jueves, 9 de enero de 2014

ESMA: “Hay testigos que nunca declararon por miedo”

El juicio por los delitos de lesa humanidad ESMA III se encuentra en la mitad del proceso. Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly, cuentan en esta entrevista cómo funcionaba el ex Centro Clandestino de Detención y qué las líneas de investigación se fueron abriendo a partir de los testimonios.
En las paredes de las oficinas de los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly, que llevan adelante la causa ESMA III, hay poco espacio para las fotos familiares u otros objetos personales. Ese lugar es utilizado por afiches a todo color con cuadros de doble entrada que detallan en las columnas los nombres de los victimarios y en las filas a las víctimas. Está señalado qué represor estuvo a cargo de qué secuestro, tortura, o asesinato de las 800 personas que son “casos” en este juicio. Cuelga de la pared también un organigrama que describe roles y posiciones de los represores dentro de la ESMA, variante según el período que se tome.

Los números de la megacausa son elocuentes: desde el 28 de noviembre del año de 2012, el Tribunal Oral Federal 5 juzga a 67 represores -entre ellos 8 acusados por los “vuelos de la muerte” y 2 civiles- por los crímenes contra 789 víctimas. Al inicio, estaba previsto que declararan 830 testigos, muchos de los cuales serán difíciles de hallar por el paso del tiempo.

Pero más allá de los números, hablar de la ESMA es hablar de un Centro Clandestino de Detención (CCD) donde se realizó trabajo esclavo -los fiscales prefieren hablar de mano de obra esclava-, que funcionó como maternidad clandestina –solo entre mayo de 1977 y noviembre de 1978 se llevaron a cabo al menos 15 partos, por lo que fue llamada por los represores “la Sardá” de los centros clandestinos; allí dieron a luz mujeres secuestradas en Buzos Tácticos de Mar del Plata, La Perla, el Banco o Coordinación Federal.

-¿En qué estado está el juicio por delitos de lesa humanidad ESMA III?

- Guillermo Friele: Nos encontramos en la mitad del juicio, de un global de 880 víctimas o casos, estamos transcurriendo los del año 1977, por eso calculamos que durante un año más vamos a seguir recibiendo declaraciones testimoniales. La mayoría de los imputados se negaron a declarar o hicieron algún panfleto ideológico en defensa de la llamada lucha contra la subversión. En general, no vienen a las audiencias y siguen el juicio por los circuitos cerrados de TV desde sus unidades de detención.

-¿Qué implica para ustedes ser fiscales del juicio ESMA, el Centro Clandestino de Detención (CCD) más emblemático de la Marina, por donde pasaron unas 5.000 personas? ¿Y cuál es la particularidad de este proceso?

-G.F: Junto con Mercedes Soiza Reilly ya habíamos trabajado como fiscales en la causa de Automotores Orletti y luego en la de Base Naval 2 de Mar del Plata. Ahora bien,  el juicio de la ESMA es un juicio histórico, no solo por todo lo que representa el CCD más importante por el volumen de víctimas y por todo lo que trajo aparejado, sino por el carácter de los imputados, entre ellos (Jorge) “El Tigre” Acosta, (Alfredo) Astiz, (Antonio) Pernías, (Juan Carlos) Rolón, (Raúl) Scheller, (Ricardo) Cavallo, todos personajes muy emblemáticos de la dictadura militar. Nos llena de orgullo que la Procuradora (Alejandra) Gils Carbó haya puesto en nuestras cabezas esta responsabilidad.

-En el juicio anterior por los delitos cometidos en la ESMA hubo 18 condenados, 12 de ellos a cadena perpetua y 2 absueltos (Rolón y Pablo García Velasco) mientras en el juicio actual son 67 los imputados, ¿Qué diferencias establecen?

-G.F: No hacemos una distinción tajante en relación a los imputados, entendemos que todos pertenecen a la estructura militar de la Armada, salvo los civiles: (Juan) Alemann, secretario de Hacienda de (José Alfredo) Martínez de Hoz y Gonzalo Torres de Tolosa, que colaboraba con las tareas de la ESMA. Lo importante es que estén dentro de la estructura de la Armada y de la actividad represiva que generaban esas estructuras.

