De los diecisiete marinos, prefectos y policías que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad, ayer sólo Donda aceptó explayarse en el uso de la palabra. Denunció un acuerdo en los ’80 de la Armada con los radicales para denunciar sólo a los identificados.
Por Diego Martínez
“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, reiteró ayer el capitán Adolfo Donda, imputado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. El ex jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del “acuerdo” entre el gobierno radical y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ’80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, aseguró. Se decidió “sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, dijo, y contó que cuando Raúl Alfonsín y su canciller Dante Caputo visitaban la Agregaduría Naval en Brasil, donde él estaba destinado, “trataban de que no estuviera cerca para que no saliera en la foto”. También declaró el capitán médico Carlos Capdevila, una oración escueta el prefecto Juan Antonio Azic y se negó a declarar el octogenario Manuel García Tallada. La ronda de indagatorias continuará el miércoles con la palabra de Alfredo Astiz.
La mayor parte de las siete horas que duró la audiencia se consumieron en debates sobre temas procesales. Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral 5, informó del rechazo de todos los planteos preliminares: nulidades y prescripciones de los defensores y revocatorias de arrestos domiciliarios de Justicia Ya. El ex canciller Oscar Montes fue el primer convocado a hablar, desde su silla de ruedas:
–No voy a declarar porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales. No ratifico mis dichos ante jueces militares. Niego todos los cargos y no respondo preguntas –recitó de un tirón.
Comenzó entonces una discusión eterna. Los defensores pidieron que no se consideraran indagatorias las declaraciones ante juzgados militares porque, si bien los marinos no juraban decir verdad, eran “exhortados” a hacerlo. El fiscal Pablo Ouviña argumentó que esos relatos deben validarse y recordó que los propios imputados los ratificaron en 1986 ante la Cámara Federal. El defensor oficial Víctor Valle puso más esmero que los particulares. “Para un militar el principio de disciplina es superior al principio de justicia”, destacó. El tribunal anunció un cuarto intermedio de diez minutos que fueron noventa, tomó una resolución que no conformó a nadie y ante nuevos planteos difirió su decisión para el futuro.
No me dejen solo
“Fue una actuación institucional, de toda la Armada”, arrancó Donda, de 64 años. “Sin embargo estoy solo, no hay nadie que haya combatido conmigo en el GT 3.3”, lamentó, en referencia a sus camaradas y jefes de la ESMA entre 1979 a 1981. El marino negó haber participado en sesiones de interrogatorios, que admitió en 1986. “La explicación es sencilla. En una estructura cada uno tiene una función, no varias. La mía era ser jefe de operaciones: la captura y entrega de terroristas”, dijo. “Todos los hechos que aquí se juzgan han sido cometidos en jurisdicción militar, una estructura institucional”, machacó.
Luego describió sus vivencias de las negociaciones entre Alfonsín y los militares tras el retorno de la democracia. En 1983, cuando su apellido ya figuraba en todos los listados de represores, fue enviado a la Agregaduría Naval en Brasil. “Cada vez que venía el canciller (Dante) Caputo trataban de que yo no estuviera cerca para que no saliera en la foto”, recordó, y agregó que “lo mismo (ocurrió) las dos veces que Alfonsín visitó Brasil”.
Citado por el juez Ciro de Martini por el asesinato de Elena Holmberg, declaró y retornó a la Agregaduría. Entonces recibió un ofrecimiento del vicealmirante Ramón Arosa, jefe de la fuerza, para profugarse junto con su familia. En sus palabras: “La Armada se iba a hacer cargo si yo decidía no regresar” a Brasil. Su respuesta, dijo, fue negativa.
Luego comenzó a recibir citaciones de los denominados “juzgados de instrucción militar”, a los que Alfonsín encomendó investigar los crímenes de sus propios miembros. Donda aclaró que el secretario era un oficial superior:
–Mirá, pibe, acá está lo que te vamos a preguntar –lo recibió.
–Señor capitán: ¿por qué yo solo? ¿Dónde están los mandos intermedios? –preguntó Donda.
–Son directivas, pibe. Firmá tranquilo, la Armada está en la precisa.
“La Armada decidió mantener silencio”, recordó, y citó una frase que los marinos adjudican al contraalmirante Barry Melbourne Hussey: “Los oficiales que han sido identificados por el enemigo deberán pasar por la Justicia”. “Los primeros prevaricadores fueron los juzgados militares, que nunca preguntaron por mis jefes”, concluyó el razonamiento. “La directiva era sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, recordó.
A fines de 1986, cuando las cámaras se abocaron a las causas, “la orden era sostener lo dicho en los tribunales militares y de alguna manera mantener silencio”, dijo. “Es difícil que un civil lo comprenda, pero las órdenes eran sagradas, no se concebía romper la lealtad al superior aunque notáramos que se equivocaran”, explicó. Luego lamentó que “la Armada negoció con el poder político” quiénes serían citados y recordó como un elemento central “el centimetraje de cada uno en la prensa”.
