamos de ese informe hojas, no seguidas sino de lugares distintos, de a dos o de a tres, del medio. Había pocos lugares con fotocopiadora, íbamos a una y después a otra: nos recorrimos medio Buenos Aires para que no se dieran cuenta qué era. Una vez, a Noemí le pasó que el hombre que le iba a sacar las fotocopias le dijo: ‘Usted es una subversiva’, y le tiró los papeles en la cara. Dado ese antecedente, otra vez yo llevé otras a un lugar en Caballito. Voy a buscarlas. Dos muchachos jóvenes de una imprenta dicen: ‘¿Por qué están así cortados? Nosotros tenemos interés en tener todo’. Pero con lo que había pasado, les dije que trabajaba en un estudio jurídico, del miedo que tenía. Me dicen: ‘Dígales a los abogados que nos den todo que les hacemos un precio especial’. Salí y me tomé un taxi, vivíamos con miedo.”

Cuando estuvieron listas todas las fotocopias, cuenta, se reunieron con Luis Zamora y empezaron a armar los juegos. Zamora hacía los agujeros en las hojas. “Pero cuando hubo que armarlos no teníamos nada porque había en ese momento ganchos como los de ahora, yo tenía de casualidad en mi cartera unos anillos para colocar la cortina del baño y vimos que servían. Entonces, se compraron ganchos de cortina del baño, lástima que ahora yo no tengo mi ejemplar, que quedó en el CELS.”

Como también revelaba Mignone, esas copias se entregaron en mano a jueces, obispos, periodistas y personalidades relevantes. Obviamente, también entre las organizaciones de derechos humanos y familiares, que fueron quienes costearon la precaria y clandestina edición. En 1980, el Informe Prohibido tiene la estructura y la potencia de lo que años más tarde sería el Nunca Más. Dejó constancia de los desaparecidos, de los centros clandestinos, de los mecanismos de secuestros y torturas

viernes, 18 de noviembre de 2011

Los archivos de la dictadura brasileña: una ayuda para Astiz

 Por Darío Pignotti -  Desde Brasilia

La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. “Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires”, por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.

Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.

Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.

Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una “fase nueva del Cóndor”, que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia”, y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.

La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la “subversión”. Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el “telegrama confidencial urgente” del 27 de julio de 1977.

Allí se habla de un supuesto viaje de Ma- ssera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.

La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, “esto me consta, estoy seguro de que fue así”, afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.

El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge “Tigre” Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.

lunes, 14 de noviembre de 2011

Confirmados los procesamientos de 4 aviadores y 1 abogado por los vuelos de la muerte

Pilotos, cada vez más cerca del juicio oral

La medida abarca a tres ex prefectos identificados como pilotos del vuelo en el que se asesinó a las monjas francesas y las fundadoras de Madres. El abogado Gonzalo Torres de Tolosa y el suboficial naval Rubén Ormello completan la nómina.

 Por Diego Martínez

Tres ex pilotos de los Skyvan desde los que se arrojaron secuestrados vivos al mar durante la última dictadura podrían compartir con Jorge “El Tigre” Acosta, Juan Carlos Rolón & Cía. el banquillo del próximo juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los ex prefectos Enrique De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro D’Agostino, identificados en una investigación del Ministerio Público Fiscal como pilotos del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977 en el que habrían sido ejecutadas las monjas francesas, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y los familiares secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz. Sigue libre e impune en Necochea el superior de los aviadores, prefecto general Hilario Ramón Fariña, ex jefe de la División Aviación de Prefectura durante la dictadura, denunciado desde 1984 ante la Conadep como responsable de “tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”.

La resolución de la Cámara Federal que confirma los procesamientos ordenados por el juez federal Sergio Torres lleva las firmas de Martín Irurzun y Eduardo Farah e incluye a otros dos acusados: el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, ex defensor de sus compañeros de la ESMA, denunciado por el ex capitán Adolfo Scilingo como quien le alcanzaba a las personas dormidas para arrojar al vacío, y el suboficial naval retirado Rubén Ricardo Ormello, quien relató su actuación en los vuelos en los años ’80 ante sus compañeros de trabajo. El ex mecánico de la Armada trabajó hasta el día de su detención en Aerolíneas Argentinas, igual que Arru y De Saint George, que eran comandantes de vuelos internacionales.

