El juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento con prisión preventiva y un embargo de 650.000.000 de pesos al suboficial de la marina Carlos Galián, por su presunta participación en ilícitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.
En esa misma causa y también por los supuestos delitos de imposición de tormentos y privaciones ilegales de la libertad, la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva y embargo de 94.000.000 de pesos al ex agente de inteligencia de la Prefectura Naval Jorge Manuel Díaz Smith.
Fuentes judiciales aclararon que el monto del embargo determinado por el magistrado responde al criterio de fijar 1.000.000 de pesos por cada supuesto ilícito. Se atribuye a Galián, alias "Pedro Bolita", responsabilidad como "partícipe necesario", en 635 casos de tormentos y privaciones de la libertad, algunos de ellos seguidos de muerte.
Galián, detenido semanas atrás, aparece sindicado por testigos de la causa como un "pieza clave" y de "máxima confianza" como represor en el establecimiento que funcionó como un centro de detención clandestino durante el último gobierno de facto.
El procesado, de 66 años, vivía en una casa ubicada en Magallanes al 700, en la localidad bonaerense de Ciudadela, cuando por disposición de Torres, fue detenido por efectivos policiales.
La detención de Galián fue el resultado de un "exhaustivo" cotejo de pruebas reunidas en la causa, ya que el ex suboficial de la marina solo aparecía con su apodo en los testimonios y constancias sumariales que instruye el juez con el fiscal Eduardo Taiano.
Tras la identificación, para la cual fue "muy importante" el reconocimiento a través de fotografías, Torres ordenó el allanamiento a la finca ubicada en Ciudadela y se procedió a la detención de Galián. Varios testigos contaron que los "Pedros" eran los guardias que custodiaban a los prisioneros y Gaitán tenía su seudónimo debido a sus marcados rasgos de los individuos del altiplano.
Los testigos agregaron que Galián tenía a su cargo "el traslado de los detenidos al lugar desde el cual se realizaba el despegue de los `vuelos de la muerte`" como se llamaban a aquellos desde los cuales las víctimas eran arrojadas desde aviones al mar.
También se le atribuyó haber participado en la custodia de mujeres embarazadas que permanecían secuestradas en la ESMA y estar vinculado a la apropiación de niños nacidos cuando sus madres se hallaban privadas de la libertad, en lo que fue el instituto de formación naval.
La Sala II de la Cámara confirmó la medida de primera instancia que Torres le dictó a Smith, ex jefe de las divisiones de Operaciones y Logística de la Prefectura Naval Argentina, y se afirma que Smith, "muy apto para tareas de inteligencia", según un informe de sus superiores, habría actuado como oficial de "enlace" con los represores de la ESMA.
En esa misma causa y también por los supuestos delitos de imposición de tormentos y privaciones ilegales de la libertad, la Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva y embargo de 94.000.000 de pesos al ex agente de inteligencia de la Prefectura Naval Jorge Manuel Díaz Smith.
Fuentes judiciales aclararon que el monto del embargo determinado por el magistrado responde al criterio de fijar 1.000.000 de pesos por cada supuesto ilícito. Se atribuye a Galián, alias "Pedro Bolita", responsabilidad como "partícipe necesario", en 635 casos de tormentos y privaciones de la libertad, algunos de ellos seguidos de muerte.
Galián, detenido semanas atrás, aparece sindicado por testigos de la causa como un "pieza clave" y de "máxima confianza" como represor en el establecimiento que funcionó como un centro de detención clandestino durante el último gobierno de facto.
El procesado, de 66 años, vivía en una casa ubicada en Magallanes al 700, en la localidad bonaerense de Ciudadela, cuando por disposición de Torres, fue detenido por efectivos policiales.
La detención de Galián fue el resultado de un "exhaustivo" cotejo de pruebas reunidas en la causa, ya que el ex suboficial de la marina solo aparecía con su apodo en los testimonios y constancias sumariales que instruye el juez con el fiscal Eduardo Taiano.
Tras la identificación, para la cual fue "muy importante" el reconocimiento a través de fotografías, Torres ordenó el allanamiento a la finca ubicada en Ciudadela y se procedió a la detención de Galián. Varios testigos contaron que los "Pedros" eran los guardias que custodiaban a los prisioneros y Gaitán tenía su seudónimo debido a sus marcados rasgos de los individuos del altiplano.
Los testigos agregaron que Galián tenía a su cargo "el traslado de los detenidos al lugar desde el cual se realizaba el despegue de los `vuelos de la muerte`" como se llamaban a aquellos desde los cuales las víctimas eran arrojadas desde aviones al mar.
También se le atribuyó haber participado en la custodia de mujeres embarazadas que permanecían secuestradas en la ESMA y estar vinculado a la apropiación de niños nacidos cuando sus madres se hallaban privadas de la libertad, en lo que fue el instituto de formación naval.
La Sala II de la Cámara confirmó la medida de primera instancia que Torres le dictó a Smith, ex jefe de las divisiones de Operaciones y Logística de la Prefectura Naval Argentina, y se afirma que Smith, "muy apto para tareas de inteligencia", según un informe de sus superiores, habría actuado como oficial de "enlace" con los represores de la ESMA.
Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, rastreó los datos del prefecto Díaz Smith durante diez años; y extendió su rastreo desde Misiones hasta Necochea y organizó escraches cuando aún no había orden de detención.
