miércoles, 18 de mayo de 2011

Alegatos de JUSTICIA YA

“No fueron loquitos sueltos”

La abogada Myriam Bregman centró su acusación contra Astiz, Acosta y Cavallo, entre otros, en que los tormentos, los homicidios, los secuestros fueron parte de un plan que involucró a toda la Armada. Hoy pedirán las penas.

 Por Adriana Meyer

“Patricia Walsh, Laura Villaflor y María Celeste Hazan son tres hijas que entrelazan hoy las historias de vida, de militancia y de compromiso de sus propios padres; en su nombre vamos a acusar a los aquí presentes para no permitir que se instale la mayor impunidad, la gran Operación Masacre, la del genocidio perpetrado en la Argentina.” Así comenzó el alegato de Myriam Bregman en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA. La abogada destacó que “no fueron loquitos sueltos, no fueron errores, no fueron excesos, fue toda la institución”, en alusión a la Armada, y enfatizó que “quedan miles de ellos en funciones”. Sentada entre el público, muy cerca de los represores , la hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh se conmovió por la “fuerza, claridad y lucidez” del alegato, que calificó de “impresionante y extraordinario porque estuvo a la altura de lo que nos hubiera pedido mi padre y sigue el ejemplo de su Carta Abierta”.

Mientras en una pantalla gigante se sucedían imágenes de la ESMA, la casa de Walsh en el Tigre y los rostros de los desaparecidos del Grupo Villaflor, los genocidas se iban dando vuelta para mirar de frente a sus acusadores, Bregman y Luis Bonomi. Acosta desistió de sus habituales “siestas” y, al igual que al resto, se lo vio muy inquieto. “Estaban nerviosos sintiendo el impacto del alegato colectivo de Justicia Ya!, político y a la vez rigurosamente acusatorio, construido con la fortaleza de los sobrevivientes”, dijo Patricia Walsh a Página/12 . De hecho, los letrados hablaron también en nombre de los ex detenidos-de-saparecidos de la ESMA Luis “Cachito” Fukman, Carlos “el Sueco” Lordkipanidse, ambos de Montoneros, y Osvaldo Barros, del Grupo Obrero Revolucionario.

Bregman planteó que la Armada en su conjunto actuó “en un plan sistemático de exterminio, un genocidio contra una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social para cambiar regresivamente al país, aumentar la explotación de la clase trabajadora y disciplinarla, a la vez que redoblaban las ataduras al imperialismo”. Y acusó a Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Julio Coronel, Juan Fotea, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Jorge Radice, Ernesto Weber y Pablo García Velazco por el asesinato de Walsh, cuya Carta Abierta a la Junta Militar fue el eje argumentativo del alegato, con citas textuales del escrito.

“Estos integrantes de la Unidad de Tareas 3/3.2 realizaron el viernes 25 de marzo de 1977, entre las 14.30 y las 16, un operativo de gran magnitud en las inmediaciones de San Juan y Entre Ríos, para secuestrar a Rodolfo Walsh, interrogarlo bajo tortura y someterlo a condiciones inhumanas”, dijo la abogada. El escritor se resistió y se defendió con un arma calibre 22, pero fue baleado. Los restos de Walsh siguen desaparecidos, aunque su hija Patricia sospecha que pueden estar en el campo de deportes de la ESMA. “Hay que hacer los peritajes de una vez e impedir que sigan haciendo deportes allí, que es jurisdicción nacional”, dijo Walsh, impulsora de la nulidad parlamentaria de las leyes de impunidad.

Los imputados también deberán responder por la sustracción de los objetos personales de Walsh, además de la pistola, un reloj Omega y un portafolios con copias de la Carta Abierta junto al boleto de compra venta de su casa de San Vicente. Y también por los que se llevaron tras el allanamiento de esa vivienda y la del Tigre, entre ellos cuentos, proyectos literarios, sus memorias, su diario personal, carpetas con materiales periodísticos, documentos de Montoneros, cartas, libros, dibujos y fotos. Varias de estas pertenencias fueron vistas en la ESMA, según fue relatado en el juicio. En tal sentido, Patricia Walsh destacó el coraje de los vecinos de San Vicente y de Tigre, que declararon sobre esos operativos por primera vez. Los informes aportados por la Comisión Provincial por la Memoria indicaron que la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense había hecho actividades de Inteligencia previas a tales procedimientos. Un dato inédito surgido del juicio indica que cuatro de sus vecinos del Tigre fueron secuestrados y llevados a la ESMA, luego de que sus casas también fueran allanadas.

“Empiezo a subir la escalera y tropiezo con un grupo que estaba muy excitado, alcanzo a ver una camilla y desnudo de la cintura para arriba reconozco a Rodolfo, me parece ver un par de impactos de bala en el pecho, los comentarios eran ‘se nos quedó’”, relató en el juicio Martín Gras, y abonó así la teoría de que habría llegado herido a la ESMA. En ese momento las imágenes mostraron la escalera de la ESMA y su hija Patricia se estremeció conmocionada. “Era una leyenda para algunos oficiales”, agregó.

Bregman cuestionó que el juicio haya dejado afuera a las compañeras y a los hijos de los sobrevivientes, que también estuvieron cautivos. “Hay 250 represores de la ESMA identificados y más de 800 compañeros estuvieron ahí secuestrados, pero este juicio es contra 18 victimarios por 86 víctimas”, precisó. Y replicó a la defensa de los represores que “el desguace de la causa, lejos de perjudicarlos, los beneficia”. Tras argumentar que la Armada tenía archivos de su accionar genocida, tal como admitió el cardenal Jorge Bergoglio en su declaración, la abogada recordó que el Tribunal Oral Federal Nº5 les negó el pedido de allanamiento al Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y a los domicilios de Acosta y Emilio Massera, donde presumiblemente podrían haberse encontrado documentos de Walsh.

En un cuarto intermedio, uno de los familiares de los imputados comentó al resto: “A ésta Alfredo la tiene en la garganta”. Alfredo, que es Astiz, tendrá que escuchar hoy de nuevo a ésta, que es Bregman, y a su colega Bonomi, cuando aleguen por el caso de Raymundo Villaflor y pidan las penas para él y los demás genocidas: prisión perpetua en cárcel común.

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