El capitán Emir Sisul Hess, quien confesó sus crímenes en privado en los ’90, es por el momento el único imputado por su participación directa en los vuelos que ya está en manos del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que condenó al primer grupo de 16 represores de la ESMA y que a mediados de 2012 comenzaría el segundo proceso oral y público. A fines de septiembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Julio Alberto Poch, el ex piloto que confesó sus crímenes ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia. De los tiempos que demore la elevación a juicio y del criterio de acumulación de causas que adopte el tribunal que preside el juez Daniel Obligado dependerá que Poch y los cinco acusados que desde esta semana tienen procesamiento firme sean juzgados a partir del próximo año o recién en un tercer proceso, que al ritmo actual no arrancaría antes de 2015.

De Saint George, Arru y D’Agostino fueron imputados a partir del estudio de 2800 planillas de vuelo de los Skyvan de Prefectura, realizadas por la Unidad Especial sobre delitos de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, y de testimonios de ex suboficiales y civiles que prestaban servicios para Prefectura obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio. Entre quienes tenían “la sartén por el mango” con los vuelos de la muerte, según un ex prefecto que declaró en la causa, también estaban los prefectos principales Raúl Alberto Lanzi, que está radicado en Concepción del Uruguay; Roberto Antonio Salinas, actual profesor del Servicio de Aviación de Prefectura, y Raúl Novo, ex comandante de LAPA.

La impunidad de Fariña es difícil de explicar. Su nombre completo figura desde enero de 1984 en una carta enviada al presidente Raúl Alfonsín por la “oficialidad joven y no corrupta de Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”. Se lo sindica con todas las letras como “quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”. Fariña conducía la División Aviación (DAV), que integraban apenas catorce pilotos y una docena de mecánicos. Entrevistado por Página/12, primero negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”. Su imputación está en manos del juez Torres, que instruye la megacausa ESMA, y del fiscal federal Eduardo Taiano, quien consultado para esta nota no recordó haber pedido su citación para prestar declaración indagatoria.

De Saint George, Arru y D’Agostino eran en 1977 oficiales principales. Sus superiores inmediatos eran Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. El bahiense D’Agostino era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en el aeroparque Jorge Newbery. Diecisiete días después del vuelo que lo distingue de los pilotos de los Skyvan que continúan en libertad fue elogiado por Zaldúa por el “dominio de sus reacciones emotivas” y porque “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En 2003 murió el mecánico que participó del vuelo nocturno del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.

viernes, 4 de noviembre de 2011

La Corte Suprema revocó la excarcelación de dos imputados por crímenes cometidos en la ESMA

Se trata de Juan de Dios Daer y Edgardo Aroldo Otero. El Máximo Tribunal dejó sin efecto un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal. Hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió -expedientes D.l74.xLVI y ü83.XLVI-, por mayoría, hacer lugar a las quejas deducidas por el fiscal, declaró procedentes los recursos extraordinarios y revocó las decisiones apeladas. En el planteo realizado se había cuestionado los pronunciamientos por los cuáles la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal concedió las excarcelaciones de Juan de Dios Daer y Edgardo Aroldo Otero, bajo caución personal, en el marco de una de las causas conocidas como "ESMA”

martes, 1 de noviembre de 2011

La camiseta

 Por Marcelo Brodsky *

La fotografía no tiene fin. La imagen que había conseguido reconstruir, el retrato de mi hermano de los hombros para arriba detenido en la ESMA, resultó estar incompleta. Durante la visita que realicé con Víctor Basterra al Juzgado Número 12, donde se tramita la causa ESMA, Víctor reclamó su derecho a revisar el expediente para ver las pruebas que él mismo había aportado. El primer expediente que vimos mostraba sólo fotocopias. Pedimos los originales. Aparecieron.