Sobre sus quince años de impunidad posteriores sólo emitió elogios involuntarios a Abuelas de Plaza de Mayo, en cuyas causas debió declarar, y a la prensa que recordó su pasado. Dijo que lleva siete años detenido y no conoce al juez Sergio Torres, a quien cuestionó porque “transcurrieron cinco años hasta que citó a declarar a mis superiores”. Sobre los testimonios que lo incriminan, dijo que “tienen muchas verdades pero también mentiras”. Prometió refutar las mentiras pero no aportar verdades.
El dilema
Donda dedicó varios párrafos a su hermano desaparecido, con quien “tenía una unión sentimental muy buena, aunque evidentemente cada uno tenía su propio camino y destino”, reflexionó. Contó que ya en 1972 el Servicio de Inteligencia Naval lo citó para cuestionarle la militancia de José María Donda, que estudiaba en el Liceo Naval. En 1975 volvieron a reprocharle “que no haya dado parte” de sus actividades. “No puedo hacerme responsable de mi hermano”, asegura que respondió.
En 1977, no especificó la fecha, “fuerzas conjuntas allanaron mi casa”. Dijo ignorar el motivo aunque supone que fue para “certificar mis actividades”, que luego de varios segundos con la lengua atragantada definió como “la defensa de la legalidad”. Ese año perdió contacto con José María, pero tuvo un indicio de su suerte: su sobrina fue entregada en guarda por una jueza de menores a la madre de los hermanos Donda, que compartió la guarda con el marino. “Presumí que podían estar presos o desaparecidos”, arriesgó.
En 1979, cuando Rubén Chamorro, director de la ESMA, lo convocó para sumarse al grupo de tareas, le pidió ayuda para resolver “mi dilema”, dijo: “El paradero definitivo de mis familiares”. Agregó que una secuestrada de la ESMA le contó que había militado con José María en la columna oeste de Montoneros y que “muy probablemente” había sido “detenido por la Aeronáutica”. Entabló contacto con dos oficiales de la Fuerza Aérea pero, aseguró, nunca le aportaron ninguna información. Sobre el paso por la ESMA de su cuñada María Hilda Pérez de Donda, que dio a luz en cautiverio a la actual diputada Victoria Donda, el marino no dijo una sola palabra.
Por Diego Martínez
“Toda la Armada” participó de la represión ilegal, reiteró ayer el capitán Adolfo Donda, imputado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA. El ex jefe de operaciones del Grupo de Tareas 3.3 admitió que participó en secuestros, destacó su convicción de que “las órdenes eran sagradas” y renegó del “acuerdo” entre el gobierno radical y la conducción de las Fuerzas Armadas, en los ’80, para juzgar al puñado de represores identificados y garantizar la impunidad del resto. “La Armada negoció con el poder político quiénes iban a declarar”, aseguró. Se decidió “sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, dijo, y contó que cuando Raúl Alfonsín y su canciller Dante Caputo visitaban la Agregaduría Naval en Brasil, donde él estaba destinado, “trataban de que no estuviera cerca para que no saliera en la foto”. También declaró el capitán médico Carlos Capdevila, una oración escueta el prefecto Juan Antonio Azic y se negó a declarar el octogenario Manuel García Tallada. La ronda de indagatorias continuará el miércoles con la palabra de Alfredo Astiz.
La mayor parte de las siete horas que duró la audiencia se consumieron en debates sobre temas procesales. Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral 5, informó del rechazo de todos los planteos preliminares: nulidades y prescripciones de los defensores y revocatorias de arrestos domiciliarios de Justicia Ya. El ex canciller Oscar Montes fue el primer convocado a hablar, desde su silla de ruedas:
–No voy a declarar porque no estoy siendo juzgado por mis jueces naturales. No ratifico mis dichos ante jueces militares. Niego todos los cargos y no respondo preguntas –recitó de un tirón.
Comenzó entonces una discusión eterna. Los defensores pidieron que no se consideraran indagatorias las declaraciones ante juzgados militares porque, si bien los marinos no juraban decir verdad, eran “exhortados” a hacerlo. El fiscal Pablo Ouviña argumentó que esos relatos deben validarse y recordó que los propios imputados los ratificaron en 1986 ante la Cámara Federal. El defensor oficial Víctor Valle puso más esmero que los particulares. “Para un militar el principio de disciplina es superior al principio de justicia”, destacó. El tribunal anunció un cuarto intermedio de diez minutos que fueron noventa, tomó una resolución que no conformó a nadie y ante nuevos planteos difirió su decisión para el futuro.
