jueves, 10 de marzo de 2011

El tribunal convoca a testigos que deberían declarar como acusados

Una citación con el rótulo equivocado

Las defensas de los represores solicitaron como testigos a personas involucradas en los hechos que se juzgan. Juran decir la verdad, pero a la vez pueden evitar autoincriminarse. Mañana está convocado Rafael Carlos de Elía, quien ya está imputado en la causa.
 Por Alejandra Dandan
Hace unas semanas declaró el marino Ramón Antonio Arosa, que dijo que el operativo en la Iglesia de la Santa Cruz resultó “exitoso”.

Pese a la oposición de los organismos de derechos humanos que integran las querellas, pese a la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y al requerimiento de indagatoria de la fiscalía de Eduardo Taiano, el Tribunal Oral Federal 5 convocó a declarar –para mañana viernes– como testigo en el juicio oral por la ESMA al marino Rafael Carlos de Elía. De Elía fue subjefe de la Base Aeronaval Comandante Espora de 1977 a 1979, y jefe interino durante un período de cuatro meses. La base aeronaval, que estaba a una hora de vuelo de la ESMA, tenía el personal, los instrumentos técnicos y logísticos para los traslados de los cautivos del centro clandestino. De Elía, que es experto en hidrografía naval, está imputado en la megacausa ESMA porque bajo sus órdenes se hallaba el piloto Emir Sisul Hess, con procesamiento confirmado por la Cámara de Apelaciones, por su intervención en los vuelos de la muerte.
La polémica

La citación a De Elía se produjo cuando las querellas están cuestionando la participación de varios marinos como testigos convocados por las defensas. Su caso es tal vez uno de los más paradigmáticos. Hace unas semanas, sin embargo, declaró Ramón Antonio Arosa, jefe de la Armada entre 1983 y 1989 y quien aunque fue jefe de la democracia escaló posiciones durante la represión. Durante su testimonio dijo aquello de que el operativo de inteligencia de Alfredo Astiz en la Iglesia de la Santa Cruz resultó “exitoso”, pero que la Armada se equivocó al no esconderlo y enviarlo enseguida a París.

Pese a eso, el caso que disparó la polémica a comienzos de febrero fue el de De Elía, que debía presentarse en ese momento. Las querellas de los organismos de derechos humanos, que suelen mantener posiciones distintas frente estos testigos, en este caso aparecieron encolumnadas.

El problema es que una persona que se presenta a declarar en calidad de testigo está obligada a decir la verdad, bajo juramento. Al comienzo de la audiencia, debe escuchar al presidente del tribunal que le pregunta si tiene un interés específico con el resultado de la causa o su interés es que se haga justicia. En general, todo el mundo responde que el interés es el de la justicia. Pero por su vínculo con Hess, la respuesta de De Elía podría ser bastante más complicada: “En realidad, en la base de la convocatoria hay una contradicción –explicó Carolina Varsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)–, porque va a declarar sobre hechos por los que por otra parte está siendo imputado”.

Todo testigo debe decir la verdad pero no puede autoincriminarse. Por esa razón, ante casos similares, el TOF 5 limita la batería de preguntas que podrían llevar a que el testigo deba decir algo contra sí mismo. Eso es lo que supuestamente sucederá mañana viernes con De Elía. Y una de las razones por las que la fiscalía de Pablo Ouviña –a cargo de la acusación– suele agarrarse la cabeza: en esas condiciones y con el poder de las preguntas cercenado, dicen, la presencia de un testigo no sirve o sólo avala la postura de los acusados.

Para salvar el problema, Ouviña planteó en algún momento evitar el juramento. Una situación compleja: rechazada por el TOF 5 y cuestionada por algunas de las querellas, no sólo por las garantías del testigo sino porque sin el juramento de verdad, la palabra del testigo no podría ser bien valorada como prueba. Pese a eso, y en situaciones similares, en otros juicios prosperaron pedidos del tipo. Uno de ellos fue el juicio oral por Mansión Seré, cuando se presentó a declarar como testigo Miguel Angel Ossés, comandante de operaciones aéreas entre 1976 y 1978. En ese caso Félix Crous dejó de hacer preguntas, y pidió relevarlo del juramento. La medida se aceptó y a la hora de la conclusión del juicio, la fiscalía elevó el testimonio para que se inicie una causa. Ossés hoy está procesado.