Y la foto estaba allí, pero completa. De los hombros continuaba hacia abajo, hacia la cintura. Y se veía la camiseta. Una prenda desgarrada, irregular, básica. Una camiseta mínima, arrugada, envolviendo un cuerpo púber después de una sesión de tortura.

Los hombros se ven jóvenes, cruzados por las tiras de la prenda. (Los tiempos en la fotografía se superponen, continúan.) La indefensión y al mismo tiempo la belleza de la juventud, asomando entre los trozos de tela tras la paliza. El rostro un poco desencajado, pero aún íntegro. La fotografía amplía, agrega información. Tiene pequeños detalles tan irrelevantes como reales. Permite vislumbrar los pasadizos oscuros que llevan a la pared contra la que se hizo, los ruidos de las cadenas arrastradas al caminar, los grilletes...(otra foto muestra las marcas en las muñecas de las cuerdas de amarrar, en una mujer joven, hermana de otro).

El ligero abrigo que da la camiseta viste al cuerpo en su dolor, lo marca. No es un cuerpo desnudo. Recuerda el taparrabos de otro torturado, en la cruz. Y los pañuelos. Géneros blancos en lugares distintos, retazos.

Me cuentan que hacía gimnasia en la celda, un espacio similar a un chiquero para criar chanchos –convinimos en la charla con Basterra–, con paredes de apenas un metro de alto. Un lugar rectangular, pequeño, del tamaño de una colchoneta, por el que apenas se podía asomar la cabeza. Allí mismo hacían lo posible por charlar. Una colchoneta que sólo tenía gomaespuma y frazadas: ni forro ni sábanas. Lo mínimo, lo que se da a un esclavo, lo básico para subsistir y no morirse de frío, porque las sesiones debían continuar.

Siempre me gustaron las camisetas. Cuando duermo me pongo una, más bien una remera. Esta es distinta, es la clásica, la del barrio, la del carnicero tomando mate. Encima –es de suponer– bastante sucia, con su olor pegado, y sus pliegues, sus sombras y sombritas en la fotografía, pegadas al cuerpo de mi hermano todavía vivo.

Y una cosa le dijeron los nueve a Basterra, un día que consiguieron reunirse con él con la complicidad de un guardia “bueno”, asomando sus cabezas por el hueco de esos cuartuchos. Le preguntaron “qué será de nosotros”. Silencio. Víctor no sabía, no podía ni quería imaginar lo que sería. El había conseguido cambiar de escalafón: ahora era fotógrafo: lo necesitaban para algo más que para darle máquina. “Que no se la lleven de arriba, Víctor.” Eso le dijeron, los nueve, a oscuras. Que no se la lleven de arriba.

viernes, 28 de octubre de 2011

La abogada de las familias de las monjas francesas celebró el fallo

La abogada de las familias de las monjas francesas secuestradas por el grupo de tareas de la ESMA, Sophie Tonon, celebró el fallo de la justicia que condenó a prisión perpetua a 16 represores por crímenes de lesa humanidad en ese centro clandestino de detención.

"Tanto las familias de Alice Domon y Leoni Duquet y yo como abogada nos alegramos mucho que 35 años después, la justicia argentina haya entregado una decisión igual a la que Francia entregó hace más de 20 años", dijo en declaraciones formuladas a Télam la letrada francesa al referirse a la condena que aplicó ese país a Alfredo Astiz -en ausencia- por el crimen de las monjas.

El miércoles, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a prisión perpetua a 12 ex marinos, entre ellos Astiz, responsable de "marcar" a las religiosas galas que fueron secuestradas junto a familiares que se reunían en la iglesia Santa Cruz, luego torturadas en el centro clandestino de la ESMA y, finalmente, arrojadas vivas al mar.

Tonon recordó que el fallo "es el primero que se produce en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en la ESMA y por primera vez sobre desaparición de personas arrojadas vivas al mar".
Consultada por la omisión acerca del cumplimiento de la sentencia en cárcel común, como lo solicitaron las querellas, la abogada precisó que "la exigencia de las familias fue cárcel sin ningún privilegio" y consideró que "si no se explicita, se debe aplicar lo que es corriente y no la excepción".