No me dejen solo
“Fue una actuación institucional, de toda la Armada”, arrancó Donda, de 64 años. “Sin embargo estoy solo, no hay nadie que haya combatido conmigo en el GT 3.3”, lamentó, en referencia a sus camaradas y jefes de la ESMA entre 1979 a 1981. El marino negó haber participado en sesiones de interrogatorios, que admitió en 1986. “La explicación es sencilla. En una estructura cada uno tiene una función, no varias. La mía era ser jefe de operaciones: la captura y entrega de terroristas”, dijo. “Todos los hechos que aquí se juzgan han sido cometidos en jurisdicción militar, una estructura institucional”, machacó.
Luego describió sus vivencias de las negociaciones entre Alfonsín y los militares tras el retorno de la democracia. En 1983, cuando su apellido ya figuraba en todos los listados de represores, fue enviado a la Agregaduría Naval en Brasil. “Cada vez que venía el canciller (Dante) Caputo trataban de que yo no estuviera cerca para que no saliera en la foto”, recordó, y agregó que “lo mismo (ocurrió) las dos veces que Alfonsín visitó Brasil”.
Citado por el juez Ciro de Martini por el asesinato de Elena Holmberg, declaró y retornó a la Agregaduría. Entonces recibió un ofrecimiento del vicealmirante Ramón Arosa, jefe de la fuerza, para profugarse junto con su familia. En sus palabras: “La Armada se iba a hacer cargo si yo decidía no regresar” a Brasil. Su respuesta, dijo, fue negativa.
Luego comenzó a recibir citaciones de los denominados “juzgados de instrucción militar”, a los que Alfonsín encomendó investigar los crímenes de sus propios miembros. Donda aclaró que el secretario era un oficial superior:
–Mirá, pibe, acá está lo que te vamos a preguntar –lo recibió.
–Señor capitán: ¿por qué yo solo? ¿Dónde están los mandos intermedios? –preguntó Donda.
–Son directivas, pibe. Firmá tranquilo, la Armada está en la precisa.
“La Armada decidió mantener silencio”, recordó, y citó una frase que los marinos adjudican al contraalmirante Barry Melbourne Hussey: “Los oficiales que han sido identificados por el enemigo deberán pasar por la Justicia”. “Los primeros prevaricadores fueron los juzgados militares, que nunca preguntaron por mis jefes”, concluyó el razonamiento. “La directiva era sacrificar a un grupo de personas y cubrir al resto”, recordó.
A fines de 1986, cuando las cámaras se abocaron a las causas, “la orden era sostener lo dicho en los tribunales militares y de alguna manera mantener silencio”, dijo. “Es difícil que un civil lo comprenda, pero las órdenes eran sagradas, no se concebía romper la lealtad al superior aunque notáramos que se equivocaran”, explicó. Luego lamentó que “la Armada negoció con el poder político” quiénes serían citados y recordó como un elemento central “el centimetraje de cada uno en la prensa”.
Sobre sus quince años de impunidad posteriores sólo emitió elogios involuntarios a Abuelas de Plaza de Mayo, en cuyas causas debió declarar, y a la prensa que recordó su pasado. Dijo que lleva siete años detenido y no conoce al juez Sergio Torres, a quien cuestionó porque “transcurrieron cinco años hasta que citó a declarar a mis superiores”. Sobre los testimonios que lo incriminan, dijo que “tienen muchas verdades pero también mentiras”. Prometió refutar las mentiras pero no aportar verdades.
El dilema
Donda dedicó varios párrafos a su hermano desaparecido, con quien “tenía una unión sentimental muy buena, aunque evidentemente cada uno tenía su propio camino y destino”, reflexionó. Contó que ya en 1972 el Servicio de Inteligencia Naval lo citó para cuestionarle la militancia de José María Donda, que estudiaba en el Liceo Naval. En 1975 volvieron a reprocharle “que no haya dado parte” de sus actividades. “No puedo hacerme responsable de mi hermano”, asegura que respondió.
En 1977, no especificó la fecha, “fuerzas conjuntas allanaron mi casa”. Dijo ignorar el motivo aunque supone que fue para “certificar mis actividades”, que luego de varios segundos con la lengua atragantada definió como “la defensa de la legalidad”. Ese año perdió contacto con José María, pero tuvo un indicio de su suerte: su sobrina fue entregada en guarda por una jueza de menores a la madre de los hermanos Donda, que compartió la guarda con el marino. “Presumí que podían estar presos o desaparecidos”, arriesgó.
En 1979, cuando Rubén Chamorro, director de la ESMA, lo convocó para sumarse al grupo de tareas, le pidió ayuda para resolver “mi dilema”, dijo: “El paradero definitivo de mis familiares”. Agregó que una secuestrada de la ESMA le contó que había militado con José María en la columna oeste de Montoneros y que “muy probablemente” había sido “detenido por la Aeronáutica”. Entabló contacto con dos oficiales de la Fuerza Aérea pero, aseguró, nunca le aportaron ninguna información. Sobre el paso por la ESMA de su cuñada María Hilda Pérez de Donda, que dio a luz en cautiverio a la actual diputada Victoria Donda, el marino no dijo una sola palabra.
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