Díaz Smith secuestró, torturó, falsificó documentos y le robó el bebé a una mujer que parió en el sótano de la ESMA. Ya en democracia, siguió controlando los días y las noches de quienes sobrevivieron a aquel infierno. Con sus delitos a cuestas, el prefecto Jorge Manuel Díaz Smith logró escabullirse. Los datos que ayudaron a rastrear al represor fueron aportados por un ex detenido-desaparecido que, tal como hizo con otros de sus verdugos, durante todo este tiempo fue juntando información sobre la vida en libertad de Smith.
Carlos Lordkipanidse aportó hace años gran cantidad de documentación y recuerda a Díaz Smith como un hombre rubio, de bigote fino y casi pelado que en 1979 llegó al sector 4, en el subsuelo del centro clandestino, donde se hizo cargo de las salas de torturas, de la falsificación de documentos y del control telefónico.
“Su alias era Luis y también se hacía llamar Horacio Lázaro. No sólo actuaba adentro de la ESMA. También participó de algunos operativos de secuestros, como el de René Haidar, uno de los tres sobrevivientes de la Masacre de Trelew, a quien fue a buscar a Brasil”, relató el sobreviviente.
Díaz Smith secuestró, torturó, falsificó documentos y le robó el bebé a una mujer que parió en el sótano de la ESMA. Ya en democracia, siguió controlando los días y las noches de quienes sobrevivieron a aquel infierno. Con sus delitos a cuestas, el prefecto Jorge Manuel Díaz Smith logró escabullirse. Los datos que ayudaron a rastrear al represor fueron aportados por un ex detenido-desaparecido que, tal como hizo con otros de sus verdugos, durante todo este tiempo fue juntando información sobre la vida en libertad de Smith.
Carlos Lordkipanidse aportó hace años gran cantidad de documentación y recuerda a Díaz Smith como un hombre rubio, de bigote fino y casi pelado que en 1979 llegó al sector 4, en el subsuelo del centro clandestino, donde se hizo cargo de las salas de torturas, de la falsificación de documentos y del control telefónico.
“Su alias era Luis y también se hacía llamar Horacio Lázaro. No sólo actuaba adentro de la ESMA. También participó de algunos operativos de secuestros, como el de René Haidar, uno de los tres sobrevivientes de la Masacre de Trelew, a quien fue a buscar a Brasil”, relató el sobreviviente.
Al parecer los asambleistas enemigos de las explotaciones mineras, estan buscando la forma de apelar a los derechos humanos en su intento de erradicar a emprendimientos como Alumbrera o Agua Rica.
ResponderEliminarEsta tendencia ha venido manisfestandose previo al corte de la via hacia Agua Rica, lugar donde se pensaba extraer uranio pero la empresa viró en direccion a suplantarlo por otro mineral.
Tanto la posición de la empresa como la de los asambleista van adquiriendo una variante en cuyo epicentro se desarrolla un combate de doble característica: la empresa busca acomodarse para proceder a la explotación del emprendimiento (la mano de obra ocupada o a ocupar ha pasado a segundo plano)mientras que los asambleistas trabajan con operaciones de prensa donde dejan en claro lo siguiente: el mineral a extraer debe quedar donde está.
Desde el punto de vista del retroceso económico vivido por aquellas regiones donde se han llevado a cabo dichas explotaciones(en realidad existe un solo mega emprendimiento y ese es La Alumbrera), estas ni siquiera van a poder contar con el escaso volúmen de mano de obra contratada por las empresas.
Menos con los fondos provenientes de dichas explotaciones y que obligadamente las empresas deben orientar en dirección a las universidades.
Para los asambleistas es preferible la profundizacion de los niveles de pobreza en lugar de la lucha por exigir a los gobiernos provinciales (y el nacional) instrumentar nuevas reglas de juegos con las empresas mineras.
Segun una encuestadora privada, el sector minero es el que más altos sueldos paga.Pero lo contradictorio del asunto radica en la incipiente cantidad de empleados contratados.
Una visión dinámica delas economías regionales sacudidas por la enorme baja en el consumo a partir del desempleo y de los bajos salarios pautados por las administraciones provinciales, es dejada de lado por los asambleistas.
Debe entenderse lo siguiente: el problema de las explotaciones mineras es de naturaleza económica y política.
La perspectiva de apelar a los derechos humanos ha sido urdido desde el oportunismo.
Porque en su necesidad de imponer a los gobiernos provinciales ( en este caso el de Catamarca) la erradicacion de Alumbrera / Agua Rica, surge la idea de apelar a los derechos humanos como factor de presion pues esto le ha dado resultado a Kirchner /Alfonsin , por extension, podría ocurrir lo mismo con los asambleistas en caso de llevarlo a la practica.
Sin embargo existe un inconveniente: cuando uno observa con detenimiento la composición de cada una de las organizaciones antiminería, el planteo económico que subyace en su línea argumental propugna el regreso a una economía artesanal, pre pre capitalista.
En regiones donde el impácto del capitalimos ha sido de menor a nulo.De este modo, el actual gobierno de Catamarca vendría a ser un nene de pecho ante el tremendo futuro exigido por las organizaciones opuestas a las explotaciones mineras.
Ante posiciones de esta naturaleza,la reaccion de esta gente ha sido no abrirse al debate y si acusar de ¨pagado por las empresas mineras¨a quien busca la forma de darlo a conocer.