"La cárcel `dorada` es una excepción, no se aplica si no se menciona", declaró la representante legal aunque aclaró que "será materia de consulta con el cuerpo de abogados" de las monjas.

ESMA: “Este juicio es producto de la lucha de años”

Entrevistamos Myriam Bregman, miembro del CeProDH y Justicia Ya y militante del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), quien junto a Luis Bonomi es abogada de la querella por el asesinato de Rodolfo Walsh.

¿Qué significa para vos este veredicto?

Este juicio llega después de muchos años de lucha, sufrió todos los avatares de lo que fueron las leyes de impunidad. Muchos de los hechos que aquí se juzgan son hechos que incluso fueron juzgados y analizados en el Juicio a la Juntas y después de 20 años se vuelven a reiterar. Es una causa que se había iniciado en 2007 contra el prefecto Febrés y antes de que termine éste fue envenenado con cianuro en su lugar de detención, así que llegar a esta instancia y conseguir cadenas perpetuas para estos represores, muchos de ellos simbólicos como Astiz, el Tigre Acosta, Pernías es para nosotros muy importante. Por supuesto que las absoluciones nos dejan un sabor amargo, tres en el caso específico de Rodolfo Walsh y hace que veamos que es importante que redoblemos la pelea por demostrar que en la dictadura participaron todos. Como los mismos represores lo dijeron aquí, fue una participación institucional. Las absoluciones las apelaremos, lo mismo condenas a 18 años como la de Azic, quien torturó al bebe de meses de Carlos Lorskipanidse.

Luego del veredicto, el tribunal de un modo nombra y reconoce la figura de genocidio gravitando en el este juicio, ¿cómo lo tomaron ustedes?

Todavía tenemos que esperar a lo que resuelva el tribunal pero por el adelanto de hoy ya podemos decir que el tribunal hace un reconocimiento de que los delitos cometidos en la Argentina fueron parte de un genocidio y que este genocidio se cometió por motivos políticos. Esto es muy importante porque es parte de lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace muchos años, con algunos logros parciales como los que hemos obtenido en los fallos de La Plata como otros a partir de aquel primer planteo casi en solitario que hicimos en el juicio contra Etchecolatz. Y ahora que este tribunal hable de genocidio, más allá de que no haya encuadrado cada hecho en particular, demuestra que hemos instalado un debate, que para nosotros no es un debate sólo jurídico porque lo que queremos discutir es cuál fue el proceso político que se dio en la Argentina entre el ´76 y el ´83.

Decías antes que hubo también absoluciones

Las absoluciones eran esperables e increíbles. Absolver a Rolón, miembro clave de la patota de la ESMA, que todo el tiempo reivindicó lo actuado, y que incluso en mi caso particular me “aconsejó” que abandone mi discurso trotskista, que le hace rememorar a 1917, y que encima dijo que con eso se conseguían pocos votos! También Astiz me aconsejó que no siga defendiendo el derecho al aborto, insólito!

Es decir, gente que reivindica absolutamente lo que hizo, que tiene conocimiento profundo de los hechos, que calla, que no dice el destino de los desaparecidos y que hoy resulta absuelta. La verdad que cada vez que el tribunal nombró la palabra absuelto era como que un silencio recorría la sala, porque nadie podía creer que se trate de Rolón, de García Velazco, de Coronel, ¡los tres asesinos de Rodolfo Walsh absueltos! Coronel (que fue condenado por el resto de los casos) que es un caso extremo, era miembro del Ejército y se fue a prestar para actuar como patota en la ESMA y para que no se lo incrimine en el caso Walsh dice que estaba “persiguiendo subversivos en la fábrica Fate de San Fernando”. Tiene una naturalidad en reconocer cómo actuaban en la dictadura y a quiénes perseguían, que aunque en este caso sea mentira (ya que efectivamente participó del asesinato de Walsh) es asombroso el argumento que utiliza. El caso de García Velazco tiene una connotación especial para Patricia Walsh, para los familiares y amigos porque es nada más ni nada menos que el que comandó el operativo de persecución y secuestro de Walsh.

