jueves, 9 de septiembre de 2010

Rolón tiró arroz en la boda de su hija

 Por Rodolfo Yanzón, abogado especialista en DD.HH. 

El juez federal Sergio Torres le otorgó ese beneficio al ex marino, detenido en Marcos Paz. El viernes lluvioso y gris no impidió que cerca del Río de la Plata una pareja festejara la celebración de su matrimonio junto a unos cuarenta invitados. Un apellido se reiteró entre los presentes: Rolón. Entre los comensales que se preparaban a paladear los platos y degustar los vinos elegidos se encontraba el padre de la novia, Juan Carlos.

Llegó puntualmente a las 14 horas al Centro Naval de Olivos, conducido en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal y custodiado por unos pocos agentes. Días antes, Juan Carlos Rolón había escuchado, en la sala de audiencias en la que está siendo juzgado, a Martín Gras, sobreviviente de la Esma. Gras, al finalizar su testimonio, recordó que estando cautivo en el campo de exterminio Rolón le dijo, pensando que podía haber un juicio como el de Nüremberg, “a mí no me gusta torturar”. “No te gustará, pero torturaste”, le dijo Gras. “Prometeme que si hay un juicio vas a decir que a mí no me gusta torturar”, le dijo el verdugo. “Si hay un juicio, te prometo voy a declarar que dijiste que no te gustaba torturar, pero que torturaste”, fue la respuesta. “Después de más de treinta años, cumplo con esa promesa”, concluyó Gras su declaración ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5).

Días atrás el abogado defensor Alfredo Solari, pagado por la Armada Argentina, viajó a Miami para evitar que los Estados Unidos extraditen a Roberto Bravo, uno de los responsables de la masacre de Trelew, porque el hombre fue exculpado por la Justicia Militar y porque argumentó que existe una persecución política contra los uniformados. Apenas regresado al país se presentó ante el juzgado federal de Sergio Torres para pedir que autorizacen a su asistido Rolón a ir a la celebración del casamiento de su hija. Aunque no está contemplado en la legislación, el juez lo concedió para fortalecer las relaciones familiares del preso y porque se encuentra privado de libertad desde 2003 sin sentencia firme. Se concretaba así la salida de la cárcel para ir a un lugar en el que se codean los hombres del arma, de picana y capucha. Una vez más se reiteran privilegios para imputados de crímenes de lesa humanidad que no se otorgan a presos comunes. Hasta el día de hoy, para el TOF 5 que lo está juzgando, Rolón jamás salió de la cárcel. Nadie le avisó. Y tanto la fiscalía como los querellantes se vieron privados de emitir opinión sobre un hecho que puede incidir negativamente en el desarrollo del juicio.

El criterio que benefició a Rolón fue plasmado años atrás, en los que se concedieron salidas por los motivos más variados. El caso más conocido es el de Héctor Febrés, que murió por ingesta de cianuro en una base de la Prefectura Naval, mientras contaba las horas para conocer el veredicto del tribunal que lo estaba juzgando. Febrés pasó vacaciones de verano junto a su familia a cientos de kilómetros de su lugar de detención. Otros motivos para salir de la cárcel fueron los médicos. Desde que perdieron su libertad, la valiente muchachada de la Armada comenzó a tener tantas dolencias y achaques que no alcanzan los días para ser atendidos y tuvieron que ir en yunta a los mismos profesionales.
Un caso de gravedad fue el de Oscar Lanzón, también imputado en la causa Esma. Alegó ser alcohólico y así obtuvo el arresto domiciliario, aunque la ley sólo lo prevé para mayores de setenta años y enfermos terminales.
El mismo día del inicio del juicio oral en diciembre de 2009, algunos imputados no asistieron a la audiencia porque estaban internados en el Hospital Naval por lumbalgias. Ricardo Cavallo pasó unos cuarenta días fuera de la cárcel, internado en ese hospital, sin que el TOF 5 se enterara.
Si algún desprevenido cree que estas salidas irregulares son los hechos más graves que sucedieron con el cumplimiento de la prisiones preventivas, se equivoca. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó en libertad en los últimos meses a varios procesados en la causa Esma, a pesar de la gravedad de las imputaciones y del efecto contraproducente que puede generar en los testigos sobrevivientes. Éste es un privilegio que los jueces otorgan a criminales de lesa humanidad, que hizo que la Cámara de Casación reviera sus criterios. A partir de la reapertura de estos juicios, la libertad comenzó a ser tenida en cuenta por los magistrados. Si bien esto es un avance en los procesos penales, no deja de tener cierto tufillo, ya que los cambios a favor de la libertad se producen en estas causas.
El juez Sergio Torres se opuso a las libertades al igual que la Cámara Federal de Apelaciones. La clave en estos casos está en el funcionamiento y composición de Casación. Por eso es que las palabras del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, respecto de la necesidad y urgencia para que se cubran las vacantes en los distintos tribunales, no sólo deben ser una inquietud sino también una obligación de primera línea para el poder político. Los dos jueces de la Sala II de Casación que liberan a criminales de lesa humanidad, Guillermo Yacobucci y Luis María García, no son jueces titulares del tribunal y fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura.
Otro asunto es el de los arrestos domiciliarios, en el que los jueces tienen distintos criterios. A pesar de que Sergio Torres exige a los imputados que todo egreso de sus viviendas debe realizarse con custodia y vigilancia penitenciaria, el TOF 5 les permite salir con la única condición de avisar. Así se pudo ver a miembros del grupo de tareas, como el teniente coronel del Ejército, Julio César Coronel, (a) Maco, estacionando su auto en la Avenida Comodoro Py.
Estos privilegios, además de indebidos, jamás serán suficientes. Los imputados han realizado distintas acciones para llamar la atención sobre lo que ellos mencionan como “agravamiento de condiciones de detención”. Es que, al fin y al cabo, no pueden aceptar que militares estén recluidos en cárceles construidas para civiles pobres y por orden de jueces civiles que no conocen el honor militar ni la obediencia debida. El procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, que sí los conoce por su hermano militar, intentó un salvataje para los muchachos, pero sin éxito.

Mientras se escriben estas líneas, los jueces conferencian en el Hotel Hilton acerca de las prioridades de la Justicia, y Juan Carlos Rolón, torturador sin escarapelas, brinda con camaradas en un quincho naval junto al río, blasfema contra abogados, jueces y “fiscales montoneros”, mirando de reojo la bandeja de calentitos.

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