- ¿Puede trazar una cronología del funcionamiento del CCD?

-G.F: Los primeros secuestrados que fueron alojados en la ESMA ingresaron en 1976, en una fecha muy próxima al 24 de marzo. En 1976 no se verifica trabajo esclavo, que aparece y se incrementa en los años siguientes. Hay que tener en cuenta los cambios que se hicieron con la visita de la Comisión Interamericana en 1979 o para desvirtuar los dichos de (Sara) Osatinsky, (Ana María) Martí y Alicia (Milia de Pirles), quienes denunciaron las torturas en la ESMA al llegar al exilio. Esto sale de los cánones de otros CCD donde siempre se mantuvieron los mismos métodos. Que la ESMA fuese un CCD tuvo que ver con la coordinación represiva y con la división en zonas por parte de la Junta Militar. No es casual que se haya elegido el casino de oficiales para alojar a los cautivos que iban secuestrando. Tampoco es casual que en la ESMA se haya concentrado a los detenidos de la organización política Montoneros, aunque por supuesto hubo detenidos de otras agrupaciones.

-En una entrevista con  este medio, el abogado Jorge Luis Campobassi (quien junto con Guillermo Fanego defiende en forma particular a 13 imputados), cuestionó el rol de las querellas y la fiscalía y sostuvo que utilizan el criterio de responsabilidad objetiva, ¿Qué puede decir al respecto?

-G.F: La responsabilidad objetiva está prohibida en el derecho penal porque la responsabilidad penal se determina por el acto, el acto externo que realiza una persona que está reflejado o descripto dentro del Código Penal argentino. Nosotros, tanto la causa Orletti como en la de Base Naval de Mar del Plata, llevamos la responsabilidad penal por el acto y vamos a  probar las responsabilidades penales siguiendo los lineamientos constitucionales que determina una acusación válida.

-En el juicio anterior, el TOF 5 le pidió a la Corte que promueva ante los organismos de Derechos Humanos internacionales la inclusión de la figura del perseguido político en el delito de genocidio, ¿Esta fiscalía piensa pedir algo similar?

-G.F: Desde la causa Automotores Orletti tenemos una decisión jurídica tomada en relación a que aplicamos lo que eran las figuras o los tipos penales vigentes a al momento de los hechos. Esta es la postura que entendemos se debe llevar adelante, sin dejar de notar que hay jueces, fiscales y tribunales orales que sostienen lo contrario.

-¿Qué líneas de investigación se abren luego de haber escuchado durante este año a más de 200 testigos?

-G.F: Estamos viendo que aparecen más víctimas que nunca fueron judicializadas, que por alguna razón no se presentaron en organismos y se perdieron en la maraña de estos casos. Nosotros vamos a solicitar que se nos den los testimonios correspondientes para que se inicien investigaciones en relación con nuevas víctimas y nuevos imputados. Vemos que aparecen nuevos actores, que no habían sido en tomados en cuenta por los jueces que instruyeron, y que empieza a aparecer mucha complicidad de ámbitos civiles, judiciales, y obviamente de la Iglesia, que colaboró con el terrorismo de Estado. En cuanto a los delitos de violencia sexual, creemos que se puede condenar como delito autónomo respecto del delito de aplicación de tormentos.

-En el juicio aparecen constantemente testimonios de familiares de desaparecidos que jamás se presentaron a la justicia ni a un organismo de derechos humanos, ¿qué reflexión pueden hacer sobre esto?

-G.F: A mí me parece que el elemento más contundente, por el que muchos jamás declararon, es el miedo. Hemos escuchado que no querían hablar de determinadas cuestiones por miedo. El miedo perdura, 37 años y sigue perdurando.

-Mercedes Soiza Reilly: son familias diezmadas, no todos pudieron reconstruir la historia nuevamente. La gente tiene que venir a denunciar su caso, por más que sea la primera vez.

G.F: Hay miedo a la realidad, a que te digan “está desaparecido”. Hay muchos testimonios de gente mayor que te dice “yo sigo esperando que me toquen el timbre”. Es una de las secuelas más importantes que dejó el terrorismo de Estado

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