Resulta llamativo que del centro clandestino más grande del país, donde pasaron 5.000 detenidos desaparecidos, sean nada más que 18 los militares acusados

Es que este juicio tuvo la particularidad de ser por 18 represores, fue sufriendo cada vez más fragmentaciones y no se juzga a todos los genocidas que pasaron por la ESMA, como en la mayoría de estos juicios que se dan de forma absolutamente fragmentada. En este momento no son mucho más de 60 los que están procesados en total por la causa ESMA; uno habla de “Mega causa” pero eso no quiere decir “mega imputados”, porque son bastante pocos, porque muchos de esos imputados están en libertad, incluso los que hoy recibieron condena, muchos de ellos hoy se fueron a su casa. Esto es notorio. Y también, como demostramos en nuestro alegato, la Armada participó en forma institucional, y de todos ellos, la mayor parte está impune, imagínense que sólo 60 están procesados. Y muchos, 4.000 todavía hoy, a punto de empezar el tercer gobierno kirchnerista, están en funciones. Así que tenemos que seguir movilizados para que no sean sólo 18 los juzgados, sino que se juzgue al conjunto de la institución la que participó en la dictadura para lograr la total y definitiva condena a todos por lo que son, genocidas.

miércoles, 26 de octubre de 2011

No será el último juicio.Volveremos a acusar por Genocidio

Una vez que concluya el segundo tramo de la Megacausa ESMA, otros 70 procesados por casi 800 desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el mismo centro clandestino, seguirán esperando aún un juicio oral. Se trata de los acusados en ocho causas, por el despojo sistemático de bienes a los prisioneros, los "vuelos de la muerte", el asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin y la “maternidad” de la misma Escuela de Mecánica.

El dilema que enfrenta la Justicia es si estos juicios se realizan uno a uno, lo que insumiría unos diez años hasta que el TOF5 complete su tarea, o si se unifican en un único juicio que se iniciaría el año próximo, como pidió la Unidad Fiscal de seguimiento de estos procesos, dependiente de la Procuración General de la Nación. Todos los casos integran la “Megacausa ESMA”, que centraliza el juez federal Sergio Torres, a cargo de sistematizar las denuncias e investigar la multitud de delitos contra las más de 4500 personas que habrían pasado por este centro clandestino, uno de los mayores del país, con la sola excepción de Campo de Mayo.

Los primeros 18 integrantes del grupo de tareas 3.3.2. fueron juzgados apenas por una parte de los delitos, como el secuestro, torturas y homicidios de 85 víctimas ("casos", en la jerga judicial), entre ellos las Madres fundadoras: Mary Bianco, Esther de Careaga y Azucena Villaflor Devicenti; las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Rodolfo Walsh.

“Los nombres de los imputados se repiten en todas las causas y los casos se entremezclan, por lo que unificar lo que resta en un único juicio es un tema de economía procesal”, afirmó a la agencia oficial Télam el fiscal general Pablo Parenti. Alfredo Astiz, su jefe el "Tigre" Acosta y el resto del staff de la ESMA son figuras centrales en la mayoría de las causas, como la desaparición de Hagelin, una adolescente sueca de 17 años, baleada por Astiz en la calle y llevada a la ESMA, donde desapareció en febrero de 1977. El caso generó un escándalo internacional por el reclamo del Estado sueco, que casi llega a una ruptura de relaciones, en una actitud similar a la de Francia con las monjas Domon y Duquet.

Otras dos causas, la 1415 y la 1349, que ya fueron elevadas a juicio oral en 2010 y 2009, y reúnen a 500 y 381 víctimas, respectivamente, que en su mayoría permanecen desaparecidos, y en la que además de los integrantes del grupo de tareas están acusados dos almirantes, Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, así como el médico militar Jorge Luis Magnacco, quien atendía los partos de las cautivas en la ESMA y quien fraguó las actas de nacimiento para cambiar la identidad de los recién nacidos y entregarlos a represores, como surge también del juicio en curso por el plan sistemático de robo de bebés.

