El tribunal Oral Federal 5 que juzga los crímenes cometidos en la ESMA prohibió hoy el ingreso de miembros de distintos organismos de Derechos Humanos, como castigo a la reacción del público que semanas atrás aplaudió la declaración de un sobreviviente del campo de concentración.
La resolución del Tribunal provocó la encendida reacción de los abogados querellantes Luis Zamora y Rodolfo Yansón.
Zamora señaló que se trata de una medida que "afecta principios fundamentales del sistema republicano", mientras que Yansón advirtió que "afecta a personas que ni siquiera aplaudieron o se fueron antes ese día".
El incidente en cuestión se produjo el pasado 27 de agosto, cuando declaró el dirigente ferroportuario y militante del Partido Comunista Carlos Losa, ex detenido en la ESMA, a quien acompañó un nutrido grupo de militantes de su agrupación.
Losa efectuó una encendida y prolongada arenga en el tramo final de su declaración, en la que además denunció que tenía temor por su seguridad y pidió que se unificaran los juicio para que los sobrevivientes de la ESMA no tengan que declarar varias veces.
Cuando terminó de hablar, sus compañeros aplaudieron de pie durante varios minutos desoyendo la exigencia del presidente del tribunal, Daniel Obligado de cesar con esa manifestación de respaldo.
Cuando terminaron los aplausos, el tribunal presidido por el juez Obligado, junto con los vocales Germán Castelli y Ricardo Farias, deliberó sin retirarse de la sala de audiencias, lo que hizo presumir que podía disponer que se se desalojara el recinto, pero en cambio le pidió a Losa que aclare si estaba solicitando algún tipo de protección especial.
Dos semanas después, y al comenzar la audiencia de hoy, el secretario leyó la resolución por la cual se disponía la "restricción de ingreso a la sala de audiencias a todas las personas" que se registraron ese día como público, hasta la fecha en que comiencen los alegatos, previstos para los primeros meses del año próximo, según algunas estimaciones.
Entre ellos, se encontraban militantes de los organismos de Derechos Humanos, a quienes hoy se les prohibió traspasar el control policial y anticiparon que se pronunciarán en contra de la medida dispuesta por "arbitraria".
El ex diputado Zamora, quien tiene a su cargo una de las querellas, consideró que más que un síntoma de disciplina de parte del tribunal la medida "expresa una debilidad", en tanto negó un compromiso previo con los jueces para que se no se llevaran a cabo este tipo de exteriorizaciones en las audiencias.
El abogado advirtió que durante el juicio que comenzó en diciembre "no ha habido desbordes" y que la medida "altera la garantía de las partes" así como también la de las personas "que han venido regularmente" a las audiencias.
Explicó asimismo que algunos familiares de las víctimas concurren sólo cuando los sobrevivientes declaran como testigos "y no vienen más", mientras que Yansón advirtió al respecto que en esa oportunidad "declaraba un dirigente sindical y vinieron compañeros de militancia del gremio", quienes en definitiva fueron los que aplaudieron.
Por último, las querellas manifestaron la esperanza que la medida "se revierta" primando el derecho de los familiares de las victimas "de asistir a estos juicio".
La resolución del Tribunal provocó la encendida reacción de los abogados querellantes Luis Zamora y Rodolfo Yansón.
Zamora señaló que se trata de una medida que "afecta principios fundamentales del sistema republicano", mientras que Yansón advirtió que "afecta a personas que ni siquiera aplaudieron o se fueron antes ese día".
El incidente en cuestión se produjo el pasado 27 de agosto, cuando declaró el dirigente ferroportuario y militante del Partido Comunista Carlos Losa, ex detenido en la ESMA, a quien acompañó un nutrido grupo de militantes de su agrupación.
Losa efectuó una encendida y prolongada arenga en el tramo final de su declaración, en la que además denunció que tenía temor por su seguridad y pidió que se unificaran los juicio para que los sobrevivientes de la ESMA no tengan que declarar varias veces.
Cuando terminó de hablar, sus compañeros aplaudieron de pie durante varios minutos desoyendo la exigencia del presidente del tribunal, Daniel Obligado de cesar con esa manifestación de respaldo.
Cuando terminaron los aplausos, el tribunal presidido por el juez Obligado, junto con los vocales Germán Castelli y Ricardo Farias, deliberó sin retirarse de la sala de audiencias, lo que hizo presumir que podía disponer que se se desalojara el recinto, pero en cambio le pidió a Losa que aclare si estaba solicitando algún tipo de protección especial.
Dos semanas después, y al comenzar la audiencia de hoy, el secretario leyó la resolución por la cual se disponía la "restricción de ingreso a la sala de audiencias a todas las personas" que se registraron ese día como público, hasta la fecha en que comiencen los alegatos, previstos para los primeros meses del año próximo, según algunas estimaciones.
Entre ellos, se encontraban militantes de los organismos de Derechos Humanos, a quienes hoy se les prohibió traspasar el control policial y anticiparon que se pronunciarán en contra de la medida dispuesta por "arbitraria".
El ex diputado Zamora, quien tiene a su cargo una de las querellas, consideró que más que un síntoma de disciplina de parte del tribunal la medida "expresa una debilidad", en tanto negó un compromiso previo con los jueces para que se no se llevaran a cabo este tipo de exteriorizaciones en las audiencias.
El abogado advirtió que durante el juicio que comenzó en diciembre "no ha habido desbordes" y que la medida "altera la garantía de las partes" así como también la de las personas "que han venido regularmente" a las audiencias.
Explicó asimismo que algunos familiares de las víctimas concurren sólo cuando los sobrevivientes declaran como testigos "y no vienen más", mientras que Yansón advirtió al respecto que en esa oportunidad "declaraba un dirigente sindical y vinieron compañeros de militancia del gremio", quienes en definitiva fueron los que aplaudieron.
Por último, las querellas manifestaron la esperanza que la medida "se revierta" primando el derecho de los familiares de las victimas "de asistir a estos juicio".
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