En el marco de la megacausa de la ESMA, que demandó más de 22 meses de debate y los testimonios de más de 200 testigos, el tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli había decidido sentar en el banquillo de los acusados a 18 represores.
La expectativa, entonces, era enorme. Desde temprano el frente del Tribunal de Comodoro Py se fue poblando por familiares y miembros de movimientos de derechos humanos, políticos, sociales y sindicales. Se dispuso allí un palco, con equipos de sonido y la pantalla televisiva, donde se siguió la lectura del veredicto y donde cada condena fue festejada a puro grito y emoción.
Pero para muchos este es sólo el primer paso. "En términos jurídicos, la lectura de la sentencia es la culminación de una lucha de dos años", dijo Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, quien subrayó que este juicio abarcó sólo a una parte menor de los casos denunciados y "a una miserable cantidad de represores", además de deplorar las dos absoluciones.
Otro sobreviviente, Enrique Fukman, también dijo tener "sensaciones contradictorias: la alegría de llegar a este momento, después de tantos años de lucha, y la convicción de que esta causa es una parcialidad" que deberá seguir con más procesamientos.
El momento de mayor emoción se vivió cuando llegó la condena para Astiz. Acusado -entre otros delitos- del asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, Astiz fue quien se infiltró en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para organizar el secuestro de Azucena Villaflor, una de las primeras referentes de las Madres. Por ese motivo, en 1990, Astiz había sido condenado en rebeldía por el Tribunal de lo Penal de París a la pena de reclusión criminal a perpetuidad y desde entonces no pudo salir de Argentina debido a la demanda de arresto por parte de Francia.
Pero hasta hoy, Astiz nunca había sido condenado en el país porque fue beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), que eximieron de responsabilidad penal a los militares de menor rango.
Sin embargo, en 2003, cuando el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las causas contra Astiz se reabrieron, le fue aplicada la prisión preventiva.
El represor volvió a ser noticia en 2004, cuando le detectaron un cáncer de páncreas y debieron operarlo casi en secreto en el Hospital Naval.
Mucho antes, a fines de los 90, y cuando Astiz estaba convencido de que la impunidad lo protegía, en diversas entrevistas periodísticas se definió como "un oficial que obedecía órdenes sin cuestionarlas ni cuestionarse".
En 2001, el gobierno de Italia pidió su extradición para juzgarlo por la desaparición de ciudadanos de ese país, y cuando una jueza federal ordenó a Interpol que lo buscara para arrestarlo, el ex marino se presentó detenido.
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