Otras tres causas están referidas al despojo sistemático de bienes a prisioneros, y en una de ellas está imputado Eduardo Enrique Massera, hijo del entonces jefe de la Armada, lo que habla de la centralidad de estos delitos en los que además de represores hubo escribanos, inmobiliarias y un circuito del dinero robado. Una de esas causas investigó el traspaso fraguado de una finca en Chacras de Coria, Mendoza, a varios marinos, y otra la denuncia del prisionero Víctor Basterra, cuya madre vendió una vivienda en Valentín Alsina ante promesas de mantener con vida a su hijo; ambas han sido ya elevadas a juicio oral.

El represor Juan Lorenzo "Jeringa" Barrionuevo, encargado de inyectarles pentotal a los cautivos que iban a ser arrojados vivos al mar, tendrá en este esquema de juicios por goteo su propio juicio, a menos que la causa finamente se acumule con la de los aviadores ya identificados de los “vuelos de la muerte”.

Un juicio producto de la lucha. Condenas dispares, dos absoluciones deplorables

Inmutable. Así se mostró Alfredo Astiz, uno de los emblemas del horror provocado por la última dictadura militar, al recibir la pena de prisión perpetua  en el marco de la causa ESMA, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en el mayor centro de tortura y exterminio que tuvo Argentina. .

En el marco de la megacausa de la ESMA, que demandó más de 22 meses de debate y  los testimonios de más de 200 testigos, el tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli había decidido sentar en el banquillo de los acusados a 18 represores.
La expectativa, entonces, era enorme. Desde temprano el frente del Tribunal de Comodoro Py se fue poblando por familiares y miembros de movimientos de derechos humanos, políticos, sociales y sindicales. Se dispuso allí un palco, con equipos de sonido y la pantalla televisiva, donde se siguió la lectura del veredicto y donde cada condena fue festejada a puro grito y emoción.

Visiblemente conmovida lucía Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, quien destacó que la lectura de la sentencia que condenó a 16 represores de la ESMA constituyó "otro día histórico, uno de esos días que jamás las Madres pensamos que íbamos a vivir".

Pero para muchos este es sólo el primer paso. "En términos jurídicos, la lectura de la sentencia es la culminación de una lucha de dos años", dijo Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, quien subrayó que este juicio abarcó sólo a una parte menor de los casos denunciados y "a una miserable cantidad de represores", además de deplorar las dos absoluciones.

Otro sobreviviente, Enrique Fukman, también dijo tener "sensaciones contradictorias: la alegría de llegar a este momento, después de tantos años de lucha, y la convicción de que esta causa es una parcialidad" que deberá seguir con más procesamientos.

El momento de mayor emoción se vivió cuando llegó la condena para Astiz. Acusado -entre otros delitos- del asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, Astiz fue quien se infiltró en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para organizar el secuestro de Azucena Villaflor, una de las primeras referentes de las Madres. Por ese motivo, en 1990, Astiz había sido condenado en rebeldía por el Tribunal de lo Penal de París a la pena de reclusión criminal a perpetuidad y desde entonces no pudo salir de Argentina debido a la demanda de arresto por parte de Francia.

Pero hasta hoy, Astiz nunca había sido condenado en el país porque fue beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), que eximieron de responsabilidad penal a los militares de menor rango.
Sin embargo, en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las causas contra Astiz se reabrieron, le fue aplicada la prisión preventiva.

El represor volvió a ser noticia en 2004, cuando le detectaron un cáncer de páncreas y debieron operarlo casi en secreto en el Hospital Naval.
Mucho antes, a fines de los 90, y cuando Astiz estaba convencido de que la impunidad lo protegía, en diversas entrevistas periodísticas se definió como "un oficial que obedecía órdenes sin cuestionarlas ni cuestionarse".

En 2001, el gobierno de Italia pidió su extradición para juzgarlo por la desaparición de ciudadanos de ese país, y cuando una jueza federal ordenó a Interpol que lo buscara para arrestarlo, el ex marino se presentó detenido.

Quienes son y cuáles fueron los crímenes de los condenados

La lista de los represores, su cargos y los delitos que cometieron.