“Acá lo que hay que decir es que durante el terrorismo de Estado lo que hubo fue una asociación ilícita”, dice Ana María Careaga, sobreviviente del circuito Atlético-Banco-Olimpo e hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las madres de la Plaza de Mayo secuestradas en la Iglesia de la Santa Cruz durante diciembre de 1977 y cuyo traslado es una de las acusaciones contra Hess. “Esa asociación fue diseñada y planificada para lograr el control social; hay que decir que se secuestró a miles de personas y que las Fuerzas Armadas, como estructura organizada, estuvieron encolumnadas en la represión. Por eso es asociación ilícita. Entonces, pensar que puede haber determinadas personas que por su responsabilidad en la estructura jerárquica no hayan tenido nada que ver, cuando estuvieron en distintos tramos claves de esa esta historia, es desconocer cómo estaba la estructura de la represión, y la verdad es increíble.”

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció los antecedentes de De Elía a comienzos de febrero ante el juzgado federal de Sergio Torres, a cargo de la megacausa de la Escuela Mecánica de la Armada. En ese momento, Pablo Barbuto, del equipo jurídico de la Secretaría, ya le advertía al juzgado que De Elía había sido citado a declarar como testigo en el juicio oral de la ESMA. Torres pasó la denuncia a la fiscalía de Taiano, que evaluó el caso, los antecedentes y elevó el requerimiento para la indagatoria, un pedido que para los organismos de derechos humanos ya ubica a los acusados en situación de imputados. Nada de eso sin embargo detuvo al TOF 5, a cargo de Daniel Obligado, que igual decidió convocarlo.
Espora

Entre abril de 1977 y abril de 1979, De Elía se desempeñó como subjefe de la Base Aeronaval Espora de Bahía Blanca. Durante ese período mantuvo un interinato como jefe de cuatro meses. Luego pasó a Hidrografía Naval y luego revistó en el destructor Storni, en el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. y en la Dirección General de Personal. De acuerdo con los datos acumulados en la causa que se instruye en Bahía Blanca, investigados en la fiscalía de Abel Córdoba, el rol de la Base Espora en la lucha contra la subversión es claro: la base estaba contemplada en el Placintara, el Plan de Contrainsurgencia Terrorista de la Armada Argentina, que en 1975 contempló el lanzamiento de prisioneros vivos al mar. En la propia base, explicaron desde la fiscalía, había una dependencia de Inteligencia Naval ubicada en la cabecera de la pista de aterrizajes. Y contaban con los instrumentos logísticos y operativos para los traslados de los prisioneros de las distintas Fuerzas Armadas. Hess es uno de los vínculos entre la Base Espora y la ESMA, cuyos marinos encontraron ahí los medios necesarios para la ejecución de los vuelos y los traslados.

De Elía tuvo a cargo a Emir Sisul Hess, procesado por su participación en los llamados “vuelos de la muerte”. De acuerdo con los datos de la megacausa ESMA, el hombre que se recicló como empresario de turismo y hacía alarde ante sus empleados de haber tirado a las víctimas desde el aire desde donde parecían “hormiguitas”, realizó 145 vuelos en el año 1976 desde la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros que funcionó en la Base; y 173 vuelos en 1977. Hess que está procesado entre otros casos por los traslados de las víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz, tiene en su legajo una sanción dispuesta por De Elía en noviembre de 1977. Esto es clave para evaluar el vínculo con el jefe.

“Esa facultad de sancionar a alguien es muy relevante”, dijo el fiscal Córdoba en diálogo con Página/12. “De allí puede deducirse que tenía la supervisión concreta de las actividades de su su-bordinado, podía impartirle órdenes, corregir su actuación y directamente impartirle las ordenes que quisiera ejecutar, contando para eso con la incondicionalidad del ejecutor. Es central ese dato, nadie en una institución disciplinada como las Fuerzas Armadas tiene margen de libertad, salvo el que le permite el superior. Con lo cual, en el plan represivo la conducta del subordinado, involucra la del superior, por eso se habla de cadenas de mandos y no de estratos inferiores o superiores.”

Esa línea es por la que se pidió la indagatoria de De Elía. Pero la idea de la cadena de mandos no sirve para exculpar a Hess: con la confirmación del procesamiento a través de la Cámara de Apelaciones, indica una de las abogadas de las querellas, quedó claro que su jefe sabía lo que hacia y dejaba de hacer.

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