Estos son los acusados que llegaron a juicio oral por los crímenes ocurridos en la ESMA durante la última dictadura:

*Jorge Eduardo "Tigre" Acosta "El Tigre" Acosta, como era conocido por los detenidos de la ESMA, fue el jefe de Inteligencia, y como tal, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. Capitán de Fragata retirado era conocido y recordado por los sobrevivientes por su sadismo en el trato con los detenidos-desaparecidos, a quienes esclavizaba y maltrataba y luego invitaba a cenar o a bailar a restoranes o discos de moda de la época. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).


*Alfredo Ignacio "Rubio" Astiz. Agente de inteligencia del GT 3.3.2, también conocido como "Gustavo Niño", es mundialmente conocido por ser aquel quien se infiltró en la organización Madres de Plaza de Mayo, entre otros lugares, durante la dictadura, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. Logró la confianza de las Madres y sus allegados, y fue quien instrumentó el operativo en la Iglesia Santa Cruz que es parte de este juicio. Teniente de Fragata dado de baja de la fuerza, está detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, también dependiente del SPF.

*Juan Antonio "Piraña" Azic, Ayudante mayor de la Prefectura Naval Argentina, fue miembro del sector Operaciones del GT 3.3.2. Conocido dentro de la ESMA también como "Claudio" o "Fredy", apropió a dos niñas nacidas en cautiverio en dicho centro clandestino. Contemporáneamente con la reapertura de las causas, y luego de que el Juez Baltasar Garzón solicitara su detención con fines de extradición, intentó suicidarse infructuosamente. Pasó varios años detenido pero alojado en la Clínica San Jorge a causa de las heridas que el mismo se infringiera. Cumple arresto domiciliario.


*Carlos Antonio "Tomy" Capdevilla. Capitán de Corbeta retirado, fue médico de la ESMA, y cumplió la función de asistir los partos en la maternidad clandestina que funcionó en ese centro. Como Azic, también está involucrado en casos de apropiación de menores. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.


*Ricardo Miguel "Sérpico" Cavallo. También conocido como "Marcelo" o "Miguel Angel", fue integrante del sector Operaciones del GT 3.3.2. Fue detenido en el mes de agosto del año 2000 en México, y a partir de allí comenzó un lento proceso de extradición para que pudiera ser juzgado en nuestro país, que finalmente se concretó con su llegada a la Argentina en marzo de 2008. Capitán de Corbeta retirado, se encuentra cumpliendo su detención en el Complejo II de Marcos Paz. *Julio César "Maco" Coronel Teniente Coronel del Ejército, es uno de los miembros del grupo de tareas que demuestra la convergencia de oficiales de distintas armas en la ESMA. Se encuentra detenido en su domicilio.

*Adolfo Miguel "Gerónimo" Donda Tiguel. También conocido como "Palito", "Chiche" o "Rubén Pellegrino", perteneció al sector de Inteligencia del GT 3.3.2. Capitán de Fragata retirado, debió llegar a juicio en el fallido proceso contra Héctor Febres en 2007, pero por demoras en una resolución de la CNCP su juzgamiento fue postergado hasta este juicio. Se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza.


*Juan Carlos "Lobo" Fotea Dineri. Sargento de la Policía Federal, es otro ejemplo de cooperación internacional entre estados para el juzgamiento de los responsables. Se encontraba prófugo hasta noviembre del año 2006, cuando fue detenido en España. Fue extraditado en enero de 2007 y detenido por la causa ESMA. Está detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz.
*Manuel Jacinto García Tallada. Contraalmirante retirado de la Armada, ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales al momento de los hechos. Se encuentra detenido con arresto domiciliario.


*Pablo Eduardo "Dante" García Velasco Junto a su hermano Miguel Angel –quien también es imputado en la causa pero no fue juzgado en este juicio– integró el GT 3.3.2. Capitán de Corbeta retirado, cumple su arresto en el Complejo II de Marcos Paz.


*Carlos Orlando 'Fragote' Generoso. También conocido por los sobrevivientes como "Garrido" o "Agustín", fue parte del GT 3.3.2 como suboficial del Servicio Penitenciario Federal. Se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza. Por razones de salud, se suspendió el proceso para este imputado.
*Alberto Eduardo "Gato" González Capitán de Corbeta retirado, también integrante del GT 3.3.2, fue conocido a su vez con el sosías de "Oscar Paz Alara". Alojado en el Complejo II de Marcos Paz.



*Oscar Antonio Montes. Vicealmirante de la Armada, llegó a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Se encuentra detenido en su domicilio.



*Antonio "Trueno" Pernías. Otro de los miembros del GT 3.3.2, también conocido como "Rata" o "Martín". Su padre, un oficial superior de la Fuerza Aérea, facilitaba su casa-quinta ubicada en la localidad de Del Viso, provincia de Buenos Aires, como "casa operativa" del GT. Capitán de Fragata retirado, se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza.


*Jorge Carlos "Ruger" Radice. En calidad de agente de inteligencia, Radice integró el sector Logística de GT 3.3.2. Se retiró alcanzando el grado de Teniente de Fragata, y se encuentra detenido en el Complejo II de Marcos Paz.

*Juan Carlos "Juan" Rolón. Capitán de Fragata de la Armada, desde febrero de 1977 a marzo de 1978 cumplió funciones en la Base Naval Puerto Belgrano, en la localidad de Bahía Blanca, luego pasó a integrar el GT 3.3.2 de la ESMA. Actualmente se encuentra detenido en el Complejo II de Marcos Paz.


*Néstor Omar "Norberto" Savio. También conocido como "Halcón", fue integrante del sector Logística del GT 3.3.2 de la ESMA. Capitán de fragata retirado, se encuentra detenido en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo, hoy bajo la órbita del SPF.

*Raúl Enrique "Mariano" Scheller. Otro de los miembros del GT 3.3.2 de la ESMA, se retiró con el rango de Capitán de Navío. Se encuentra detenido en el Complejo penitenciario II de Marcos Paz.

*Ernesto Frimón "220" Weber. Ex comisario de la Policía Federal Argentina, fue miembro del sector operaciones del GT 3.3.2. Se encuentra bajo arresto domiciliario.

Perpetua para Astiz, el "Tigre" Acosta, Cavallo, Donda, Pernías, Rádice y otros seis genocidas




Ante la claridad de los crimenes perpretados, es inaudito que no se haya aplicado la figura del delito de genocidio, como fuera solicitado por una de las querellas, y sin el cuál sólo fueron juzgados por un número limitado de hechos, por lo que fueron absueltos criminales que participaron en el plan sistemático de exterminio.

Primera sentencia por los crímenes de la ESMA
 
Al cabo de 22 meses de debate y el testimonio de más de 250 testigos, y luego de desestimar distintos planteos de nulidad y/o prescripción presentados por la defensa de los acusados, el tribunal que integran los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli juzgó a 18 represores, acusados de secuestro, tortura y homicidio contra 86 víctimas, entre las cuales se encuentran el escritor y periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. El TOF5 dictó prisión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, José Montes, Raúl Scheller, Jorge Rádice, Adolfo Donda, Alberto González, Néstor Savio, Julio César Coronel, Ernesto Weber. Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. Carlos Capdevilla deberá cumplir 20 años de prisión, y Juan Antonio Azic 18 años. Por último, Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco fueron absueltos aunque no recuperarán la libertad por estar imputados en otras causas por delitos de lesa humanidad.

El juicio que empezó el 11 de diciembre de 2009 es uno de los tramos en que se dividió la llamada megacausa ESMA. El proceso resultó más largo de lo previsto, entre otras razones por una de las características que distinguieron este centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar bajo la órbita de la Marina: es uno de los pocos campos de concentración con supervivientes que pasaron uno, dos y hasta cuatro años secuestrados.

La densidad de los relatos le dieron al juicio otra singularidad. La sala tuvo múltiples querellas, integradas por organismos de derechos humanos que multiplicaron las voces de la acusación pero también las perspectivas.